Número Identificador

SEN2023____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

GRETCHEN Y. FALCÓN 

AYALA

Parte Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN

Parte Recurrida

KLRA202300026

Revisión de 

Decisión

Administrativa

Procedente de la 

Oficina de 

Apelaciones del 

Sistema de 

Educación

Caso Núm.: 

2016-08-0172

Sobre: 

Reclutamiento y 

Selección

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 

Grana Martínez, el Juez Rodríguez Flores y el Juez Monge Gómez.1

Rodríguez Flores, Juez Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2023.

La parte recurrente, Gretchen Y. Falcón Ayala, comparece 

mediante solicitud de revisión judicial y solicita que revoquemos la 

Resolución dictada y notificada el 19 de diciembre de 2022, por la 

Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación (OASE). Mediante 

el referido dictamen, el ente recurrido denegó la solicitud de 

reconsideración presentada por la Sra. Falcón Ayala y sostuvo la 

Resolución emitida el 22 de julio de 2022, mediante la cual 

desestimó la apelación presentada por la Sra. Falcón Ayala, por 

académica.

Mediante Resolución emitida el 6 de marzo de 2023, 

ordenamos a la OASE a someter copia certificada del expediente 

administrativo 2016-08-0172, el cual la agencia nos presentó el 14 

de marzo de 2023.

1 Véase Orden Administrativa OAJP-2022-099A.
KLRA202300026 2

Evaluados los escritos presentados por las partes, así como la

copia certificada del expediente administrativo, confirmamos la 

resolución recurrida.

I.

La Sra. Falcón Ayala solicitó la permanencia de su puesto 

como maestra de cuarto a sexto grado2, en virtud de la Ley Núm. 

312 del 15 de mayo de 19383, conocida como Ley de Permanencia 

de Maestros y de conformidad con la Carta Circular del Secretario 

del Departamento de Educación del 31 de mayo de 20164. 

El 15 de julio de 2016, el Secretario del Departamento de 

Educación notificó a la Sra. Falcón Ayala Notificación de Solicitud de 

Reclamo sobre Elegibilidad para Otorgación de Estatus Permanente 

Conforme a la Ley 312 de 15 de mayo de 1938, según enmendada5. 

En esta, le informó a la Sra. Falcón Ayala que su solicitud de 

permanencia no procedía, puesto que no trabajó consecutivamente 

los años 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016 en la misma categoría.

También, le informó sobre su derecho a apelar la determinación ante 

la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP).

Así, el 9 de agosto de 2016, la Sra. Falcón Ayala presentó por 

derecho propio6, una Solicitud de Apelación7 ante la Comisión 

Apelativa del Servicio Público. En síntesis, alegó ser maestra de 

cuarto a sexto grado y empleada transitoria-elegible del 

Departamento de Educación. Adujo que solicitó la permanencia de 

dicho puesto en virtud de la Ley 312 del 15 de mayo de 1938 y la 

Carta del Secretario de Educación del 31 de mayo de 2016. Señaló 

que el Secretario le notificó que su solicitud de permanencia no

2 La Sra. Falcón Ayala laboraba en la Escuela S.U. María C. Santiago en Comerío.

3 18 LPRA sec. 214 et seq.

4 Solicitud de Información sobre el Proceso de Otorgación de Permanencias, Carta 

del Secretario de Educación del 31 de mayo de 2016, expediente administrativo 

de OASE. 

5 Véase, expediente administrativo de OASE.

6 Posteriormente, la Sra. Falcón Ayala compareció representada por abogado. 

7 Véase, expediente administrativo de OASE.
KLRA202300026 3

procedía por no haber trabajado consecutivamente los años 

escolares 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016. Argumentó que, la 

Ley 312-1938, supra, establece como elemento categórico para la 

otorgación de la permanencia el haber trabajado satisfactoriamente 

de forma consecutiva durante dos (2) años escolares y que dicho 

estatuto no limita cuáles dos años se tomarán en consideración, ni 

faculta al Secretario del Departamento de Educación a escoger 

cuáles dos años escolares se tomarán en consideración. La Sra. 

Falcón Ayala arguyó que sí trabajó dos años escolares de forma 

consecutiva en la misma categoría8. Por lo anterior, sostuvo que sí 

cumple con los requisitos establecidos y que el Secretario del 

Departamento de Educación tenía la obligación legal de otorgar la 

permanencia por cumplir con los requisitos establecidos por dicha 

ley, indistintamente de cuáles dos años consecutivos fueron 

trabajados de forma satisfactoria. 

El 14 de marzo de 2017, el Departamento de Educación 

presentó Contestación a la Apelación. En resumen, el Departamento 

negó la mayoría de las alegaciones y levantó varias defensas 

afirmativas. Luego, el 31 de enero de 2019, la CASP ordenó el 

traslado del caso a la Oficina de Apelaciones del Sistema de 

Educación9. A la fecha del traslado, no se había celebrado vista en 

su fondo ni había señalamientos pendientes, quedando el caso 

pendiente de determinación final.10

Tras varias incidencias procesales, el 30 de marzo de 2022, el 

Departamento de Educación presentó una Moción en Solicitud de 

Desestimación por Academicidad11. En síntesis, el Departamento 

8 La Sra. Falcón Ayala adujo que trabajó consecutivamente los años escolares 

2004-2005 y 2005-2006.

9 El 29 de marzo de 2018 entró en vigor la Ley Núm. 85-2018, Ley de Reforma 

Educativa de Puerto Rico que creó la Oficina de Apelaciones del Sistema de 

Educación la cual obtuvo jurisdicción primaria para revisar las determinaciones 

finales sobre asuntos de personal del Departamento de Educación.

10 Véase, Traslado a la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación. 

11 Véase, Apéndice del Recurso, págs. 15-16.
KLRA202300026 4

informó que la Sra. Falcón Ayala se encontraba inactiva de la 

plantilla de empleados del Departamento, por lo que no es empleada 

del sistema. Por ello, solicitaron la desestimación del pleito, por 

entender que, ante la inactividad de la Sra. Falcón Ayala en el 

sistema, la controversia se tornó académica. El 11 de abril de 

202212, la OASE ordenó a la Sra. Falcón Ayala replicar la solicitud 

de desestimación. La Sra. Falcón Ayala no replicó a la referida 

moción de desestimación.

Surge del expediente administrativo que, el 22 de abril de 

2022, la OASE celebró una vista sobre el estado de los 

procedimientos13. En igual fecha, la OASE emitió una Orden a los 

efectos de que el Departamento de Educación especificara los datos 

de inactividad de la Sra. Falcón Ayala y, además, concedió un 

término final a la recurrente para replicar, so pena de conceder lo 

solicitado14. La Sra. Falcón Ayala no presentó escrito en réplica. 

Finalmente, el 22 de julio de 2022, la OASE emitió Resolución

en la que declaró Ha Lugar la solicitud de desestimación por 

academicidad presentada por el Departamento y ordenó el archivo 

con perjuicio de la apelación de la Sra. Falcón Ayala. En su 

dictamen, la OASE señaló que la Sra. Falcón Ayala había solicitado

se le otorgara estatus permanente y, una vez notificado el hecho de 

que ésta se encontraba inactiva en la plantilla de empleados del 

Departamento de Educación, dejó de ser empleada del 

Departamento de Educación, por lo que no existía una controversia 

justiciable que adjudicar. 

Insatisfecha con el dictamen, la Sra. Falcón Ayala presentó 

Solicitud de Reconsideración en Torno a Resolución15. El 19 de 

12 Véase, Orden del 11 de abril de 2022, expediente administrativo de OASE.

13 Del expediente administrativo no surge acta o minuta. No obstante, consta 

Orden emitida por la OASE el 22 de abril de 2022, en la que hace mención de la 

vista celebrada.

14 Véase, Orden del 22 de abril de 2022, expediente administrativo de OASE. 

15 Véase, Anejo 3, Solicitud de Reconsideración en Torno a Resolución, págs. 22-

26.
KLRA202300026 5

diciembre de 2022, la OASE emitió resolución en la que declaró No 

Ha Lugar la solicitud de reconsideración y mantuvo en pleno vigor 

la Resolución del 22 de julio de 2022.

Inconforme, la Sra. Falcón Ayala acude nos mediante solicitud 

de revisión judicial y le imputa a la OASE la comisión de los 

siguientes errores:

1. Erró la Honorable Jueza Administradora en su 

Resolución al declarar No Ha Lugar la Reconsideración 

presentada por la parte apelante y dictaminar que se 

mantiene en pleno vigor la Resolución emitida el 22 de julio 

de 2022, a pesar de que dicha Resolución así confirmada 

tiene la adjudicación de un hecho esencial (que la 

apelante pasó a ser empleada inactiva de Educación 

porque se acogió a los beneficios del retiro) que no ha[ll]a 

respaldo ni tiene sustento en la evidencia documental que 

obra en el expediente administrativo, ni en las 

alegaciones de las partes; y tampoco haya respaldo en 

prueba testimonial alguna toda vez que en este caso no 

se celebró una vista adjudicativa en sus méritos.

2. Erró [...] la Honorable Jueza Administrativa en su 

interpretación y aplicación del derecho al no tomar en 

consideración y/o dejar pasar por desapercibido que, tal 

y como dicta la doctrina sobre academicidad en nuestro 

ordenamiento, una reclamación no se ha tornado

académica cuando la situación de hecho ha sido 

cambiada por la parte promovida y no tiene visos de 

permanencia.;

3. Erró [...] la Honorable Jueza Administrativa en su 

Resolución al declarar No Ha Lugar la Reconsideración 

presentada por la parte apelante y dictaminar que se 

mantiene en pleno vigor la Resolución emitida el 22 de julio 

de 2022, a pesar de que el motivo por el cual la apelante 

se encontraba inactiva en el Sistema de Educación al 30 

de marzo de 2022, luego de seis (6) años de presentado el 

recurso de apelación administrativo, se [...] ha[ll]a en 

controversia; también se ha[ll]a en controversia si dicha 

situación de hecho (la modificación en el estatus activo 

de la parte apelante en el Sistema de Educación) fue 

cambiado por la parte promovida o si dicho cambio 

responde a un acto voluntario de la parte apelante; y si 

dicho cambio tiene o no visos de permanencia, todo lo 

cual constituye hechos esenciales para la determinación

de si la presente reclamación se ha tornado o no 

académica.

II.

A.

Es norma firmemente establecida que los tribunales han de 

conceder gran consideración y deferencia a las decisiones de los 

organismos administrativos. Ello, dado que las agencias 
KLRA202300026 6

administrativas cuentan con vasta experiencia y conocimiento 

especializado en cuanto a los asuntos que les han sido 

encomendados16. 

Como resultado, la decisión de una agencia administrativa 

gozará de una presunción de legalidad y corrección que será 

respetada, siempre que la parte que la impugna no produzca 

evidencia suficiente para rebatirla17. Así, en cuanto a las 

determinaciones de hecho que realiza una agencia, el Tribunal 

Supremo ha resuelto que los tribunales revisores tienen que 

sostenerlas si se encuentran respaldadas por evidencia suficiente 

que surja del expediente administrativo al ser considerado en su 

totalidad18. Por evidencia sustancial se entiende “aquella evidencia 

relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión”19. Por lo tanto, la parte afectada 

deberá reducir el valor de la evidencia impugnada o demostrar la 

existencia de otra prueba que sostenga que la actuación del ente 

administrativo no estuvo basada en evidencia sustancial20. En fin, 

el tribunal debe limitar su intervención a evaluar si la determinación 

de la agencia es razonable, ya que se persigue evitar que el tribunal 

revisor sustituya el criterio de la agencia por el suyo21. 

Por otro lado, respecto a las conclusiones de derecho, la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico, Ley Núm. 38-2017, señala que éstas pueden ser revisadas en 

todos sus aspectos. Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675. Ahora 

bien, lo anterior “no implica que los tribunales revisores tienen la 

16 Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., 207 DPR 833, 839 (2021), citando a OCS 

v. Universal, 187 DPR 164, 178 (2012); The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 

DPR 800 (2012); Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).

17 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012).

18 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003). Véase, además, Sec. 4.5 de la 

LPAU, 3 LPRA sec. 9675.

19 Rolón Martínez v. Superintendente, 201 DPR 26, 36 (2018); González Segarra et 

al. v. CFSE, 188 DPR 252, 277 (2013); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728-729 

(2005).

20 Otero v. Toyota, supra, pág. 728.

21 Id.
KLRA202300026 7

libertad absoluta de descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia”22. Consecuentemente, cuando un 

tribunal llega a un resultado distinto al de la agencia, éste debe 

determinar si la divergencia es a consecuencia de un ejercicio 

razonable y fundamentado de la discreción administrativa, ya sea 

por la pericia, por consideraciones de política pública o en la 

apreciación de la prueba23. Dicho de otro modo, “[e]l tribunal podrá 

sustituir el criterio de la agencia por el propio solo cuando no pueda 

hallar una base racional para explicar la decisión administrativa” 24. 

Por consiguiente, la deferencia concedida a las agencias 

administrativas únicamente cederá cuando: (1) la determinación 

administrativa no esté basada en evidencia sustancial; (2) el 

organismo administrativo haya errado en la aplicación o 

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) cuando el organismo administrativo 

actúe arbitraria, irrazonable o ilegalmente, al realizar 

determinaciones carentes de una base racional; o, (4) cuando la 

actuación administrativa lesione derechos constitucionales 

fundamentales.25

B.

La Ley 312 de 15 de mayo de 1938, según enmendada, 

conocida como la Ley de Permanencia de Maestros, 18 LPRA secs. 

214-218, fue creada para establecer el nombramiento permanente 

de los maestros de instrucción pública, después de transcurrido 

cierto periodo probatorio, determinar el procedimiento para su 

separación y otros fines. Dicho estatuto establece los requisitos con 

los que un maestro que aspira a un nombramiento permanente debe 

22 Otero v. Toyota, supra, pág. 729.

23 Id.

24 Id.

25 Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803, 819 (2021); Torres Rivera v. Policía 

de Puerto Rico, 196 DPR 606, 628 (2016); IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 

184 DPR 712, 744-745 (2012).
KLRA202300026 8

cumplir. En específico, la Sección 1 de la Ley 312-1938 establece lo 

siguiente:

Todo maestro en servicio activo en las escuelas 

públicas, mediante nombramiento hecho de 

conformidad con la Ley Escolar [...], los reglamentos 

del Departamento de Educación y los reglamentos 

de la Junta Estatal de Instrucción Vocacional, 

Técnica y de Altas Destrezas, y que haya ejercido 

como tal en cualquier categoría de escuela durante el 

periodo probatorio que se especifica más adelante, 

tendrá derecho a ser contratado con carácter 

permanente en la categoría correspondiente en que 

esté ejerciendo al expirar dicho periodo probatorio, 

sin otras pruebas de calificación o capacidad 

profesional que la posesión de una licencia regular de 

la misma categoría del puesto que ocupa el maestro y 

haber realizado, a juicio del Departamento de 

Educación, labor satisfactoria. Para los efectos de esta 

ley, no se tomará en consideración el tiempo que los 

maestros ejerzan en calidad de provisionales. Tales 

maestros tendrán derecho a ser contratados con 

carácter permanente en el municipio en que están 

ejerciendo al expirar el período probatorio. El tiempo 

trabajado por los maestros con certificado regular en 

calidad de sustituto y que hayan realizado labor 

satisfactoria en puestos de la misma categoría se 

convalidará como periodo probatorio. La 

equivalencia de los dos (2) años de período 

probatorio comprenderá el trabajo realizado con 

contrato sustituto o probatorio durante dos (2) años 

consecutivos. Tales maestros tendrán derecho a ser 

contratados con carácter probatorio o permanente en el 

municipio donde estén trabajando cuando les 

corresponda una plaza en propiedad. (Énfasis 

suplido). 

18 LPRA sec. 214.

C.

La Ley 85-2018, 3 LPRA sec. 9801 et seq., conocida como la 

Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, se aprobó a los fines de 

establecer la nueva política pública del Gobierno de Puerto Rico en 

el área de educación26. Como parte de su declaración de política

pública, el Artículo 1.02, inciso (d)(5) establece lo siguiente:

Los maestros serán profesionales capacitados que 

probadamente y evidenciariamente dominen las 

materias que han de impartir con excelencia. La 

certificación de maestro que emite el Secretario es una 

26 La Ley 85-2018, supra, derogó la Ley 149-1999, según enmendada, conocida 

como la Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico, estatuto 

vigente a la fecha de presentación de la apelación de epígrafe.
KLRA202300026 9

garantía al padre o encargado de que así ha sido 

constatado.

3 LPRA sec. 9801a

El Artículo 2.02 establece lo concerniente al Secretario de 

Educación. Es específico, dicho artículo expone lo siguiente:

El Secretario es el funcionario designado por el 

Gobernador de Puerto Rico con arreglo a la Constitución 

de Puerto Rico. El Secretario es el funcionario de más 

alto rango en el Departamento y entre otras 

funciones y encomiendas, podrá establecer la visión, 

misión, prioridades y metas del Sistema de 

Educación Pública, a través de normas, 

reglamentos, órdenes administrativas o directrices, 

cónsonas con el ordenamiento jurídico vigente, pero 

en ningún caso podrá afectar los derechos 

adquiridos de los maestros. El Secretario tendrá 

aquellas facultades ejecutivas, administrativas y 

académicas establecidas en esta Ley o dispuesta en 

cualquier otra ley aplicable. (Énfasis suplido).

3 LPRA sec. 9802a. 

Por otra parte, el Artículo 2.04, establece lo relativo a los 

deberes y responsabilidades del Secretario de Educación. En 

específico, el inciso (b)(29), establece que el Secretario deberá:

Formular las normas relacionadas con la 

administración y evaluación del personal de las 

escuelas, sin afectar ningún derecho adquirido por 

los maestros previo a la aprobación de esta Ley.

(Énfasis suplido).

3 LPRA sec. 9802c

El Art. 3.01 dispone todo lo concerniente al sistema de 

personal del Departamento de Educación. En síntesis, dicho artículo 

dispone que el Departamento administrará su propio sistema de 

personal y que reconocerá los derechos adquiridos por los maestros 

previo a la aprobación de esta Ley y adoptará sus reglamentos de 

personal incorporando el principio de mérito a la administración de 

sus recursos humanos27. El Departamento tendrá empleados de 

confianza, empleados de carrera y empleados transitorios28. En 

cuanto a los empleados transitorios, estos serán contratados para 

27 3 LPRA sec., 9803.

28 Id.
KLRA202300026 10

trabajos de duración fija y no tendrán derecho propietario de su 

posición29. Los derechos de los empleados del Departamento están 

supeditados a los derechos educativos de los estudiantes, quienes 

son la razón de ser del Sistema de Educación Pública. Sobre las 

determinaciones finales sobre asuntos de personal, las mismas 

serán revisadas, a solicitud de parte, en la Oficina de Apelaciones 

del Sistema de Educación, la cual tendrá jurisdicción primaria para 

atenderlas30. 

A tenor de ello, el Artículo 3.02 establece la jurisdicción y 

funcionamiento de la Oficina de Apelaciones del Sistema de 

Educación (OSAE). En resumen, la OASE estará compuesta por 

jueces administrativos contratados por el Departamento y la 

organización y operación interna de la OASE será establecida 

mediante reglamento promulgado por el Secretario. Además, 

establece que los jueces y juezas tendrán total independencia en la 

adjudicación de las apelaciones y/o asuntos ante su consideración. 

También, dispone que la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 38-2017 (LPAU), regirá los 

procedimientos administrativos ante su consideración31. 

Conforme dispone el Artículo 16.01 de la Ley 85-2018, supra, 

todos los casos que a la fecha de aprobación de dicho estatuto estén 

pendientes de resolución y adjudicación ante la Comisión Apelativa 

del Servicio Público (CASP), deberán ser transferidos a la Oficina de 

Apelaciones del Sistema de Educación (OASE)32. 

D.

El Reglamento de la Oficina de Apelaciones del Sistema 

Educativo, Reglamento Núm. 9099 de 29 de mayo 2019 se promulgó 

al amparo de la Ley 85-2018, supra, y la Ley 38-2017, supra. 

29 Id.

30 Id.

31 3 LPRA sec. 9803a. 

32 3 LPRA sec. 9816.
KLRA202300026 11

Conforme surge del Artículo 3 del Reglamento, el propósito de este 

es establecer el proceso a seguirse para la presentación de una 

apelación ante la OASE y el manejo y trámite adecuado del recurso. 

Añade que estas reglas deberán interpretarse de forma que 

propicien una solución justa, rápida y eficiente de los casos a tenor 

con la política pública establecida en la Ley 85-2018, supra33. En el 

Artículo 4 del referido Reglamento, se establece que este aplicará a 

todas las apelaciones presentadas por aquellos empleados no 

sindicados del Departamento de Educación inconformes con una 

resolución, orden o determinación final sobre asuntos de personal, 

a tenor con lo dispuesto en la Ley 85-2018, supra.

Por otro lado, sobre la adjudicación sumaria de casos ante la 

OASE, el Reglamento establece en sus artículos 12.1 y 12.2 lo 

siguiente: 

Artículo 12.1 – Adjudicación sumaria de casos

En cualquier caso en el que el juez administrativo tenga 

ante sí una controversia de derecho, podrá emitir una 

resolución sumaria sin sujeción a ningún otro trámite 

procesal. 

Artículo 12.2 – Solicitud de resolución sumaria

Concluido el término para efectuar el descubrimiento de 

prueba, las partes podrán solicitar la resolución 

sumaria del caso. La parte que se oponga a una 

solicitud de resolución sumaria tendrá un término 

de diez (10) días calendario a partir de la 

notificación de la solicitud para presentar su 

oposición. Si luego de evaluar la solicitud de resolución 

sumaria, la oposición a dicha solicitud y los 

documentos contenidos en el expediente de la agencia 

el juez administrativo determina que no es necesario 

celebrar una vista para adjudicar la(s) controversia(s) 

podrá dictar resolución sumaria final o parcial 

resolviendo la(s) controversia(s) entre las partes34. 

(Énfasis nuestro).

E.

El Tribunal Supremo ha expresado que un pleito se torna 

académico cuando se intenta obtener una sentencia sobre un 

33 Depto. Educ., Reglamento de la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación, Núm. 9099 

(29 de mayo de 2019), https://www.de.pr.gov/wp-content/uploads/2019/04/reglamento-de-oase.pdf

34 Id.
KLRA202300026 12

asunto que, al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos 

prácticos sobre una controversia existente. P.P.D. v. Gobernador I, 

139 DPR 643, 675 (1995). Es decir, una controversia puede 

convertirse en académica cuando su condición viva cesa por el 

transcurso del tiempo. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 

253, 281 (2010).

El Tribunal Supremo ha resuelto que los tribunales pierden 

su jurisdicción sobre un caso por academicidad. Ello sucede cuando 

ocurren cambios durante el trámite judicial de una controversia 

particular, que hacen que la misma pierda su actualidad, de modo 

que el remedio que pueda dictar el tribunal no ha de llegar a tener 

efecto real alguno en cuanto a esa controversia y las partes. CEE v. 

Depto. de Estado, 134 DPR 927, 935-936 (1993).

Con el marco fáctico y legal anteriormente expuesto, estamos 

en posición de resolver.

III.

En el presente recurso, la Sra. Falcón Ayala impugna la 

Resolución emitida por la OASE mediante la cual desestimó su 

apelación por académica. En esencia, la recurrente alega que está 

en controversia el motivo por el cual quedó inactiva del Sistema de 

Educación, luego de seis años de presentada la apelación ante la 

OASE. Aduce que también está en controversia si el cambio de 

estatus en el Sistema de Educación responde a un cambio realizado 

por el Departamento de Educación, o si dicho cambio responde a un 

acto voluntario de la Sra. Falcón Ayala; y si dicho cambio tiene o no 

visos de permanencia—hechos que la Sra. Falcón Ayala entiende 

son esenciales para determinar si su reclamación se ha tornado 

académica. Veamos. 

Conforme surge del expediente administrativo, la Sra. Falcón 

Ayala presentó su apelación ante la OASE el 9 de agosto de 2016.

En dicha fecha, la Sra. Falcón Ayala era empleada transitorio 
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elegible en el Sistema de Educación. Sin embargo, el 30 de marzo de 

2022— estando aún pendiente de adjudicación de la OASE, el 

Departamento de Educación solicitó la desestimación del pleito por 

academicidad. Lo anterior, ante el hecho de que la Sra. Falcón Ayala

estaba inactiva en el Sistema de Educación, lo cual significa que 

esta no es empleada del sistema. Por ello, el Departamento de 

Educación alegó que ante la inactividad de la Sra. Falcón Ayala en 

el sistema, el remedio solicitado por esta resulta académico pues no 

surtirá efecto legal o jurídico alguno. 

La OASE concedió término en dos ocasiones a la Sra. Falcón 

Ayala para replicar la solicitud de desestimación presentada. No lo 

hizo. 

Por el contrario, el Departamento de Educación 

oportunamente presentó copia impresa de la información obtenida 

del sistema de personal que administra el Departamento de 

Educación. Dicha copia tiene fecha del 30 de marzo de 2022 y 

expresa que la Sra. Falcón Ayala está inactiva en el sistema. 

Además, en el espacio de estatus del puesto, este indica terminado.

Por su parte, la Sra. Falcón Ayala no presentó prueba que rebatiera 

la presentada por el Departamento de Educación sobre su estado 

inactivo en el sistema. Como expusimos anteriormente, la Sra. 

Falcón Ayala no replicó los escritos presentados por el 

Departamento de Educación. Tampoco cumplió con las órdenes de 

la OASE a tales efectos. Ante la prueba presentada por el 

Departamento y la evidencia que obra en el expediente 

administrativo, concluimos que la OASE actuó correctamente al 

desestimar por academicidad la apelación de la Sra. Falcón Ayala. 

Nos explicamos.

La inactividad de la Sra. Falcón Ayala en el sistema fue un 

cambio que ocurrió estando pendiente el trámite administrativo. 

Este hecho era esencial a la controversia de la que trataba la 
KLRA202300026 14

apelación: otorgarle a la Sra. Falcón Ayala estatus como empleada 

permanente. Sin embargo, debido a que la Sra. Falcón Ayala se 

encuentra inactiva en sistema, esta no es empleada del 

Departamento de Educación, por lo que la controversia perdió su 

actualidad, de modo que el remedio solicitado por esta no tendría

efecto real alguno. La controversia se tornó académica. 

En virtud de lo anterior, concluimos que la OASE actuó 

correctamente al desestimar por académica la apelación de la Sra. 

Falcón Ayala, por lo que procede confirmar la resolución recurrida.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la resolución 

recurrida.

Notifíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones