# Diario Oficial L 327/2009

| | ISSN 1725-2512
  doi:10.3000/17252512.L_2009.327.spa |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | L 327 |
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| Edición en lengua española | Legislación | 52o año12 de diciembre de 2009 |

ISSN 1725-2512

doi:10.3000/17252512.L_2009.327.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 327

Edición en lengua española

Legislación

52o año12 de diciembre de 2009

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| Sumario | | I   Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación es obligatoria | Página |
| --- | --- | --- | --- |
| | | REGLAMENTOS |
| | * | Reglamento (CE) no 1212/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, por el que se fijan los precios de orientación y los precios de producción comunitarios de determinados productos de la pesca de acuerdo con el Reglamento (CE) no 104/2000 para la campaña de pesca de 2010 | 1 |

Sumario

I   Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación es obligatoria

Página

REGLAMENTOS

*

Reglamento (CE) no 1212/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, por el que se fijan los precios de orientación y los precios de producción comunitarios de determinados productos de la pesca de acuerdo con el Reglamento (CE) no 104/2000 para la campaña de pesca de 2010

o

o

1

| | | II   Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria |
| --- | --- | --- |
| | | DECISIONES |
| | | Comisión |
| | | 2009/944/CE |
| | * | Decisión de la Comisión, de 13 de julio de 2009, sobre los regímenes de ayudas estatales C 6/04 (ex NN 70/01) y C 5/05 (ex NN 71/04) aprobados por Italia para los productores de cultivos hortícolas en invernadero (exención de los impuestos especiales del gasóleo utilizado para la calefacción de los invernaderos)
  [notificada con el número C(2009) 5497] | 6 |
| | | 2009/945/CE |
| | * | Decisión de la Comisión, de 13 de julio de 2009, relativa a la reforma del método de financiación del régimen de pensiones de la RATP [Ayuda estatal C 42/07 (ex N 428/06)] que Francia tiene previsto ejecutar en favor de la RATP
  [notificada con el número C(2009) 5505]

   (
  1
  ) | 21 |

II   Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria

DECISIONES

Comisión

2009/944/CE

*

Decisión de la Comisión, de 13 de julio de 2009, sobre los regímenes de ayudas estatales C 6/04 (ex NN 70/01) y C 5/05 (ex NN 71/04) aprobados por Italia para los productores de cultivos hortícolas en invernadero (exención de los impuestos especiales del gasóleo utilizado para la calefacción de los invernaderos)
  [notificada con el número C(2009) 5497]

[notificada con el número C(2009) 5497]

6

2009/945/CE

*

Decisión de la Comisión, de 13 de julio de 2009, relativa a la reforma del método de financiación del régimen de pensiones de la RATP [Ayuda estatal C 42/07 (ex N 428/06)] que Francia tiene previsto ejecutar en favor de la RATP
  [notificada con el número C(2009) 5505]

   (
  1
  )

[notificada con el número C(2009) 5505]

1

21

| | | V   Actos adoptados a partir del 1 de diciembre de 2009, en virtud del Tratado de la Unión Europea, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del Tratado Euratom |
| --- | --- | --- |
| | | ACTOS CUYA PUBLICACIÓN ES OBLIGATORIA |
| | | Reglamento (UE) no 1213/2009 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2009, por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas | 36 |
| | | Reglamento (UE) no 1214/2009 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2009, por el que se modifican los precios representativos y los importes de los derechos adicionales de importación de determinados productos del sector del azúcar fijados por el Reglamento (CE) no 877/2009 para la campaña 2009/10 | 38 |
| | | 2009/946/PESC |
| | * | Decisión Atalanta/8/2009 del Comité Político y de Seguridad, de 4 de diciembre de 2009, por la que se nombra al Comandante de la Fuerza de la Unión Europea para la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia (Atalanta) | 40 |

V   Actos adoptados a partir del 1 de diciembre de 2009, en virtud del Tratado de la Unión Europea, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del Tratado Euratom

ACTOS CUYA PUBLICACIÓN ES OBLIGATORIA

Reglamento (UE) no 1213/2009 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2009, por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

o

36

Reglamento (UE) no 1214/2009 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2009, por el que se modifican los precios representativos y los importes de los derechos adicionales de importación de determinados productos del sector del azúcar fijados por el Reglamento (CE) no 877/2009 para la campaña 2009/10

o

o

38

2009/946/PESC

*

Decisión Atalanta/8/2009 del Comité Político y de Seguridad, de 4 de diciembre de 2009, por la que se nombra al Comandante de la Fuerza de la Unión Europea para la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia (Atalanta)

40

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Texto pertinente a efectos del EEE |

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(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

1

| ES | Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.
  Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos. |
| --- | --- |

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.

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I Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación es obligatoria

REGLAMENTOS

| 12.12.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 327/1 |
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12.12.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 327/1

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REGLAMENTO (CE) N
  o 1212/2009 DEL CONSEJO

de 30 de noviembre de 2009

por el que se fijan los precios de orientación y los precios de producción comunitarios de determinados productos de la pesca de acuerdo con el Reglamento (CE) no 104/2000 para la campaña de pesca de 2010

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura (1), y en particular su artículo 18, apartado 3, y su artículo 26, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando lo siguiente:

| (1) | Según el artículo 18, apartado 1, y el artículo 26, apartado 1, del Reglamento (CE) no 104/2000, es preciso fijar un precio de orientación y un precio de producción comunitario para cada campaña de pesca, con el fin de determinar los niveles de precios de las intervenciones en el mercado de determinados productos de la pesca. |
| --- | --- |

(1)

Según el artículo 18, apartado 1, y el artículo 26, apartado 1, del Reglamento (CE) no 104/2000, es preciso fijar un precio de orientación y un precio de producción comunitario para cada campaña de pesca, con el fin de determinar los niveles de precios de las intervenciones en el mercado de determinados productos de la pesca.

| (2) | De acuerdo con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (CE) no 104/2000, debe fijarse un precio de orientación para cada uno de los productos y grupos de productos enumerados en los anexos I y II de dicho Reglamento. |
| --- | --- |

(2)

De acuerdo con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (CE) no 104/2000, debe fijarse un precio de orientación para cada uno de los productos y grupos de productos enumerados en los anexos I y II de dicho Reglamento.

| (3) | Sobre la base de los datos actualmente disponibles acerca de los precios de los productos en cuestión y los criterios mencionados en el artículo 18, apartado 2, del mismo Reglamento, resulta oportuno aumentar, mantener o reducir, según las especies, los precios de orientación para la campaña de pesca de 2010. |
| --- | --- |

(3)

Sobre la base de los datos actualmente disponibles acerca de los precios de los productos en cuestión y los criterios mencionados en el artículo 18, apartado 2, del mismo Reglamento, resulta oportuno aumentar, mantener o reducir, según las especies, los precios de orientación para la campaña de pesca de 2010.

| (4) | El artículo 26, apartado 1, del Reglamento (CE) no 104/2000 establece que debe fijarse un precio de producción comunitario para los productos mencionados en su anexo III. Procede establecer el precio de producción comunitario para uno de dichos productos y calcular el precio de producción comunitario de los demás mediante los coeficientes de conversión establecidos en el Reglamento (CEE) no 802/2006 de la Comisión, de 30 de mayo de 2006, por el que se fijan los coeficientes de conversión aplicables a los peces del género Thunnus y Euthynnus
   (2). |
| --- | --- |

(4)

El artículo 26, apartado 1, del Reglamento (CE) no 104/2000 establece que debe fijarse un precio de producción comunitario para los productos mencionados en su anexo III. Procede establecer el precio de producción comunitario para uno de dichos productos y calcular el precio de producción comunitario de los demás mediante los coeficientes de conversión establecidos en el Reglamento (CEE) no 802/2006 de la Comisión, de 30 de mayo de 2006, por el que se fijan los coeficientes de conversión aplicables a los peces del género Thunnus y Euthynnus
   (2).

| (5) | Sobre la base de los criterios establecidos en el artículo 18, apartado 2, primer y segundo guiones, y en el artículo 26, apartado 1, del Reglamento (CE) no 104/2000, procede modificar el precio de producción comunitario para la campaña de pesca de 2010. |
| --- | --- |

(5)

Sobre la base de los criterios establecidos en el artículo 18, apartado 2, primer y segundo guiones, y en el artículo 26, apartado 1, del Reglamento (CE) no 104/2000, procede modificar el precio de producción comunitario para la campaña de pesca de 2010.

| (6) | Dada la urgencia del asunto, es importante conceder una excepción al período de seis semanas al que se refiere el punto 1.3 del Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea anexo al Tratado de la Unión Europea. |
| --- | --- |

(6)

Dada la urgencia del asunto, es importante conceder una excepción al período de seis semanas al que se refiere el punto 1.3 del Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea anexo al Tratado de la Unión Europea.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Para la campaña de pesca comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, los precios de orientación previstos en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (CE) no 104/2000 son los indicados en el anexo I del presente Reglamento.

Artículo 2

Para la campaña de pesca comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, los precios de producción comunitarios previstos en el artículo 26, apartado 1, del Reglamento (CE) no 104/2000 son los indicados en el anexo II del presente Reglamento.

Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 30 de noviembre de 2009.

Por el Consejo

El Presidente

S. O. LITTORIN

---

(1)  DO L 17 de 21.1.2000, p. 22.

1

(2)  DO L 144 de 31.5.2006, p. 15.

2

---

ANEXO I

| Anexos | Especies
  Productos enumerados en los anexos I y II del Reglamento (CE) no 104/2000 | Presentación comercial | Precio de orientación
  (en euros por tonelada) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 1. | Arenque de la especie Clupea harengus |

Anexos

Especies

Productos enumerados en los anexos I y II del Reglamento (CE) no 104/2000

Presentación comercial

Precio de orientación

(en euros por tonelada)

I

1.

Arenque de la especie Clupea harengus

Pescado entero

275

| 2. | Sardina de la especie Sardina pilchardus |
| --- | --- |

2.

Sardina de la especie Sardina pilchardus

Pescado entero

580

| 3. | Mielga (Squalus acanthias) |
| --- | --- |

3.

Mielga (Squalus acanthias)

Pescado entero o Pescado eviscerado con cabeza

1 090

| 4. | Pintarroja (Scyliorhinus spp.) |
| --- | --- |

4.

Pintarroja (Scyliorhinus spp.)

Pescado entero o Pescado eviscerado con cabeza

711

| 5. | Gallineta nórdica (Sebastes spp.) |
| --- | --- |

5.

Gallineta nórdica (Sebastes spp.)

Pescado entero

1 188

| 6. | Bacalao de la especie Gadus morhua |
| --- | --- |

6.

Bacalao de la especie Gadus morhua

Pescado entero o eviscerado con cabeza

1 589

| 7. | Carbonero (Pollachius virens) |
| --- | --- |

7.

Carbonero (Pollachius virens)

Pescado entero o eviscerado con cabeza

776

| 8. | Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
| --- | --- |

8.

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

Pescado entero o eviscerado con cabeza

976

| 9. | Merlán (Merlangius merlangus) |
| --- | --- |

9.

Merlán (Merlangius merlangus)

Pescado entero o eviscerado con cabeza

898

| 10. | Maruca (Molva spp.) |
| --- | --- |

10.

Maruca (Molva spp.)

Pescado entero o eviscerado con cabeza

1 165

| 11. | Caballa de la especie Scomber scombrus |
| --- | --- |

11.

Caballa de la especie Scomber scombrus

Pescado entero

317

| 12. | Estornino de la especie Scomber japonicus |
| --- | --- |

12.

Estornino de la especie Scomber japonicus

Pescado entero

279

| 13. | Anchoa (Engraulis spp.) |
| --- | --- |

13.

Anchoa (Engraulis spp.)

Pescado entero

1 287

| 14. | Solla (Pleuronectes platessa) |
| --- | --- |

14.

Solla (Pleuronectes platessa)

Pescado entero o eviscerado con cabeza del 1.1.2010 al 30.4.2010

1 052

Pescado entero o eviscerado con cabeza del 1.5.2010 al 31.12.2010

1 462

| 15. | Merluza de la especie Merluccius merluccius |
| --- | --- |

15.

Merluza de la especie Merluccius merluccius

Pescado entero o eviscerado con cabeza

3 403

| 16. | Gallo (Lepidorhombus spp.) |
| --- | --- |

16.

Gallo (Lepidorhombus spp.)

Pescado entero o eviscerado con cabeza

2 402

| 17. | Limanda (Limanda limanda) |
| --- | --- |

17.

Limanda (Limanda limanda)

Pescado entero o eviscerado con cabeza

828

| 18. | Platija europea (Platichthys flesus) |
| --- | --- |

18.

Platija europea (Platichthys flesus)

496

| 19. | Albacora o atún blanco (Thunnus alalunga) |
| --- | --- |

19.

Albacora o atún blanco (Thunnus alalunga)

Pescado entero

2 241

Pescado eviscerado con cabeza

2 487

| 20. | Jibia (Sepia officinalis y Rossia macrosoma) |
| --- | --- |

20.

Jibia (Sepia officinalis y Rossia macrosoma)

Entero

1 781

| 21. | Rape (Lophius spp.) |
| --- | --- |

21.

Rape (Lophius spp.)

Pescado entero o eviscerado con cabeza

2 923

Pescado descabezado

6 015

| 22. | Quisquilla de la especie Crangon crangon |
| --- | --- |

22.

Quisquilla de la especie Crangon crangon

Cocido simplemente en agua

2 423

| 23. | Gamba nórdica (Pandalus Borealis) |
| --- | --- |

23.

Gamba nórdica (Pandalus Borealis)

Cocido simplemente en agua

6 474

Fresco o refrigerado

1 590

| 24. | Buey (Cancer pagurus) |
| --- | --- |

24.

Buey (Cancer pagurus)

Entero

1 676

| 25. | Cigala (Nephrops norvegicus) |
| --- | --- |

25.

Cigala (Nephrops norvegicus)

Entero

5 197

Colas

4 102

| 26. | Lenguado (Solea spp.) |
| --- | --- |

26.

Lenguado (Solea spp.)

Pescado entero o eviscerado con cabeza

6 742

II

| 1. | Fletán negro (Reinhardtius hippoglossoides) |
| --- | --- |

1.

Fletán negro (Reinhardtius hippoglossoides)

Congelado, en embalajes de origen que contengan productos homogéneos

1 916

| 2. | Merluza del género Merluccius spp. |
| --- | --- |

2.

Merluza del género Merluccius spp.

Congelado, entero, en embalajes de origen que contengan productos homogéneos

1 208

Congelado, en filetes, en embalajes de origen que contengan productos homogéneos

1 483

| 3. | Espárido (Dentex dentex y Pagellus spp.) |
| --- | --- |

3.

Espárido (Dentex dentex y Pagellus spp.)

Congelado, en lotes o en embalajes de origen que contengan productos homogéneos

1 492

| 4. | Pez espada (Xiphias gladius) |
| --- | --- |

4.

Pez espada (Xiphias gladius)

Congelado, entero, en embalajes de origen que contengan productos homogéneos

3 998

| 5. | Jibia (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti) |
| --- | --- |

5.

Jibia (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Congelado, en embalajes de origen que contengan productos homogéneos

1 915

| 6. | Pulpo (Octopus spp.) |
| --- | --- |

6.

Pulpo (Octopus spp.)

Congelado, en embalajes de origen que contengan productos homogéneos

2 161

| 7. | Calamar (Loligo spp.) |
| --- | --- |

7.

Calamar (Loligo spp.)

Congelado, en embalajes de origen que contengan productos homogéneos

1 179

| 8. | Calamar (Ommastrephes sagittatus) |
| --- | --- |

8.

Calamar (Ommastrephes sagittatus)

Congelado, en embalajes de origen que contengan productos homogéneos

961

| 9. | Illex argentinus |
| --- | --- |

9.

Congelado, en embalajes de origen que contengan productos homogéneos

856

| 10. | Langostino de la familia Penaeidae |
| --- | --- |

10.

Langostino de la familia Penaeidae

| — | Langostino de la especie Parapenaeus Longirostris |
| --- | --- |

—

Langostino de la especie Parapenaeus Longirostris

Congelado, en embalajes de origen que contengan productos homogéneos

4 072

| — | Otras especies de la familia Penaeidae |
| --- | --- |

—

Otras especies de la familia Penaeidae

Congelado, en embalajes de origen que contengan productos homogéneos

8 055

---

ANEXO II

| Especies
  Productos enumerados en el anexo III del Reglamento (CE) no 104/2000 | Peso | Especificaciones comerciales | Precio de producción comunitario
  (en euros por tonelada) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rabil (Thunnus albacares) | Con un peso superior a 10 kg por unidad | Entero | 1 224 |
| Eviscerado y sin branquias | |
| De otra forma | |
| Con un peso inferior o igual a 10 kg por unidad | Entero | |
| Eviscerado y sin branquias | |
| De otra forma | |
| Albacora o atún blanco (Thunnus alalunga) | Con un peso superior a 10 kg por unidad | Entero | |
| Eviscerado y sin branquias | |
| De otra forma | |
| Con un peso inferior o igual a 10 kg por unidad | Entero | |
| Eviscerado y sin branquias | |
| De otra forma | |
| Listado (Katsuwonus pelamis) | | Entero | |
| | Eviscerado y sin branquias | |
| | De otra forma | |
| Atún rojo (Thunnus thynnus) | | Entero | |
| | Eviscerado y sin branquias | |
| | De otra forma | |
| Otras especies de los géneros Thunnus y Euthynnus | | Entero | |
| | Eviscerado y sin branquias | |
| | De otra forma | |

Especies

Productos enumerados en el anexo III del Reglamento (CE) no 104/2000

Peso

Especificaciones comerciales

Precio de producción comunitario

(en euros por tonelada)

Rabil (Thunnus albacares)

Con un peso superior a 10 kg por unidad

Entero

1 224

Eviscerado y sin branquias

De otra forma

Con un peso inferior o igual a 10 kg por unidad

Entero

Eviscerado y sin branquias

De otra forma

Albacora o atún blanco (Thunnus alalunga)

Con un peso superior a 10 kg por unidad

Entero

Eviscerado y sin branquias

De otra forma

Con un peso inferior o igual a 10 kg por unidad

Entero

Eviscerado y sin branquias

De otra forma

Listado (Katsuwonus pelamis)

Entero

Eviscerado y sin branquias

De otra forma

Atún rojo (Thunnus thynnus)

Entero

Eviscerado y sin branquias

De otra forma

Otras especies de los géneros Thunnus y Euthynnus

Entero

Eviscerado y sin branquias

De otra forma

---

II Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria

DECISIONES

Comisión

| 12.12.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 327/6 |
| --- | --- | --- | --- |

12.12.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 327/6

---

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 13 de julio de 2009

sobre los regímenes de ayudas estatales C 6/04 (ex NN 70/01) y C 5/05 (ex NN 71/04) aprobados por Italia para los productores de cultivos hortícolas en invernadero (exención de los impuestos especiales del gasóleo utilizado para la calefacción de los invernaderos)

[notificada con el número C(2009) 5497]

(El texto en lengua italiana es el único auténtico)

(2009/944/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,

Tras haber invitado a los interesados a presentar observaciones conforme al citado artículo y vistas esas observaciones,

Considerando lo siguiente:

I.   PROCEDIMIENTO

| (1) | Mediante cartas de 28 de septiembre de 2000 y 17 de octubre de 2000, los servicios de la Comisión, basándose en datos que habían obtenido, pidieron precisiones a las autoridades italianas en relación con la exención parcial de impuestos especiales aplicada al gasóleo utilizado en agricultura, prevista en el Decreto Ley no 268 de 30 de septiembre de 2000, por el que se adoptaban medidas urgentes en relación con el impuesto sobre la renta de las personas físicas y con los impuestos especiales. |
| --- | --- |

(1)

Mediante cartas de 28 de septiembre de 2000 y 17 de octubre de 2000, los servicios de la Comisión, basándose en datos que habían obtenido, pidieron precisiones a las autoridades italianas en relación con la exención parcial de impuestos especiales aplicada al gasóleo utilizado en agricultura, prevista en el Decreto Ley no 268 de 30 de septiembre de 2000, por el que se adoptaban medidas urgentes en relación con el impuesto sobre la renta de las personas físicas y con los impuestos especiales.

| (2) | Las autoridades italianas dieron a la Comisión las precisiones solicitadas mediante sendas cartas de 31 de octubre y de 3 de noviembre de 2000. |
| --- | --- |

(2)

Las autoridades italianas dieron a la Comisión las precisiones solicitadas mediante sendas cartas de 31 de octubre y de 3 de noviembre de 2000.

| (3) | Tras examinar esas precisiones, los servicios de la Comisión volvieron a pedir a las autoridades italianas más información sobre la exención de los impuestos especiales mediante carta de 20 de noviembre de 2000. |
| --- | --- |

(3)

Tras examinar esas precisiones, los servicios de la Comisión volvieron a pedir a las autoridades italianas más información sobre la exención de los impuestos especiales mediante carta de 20 de noviembre de 2000.

| (4) | Al no haber recibido respuesta alguna en el plazo de cuatro semanas fijado en la carta antes citada, los servicios de la Comisión enviaron un recordatorio a las autoridades italianas con fecha de 26 de abril de 2001 en el que les señalaban que, de no mediar una respuesta por su parte, se reservaban el derecho de proponer a la Comisión el envío del requerimiento de información previsto en el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (1) (en la actualidad, artículo 88). |
| --- | --- |

(4)

Al no haber recibido respuesta alguna en el plazo de cuatro semanas fijado en la carta antes citada, los servicios de la Comisión enviaron un recordatorio a las autoridades italianas con fecha de 26 de abril de 2001 en el que les señalaban que, de no mediar una respuesta por su parte, se reservaban el derecho de proponer a la Comisión el envío del requerimiento de información previsto en el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (1) (en la actualidad, artículo 88).

| (5) | Mediante carta de 10 de mayo de 2001, la Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea envió a la Comisión la información complementaria que esta había pedido a las autoridades italianas en la carta de 26 de abril de 2001. |
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(5)

Mediante carta de 10 de mayo de 2001, la Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea envió a la Comisión la información complementaria que esta había pedido a las autoridades italianas en la carta de 26 de abril de 2001.

| (6) | Basándose en toda la información recibida, los servicios de la Comisión anunciaron a las autoridades italianas, mediante carta de 2 de agosto de 2001, la incoación de un expediente de ayuda estatal no notificada, a la que se dio el número NN 70/01, y les pidieron más información. |
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(6)

Basándose en toda la información recibida, los servicios de la Comisión anunciaron a las autoridades italianas, mediante carta de 2 de agosto de 2001, la incoación de un expediente de ayuda estatal no notificada, a la que se dio el número NN 70/01, y les pidieron más información.

| (7) | Al no haber recibido respuesta alguna en el plazo fijado, los servicios de la Comisión enviaron a las autoridades italianas otro recordatorio, con fecha de 1 de julio de 2003, en el que les indicaban nuevamente que, en caso de que no respetasen el plazo de cuatro semanas fijado para enviar una respuesta, se reservaban el derecho de proponer a la Comisión el envío del requerimiento de información previsto en el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999. El plazo fijado para enviar una respuesta vencía al comienzo de agosto de 2003. |
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(7)

Al no haber recibido respuesta alguna en el plazo fijado, los servicios de la Comisión enviaron a las autoridades italianas otro recordatorio, con fecha de 1 de julio de 2003, en el que les indicaban nuevamente que, en caso de que no respetasen el plazo de cuatro semanas fijado para enviar una respuesta, se reservaban el derecho de proponer a la Comisión el envío del requerimiento de información previsto en el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999. El plazo fijado para enviar una respuesta vencía al comienzo de agosto de 2003.

| (8) | Al no haber recibido respuesta alguna en el plazo antes indicado, la Comisión envió un requerimiento a Italia, mediante decisión de 10 de octubre de 2003 (2), para que le comunicase todos los datos solicitados en la carta de 2 de agosto de 2001, precisando que, en caso de no obtener respuesta de las autoridades italianas, se reservaba el derecho de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado. |
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(8)

Al no haber recibido respuesta alguna en el plazo antes indicado, la Comisión envió un requerimiento a Italia, mediante decisión de 10 de octubre de 2003 (2), para que le comunicase todos los datos solicitados en la carta de 2 de agosto de 2001, precisando que, en caso de no obtener respuesta de las autoridades italianas, se reservaba el derecho de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado.

| (9) | Al no haber recibido respuesta alguna al requerimiento de información, con fecha de 19 de febrero de 2004 la Comisión comunicó a las autoridades italianas que había decidido iniciar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado en relación con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 5, del Decreto-Ley no 268 de 30 de septiembre de 2000 (expediente C 6/04). |
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(9)

Al no haber recibido respuesta alguna al requerimiento de información, con fecha de 19 de febrero de 2004 la Comisión comunicó a las autoridades italianas que había decidido iniciar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado en relación con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 5, del Decreto-Ley no 268 de 30 de septiembre de 2000 (expediente C 6/04).

| (10) | La decisión de iniciar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (3). La Comisión invitó a los terceros interesados a presentar observaciones sobre el régimen de ayudas. |
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(10)

La decisión de iniciar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (3). La Comisión invitó a los terceros interesados a presentar observaciones sobre el régimen de ayudas.

| (11) | La Comisión recibió observaciones de terceros sobre el régimen en cuestión y las comunicó a Italia por carta de 27 de abril de 2004, dándole la posibilidad de comentarlas. |
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(11)

La Comisión recibió observaciones de terceros sobre el régimen en cuestión y las comunicó a Italia por carta de 27 de abril de 2004, dándole la posibilidad de comentarlas.

| (12) | Italia no hizo comentarios sobre dichas observaciones pero, tras solicitar y obtener una prórroga del plazo de respuesta a la incoación del procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado, envió una carta de respuesta con relación a dicho procedimiento fechada el 21 de junio de 2004, a la que se dio entrada en el registro de la Comisión el 25 de junio de 2004. |
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(12)

Italia no hizo comentarios sobre dichas observaciones pero, tras solicitar y obtener una prórroga del plazo de respuesta a la incoación del procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado, envió una carta de respuesta con relación a dicho procedimiento fechada el 21 de junio de 2004, a la que se dio entrada en el registro de la Comisión el 25 de junio de 2004.

| (13) | Con posterioridad al envío de la carta de 19 de febrero de 2004 en la que se comunicaba la incoación del procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado en relación con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 5, del Decreto-Ley no 268 de 30 de septiembre de 2000, la Comisión recibió información según la cual los productores de cultivos hortícolas en invernaderos disfrutaban en realidad de una exención total de los impuestos especiales sobre el gasóleo utilizado para calentar los invernaderos. Por ello, el 10 de junio de 2004 solicitó por fax a las autoridades italianas información sobre dicha exención adicional. |
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(13)

Con posterioridad al envío de la carta de 19 de febrero de 2004 en la que se comunicaba la incoación del procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado en relación con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 5, del Decreto-Ley no 268 de 30 de septiembre de 2000, la Comisión recibió información según la cual los productores de cultivos hortícolas en invernaderos disfrutaban en realidad de una exención total de los impuestos especiales sobre el gasóleo utilizado para calentar los invernaderos. Por ello, el 10 de junio de 2004 solicitó por fax a las autoridades italianas información sobre dicha exención adicional.

| (14) | Mediante carta de 28 de julio de 2004, a la que se dio entrada en el registro de la Comisión el 3 de agosto de 2004, la Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea comunicó a aquella la respuesta de las autoridades italianas a su carta de 10 de junio de 2004. De ella, se desprende que la exención adicional antes mencionada se puso en marcha a través de varias normas: el artículo 24, apartado 3, de la Ley no 388 de 23 de diciembre de 2000, el artículo 13, apartado 3, de la Ley no 448 de 21 de diciembre de 2001, el artículo 19, apartado 4, de la Ley no 289 de 27 de diciembre de 2002, y el artículo 2, apartado 4, de la Ley no 350 de 24 de diciembre de 2003. |
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(14)

Mediante carta de 28 de julio de 2004, a la que se dio entrada en el registro de la Comisión el 3 de agosto de 2004, la Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea comunicó a aquella la respuesta de las autoridades italianas a su carta de 10 de junio de 2004. De ella, se desprende que la exención adicional antes mencionada se puso en marcha a través de varias normas: el artículo 24, apartado 3, de la Ley no 388 de 23 de diciembre de 2000, el artículo 13, apartado 3, de la Ley no 448 de 21 de diciembre de 2001, el artículo 19, apartado 4, de la Ley no 289 de 27 de diciembre de 2002, y el artículo 2, apartado 4, de la Ley no 350 de 24 de diciembre de 2003.

| (15) | Basándose en esa información, los servicios de la Comisión decidieron incoar un nuevo expediente de ayuda no notificada, al que se atribuyó el número NN 71/04, con objeto de examinar la compatibilidad de la exención adicional con el mercado común e informaron de ello a las autoridades italianas mediante carta de 4 de noviembre de 2004. |
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(15)

Basándose en esa información, los servicios de la Comisión decidieron incoar un nuevo expediente de ayuda no notificada, al que se atribuyó el número NN 71/04, con objeto de examinar la compatibilidad de la exención adicional con el mercado común e informaron de ello a las autoridades italianas mediante carta de 4 de noviembre de 2004.

| (16) | Mediante carta de 24 de enero de 2005, la Comisión comunicó al Gobierno italiano su decisión de abrir el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE en relación con la exención adicional antedicha, puesta en marcha por el artículo 24, apartado 3, de la Ley no 388 de 23 de diciembre de 2000, el artículo 13, apartado 3, de la Ley no 448 de 21 de diciembre de 2001, el artículo 19, apartado 4, de la Ley no 289 de 27 de diciembre de 2002, y el artículo 2, apartado 4, de la Ley no 350 de 24 de diciembre de 2003 (expediente C 5/05). |
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(16)

Mediante carta de 24 de enero de 2005, la Comisión comunicó al Gobierno italiano su decisión de abrir el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE en relación con la exención adicional antedicha, puesta en marcha por el artículo 24, apartado 3, de la Ley no 388 de 23 de diciembre de 2000, el artículo 13, apartado 3, de la Ley no 448 de 21 de diciembre de 2001, el artículo 19, apartado 4, de la Ley no 289 de 27 de diciembre de 2002, y el artículo 2, apartado 4, de la Ley no 350 de 24 de diciembre de 2003 (expediente C 5/05).

| (17) | La decisión de abrir el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (4). La Comisión invitó a los terceros interesados a presentar observaciones sobre el régimen de ayudas. |
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(17)

La decisión de abrir el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (4). La Comisión invitó a los terceros interesados a presentar observaciones sobre el régimen de ayudas.

| (18) | La Comisión no ha recibido observaciones de terceros. |
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(18)

La Comisión no ha recibido observaciones de terceros.

| (19) | Mediante carta de 21 de febrero de 2005, a la que se dio entrada en el registro de la Comisión el 22 de febrero de 2005, la Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea comunicó a aquella la respuesta de las autoridades italianas a la apertura del procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado en relación con la exención adicional. |
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(19)

Mediante carta de 21 de febrero de 2005, a la que se dio entrada en el registro de la Comisión el 22 de febrero de 2005, la Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea comunicó a aquella la respuesta de las autoridades italianas a la apertura del procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado en relación con la exención adicional.

| (20) | Mediante carta de 27 de septiembre de 2007, los servicios de la Comisión solicitaron a las autoridades italianas información complementaria sobre las ayudas en cuestión y sobre sus respuestas a la apertura del procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado. En particular, se pedía a las autoridades italianas que corroborasen que las ayudas se inscribían en la lógica del sistema fiscal italiano y que examinasen la posibilidad de justificarlas al amparo de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente aplicables en la época en que se concedieron las ayudas (5). Las autoridades italianas disponían de un mes para contestar a esta solicitud de información complementaria. |
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(20)

Mediante carta de 27 de septiembre de 2007, los servicios de la Comisión solicitaron a las autoridades italianas información complementaria sobre las ayudas en cuestión y sobre sus respuestas a la apertura del procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado. En particular, se pedía a las autoridades italianas que corroborasen que las ayudas se inscribían en la lógica del sistema fiscal italiano y que examinasen la posibilidad de justificarlas al amparo de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente aplicables en la época en que se concedieron las ayudas (5). Las autoridades italianas disponían de un mes para contestar a esta solicitud de información complementaria.

| (21) | Al no haber recibido respuesta alguna de las autoridades italianas, los servicios de la Comisión les enviaron un recordatorio por fax con fecha de 15 de octubre de 2008 en el que les señalaban que, de no mediar una respuesta por su parte en el nuevo plazo de un mes, se reservaban el derecho de proponer a la Comisión el envío del requerimiento de información previsto en el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999. |
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(21)

Al no haber recibido respuesta alguna de las autoridades italianas, los servicios de la Comisión les enviaron un recordatorio por fax con fecha de 15 de octubre de 2008 en el que les señalaban que, de no mediar una respuesta por su parte en el nuevo plazo de un mes, se reservaban el derecho de proponer a la Comisión el envío del requerimiento de información previsto en el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999.

| (22) | Al no haber recibido respuesta alguna en el plazo fijado, la Comisión envió a Italia el requerimiento antes señalado mediante carta de 5 de diciembre de 2008 (6). |
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(22)

Al no haber recibido respuesta alguna en el plazo fijado, la Comisión envió a Italia el requerimiento antes señalado mediante carta de 5 de diciembre de 2008 (6).

| (23) | La Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea comunicó a la Comisión la respuesta de las autoridades italianas a dicho requerimiento mediante un mensaje de correo electrónico fechado el 5 de febrero de 2009, al que se dio entrada en el registro de la Comisión el 9 de febrero de 2009. |
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(23)

La Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea comunicó a la Comisión la respuesta de las autoridades italianas a dicho requerimiento mediante un mensaje de correo electrónico fechado el 5 de febrero de 2009, al que se dio entrada en el registro de la Comisión el 9 de febrero de 2009.

| (24) | Tras mantener una reunión con los servicios de la Comisión el 21 de abril de 2009, las autoridades italianas les hicieron llegar una nueva carta el 19 de mayo de 2009 a través de la Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea. |
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(24)

Tras mantener una reunión con los servicios de la Comisión el 21 de abril de 2009, las autoridades italianas les hicieron llegar una nueva carta el 19 de mayo de 2009 a través de la Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea.

II.   DESCRIPCIÓN

| (25) | El artículo 5, apartado 5, del Decreto-Ley no 268 de 30 de septiembre de 2000 disponía que, del 3 de octubre al 31 de diciembre de 2000, el impuesto especial aplicable al gasóleo utilizado para la calefacción de invernaderos sería el 5 % del aplicable al gasóleo utilizado como combustible. |
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(25)

El artículo 5, apartado 5, del Decreto-Ley no 268 de 30 de septiembre de 2000 disponía que, del 3 de octubre al 31 de diciembre de 2000, el impuesto especial aplicable al gasóleo utilizado para la calefacción de invernaderos sería el 5 % del aplicable al gasóleo utilizado como combustible.

| (26) | El artículo 6, apartado 1, de ese mismo Decreto-Ley establecía que, en ese mismo período, el impuesto especial aplicable al gasóleo utilizado en la agricultura sería el 22 % del aplicable al utilizado como combustible y el aplicable a la gasolina, el 49 % del impuesto especial normal. |
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(26)

El artículo 6, apartado 1, de ese mismo Decreto-Ley establecía que, en ese mismo período, el impuesto especial aplicable al gasóleo utilizado en la agricultura sería el 22 % del aplicable al utilizado como combustible y el aplicable a la gasolina, el 49 % del impuesto especial normal.

| (27) | El artículo 24, apartado 3, de la Ley no 388 de 23 de diciembre de 2000, el artículo 13, apartado 3, de la Ley no 448 de 21 de diciembre de 2001, el artículo 19, apartado 4, de la Ley no 289 de 27 de diciembre de 2002 y el artículo 2, apartado 4, de la Ley no 350 de 24 de diciembre de 2003 establecen todos ellos una exención total de los impuestos especiales sobre el gasóleo utilizado para la calefacción de invernaderos en Italia. La exención alcanzaba a los períodos siguientes: del 1 de enero al 30 de junio de 2001, todo el año 2002, todo el año 2003 y todo el año 2004. |
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(27)

El artículo 24, apartado 3, de la Ley no 388 de 23 de diciembre de 2000, el artículo 13, apartado 3, de la Ley no 448 de 21 de diciembre de 2001, el artículo 19, apartado 4, de la Ley no 289 de 27 de diciembre de 2002 y el artículo 2, apartado 4, de la Ley no 350 de 24 de diciembre de 2003 establecen todos ellos una exención total de los impuestos especiales sobre el gasóleo utilizado para la calefacción de invernaderos en Italia. La exención alcanzaba a los períodos siguientes: del 1 de enero al 30 de junio de 2001, todo el año 2002, todo el año 2003 y todo el año 2004.

III.   PRIMERA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 88, APARTADO 2, DEL TRATADO (EXPEDIENTE C 6/04)

| (28) | La Comisión incoó el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado en relación con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 5, del Decreto-Ley no 268 de 30 de septiembre de 2000 porque tenía dudas sobre la compatibilidad con el mercado común de la exención suplementaria de impuestos especiales de 17 puntos porcentuales concedida a los productores de cultivos hortícolas en invernaderos que utilizaban gasóleo para la calefacción frente a los demás agentes económicos del sector agrario. Esas dudas tenían su origen en que, a pesar de haber enviado un requerimiento de información a las autoridades italianas, estas no habían aportado argumento alguno para demostrar que las exenciones eran admisibles a tenor de las normas de competencia (de hecho, ni siquiera contestaron al requerimiento). También existían dudas acerca de la admisibilidad de las exenciones de impuestos especiales a la luz de lo dispuesto por la Directiva 92/81/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial sobre los hidrocarburos (7), y por la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (8), que derogó la anterior. |
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(28)

La Comisión incoó el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado en relación con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 5, del Decreto-Ley no 268 de 30 de septiembre de 2000 porque tenía dudas sobre la compatibilidad con el mercado común de la exención suplementaria de impuestos especiales de 17 puntos porcentuales concedida a los productores de cultivos hortícolas en invernaderos que utilizaban gasóleo para la calefacción frente a los demás agentes económicos del sector agrario. Esas dudas tenían su origen en que, a pesar de haber enviado un requerimiento de información a las autoridades italianas, estas no habían aportado argumento alguno para demostrar que las exenciones eran admisibles a tenor de las normas de competencia (de hecho, ni siquiera contestaron al requerimiento). También existían dudas acerca de la admisibilidad de las exenciones de impuestos especiales a la luz de lo dispuesto por la Directiva 92/81/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial sobre los hidrocarburos (7), y por la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (8), que derogó la anterior.

IV.   REACCIÓN DE LAS AUTORIDADES ITALIANAS A LA PRIMERA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 88, APARTADO 2, DEL TRATADO

| (29) | Las autoridades italianas indicaban en su carta de 21 de junio de 2004 que las exenciones del impuesto especial no podían considerarse ayudas estatales sino que debían ser examinadas con arreglo al artículo 8, apartado 2, letra f), y al artículo 15, apartado 3, de las Directivas 92/81/CEE y 2003/96/CE. En su opinión, los cultivos en invernadero entran en la categoría de «labores agrarias y hortícolas», para las que la normativa comunitaria permite que los Estados miembros apliquen exenciones parciales o totales de los impuestos especiales, y la exención de los impuestos especiales para los cultivos en invernadero no introduce ninguna discriminación en el sector agrícola y hortícola pues todos los agentes económicos son libres de elegir entre el cultivo al aire libre y el cultivo en invernadero. |
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(29)

Las autoridades italianas indicaban en su carta de 21 de junio de 2004 que las exenciones del impuesto especial no podían considerarse ayudas estatales sino que debían ser examinadas con arreglo al artículo 8, apartado 2, letra f), y al artículo 15, apartado 3, de las Directivas 92/81/CEE y 2003/96/CE. En su opinión, los cultivos en invernadero entran en la categoría de «labores agrarias y hortícolas», para las que la normativa comunitaria permite que los Estados miembros apliquen exenciones parciales o totales de los impuestos especiales, y la exención de los impuestos especiales para los cultivos en invernadero no introduce ninguna discriminación en el sector agrícola y hortícola pues todos los agentes económicos son libres de elegir entre el cultivo al aire libre y el cultivo en invernadero.

| (30) | Según las autoridades italianas, el régimen impugnado es puramente fiscal y debería ser evaluado desde esa óptica, es decir en un marco general que englobe a todos los países de la Unión, y no como un caso nacional aislado, al margen de ese marco, para que no resulte alterado el principio de par conditio entre los Estados miembros. A este respecto, las autoridades italianas remitían al acuerdo político alcanzado entre el Consejo y la Comisión en el Consejo ECOFIN del 19 de marzo de 2003, conforme al cual las excepciones al régimen general o las diferenciaciones dentro de dicho régimen que se justifiquen por el carácter o la estructura general del régimen fiscal, no supondrán ayudas estatales. |
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(30)

Según las autoridades italianas, el régimen impugnado es puramente fiscal y debería ser evaluado desde esa óptica, es decir en un marco general que englobe a todos los países de la Unión, y no como un caso nacional aislado, al margen de ese marco, para que no resulte alterado el principio de par conditio entre los Estados miembros. A este respecto, las autoridades italianas remitían al acuerdo político alcanzado entre el Consejo y la Comisión en el Consejo ECOFIN del 19 de marzo de 2003, conforme al cual las excepciones al régimen general o las diferenciaciones dentro de dicho régimen que se justifiquen por el carácter o la estructura general del régimen fiscal, no supondrán ayudas estatales.

| (31) | Por último, las autoridades italianas añadían que, según las estimaciones y los datos de que disponían, el régimen previsto no afectaba al buen funcionamiento del mercado interior ni implicaba distorsiones de la competencia (referencia al considerando 24 de la Directiva 2003/96/CE). |
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(31)

Por último, las autoridades italianas añadían que, según las estimaciones y los datos de que disponían, el régimen previsto no afectaba al buen funcionamiento del mercado interior ni implicaba distorsiones de la competencia (referencia al considerando 24 de la Directiva 2003/96/CE).

V.   OBSERVACIONES FORMULADAS POR TERCEROS TRAS LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 88, APARTADO 2, DEL TRATADO

| (32) | Tras la apertura del procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado, la Comisión recibió observaciones de un tercero interesado (carta de 19 de abril de 2004, a la que se dio entrada en el registro de la Comisión el 21 de abril de 2004). |
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(32)

Tras la apertura del procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado, la Comisión recibió observaciones de un tercero interesado (carta de 19 de abril de 2004, a la que se dio entrada en el registro de la Comisión el 21 de abril de 2004).

| (33) | En su carta, el tercero interesado describe la fragilidad del mercado en el que opera y los problemas derivados del incremento del precio de los combustibles que pueden utilizarse para la calefacción de los invernaderos. Según él, si la Comisión se pronuncia negativamente sobre la exención, numerosas empresas del sector se verían abocadas al cierre o a una reducción del consumo de combustible para la calefacción de los invernaderos, lo que ocasionaría una merma de la calidad de sus productos. Además, afirma que los precios de los combustibles de calefacción utilizados en Bélgica y los Países Bajos (metano y fuelóleo) son entre un 20 % y un 40 % inferiores al del gasóleo agrícola pagado en Italia, por lo que la aplicación de la exención no distorsionaría la competencia. Por otro lado, según este tercero, cada vez son más las empresas de su sector de actividad que utilizan gas metano para calentar los invernaderos. |
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(33)

En su carta, el tercero interesado describe la fragilidad del mercado en el que opera y los problemas derivados del incremento del precio de los combustibles que pueden utilizarse para la calefacción de los invernaderos. Según él, si la Comisión se pronuncia negativamente sobre la exención, numerosas empresas del sector se verían abocadas al cierre o a una reducción del consumo de combustible para la calefacción de los invernaderos, lo que ocasionaría una merma de la calidad de sus productos. Además, afirma que los precios de los combustibles de calefacción utilizados en Bélgica y los Países Bajos (metano y fuelóleo) son entre un 20 % y un 40 % inferiores al del gasóleo agrícola pagado en Italia, por lo que la aplicación de la exención no distorsionaría la competencia. Por otro lado, según este tercero, cada vez son más las empresas de su sector de actividad que utilizan gas metano para calentar los invernaderos.

VI.   SEGUNDA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 88, APARTADO 2, DEL TRATADO (EXPEDIENTE C 5/05)

| (34) | La Comisión abrió un segundo procedimiento con arreglo al artículo 88, apartado 2, del Tratado cuando recibió información que demostraba que la exención de impuestos especiales de que disfrutaban los productores de cultivos hortícolas en invernadero era, en realidad, bastante más elevada que la analizada en la primera apertura del procedimiento. Las dudas expuestas con ocasión de ese primer procedimiento, debidas, entre otras cosas, a que las autoridades italianas no habían contestado al requerimiento de información de la Comisión, fueron corroboradas por la reacción de dichas autoridades a la primera apertura del procedimiento. Las dudas expuestas por la Comisión en la segunda apertura del procedimiento se basaban fundamentalmente en las siguientes consideraciones:






  a) | las autoridades italianas aducían que las exenciones de los impuestos especiales sobre el combustible, independientemente de su magnitud, no constituyen ayudas estatales sino medidas de tipo fiscal justificadas por el carácter del régimen en que se enmarcan, pero no aportaban ningún elemento que sustentase esa argumentación; |
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(34)

La Comisión abrió un segundo procedimiento con arreglo al artículo 88, apartado 2, del Tratado cuando recibió información que demostraba que la exención de impuestos especiales de que disfrutaban los productores de cultivos hortícolas en invernadero era, en realidad, bastante más elevada que la analizada en la primera apertura del procedimiento. Las dudas expuestas con ocasión de ese primer procedimiento, debidas, entre otras cosas, a que las autoridades italianas no habían contestado al requerimiento de información de la Comisión, fueron corroboradas por la reacción de dichas autoridades a la primera apertura del procedimiento. Las dudas expuestas por la Comisión en la segunda apertura del procedimiento se basaban fundamentalmente en las siguientes consideraciones:

a)

las autoridades italianas aducían que las exenciones de los impuestos especiales sobre el combustible, independientemente de su magnitud, no constituyen ayudas estatales sino medidas de tipo fiscal justificadas por el carácter del régimen en que se enmarcan, pero no aportaban ningún elemento que sustentase esa argumentación;

| b) | otro argumento de las autoridades italianas es que la exención de los impuestos especiales no distorsiona la competencia pues todos los productores hortícolas pueden beneficiarse de ella si eligen practicar el cultivo en invernaderos; este argumento es dudoso pues la exención no estaba encaminada a fomentar la reconversión al cultivo en invernaderos sino a aliviar a los productores de cultivos en invernaderos que ya estaban en activo de una carga financiera inherente al ejercicio de su actividad; |
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b)

otro argumento de las autoridades italianas es que la exención de los impuestos especiales no distorsiona la competencia pues todos los productores hortícolas pueden beneficiarse de ella si eligen practicar el cultivo en invernaderos; este argumento es dudoso pues la exención no estaba encaminada a fomentar la reconversión al cultivo en invernaderos sino a aliviar a los productores de cultivos en invernaderos que ya estaban en activo de una carga financiera inherente al ejercicio de su actividad;

| c) | otro argumento de las autoridades italianas es que, según los datos oficiales de que disponen, la exención total concedida a los productores de cultivos hortícolas en invernaderos no provoca distorsiones de la competencia; la Comisión se pregunta cómo pueden esgrimir ese argumento las autoridades italianas cuando, en la respuesta que enviaron al telex de los servicios de la Comisión de 10 de junio de 2004 (véase el considerando 14 de la presente exposición de motivos), afirmaban que no estaban en condiciones de aportar datos precisos sobre los gastos que se habían ahorrado los productores gracias a la exención total; |
| --- | --- |

c)

otro argumento de las autoridades italianas es que, según los datos oficiales de que disponen, la exención total concedida a los productores de cultivos hortícolas en invernaderos no provoca distorsiones de la competencia; la Comisión se pregunta cómo pueden esgrimir ese argumento las autoridades italianas cuando, en la respuesta que enviaron al telex de los servicios de la Comisión de 10 de junio de 2004 (véase el considerando 14 de la presente exposición de motivos), afirmaban que no estaban en condiciones de aportar datos precisos sobre los gastos que se habían ahorrado los productores gracias a la exención total;

| d) | las autoridades italianas defendían que la exención carecía de las características de las ayudas estatales pero omitían indicar la norma de competencia que, según ellas, justificaba la compatibilidad de la exención total de impuestos especiales con el mercado común; |
| --- | --- |

d)

las autoridades italianas defendían que la exención carecía de las características de las ayudas estatales pero omitían indicar la norma de competencia que, según ellas, justificaba la compatibilidad de la exención total de impuestos especiales con el mercado común;

| e) | no puede excluirse que las exenciones hayan sido concedidas infringiendo lo dispuesto en las Directivas 92/81/CEE y 2003/96/CE. |
| --- | --- |

e)

no puede excluirse que las exenciones hayan sido concedidas infringiendo lo dispuesto en las Directivas 92/81/CEE y 2003/96/CE.

VII.   REACCIÓN DE LAS AUTORIDADES ITALIANAS A LA SEGUNDA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 88, APARTADO 2, DEL TRATADO

| (35) | En su carta de 21 de febrero de 2005, las autoridades italianas comenzaban afirmando que el segundo procedimiento tocaba aspectos análogos a los del primero y que los comentarios que habían efectuado con ocasión de este valían para el segundo. Además, completaron la respuesta indicando lo siguiente:






  a) | la modulación de los impuestos especiales por los Estados miembros no constituye una ayuda estatal en la acepción del artículo 87, apartado 1, del Tratado; las conclusiones del Consejo ECOFIN del 19 de marzo de 2003, según las cuales las excepciones al régimen fiscal general o las diferenciaciones dentro de dicho régimen que se justifiquen por el carácter o la estructura general del régimen fiscal, no suponen ayudas estatales, constituyen un elemento determinante que confirma la primacía de las autoridades financieras de la Comunidad; por consiguiente, comunicarían información sobre la naturaleza o las características generales del sistema a dichas autoridades financieras en cuanto estas se lo solicitasen; |
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(35)

En su carta de 21 de febrero de 2005, las autoridades italianas comenzaban afirmando que el segundo procedimiento tocaba aspectos análogos a los del primero y que los comentarios que habían efectuado con ocasión de este valían para el segundo. Además, completaron la respuesta indicando lo siguiente:

a)

la modulación de los impuestos especiales por los Estados miembros no constituye una ayuda estatal en la acepción del artículo 87, apartado 1, del Tratado; las conclusiones del Consejo ECOFIN del 19 de marzo de 2003, según las cuales las excepciones al régimen fiscal general o las diferenciaciones dentro de dicho régimen que se justifiquen por el carácter o la estructura general del régimen fiscal, no suponen ayudas estatales, constituyen un elemento determinante que confirma la primacía de las autoridades financieras de la Comunidad; por consiguiente, comunicarían información sobre la naturaleza o las características generales del sistema a dichas autoridades financieras en cuanto estas se lo solicitasen;

| b) | la expresión «sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias» que figura en el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2003/96/CE no puede ser interpretada como una fórmula que hace que los artículos 87 y 88 del Tratado sean aplicables a todas las medidas de reducción o exención de impuesto especiales pues, si el legislador comunitario hubiese deseado que cualquier medida de modulación de impuestos especiales estuviese supeditada al cumplimiento de los citados artículos del Tratado, lo habría expresado con una referencia a tales artículos, según el principio fundamental de interpretación de leyes lex ubi voluit dixit; de hecho, cuando el legislador comunitario pretende supeditar medidas a las normas sobre ayudas estatales en un acto comunitario, lo expresa en este de manera clara y explícita y no mediante una fórmula genérica del tipo «sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias», tanto más cuanto que calificar una medida como «constitutiva de ayuda estatal» o «no constitutiva de ayuda estatal» tiene repercusiones significativas en la naturaleza, las características y el plazo de aplicación de la propia medida; |
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b)

la expresión «sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias» que figura en el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2003/96/CE no puede ser interpretada como una fórmula que hace que los artículos 87 y 88 del Tratado sean aplicables a todas las medidas de reducción o exención de impuesto especiales pues, si el legislador comunitario hubiese deseado que cualquier medida de modulación de impuestos especiales estuviese supeditada al cumplimiento de los citados artículos del Tratado, lo habría expresado con una referencia a tales artículos, según el principio fundamental de interpretación de leyes lex ubi voluit dixit; de hecho, cuando el legislador comunitario pretende supeditar medidas a las normas sobre ayudas estatales en un acto comunitario, lo expresa en este de manera clara y explícita y no mediante una fórmula genérica del tipo «sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias», tanto más cuanto que calificar una medida como «constitutiva de ayuda estatal» o «no constitutiva de ayuda estatal» tiene repercusiones significativas en la naturaleza, las características y el plazo de aplicación de la propia medida;

| c) | es un hecho objetivo que la medida no es perjudicial para el buen funcionamiento del mercado interior ni crea distorsiones de competencia, por lo que es irrelevante conocer los gastos que se hayan ahorrado los productores gracias a ella. |
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c)

es un hecho objetivo que la medida no es perjudicial para el buen funcionamiento del mercado interior ni crea distorsiones de competencia, por lo que es irrelevante conocer los gastos que se hayan ahorrado los productores gracias a ella.

VIII.   RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ITALIANAS AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2008

| (36) | En su carta de 5 de febrero de 2009, las autoridades italianas volvían a aducir el argumento de la compatibilidad de las ayudas con las disposiciones de la Directiva 92/81/CEE que, a su modo de ver, no aclara suficientemente la cuestión de la compatibilidad de las exenciones o reducciones de impuestos especiales con la normas de competencia. |
| --- | --- |

(36)

En su carta de 5 de febrero de 2009, las autoridades italianas volvían a aducir el argumento de la compatibilidad de las ayudas con las disposiciones de la Directiva 92/81/CEE que, a su modo de ver, no aclara suficientemente la cuestión de la compatibilidad de las exenciones o reducciones de impuestos especiales con la normas de competencia.

| (37) | Para ilustrar su posición, remiten al artículo 8 de la Directiva, conforme al cual «sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias, los Estados miembros podrán aplicar exenciones o reducciones totales o parciales del tipo impositivo a los hidrocarburos u otros productos destinados al mismo uso que se utilicen bajo control fiscal [...] exclusivamente en la agricultura, horticultura, silvicultura [...]». |
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(37)

Para ilustrar su posición, remiten al artículo 8 de la Directiva, conforme al cual «sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias, los Estados miembros podrán aplicar exenciones o reducciones totales o parciales del tipo impositivo a los hidrocarburos u otros productos destinados al mismo uso que se utilicen bajo control fiscal [...] exclusivamente en la agricultura, horticultura, silvicultura [...]».

| (38) | En opinión de las autoridades italianas, la expresión «sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias» utilizada en ese artículo no impone la obligación de respetar las normas europeas de competencia, cosa que sí hace el artículo 26 de la Directiva 2003/96/CE; según ellas, si ambas Directivas hubiesen establecido la misma obligación, el legislador comunitario no hubiese necesitado ser más explícito en el artículo 26 de la Directiva 2003/96/CE. De ello, infieren que, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva 92/81/CEE, los Estados miembros podían aplicar legítimamente reducciones o exenciones de los impuestos especiales en el sector hortícola. |
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(38)

En opinión de las autoridades italianas, la expresión «sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias» utilizada en ese artículo no impone la obligación de respetar las normas europeas de competencia, cosa que sí hace el artículo 26 de la Directiva 2003/96/CE; según ellas, si ambas Directivas hubiesen establecido la misma obligación, el legislador comunitario no hubiese necesitado ser más explícito en el artículo 26 de la Directiva 2003/96/CE. De ello, infieren que, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva 92/81/CEE, los Estados miembros podían aplicar legítimamente reducciones o exenciones de los impuestos especiales en el sector hortícola.

| (39) | Las autoridades italianas subrayan a continuación que la aplicación de la Directiva 92/81/CEE y, después, de la Directiva 2003/96/CE, crea de hecho una distorsión de la competencia en el mercado interior ya que las reducciones o exenciones previstas dan ventaja a los Estados miembros que cuentan con más recursos económicos puesto que, gracias a ello, pueden aplicar reducciones de los importes especiales de manera uniforme a todo el sector agrario. Italia, que disponía de recursos limitados, decidió intervenir exclusivamente a favor de los productores de cultivos en invernadero habida cuenta de que las medidas de reducción y exención de los impuestos especiales se aprobaron en un contexto de crisis creado por el alza de los precios de los productos de calefacción. A este respecto, las autoridades italianas recuerdan que no corresponde a la Comisión intervenir en la elección de prioridades de los Estados miembros. |
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(39)

Las autoridades italianas subrayan a continuación que la aplicación de la Directiva 92/81/CEE y, después, de la Directiva 2003/96/CE, crea de hecho una distorsión de la competencia en el mercado interior ya que las reducciones o exenciones previstas dan ventaja a los Estados miembros que cuentan con más recursos económicos puesto que, gracias a ello, pueden aplicar reducciones de los importes especiales de manera uniforme a todo el sector agrario. Italia, que disponía de recursos limitados, decidió intervenir exclusivamente a favor de los productores de cultivos en invernadero habida cuenta de que las medidas de reducción y exención de los impuestos especiales se aprobaron en un contexto de crisis creado por el alza de los precios de los productos de calefacción. A este respecto, las autoridades italianas recuerdan que no corresponde a la Comisión intervenir en la elección de prioridades de los Estados miembros.

| (40) | En lo que respecta a la eventual aplicación de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (véase el considerando 20 de la presente exposición de motivos), las autoridades italianas afirman que las reducciones de los impuestos especiales concedidas se atienen a dichas Directrices y, por consiguiente, podrían acogerse a las excepciones que allí se prevén ya que, en su opinión, se trata de «impuestos existentes», en la acepción del punto 51.2 de esas Directrices, según el cual pueden autorizarse las ayudas de funcionamiento ligadas a reducciones o exenciones de impuestos existentes si se cumplen simultáneamente las dos condiciones siguientes:






  — | el impuesto en cuestión ha de producir un efecto positivo apreciable en términos de protección del medio ambiente, |
| --- | --- | --- |

(40)

En lo que respecta a la eventual aplicación de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (véase el considerando 20 de la presente exposición de motivos), las autoridades italianas afirman que las reducciones de los impuestos especiales concedidas se atienen a dichas Directrices y, por consiguiente, podrían acogerse a las excepciones que allí se prevén ya que, en su opinión, se trata de «impuestos existentes», en la acepción del punto 51.2 de esas Directrices, según el cual pueden autorizarse las ayudas de funcionamiento ligadas a reducciones o exenciones de impuestos existentes si se cumplen simultáneamente las dos condiciones siguientes:

—

el impuesto en cuestión ha de producir un efecto positivo apreciable en términos de protección del medio ambiente,

| — | las excepciones en favor de las empresas beneficiarias han de haberse decidido en el momento de adopción del impuesto, o han de hacerse necesarias como consecuencia de una modificación significativa de las condiciones económicas que coloque a las empresas en una situación competitiva especialmente difícil; en esta última hipótesis, el importe de la reducción fiscal no puede ser superior al incremento de cargas derivado de la modificación de las condiciones económicas; cuando desaparezca este aumento de cargas, también deberá desaparecer la reducción fiscal. |
| --- | --- |

—

las excepciones en favor de las empresas beneficiarias han de haberse decidido en el momento de adopción del impuesto, o han de hacerse necesarias como consecuencia de una modificación significativa de las condiciones económicas que coloque a las empresas en una situación competitiva especialmente difícil; en esta última hipótesis, el importe de la reducción fiscal no puede ser superior al incremento de cargas derivado de la modificación de las condiciones económicas; cuando desaparezca este aumento de cargas, también deberá desaparecer la reducción fiscal.

| (41) | Según las autoridades italianas, los impuestos específicos de los combustibles utilizados en la agricultura, especialmente el del gas de calefacción, pueden considerarse impuestos medioambientales (impuestos ecológicos) y tienen efectos positivos para el medio ambiente en la medida en que incitan a los productores a reducir el consumo de combustibles. |
| --- | --- |

(41)

Según las autoridades italianas, los impuestos específicos de los combustibles utilizados en la agricultura, especialmente el del gas de calefacción, pueden considerarse impuestos medioambientales (impuestos ecológicos) y tienen efectos positivos para el medio ambiente en la medida en que incitan a los productores a reducir el consumo de combustibles.

| (42) | En lo que respecta al punto 51.2, letra b), de las Directrices, conforme al cual las excepciones en favor de las empresas beneficiarias deben decidirse en el momento de adopción del impuesto, las autoridades italianas remiten a la decisión C(2005) 4436 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2005, según la cual «los impuestos afectados pueden no haber tenido un fin medioambiental explícito desde el principio; además, las exenciones se decidieron [...] mucho antes de la entrada en vigor de las Directrices de 2001. Por lo tanto, puede considerarse como si se hubieran decidido en el momento en que se adoptó el impuesto. Por lo tanto, de conformidad con el punto 51.2 de las Directrices, las disposiciones del punto 51.1 pueden aplicarse a las exenciones que deben evaluarse en la presente Decisión». Las autoridades italianas añaden que las reducciones de los impuestos especiales se adoptaron a raíz de una modificación de las condiciones económicas (en concreto, una subida exponencial del precio del petróleo) que colocó a los productores de cultivos hortícolas en invernadero en una situación de competencia especialmente delicada con respecto a los productores de cultivos al aire libre y que, en otros países, había hecho que las autoridades adoptasen medidas en favor de los explotaciones de invernaderos y el sector pesquero. Según ellas, el precio del gasóleo de calefacción evolucionó del siguiente modo, en el período considerado: + 37 % en 1999-2000, + 26 % en 1999-2001 y + 26 % en 1999-2002. Por su parte, la estructura de los precios fue la siguiente (en EUR/litro de media anual):








  EUR/litro |
| --- | --- |
| | Precio industrial | Impuestos | Precio al consumo |
| 1999 | 0,217 | 0,524 | 0,741 |
| 2000 | 0,342 | 0,523 | 0,865 |
| 2001 | 0,317 | 0,504 | 0,821 |
| 2002 | 0,292 | 0,542 | 0,834 |
| 2003 | 0,314 | 0,547 | 0,861 |
| 2004 | 0,354 | 0,555 | 0,909 |

(42)

En lo que respecta al punto 51.2, letra b), de las Directrices, conforme al cual las excepciones en favor de las empresas beneficiarias deben decidirse en el momento de adopción del impuesto, las autoridades italianas remiten a la decisión C(2005) 4436 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2005, según la cual «los impuestos afectados pueden no haber tenido un fin medioambiental explícito desde el principio; además, las exenciones se decidieron [...] mucho antes de la entrada en vigor de las Directrices de 2001. Por lo tanto, puede considerarse como si se hubieran decidido en el momento en que se adoptó el impuesto. Por lo tanto, de conformidad con el punto 51.2 de las Directrices, las disposiciones del punto 51.1 pueden aplicarse a las exenciones que deben evaluarse en la presente Decisión». Las autoridades italianas añaden que las reducciones de los impuestos especiales se adoptaron a raíz de una modificación de las condiciones económicas (en concreto, una subida exponencial del precio del petróleo) que colocó a los productores de cultivos hortícolas en invernadero en una situación de competencia especialmente delicada con respecto a los productores de cultivos al aire libre y que, en otros países, había hecho que las autoridades adoptasen medidas en favor de los explotaciones de invernaderos y el sector pesquero. Según ellas, el precio del gasóleo de calefacción evolucionó del siguiente modo, en el período considerado: + 37 % en 1999-2000, + 26 % en 1999-2001 y + 26 % en 1999-2002. Por su parte, la estructura de los precios fue la siguiente (en EUR/litro de media anual):

EUR/litro

Precio industrial

Impuestos

Precio al consumo

1999

0,217

0,524

0,741

2000

0,342

0,523

0,865

2001

0,317

0,504

0,821

2002

0,292

0,542

0,834

2003

0,314

0,547

0,861

2004

0,354

0,555

0,909

| (43) | Por lo demás, las autoridades italianas subrayan que, en cualquier caso, la aplicación del punto 51 de las Directrices obliga a las empresas a pagar una parte del impuesto. Así pues, según ellas, la medida adoptada por Italia puede ser compatible si los beneficiarios pagan el importe mínimo fijado a nivel comunitario (nivel mínimo que, según ellas, era de 13 EUR/1 000 kg en el período 2000-2003 y, después, de 21 EUR/1 000 kg). |
| --- | --- |

(43)

Por lo demás, las autoridades italianas subrayan que, en cualquier caso, la aplicación del punto 51 de las Directrices obliga a las empresas a pagar una parte del impuesto. Así pues, según ellas, la medida adoptada por Italia puede ser compatible si los beneficiarios pagan el importe mínimo fijado a nivel comunitario (nivel mínimo que, según ellas, era de 13 EUR/1 000 kg en el período 2000-2003 y, después, de 21 EUR/1 000 kg).

| (44) | Por último, en lo que se refiere al importe total de las ayudas concedidas, las autoridades italianas indican que las cifras que figuran en las diversas leyes de financiación son estimaciones basadas en las previsiones de consumo de combustibles de calefacción y que deben considerarse más como un lucro cesante que como una asignación de recursos. En su opinión, es difícil cuantificar por ahora la ventaja otorgada a cada productor habida cuenta de que la gestión del sistema de impuesto recae en las regiones, las provincias e, incluso, en los municipios. En cuanto se tengan las cifras, se comunicarán a la Comisión. |
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(44)

Por último, en lo que se refiere al importe total de las ayudas concedidas, las autoridades italianas indican que las cifras que figuran en las diversas leyes de financiación son estimaciones basadas en las previsiones de consumo de combustibles de calefacción y que deben considerarse más como un lucro cesante que como una asignación de recursos. En su opinión, es difícil cuantificar por ahora la ventaja otorgada a cada productor habida cuenta de que la gestión del sistema de impuesto recae en las regiones, las provincias e, incluso, en los municipios. En cuanto se tengan las cifras, se comunicarán a la Comisión.

IX.   CARTA ENVIADA EL 18 DE MAYO DE 2009

| (45) | En esa carta, las autoridades italianas comienzan afirmando nuevamente que los impuestos específicos constituían impuestos existentes y que, como tales, podían acogerse a las excepciones aplicables en virtud de las Directrices sobre ayudas estatales a favor del medio ambiente por los motivos expuestos en el considerando 42 anterior. |
| --- | --- |

(45)

En esa carta, las autoridades italianas comienzan afirmando nuevamente que los impuestos específicos constituían impuestos existentes y que, como tales, podían acogerse a las excepciones aplicables en virtud de las Directrices sobre ayudas estatales a favor del medio ambiente por los motivos expuestos en el considerando 42 anterior.

| (46) | Tras ese argumento, adjuntan un versión actualizada del cuadro reproducido en el considerando 42 de la presente exposición de motivos (la columna de los impuestos se divide en dos: una para los impuestos especiales y otra para el IVA). De acuerdo con este nuevo cuadro, la estructura de precios en el período considerado fue la siguiente (datos expresados en EUR/1 000 litros):









  EUR/1000 litros |
| --- | --- |
| | Precio industrial | IVA | Impuestos especiales | Precio al consumo |
| 1999 | 219,83 | 123,5 | 397,67 | 741 |
| 2000 | 344,35 | 144,1 | 375,92 | 864,33 |
| 2001 | 313,4 | 136,7 | 370,11 | 820,22 |
| 2002 | 293,31 | 139,7 | 405,24 | 838,26 |
| 2003 | 314,37 | 143,5 | 403,21 | 861,1 |
| 2004 | 355,01 | 151,6 | 403,21 | 909,86 |

(46)

Tras ese argumento, adjuntan un versión actualizada del cuadro reproducido en el considerando 42 de la presente exposición de motivos (la columna de los impuestos se divide en dos: una para los impuestos especiales y otra para el IVA). De acuerdo con este nuevo cuadro, la estructura de precios en el período considerado fue la siguiente (datos expresados en EUR/1 000 litros):

EUR/1000 litros

Precio industrial

IVA

Impuestos especiales

Precio al consumo

1999

219,83

123,5

397,67

741

2000

344,35

144,1

375,92

864,33

2001

313,4

136,7

370,11

820,22

2002

293,31

139,7

405,24

838,26

2003

314,37

143,5

403,21

861,1

2004

355,01

151,6

403,21

909,86

| (47) | Las autoridades italianas destacan que, entre 1999 y 2004, hubo un aumento constante de los precios al consumo del gasóleo de calefacción, con la salvedad de una pequeña contracción entre el año 2000 y el 2001. A continuación, repiten los argumentos señalados en los considerandos 42 y 43 de esta exposición de motivos. |
| --- | --- |

(47)

Las autoridades italianas destacan que, entre 1999 y 2004, hubo un aumento constante de los precios al consumo del gasóleo de calefacción, con la salvedad de una pequeña contracción entre el año 2000 y el 2001. A continuación, repiten los argumentos señalados en los considerandos 42 y 43 de esta exposición de motivos.

| (48) | En lo que respecta a la justificación de la medida a tenor del sistema fiscal italiano, las autoridades italianas precisan que, en Italia, las cantidades de combustible exentas se reparten en función a la superficie, la calidad de los cultivos y la dotación de equipos agrícolas utilizados. Por lo tanto, puede considerarse que la exención se calcula en función del tipo de actividad desarrollada y, en el caso de los cultivos en invernadero, de forma proporcional porque este tipo de cultivo tiene una fuerte dependencia del gasóleo y se caracteriza por condiciones de producción totalmente diferentes de las de los cultivos al aire libre. Además, la exención no favorece a un solo producto porque se aplica a todos los cultivos de invernadero y porque esta forma de producción puede considerarse una práctica difundida en todo el sector agrario. |
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(48)

En lo que respecta a la justificación de la medida a tenor del sistema fiscal italiano, las autoridades italianas precisan que, en Italia, las cantidades de combustible exentas se reparten en función a la superficie, la calidad de los cultivos y la dotación de equipos agrícolas utilizados. Por lo tanto, puede considerarse que la exención se calcula en función del tipo de actividad desarrollada y, en el caso de los cultivos en invernadero, de forma proporcional porque este tipo de cultivo tiene una fuerte dependencia del gasóleo y se caracteriza por condiciones de producción totalmente diferentes de las de los cultivos al aire libre. Además, la exención no favorece a un solo producto porque se aplica a todos los cultivos de invernadero y porque esta forma de producción puede considerarse una práctica difundida en todo el sector agrario.

| (49) | Por lo que se refiere, de manera más general, a la aplicabilidad del artículo 87, apartado 1, del Tratado, las autoridades italianas estiman que no se dan todas las condiciones señaladas en él por cuanto las exenciones no son selectivas ni falsean la competencia. |
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(49)

Por lo que se refiere, de manera más general, a la aplicabilidad del artículo 87, apartado 1, del Tratado, las autoridades italianas estiman que no se dan todas las condiciones señaladas en él por cuanto las exenciones no son selectivas ni falsean la competencia.

| (50) | Con relación a la cuestión de la selectividad, remiten a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-233/04 (9). En su apreciación (punto 86), el Tribunal considera lo siguiente: «A efectos de la aplicación del artículo 87 del Tratado, resulta irrelevante que la situación del supuesto beneficiario de la medida haya mejorado o se haya agravado respecto al régimen anterior o, por el contrario, haya permanecido inalterada. Procede examinar únicamente si en el marco de un régimen jurídico concreto, una medida estatal puede favorecer a “determinadas empresas o producciones” en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado en relación con otras empresas que se encuentren en una situación fáctica y jurídica comparable habida cuenta del objetivo perseguido por la medida en cuestión». |
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(50)

Con relación a la cuestión de la selectividad, remiten a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-233/04 (9). En su apreciación (punto 86), el Tribunal considera lo siguiente: «A efectos de la aplicación del artículo 87 del Tratado, resulta irrelevante que la situación del supuesto beneficiario de la medida haya mejorado o se haya agravado respecto al régimen anterior o, por el contrario, haya permanecido inalterada. Procede examinar únicamente si en el marco de un régimen jurídico concreto, una medida estatal puede favorecer a “determinadas empresas o producciones” en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado en relación con otras empresas que se encuentren en una situación fáctica y jurídica comparable habida cuenta del objetivo perseguido por la medida en cuestión».

| (51) | En opinión de las autoridades italianas, la exención aplicada al gasóleo utilizado en el ambiente protegido en que se cultivan los productos agrícolas no distingue en modo alguno entre las empresas que se encuentran en la misma situación jurídica y fáctica ni entre los productos, pues todas las empresas pueden beneficiarse de la exención, independientemente de los bienes producidos, cuando se abastecen de gasóleo para la producción en invernadero. |
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(51)

En opinión de las autoridades italianas, la exención aplicada al gasóleo utilizado en el ambiente protegido en que se cultivan los productos agrícolas no distingue en modo alguno entre las empresas que se encuentran en la misma situación jurídica y fáctica ni entre los productos, pues todas las empresas pueden beneficiarse de la exención, independientemente de los bienes producidos, cuando se abastecen de gasóleo para la producción en invernadero.

| (52) | En cuanto al falseamiento de la competencia, las autoridades italianas remiten a la decisión C(2008) 1105 de la Comisión, cuya considerando 43 reza como sigue: «Las exenciones totales y parciales concedidas por el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/81/CEE tienen la misma finalidad que las medidas contempladas en la Directiva 2003/96/CE y un alcance bastante inferior, por lo que puede decirse por analogía que no deberían de falsear indebidamente la competencia». |
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(52)

En cuanto al falseamiento de la competencia, las autoridades italianas remiten a la decisión C(2008) 1105 de la Comisión, cuya considerando 43 reza como sigue: «Las exenciones totales y parciales concedidas por el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/81/CEE tienen la misma finalidad que las medidas contempladas en la Directiva 2003/96/CE y un alcance bastante inferior, por lo que puede decirse por analogía que no deberían de falsear indebidamente la competencia».

| (53) | Añaden las autoridades italianas que, en el punto 32 de esa misma decisión, la Comisión considera que este tipo de medidas relacionadas con los combustibles utilizados en la producción agraria primaria no falsea indebidamente la competencia habida cuenta de lo reducido de las dimensiones de las explotaciones agrícolas de la Unión Europea (más del 60 % de ellas tienen menos de 5 hectáreas de superficie agrícola útil). Partiendo de esta consideración, subrayan que, basándose en ese criterio de tamaño, la exención en cuestión difícilmente puede falsear la competencia teniendo en cuenta que alrededor del 80 % de las explotaciones agrícolas italianas tienen menos de 5 hectáreas de superficie agrícola útil. |
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(53)

Añaden las autoridades italianas que, en el punto 32 de esa misma decisión, la Comisión considera que este tipo de medidas relacionadas con los combustibles utilizados en la producción agraria primaria no falsea indebidamente la competencia habida cuenta de lo reducido de las dimensiones de las explotaciones agrícolas de la Unión Europea (más del 60 % de ellas tienen menos de 5 hectáreas de superficie agrícola útil). Partiendo de esta consideración, subrayan que, basándose en ese criterio de tamaño, la exención en cuestión difícilmente puede falsear la competencia teniendo en cuenta que alrededor del 80 % de las explotaciones agrícolas italianas tienen menos de 5 hectáreas de superficie agrícola útil.

| (54) | Otro argumento utilizado por las autoridades italianas es que la cantidad de gasóleo que puede destinarse para la calefacción de 1 m3 de invernadero es solo de 2 litros. Además, según un estudio del Enama (Ente nazionale per la meccanizzazione agricola) sobre el consumo de gasóleo en 14 de las 20 regiones italianas, el gasóleo utilizado en invernaderos (167 436 001 litros) únicamente representó el 11,77 % del consumo total de gasóleo agrícola en 2002 y el 10,67 % en 2003. |
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(54)

Otro argumento utilizado por las autoridades italianas es que la cantidad de gasóleo que puede destinarse para la calefacción de 1 m3 de invernadero es solo de 2 litros. Además, según un estudio del Enama (Ente nazionale per la meccanizzazione agricola) sobre el consumo de gasóleo en 14 de las 20 regiones italianas, el gasóleo utilizado en invernaderos (167 436 001 litros) únicamente representó el 11,77 % del consumo total de gasóleo agrícola en 2002 y el 10,67 % en 2003.

| (55) | Las autoridades italianas, tras exponer estos argumentos para defender su tesis de que las exenciones en cuestión no reúnen las condiciones de ayuda estatal en la acepción del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, recalcan el carácter horizontal de las exenciones, insisten en que todos los productores agrícolas pueden beneficiarse de ellas solo con practicar el cultivo en invernadero y aducen que el criterio de no discriminación no puede aplicarse retroactivamente por motivos de confianza legítima y seguridad jurídica. |
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(55)

Las autoridades italianas, tras exponer estos argumentos para defender su tesis de que las exenciones en cuestión no reúnen las condiciones de ayuda estatal en la acepción del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, recalcan el carácter horizontal de las exenciones, insisten en que todos los productores agrícolas pueden beneficiarse de ellas solo con practicar el cultivo en invernadero y aducen que el criterio de no discriminación no puede aplicarse retroactivamente por motivos de confianza legítima y seguridad jurídica.

X.   EVALUACIÓN

| (56) | La presente decisión atañe a la diferencia entre las exenciones de los impuestos especiales aplicables al gasóleo utilizado para la calefacción de invernaderos y las aplicables al gasóleo utilizado como combustible. |
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(56)

La presente decisión atañe a la diferencia entre las exenciones de los impuestos especiales aplicables al gasóleo utilizado para la calefacción de invernaderos y las aplicables al gasóleo utilizado como combustible.

| (57) | Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por las autoridades italianas en sus respuestas a las aperturas del procedimiento, procede determinar en primer lugar si el régimen conlleva elementos que sean constitutivos de una ayuda estatal en la acepción del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. |
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(57)

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por las autoridades italianas en sus respuestas a las aperturas del procedimiento, procede determinar en primer lugar si el régimen conlleva elementos que sean constitutivos de una ayuda estatal en la acepción del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

| (58) | Según el artículo 87, apartado 1, del Tratado, son incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. |
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(58)

Según el artículo 87, apartado 1, del Tratado, son incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

| (59) | El régimen examinado corresponde a esa definición no solo porque se financia mediante fondos estatales (al eximir de los impuestos especiales, el Estado renuncia a ingresos que podría recaudar) sino también porque favorece a determinadas empresas (empresas del sector agrícolas dedicadas a la producción en invernaderos) y porque puede afectar a los intercambios comerciales y falsear la competencia en vista de la posición que ocupa Italia en la producción agrícola en invernadero (en 2000 y 2003, por ejemplo, Italia era el segundo país de la Unión con más superficie dedicada a la producción de hortalizas frescas en invernaderos; en 2000 y 2001, Italia era el primer productor hortícola de la Unión y, en el período abarcado por los procedimientos abiertos, era el segundo país europeo con más hectáreas dedicadas a los cultivos en invernadero). |
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(59)

El régimen examinado corresponde a esa definición no solo porque se financia mediante fondos estatales (al eximir de los impuestos especiales, el Estado renuncia a ingresos que podría recaudar) sino también porque favorece a determinadas empresas (empresas del sector agrícolas dedicadas a la producción en invernaderos) y porque puede afectar a los intercambios comerciales y falsear la competencia en vista de la posición que ocupa Italia en la producción agrícola en invernadero (en 2000 y 2003, por ejemplo, Italia era el segundo país de la Unión con más superficie dedicada a la producción de hortalizas frescas en invernaderos; en 2000 y 2001, Italia era el primer productor hortícola de la Unión y, en el período abarcado por los procedimientos abiertos, era el segundo país europeo con más hectáreas dedicadas a los cultivos en invernadero).

| (60) | Durante el proceso de examen del expediente, las autoridades italianas han expuesto una serie de argumentos para sustentar su tesis de que el régimen no conlleva elementos constitutivos de una ayuda estatal:






  — | conforme al acuerdo político alcanzado entre el Consejo y la Comisión en el Consejo ECOFIN del 19 de marzo de 2003, las excepciones al régimen [fiscal] general o las diferenciaciones dentro de dicho régimen que se justifiquen por el carácter o la estructura general del régimen fiscal, no suponen ayudas estatales; además, en Italia la exenciones se inscriben en la lógica del sistema fiscal porque son válidas para todos los tipos de producción en invernadero y porque las cantidades de combustible exentas de los impuestos especiales se reparten en función de la actividad ejercida, |
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(60)

Durante el proceso de examen del expediente, las autoridades italianas han expuesto una serie de argumentos para sustentar su tesis de que el régimen no conlleva elementos constitutivos de una ayuda estatal:

—

conforme al acuerdo político alcanzado entre el Consejo y la Comisión en el Consejo ECOFIN del 19 de marzo de 2003, las excepciones al régimen [fiscal] general o las diferenciaciones dentro de dicho régimen que se justifiquen por el carácter o la estructura general del régimen fiscal, no suponen ayudas estatales; además, en Italia la exenciones se inscriben en la lógica del sistema fiscal porque son válidas para todos los tipos de producción en invernadero y porque las cantidades de combustible exentas de los impuestos especiales se reparten en función de la actividad ejercida,

| — | según las estimaciones y los datos disponibles, el régimen previsto no afectaba al buen funcionamiento del mercado interior ni implicaba distorsiones de la competencia (véanse los considerandos 30 y 31), |
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según las estimaciones y los datos disponibles, el régimen previsto no afectaba al buen funcionamiento del mercado interior ni implicaba distorsiones de la competencia (véanse los considerandos 30 y 31),

| — | las exenciones no son selectivas ni distorsionan la competencia. |
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las exenciones no son selectivas ni distorsionan la competencia.

| (61) | En primer lugar, debe subrayarse que ningún acuerdo político puede modificar el concepto de ayuda definido de manera objetiva en el Tratado. |
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(61)

En primer lugar, debe subrayarse que ningún acuerdo político puede modificar el concepto de ayuda definido de manera objetiva en el Tratado.

| (62) | En lo que se refiere al argumento según el cual las exenciones están justificadas por la naturaleza o las características generales del sistemas fiscal, la Comisión estima que las exenciones específicas de impuestos especiales, limitadas a un producción dada (en este caso, la producción en invernaderos, que se ha beneficiado de exenciones superiores a las de los cultivos al aire libre) no pueden justificarse por la naturaleza y la lógica del sistema fiscal cuando el Derecho comunitario obliga a los Estados miembros a establecer, en principio, derechos especiales (10). Lo mismo cabe decir cuando el Derecho comunitario no prevé la concesión de tales exenciones. El argumento según el cual se benefician de las exenciones todos los cultivos en invernadero no es pertinente en este caso ya que ramas enteras de la producción agrícola han recibido exenciones inferiores a las otorgadas a los productores de invernadero y si, como afirman las autoridades italianas, las cantidades de combustible exentas se reparten en función de la actividad realizada, la lógica del sistema fiscal habría sido que la exención fuese la misma para todas las actividades basadas en el uso de gasóleo. |
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(62)

En lo que se refiere al argumento según el cual las exenciones están justificadas por la naturaleza o las características generales del sistemas fiscal, la Comisión estima que las exenciones específicas de impuestos especiales, limitadas a un producción dada (en este caso, la producción en invernaderos, que se ha beneficiado de exenciones superiores a las de los cultivos al aire libre) no pueden justificarse por la naturaleza y la lógica del sistema fiscal cuando el Derecho comunitario obliga a los Estados miembros a establecer, en principio, derechos especiales (10). Lo mismo cabe decir cuando el Derecho comunitario no prevé la concesión de tales exenciones. El argumento según el cual se benefician de las exenciones todos los cultivos en invernadero no es pertinente en este caso ya que ramas enteras de la producción agrícola han recibido exenciones inferiores a las otorgadas a los productores de invernadero y si, como afirman las autoridades italianas, las cantidades de combustible exentas se reparten en función de la actividad realizada, la lógica del sistema fiscal habría sido que la exención fuese la misma para todas las actividades basadas en el uso de gasóleo.

| (63) | La cuestión de la selectividad ya se ha analizado en el considerando 58 de la presente exposición de motivos. En cuanto a la referencia a la sentencia en el asunto T 233-04, la Comisión constata, a la vista de los considerandos 25 y 26 de esta exposición de motivos, que, si bien los agentes económicos del sector agrario que utilizan gasóleo han podido acogerse a exenciones, los productos de cultivos en invernadero se han beneficiado de exenciones aún mayores. Todos los agentes económicos se encontraban en una situación análoga a partir del momento en que utilizaban gasóleo para producir y, por lo tanto, tenían el mismo interés en el objetivo de la medida (atenuación de los efectos de la subida de los precios de los derivados del petróleo), independientemente de su condición jurídica. El que algunos se hayan beneficiado de exenciones más importantes que otros, en un situación análoga, demuestra que el régimen tiene un componente de selectividad. |
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(63)

La cuestión de la selectividad ya se ha analizado en el considerando 58 de la presente exposición de motivos. En cuanto a la referencia a la sentencia en el asunto T 233-04, la Comisión constata, a la vista de los considerandos 25 y 26 de esta exposición de motivos, que, si bien los agentes económicos del sector agrario que utilizan gasóleo han podido acogerse a exenciones, los productos de cultivos en invernadero se han beneficiado de exenciones aún mayores. Todos los agentes económicos se encontraban en una situación análoga a partir del momento en que utilizaban gasóleo para producir y, por lo tanto, tenían el mismo interés en el objetivo de la medida (atenuación de los efectos de la subida de los precios de los derivados del petróleo), independientemente de su condición jurídica. El que algunos se hayan beneficiado de exenciones más importantes que otros, en un situación análoga, demuestra que el régimen tiene un componente de selectividad.

| (64) | En lo que respecta al argumento de que el régimen no es perjudicial para el buen funcionamiento del mercado interior y no distorsiona la competencia, la Comisión refuta la tesis de las autoridades italianas por lo siguiente:






  — | la decisión a que se refieren las autoridades italianas en el considerando 52 de la presente exposición de motivos llega, efectivamente, a la conclusión de que existe una ayuda estatal y que puede aplicársele la excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, pero esa excepción no puede hacerse valer para demostrar la inexistencia de componentes de ayuda estatal en el régimen aquí examinado (esta consideración también es válida para el argumento de las autoridades italianas expuesto en el considerando 53), |
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(64)

En lo que respecta al argumento de que el régimen no es perjudicial para el buen funcionamiento del mercado interior y no distorsiona la competencia, la Comisión refuta la tesis de las autoridades italianas por lo siguiente:

—

la decisión a que se refieren las autoridades italianas en el considerando 52 de la presente exposición de motivos llega, efectivamente, a la conclusión de que existe una ayuda estatal y que puede aplicársele la excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, pero esa excepción no puede hacerse valer para demostrar la inexistencia de componentes de ayuda estatal en el régimen aquí examinado (esta consideración también es válida para el argumento de las autoridades italianas expuesto en el considerando 53),

| — | los datos indicados en el considerando 54 no son exhaustivos (catorce regiones de veinte) y no hay nada que permita decir que son representativos pues no es posible deducir si las regiones de las que se aportan datos son las regiones en las que más presentes están los cultivos en invernaderos. Además, los datos de consumo del sector agrario indican más bien que el gasóleo constituye un medio importante de producción agrícola. En cualquier caso, basta con que la ayuda refuerce la posición de una empresa con respecto a otras empresas que compiten con ella en los intercambios intracomunitarios para que la ayuda distorsione la competencia y altere los intercambios intracomunitarios (11). Esto sucede en el caso que nos ocupa dado que la exención concedida favorece a las empresas italianas que cultivan productos agrícolas en invernadero, en detrimento de las empresas del mismo sector radicadas en los demás Estados miembros. |
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los datos indicados en el considerando 54 no son exhaustivos (catorce regiones de veinte) y no hay nada que permita decir que son representativos pues no es posible deducir si las regiones de las que se aportan datos son las regiones en las que más presentes están los cultivos en invernaderos. Además, los datos de consumo del sector agrario indican más bien que el gasóleo constituye un medio importante de producción agrícola. En cualquier caso, basta con que la ayuda refuerce la posición de una empresa con respecto a otras empresas que compiten con ella en los intercambios intracomunitarios para que la ayuda distorsione la competencia y altere los intercambios intracomunitarios (11). Esto sucede en el caso que nos ocupa dado que la exención concedida favorece a las empresas italianas que cultivan productos agrícolas en invernadero, en detrimento de las empresas del mismo sector radicadas en los demás Estados miembros.

| (65) | Las autoridades italianas habían afirmado también, en respuesta a la primera apertura del procedimiento, que las ayudas no eran constitutivas de ayudas estatales sino que debían analizarse conforme a las Directivas 92/81/CEE y 2003/96/CE. Según ellas, esto era así por el mero hecho de que una Directiva europea prevé la posibilidad de conceder exenciones de impuestos. Este argumento fue aducido nuevamente en la respuesta al requerimiento de información que la Comisión les envió. |
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(65)

Las autoridades italianas habían afirmado también, en respuesta a la primera apertura del procedimiento, que las ayudas no eran constitutivas de ayudas estatales sino que debían analizarse conforme a las Directivas 92/81/CEE y 2003/96/CE. Según ellas, esto era así por el mero hecho de que una Directiva europea prevé la posibilidad de conceder exenciones de impuestos. Este argumento fue aducido nuevamente en la respuesta al requerimiento de información que la Comisión les envió.

| (66) | La Comisión no puede aceptar ese argumento. La Directiva 92/81/CEE precisa, en efecto, en su sexto considerando que, los Estados miembros deben poder aplicar, con carácter facultativo, otras exenciones [...] siempre que ello no dé lugar a distorsiones de la competencia. El artículo 8, apartado 2, de esa misma Directiva establece, además que, «sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias», los Estados miembros pueden aplicar exenciones o reducciones totales o parciales. Al hacer referencia a la existencia del riesgo de que se distorsione la competencia, la Directiva 92/81/CEE no excluye que las exenciones puedan constituir ayudas estatales. Procede recordar que las competencias de la Comisión en materia de ayudas estatales le han sido conferidas directamente por el Tratado y que no pueden ser limitadas por una Directiva cuya finalidad es la armonización de un impuesto a escala europea. |
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(66)

La Comisión no puede aceptar ese argumento. La Directiva 92/81/CEE precisa, en efecto, en su sexto considerando que, los Estados miembros deben poder aplicar, con carácter facultativo, otras exenciones [...] siempre que ello no dé lugar a distorsiones de la competencia. El artículo 8, apartado 2, de esa misma Directiva establece, además que, «sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias», los Estados miembros pueden aplicar exenciones o reducciones totales o parciales. Al hacer referencia a la existencia del riesgo de que se distorsione la competencia, la Directiva 92/81/CEE no excluye que las exenciones puedan constituir ayudas estatales. Procede recordar que las competencias de la Comisión en materia de ayudas estatales le han sido conferidas directamente por el Tratado y que no pueden ser limitadas por una Directiva cuya finalidad es la armonización de un impuesto a escala europea.

| (67) | Por otra parte, la Directiva 2003/96/CE indica, en sus considerandos 15 y 24, que las medidas encaminadas a aplicar niveles de imposición diferenciados deben ajustarse a las normas que regulan el mercado interior y la competencia para no ocasionar distorsiones de la competencia. La obligación de aplicar las normas de competencia está confirmada además por el artículo 26 de la misma Directiva, que señala que las medidas en cuestión pueden constituir ayudas estatales y que, en tal caso, deben notificarse a la Comisión en virtud del artículo 88, apartado 3, del Tratado CE. El citado artículo dispone explícitamente que la información facilitada a la Comisión sobre la base de la Directiva no exime a los Estados miembros de la obligación de notificación en virtud del artículo 88, apartado 3, del Tratado. |
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(67)

Por otra parte, la Directiva 2003/96/CE indica, en sus considerandos 15 y 24, que las medidas encaminadas a aplicar niveles de imposición diferenciados deben ajustarse a las normas que regulan el mercado interior y la competencia para no ocasionar distorsiones de la competencia. La obligación de aplicar las normas de competencia está confirmada además por el artículo 26 de la misma Directiva, que señala que las medidas en cuestión pueden constituir ayudas estatales y que, en tal caso, deben notificarse a la Comisión en virtud del artículo 88, apartado 3, del Tratado CE. El citado artículo dispone explícitamente que la información facilitada a la Comisión sobre la base de la Directiva no exime a los Estados miembros de la obligación de notificación en virtud del artículo 88, apartado 3, del Tratado.

| (68) | Por último, las propias autoridades italianas afirman (véase el considerando 39) que la aplicación de exenciones distorsiona la competencia, lo cual es una de las características de las ayudas estatales, en la acepción del artículo 87, apartado 1, del Tratado. |
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(68)

Por último, las propias autoridades italianas afirman (véase el considerando 39) que la aplicación de exenciones distorsiona la competencia, lo cual es una de las características de las ayudas estatales, en la acepción del artículo 87, apartado 1, del Tratado.

| (69) | Habida cuenta de todas estas consideraciones, la Comisión estima que las exenciones de los impuestos especiales aplicadas en el marco del régimen analizado constituyen ayudas estatales en la acepción del artículo 87, apartado 1, del Tratado. |
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(69)

Habida cuenta de todas estas consideraciones, la Comisión estima que las exenciones de los impuestos especiales aplicadas en el marco del régimen analizado constituyen ayudas estatales en la acepción del artículo 87, apartado 1, del Tratado.

| (70) | Ahora bien, en los supuestos del artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado, algunas medidas pueden considerarse, de forma excepcional, compatibles con el mercado común. |
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(70)

Ahora bien, en los supuestos del artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado, algunas medidas pueden considerarse, de forma excepcional, compatibles con el mercado común.

| (71) | En el presente caso, no son aplicables las excepciones previstas por el artículo 87, apartado 2, del Tratado, relativas a las ayudas de carácter social concedidas a consumidores individuales, a las ayudas destinadas a reparar los daños causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional y a las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania, sean quienes sean los beneficiarios. |
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(71)

En el presente caso, no son aplicables las excepciones previstas por el artículo 87, apartado 2, del Tratado, relativas a las ayudas de carácter social concedidas a consumidores individuales, a las ayudas destinadas a reparar los daños causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional y a las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania, sean quienes sean los beneficiarios.

| (72) | La Comisión considera que tampoco son aplicables las excepciones previstas por el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado, referidas a las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de determinadas regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, porque el régimen examinado no contempla ayudas para ese fin. |
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(72)

La Comisión considera que tampoco son aplicables las excepciones previstas por el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado, referidas a las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de determinadas regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, porque el régimen examinado no contempla ayudas para ese fin.

| (73) | Con respecto a la excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado, basta con subrayar que el régimen fiscal examinado no constituye un proyecto importante de interés común europeo ni pretende poner remedio a una grave perturbación de la economía italiana y, en cuanto a la prevista en el artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado, que la ayuda no se destina a promover la cultura y la conservación del patrimonio. |
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(73)

Con respecto a la excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado, basta con subrayar que el régimen fiscal examinado no constituye un proyecto importante de interés común europeo ni pretende poner remedio a una grave perturbación de la economía italiana y, en cuanto a la prevista en el artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado, que la ayuda no se destina a promover la cultura y la conservación del patrimonio.

| (74) | Así pues, la única excepción que se puede alegar es la prevista en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, según la cual pueden considerarse compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. |
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(74)

Así pues, la única excepción que se puede alegar es la prevista en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, según la cual pueden considerarse compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

| (75) | Dado que las ayudas del régimen examinado son ayudas no notificadas, su compatibilidad con el mercado común debe analizarse con arreglo a las normas sobre ayudas estatales vigentes cuando se concedieron, tal como precisa la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (12). |
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(75)

Dado que las ayudas del régimen examinado son ayudas no notificadas, su compatibilidad con el mercado común debe analizarse con arreglo a las normas sobre ayudas estatales vigentes cuando se concedieron, tal como precisa la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (12).

| (76) | Si bien es cierto que el considerando 172 de las nuevas Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 (13) considera compatibles con el mercado común, en el sentido del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, algunas ayudas concedidas ilegalmente después de la entrada en vigor de la Directiva 2003/96/CE, ello solo es válido cuando se hayan respetado las condiciones de esa Directiva y no se haya efectuado distinción alguna dentro del sector agrario. Lo mismo cabe decir de las ayudas concedidas ilegalmente al amparo de la Directiva 92/81/CEE. |
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(76)

Si bien es cierto que el considerando 172 de las nuevas Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 (13) considera compatibles con el mercado común, en el sentido del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, algunas ayudas concedidas ilegalmente después de la entrada en vigor de la Directiva 2003/96/CE, ello solo es válido cuando se hayan respetado las condiciones de esa Directiva y no se haya efectuado distinción alguna dentro del sector agrario. Lo mismo cabe decir de las ayudas concedidas ilegalmente al amparo de la Directiva 92/81/CEE.

| (77) | Según el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 92/81/CEE, «los Estados miembros aplicarán a los hidrocarburos un impuesto especial armonizado con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva». El apartado 2 de ese mismo artículo precisa que los Estados miembros fijarán sus tipos impositivos con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 92/82/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los tipos del impuesto especial sobre los hidrocarburos (14). |
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(77)

Según el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 92/81/CEE, «los Estados miembros aplicarán a los hidrocarburos un impuesto especial armonizado con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva». El apartado 2 de ese mismo artículo precisa que los Estados miembros fijarán sus tipos impositivos con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 92/82/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los tipos del impuesto especial sobre los hidrocarburos (14).

| (78) | La Directiva 92/82/CEE prevé, en el artículo 5, apartado 2, un tipo mínimo del impuesto especial de 18 ecus por 1 000 litros para el gasóleo usado en los motores fijos, el material y maquinaria utilizados en la construcción, la ingeniería civil y obras públicas o los vehículos destinados a ser utilizados fuera de las carreteras o que no hayan sido autorizados para un uso principal en las vías públicas. |
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(78)

La Directiva 92/82/CEE prevé, en el artículo 5, apartado 2, un tipo mínimo del impuesto especial de 18 ecus por 1 000 litros para el gasóleo usado en los motores fijos, el material y maquinaria utilizados en la construcción, la ingeniería civil y obras públicas o los vehículos destinados a ser utilizados fuera de las carreteras o que no hayan sido autorizados para un uso principal en las vías públicas.

| (79) | La Directiva 92/81/CEE precisa, en el artículo 2, apartado 2, que «los hidrocarburos distintos de aquéllos para los que se haya especificado un nivel de impuesto especial en la Directiva 92/82/CEE estarán sometidos al impuesto especial si se destinan al consumo, se ponen a la venta o se utilizan como combustible o como carburante. El tipo impositivo se fijará, en función de la utilización, al nivel del tipo aplicado al combustible o carburante equivalente» (el importe de 13 EUR indicado por las autoridades italianas, reseñado en el considerando 43, es el impuesto especial aplicable al combustible o un carburante equivalente, es decir, el impuesto especial sobre el fuelóleo pesado, fijado en 13 EUR por 1 000 kg en el artículo 6 de esa misma Directiva). |
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(79)

La Directiva 92/81/CEE precisa, en el artículo 2, apartado 2, que «los hidrocarburos distintos de aquéllos para los que se haya especificado un nivel de impuesto especial en la Directiva 92/82/CEE estarán sometidos al impuesto especial si se destinan al consumo, se ponen a la venta o se utilizan como combustible o como carburante. El tipo impositivo se fijará, en función de la utilización, al nivel del tipo aplicado al combustible o carburante equivalente» (el importe de 13 EUR indicado por las autoridades italianas, reseñado en el considerando 43, es el impuesto especial aplicable al combustible o un carburante equivalente, es decir, el impuesto especial sobre el fuelóleo pesado, fijado en 13 EUR por 1 000 kg en el artículo 6 de esa misma Directiva).

| (80) | Con todo, el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/81/CEE dispone que «sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias, los Estados miembros podrán aplicar exenciones o reducciones totales o parciales del tipo impositivo a los hidrocarburos u otros productos destinados al mismo uso que se utilicen bajo control fiscal [...] exclusivamente en la agricultura, horticultura, silvicultura y piscicultura de agua dulce». |
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(80)

Con todo, el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/81/CEE dispone que «sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias, los Estados miembros podrán aplicar exenciones o reducciones totales o parciales del tipo impositivo a los hidrocarburos u otros productos destinados al mismo uso que se utilicen bajo control fiscal [...] exclusivamente en la agricultura, horticultura, silvicultura y piscicultura de agua dulce».

| (81) | De conformidad con la Directiva 2003/96/CE, aplicable desde el 1 de enero de 2004 (15), el nivel mínimo de imposición del gasóleo de calefacción es de 21 EUR por 1 000 litros (artículo 9 de la Directiva leído en relación con el cuadro C del anexo I de esa misma Directiva). Esta Directiva tiene además una disposición análoga a la del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/81/CEE que reza así: «Los Estados miembros podrán aplicar un tipo impositivo cero a los productos energéticos y a la electricidad utilizados en labores agrarias, hortícolas, piscícolas y en silvicultura» (artículo 15, apartado 3). |
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(81)

De conformidad con la Directiva 2003/96/CE, aplicable desde el 1 de enero de 2004 (15), el nivel mínimo de imposición del gasóleo de calefacción es de 21 EUR por 1 000 litros (artículo 9 de la Directiva leído en relación con el cuadro C del anexo I de esa misma Directiva). Esta Directiva tiene además una disposición análoga a la del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/81/CEE que reza así: «Los Estados miembros podrán aplicar un tipo impositivo cero a los productos energéticos y a la electricidad utilizados en labores agrarias, hortícolas, piscícolas y en silvicultura» (artículo 15, apartado 3).

| (82) | Así pues, conforme a las dos Directivas antes citadas, era posible otorgar exenciones totales de los impuestos especiales. Sin embargo, como el régimen establece una distinción entre las exenciones que favorece a algunas empresas agrícolas, no puede ser declarado compatible con el mercado común de acuerdo con el punto 172 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 (16). |
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(82)

Así pues, conforme a las dos Directivas antes citadas, era posible otorgar exenciones totales de los impuestos especiales. Sin embargo, como el régimen establece una distinción entre las exenciones que favorece a algunas empresas agrícolas, no puede ser declarado compatible con el mercado común de acuerdo con el punto 172 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 (16).

| (83) | En todo el período abarcado por los dos procedimientos incoados en relación con las exenciones del impuesto especial (del 3 de octubre de 2000 al 31 de diciembre de 2004; véanse los considerandos 25 y 27), las reglas aplicables en materia de ayudas estatales eran las enunciadas en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (en lo sucesivo, «las Directrices agrícolas de 2000») (17). |
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(83)

En todo el período abarcado por los dos procedimientos incoados en relación con las exenciones del impuesto especial (del 3 de octubre de 2000 al 31 de diciembre de 2004; véanse los considerandos 25 y 27), las reglas aplicables en materia de ayudas estatales eran las enunciadas en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (en lo sucesivo, «las Directrices agrícolas de 2000») (17).

| (84) | La Comisión constata que, por su naturaleza (exenciones totales de los impuestos especiales), las ayudas constituyen ayudas estatales unilaterales, destinadas simplemente a mejorar la situación financiera de los productores sin que ello contribuya en modo alguno a desarrollar el sector. Esta constatación queda corroborada por el hecho de que, en la información complementaria de las autoridades italianas, estas explican que la concesión de las ayudas obedece a la subida del precio del petróleo (véase el considerando 39). |
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(84)

La Comisión constata que, por su naturaleza (exenciones totales de los impuestos especiales), las ayudas constituyen ayudas estatales unilaterales, destinadas simplemente a mejorar la situación financiera de los productores sin que ello contribuya en modo alguno a desarrollar el sector. Esta constatación queda corroborada por el hecho de que, en la información complementaria de las autoridades italianas, estas explican que la concesión de las ayudas obedece a la subida del precio del petróleo (véase el considerando 39).

| (85) | Según el punto 3.5 de las Directrices agrícolas de 2000, este tipo de ayudas deben considerarse ayudas de funcionamiento incompatibles con el mercado común. |
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(85)

Según el punto 3.5 de las Directrices agrícolas de 2000, este tipo de ayudas deben considerarse ayudas de funcionamiento incompatibles con el mercado común.

| (86) | Las Directrices agrícolas de 2000 admiten sin embargo, en el punto 5.5, una excepción a la regla del punto 3.5 para las ayudas de funcionamiento de carácter medioambiental. |
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(86)

Las Directrices agrícolas de 2000 admiten sin embargo, en el punto 5.5, una excepción a la regla del punto 3.5 para las ayudas de funcionamiento de carácter medioambiental.

| (87) | En el punto 5.5.4 de las Directrices agrícolas de 2000, en particular, referido al caso específico de las exenciones parciales o totales de los impuestos medioambientales, la Comisión, tras manifestar algunas reservas, afirma que puede admitirse ese tipo de ayudas cuando se cumplan estas tres condiciones:






  — | sean ayudas temporales (por un máximo de cinco años) y regresivas, |
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(87)

En el punto 5.5.4 de las Directrices agrícolas de 2000, en particular, referido al caso específico de las exenciones parciales o totales de los impuestos medioambientales, la Comisión, tras manifestar algunas reservas, afirma que puede admitirse ese tipo de ayudas cuando se cumplan estas tres condiciones:

—

sean ayudas temporales (por un máximo de cinco años) y regresivas,

| — | pueda demostrarse que son necesarias para compensar una pérdida de competitividad internacional, |
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—

pueda demostrarse que son necesarias para compensar una pérdida de competitividad internacional,

| — | el plan de ayuda constituya un incentivo real para reducir los factores de producción. |
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—

el plan de ayuda constituya un incentivo real para reducir los factores de producción.

| (88) | En el presente caso, la Comisión constata que las ayudas no son decrecientes pues, de la lectura de los diversos artículos de las Leyes financieras que establecen las exenciones del impuesto especial se deduce que la exención es parcial hasta el 31 de diciembre 2000 y, posteriormente, total en cada uno de los períodos indicados en el considerando 27. Además, las ayudas no eran temporales sino permanentes a lo largo de todo el período considerado, exceptuando el segundo semestre de 2001. Las autoridades italianas han argumentado la existencia de una situación delicada de competitividad (véase el considerando 42) pero sin proporcionar datos que demuestren una pérdida de competitividad. Por último, resulta inverosímil que un régimen de exenciones que, por definición, hace que los combustibles resulten más baratos, vaya a impulsar a los beneficiarios a reducir el consumo de los factores de producción (trátese de los invernaderos o, por extensión, de los propios combustibles si se los considera factores de producción). |
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(88)

En el presente caso, la Comisión constata que las ayudas no son decrecientes pues, de la lectura de los diversos artículos de las Leyes financieras que establecen las exenciones del impuesto especial se deduce que la exención es parcial hasta el 31 de diciembre 2000 y, posteriormente, total en cada uno de los períodos indicados en el considerando 27. Además, las ayudas no eran temporales sino permanentes a lo largo de todo el período considerado, exceptuando el segundo semestre de 2001. Las autoridades italianas han argumentado la existencia de una situación delicada de competitividad (véase el considerando 42) pero sin proporcionar datos que demuestren una pérdida de competitividad. Por último, resulta inverosímil que un régimen de exenciones que, por definición, hace que los combustibles resulten más baratos, vaya a impulsar a los beneficiarios a reducir el consumo de los factores de producción (trátese de los invernaderos o, por extensión, de los propios combustibles si se los considera factores de producción).

| (89) | Por consiguiente, las ayudas estatales examinadas no pueden justificarse exclusivamente arguyendo las disposiciones de las Directrices agrícolas de 2000 que permiten considerar compatibles con el mercado común algunas ayudas de funcionamiento. |
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(89)

Por consiguiente, las ayudas estatales examinadas no pueden justificarse exclusivamente arguyendo las disposiciones de las Directrices agrícolas de 2000 que permiten considerar compatibles con el mercado común algunas ayudas de funcionamiento.

| (90) | Dicho esto, el punto 5.6.2 de las Directrices agrícolas de 2000 contempla la posibilidad de evaluar individualmente las ayudas con arreglo a los principios expuestos en las Directrices sobre ayudas estatales de carácter medioambiental. |
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(90)

Dicho esto, el punto 5.6.2 de las Directrices agrícolas de 2000 contempla la posibilidad de evaluar individualmente las ayudas con arreglo a los principios expuestos en las Directrices sobre ayudas estatales de carácter medioambiental.

| (91) | Teniendo en cuenta el período abarcado por los dos procedimientos, las reglas en materia de ayudas estatales que deben considerarse para analizar la compatibilidad de las ayudas son las siguientes:






  — | para el período comprendido entre el 3 de octubre de 2000 y el 2 de febrero de 2001, las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (18) vigentes desde 1994 (en lo sucesivo, «las Directrices de 1994»), |
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(91)

Teniendo en cuenta el período abarcado por los dos procedimientos, las reglas en materia de ayudas estatales que deben considerarse para analizar la compatibilidad de las ayudas son las siguientes:

—

para el período comprendido entre el 3 de octubre de 2000 y el 2 de febrero de 2001, las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (18) vigentes desde 1994 (en lo sucesivo, «las Directrices de 1994»),

| — | para el período comprendido entre el 3 de febrero de 2001 y el 31 de diciembre de 2004, las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (19) vigentes desde el 3 de febrero de 2001 (en lo sucesivo, «las Directrices de 2001»). |
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—

para el período comprendido entre el 3 de febrero de 2001 y el 31 de diciembre de 2004, las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (19) vigentes desde el 3 de febrero de 2001 (en lo sucesivo, «las Directrices de 2001»).

| (92) | Según las Directrices de 1994 (punto 3.4), la Comisión puede aprobar excepciones al principio de prohibición de las ayudas de funcionamiento siempre y cuando estas se destinen solamente a compensar los costes adicionales con respecto a los tradicionales de producción, sean temporales y, en principio, decrecientes y constituyan un incentivo para reducir la contaminación o para hacer un uso más racional de los recursos. |
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(92)

Según las Directrices de 1994 (punto 3.4), la Comisión puede aprobar excepciones al principio de prohibición de las ayudas de funcionamiento siempre y cuando estas se destinen solamente a compensar los costes adicionales con respecto a los tradicionales de producción, sean temporales y, en principio, decrecientes y constituyan un incentivo para reducir la contaminación o para hacer un uso más racional de los recursos.

| (93) | En el mismo punto 3.4 se precisa que puede autorizarse la reducción temporal de nuevos impuestos ecológicos, siempre que sea necesario para compensar una pérdida de competitividad, especialmente a escala internacional. Otro factor que debe tenerse en cuenta es la contribución de las empresas a la reducción de la contaminación. Esta disposición se aplica también a las reducciones de impuestos instituidas por la normativa comunitaria. |
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(93)

En el mismo punto 3.4 se precisa que puede autorizarse la reducción temporal de nuevos impuestos ecológicos, siempre que sea necesario para compensar una pérdida de competitividad, especialmente a escala internacional. Otro factor que debe tenerse en cuenta es la contribución de las empresas a la reducción de la contaminación. Esta disposición se aplica también a las reducciones de impuestos instituidas por la normativa comunitaria.

| (94) | Aparte de que, como se indica en el análisis realizado con base en el punto 5.5.4 de las Directrices agrícolas de 2000, las ayudas no son temporales ni decrecientes ni constituyen un elemento incentivador, la Comisión observa que, en la información de que dispone, no hay nada que demuestre que las ayudas se circunscriban a compensar costes adicionales de producción que rebasen los tradicionales. Por lo tanto, no cumplen los requisitos señalados en el considerando 92 que permitirían considerarlas compatibles con el mercado común. |
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(94)

Aparte de que, como se indica en el análisis realizado con base en el punto 5.5.4 de las Directrices agrícolas de 2000, las ayudas no son temporales ni decrecientes ni constituyen un elemento incentivador, la Comisión observa que, en la información de que dispone, no hay nada que demuestre que las ayudas se circunscriban a compensar costes adicionales de producción que rebasen los tradicionales. Por lo tanto, no cumplen los requisitos señalados en el considerando 92 que permitirían considerarlas compatibles con el mercado común.

| (95) | Los requisitos expuestos en el considerando 93 no son aplicables al presente caso pues las ayudas no atañen a impuestos nuevos (los impuestos específicos existían ya antes del período al que se refieren los dos procedimientos: así, por ejemplo, el artículo 24, apartado 3, de la Ley no 388 de 23 de diciembre de 2000, que introduce la exención total del impuesto específico entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2001, hacía referencia a la Ley no 662 de 1996, que ya se refería a los impuestos específicos y que remitía a su vez al Decreto legislativo no 504/1995, que es el texto único que recopila todas las disposiciones legales en materia de impuestos sobre la producción y el consumo). La Comisión observa a este respecto que las autoridades italianas no han negado el carácter de impuestos preexistentes de los tributos que se examinan. Tampoco han alegado en ningún momento que fueran impuestos de creación reciente (véanse los considerandos 40 y 45). |
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(95)

Los requisitos expuestos en el considerando 93 no son aplicables al presente caso pues las ayudas no atañen a impuestos nuevos (los impuestos específicos existían ya antes del período al que se refieren los dos procedimientos: así, por ejemplo, el artículo 24, apartado 3, de la Ley no 388 de 23 de diciembre de 2000, que introduce la exención total del impuesto específico entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2001, hacía referencia a la Ley no 662 de 1996, que ya se refería a los impuestos específicos y que remitía a su vez al Decreto legislativo no 504/1995, que es el texto único que recopila todas las disposiciones legales en materia de impuestos sobre la producción y el consumo). La Comisión observa a este respecto que las autoridades italianas no han negado el carácter de impuestos preexistentes de los tributos que se examinan. Tampoco han alegado en ningún momento que fueran impuestos de creación reciente (véanse los considerandos 40 y 45).

| (96) | Las ayudas no pueden, pues, ser declaradas compatibles con el mercado común al amparo de las Directrices de 1994. |
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(96)

Las ayudas no pueden, pues, ser declaradas compatibles con el mercado común al amparo de las Directrices de 1994.

| (97) | Las Directrices de 2001 distinguen entre los impuestos nuevos (punto 51.1) y los preexistentes (puntos 51.2 y 52). |
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(97)

Las Directrices de 2001 distinguen entre los impuestos nuevos (punto 51.1) y los preexistentes (puntos 51.2 y 52).

| (98) | La Comisión considera que los impuestos especiales objeto de exención deben considerarse impuestos preexistentes al período considerado porque, al margen de las consideraciones expuestas en el considerando 95, las exenciones se aprobaron año tras año en las diversas leyes de financiación y no en una ley específica adoptada con exenciones automáticas en un momento dado del período considerado. Además, como se señala en el considerando 95, las autoridades italianas no han negado el carácter de impuestos preexistentes de los tributos que se examinan ni alegado en ningún momento que fueran impuestos de creación reciente. |
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(98)

La Comisión considera que los impuestos especiales objeto de exención deben considerarse impuestos preexistentes al período considerado porque, al margen de las consideraciones expuestas en el considerando 95, las exenciones se aprobaron año tras año en las diversas leyes de financiación y no en una ley específica adoptada con exenciones automáticas en un momento dado del período considerado. Además, como se señala en el considerando 95, las autoridades italianas no han negado el carácter de impuestos preexistentes de los tributos que se examinan ni alegado en ningún momento que fueran impuestos de creación reciente.

| (99) | Como ya se ha indicado en el considerando 40 de la presente exposición de motivos, el punto 51.2. de las Directrices de 2001 prevé la posibilidad de aplicar a los impuestos preexistentes los requisitos de autorización aplicables a los nuevos impuestos, enunciados en el punto 51.1, si se cumplen simultáneamente las dos condiciones siguientes:






  — | el impuesto en cuestión ha de producir un efecto positivo apreciable en términos de protección del medio ambiente, |
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(99)

Como ya se ha indicado en el considerando 40 de la presente exposición de motivos, el punto 51.2. de las Directrices de 2001 prevé la posibilidad de aplicar a los impuestos preexistentes los requisitos de autorización aplicables a los nuevos impuestos, enunciados en el punto 51.1, si se cumplen simultáneamente las dos condiciones siguientes:

—

el impuesto en cuestión ha de producir un efecto positivo apreciable en términos de protección del medio ambiente,

| — | las excepciones en favor de las empresas beneficiarias han de haberse decidido en el momento de adopción del impuesto, o han de hacerse necesarias como consecuencia de una modificación significativa de las condiciones económicas que coloque a las empresas en una situación competitiva especialmente difícil; en esta última hipótesis, el importe de la reducción fiscal no puede ser superior al incremento de cargas derivado de la modificación de las condiciones económicas; cuando desaparezca este aumento de cargas, también debe desaparecer la reducción fiscal. |
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—

las excepciones en favor de las empresas beneficiarias han de haberse decidido en el momento de adopción del impuesto, o han de hacerse necesarias como consecuencia de una modificación significativa de las condiciones económicas que coloque a las empresas en una situación competitiva especialmente difícil; en esta última hipótesis, el importe de la reducción fiscal no puede ser superior al incremento de cargas derivado de la modificación de las condiciones económicas; cuando desaparezca este aumento de cargas, también debe desaparecer la reducción fiscal.

| (100) | La Comisión puede aceptar que un impuesto como el impuesto especial sobre el gasóleo de calefacción, que hace que aumente el precio del gasóleo, puede hacer que los usuarios disminuyan el consumo de este producto, con las consiguientes repercusiones positivas para la protección del medio ambiente. Sin embargo, las exenciones fueron aprobadas año por año, salvo una interrupción entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2001 (véase el considerando 27 de la presente exposición de motivos), y las autoridades italianas no han demostrado ni aducido que dichas exenciones hubiesen sido aprobadas en el momento en que se aprobó el impuesto. Antes bien, han subrayado que las excepciones se habían aprobado para hacer frente a una situación puramente coyuntural como era la subida de los precios de los carburantes y combustibles. |
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(100)

La Comisión puede aceptar que un impuesto como el impuesto especial sobre el gasóleo de calefacción, que hace que aumente el precio del gasóleo, puede hacer que los usuarios disminuyan el consumo de este producto, con las consiguientes repercusiones positivas para la protección del medio ambiente. Sin embargo, las exenciones fueron aprobadas año por año, salvo una interrupción entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2001 (véase el considerando 27 de la presente exposición de motivos), y las autoridades italianas no han demostrado ni aducido que dichas exenciones hubiesen sido aprobadas en el momento en que se aprobó el impuesto. Antes bien, han subrayado que las excepciones se habían aprobado para hacer frente a una situación puramente coyuntural como era la subida de los precios de los carburantes y combustibles.

| (101) | No es posible aceptar el argumento de las autoridades italianas de que la Comisión debería analizar las exenciones como si hubiesen sido aprobadas en el momento en que se creó el impuesto. Las propias autoridades italianas basan ese argumento en la Decisión C(2005) 4436 de la Comisión (véase el considerando 42 de la presente exposición de motivos). Pues bien, en dicha Decisión (y, en concreto, en el considerando 74 de la misma), la Comisión fundamentaba sus conclusiones en que las exenciones se habían aprobado mucho antes de que entrasen en vigor las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente de 2001. En el caso que nos ocupa, es obligado reconocer sin embargo que las primeras exenciones se remontan al mes de octubre de 2000, es decir, poco antes de que entraran en vigor las citadas Directrices. Debe subrayar no obstante que las autoridades italianas no han alegado en ningún momento exenciones concedidas anteriormente. |
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(101)

No es posible aceptar el argumento de las autoridades italianas de que la Comisión debería analizar las exenciones como si hubiesen sido aprobadas en el momento en que se creó el impuesto. Las propias autoridades italianas basan ese argumento en la Decisión C(2005) 4436 de la Comisión (véase el considerando 42 de la presente exposición de motivos). Pues bien, en dicha Decisión (y, en concreto, en el considerando 74 de la misma), la Comisión fundamentaba sus conclusiones en que las exenciones se habían aprobado mucho antes de que entrasen en vigor las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente de 2001. En el caso que nos ocupa, es obligado reconocer sin embargo que las primeras exenciones se remontan al mes de octubre de 2000, es decir, poco antes de que entraran en vigor las citadas Directrices. Debe subrayar no obstante que las autoridades italianas no han alegado en ningún momento exenciones concedidas anteriormente.

| (102) | Con relación al segundo de los requisitos fijados en el punto 51.2, letra b), de las Directrices de 2001, las autoridades italianas no han aportado datos que demuestren la existencia de una modificación significativa de las condiciones económicas que hubiese colocado a las empresas en una situación competitiva especialmente difícil (véase el considerando 88 de la presente exposición de motivos) ni probado que el importe de la exención no fue superior al incremento de cargas derivado de la modificación de las condiciones económicas. En lo que respecta, en particular, a la cuestión de la situación competitiva, los datos de los cuadros reproducidos en los considerandos 42 y 46 de la presente exposición de motivos no contienen ningún elemento de comparación y, por ende, no ponen de manifiesto ningún empeoramiento de la situación competitiva de las empresas italianas dedicadas a los cultivos de invernadero. A este respecto, cabe señalar que la subida de los precios de los productos petrolíferos afectó a toda Europa, no solo a Italia. |
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(102)

Con relación al segundo de los requisitos fijados en el punto 51.2, letra b), de las Directrices de 2001, las autoridades italianas no han aportado datos que demuestren la existencia de una modificación significativa de las condiciones económicas que hubiese colocado a las empresas en una situación competitiva especialmente difícil (véase el considerando 88 de la presente exposición de motivos) ni probado que el importe de la exención no fue superior al incremento de cargas derivado de la modificación de las condiciones económicas. En lo que respecta, en particular, a la cuestión de la situación competitiva, los datos de los cuadros reproducidos en los considerandos 42 y 46 de la presente exposición de motivos no contienen ningún elemento de comparación y, por ende, no ponen de manifiesto ningún empeoramiento de la situación competitiva de las empresas italianas dedicadas a los cultivos de invernadero. A este respecto, cabe señalar que la subida de los precios de los productos petrolíferos afectó a toda Europa, no solo a Italia.

| (103) | Dado que no se cumple una de las dos condiciones contempladas en el considerando 99 de la presente exposición de motivos, no es posible aplicar las disposiciones del punto 51.2 de las Directrices de 2001 y, por consiguiente, tampoco las del punto 51.1. |
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(103)

Dado que no se cumple una de las dos condiciones contempladas en el considerando 99 de la presente exposición de motivos, no es posible aplicar las disposiciones del punto 51.2 de las Directrices de 2001 y, por consiguiente, tampoco las del punto 51.1.

| (104) | Subsidiariamente, aun cuando fuesen de aplicación las disposiciones del punto 51.2, las exenciones examinadas no podrían considerarse admisibles por lo dispuesto en el punto 51.1, que reza como sigue:
  «Cuando un Estado miembro introduzca un nuevo impuesto por razones medioambientales en un sector de actividad o en relación con productos, que no sea objeto de armonización fiscal comunitaria, o cuando el impuesto contemplado por el Estado miembro sea superior al impuesto establecido por la norma comunitaria, la Comisión considera que son dos las hipótesis en las que se pueden justificar decisiones de exención de diez años de duración, sin posibilidad de reducción gradual:






  a) | si estas exenciones están supeditadas a la celebración de acuerdos entre el Estado miembro interesado y las empresas beneficiarias en virtud de los cuales las empresas o asociaciones de empresas se comprometan a alcanzar objetivos de protección del medio ambiente durante el período de concesión de las exenciones, estos acuerdos podrán referirse, en particular, a la reducción del consumo de energía, la reducción de las emisiones u otras medidas en favor del medio ambiente; el contenido de dichos acuerdos deberá ser negociado por cada Estado miembro y será evaluado por la Comisión al notificarse los proyectos de ayuda; el Estado miembro deberá organizar un minucioso seguimiento del cumplimiento de los compromisos suscritos por las empresas o asociaciones de empresas; los acuerdos celebrados entre el Estado miembro y las empresas de que se trate deberán contemplar las modalidades de sanción en caso de incumplimiento de los compromisos.
  Estas disposiciones son igualmente de aplicación cuando un Estado miembro supedita una reducción fiscal al cumplimiento de condiciones que tengan las mismas repercusiones que los acuerdos o compromisos anteriores; |
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(104)

Subsidiariamente, aun cuando fuesen de aplicación las disposiciones del punto 51.2, las exenciones examinadas no podrían considerarse admisibles por lo dispuesto en el punto 51.1, que reza como sigue:

«Cuando un Estado miembro introduzca un nuevo impuesto por razones medioambientales en un sector de actividad o en relación con productos, que no sea objeto de armonización fiscal comunitaria, o cuando el impuesto contemplado por el Estado miembro sea superior al impuesto establecido por la norma comunitaria, la Comisión considera que son dos las hipótesis en las que se pueden justificar decisiones de exención de diez años de duración, sin posibilidad de reducción gradual:

a)

si estas exenciones están supeditadas a la celebración de acuerdos entre el Estado miembro interesado y las empresas beneficiarias en virtud de los cuales las empresas o asociaciones de empresas se comprometan a alcanzar objetivos de protección del medio ambiente durante el período de concesión de las exenciones, estos acuerdos podrán referirse, en particular, a la reducción del consumo de energía, la reducción de las emisiones u otras medidas en favor del medio ambiente; el contenido de dichos acuerdos deberá ser negociado por cada Estado miembro y será evaluado por la Comisión al notificarse los proyectos de ayuda; el Estado miembro deberá organizar un minucioso seguimiento del cumplimiento de los compromisos suscritos por las empresas o asociaciones de empresas; los acuerdos celebrados entre el Estado miembro y las empresas de que se trate deberán contemplar las modalidades de sanción en caso de incumplimiento de los compromisos.

Estas disposiciones son igualmente de aplicación cuando un Estado miembro supedita una reducción fiscal al cumplimiento de condiciones que tengan las mismas repercusiones que los acuerdos o compromisos anteriores;

| b) | es posible que estas exenciones no estén supeditadas a la celebración de acuerdos entre el Estado miembro y las empresas beneficiarias si se cumplen las condiciones alternativas siguientes:






  — | cuando la reducción se refiera a un impuesto comunitario, el importe pagado realmente por las empresas tras la reducción ha de seguir siendo claramente superior al mínimo comunitario, con el fin de incitar a las empresas a actuar en pos de la mejora de la protección del medio ambiente, |
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b)

es posible que estas exenciones no estén supeditadas a la celebración de acuerdos entre el Estado miembro y las empresas beneficiarias si se cumplen las condiciones alternativas siguientes:

—

cuando la reducción se refiera a un impuesto comunitario, el importe pagado realmente por las empresas tras la reducción ha de seguir siendo claramente superior al mínimo comunitario, con el fin de incitar a las empresas a actuar en pos de la mejora de la protección del medio ambiente,

| — | cuando la reducción se refiera a un impuesto nacional recaudado en ausencia de impuesto comunitario, las empresas beneficiarias de la reducción han de abonar, sin embargo, una parte significativa del impuesto nacional.». |
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—

cuando la reducción se refiera a un impuesto nacional recaudado en ausencia de impuesto comunitario, las empresas beneficiarias de la reducción han de abonar, sin embargo, una parte significativa del impuesto nacional.».

| (105) | Ciertamente, en el presente caso, los impuestos especiales aplicados eran superiores (antes de las exenciones o reducciones) al nivel de tributación armonizado (véanse los considerandos 43 y 46), pero no se celebraron los acuerdos previstos en el punto 51.1, letra a), entre el Estado miembro y los beneficiarios ni estos últimos suscribieron espontáneamente dichos acuerdos (no se notificó ningún acuerdo a la Comisión). De hecho, las autoridades italianas han explicado que las exenciones impugnadas se concedieron para hacer frente a una coyuntura difícil y nunca han hecho referencia a ninguna contrapartida medioambiental que se hubiese exigido a los beneficiarios. |
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(105)

Ciertamente, en el presente caso, los impuestos especiales aplicados eran superiores (antes de las exenciones o reducciones) al nivel de tributación armonizado (véanse los considerandos 43 y 46), pero no se celebraron los acuerdos previstos en el punto 51.1, letra a), entre el Estado miembro y los beneficiarios ni estos últimos suscribieron espontáneamente dichos acuerdos (no se notificó ningún acuerdo a la Comisión). De hecho, las autoridades italianas han explicado que las exenciones impugnadas se concedieron para hacer frente a una coyuntura difícil y nunca han hecho referencia a ninguna contrapartida medioambiental que se hubiese exigido a los beneficiarios.

| (106) | La alternativa a la celebración de acuerdos prevista en el punto 51.1, letra b), no puede ser aplicada en el presente caso dado que, en la parte del período considerado que es posterior a la entrada en vigor de las Directrices de 2001, los productores de cultivos en invernadero disfrutaron de una exención total de los impuestos especiales y, por lo tanto, no pagaron un importe superior al mínimo comunitario (20), con el fin de animarles a actuar en pos de la mejora de la protección del medio ambiente según lo previsto por las Directrices cuando la reducción atañe a un impuesto comunitario. |
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(106)

La alternativa a la celebración de acuerdos prevista en el punto 51.1, letra b), no puede ser aplicada en el presente caso dado que, en la parte del período considerado que es posterior a la entrada en vigor de las Directrices de 2001, los productores de cultivos en invernadero disfrutaron de una exención total de los impuestos especiales y, por lo tanto, no pagaron un importe superior al mínimo comunitario (20), con el fin de animarles a actuar en pos de la mejora de la protección del medio ambiente según lo previsto por las Directrices cuando la reducción atañe a un impuesto comunitario.

| (107) | El punto 52 de las Directrices de 2001 indica, sin embargo que si un impuesto existente es objeto de un aumento significativo y el Estado miembro estima que es preciso establecer excepciones para determinadas empresas, son aplicables por analogía las condiciones contempladas en el punto 51.1 para los nuevos impuestos. Debe pues determinarse si los impuestos especiales fueron objeto de un aumento significativo. |
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(107)

El punto 52 de las Directrices de 2001 indica, sin embargo que si un impuesto existente es objeto de un aumento significativo y el Estado miembro estima que es preciso establecer excepciones para determinadas empresas, son aplicables por analogía las condiciones contempladas en el punto 51.1 para los nuevos impuestos. Debe pues determinarse si los impuestos especiales fueron objeto de un aumento significativo.

| (108) | De la lectura del cuadro reproducido en el punto 46 de la presente exposición de motivos se desprende que los impuestos especiales no aumentaron de forma significativa pues registraron la siguiente evolución: – 5,4 % en el período 1999-2000, – 6,98 % en el período 1999-2001, + 1,9 % en el período 1999-2002 y + 1,3 % en el período 1999-2003. La evolución interanual fue la siguiente: – 5,4 % entre 1999 y 2000, – 1,6 % entre 2000 y 2001, + 9,5 % entre 2001 y 2002 y – 0,5 % entre 2002 y 2003. Es claro pues que los impuestos especiales disminuyeron año tras año, salvo entre el 2001 y el 2002, aunque la subida registrada en este período no puede ser considerada significativa dado que, en realidad, no tuvo prácticamente ninguna repercusión en el evolución de los precios al consumo del gasóleo de calefacción (según los datos del cuadro, los precios al consumo del gasóleo de calefacción en esos dos años aumentaron solo un 2,2 %). En este caso no se pueden pues aplicar las disposiciones del punto 52 de las Directrices de 2001. |
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(108)

De la lectura del cuadro reproducido en el punto 46 de la presente exposición de motivos se desprende que los impuestos especiales no aumentaron de forma significativa pues registraron la siguiente evolución: – 5,4 % en el período 1999-2000, – 6,98 % en el período 1999-2001, + 1,9 % en el período 1999-2002 y + 1,3 % en el período 1999-2003. La evolución interanual fue la siguiente: – 5,4 % entre 1999 y 2000, – 1,6 % entre 2000 y 2001, + 9,5 % entre 2001 y 2002 y – 0,5 % entre 2002 y 2003. Es claro pues que los impuestos especiales disminuyeron año tras año, salvo entre el 2001 y el 2002, aunque la subida registrada en este período no puede ser considerada significativa dado que, en realidad, no tuvo prácticamente ninguna repercusión en el evolución de los precios al consumo del gasóleo de calefacción (según los datos del cuadro, los precios al consumo del gasóleo de calefacción en esos dos años aumentaron solo un 2,2 %). En este caso no se pueden pues aplicar las disposiciones del punto 52 de las Directrices de 2001.

| (109) | Por último, el punto 53 de las Directrices de 2001 indica que «si las reducciones afectan a un impuesto que es objeto de armonización comunitaria, y si el impuesto nacional es inferior o igual al comunitario [...] las posibles exenciones deberán cumplir los requisitos anteriormente citados en los puntos 45 y 46, y, en cualquier caso, ser objeto de una autorización expresa para no aplicar el mínimo comunitario». |
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(109)

Por último, el punto 53 de las Directrices de 2001 indica que «si las reducciones afectan a un impuesto que es objeto de armonización comunitaria, y si el impuesto nacional es inferior o igual al comunitario [...] las posibles exenciones deberán cumplir los requisitos anteriormente citados en los puntos 45 y 46, y, en cualquier caso, ser objeto de una autorización expresa para no aplicar el mínimo comunitario».

| (110) | Según el punto 45 de las Directrices de 2001, la duración máxima es de cinco años en caso de ayuda decreciente y su intensidad puede ser del 100 % de los costes adicionales (21) el primer año, aunque debe reducirse de manera lineal hasta alcanzar el tipo cero al final del quinto año. |
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(110)

Según el punto 45 de las Directrices de 2001, la duración máxima es de cinco años en caso de ayuda decreciente y su intensidad puede ser del 100 % de los costes adicionales (21) el primer año, aunque debe reducirse de manera lineal hasta alcanzar el tipo cero al final del quinto año.

| (111) | El punto 46 de las Directrices de 2001 indica que, en el caso de las ayudas no decrecientes, la duración de la ayuda debe limitarse a cinco años y su intensidad al 50 % de los costes adicionales. |
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(111)

El punto 46 de las Directrices de 2001 indica que, en el caso de las ayudas no decrecientes, la duración de la ayuda debe limitarse a cinco años y su intensidad al 50 % de los costes adicionales.

| (112) | En el presente caso, la Comisión ya ha determinado que las ayudas no eran decrecientes (véase el considerando 88 de la presente exposición de motivos). En consecuencia, solo se les podría aplicar el punto 46 de las Directrices. Empero, con la información proporcionada por las autoridades italianas, la Comisión no puede dictaminar que la intensidad de las ayudas se limita al 50 % de los costes de producción adicionales generados por los impuestos especiales en relación con los precios de mercado de los productos cultivados en invernadero. |
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(112)

En el presente caso, la Comisión ya ha determinado que las ayudas no eran decrecientes (véase el considerando 88 de la presente exposición de motivos). En consecuencia, solo se les podría aplicar el punto 46 de las Directrices. Empero, con la información proporcionada por las autoridades italianas, la Comisión no puede dictaminar que la intensidad de las ayudas se limita al 50 % de los costes de producción adicionales generados por los impuestos especiales en relación con los precios de mercado de los productos cultivados en invernadero.

| (113) | Así pues, las ayudas no pueden considerarse admisibles sobre la base de lo dispuesto en el punto 46 de las Directrices de 2001 ni, por ende, de lo dispuesto en el punto 53 de esas mismas Directrices. |
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(113)

Así pues, las ayudas no pueden considerarse admisibles sobre la base de lo dispuesto en el punto 46 de las Directrices de 2001 ni, por ende, de lo dispuesto en el punto 53 de esas mismas Directrices.

| (114) | Las consideraciones expuestas en los considerandos 94-112 de esta exposición de motivos demuestran que las ayudas examinadas no pueden ser declaradas compatibles con el mercado común sobre la base de las Directrices de 2001. |
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(114)

Las consideraciones expuestas en los considerandos 94-112 de esta exposición de motivos demuestran que las ayudas examinadas no pueden ser declaradas compatibles con el mercado común sobre la base de las Directrices de 2001.

| (115) | En lo que se refiere a los demás argumentos aducidos por las autoridades italianas en las distintas fases del expediente, la Comisión constata que no existen elementos que disipen las dudas expresadas en el considerando 34, letra b), de la presente exposición de motivos. El argumento recogido en el considerando 43 de esta exposición de motivos según el cual la medida adoptada por Italia puede ser compatible con el mercado común si los beneficiarios pagan el importe mínimo fijado a nivel comunitario no es pertinente ya que los productores de cultivos en invernadero disfrutaron de la exención completa de los impuestos especiales prácticamente durante todo el período considerado y, por consiguiente, no pagaron impuestos. |
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(115)

En lo que se refiere a los demás argumentos aducidos por las autoridades italianas en las distintas fases del expediente, la Comisión constata que no existen elementos que disipen las dudas expresadas en el considerando 34, letra b), de la presente exposición de motivos. El argumento recogido en el considerando 43 de esta exposición de motivos según el cual la medida adoptada por Italia puede ser compatible con el mercado común si los beneficiarios pagan el importe mínimo fijado a nivel comunitario no es pertinente ya que los productores de cultivos en invernadero disfrutaron de la exención completa de los impuestos especiales prácticamente durante todo el período considerado y, por consiguiente, no pagaron impuestos.

| (116) | Por su parte, los argumentos del tercero interesado que envió observaciones tras la primera apertura del procedimiento no avalan la compatibilidad de las ayudas con el mercado común. Así, en lo que se refiere a la precariedad de la situación en que se encontrarían las empresas beneficiarias en caso de que las ayudas sean declaradas incompatibles y de que deban reintegrarlas, cabe recordar que es necesario recuperar las ayudas incompatibles para restablecer la situación que existía antes de que se concedieran, eliminando así el falseamiento de la competencia que implican. El que determinadas empresas dejen de ser rentables no es más que una consecuencia de la libre competencia que existe en condiciones normales de economía de mercado. Por otro lado, no hay nada que demuestre que la disminución del consumo de gasóleo hace que disminuya la calidad de los productos (como mucho, puede retrasar un poco la maduración o el crecimiento). En cuanto a la referencia a la situación de otros países para tratar de demostrar que no se ha producido un falseamiento de la competencia, el argumento no es de recibo. Baste señalar a este respecto que la exención permite mejorar la competitividad de los productores italianos de cultivos en invernadero frente a los productores de los demás países y que, por lo tanto, el punto de comparación debe ser la situación que existiría en Italia de no existir las exenciones. |
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(116)

Por su parte, los argumentos del tercero interesado que envió observaciones tras la primera apertura del procedimiento no avalan la compatibilidad de las ayudas con el mercado común. Así, en lo que se refiere a la precariedad de la situación en que se encontrarían las empresas beneficiarias en caso de que las ayudas sean declaradas incompatibles y de que deban reintegrarlas, cabe recordar que es necesario recuperar las ayudas incompatibles para restablecer la situación que existía antes de que se concedieran, eliminando así el falseamiento de la competencia que implican. El que determinadas empresas dejen de ser rentables no es más que una consecuencia de la libre competencia que existe en condiciones normales de economía de mercado. Por otro lado, no hay nada que demuestre que la disminución del consumo de gasóleo hace que disminuya la calidad de los productos (como mucho, puede retrasar un poco la maduración o el crecimiento). En cuanto a la referencia a la situación de otros países para tratar de demostrar que no se ha producido un falseamiento de la competencia, el argumento no es de recibo. Baste señalar a este respecto que la exención permite mejorar la competitividad de los productores italianos de cultivos en invernadero frente a los productores de los demás países y que, por lo tanto, el punto de comparación debe ser la situación que existiría en Italia de no existir las exenciones.

XI.   CONCLUSIÓN

| (117) | La Comisión constata que Italia ha ejecutado ilegalmente las ayudas analizadas, infringiendo el artículo 88, apartado 3, del Tratado. El análisis que precede demuestra que las ayudas no se pueden declarar compatibles con el mercado común porque no se ajustan a las Directrices agrícolas de 2000 y 2007 ni a las Directrices medioambientales de 1994 y 2001. Además, el análisis ha puesto de relieve que la mera existencia de directivas no puede justificar la aplicación de medidas que pueden originar distorsiones de competencia y las autoridades italianas no han disipado todas las dudas expuestas por la Comisión cuando incoó el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado. |
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(117)

La Comisión constata que Italia ha ejecutado ilegalmente las ayudas analizadas, infringiendo el artículo 88, apartado 3, del Tratado. El análisis que precede demuestra que las ayudas no se pueden declarar compatibles con el mercado común porque no se ajustan a las Directrices agrícolas de 2000 y 2007 ni a las Directrices medioambientales de 1994 y 2001. Además, el análisis ha puesto de relieve que la mera existencia de directivas no puede justificar la aplicación de medidas que pueden originar distorsiones de competencia y las autoridades italianas no han disipado todas las dudas expuestas por la Comisión cuando incoó el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado.

| (118) | De conformidad con el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999, cuando se adoptan decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decide que el Estado miembro tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda (en el presente caso, los productores de cultivos en invernadero). Italia debe pues tomar todas las medidas necesarias para obtener el reintegro de la ayuda incompatible concedida, cuyo importe corresponde a la diferencia entre la exención total de los impuestos especiales concedida y el porcentaje reducido del impuesto especial concedido a los demás agentes económicos del sector agrario. En virtud del punto 42 de la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una aplicación efectiva de las decisiones de la Comisión por las que se ordena a los Estados miembros que recuperen las ayudas estatales ilegales e incompatibles» (22), Italia dispone de cuatro meses para dar cumplimiento a la presente decisión a partir del día de entrada en vigor de la misma. Habrán de añadirse al importe recuperado los intereses, calculados de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento (CE) no 794/2004 (23) de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo. |
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(118)

De conformidad con el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999, cuando se adoptan decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decide que el Estado miembro tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda (en el presente caso, los productores de cultivos en invernadero). Italia debe pues tomar todas las medidas necesarias para obtener el reintegro de la ayuda incompatible concedida, cuyo importe corresponde a la diferencia entre la exención total de los impuestos especiales concedida y el porcentaje reducido del impuesto especial concedido a los demás agentes económicos del sector agrario. En virtud del punto 42 de la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una aplicación efectiva de las decisiones de la Comisión por las que se ordena a los Estados miembros que recuperen las ayudas estatales ilegales e incompatibles» (22), Italia dispone de cuatro meses para dar cumplimiento a la presente decisión a partir del día de entrada en vigor de la misma. Habrán de añadirse al importe recuperado los intereses, calculados de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento (CE) no 794/2004 (23) de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo.

| (119) | Ello no obstante, las ayudas individuales concedidas en el marco del régimen examinado, que, en el momento de su concesión, cumplían las condiciones fijadas por un Reglamento de la Comisión adoptado conforme al artículo 2 del Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo (24) (Reglamento de minimis), no se consideran ayudas estatales en la acepción del artículo 87, apartado 1, del Tratado. |
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(119)

Ello no obstante, las ayudas individuales concedidas en el marco del régimen examinado, que, en el momento de su concesión, cumplían las condiciones fijadas por un Reglamento de la Comisión adoptado conforme al artículo 2 del Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo (24) (Reglamento de minimis), no se consideran ayudas estatales en la acepción del artículo 87, apartado 1, del Tratado.

| (120) | En la época en que se concedieron las ayudas, aún no existían reglas comunitarias en materia de ayudas de minimis en el sector agrario. |
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(120)

En la época en que se concedieron las ayudas, aún no existían reglas comunitarias en materia de ayudas de minimis en el sector agrario.

| (121) | Las primeras reglas comunitarias aprobadas a ese respecto fueron las del Reglamento (CE) no 1860/2004 de la Comisión, de 6 de octubre de 2004, a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en los sectores agrario y pesquero (25). |
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(121)

Las primeras reglas comunitarias aprobadas a ese respecto fueron las del Reglamento (CE) no 1860/2004 de la Comisión, de 6 de octubre de 2004, a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en los sectores agrario y pesquero (25).

| (122) | Según el Reglamento (CE) no 1860/2004 de la Comisión, las ayudas que no excedan de 3 000 EUR por beneficiario durante un período de tres años (ese importe incluye la ayuda de minimis concedida a la empresa) no afectan al comercio entre los Estados miembros y no falsean ni amenazan con falsear la competencia y, por consiguiente, no entran dentro del ámbito de aplicación artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. |
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(122)

Según el Reglamento (CE) no 1860/2004 de la Comisión, las ayudas que no excedan de 3 000 EUR por beneficiario durante un período de tres años (ese importe incluye la ayuda de minimis concedida a la empresa) no afectan al comercio entre los Estados miembros y no falsean ni amenazan con falsear la competencia y, por consiguiente, no entran dentro del ámbito de aplicación artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

| (123) | En aplicación del artículo 5 del Reglamento (CE) no 1860/2004, lo mismo cabe decir de las ayudas concedidas antes de la entrada en vigor de ese Reglamento que cumplan todas las condiciones establecidas en los artículos 1 y 3 del mismo. |
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(123)

En aplicación del artículo 5 del Reglamento (CE) no 1860/2004, lo mismo cabe decir de las ayudas concedidas antes de la entrada en vigor de ese Reglamento que cumplan todas las condiciones establecidas en los artículos 1 y 3 del mismo.

| (124) | El 1 de enero de 2008, el Reglamento (CE) no 1860/2004 fue sustituido por el Reglamento (CE) no 1535/2007 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en el sector de la producción de productos agrícolas (26), que incrementó la cuantía de la ayuda de minimis a 7 500 EUR por beneficiario en el curso de tres ejercicios fiscales, independientemente de la forma de la ayuda o del objetivo perseguido, dentro de los límites de un importe máximo por Estado miembro del 0,75 % del valor de la producción anual. |
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(124)

El 1 de enero de 2008, el Reglamento (CE) no 1860/2004 fue sustituido por el Reglamento (CE) no 1535/2007 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en el sector de la producción de productos agrícolas (26), que incrementó la cuantía de la ayuda de minimis a 7 500 EUR por beneficiario en el curso de tres ejercicios fiscales, independientemente de la forma de la ayuda o del objetivo perseguido, dentro de los límites de un importe máximo por Estado miembro del 0,75 % del valor de la producción anual.

| (125) | El artículo 6, apartado 1, de ese Reglamento dispone lo siguiente: «El presente Reglamento será aplicable a las ayudas concedidas antes del 1 de enero de 2008 a las empresas del sector de la producción de productos agrícolas, siempre que dichas ayudas cumplan todas las condiciones establecidas en los artículos 1 a 4, con excepción del requisito de hacer referencia explícita al presente Reglamento, contemplado en el artículo 4, apartado 1, párrafo primero». |
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(125)

El artículo 6, apartado 1, de ese Reglamento dispone lo siguiente: «El presente Reglamento será aplicable a las ayudas concedidas antes del 1 de enero de 2008 a las empresas del sector de la producción de productos agrícolas, siempre que dichas ayudas cumplan todas las condiciones establecidas en los artículos 1 a 4, con excepción del requisito de hacer referencia explícita al presente Reglamento, contemplado en el artículo 4, apartado 1, párrafo primero».

| (126) | En ese contexto, la Comisión no considera ayudas estatales las desgravaciones fiscales de 3 000 EUR o menos que, en el momento de su concesión, se atengan a lo dispuesto por el Reglamento (CE) no 1860/2004 ni las de 7 500 EUR o menos que, en el momento de su concesión se atengan a lo dispuesto por el Reglamento (CE) no 1535/2007. |
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(126)

En ese contexto, la Comisión no considera ayudas estatales las desgravaciones fiscales de 3 000 EUR o menos que, en el momento de su concesión, se atengan a lo dispuesto por el Reglamento (CE) no 1860/2004 ni las de 7 500 EUR o menos que, en el momento de su concesión se atengan a lo dispuesto por el Reglamento (CE) no 1535/2007.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El régimen de ayudas en forma de exención de los impuestos especiales sobre el gasóleo utilizado para la calefacción de invernaderos aplicado ilegalmente por Italia del 3 de octubre de 2000 al 30 de junio de 2001 y en los años 2002, 2003 y 2004 es incompatible con el mercado común.

Artículo 2

1.   Italia deberá recuperar de los beneficiarios las ayudas incompatibles concedidas de conformidad con el régimen indicado en el artículo 1.

2.   Los importes que deben reintegrarse devengarán intereses a partir de la fecha en que fueron entregados a los beneficiarios y hasta el momento de su recuperación efectiva.

3.   Para el cálculo de los intereses se aplicará un tipo de interés compuesto, según lo dispuesto en el capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004.

Artículo 3

La recuperación de las ayudas concedidas en virtud del régimen mencionado en el artículo 1 será inmediata y efectiva.

Italia tomará las disposiciones necesarias para que la presente Decisión sea aplicada en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de notificación de la misma.

Artículo 4

En el plazo de dos meses a partir de la notificación de la presente Decisión, Italia presentará la siguiente información:

| a) | una lista de los beneficiarios que han recibido ayudas en virtud del régimen citado en el artículo 1, con el importe total de la ayuda recibida por cada uno de ellos; |
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a)

una lista de los beneficiarios que han recibido ayudas en virtud del régimen citado en el artículo 1, con el importe total de la ayuda recibida por cada uno de ellos;

| b) | el importe total (principal e intereses) que debe reintegrar cada beneficiario; |
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b)

el importe total (principal e intereses) que debe reintegrar cada beneficiario;

| c) | una descripción detallada de las medidas adoptadas y que se prevé adoptar para el cumplimiento de la presente Decisión; |
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c)

una descripción detallada de las medidas adoptadas y que se prevé adoptar para el cumplimiento de la presente Decisión;

| d) | documentos que demuestren que se ha ordenado a los beneficiarios que reintegren la ayuda. |
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d)

documentos que demuestren que se ha ordenado a los beneficiarios que reintegren la ayuda.

Italia mantendrá informada a la Comisión de las medidas nacionales que vaya adoptando para la aplicación de la presente Decisión hasta la recuperación completa de las ayudas del régimen a que se refiere el artículo 1. Presentará inmediatamente, a petición de la Comisión, información sobre las medidas ya adoptadas y previstas para dar cumplimiento a la presente Decisión. También proporcionará información detallada sobre los importes de la ayuda y los intereses ya reintegrados por los beneficiarios.

Artículo 5

El destinatario de la presente Decisión es la República Italiana.

Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2009.

Por la Comisión

Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión

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(1)  DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

1

(2)  Decisión C(2003) 3802, comunicada a Italia mediante carta SG(2003) D/232244 de 13 octubre de 2003.

2

(3)  DO C 69 de 19.3.2004, p. 8.

3

(4)  DO C 101 de 27.4.2005, p. 17.

4

(5)  DO C 37 de 3.2.2001, p. 3.

5

(6)  Carta SG-Greffe (2008) D/207739.

6

(7)  DO L 316 de 31.10.1992, p. 12.

7

(8)  DO L 283 de 31.10.2003, p. 51.

8

(9)  Sentencia del TPI de 10 de abril de 2008, Países Bajos/Comisión, Rec. p. II-00591.

9

(10)  Véase la Decisión 2006/323/CE de la Comisión (DO L 119 de 4.5.2006, p. 12).

10

(11)  TJCE, sentencia de 17 de septiembre de 1980, Philip Morris/Comisión, asunto 730/79.

11

(12)  DO C 119 de 22.5.2002, p. 22.

12

(13)  DO C 319 de 27.12.2006, p. 1.

13

(14)  DO L 316 de 31.10.1992, p. 19. El importe de los impuestos especiales sobre el gasóleo utilizado para la calefacción de invernaderos se indica en el considerando 43.

14

(15)  Salvo algunas de sus disposiciones que no son pertinentes en este caso.

15

(16)  Véase la nota a pie de página 13.

16

(17)  DO C 28 de 1.2.2000, p. 2.

17

(18)  DO C 72 de 10.3.1994, p. 3.

18

(19)  Véase la nota a pie de página 5.

19

(20)  13 EUR por 1 000 kg en el período 2000-2003 y 21 EUR por 1 000 litros (véase el considerando 43).

20

(21)  Según el punto 43 de las Directrices, por «costes adicionales» se entienden los costes de producción adicionales en relación con los precios de mercado de los productos.

21

(22)  DO C 272 de 15.11.2007, p. 4.

22

(23)  DO L 140 de 30.4.2004, p. 1.

23

(24)  DO L 142 de 14.5.1998, p. 1.

24

(25)  DO L 325 de 28.10.2004, p. 4.

25

(26)  DO L 337 de 21.12.2007, p. 35.

26

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| 12.12.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 327/21 |
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12.12.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 327/21

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DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 13 de julio de 2009

relativa a la reforma del método de financiación del régimen de pensiones de la RATP [Ayuda estatal C 42/07 (ex N 428/06)] que Francia tiene previsto ejecutar en favor de la RATP

[notificada con el número C(2009) 5505]

(El texto en lengua francesa es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2009/945/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),

Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con los citados artículos (1), y teniendo en cuenta dichas observaciones,

Considerando lo siguiente:

1.   PROCEDIMIENTO

| (1) | Por carta de 29 de junio de 2006, Francia notificó a la Comisión la reforma del método de financiación del régimen de pensiones de la RATP. En sendas cartas de 29 de septiembre y 15 de diciembre de 2006 y de 4 de abril de 2007, facilitó información complementaria a la Comisión. |
| --- | --- |

(1)

Por carta de 29 de junio de 2006, Francia notificó a la Comisión la reforma del método de financiación del régimen de pensiones de la RATP. En sendas cartas de 29 de septiembre y 15 de diciembre de 2006 y de 4 de abril de 2007, facilitó información complementaria a la Comisión.

| (2) | Por carta de 10 de octubre de 2007, la Comisión informó a Francia de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado con respecto a la medida notificada (en lo sucesivo, «la decisión de incoar el procedimiento»). |
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(2)

Por carta de 10 de octubre de 2007, la Comisión informó a Francia de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado con respecto a la medida notificada (en lo sucesivo, «la decisión de incoar el procedimiento»).

| (3) | La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 15 de enero de 2008 (2). |
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(3)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 15 de enero de 2008 (2).

| (4) | Las autoridades francesas presentaron sus observaciones el 22 de enero de 2008. |
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(4)

Las autoridades francesas presentaron sus observaciones el 22 de enero de 2008.

| (5) | El 19 de febrero de 2008, la Comisión recibió observaciones por parte de un interesado. Transmitió dichas observaciones a Francia dándole la posibilidad de comentarlas, y recibió sus comentarios por carta de 3 de abril de 2008. |
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(5)

El 19 de febrero de 2008, la Comisión recibió observaciones por parte de un interesado. Transmitió dichas observaciones a Francia dándole la posibilidad de comentarlas, y recibió sus comentarios por carta de 3 de abril de 2008.

| (6) | El 23 de abril de 2008, las autoridades francesas informaron a la Comisión de que el Gobierno francés había reformado los regímenes especiales de pensiones de las empresas públicas y, en concreto, el régimen de pensiones del personal de la RATP en el otoño de 2007. |
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(6)

El 23 de abril de 2008, las autoridades francesas informaron a la Comisión de que el Gobierno francés había reformado los regímenes especiales de pensiones de las empresas públicas y, en concreto, el régimen de pensiones del personal de la RATP en el otoño de 2007.

| (7) | El 6 de enero de 2009, la Comisión pidió información complementaria a las autoridades francesas, que respondieron por carta de 3 de marzo de 2009. |
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(7)

El 6 de enero de 2009, la Comisión pidió información complementaria a las autoridades francesas, que respondieron por carta de 3 de marzo de 2009.

2.   DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIARIO

| (8) | La Régie Autonome des Transports Parisiens (Administración Autónoma de los Transportes de París, en lo sucesivo «la RATP») es una empresa pública francesa propiedad exclusiva del Estado francés. Fue creada mediante la Ley no 48-506, de 21 de marzo de 1948, sobre la reorganización y la coordinación del transporte de viajeros en la región de París (loi no 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisiense) (3), y su objeto social es la explotación de las redes y líneas de transporte público de viajeros que le ha sido confiada (4). |
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(8)

La Régie Autonome des Transports Parisiens (Administración Autónoma de los Transportes de París, en lo sucesivo «la RATP») es una empresa pública francesa propiedad exclusiva del Estado francés. Fue creada mediante la Ley no 48-506, de 21 de marzo de 1948, sobre la reorganización y la coordinación del transporte de viajeros en la región de París (loi no 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisiense) (3), y su objeto social es la explotación de las redes y líneas de transporte público de viajeros que le ha sido confiada (4).

| (9) | La ley circunscribía las actividades de la RATP al transporte público en la región de París. Con arreglo al artículo 7 de la Ley no 48-506 de 21 de marzo de 1948, la RATP tiene por misión la explotación de las redes de transporte público de la ciudad de París y del departamento del Sena, así como de las líneas de Seine-et-Oise y Seine-et-Marne concedidas o arrendadas anteriormente a la Compagnie du chemin de fer métropolitain o a la Société des transports en commun de la région parisienne. Esta situación se confirmó mediante el citado Decreto legislativo no 59-151 de 7 de enero de 1959. |
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(9)

La ley circunscribía las actividades de la RATP al transporte público en la región de París. Con arreglo al artículo 7 de la Ley no 48-506 de 21 de marzo de 1948, la RATP tiene por misión la explotación de las redes de transporte público de la ciudad de París y del departamento del Sena, así como de las líneas de Seine-et-Oise y Seine-et-Marne concedidas o arrendadas anteriormente a la Compagnie du chemin de fer métropolitain o a la Société des transports en commun de la région parisienne. Esta situación se confirmó mediante el citado Decreto legislativo no 59-151 de 7 de enero de 1959.

| (10) | No obstante, la RATP puede ofrecer servicios fuera de Île-de-France a través de filiales (5). Actualmente, las filiales de la RATP, constituidas como sociedades anónimas, están agrupadas en tres grandes polos, que emplean a unos 2 050 trabajadores, de los cuales 170 han sido puestos a disposición por la empresa matriz:






  — | el polo de transporte, encabezado por RATP Développement SA, que en 2005 realizó un volumen de negocios consolidado de 57 millones EUR, de los cuales 4,7 millones EUR recayeron en el transporte internacional y 3,1 millones EUR en el transporte regional (Francia, excluida Île-de-France), |
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(10)

No obstante, la RATP puede ofrecer servicios fuera de Île-de-France a través de filiales (5). Actualmente, las filiales de la RATP, constituidas como sociedades anónimas, están agrupadas en tres grandes polos, que emplean a unos 2 050 trabajadores, de los cuales 170 han sido puestos a disposición por la empresa matriz:

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el polo de transporte, encabezado por RATP Développement SA, que en 2005 realizó un volumen de negocios consolidado de 57 millones EUR, de los cuales 4,7 millones EUR recayeron en el transporte internacional y 3,1 millones EUR en el transporte regional (Francia, excluida Île-de-France),

| — | el polo de ingeniería, encabezado por RATP International SA, cuyo volumen de negocios consolidado ascendió a 86 millones EUR en 2005 y cuyas actividades internacionales representan cerca del 80 % del total, situándose el resto en Francia, sobre todo fuera de Île-de-France, |
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el polo de ingeniería, encabezado por RATP International SA, cuyo volumen de negocios consolidado ascendió a 86 millones EUR en 2005 y cuyas actividades internacionales representan cerca del 80 % del total, situándose el resto en Francia, sobre todo fuera de Île-de-France,

| — | el polo de valorización de espacios, que agrupa en lo esencial a las filiales responsables del desarrollo inmobiliario (en los terrenos administrados por la RATP), de la valorización de los espacios comerciales en las estaciones de metro y de las actividades de telecomunicaciones, y cuyo volumen de negocios consolidado en 2005 se situó en 33 millones EUR, realizado exclusivamente en Île-de-France. |
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el polo de valorización de espacios, que agrupa en lo esencial a las filiales responsables del desarrollo inmobiliario (en los terrenos administrados por la RATP), de la valorización de los espacios comerciales en las estaciones de metro y de las actividades de telecomunicaciones, y cuyo volumen de negocios consolidado en 2005 se situó en 33 millones EUR, realizado exclusivamente en Île-de-France.

| (11) | El grupo RATP da empleo en total a unos 46 050 trabajadores, de los cuales 44 000 son personal estatutario de la RATP y los 2 050 restantes trabajan en las filiales de la RATP. |
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(11)

El grupo RATP da empleo en total a unos 46 050 trabajadores, de los cuales 44 000 son personal estatutario de la RATP y los 2 050 restantes trabajan en las filiales de la RATP.

| (12) | Las condiciones de trabajo del personal estatutario se fijan por reglamentación en el Estatuto del personal de la RATP (6). En cambio, las condiciones laborales de los 2 050 empleados de las filiales se fijan mediante convenio colectivo; por tanto, estos trabajadores no están sujetos al Estatuto del personal de la RATP. |
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(12)

Las condiciones de trabajo del personal estatutario se fijan por reglamentación en el Estatuto del personal de la RATP (6). En cambio, las condiciones laborales de los 2 050 empleados de las filiales se fijan mediante convenio colectivo; por tanto, estos trabajadores no están sujetos al Estatuto del personal de la RATP.

3.   DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN ÎLE-DE-FRANCE

| (13) | Actualmente, el mercado del transporte público en Île-de-France no está abierto a la competencia. Las licencias de explotación de las líneas de transporte público han sido atribuidas con arreglo al procedimiento previsto en el Decreto no 59-157, de 7 de enero de 1959, sobre la organización del transporte de viajeros en la región de Île-de-France (décret no 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France) (7), que repartió este mercado entre la RATP y las numerosas pequeñas empresas privadas tradicionales que entonces operaban en Île-de-France. |
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(13)

Actualmente, el mercado del transporte público en Île-de-France no está abierto a la competencia. Las licencias de explotación de las líneas de transporte público han sido atribuidas con arreglo al procedimiento previsto en el Decreto no 59-157, de 7 de enero de 1959, sobre la organización del transporte de viajeros en la región de Île-de-France (décret no 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France) (7), que repartió este mercado entre la RATP y las numerosas pequeñas empresas privadas tradicionales que entonces operaban en Île-de-France.

| (14) | Aparte de la RATP, un centenar de empresas prestan servicios de transporte público en Île-de-France: la SNCF y un conjunto de operadores privados agrupados en torno a la asociación OPTILE (unas 95 empresas, de las cuales tres grandes empresas de transporte en autobús: Veolia Transport, Keolis y Transdev). |
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(14)

Aparte de la RATP, un centenar de empresas prestan servicios de transporte público en Île-de-France: la SNCF y un conjunto de operadores privados agrupados en torno a la asociación OPTILE (unas 95 empresas, de las cuales tres grandes empresas de transporte en autobús: Veolia Transport, Keolis y Transdev).

| (15) | El Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 1191/69 y (CEE) no 1107/70 del Consejo [en lo sucesivo, «el Reglamento (CE) no 1370/2007»] (8), prevé la apertura gradual del mercado del transporte público. En virtud de su artículo 12, entrará en vigor el 3 de diciembre de 2009. |
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(15)

El Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 1191/69 y (CEE) no 1107/70 del Consejo [en lo sucesivo, «el Reglamento (CE) no 1370/2007»] (8), prevé la apertura gradual del mercado del transporte público. En virtud de su artículo 12, entrará en vigor el 3 de diciembre de 2009.

4.   PRESTACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LA RATP ANTES Y DESPUÉS DE LA REFORMA NOTIFICADA

| (16) | El régimen especial de pensiones está previsto en el artículo 31 de la citada Ley no 48-506 de 21 de marzo de 1948, completado por el Decreto no 59-1091 de 23 de septiembre de 1959, relativo al Estatuto de la RATP (décret no 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la RATP) (9). |
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(16)

El régimen especial de pensiones está previsto en el artículo 31 de la citada Ley no 48-506 de 21 de marzo de 1948, completado por el Decreto no 59-1091 de 23 de septiembre de 1959, relativo al Estatuto de la RATP (décret no 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la RATP) (9).

| (17) | El régimen de pensiones del personal de la RATP es un régimen especial con arreglo a los artículos L. 711-1 y R. 711-1 del Código de la Seguridad Social (Code de la sécurité sociale), que ofrece ventajas específicas con respecto a los regímenes de Derecho común. Se trata de un régimen reglamentario, es decir, lo fija el Estado por vía administrativa. Además, la evolución de los parámetros, las cotizaciones y las prestaciones, en particular, viene determinada por normas reglamentarias. |
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(17)

El régimen de pensiones del personal de la RATP es un régimen especial con arreglo a los artículos L. 711-1 y R. 711-1 del Código de la Seguridad Social (Code de la sécurité sociale), que ofrece ventajas específicas con respecto a los regímenes de Derecho común. Se trata de un régimen reglamentario, es decir, lo fija el Estado por vía administrativa. Además, la evolución de los parámetros, las cotizaciones y las prestaciones, en particular, viene determinada por normas reglamentarias.

| (18) | Hasta el 15 de enero de 2008, los rasgos específicos más importantes del régimen especial de pensiones del personal de la RATP con respecto a los regímenes de Derecho común se referían a las modalidades de cálculo del derecho a pensión y de liquidación de las pensiones. |
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(18)

Hasta el 15 de enero de 2008, los rasgos específicos más importantes del régimen especial de pensiones del personal de la RATP con respecto a los regímenes de Derecho común se referían a las modalidades de cálculo del derecho a pensión y de liquidación de las pensiones.

| (19) | A este respecto, los regímenes de pensiones de Derecho común establecen que el importe de la pensión se calcula sobre la base del salario medio de toda la carrera o de una parte de ella, así como en función de los años de cotización a la seguridad social o de la edad, aplicándose un descuento o una prima cuando no se alcanzan o se sobrepasan los valores fijados respecto a estos dos criterios. Así, en el régimen general, la pensión se calcula sobre la base del salario medio (incluidos los complementos) de los veinticinco mejores años de carrera (con un límite de salario anual), y el tipo aplicable a este salario es del 50 % (tipo máximo) si el afiliado acredita como mínimo cuarenta años de cotización. |
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(19)

A este respecto, los regímenes de pensiones de Derecho común establecen que el importe de la pensión se calcula sobre la base del salario medio de toda la carrera o de una parte de ella, así como en función de los años de cotización a la seguridad social o de la edad, aplicándose un descuento o una prima cuando no se alcanzan o se sobrepasan los valores fijados respecto a estos dos criterios. Así, en el régimen general, la pensión se calcula sobre la base del salario medio (incluidos los complementos) de los veinticinco mejores años de carrera (con un límite de salario anual), y el tipo aplicable a este salario es del 50 % (tipo máximo) si el afiliado acredita como mínimo cuarenta años de cotización.

| (20) | El régimen de pensiones de la RATP, en cambio, establecía que el personal estatutario tenía derecho, por cada año de cotización, al 2 % del salario base, sin complementos, percibido durante los últimos seis meses de actividad, con un límite de 37,5 anualidades. Por consiguiente, un empleado de la RATP recibía tras 37,5 años de trabajo una pensión equivalente al 75 % de su último salario, excluidos los complementos, lo que representa más o menos el 64,5 % de su último salario, incluidos los complementos. |
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(20)

El régimen de pensiones de la RATP, en cambio, establecía que el personal estatutario tenía derecho, por cada año de cotización, al 2 % del salario base, sin complementos, percibido durante los últimos seis meses de actividad, con un límite de 37,5 anualidades. Por consiguiente, un empleado de la RATP recibía tras 37,5 años de trabajo una pensión equivalente al 75 % de su último salario, excluidos los complementos, lo que representa más o menos el 64,5 % de su último salario, incluidos los complementos.

| (21) | Los elementos básicos más importantes de la reforma establecida por la Ley de 21 de agosto de 2003 (10) para la práctica totalidad de los regímenes de pensiones de base franceses se hicieron extensivos al régimen especial de pensiones de la RATP mediante los decretos no 2008-48 de 15 de enero de 2008 (11), no 2008-637 de 30 de junio de 2008 (12) y no 2008-1514 de 30 de diciembre de 2008 (13). Uno de los objetivos de esta reforma es armonizar los regímenes especiales con las normas de Derecho común de los regímenes de base de los asalariados del sector privado y de los funcionarios. En el caso del régimen especial de la RATP, el período de cotización necesario para obtener la pensión máxima se va incrementando progresivamente hasta llegar a las cuarenta anualidades en 2012; a partir de ahí, va aumentando a razón de un trimestre el 1 de julio de cada año hasta alcanzar el período requerido en el régimen general y en el régimen de la función pública (así, en el régimen especial deberían alcanzarse en 2016 los 41 años de cotización aplicables en 2012 en el régimen general y en el régimen de la función pública). |
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(21)

Los elementos básicos más importantes de la reforma establecida por la Ley de 21 de agosto de 2003 (10) para la práctica totalidad de los regímenes de pensiones de base franceses se hicieron extensivos al régimen especial de pensiones de la RATP mediante los decretos no 2008-48 de 15 de enero de 2008 (11), no 2008-637 de 30 de junio de 2008 (12) y no 2008-1514 de 30 de diciembre de 2008 (13). Uno de los objetivos de esta reforma es armonizar los regímenes especiales con las normas de Derecho común de los regímenes de base de los asalariados del sector privado y de los funcionarios. En el caso del régimen especial de la RATP, el período de cotización necesario para obtener la pensión máxima se va incrementando progresivamente hasta llegar a las cuarenta anualidades en 2012; a partir de ahí, va aumentando a razón de un trimestre el 1 de julio de cada año hasta alcanzar el período requerido en el régimen general y en el régimen de la función pública (así, en el régimen especial deberían alcanzarse en 2016 los 41 años de cotización aplicables en 2012 en el régimen general y en el régimen de la función pública).

5.   FINANCIACIÓN DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LA RATP ANTES Y DESPUÉS DE LA REFORMA NOTIFICADA

| (22) | El régimen de pensiones del personal de la RATP es un sistema de reparto por el cual las cotizaciones abonadas al seguro de vejez por los trabajadores en activo se utilizan con carácter inmediato para pagar las pensiones de los jubilados (14). |
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(22)

El régimen de pensiones del personal de la RATP es un sistema de reparto por el cual las cotizaciones abonadas al seguro de vejez por los trabajadores en activo se utilizan con carácter inmediato para pagar las pensiones de los jubilados (14).

| (23) | Hasta el 31 de diciembre de 2005, la RATP era responsable por ley del pago de los compromisos de las pensiones del régimen especial. Con arreglo al artículo 20 de la citada Ley de 1948, incumbía a la RATP garantizar el equilibrio financiero de su régimen especial de pensiones. |
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(23)

Hasta el 31 de diciembre de 2005, la RATP era responsable por ley del pago de los compromisos de las pensiones del régimen especial. Con arreglo al artículo 20 de la citada Ley de 1948, incumbía a la RATP garantizar el equilibrio financiero de su régimen especial de pensiones.

| (24) | De la gestión de este régimen especial de pensiones se ocupaba el servicio de pensiones de la RATP, que formaba parte de la entidad jurídica RATP. Este servicio percibía las cotizaciones del personal en activo de la RATP y la cotización empresarial de la propia RATP, y abonaba las pensiones a los beneficiarios del régimen. Los tipos de las cotizaciones de las pensiones (el 7,85 % en el caso de las cotizaciones salariales, y el 18 % en el caso de las cotizaciones empresariales) eran inferiores a los vigentes en el Derecho común (12 % en las cotizaciones salariales y 18 % en las cotizaciones empresariales). |
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(24)

De la gestión de este régimen especial de pensiones se ocupaba el servicio de pensiones de la RATP, que formaba parte de la entidad jurídica RATP. Este servicio percibía las cotizaciones del personal en activo de la RATP y la cotización empresarial de la propia RATP, y abonaba las pensiones a los beneficiarios del régimen. Los tipos de las cotizaciones de las pensiones (el 7,85 % en el caso de las cotizaciones salariales, y el 18 % en el caso de las cotizaciones empresariales) eran inferiores a los vigentes en el Derecho común (12 % en las cotizaciones salariales y 18 % en las cotizaciones empresariales).

| (25) | Durante muchos años, el régimen de pensiones de la RATP registró un déficit estructural por razones ligadas al desequilibrio demográfico entre trabajadores en activo y jubilados, a sus ventajas específicas con respecto al régimen general y, hasta el 31 de diciembre de 2005, a la fijación por norma de los tipos de las cotizaciones a las pensiones. El Estado subsanaba estos déficit sucesivos interviniendo sobre la base del artículo 2 del Decreto legislativo de 7 de enero de 1959 y del Decreto de 7 de enero de 1959 antes citados. |
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(25)

Durante muchos años, el régimen de pensiones de la RATP registró un déficit estructural por razones ligadas al desequilibrio demográfico entre trabajadores en activo y jubilados, a sus ventajas específicas con respecto al régimen general y, hasta el 31 de diciembre de 2005, a la fijación por norma de los tipos de las cotizaciones a las pensiones. El Estado subsanaba estos déficit sucesivos interviniendo sobre la base del artículo 2 del Decreto legislativo de 7 de enero de 1959 y del Decreto de 7 de enero de 1959 antes citados.

| (26) | El 29 de junio de 2006, Francia notificó la reforma del método de financiación del régimen de pensiones de la RATP. Según las autoridades francesas, esta reforma se inscribe en el marco de la evolución del contexto institucional del transporte urbano en Île-de-France en estos últimos diez años y de la preparación de la apertura del transporte urbano a la competencia. |
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(26)

El 29 de junio de 2006, Francia notificó la reforma del método de financiación del régimen de pensiones de la RATP. Según las autoridades francesas, esta reforma se inscribe en el marco de la evolución del contexto institucional del transporte urbano en Île-de-France en estos últimos diez años y de la preparación de la apertura del transporte urbano a la competencia.

| (27) | La reforma notificada se escalona en dos etapas. |
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(27)

La reforma notificada se escalona en dos etapas.

5.1.   CREACIÓN DE LA CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LA RATP EL 1 DE ENERO DE 2006

| (28) | El artículo 1 del Decreto no 2005-1635 de 26 de diciembre de 2005 (15) instituyó el 1 de enero de 2006 una caja de pensiones del personal de la RATP (en lo sucesivo, «la CRP-RATP»). |
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(28)

El artículo 1 del Decreto no 2005-1635 de 26 de diciembre de 2005 (15) instituyó el 1 de enero de 2006 una caja de pensiones del personal de la RATP (en lo sucesivo, «la CRP-RATP»).

| (29) | La CRP-RATP es un organismo de seguridad social de Derecho privado y tiene personalidad jurídica y autonomía jurídica y financiera respecto de la RATP. En virtud del artículo L711-1 del Código de la Seguridad Social, la CRP-RATP está dotada del conjunto de las atribuciones definidas en el artículo L111-1 del Código, que recuerda, en particular, que la organización de la seguridad social se basa en el principio de solidaridad nacional. Está sujeta a las normas del Código de la Seguridad Social, aplicable a todas las cajas autónomas de pensiones. Asimismo, está sujeta al control de las autoridades competentes del Estado, que están representadas por delegados del Gobierno. |
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(29)

La CRP-RATP es un organismo de seguridad social de Derecho privado y tiene personalidad jurídica y autonomía jurídica y financiera respecto de la RATP. En virtud del artículo L711-1 del Código de la Seguridad Social, la CRP-RATP está dotada del conjunto de las atribuciones definidas en el artículo L111-1 del Código, que recuerda, en particular, que la organización de la seguridad social se basa en el principio de solidaridad nacional. Está sujeta a las normas del Código de la Seguridad Social, aplicable a todas las cajas autónomas de pensiones. Asimismo, está sujeta al control de las autoridades competentes del Estado, que están representadas por delegados del Gobierno.

| (30) | En la fecha de su creación, la CRP-RATP pasó a ser, en sustitución de la RATP, el único responsable legal del pago de las pensiones de jubilación del personal estatutario. |
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(30)

En la fecha de su creación, la CRP-RATP pasó a ser, en sustitución de la RATP, el único responsable legal del pago de las pensiones de jubilación del personal estatutario.

| (31) | Por tanto, desde el 1 de enero de 2006, percibe una cotización liberatoria de la RATP correspondiente a las contribuciones de los afiliados en activo del régimen especial y a su cotización empresarial. Por otro lado, el nivel de estas cotizaciones se elevó, a partir de esa misma fecha, para equipararlo con el vigente en el Derecho común (16). Además de estas cotizaciones sociales de las pensiones, el Estado abona a la CRP-RATP una contribución para equilibrar sus cuentas. Esta subvención de equilibrio financia tanto el déficit demográfico del régimen especial como los derechos de pensiones específicos de este régimen. En 2006 y 2007, el Estado pagó una subvención de equilibrio de 390,11 y 414 millones EUR, respectivamente. |
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(31)

Por tanto, desde el 1 de enero de 2006, percibe una cotización liberatoria de la RATP correspondiente a las contribuciones de los afiliados en activo del régimen especial y a su cotización empresarial. Por otro lado, el nivel de estas cotizaciones se elevó, a partir de esa misma fecha, para equipararlo con el vigente en el Derecho común (16). Además de estas cotizaciones sociales de las pensiones, el Estado abona a la CRP-RATP una contribución para equilibrar sus cuentas. Esta subvención de equilibrio financia tanto el déficit demográfico del régimen especial como los derechos de pensiones específicos de este régimen. En 2006 y 2007, el Estado pagó una subvención de equilibrio de 390,11 y 414 millones EUR, respectivamente.

5.2.   VINCULACIÓN FINANCIERA DE LOS DERECHOS BÁSICOS DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA RATP A LOS REGÍMENES DE DERECHO COMÚN

| (32) | El artículo 18 del citado Decreto no 2005-1635 de 26 de diciembre de 2005 prevé la posibilidad de que la CRP-RATP proceda a la vinculación financiera de una parte de sus derechos de pensiones del régimen especial del personal de la RATP a los regímenes de Derecho común [CNAV (17) y ARGIC (18)/ARRCO (19)] (20), es decir, de efectuar una transferencia técnica de las operaciones de pensiones de la CRP-RATP a los regímenes de Derecho común (en lo sucesivo, «los regímenes receptores»). |
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(32)

El artículo 18 del citado Decreto no 2005-1635 de 26 de diciembre de 2005 prevé la posibilidad de que la CRP-RATP proceda a la vinculación financiera de una parte de sus derechos de pensiones del régimen especial del personal de la RATP a los regímenes de Derecho común [CNAV (17) y ARGIC (18)/ARRCO (19)] (20), es decir, de efectuar una transferencia técnica de las operaciones de pensiones de la CRP-RATP a los regímenes de Derecho común (en lo sucesivo, «los regímenes receptores»).

| (33) | El objetivo que se persigue con la vinculación de una parte de los derechos de pensiones del régimen especial de la RATP a los regímenes de Derecho común es aplicar el mecanismo de solidaridad intergeneracional e interprofesional sobre una base demográfica mucho mayor y, más en general, asegurar la perennidad de la financiación de los regímenes de pensiones obligatorias financiados según el principio de reparto. |
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(33)

El objetivo que se persigue con la vinculación de una parte de los derechos de pensiones del régimen especial de la RATP a los regímenes de Derecho común es aplicar el mecanismo de solidaridad intergeneracional e interprofesional sobre una base demográfica mucho mayor y, más en general, asegurar la perennidad de la financiación de los regímenes de pensiones obligatorias financiados según el principio de reparto.

| (34) | En virtud del artículo L222-6 del Código de la Seguridad Social, la vinculación de un régimen especial de pensiones o de cualquier otro régimen de pensiones a los regímenes de Derecho común puede realizarse respecto a la parte de las prestaciones del régimen especial equivalente a las prestaciones del seguro de vejez ofrecidas a los trabajadores asalariados del régimen general. |
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(34)

En virtud del artículo L222-6 del Código de la Seguridad Social, la vinculación de un régimen especial de pensiones o de cualquier otro régimen de pensiones a los regímenes de Derecho común puede realizarse respecto a la parte de las prestaciones del régimen especial equivalente a las prestaciones del seguro de vejez ofrecidas a los trabajadores asalariados del régimen general.

| (35) | En el marco de un régimen de pensiones por reparto, la incorporación al régimen receptor de los derechos adquiridos en el pasado en otro régimen (y, por tanto, según otros criterios) se efectúa calculando estos derechos adquiridos con arreglo a las normas del régimen receptor, como si los beneficiarios (jubilados, en activo y excluidos) hubieran realizado toda su carrera dentro del régimen receptor. |
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(35)

En el marco de un régimen de pensiones por reparto, la incorporación al régimen receptor de los derechos adquiridos en el pasado en otro régimen (y, por tanto, según otros criterios) se efectúa calculando estos derechos adquiridos con arreglo a las normas del régimen receptor, como si los beneficiarios (jubilados, en activo y excluidos) hubieran realizado toda su carrera dentro del régimen receptor.

| (36) | En este caso, las autoridades francesas calcularon los derechos básicos, es decir, los correspondientes a las prestaciones de pensiones calculadas según las normas de los regímenes receptores y que iban a ser incorporados a estos regímenes (21). Solo los derechos básicos definidos de esta manera pueden ser recogidos por los regímenes receptores. |
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(36)

En este caso, las autoridades francesas calcularon los derechos básicos, es decir, los correspondientes a las prestaciones de pensiones calculadas según las normas de los regímenes receptores y que iban a ser incorporados a estos regímenes (21). Solo los derechos básicos definidos de esta manera pueden ser recogidos por los regímenes receptores.

| (37) | El artículo 222-6 del Código de la Seguridad Social establece, por otro lado, que la vinculación de un régimen especial debe respetar el principio de estricta neutralidad financiera de la operación respecto de los beneficiarios del régimen receptor. En otros términos, la vinculación financiera de un régimen especial de pensiones a los regímenes de Derecho común en ningún caso puede deteriorar la situación financiera de los regímenes receptores. |
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(37)

El artículo 222-6 del Código de la Seguridad Social establece, por otro lado, que la vinculación de un régimen especial debe respetar el principio de estricta neutralidad financiera de la operación respecto de los beneficiarios del régimen receptor. En otros términos, la vinculación financiera de un régimen especial de pensiones a los regímenes de Derecho común en ningún caso puede deteriorar la situación financiera de los regímenes receptores.

| (38) | En esta fase se realiza la ponderación, cuya función consiste en determinar qué proporción de estos derechos de pensión transferidos ha sido validada de manera efectiva en la operación de vinculación a fin de respetar rigurosamente el citado principio de neutralidad financiera. Desde el punto de vista conceptual, en la ponderación se comparan los ratios de gasto en pensiones del grupo vinculado y del régimen receptor (22). A continuación, el régimen receptor determina cuál es la proporción de derechos del pasado reconstituidos que debe transferirse para asegurar la igualdad de ambos ratios de gasto: si se alcanza este índice de validación, el régimen receptor recoge «gratuitamente» los derechos de pensión. |
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(38)

En esta fase se realiza la ponderación, cuya función consiste en determinar qué proporción de estos derechos de pensión transferidos ha sido validada de manera efectiva en la operación de vinculación a fin de respetar rigurosamente el citado principio de neutralidad financiera. Desde el punto de vista conceptual, en la ponderación se comparan los ratios de gasto en pensiones del grupo vinculado y del régimen receptor (22). A continuación, el régimen receptor determina cuál es la proporción de derechos del pasado reconstituidos que debe transferirse para asegurar la igualdad de ambos ratios de gasto: si se alcanza este índice de validación, el régimen receptor recoge «gratuitamente» los derechos de pensión.

| (39) | Si el índice de validación por el régimen receptor de los derechos adquiridos reconstituidos es inferior al 100 %, este régimen puede proponer al régimen vinculado la validación del 100 % de estos derechos a cambio de una contribución en concepto de mantenimiento de derechos (o «compensación»). |
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(39)

Si el índice de validación por el régimen receptor de los derechos adquiridos reconstituidos es inferior al 100 %, este régimen puede proponer al régimen vinculado la validación del 100 % de estos derechos a cambio de una contribución en concepto de mantenimiento de derechos (o «compensación»).

| (40) | El método de cálculo de las compensaciones tiene por finalidad no alterar antes de la operación de vinculación la situación del régimen receptor en lo que respecta a las previsiones. Si la ponderación se hace a efectos de previsiones, el importe de la compensación equivale al valor actual neto de los derechos de entrada anuales. El derecho de entrada anual es aquel que, en lo que respecta a los derechos complementarios (es decir, que exceden de los derechos recogidos de forma gratuita) asumidos por el régimen receptor, iguala cada año los ratios de gasto del régimen integrado y del régimen receptor. |
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(40)

El método de cálculo de las compensaciones tiene por finalidad no alterar antes de la operación de vinculación la situación del régimen receptor en lo que respecta a las previsiones. Si la ponderación se hace a efectos de previsiones, el importe de la compensación equivale al valor actual neto de los derechos de entrada anuales. El derecho de entrada anual es aquel que, en lo que respecta a los derechos complementarios (es decir, que exceden de los derechos recogidos de forma gratuita) asumidos por el régimen receptor, iguala cada año los ratios de gasto del régimen integrado y del régimen receptor.

| (41) | Si la situación financiera del régimen receptor registra un déficit estructural, el método de cálculo requiere no agravar esta tendencia al desequilibrio, y no reducirlo exigiendo al grupo transferido un equilibrio técnico en las previsiones. |
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(41)

Si la situación financiera del régimen receptor registra un déficit estructural, el método de cálculo requiere no agravar esta tendencia al desequilibrio, y no reducirlo exigiendo al grupo transferido un equilibrio técnico en las previsiones.

| (42) | En el presente caso, la estructura demográfica de la RATP era peor que la de una empresa media francesa afiliada a los regímenes de pensiones de Derecho común, de modo que la vinculación plena de los derechos básicos del régimen especial de pensiones del personal de la RATP a los regímenes de Derecho común requiere el pago de compensaciones a los regímenes receptores, es decir, el pago de contribuciones excepcionales, globales y liberatorias. |
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(42)

En el presente caso, la estructura demográfica de la RATP era peor que la de una empresa media francesa afiliada a los regímenes de pensiones de Derecho común, de modo que la vinculación plena de los derechos básicos del régimen especial de pensiones del personal de la RATP a los regímenes de Derecho común requiere el pago de compensaciones a los regímenes receptores, es decir, el pago de contribuciones excepcionales, globales y liberatorias.

| (43) | Las autoridades francesas detallaron los métodos de cálculo de estas compensaciones. Los cálculos se harán en función de los valores de los parámetros vigentes en la fecha de la operación. Estos parámetros son los siguientes:






  — | los tipos de cotización y las bases que permiten calcular la dotación a las reservas previstas por los regímenes complementarios, |
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(43)

Las autoridades francesas detallaron los métodos de cálculo de estas compensaciones. Los cálculos se harán en función de los valores de los parámetros vigentes en la fecha de la operación. Estos parámetros son los siguientes:

—

los tipos de cotización y las bases que permiten calcular la dotación a las reservas previstas por los regímenes complementarios,

| — | el tipo de actualización y, en su caso, la tabla de mortalidad, que varían en función de las circunstancias económicas. |
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—

el tipo de actualización y, en su caso, la tabla de mortalidad, que varían en función de las circunstancias económicas.

| (44) | En este momento, las autoridades francesas consideran que deberán abonarse las compensaciones siguientes:






  — | la compensación a la Caisse nationale d’assurance viellesse (CNAV), que administra el régimen general de la Seguridad Social, por un importe de [entre 400 y 800] (23) millones EUR, aproximadamente, |
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(44)

En este momento, las autoridades francesas consideran que deberán abonarse las compensaciones siguientes:

—

la compensación a la Caisse nationale d’assurance viellesse (CNAV), que administra el régimen general de la Seguridad Social, por un importe de [entre 400 y 800] (23) millones EUR, aproximadamente,

| — | las compensaciones a los regímenes complementarios de Derecho común gestionados por la AGIRC-ARRCO, en forma de una participación en sus reservas técnicas, por un importe de [entre 80 y 300] millones EUR, aproximadamente. |
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las compensaciones a los regímenes complementarios de Derecho común gestionados por la AGIRC-ARRCO, en forma de una participación en sus reservas técnicas, por un importe de [entre 80 y 300] millones EUR, aproximadamente.

| (45) | El Gobierno francés tiene previsto hacerse cargo del pago de estas compensaciones a los regímenes de Derecho común en sustitución de la CRP-RATP, a fin de garantizar la neutralidad financiera de la vinculación del régimen especial de la RATP a estos regímenes receptores. |
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(45)

El Gobierno francés tiene previsto hacerse cargo del pago de estas compensaciones a los regímenes de Derecho común en sustitución de la CRP-RATP, a fin de garantizar la neutralidad financiera de la vinculación del régimen especial de la RATP a estos regímenes receptores.

| (46) | Con respecto a los derechos básicos adquiridos con posterioridad a la operación de vinculación, se prevé que la RATP y su personal paguen las cotizaciones a los regímenes de Derecho común como contrapartida de la intervención del régimen general y de los regímenes complementarios. |
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(46)

Con respecto a los derechos básicos adquiridos con posterioridad a la operación de vinculación, se prevé que la RATP y su personal paguen las cotizaciones a los regímenes de Derecho común como contrapartida de la intervención del régimen general y de los regímenes complementarios.

6.   RAZONES POR LAS QUE SE ADOPTÓ LA DECISIÓN DE INCOAR EL PROCEDIMIENTO

| (47) | En su decisión de incoar el procedimiento, la Comisión expresó sus dudas acerca de la compatibilidad de la reforma notificada con el mercado común. La Comisión señaló que el objeto del procedimiento era determinar si la reforma notificada constituía una ayuda a la RATP. |
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(47)

En su decisión de incoar el procedimiento, la Comisión expresó sus dudas acerca de la compatibilidad de la reforma notificada con el mercado común. La Comisión señaló que el objeto del procedimiento era determinar si la reforma notificada constituía una ayuda a la RATP.

| (48) | En primer lugar, la Comisión se preguntaba por la estrecha relación entre la creación de la CRP-RATP y la operación de vinculación a los regímenes de Derecho común, y consideró necesario verificar si la vinculación de los derechos básicos no era constitutiva de ayuda estatal en favor de la RATP. |
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(48)

En primer lugar, la Comisión se preguntaba por la estrecha relación entre la creación de la CRP-RATP y la operación de vinculación a los regímenes de Derecho común, y consideró necesario verificar si la vinculación de los derechos básicos no era constitutiva de ayuda estatal en favor de la RATP.

| (49) | A continuación, formuló dudas en torno al argumento de que la financiación por el Estado de los derechos específicos del régimen de pensiones de la RATP no constituía ayuda estatal y de que, en todo caso, tal ayuda sería compatible con el mercado común. |
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(49)

A continuación, formuló dudas en torno al argumento de que la financiación por el Estado de los derechos específicos del régimen de pensiones de la RATP no constituía ayuda estatal y de que, en todo caso, tal ayuda sería compatible con el mercado común.

| (50) | Por último, dudaba de la necesidad de la reforma notificada y de su proporcionalidad con respecto al interés común. En cuanto a la necesidad de la reforma notificada, la Comisión se preguntaba si la apertura del mercado del transporte público en la región de París era real y efectiva y si se habían eliminado los elementos característicos de la situación jurídica y material de la RATP que podrían obstaculizar la competencia efectiva. Asimismo, dudaba de la proporcionalidad de la reforma notificada, sobre todo porque afectaba también a los compromisos especiales de las pensiones de los empleados que fueran contratados con posterioridad a la reforma. |
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(50)

Por último, dudaba de la necesidad de la reforma notificada y de su proporcionalidad con respecto al interés común. En cuanto a la necesidad de la reforma notificada, la Comisión se preguntaba si la apertura del mercado del transporte público en la región de París era real y efectiva y si se habían eliminado los elementos característicos de la situación jurídica y material de la RATP que podrían obstaculizar la competencia efectiva. Asimismo, dudaba de la proporcionalidad de la reforma notificada, sobre todo porque afectaba también a los compromisos especiales de las pensiones de los empleados que fueran contratados con posterioridad a la reforma.

| (51) | En su decisión de 10 de octubre de 2007, la Comisión, en cambio, concluyó que la financiación por el Estado del déficit del régimen de pensiones de la RATP en el período 1995-2005 constituía una ayuda estatal existente en virtud del artículo 1, letra b), inciso iii), del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (24) (véase el considerando 15 de la Decisión). |
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(51)

En su decisión de 10 de octubre de 2007, la Comisión, en cambio, concluyó que la financiación por el Estado del déficit del régimen de pensiones de la RATP en el período 1995-2005 constituía una ayuda estatal existente en virtud del artículo 1, letra b), inciso iii), del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (24) (véase el considerando 15 de la Decisión).

| (52) | Por otro lado, consideró que el artículo 87 del Tratado CE no era aplicable a la CRP-RATP al no tratarse de una empresa (considerando 67 de la Decisión). |
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(52)

Por otro lado, consideró que el artículo 87 del Tratado CE no era aplicable a la CRP-RATP al no tratarse de una empresa (considerando 67 de la Decisión).

| (53) | Por último, sostuvo que la garantía otorgada por el Estado francés a los afiliados al régimen especial beneficiaba directamente a los empleados de la RATP y no a la propia RATP, y que, por tanto, no podía calificarse de ventaja económica a una empresa (considerando 70 de la Decisión). |
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(53)

Por último, sostuvo que la garantía otorgada por el Estado francés a los afiliados al régimen especial beneficiaba directamente a los empleados de la RATP y no a la propia RATP, y que, por tanto, no podía calificarse de ventaja económica a una empresa (considerando 70 de la Decisión).

7.   COMENTARIOS DE LAS AUTORIDADES FRANCESAS EN RESPUESTA A LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| (54) | En su carta de 22 de enero de 2008, las autoridades francesas recuerdan que, a su juicio, la reforma notificada institucionaliza una ayuda destinada a personas, no a la empresa RATP, por lo cual no puede constituir una ayuda estatal en favor de la RATP. Por otro lado, aun cuando el beneficiario real de la reforma notificada fuera la RATP, las autoridades francesas sostienen que esta reforma no puede afectar al comercio entre los Estados miembros ni falsear la competencia, dado que la RATP opera en un solo mercado, a saber, el del transporte público urbano en Île-de-France, que aún no está abierto a la competencia, y que la reforma no incide en modo alguno sobre las actividades de las filiales de la RATP ni sobre los mercados en los que estas operan. |
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(54)

En su carta de 22 de enero de 2008, las autoridades francesas recuerdan que, a su juicio, la reforma notificada institucionaliza una ayuda destinada a personas, no a la empresa RATP, por lo cual no puede constituir una ayuda estatal en favor de la RATP. Por otro lado, aun cuando el beneficiario real de la reforma notificada fuera la RATP, las autoridades francesas sostienen que esta reforma no puede afectar al comercio entre los Estados miembros ni falsear la competencia, dado que la RATP opera en un solo mercado, a saber, el del transporte público urbano en Île-de-France, que aún no está abierto a la competencia, y que la reforma no incide en modo alguno sobre las actividades de las filiales de la RATP ni sobre los mercados en los que estas operan.

| (55) | Las autoridades francesas consideran que la vinculación de la CRP-RATP al régimen general no contiene elementos constitutivos de ayuda a la RATP, ya que no se le concede a esta ventaja alguna. |
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(55)

Las autoridades francesas consideran que la vinculación de la CRP-RATP al régimen general no contiene elementos constitutivos de ayuda a la RATP, ya que no se le concede a esta ventaja alguna.

| (56) | En primer lugar, señalan que la propia Comisión indicó, en el punto 69 de la decisión de incoar el procedimiento, que la segunda etapa de la reforma, es decir, el pago de las compensaciones y la transferencia de la financiación de los derechos básicos de la CRP-RATP a la CNAV y la AGIRC-ARRCO, no afectaban ya a la situación económica de la RATP. |
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(56)

En primer lugar, señalan que la propia Comisión indicó, en el punto 69 de la decisión de incoar el procedimiento, que la segunda etapa de la reforma, es decir, el pago de las compensaciones y la transferencia de la financiación de los derechos básicos de la CRP-RATP a la CNAV y la AGIRC-ARRCO, no afectaban ya a la situación económica de la RATP.

| (57) | Por otro lado, las autoridades francesas consideran que las obligaciones de la RATP que correspondían a los derechos básicos no eran costes que normalmente hubiera debido sufragar con cargo a su presupuesto, de acuerdo con la jurisprudencia comunitaria. Según las autoridades francesas, las empresas francesas están por lo general sujetas a la obligación de pagar con sus recursos financieros las cotizaciones liberatorias a las cajas de pensiones de Derecho común, pero no las pensiones a los empleados en activo y los jubilados, a diferencia de la RATP, que hasta la reforma notificada tenía su propio servicio de pensiones. Por consiguiente, siempre y cuando se complementen con el pago de una cotización liberatoria hasta alcanzar el nivel del Derecho común, la vinculación de la CRP-RATP al régimen general y el pago por el Estado de las compensaciones al régimen general no evitan a la RATP hacerse cargo de los costes que normalmente habría debido soportar con cargo a sus recursos financieros. |
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(57)

Por otro lado, las autoridades francesas consideran que las obligaciones de la RATP que correspondían a los derechos básicos no eran costes que normalmente hubiera debido sufragar con cargo a su presupuesto, de acuerdo con la jurisprudencia comunitaria. Según las autoridades francesas, las empresas francesas están por lo general sujetas a la obligación de pagar con sus recursos financieros las cotizaciones liberatorias a las cajas de pensiones de Derecho común, pero no las pensiones a los empleados en activo y los jubilados, a diferencia de la RATP, que hasta la reforma notificada tenía su propio servicio de pensiones. Por consiguiente, siempre y cuando se complementen con el pago de una cotización liberatoria hasta alcanzar el nivel del Derecho común, la vinculación de la CRP-RATP al régimen general y el pago por el Estado de las compensaciones al régimen general no evitan a la RATP hacerse cargo de los costes que normalmente habría debido soportar con cargo a sus recursos financieros.

| (58) | Por último, sostienen las autoridades francesas, el régimen especial fue impuesto por el Estado cuando se creó la RATP en 1948, por lo que no sería lógico que la empresa tuviera que soportar la carga de unas compensaciones que representan la contrapartida de la vinculación de la CRP-RATP al régimen general. |
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(58)

Por último, sostienen las autoridades francesas, el régimen especial fue impuesto por el Estado cuando se creó la RATP en 1948, por lo que no sería lógico que la empresa tuviera que soportar la carga de unas compensaciones que representan la contrapartida de la vinculación de la CRP-RATP al régimen general.

| (59) | En primer lugar, las autoridades francesas consideran que no es aplicable en el presente caso la jurisprudencia según la cual los costes derivados de un convenio colectivo son, por su propia naturaleza, costes que normalmente gravan el presupuesto de una empresa, independientemente de si la empresa ha aceptado este convenio con carácter voluntario o el convenio se ha hecho extensivo a la empresa por vía reglamentaria o legislativa (25), porque el régimen de pensiones del personal de la RATP no es fruto de un convenio colectivo. |
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(59)

En primer lugar, las autoridades francesas consideran que no es aplicable en el presente caso la jurisprudencia según la cual los costes derivados de un convenio colectivo son, por su propia naturaleza, costes que normalmente gravan el presupuesto de una empresa, independientemente de si la empresa ha aceptado este convenio con carácter voluntario o el convenio se ha hecho extensivo a la empresa por vía reglamentaria o legislativa (25), porque el régimen de pensiones del personal de la RATP no es fruto de un convenio colectivo.

| (60) | En segundo lugar, estiman que la existencia de los derechos específicos de ningún modo representa una ventaja para la RATP. El hecho de que la RATP siga contratando a personal estatutario que se beneficia de los derechos específicos no demuestra, en su opinión, que la existencia de esos derechos específicos constituya una ventaja económica para la RATP. |
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(60)

En segundo lugar, estiman que la existencia de los derechos específicos de ningún modo representa una ventaja para la RATP. El hecho de que la RATP siga contratando a personal estatutario que se beneficia de los derechos específicos no demuestra, en su opinión, que la existencia de esos derechos específicos constituya una ventaja económica para la RATP.

| (61) | En tercer lugar, sostienen que la financiación pública de los derechos específicos constituye la estricta compensación de las cargas anormales soportadas por la RATP. A su juicio, la conclusión según la cual la financiación de los derechos específicos de pensiones no constituye una ayuda estatal se deriva de los principios establecidos por la jurisprudencia comunitaria desde el origen de la Comunidad, entre los cuales los consagrados en las sentencias Combus (26) y Enirisorse (27) son solo los ejemplos más recientes. |
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(61)

En tercer lugar, sostienen que la financiación pública de los derechos específicos constituye la estricta compensación de las cargas anormales soportadas por la RATP. A su juicio, la conclusión según la cual la financiación de los derechos específicos de pensiones no constituye una ayuda estatal se deriva de los principios establecidos por la jurisprudencia comunitaria desde el origen de la Comunidad, entre los cuales los consagrados en las sentencias Combus (26) y Enirisorse (27) son solo los ejemplos más recientes.

| (62) | En el supuesto de que la Comisión estimara que la reforma notificada contiene elementos constitutivos de ayuda estatal, las autoridades francesas consideran que en cualquier caso se trataría de una ayuda compatible con el mercado común. |
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(62)

En el supuesto de que la Comisión estimara que la reforma notificada contiene elementos constitutivos de ayuda estatal, las autoridades francesas consideran que en cualquier caso se trataría de una ayuda compatible con el mercado común.

| (63) | Las autoridades francesas mantienen su posición según la cual la reforma notificada se ajusta a la teoría de los costes de transición a la competencia y estimula la competencia. |
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(63)

Las autoridades francesas mantienen su posición según la cual la reforma notificada se ajusta a la teoría de los costes de transición a la competencia y estimula la competencia.

| (64) | Por otro lado, aducen que el nuevo funcionamiento de los derechos de pensiones a partir de 2006 es necesario y proporcionado para instaurar la competencia en el mercado. |
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(64)

Por otro lado, aducen que el nuevo funcionamiento de los derechos de pensiones a partir de 2006 es necesario y proporcionado para instaurar la competencia en el mercado.

| (65) | En su opinión, la reforma notificada es necesaria porque constituye un paso previo a la apertura del mercado del transporte urbano en Île-de-France a la competencia. Permitirá, por un lado, prevenir falseamientos de la competencia entre operadores públicos y privados y, por otro lado, suprimir con carácter definitivo la barrera de acceso que representaba el método de financiación de las pensiones de la RATP. |
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(65)

En su opinión, la reforma notificada es necesaria porque constituye un paso previo a la apertura del mercado del transporte urbano en Île-de-France a la competencia. Permitirá, por un lado, prevenir falseamientos de la competencia entre operadores públicos y privados y, por otro lado, suprimir con carácter definitivo la barrera de acceso que representaba el método de financiación de las pensiones de la RATP.

| (66) | En cuanto a la proporcionalidad de la reforma notificada, las autoridades francesas informaron a la Comisión, en su carta de 23 de abril de 2008, de la reforma del régimen especial de pensiones de la RATP emprendida por el Gobierno francés, reforma que armoniza el régimen especial de pensiones de la RATP con las normas vigentes en el Derecho común. |
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(66)

En cuanto a la proporcionalidad de la reforma notificada, las autoridades francesas informaron a la Comisión, en su carta de 23 de abril de 2008, de la reforma del régimen especial de pensiones de la RATP emprendida por el Gobierno francés, reforma que armoniza el régimen especial de pensiones de la RATP con las normas vigentes en el Derecho común.

8.   OBSERVACIONES DE LOS INTERESADOS TRAS LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| (67) | Por carta de 13 de febrero de 2008, el sindicato SUD de la RATP manifestó su oposición al proyecto notificado por las autoridades francesas aduciendo que su único objetivo era transformar la RATP en un gran grupo internacional propulsado por el ánimo de lucro. En aquella carta, el sindicato SUD llamaba la atención de la Comisión sobre el hecho de que, a su juicio, los empleados de la RATP no son asalariados de Derecho privado sujetos al Código del Trabajo. |
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(67)

Por carta de 13 de febrero de 2008, el sindicato SUD de la RATP manifestó su oposición al proyecto notificado por las autoridades francesas aduciendo que su único objetivo era transformar la RATP en un gran grupo internacional propulsado por el ánimo de lucro. En aquella carta, el sindicato SUD llamaba la atención de la Comisión sobre el hecho de que, a su juicio, los empleados de la RATP no son asalariados de Derecho privado sujetos al Código del Trabajo.

| (68) | Este sindicato afirmaba, por otro lado, que la reforma del régimen de pensiones de la RATP debería haber sido preparada por una comisión mixta paritaria, ya que entraba en el ámbito de la negociación colectiva entre interlocutores sociales. |
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(68)

Este sindicato afirmaba, por otro lado, que la reforma del régimen de pensiones de la RATP debería haber sido preparada por una comisión mixta paritaria, ya que entraba en el ámbito de la negociación colectiva entre interlocutores sociales.

9.   COMENTARIOS DE FRANCIA SOBRE LAS OBSERVACIONES DE LOS INTERESADOS

| (69) | En lo que respecta al régimen jurídico aplicable al personal de la RATP, las autoridades francesas precisan, en su carta de 3 de abril de 2008, que las disposiciones del Código del Trabajo se aplican en principio al personal estatutario de la RATP salvo que el Código del Trabajo o la jurisprudencia hayan excluido de manera expresa su aplicación a dicho personal. Según Francia, la existencia de tales excepciones no es suficiente para situar al personal de la RATP en una relación laboral de Derecho público. |
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(69)

En lo que respecta al régimen jurídico aplicable al personal de la RATP, las autoridades francesas precisan, en su carta de 3 de abril de 2008, que las disposiciones del Código del Trabajo se aplican en principio al personal estatutario de la RATP salvo que el Código del Trabajo o la jurisprudencia hayan excluido de manera expresa su aplicación a dicho personal. Según Francia, la existencia de tales excepciones no es suficiente para situar al personal de la RATP en una relación laboral de Derecho público.

| (70) | Por otro lado, Francia indica que el Decreto no 60-1362 de 19 de diciembre de 1960, que otorga a la comisión mixta paritaria de la RATP la competencia relativa al Estatuto del personal, no alude al régimen de pensiones. Según las autoridades francesas, el régimen de pensiones de la RATP no es resultado de negociaciones colectivas, sino que fue impuesto por el Estado a la RATP por vía administrativa. |
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(70)

Por otro lado, Francia indica que el Decreto no 60-1362 de 19 de diciembre de 1960, que otorga a la comisión mixta paritaria de la RATP la competencia relativa al Estatuto del personal, no alude al régimen de pensiones. Según las autoridades francesas, el régimen de pensiones de la RATP no es resultado de negociaciones colectivas, sino que fue impuesto por el Estado a la RATP por vía administrativa.

10.   ALCANCE DE LA PRESENTE DECISIÓN

| (71) | La presente Decisión se refiere a la compatibilidad del nuevo sistema de financiación de las pensiones con las normas comunitarias sobre ayudas estatales. |
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(71)

La presente Decisión se refiere a la compatibilidad del nuevo sistema de financiación de las pensiones con las normas comunitarias sobre ayudas estatales.

| (72) | La decisión de incoar el procedimiento de 10 de octubre de 2007 y, en particular, los comentarios de las autoridades francesas han permitido a la Comisión precisar las modalidades de aplicación de la reforma notificada y, por tanto, determinar tres medidas que podrían contener elementos constitutivos de ayuda estatal. |
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(72)

La decisión de incoar el procedimiento de 10 de octubre de 2007 y, en particular, los comentarios de las autoridades francesas han permitido a la Comisión precisar las modalidades de aplicación de la reforma notificada y, por tanto, determinar tres medidas que podrían contener elementos constitutivos de ayuda estatal.

| (73) | En primer lugar, el 1 de enero de 2006 la CRP-RATP pasó a ser, en sustitución de la RATP, el único responsable legal del pago de las pensiones de jubilación del personal estatutario. |
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(73)

En primer lugar, el 1 de enero de 2006 la CRP-RATP pasó a ser, en sustitución de la RATP, el único responsable legal del pago de las pensiones de jubilación del personal estatutario.

| (74) | En segundo lugar, desde el 1 de enero de 2006, el Estado abona a la CRP-RATP una subvención para equilibrar sus cuentas. Esta subvención pública cubre el déficit demográfico y el sobrecoste del régimen especial de la RATP. |
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(74)

En segundo lugar, desde el 1 de enero de 2006, el Estado abona a la CRP-RATP una subvención para equilibrar sus cuentas. Esta subvención pública cubre el déficit demográfico y el sobrecoste del régimen especial de la RATP.

| (75) | En tercer lugar, la reforma notificada prevé la posibilidad de que la CRP-RATP vincule los derechos básicos de pensiones del régimen especial a los regímenes de Derecho común. El Estado asumirá, en sustitución de la CRP-RATP, el pago de las compensaciones destinadas a respetar el principio de estricta neutralidad financiera de la vinculación. |
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(75)

En tercer lugar, la reforma notificada prevé la posibilidad de que la CRP-RATP vincule los derechos básicos de pensiones del régimen especial a los regímenes de Derecho común. El Estado asumirá, en sustitución de la CRP-RATP, el pago de las compensaciones destinadas a respetar el principio de estricta neutralidad financiera de la vinculación.

11.   EVALUACIÓN DE LA PRIMERA MEDIDA: CREACIÓN DE LA RATP

| (76) | La Comisión observa que, el 1 de enero de 2006, la CRP-RATP sustituyó a la RATP como única responsable legal del pago de las pensiones de jubilación del personal estatutario. Constata que, en aquel momento, la cotización abonada por la RATP a la CRP-RATP en concepto de pensiones pasó a ser liberatoria. |
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(76)

La Comisión observa que, el 1 de enero de 2006, la CRP-RATP sustituyó a la RATP como única responsable legal del pago de las pensiones de jubilación del personal estatutario. Constata que, en aquel momento, la cotización abonada por la RATP a la CRP-RATP en concepto de pensiones pasó a ser liberatoria.

| (77) | Asimismo, señala que, con arreglo al sistema vigente antes del 1 de enero de 2006, la RATP era la responsable legal del pago de los compromisos de las pensiones del régimen especial. Así pues, el sistema de financiación del régimen especial del personal de la RATP era una excepción al Derecho común: la RATP era garante del equilibro financiero del régimen en cuestión, y la cotización empresarial que abonaba al régimen especial no era liberatoria. |
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(77)

Asimismo, señala que, con arreglo al sistema vigente antes del 1 de enero de 2006, la RATP era la responsable legal del pago de los compromisos de las pensiones del régimen especial. Así pues, el sistema de financiación del régimen especial del personal de la RATP era una excepción al Derecho común: la RATP era garante del equilibro financiero del régimen en cuestión, y la cotización empresarial que abonaba al régimen especial no era liberatoria.

| (78) | Por tanto, la Comisión concluye que el efecto principal de las disposiciones previstas por la reforma notificada consiste en conferir un carácter liberatorio a la cotización empresarial abonada por la RATP en concepto de pensiones de su personal, liberándola así de la obligación histórica de asegurar el equilibrio del régimen especial. En otros términos, la reforma notificada ha transferido de la RATP a la CRP-RATP y, por ende, al Estado la responsabilidad del equilibrio financiero del régimen especial. |
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(78)

Por tanto, la Comisión concluye que el efecto principal de las disposiciones previstas por la reforma notificada consiste en conferir un carácter liberatorio a la cotización empresarial abonada por la RATP en concepto de pensiones de su personal, liberándola así de la obligación histórica de asegurar el equilibrio del régimen especial. En otros términos, la reforma notificada ha transferido de la RATP a la CRP-RATP y, por ende, al Estado la responsabilidad del equilibrio financiero del régimen especial.

| (79) | Por otro lado, la Comisión constata que, en ausencia de la reforma notificada, la obligación de la RATP de asegurar el equilibrio financiero del régimen especial se habría traducido en la inscripción de un compromiso con respecto al Estado que se contabilizaría como provisión en las cuentas al empezar a aplicarse las normas NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), a las que está sujeta la RATP desde el 30 de junio de 2007 (28). |
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(79)

Por otro lado, la Comisión constata que, en ausencia de la reforma notificada, la obligación de la RATP de asegurar el equilibrio financiero del régimen especial se habría traducido en la inscripción de un compromiso con respecto al Estado que se contabilizaría como provisión en las cuentas al empezar a aplicarse las normas NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), a las que está sujeta la RATP desde el 30 de junio de 2007 (28).

| (80) | La Comisión desea subrayar que el problema que plantea la creación de la CRP-RATP es idéntico al suscitado con la reforma del método de financiación de las pensiones de los funcionarios del Estado adscritos a La Poste (29). Por consiguiente, la Comisión verificará si la medida analizada en el presente caso contiene elementos constitutivos de ayuda estatal aplicando el mismo procedimiento que en la citada Decisión. |
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(80)

La Comisión desea subrayar que el problema que plantea la creación de la CRP-RATP es idéntico al suscitado con la reforma del método de financiación de las pensiones de los funcionarios del Estado adscritos a La Poste (29). Por consiguiente, la Comisión verificará si la medida analizada en el presente caso contiene elementos constitutivos de ayuda estatal aplicando el mismo procedimiento que en la citada Decisión.

11.1.   PRESENCIA DE UNA AYUDA ESTATAL

| (81) | Según el artículo 87, apartado 1, del Tratado, «salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones». |
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(81)

Según el artículo 87, apartado 1, del Tratado, «salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

| (82) | Para que una medida nacional pueda calificarse de ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, tienen que cumplirse las siguientes condiciones acumulativas: 1) que la medida otorgue una ventaja económica selectiva; 2) que esa ventaja se financie con recursos estatales; 3) que falsee o amenace con falsear la competencia y, por último, 4) que afecte a los intercambios comerciales entre Estados miembros. |
| --- | --- |

(82)

Para que una medida nacional pueda calificarse de ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, tienen que cumplirse las siguientes condiciones acumulativas: 1) que la medida otorgue una ventaja económica selectiva; 2) que esa ventaja se financie con recursos estatales; 3) que falsee o amenace con falsear la competencia y, por último, 4) que afecte a los intercambios comerciales entre Estados miembros.

| (83) | Conviene exponer los motivos que permiten considerar que la medida analizada reúne estas condiciones acumulativas y que, por tanto, constituye una ayuda estatal en favor de la RATP con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado. |
| --- | --- |

(83)

Conviene exponer los motivos que permiten considerar que la medida analizada reúne estas condiciones acumulativas y que, por tanto, constituye una ayuda estatal en favor de la RATP con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado.

11.1.1.   PRESENCIA DE UNA VENTAJA SELECTIVA EN FAVOR DE LA RATP

| (84) | Con el fin de apreciar si la medida en cuestión contiene elementos de ayuda estatal, procede determinar si confiere una ventaja económica a la RATP al eximirle de sufragar unos costes que en una situación normal habría tenido que soportar con sus recursos financieros, impidiendo que las fuerzas presentes en el mercado produzcan sus consecuencias normales (30). |
| --- | --- |

(84)

Con el fin de apreciar si la medida en cuestión contiene elementos de ayuda estatal, procede determinar si confiere una ventaja económica a la RATP al eximirle de sufragar unos costes que en una situación normal habría tenido que soportar con sus recursos financieros, impidiendo que las fuerzas presentes en el mercado produzcan sus consecuencias normales (30).

| (85) | En este contexto, según jurisprudencia reiterada, una carga normal es el coste normal inherente a la gestión cotidiana o a las actividades corrientes de una empresa (31). Asimismo, el Tribunal ha determinado que una ayuda consiste en una reducción de las cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto de las empresas según la naturaleza o la estructura del sistema de cargas de que se trate, mientras que, por el contrario, un gravamen especial es una carga suplementaria respecto de dichas cargas normales (32). |
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(85)

En este contexto, según jurisprudencia reiterada, una carga normal es el coste normal inherente a la gestión cotidiana o a las actividades corrientes de una empresa (31). Asimismo, el Tribunal ha determinado que una ayuda consiste en una reducción de las cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto de las empresas según la naturaleza o la estructura del sistema de cargas de que se trate, mientras que, por el contrario, un gravamen especial es una carga suplementaria respecto de dichas cargas normales (32).

| (86) | La Comisión, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal, y de conformidad con su práctica decisoria (33), considera que la calificación de carga «normal» o «especial» implica definir un marco de referencia o comparador, a fin de identificar a las empresas que estarían en una situación jurídica y material comparable con respecto al objetivo perseguido por la medida en cuestión. |
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(86)

La Comisión, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal, y de conformidad con su práctica decisoria (33), considera que la calificación de carga «normal» o «especial» implica definir un marco de referencia o comparador, a fin de identificar a las empresas que estarían en una situación jurídica y material comparable con respecto al objetivo perseguido por la medida en cuestión.

| (87) | Cabe recordar, a este respecto, que para aplicar el artículo 87, apartado 1, del Tratado, únicamente procede examinar si, en el marco de un régimen jurídico concreto, una medida estatal puede favorecer «a determinadas empresas o producciones» en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado frente a otras empresas que se encuentran en una situación material y jurídica comparable habida cuenta del objetivo perseguido por la medida en cuestión. |
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(87)

Cabe recordar, a este respecto, que para aplicar el artículo 87, apartado 1, del Tratado, únicamente procede examinar si, en el marco de un régimen jurídico concreto, una medida estatal puede favorecer «a determinadas empresas o producciones» en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado frente a otras empresas que se encuentran en una situación material y jurídica comparable habida cuenta del objetivo perseguido por la medida en cuestión.

| (88) | Más en concreto, el Tribunal indica que la elección del sistema de referencia sigue un enfoque basado en dos fases: en primer lugar, se determina el sistema de cargas afectado por la medida controvertida y, en segundo lugar, se determina el régimen general aplicable a dicho sistema de cargas. |
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(88)

Más en concreto, el Tribunal indica que la elección del sistema de referencia sigue un enfoque basado en dos fases: en primer lugar, se determina el sistema de cargas afectado por la medida controvertida y, en segundo lugar, se determina el régimen general aplicable a dicho sistema de cargas.

| (89) | En la hipótesis de que pueda identificarse un comparador exógeno que sirva de referencia para determinar la existencia de cargas «anormales», la medida analizada no constituye una ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado. En caso contrario, la medida constituye una ayuda estatal con arreglo a esta misma disposición. |
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(89)

En la hipótesis de que pueda identificarse un comparador exógeno que sirva de referencia para determinar la existencia de cargas «anormales», la medida analizada no constituye una ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado. En caso contrario, la medida constituye una ayuda estatal con arreglo a esta misma disposición.

11.1.1.1.   
  Ausencia de un comparador exógeno en el presente caso

| (90) | Aplicando esta metodología al presente caso, la Comisión considera que el sistema de cargas afectado por la medida controvertida se compone de las cotizaciones sociales soportadas por una empresa en el marco del seguro obligatorio de vejez de sus empleados. |
| --- | --- |

(90)

Aplicando esta metodología al presente caso, la Comisión considera que el sistema de cargas afectado por la medida controvertida se compone de las cotizaciones sociales soportadas por una empresa en el marco del seguro obligatorio de vejez de sus empleados.

| (91) | En el plano teórico, la Comisión distingue dos posibles marcos de referencia:






  — | las disposiciones sobre el seguro obligatorio de vejez aplicables a los regímenes de pensiones de Derecho común, es decir, al régimen de seguridad social gestionado por la CNAV, y a los regímenes complementarios gestionados por la AGIRC y la ARRCO, |
| --- | --- | --- |

(91)

En el plano teórico, la Comisión distingue dos posibles marcos de referencia:

—

las disposiciones sobre el seguro obligatorio de vejez aplicables a los regímenes de pensiones de Derecho común, es decir, al régimen de seguridad social gestionado por la CNAV, y a los regímenes complementarios gestionados por la AGIRC y la ARRCO,

| — | las disposiciones sobre el seguro obligatorio de vejez aplicables a los demás entes públicos. |
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—

las disposiciones sobre el seguro obligatorio de vejez aplicables a los demás entes públicos.

| (92) | En cuanto al primer comparador posible, a saber, los regímenes de pensiones de Derecho común, la Comisión señala que desde el 1 de enero de 2006 la RATP abona una cotización social por un importe idéntico al de la cotización social que abonan las empresas a las cajas de pensiones que gestionan regímenes de Derecho común. No obstante, observa que, a 1 de enero de 2006, las prestaciones pagadas a los beneficiarios de la RATP por el régimen especial gestionado por la CRP-RATP son de importe superior al de las prestaciones de que se benefician los asalariados afiliados a los regímenes de Derecho común. |
| --- | --- |

(92)

En cuanto al primer comparador posible, a saber, los regímenes de pensiones de Derecho común, la Comisión señala que desde el 1 de enero de 2006 la RATP abona una cotización social por un importe idéntico al de la cotización social que abonan las empresas a las cajas de pensiones que gestionan regímenes de Derecho común. No obstante, observa que, a 1 de enero de 2006, las prestaciones pagadas a los beneficiarios de la RATP por el régimen especial gestionado por la CRP-RATP son de importe superior al de las prestaciones de que se benefician los asalariados afiliados a los regímenes de Derecho común.

| (93) | Además, la Comisión constata que los afiliados a los regímenes de Derecho común son asalariados con contrato de Derecho privado, mientras que los empleados de la RATP son personal estatutario. A este respecto, conviene subrayar que el Estatuto de personal de la RATP constituye una excepción al Derecho común en varios aspectos (véase la nota 6 de la presente Decisión). |
| --- | --- |

(93)

Además, la Comisión constata que los afiliados a los regímenes de Derecho común son asalariados con contrato de Derecho privado, mientras que los empleados de la RATP son personal estatutario. A este respecto, conviene subrayar que el Estatuto de personal de la RATP constituye una excepción al Derecho común en varios aspectos (véase la nota 6 de la presente Decisión).

| (94) | A la luz de las consideraciones expuestas y de su práctica decisoria (34), la Comisión estima que las disposiciones aplicables a los regímenes de Derecho común en materia de seguro obligatorio de vejez no pueden servir de comparador en el análisis que lleva a cabo la Comisión para determinar la presencia de una ventaja económica con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado. |
| --- | --- |

(94)

A la luz de las consideraciones expuestas y de su práctica decisoria (34), la Comisión estima que las disposiciones aplicables a los regímenes de Derecho común en materia de seguro obligatorio de vejez no pueden servir de comparador en el análisis que lleva a cabo la Comisión para determinar la presencia de una ventaja económica con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado.

| (95) | En cuanto al segundo de los comparadores posibles, a saber, los entes públicos, la Comisión no ha podido definir un conjunto de operadores económicos que formen un grupo homogéneo y puedan servir de comparador. En efecto, la RATP está en varios aspectos en una situación jurídica y material muy específica dentro de Francia (35). |
| --- | --- |

(95)

En cuanto al segundo de los comparadores posibles, a saber, los entes públicos, la Comisión no ha podido definir un conjunto de operadores económicos que formen un grupo homogéneo y puedan servir de comparador. En efecto, la RATP está en varios aspectos en una situación jurídica y material muy específica dentro de Francia (35).

| (96) | Para concluir, la Comisión considera que no existe ningún comparador exógeno que permita definir cuál es la cotización «normal» soportada por las empresas que se encuentran en una situación jurídica y efectiva comparable a la de la RATP habida cuenta del objetivo perseguido por la medida en cuestión. |
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(96)

Para concluir, la Comisión considera que no existe ningún comparador exógeno que permita definir cuál es la cotización «normal» soportada por las empresas que se encuentran en una situación jurídica y efectiva comparable a la de la RATP habida cuenta del objetivo perseguido por la medida en cuestión.

| (97) | La sentencia Enirisorse (36), citada por Francia, no altera las conclusiones de la Comisión sobre la presencia de una ventaja en favor de la RATP. En efecto, en esta sentencia, el Tribunal basa su conclusión en una comparación de la medida controvertida con una «situación normal», que el Tribunal pudo definir pero que no se da en condiciones similares en el presente asunto. |
| --- | --- |

(97)

La sentencia Enirisorse (36), citada por Francia, no altera las conclusiones de la Comisión sobre la presencia de una ventaja en favor de la RATP. En efecto, en esta sentencia, el Tribunal basa su conclusión en una comparación de la medida controvertida con una «situación normal», que el Tribunal pudo definir pero que no se da en condiciones similares en el presente asunto.

| (98) | En ausencia de comparador exógeno pertinente, la Comisión estima que, para determinar la presencia de una ventaja con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado, el marco de referencia para evaluar la existencia de la ventaja es la situación de la propia RATP antes de la aplicación de la medida. |
| --- | --- |

(98)

En ausencia de comparador exógeno pertinente, la Comisión estima que, para determinar la presencia de una ventaja con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado, el marco de referencia para evaluar la existencia de la ventaja es la situación de la propia RATP antes de la aplicación de la medida.

11.1.1.2.   
  Presencia de una ventaja selectiva

| (99) | Tal como se ha indicado anteriormente, con arreglo al sistema vigente antes del 1 de enero de 2006, la RATP era responsable legalmente del pago de los compromisos de las pensiones del régimen especial. Así pues, la RATP era garante del equilibro financiero del régimen en cuestión, y la cotización empresarial que abonaba al régimen especial no era liberatoria. |
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(99)

Tal como se ha indicado anteriormente, con arreglo al sistema vigente antes del 1 de enero de 2006, la RATP era responsable legalmente del pago de los compromisos de las pensiones del régimen especial. Así pues, la RATP era garante del equilibro financiero del régimen en cuestión, y la cotización empresarial que abonaba al régimen especial no era liberatoria.

| (100) | La Comisión ha constatado que el principal efecto de las disposiciones previstas por la reforma notificada ha sido conferir un carácter liberatorio a la cotización empresarial abonada por la RATP en concepto de pensiones de su personal. |
| --- | --- |

(100)

La Comisión ha constatado que el principal efecto de las disposiciones previstas por la reforma notificada ha sido conferir un carácter liberatorio a la cotización empresarial abonada por la RATP en concepto de pensiones de su personal.

| (101) | Por tanto, la Comisión concluye que las medidas en cuestión liberan a la RATP de unas cargas que le correspondería asumir de conformidad con la citada Ley de 1948. |
| --- | --- |

(101)

Por tanto, la Comisión concluye que las medidas en cuestión liberan a la RATP de unas cargas que le correspondería asumir de conformidad con la citada Ley de 1948.

| (102) | En el contexto de un análisis de la normalidad de las cargas de las pensiones para la propia RATP, la Comisión considera que las obligaciones que una empresa debe asumir en virtud de la legislación laboral o de convenios colectivos celebrados con los sindicatos en materia de indemnizaciones por despido y de jubilaciones anticipadas forman parte de los costes normales que debe sufragar con cargo a sus recursos propios (37). |
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(102)

En el contexto de un análisis de la normalidad de las cargas de las pensiones para la propia RATP, la Comisión considera que las obligaciones que una empresa debe asumir en virtud de la legislación laboral o de convenios colectivos celebrados con los sindicatos en materia de indemnizaciones por despido y de jubilaciones anticipadas forman parte de los costes normales que debe sufragar con cargo a sus recursos propios (37).

| (103) | Por extensión, la Comisión concluye que las cargas a las que está sujeta la RATP en virtud de la Ley de 1948 son cargas normales. Por lo tanto, puesto que la medida permite evitar el pago de costes que normalmente debería haber soportado la RATP con cargo a sus recursos financieros, la Comisión sostiene que esta medida otorga al operador una ventaja económica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado. Esta ventaja es selectiva, porque solo se concede a un beneficiario. |
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(103)

Por extensión, la Comisión concluye que las cargas a las que está sujeta la RATP en virtud de la Ley de 1948 son cargas normales. Por lo tanto, puesto que la medida permite evitar el pago de costes que normalmente debería haber soportado la RATP con cargo a sus recursos financieros, la Comisión sostiene que esta medida otorga al operador una ventaja económica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado. Esta ventaja es selectiva, porque solo se concede a un beneficiario.

| (104) | Por otro lado, la Comisión ha constatado que, en ausencia de la reforma notificada, la obligación de la RATP de asegurar el equilibrio financiero del régimen especial se habría traducido en la inscripción en su balance de un compromiso con respecto al Estado que se contabilizaría como provisión en las cuentas al comenzar a aplicarse las normas NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), a las que está sujeta la RATP desde el 30 de junio de 2007. |
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(104)

Por otro lado, la Comisión ha constatado que, en ausencia de la reforma notificada, la obligación de la RATP de asegurar el equilibrio financiero del régimen especial se habría traducido en la inscripción en su balance de un compromiso con respecto al Estado que se contabilizaría como provisión en las cuentas al comenzar a aplicarse las normas NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), a las que está sujeta la RATP desde el 30 de junio de 2007.

| (105) | Este elemento confirma que la creación de la CRP-RATP exime a la RATP de cargas que en principio le correspondería asumir. |
| --- | --- |

(105)

Este elemento confirma que la creación de la CRP-RATP exime a la RATP de cargas que en principio le correspondería asumir.

11.1.1.3.   
  Inaplicabilidad de la jurisprudencia Combus al presente caso

| (106) | Las autoridades francesas invocan de manera pormenorizada la sentencia Combus (38), en la cual el Tribunal consideró «cargas anormales» los costes resultantes del régimen laboral excepcional del personal de una empresa que, tras una reforma, se encuentra en una situación de Derecho común, es decir, idéntica a la de sus competidores, en lo relativo a la gestión de su personal. Así, el Tribunal afirma que «la medida en cuestión tenía por objeto cambiar el régimen privilegiado y costoso de los funcionarios que trabajaban en Combus por un régimen de personal laboral comparable al de los trabajadores de otras empresas de transporte en autobús competidoras de Combus. Se trataba, pues, de liberar a Combus de una desventaja estructural con respecto a sus competidores privados. Ahora bien, el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, tiene como único objeto prohibir las ventajas que favorezcan a determinadas empresas, ya que el concepto de ayuda solo abarca las intervenciones que reduzcan los costes normalmente incluidos en el presupuesto de una empresa y que puedan considerarse una ventaja económica que la empresa beneficiaria no hubiera obtenido en condiciones normales de mercado [...]. [...]. Además, en lugar de entregar directamente la cantidad de 100 millones de DKK a los funcionarios empleados por Combus, el Estado danés habría podido obtener el mismo resultado destinando de nuevo a dichos funcionarios en la Administración, sin pagar ninguna bonificación específica, lo que habría permitido a Combus contratar inmediatamente personal laboral en un régimen de Derecho privado». |
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(106)

Las autoridades francesas invocan de manera pormenorizada la sentencia Combus (38), en la cual el Tribunal consideró «cargas anormales» los costes resultantes del régimen laboral excepcional del personal de una empresa que, tras una reforma, se encuentra en una situación de Derecho común, es decir, idéntica a la de sus competidores, en lo relativo a la gestión de su personal. Así, el Tribunal afirma que «la medida en cuestión tenía por objeto cambiar el régimen privilegiado y costoso de los funcionarios que trabajaban en Combus por un régimen de personal laboral comparable al de los trabajadores de otras empresas de transporte en autobús competidoras de Combus. Se trataba, pues, de liberar a Combus de una desventaja estructural con respecto a sus competidores privados. Ahora bien, el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, tiene como único objeto prohibir las ventajas que favorezcan a determinadas empresas, ya que el concepto de ayuda solo abarca las intervenciones que reduzcan los costes normalmente incluidos en el presupuesto de una empresa y que puedan considerarse una ventaja económica que la empresa beneficiaria no hubiera obtenido en condiciones normales de mercado [...]. [...]. Además, en lugar de entregar directamente la cantidad de 100 millones de DKK a los funcionarios empleados por Combus, el Estado danés habría podido obtener el mismo resultado destinando de nuevo a dichos funcionarios en la Administración, sin pagar ninguna bonificación específica, lo que habría permitido a Combus contratar inmediatamente personal laboral en un régimen de Derecho privado».

| (107) | En términos generales, procede recordar, en primer lugar, que el Tribunal no ha confirmado la jurisprudencia en el asunto Combus. Algunos elementos de la jurisprudencia del Tribunal contradicen la hipótesis según la cual la compensación de una desventaja estructural excluiría la calificación de ayuda. Así, el Tribunal ha indicado de manera reiterada que la existencia de ayuda debe apreciarse con respecto a los efectos y no según las causas u objetivos de las intervenciones oficiales (39). El Tribunal también ha sostenido que el concepto de ayuda abarca las ventajas concedidas por las autoridades públicas que, bajo distintas formas, reducen las cargas que pesan normalmente sobre el presupuesto de una empresa (40). Asimismo, el Tribunal ha indicado claramente que los costes de remuneración de sus empleados gravan, por su naturaleza, el presupuesto de las empresas, independientemente de si tales costes se derivan o no de obligaciones legales o de convenios colectivos (41). En este contexto, ha considerado que el hecho de que unas medidas oficiales tengan por objeto compensar sobrecostes no permite dejar de calificarlas de ayuda (42). En el presente caso, las autoridades francesas invocan la aplicación del principio establecido por el Tribunal en la sentencia Combus, afirmando que la reforma notificada no hace más que descargar a la RATP de una carga «anormal». |
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(107)

En términos generales, procede recordar, en primer lugar, que el Tribunal no ha confirmado la jurisprudencia en el asunto Combus. Algunos elementos de la jurisprudencia del Tribunal contradicen la hipótesis según la cual la compensación de una desventaja estructural excluiría la calificación de ayuda. Así, el Tribunal ha indicado de manera reiterada que la existencia de ayuda debe apreciarse con respecto a los efectos y no según las causas u objetivos de las intervenciones oficiales (39). El Tribunal también ha sostenido que el concepto de ayuda abarca las ventajas concedidas por las autoridades públicas que, bajo distintas formas, reducen las cargas que pesan normalmente sobre el presupuesto de una empresa (40). Asimismo, el Tribunal ha indicado claramente que los costes de remuneración de sus empleados gravan, por su naturaleza, el presupuesto de las empresas, independientemente de si tales costes se derivan o no de obligaciones legales o de convenios colectivos (41). En este contexto, ha considerado que el hecho de que unas medidas oficiales tengan por objeto compensar sobrecostes no permite dejar de calificarlas de ayuda (42). En el presente caso, las autoridades francesas invocan la aplicación del principio establecido por el Tribunal en la sentencia Combus, afirmando que la reforma notificada no hace más que descargar a la RATP de una carga «anormal».

| (108) | A este respecto, la Comisión subraya que el asunto Combus presenta diferencias materiales importantes respecto al presente caso:






  — | las compensaciones se pagan directamente a los funcionarios empleados por Combus, mientras que la medida analizada en la presente Decisión se refiere a la cotización «empresarial» de la RATP, |
| --- | --- | --- |

(108)

A este respecto, la Comisión subraya que el asunto Combus presenta diferencias materiales importantes respecto al presente caso:

—

las compensaciones se pagan directamente a los funcionarios empleados por Combus, mientras que la medida analizada en la presente Decisión se refiere a la cotización «empresarial» de la RATP,

| — | la medida estatal analizada en el asunto Combus tenía por objeto sustituir el régimen privilegiado y costoso de los funcionarios empleados por Combus por un régimen de personal laboral comparable al de los empleados de otras empresas de transporte en autobús que competían con Combus. En cambio, el Estatuto y los derechos de los funcionarios de la RATP no cambian como consecuencia de la medida en cuestión. Este Estatuto y estos derechos son diferentes de los de los empleados de las empresas afiliadas a los regímenes de pensiones de Derecho común, sujetos a un contrato de Derecho privado, |
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—

la medida estatal analizada en el asunto Combus tenía por objeto sustituir el régimen privilegiado y costoso de los funcionarios empleados por Combus por un régimen de personal laboral comparable al de los empleados de otras empresas de transporte en autobús que competían con Combus. En cambio, el Estatuto y los derechos de los funcionarios de la RATP no cambian como consecuencia de la medida en cuestión. Este Estatuto y estos derechos son diferentes de los de los empleados de las empresas afiliadas a los regímenes de pensiones de Derecho común, sujetos a un contrato de Derecho privado,

| — | el contexto competitivo de las actividades de Combus era diferente a aquel en que evoluciona la RATP. La sociedad anónima Combus A/S debía gestionar la actividad de transporte sobre una base comercial y operar en el mercado en condiciones de competencia comparables a las de las empresas de autobuses privadas. En este contexto, las sociedades públicas de gestión de los transportes ceden a empresas privadas y públicas, mediante licitación, la prestación de los servicios de transporte en autobús. Según las normas que regulan las licitaciones, los mercados se asignan a la oferta económicamente más ventajosa, sin tener en cuenta la naturaleza privada o pública del licitador. Por su parte, la RATP dispone de un amplio sector no liberalizado, que el Reglamento (CE) no 1370/2007 someterá a la competencia de manera muy progresiva y en el que, por tanto, las presiones económicas se ejercen de manera muy distinta. |
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el contexto competitivo de las actividades de Combus era diferente a aquel en que evoluciona la RATP. La sociedad anónima Combus A/S debía gestionar la actividad de transporte sobre una base comercial y operar en el mercado en condiciones de competencia comparables a las de las empresas de autobuses privadas. En este contexto, las sociedades públicas de gestión de los transportes ceden a empresas privadas y públicas, mediante licitación, la prestación de los servicios de transporte en autobús. Según las normas que regulan las licitaciones, los mercados se asignan a la oferta económicamente más ventajosa, sin tener en cuenta la naturaleza privada o pública del licitador. Por su parte, la RATP dispone de un amplio sector no liberalizado, que el Reglamento (CE) no 1370/2007 someterá a la competencia de manera muy progresiva y en el que, por tanto, las presiones económicas se ejercen de manera muy distinta.

| (109) | La Comisión considera que las diferencias materiales entre el asunto Combus y el presente caso son suficientes para justificar una argumentación distinta en ambos asuntos. |
| --- | --- |

(109)

La Comisión considera que las diferencias materiales entre el asunto Combus y el presente caso son suficientes para justificar una argumentación distinta en ambos asuntos.

11.1.2.   PRESENCIA DE FONDOS ESTATALES

| (110) | En opinión de la Comisión, la medida examinada implica el uso de recursos estatales en favor de la RATP en la medida en que la responsabilidad definitiva de equilibrar el régimen especial de pensiones del personal de la RATP no incumbe a esta, sino al Estado. En efecto, desde que empezó a aplicarse la reforma, el Estado asegura el equilibrio financiero de la CRP-RATP mediante el pago de una subvención de equilibrio al organismo de seguridad social que, en ausencia de la reforma, habría debido asumir la RATP. |
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(110)

En opinión de la Comisión, la medida examinada implica el uso de recursos estatales en favor de la RATP en la medida en que la responsabilidad definitiva de equilibrar el régimen especial de pensiones del personal de la RATP no incumbe a esta, sino al Estado. En efecto, desde que empezó a aplicarse la reforma, el Estado asegura el equilibrio financiero de la CRP-RATP mediante el pago de una subvención de equilibrio al organismo de seguridad social que, en ausencia de la reforma, habría debido asumir la RATP.

| (111) | Así pues, la Comisión concluye que la medida controvertida implica el uso de recursos estatales con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. |
| --- | --- |

(111)

Así pues, la Comisión concluye que la medida controvertida implica el uso de recursos estatales con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

11.1.3.   FALSEAMIENTO DE LA COMPETENCIA Y REPERCUSIONES EN LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES

| (112) | Tal como se ha indicado, la RATP, beneficiaria de la medida en cuestión, es la empresa matriz de un grupo de empresas, el grupo RATP, que opera en los sectores del transporte y servicios conexos. Todos estos operadores están presentes en los mercados comunitarios de los citados sectores. |
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(112)

Tal como se ha indicado, la RATP, beneficiaria de la medida en cuestión, es la empresa matriz de un grupo de empresas, el grupo RATP, que opera en los sectores del transporte y servicios conexos. Todos estos operadores están presentes en los mercados comunitarios de los citados sectores.

| (113) | En este contexto, conviene recordar que las ayudas encaminadas a liberar a una empresa de los costes que normalmente habría debido asumir en el marco de su gestión corriente o sus actividades normales, falsean, en principio, las condiciones de la competencia (43). A este respecto, es cosa juzgada que cualquier concesión de ayudas a una empresa que ejerza sus actividades en el mercado comunitario puede falsear la competencia y afectar al comercio entre Estados miembros (44). Además, el Tribunal considera que en modo alguno cabe excluir que una subvención pública concedida a una empresa que presta únicamente servicios de transporte local o regional y que no presta servicios de transporte fuera de su Estado de origen pueda, a pesar de ello, tener una incidencia en los intercambios entre los Estados miembros con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado. En efecto, cuando un Estado miembro concede una subvención pública a una empresa, la prestación de servicios de transporte por parte de esta puede verse mantenida o aumentada, con la consecuencia de que las empresas establecidas en otros Estados miembros tienen menos oportunidades de ofrecer sus servicios de transporte en el mercado de dicho Estado miembro (45). |
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(113)

En este contexto, conviene recordar que las ayudas encaminadas a liberar a una empresa de los costes que normalmente habría debido asumir en el marco de su gestión corriente o sus actividades normales, falsean, en principio, las condiciones de la competencia (43). A este respecto, es cosa juzgada que cualquier concesión de ayudas a una empresa que ejerza sus actividades en el mercado comunitario puede falsear la competencia y afectar al comercio entre Estados miembros (44). Además, el Tribunal considera que en modo alguno cabe excluir que una subvención pública concedida a una empresa que presta únicamente servicios de transporte local o regional y que no presta servicios de transporte fuera de su Estado de origen pueda, a pesar de ello, tener una incidencia en los intercambios entre los Estados miembros con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado. En efecto, cuando un Estado miembro concede una subvención pública a una empresa, la prestación de servicios de transporte por parte de esta puede verse mantenida o aumentada, con la consecuencia de que las empresas establecidas en otros Estados miembros tienen menos oportunidades de ofrecer sus servicios de transporte en el mercado de dicho Estado miembro (45).

| (114) | En este caso, el grupo RATP se encuentra en una posición privilegiada tanto frente a sus competidores nacionales (46) como a los de otros Estados miembros, los cuales no pueden beneficiarse de la medida en cuestión. |
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(114)

En este caso, el grupo RATP se encuentra en una posición privilegiada tanto frente a sus competidores nacionales (46) como a los de otros Estados miembros, los cuales no pueden beneficiarse de la medida en cuestión.

| (115) | A este respecto, cabe señalar que el Reglamento (CE) no 1370/2007 prevé la apertura progresiva de los mercados en cuestión a la competencia, y que, cuando un sector se abre a la competencia, la concesión de una ayuda estatal a una empresa que opere en ese sector puede afectar a los intercambios intracomunitarios y falsear la competencia en ese mercado. |
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(115)

A este respecto, cabe señalar que el Reglamento (CE) no 1370/2007 prevé la apertura progresiva de los mercados en cuestión a la competencia, y que, cuando un sector se abre a la competencia, la concesión de una ayuda estatal a una empresa que opere en ese sector puede afectar a los intercambios intracomunitarios y falsear la competencia en ese mercado.

| (116) | En consecuencia, la Comisión considera que la medida analizada afecta a los intercambios entre Estados miembros y falsea la competencia entre operadores. |
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(116)

En consecuencia, la Comisión considera que la medida analizada afecta a los intercambios entre Estados miembros y falsea la competencia entre operadores.

11.2.   ILEGALIDAD DE LA AYUDA

| (117) | Con arreglo al artículo 88, apartado 3, del Tratado, los Estados miembros están obligados a informar de todo proyecto dirigido a conceder o modificar una ayuda. El Estado miembro interesado no podrá ejecutar las medidas proyectadas antes de que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva. |
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(117)

Con arreglo al artículo 88, apartado 3, del Tratado, los Estados miembros están obligados a informar de todo proyecto dirigido a conceder o modificar una ayuda. El Estado miembro interesado no podrá ejecutar las medidas proyectadas antes de que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva.

| (118) | El 29 de junio de 2006, las autoridades francesas notificaron la reforma del método de financiación del régimen de pensiones de la RATP. En esta carta, las autoridades francesas indican que este dispositivo no parece constituir una ayuda estatal que deba ser notificada previamente a la Comisión en aplicación del artículo 88, apartado 3, del Tratado. |
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(118)

El 29 de junio de 2006, las autoridades francesas notificaron la reforma del método de financiación del régimen de pensiones de la RATP. En esta carta, las autoridades francesas indican que este dispositivo no parece constituir una ayuda estatal que deba ser notificada previamente a la Comisión en aplicación del artículo 88, apartado 3, del Tratado.

| (119) | No obstante, la Comisión constata que Francia ejecutó la ayuda estatal en cuestión con efectos a 1 de enero de 2006, es decir, antes de que la Comisión hubiera adoptado una decisión definitiva. Por tanto, la Comisión concluye que Francia adoptó una medida ilegal al conceder la ayuda en infracción del artículo 88, apartado 3, del Tratado. |
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(119)

No obstante, la Comisión constata que Francia ejecutó la ayuda estatal en cuestión con efectos a 1 de enero de 2006, es decir, antes de que la Comisión hubiera adoptado una decisión definitiva. Por tanto, la Comisión concluye que Francia adoptó una medida ilegal al conceder la ayuda en infracción del artículo 88, apartado 3, del Tratado.

11.3.   COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA CON EL MERCADO COMÚN

| (120) | Partiendo de que la medida analizada constituye una ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado, procede examinar su compatibilidad a la luz de las excepciones establecidas en ese artículo. |
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(120)

Partiendo de que la medida analizada constituye una ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado, procede examinar su compatibilidad a la luz de las excepciones establecidas en ese artículo.

| (121) | La Comisión considera que la base jurídica más adecuada a tal fin es el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, según la cual pueden considerarse compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo de determinadas actividades económicas siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. |
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(121)

La Comisión considera que la base jurídica más adecuada a tal fin es el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, según la cual pueden considerarse compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo de determinadas actividades económicas siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

| (122) | Habida cuenta de la naturaleza y de las repercusiones de la reforma, la Comisión sostiene que la compatibilidad de la ayuda analizada debe evaluarse atendiendo al criterio de si la RATP y sus competidores actuales, potenciales o futuros están en igualdad de condiciones en lo que respecta a las cotizaciones sociales obligatorias en el mercado del transporte público urbano en Île-de-France. |
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(122)

Habida cuenta de la naturaleza y de las repercusiones de la reforma, la Comisión sostiene que la compatibilidad de la ayuda analizada debe evaluarse atendiendo al criterio de si la RATP y sus competidores actuales, potenciales o futuros están en igualdad de condiciones en lo que respecta a las cotizaciones sociales obligatorias en el mercado del transporte público urbano en Île-de-France.

| (123) | Para analizar los efectos de las ayudas y evaluar la intensidad del falseamiento de la competencia, la Comisión debe examinar en primer lugar el nivel de las contribuciones a cargo de la RATP en el sistema reformado en comparación a sus competidores. A continuación, la Comisión analizará lo que habría ocurrido si la RATP no se hubiera beneficiado de la ayuda en cuestión. Por último, se analizarán las repercusiones positivas y negativas de las ayudas antes de proceder a un balance global de su compatibilidad. |
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(123)

Para analizar los efectos de las ayudas y evaluar la intensidad del falseamiento de la competencia, la Comisión debe examinar en primer lugar el nivel de las contribuciones a cargo de la RATP en el sistema reformado en comparación a sus competidores. A continuación, la Comisión analizará lo que habría ocurrido si la RATP no se hubiera beneficiado de la ayuda en cuestión. Por último, se analizarán las repercusiones positivas y negativas de las ayudas antes de proceder a un balance global de su compatibilidad.

| (124) | A título preliminar, la Comisión observa que, antes del 1 de enero de 2006, la financiación del régimen especial de pensiones de la RATP se distinguía de la financiación de los regímenes de pensiones de Derecho común en dos aspectos: el carácter no liberatorio de las contribuciones y el tipo de la cotización empresarial. |
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(124)

A título preliminar, la Comisión observa que, antes del 1 de enero de 2006, la financiación del régimen especial de pensiones de la RATP se distinguía de la financiación de los regímenes de pensiones de Derecho común en dos aspectos: el carácter no liberatorio de las contribuciones y el tipo de la cotización empresarial.

| (125) | A juicio de la Comisión, la ayuda en cuestión ha aportado una solución al primer elemento diferenciador del régimen especial de la RATP respecto de los regímenes de Derecho común. En efecto, antes del 1 de enero de 2006, la RATP no abonaba una cotización liberatoria, sino que la ley le encomendaba equilibrar el régimen de pensiones de su personal. La reforma notificada tuvo como consecuencia la implantación de una cotización liberatoria, concepto que designa la cotización abonada por una empresa de Derecho común a la caja que gestiona un régimen de pensiones por reparto. En cuanto al segundo elemento diferenciador, la Comisión constata que la reforma notificada tuvo como consecuencia la igualación de los costes de los seguros obligatorios de vejez entre la RATP y las empresas sujetas al Derecho común en materia de prestaciones de jubilación. |
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(125)

A juicio de la Comisión, la ayuda en cuestión ha aportado una solución al primer elemento diferenciador del régimen especial de la RATP respecto de los regímenes de Derecho común. En efecto, antes del 1 de enero de 2006, la RATP no abonaba una cotización liberatoria, sino que la ley le encomendaba equilibrar el régimen de pensiones de su personal. La reforma notificada tuvo como consecuencia la implantación de una cotización liberatoria, concepto que designa la cotización abonada por una empresa de Derecho común a la caja que gestiona un régimen de pensiones por reparto. En cuanto al segundo elemento diferenciador, la Comisión constata que la reforma notificada tuvo como consecuencia la igualación de los costes de los seguros obligatorios de vejez entre la RATP y las empresas sujetas al Derecho común en materia de prestaciones de jubilación.

| (126) | En ausencia de la reforma notificada, la RATP habría tenido que constituir provisiones, a partir del ejercicio de 2007, para los compromisos de pago de las pensiones de su personal estatutario. Estas provisiones habrían sido resultado directo del hecho de que las cotizaciones empresariales para las pensiones del personal de la RATP no eran liberatorias. |
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(126)

En ausencia de la reforma notificada, la RATP habría tenido que constituir provisiones, a partir del ejercicio de 2007, para los compromisos de pago de las pensiones de su personal estatutario. Estas provisiones habrían sido resultado directo del hecho de que las cotizaciones empresariales para las pensiones del personal de la RATP no eran liberatorias.

| (127) | Por otro lado, las contribuciones de la RATP al seguro de vejez para asegurar el equilibrio financiero del régimen de pensiones no se habrían alineado en el nivel de sus competidores potenciales. |
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(127)

Por otro lado, las contribuciones de la RATP al seguro de vejez para asegurar el equilibrio financiero del régimen de pensiones no se habrían alineado en el nivel de sus competidores potenciales.

| (128) | Así pues, en ausencia de la reforma notificada, la RATP habría debido asumir con respecto al régimen reformado un coste anual adicional de varios cientos de millones EUR. |
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(128)

Así pues, en ausencia de la reforma notificada, la RATP habría debido asumir con respecto al régimen reformado un coste anual adicional de varios cientos de millones EUR.

| (129) | En consecuencia, habría sufrido una desventaja como consecuencia del coste de las pensiones en el contexto de un mercado liberalizado, lo que habría afectado en gran medida a sus actividades. |
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(129)

En consecuencia, habría sufrido una desventaja como consecuencia del coste de las pensiones en el contexto de un mercado liberalizado, lo que habría afectado en gran medida a sus actividades.

| (130) | De las consideraciones expuestas se deduce que, habida cuenta del Reglamento (CE) no 1370/2007, que prevé la apertura gradual del mercado del transporte público urbano, el régimen de pensiones aplicable a la RATP según la Ley de 1948 presenta características específicas que, consideradas aisladamente, falsean la competencia en detrimento de la RATP y del grupo al que esta pertenece. La principal repercusión de la ayuda analizada es que las cotizaciones de la RATP se corresponden con las soportadas por sus competidores y los competidores del grupo RATP, eliminando así el falseamiento de la competencia específico que afecta a la RATP y a su grupo. |
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(130)

De las consideraciones expuestas se deduce que, habida cuenta del Reglamento (CE) no 1370/2007, que prevé la apertura gradual del mercado del transporte público urbano, el régimen de pensiones aplicable a la RATP según la Ley de 1948 presenta características específicas que, consideradas aisladamente, falsean la competencia en detrimento de la RATP y del grupo al que esta pertenece. La principal repercusión de la ayuda analizada es que las cotizaciones de la RATP se corresponden con las soportadas por sus competidores y los competidores del grupo RATP, eliminando así el falseamiento de la competencia específico que afecta a la RATP y a su grupo.

| (131) | Por otro lado, la reforma permite a la RATP actuar de manera progresiva como lo haría un inversor privado en condiciones comerciales normales. De hecho, este es uno de los objetivos de la citada reforma. |
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(131)

Por otro lado, la reforma permite a la RATP actuar de manera progresiva como lo haría un inversor privado en condiciones comerciales normales. De hecho, este es uno de los objetivos de la citada reforma.

| (132) | Asimismo, la Comisión considera que la medida analizada se ajusta al objetivo de interés comunitario que persigue. Ningún otro instrumento habría podido abordar con más eficacia el problema planteado. Por supuesto, podrían haberse acordado compensaciones de servicio público, pero un planteamiento de este tipo no sería ni adecuado ni sostenible a largo plazo debido a la naturaleza estructural del problema. |
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(132)

Asimismo, la Comisión considera que la medida analizada se ajusta al objetivo de interés comunitario que persigue. Ningún otro instrumento habría podido abordar con más eficacia el problema planteado. Por supuesto, podrían haberse acordado compensaciones de servicio público, pero un planteamiento de este tipo no sería ni adecuado ni sostenible a largo plazo debido a la naturaleza estructural del problema.

| (133) | En cuanto a la proporcionalidad de la medida, la Comisión sostiene que la ayuda concedida se limita al importe mínimo estrictamente necesario. Desde el 1 de enero de 2006, los costes de la RATP en materia de pensiones son idénticos a los soportados por las empresas cuyos empleados están afiliados a los regímenes de Derecho común. |
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(133)

En cuanto a la proporcionalidad de la medida, la Comisión sostiene que la ayuda concedida se limita al importe mínimo estrictamente necesario. Desde el 1 de enero de 2006, los costes de la RATP en materia de pensiones son idénticos a los soportados por las empresas cuyos empleados están afiliados a los regímenes de Derecho común.

| (134) | Por último, sostiene la Comisión que la medida en cuestión permite asegurar la continuidad de un sistema de pensiones cuyo funcionamiento se había quedado obsoleto, y que la reforma de las prestaciones de jubilación del régimen especial (47) que se emprendió constituye, por tanto, un elemento complementario determinante. Así pues, la Comisión considera que estas medidas se inscriben perfectamente en el marco más general de la reforma de los sistemas de jubilación de los Estados miembros, reforma propugnada tanto por el Consejo como por la Comisión (48). |
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(134)

Por último, sostiene la Comisión que la medida en cuestión permite asegurar la continuidad de un sistema de pensiones cuyo funcionamiento se había quedado obsoleto, y que la reforma de las prestaciones de jubilación del régimen especial (47) que se emprendió constituye, por tanto, un elemento complementario determinante. Así pues, la Comisión considera que estas medidas se inscriben perfectamente en el marco más general de la reforma de los sistemas de jubilación de los Estados miembros, reforma propugnada tanto por el Consejo como por la Comisión (48).

| (135) | En un análisis estático, la Comisión considera, por un lado, que el falseamiento de la competencia provocado por la medida en cuestión en el mercado del transporte público urbano en Île-de-France es, por naturaleza, muy limitado a corto plazo, pues, habida cuenta del pasado de la RATP y de sus actividades, es evidente que los compromisos relativos a las pensiones afectados por la reforma se refieren a actividades que tradicionalmente han sido ejercidas en un mercado no liberalizado en el que la competencia hasta ahora era muy débil. Por otro lado, en lo que respecta a los mercados en los que el grupo RATP opera a través de las filiales de la empresa RATP, la Comisión estima que las repercusiones de la medida analizada son mínimas. En efecto, estos mercados solo se verán afectados por la medida de manera indirecta, ya que, además de la estricta separación jurídica, contable y financiera entre la empresa matriz y sus filiales, la reforma notificada no afecta al personal empleado en las filiales. |
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(135)

En un análisis estático, la Comisión considera, por un lado, que el falseamiento de la competencia provocado por la medida en cuestión en el mercado del transporte público urbano en Île-de-France es, por naturaleza, muy limitado a corto plazo, pues, habida cuenta del pasado de la RATP y de sus actividades, es evidente que los compromisos relativos a las pensiones afectados por la reforma se refieren a actividades que tradicionalmente han sido ejercidas en un mercado no liberalizado en el que la competencia hasta ahora era muy débil. Por otro lado, en lo que respecta a los mercados en los que el grupo RATP opera a través de las filiales de la empresa RATP, la Comisión estima que las repercusiones de la medida analizada son mínimas. En efecto, estos mercados solo se verán afectados por la medida de manera indirecta, ya que, además de la estricta separación jurídica, contable y financiera entre la empresa matriz y sus filiales, la reforma notificada no afecta al personal empleado en las filiales.

| (136) | En un análisis dinámico que, sin duda, resulta más adecuado habida cuenta del Reglamento (CE) no 1370/2007, la Comisión cree que, si bien la medida puede permitir en teoría a la RATP mantener una posición dominante, este riesgo es limitado. Esta conclusión se basa en que la medida se limita a ajustar las cotizaciones de la RATP con las de sus competidores y en que, a raíz de la reforma del régimen especial de pensiones emprendida en 2008, el régimen de pensiones de la RATP no añade un atractivo específico a la empresa. |
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(136)

En un análisis dinámico que, sin duda, resulta más adecuado habida cuenta del Reglamento (CE) no 1370/2007, la Comisión cree que, si bien la medida puede permitir en teoría a la RATP mantener una posición dominante, este riesgo es limitado. Esta conclusión se basa en que la medida se limita a ajustar las cotizaciones de la RATP con las de sus competidores y en que, a raíz de la reforma del régimen especial de pensiones emprendida en 2008, el régimen de pensiones de la RATP no añade un atractivo específico a la empresa.

| (137) | A la luz de las consideraciones expuestas, la Comisión concluye que las repercusiones negativas de la ayuda concedida a la RATP son moderadas. La reforma notificada se limita a lo estrictamente necesario para establecer condiciones de igualdad en lo relativo a las cotizaciones al seguro obligatorio de vejez y pone freno a un falseamiento de la competencia que habría supuesto una desventaja para la RATP, por lo que no altera las condiciones de los intercambios en una medida contraria al interés común. |
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(137)

A la luz de las consideraciones expuestas, la Comisión concluye que las repercusiones negativas de la ayuda concedida a la RATP son moderadas. La reforma notificada se limita a lo estrictamente necesario para establecer condiciones de igualdad en lo relativo a las cotizaciones al seguro obligatorio de vejez y pone freno a un falseamiento de la competencia que habría supuesto una desventaja para la RATP, por lo que no altera las condiciones de los intercambios en una medida contraria al interés común.

| (138) | Por consiguiente, la ayuda analizada es compatible con el mercado común a condición de que se aplique en su totalidad la reforma del régimen especial de pensiones de la RATP, cuyo objetivo es armonizarlo con las normas de Derecho común de los regímenes de base de los asalariados del sector privado y de los funcionarios. |
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(138)

Por consiguiente, la ayuda analizada es compatible con el mercado común a condición de que se aplique en su totalidad la reforma del régimen especial de pensiones de la RATP, cuyo objetivo es armonizarlo con las normas de Derecho común de los regímenes de base de los asalariados del sector privado y de los funcionarios.

| (139) | La Comisión estima que la conclusión expuesta no queda desvirtuada por la solución adoptada en su Decisión 2005/145/CE en el asunto EDF (49). |
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(139)

La Comisión estima que la conclusión expuesta no queda desvirtuada por la solución adoptada en su Decisión 2005/145/CE en el asunto EDF (49).

| (140) | A este respecto, conviene recordar que, en aquella Decisión, la Comisión autorizó unas ayudas estatales que liberaban a las empresas de un sector de unas obligaciones de pago de pensiones específicas que sobrepasaban las resultantes del régimen general de pensiones y que se habían establecido durante el período de monopolio. Con este motivo, la Comisión consideró que la reducción parcial de la carga resultante del mecanismo de financiación de los derechos específicos de pensiones adquiridos antes de la fecha de la reforma constituía una ayuda estatal según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado que podía ser declarada compatible con el mercado común. En su análisis de compatibilidad, la Comisión consideró que la situación de EDF no era muy diferente, por su naturaleza, de la de los «costes de transición a la competencia» en el ámbito de la energía. Se trataba, en efecto, de ayudas destinadas a facilitar la transición hacia un sector energético competitivo. La Comisión consideró conveniente asimilar las ayudas a EDF a la compensación de costes de transición a la competencia (50) y anunció que seguiría este enfoque en su análisis de casos similares. |
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(140)

A este respecto, conviene recordar que, en aquella Decisión, la Comisión autorizó unas ayudas estatales que liberaban a las empresas de un sector de unas obligaciones de pago de pensiones específicas que sobrepasaban las resultantes del régimen general de pensiones y que se habían establecido durante el período de monopolio. Con este motivo, la Comisión consideró que la reducción parcial de la carga resultante del mecanismo de financiación de los derechos específicos de pensiones adquiridos antes de la fecha de la reforma constituía una ayuda estatal según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado que podía ser declarada compatible con el mercado común. En su análisis de compatibilidad, la Comisión consideró que la situación de EDF no era muy diferente, por su naturaleza, de la de los «costes de transición a la competencia» en el ámbito de la energía. Se trataba, en efecto, de ayudas destinadas a facilitar la transición hacia un sector energético competitivo. La Comisión consideró conveniente asimilar las ayudas a EDF a la compensación de costes de transición a la competencia (50) y anunció que seguiría este enfoque en su análisis de casos similares.

| (141) | Habida cuenta de las consideraciones expuestas, la Comisión sostiene que, en el presente caso, la ayuda estatal libera a la RATP de unas obligaciones en materia de pensiones que excedían de las resultantes del régimen general de pensiones y que fueron definidas antes de la liberalización del mercado. Asimismo, señala que la reforma de los regímenes especiales de pensiones aplicada por la RATP desde principios de 2008 adapta el régimen especial del personal de la RATP a las normas de Derecho común de los regímenes de base de los asalariados del sector privado y de los funcionarios. |
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(141)

Habida cuenta de las consideraciones expuestas, la Comisión sostiene que, en el presente caso, la ayuda estatal libera a la RATP de unas obligaciones en materia de pensiones que excedían de las resultantes del régimen general de pensiones y que fueron definidas antes de la liberalización del mercado. Asimismo, señala que la reforma de los regímenes especiales de pensiones aplicada por la RATP desde principios de 2008 adapta el régimen especial del personal de la RATP a las normas de Derecho común de los regímenes de base de los asalariados del sector privado y de los funcionarios.

11.4.   CONCLUSIÓN

| (142) | La Comisión considera que la medida examinada es constitutiva de ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado. Esta ayuda estatal es compatible con el mercado común en virtud del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado. |
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(142)

La Comisión considera que la medida examinada es constitutiva de ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado. Esta ayuda estatal es compatible con el mercado común en virtud del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.

12.   EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS SEGUNDA Y TERCERA

| (143) | Tal como se ha indicado anteriormente, la reforma notificada prevé que el Estado abone una subvención a la CRP-RATP para equilibrar sus cuentas a partir del 1 de enero de 2006. |
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(143)

Tal como se ha indicado anteriormente, la reforma notificada prevé que el Estado abone una subvención a la CRP-RATP para equilibrar sus cuentas a partir del 1 de enero de 2006.

| (144) | Por otro lado, la reforma notificada prevé la posibilidad de que la CRP-RATP vincule a los regímenes de Derecho común los derechos básicos de pensiones del régimen especial. Para respetar el principio general de neutralidad financiera, esta vinculación supone el pago de compensaciones a los regímenes receptores, compensaciones de las que se hará cargo el Estado en sustitución de la CRP-RATP. |
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(144)

Por otro lado, la reforma notificada prevé la posibilidad de que la CRP-RATP vincule a los regímenes de Derecho común los derechos básicos de pensiones del régimen especial. Para respetar el principio general de neutralidad financiera, esta vinculación supone el pago de compensaciones a los regímenes receptores, compensaciones de las que se hará cargo el Estado en sustitución de la CRP-RATP.

| (145) | Se trata de determinar si estas medidas constituyen ayuda estatal según el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. |
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(145)

Se trata de determinar si estas medidas constituyen ayuda estatal según el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

| (146) | A este respecto, conviene recordar que, según el Derecho comunitario de competencia, el artículo 87 del Tratado solo es aplicable a las empresas. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal, el ámbito de la protección social, cuando se basa en el principio de solidaridad, no constituye una actividad económica con arreglo al Tratado (véase el punto 67 de la decisión de incoar el procedimiento de 10 de octubre de 2007) (51). |
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(146)

A este respecto, conviene recordar que, según el Derecho comunitario de competencia, el artículo 87 del Tratado solo es aplicable a las empresas. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal, el ámbito de la protección social, cuando se basa en el principio de solidaridad, no constituye una actividad económica con arreglo al Tratado (véase el punto 67 de la decisión de incoar el procedimiento de 10 de octubre de 2007) (51).

| (147) | A la luz de esta jurisprudencia, la Comisión considera que ni la CRP-RATP, ni las cajas de pensiones que acogen a los empleados en activo y jubilados de la RATP, es decir, la CNAV y la AGIRC-ARRCO, son empresas según el Derecho comunitario de la competencia, y ello por las razones que se exponen a continuación. |
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(147)

A la luz de esta jurisprudencia, la Comisión considera que ni la CRP-RATP, ni las cajas de pensiones que acogen a los empleados en activo y jubilados de la RATP, es decir, la CNAV y la AGIRC-ARRCO, son empresas según el Derecho comunitario de la competencia, y ello por las razones que se exponen a continuación.

| (148) | La Comisión observa, en primer lugar, que el personal de la RATP es objeto de una protección social obligatoria que incluye un régimen autónomo de seguro de vejez con un objetivo social. En efecto, su finalidad consiste en asegurar una cobertura del riesgo de vejez al conjunto de los beneficiarios, con independencia de su patrimonio y de su estado de salud en el momento de su afiliación. |
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(148)

La Comisión observa, en primer lugar, que el personal de la RATP es objeto de una protección social obligatoria que incluye un régimen autónomo de seguro de vejez con un objetivo social. En efecto, su finalidad consiste en asegurar una cobertura del riesgo de vejez al conjunto de los beneficiarios, con independencia de su patrimonio y de su estado de salud en el momento de su afiliación.

| (149) | Por otro lado, la Comisión considera que este régimen obedece al principio de solidaridad, ya que las cotizaciones abonadas por los trabajadores en activo financian las pensiones de los trabajadores jubilados. |
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(149)

Por otro lado, la Comisión considera que este régimen obedece al principio de solidaridad, ya que las cotizaciones abonadas por los trabajadores en activo financian las pensiones de los trabajadores jubilados.

| (150) | Además, la Comisión observa que la gestión del régimen analizado ha sido conferida por ley a la CRP-RATP, cuya actividad está sujeta al control del Estado. En su calidad de gestora, recauda el producto de las cotizaciones adeudadas por los asalariados de la RATP y por la RATP y se encarga de la liquidación y del servicio de pensiones. La Comisión subraya que, en virtud del artículo L711-1 del Código de la Seguridad Social, la CRP-RATP está dotada del conjunto de las atribuciones definidas en el artículo L111-1 del Código, que recuerda, en particular, que la organización de la seguridad social se basa en el principio de solidaridad nacional. |
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(150)

Además, la Comisión observa que la gestión del régimen analizado ha sido conferida por ley a la CRP-RATP, cuya actividad está sujeta al control del Estado. En su calidad de gestora, recauda el producto de las cotizaciones adeudadas por los asalariados de la RATP y por la RATP y se encarga de la liquidación y del servicio de pensiones. La Comisión subraya que, en virtud del artículo L711-1 del Código de la Seguridad Social, la CRP-RATP está dotada del conjunto de las atribuciones definidas en el artículo L111-1 del Código, que recuerda, en particular, que la organización de la seguridad social se basa en el principio de solidaridad nacional.

| (151) | Por último, constata que, en la ejecución de su misión, la CRP-RATP aplica la ley y no tiene posibilidad alguna de influir en el importe de las cotizaciones, la utilización de los fondos o la determinación del nivel de las prestaciones. Las prestaciones que se abonan vienen determinadas por ley y son independientes de la cuantía de las cotizaciones. |
| --- | --- |

(151)

Por último, constata que, en la ejecución de su misión, la CRP-RATP aplica la ley y no tiene posibilidad alguna de influir en el importe de las cotizaciones, la utilización de los fondos o la determinación del nivel de las prestaciones. Las prestaciones que se abonan vienen determinadas por ley y son independientes de la cuantía de las cotizaciones.

| (152) | En la medida en que la CRP-RATP no es una empresa según el Derecho comunitario de competencia, la Comisión considera que el pago por el Estado de una subvención de equilibrio a la CRP-RATP y la financiación por su parte de las compensaciones en sustitución de la CRP-RATP no constituyen ayudas estatales según el artículo 87, apartado 1, del Tratado. |
| --- | --- |

(152)

En la medida en que la CRP-RATP no es una empresa según el Derecho comunitario de competencia, la Comisión considera que el pago por el Estado de una subvención de equilibrio a la CRP-RATP y la financiación por su parte de las compensaciones en sustitución de la CRP-RATP no constituyen ayudas estatales según el artículo 87, apartado 1, del Tratado.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La creación de la Caisse de retraites du personnel de la RATP (CRP-RATP) constituye una ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado otorgada ilegalmente por Francia en infracción del artículo 88, apartado 3, del Tratado.

Esta ayuda estatal es compatible con el mercado común con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado a condición de que se aplique en su totalidad la reforma del régimen especial de pensiones de la RATP, cuyo objetivo es armonizarlo con las normas de Derecho común de los regímenes de base de los asalariados del sector privado y de los funcionarios.

Por consiguiente, se autoriza la concesión de esta ayuda.

Artículo 2

El pago por el Estado de una subvención de equilibrio a la CRP-RATP y la financiación por el Estado de las compensaciones en sustitución de la CRP-RATP, en el marco de la vinculación de los derechos básicos del régimen especial a los regímenes de Derecho común, no constituyen ayudas estatales con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado.

Artículo 3

El destinatario de la presente Decisión es la República Francesa.

Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2009.

Por la Comisión

Antonio TAJANI

Vicepresidente

---

(1)  DO C 9 de 15.1.2008, p. 13.

1

(2)  Véase la nota 1.

2

(3)  Artículo 2 del Decreto legislativo modificado no 59-151, de 7 de enero de 1959, sobre la organización del transporte de viajeros en la región de París (Ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne-Journal Officiel de la République française de 10 de enero de 1959), que modificó la citada Ley de 1948.

3

o

Ordonnance no

(4)  Journal Officiel de la République française de 26 de marzo y de 3 de abril de 1948.

4

Journal Officiel de la République française

(5)  La legislación supedita esta posibilidad al cumplimiento de las condiciones siguientes: «Fuera de la región de Île-de-France y en el extranjero, la Régie autonome des transports parisiens podrá asimismo, a través de filiales, construir, acondicionar y explotar redes y líneas de transporte público de viajeros, sin perjuicio del respeto recíproco de las normas de competencia. Estas filiales serán sociedades anónimas. Su gestión financiera será autónoma y estará sujeta a los objetivos del grupo; en particular, no podrán recibir subvenciones atribuidas por el Estado, el Syndicat des transports de Île-de-France y los demás entes públicos en el marco del funcionamiento y las inversiones del transporte en la región de Île-de-France».

5

(6)  El Estatuto del personal de la RATP define los principios de clasificación de los trabajadores y regula determinadas situaciones, entre las cuales destacan:

6

| — | el cese de actividad, que precisa las normas aplicables en caso de dimisión, despido o rescisión, |
| --- | --- |

—

el cese de actividad, que precisa las normas aplicables en caso de dimisión, despido o rescisión,

| — | las vacaciones (vacaciones anuales, permisos especiales por razones familiares, etc.), |
| --- | --- |

—

las vacaciones (vacaciones anuales, permisos especiales por razones familiares, etc.),

| — | las modalidades de los anticipos. |
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—

las modalidades de los anticipos.

Antes de la reforma del régimen especial de jubilación, el Estatuto del personal de la RATP establecía asimismo, en su artículo 51, las condiciones de admisión a la jubilación, en referencia al Reglamento de pensiones. Este Reglamento fue derogado el 1 de julio de 2008 (artículo 52 del Decreto no 2008-637 de 30 de junio de 2008).

o

(7)  Journal officiel de la République française de 10 de enero de 1959.

7

Journal officiel de la République française

(8)  DO L 315 de 3.12.2007, p. 1.

8

(9)  Journal officiel de la République française de 24 de septiembre de 1959.

9

Journal officiel de la République française

(10)  Ley no 2003-775, de 21 de agosto de 2003, sobre la reforma de las pensiones (Loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites).

10

Ley no

o

(11)  Decreto no 2008-48, de 15 de enero de 2008, sobre el régimen especial de pensiones del personal de la RATP (Décret no 2008-48 du 15 janvier 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens).

11

Decreto no

o

(12)  Decreto no 2008-637, de 30 de junio de 2008, por el que se regulan las pensiones del personal de la RATP (Décret no 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens).

12

Decreto no

o

(13)  Decreto no 2008-1514, de 30 de diciembre de 2008, sobre determinados regímenes especiales de seguridad social y sobre el régimen especial de pensiones complementario de los seguros sociales del personal no titular del Estado y de los organismos públicos (Décret no 2008-1514 du 30 décembre 2008 relatif à certains régimes spéciaux de sécurité sociale et au régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques).

13

Decreto no

o

(14)  En la financiación de un régimen de pensiones por reparto, la solidaridad entre generaciones es un elemento importante. Su equilibrio financiero depende de la relación entre el número de personas que cotizan y el número de jubilados. Los índices de aumento de los ingresos y de la población activa ocupada constituyen, por tanto, los dos principales factores de evolución.

14

(15)  Decreto no 2005-1635, de 15 de enero de 2008, sobre el régimen especial de pensiones del personal de la RATP (Décret no 2005-1635 du 15 janvier 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens).

15

Decreto no

o

(16)  Decreto no 2005-1638, de 26 de diciembre de 2008, por el que se fijan los tipos de cotización a la caja de pensiones del personal de la RATP (Décret no 2005-1638 du 26 décembre 2005 fixant les taux des cotisations dues à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens).

16

Decreto no

o

(17)  CNAV: Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse.

17

(18)  AGIRC: Association générale des institutions de retraite des cadres.

18

(19)  ARRCO: Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés.

19

(20)  La vinculación financiera mantiene intacto el régimen especial y sus normas. El objetivo perseguido es extraer los compromisos relativos a las pensiones del balance de las empresas afectadas por la operación. A diferencia de una integración, la vinculación excluye toda relación directa entre los regímenes de Derecho común y las empresas, los asalariados y los jubilados del grupo vinculado. Mediante la instauración de una estructura «de pantalla» entre las empresas y los asalariados del sector vinculado, por una parte, y los regímenes de Derecho común, por otra parte, la vinculación se limita a organizar flujos financieros globales sobre la base de operaciones «virtuales». Virtuales, en la medida en que los asalariados no tienen ninguna relación jurídica ni administrativa directa con las instituciones del régimen receptor y en que la reglamentación del régimen especial sigue siendo la única que se les aplica a efectos de la determinación de sus derechos de pensión y de la revalorización de las pensiones liquidadas.

20

(21)  Los derechos específicos del régimen especial corresponden por naturaleza a la diferencia entre los derechos de pensión adquiridos al amparo del régimen especial de la RATP y la parte correspondiente a las prestaciones previstas en el Derecho común, o derechos básicos. Los derechos específicos del régimen especial de la RATP corresponden, pues, a los derechos de pensión que exceden de los otorgados normalmente por los regímenes de Derecho común. Los derechos específicos del régimen especial, que por otro lado están llamados a desaparecer de manera progresiva en el marco de la reforma de los regímenes especiales de pensiones (véase el considerando 21 de la presente Decisión) seguirán a cargo de la CRP-RATP.

21

(22)  Las diferencias en los ratios de gasto de ambos regímenes depende, por un lado, de las diferencias de nivel y de estructura de las remuneraciones (que influyen en los gastos de pensiones) y, por otro, de las diferencias demográficas (por ejemplo, una base de afiliados que cotizan más restringida proporcionalmente que influye en el importe de las cotizaciones).

22

(23)  Información confidencial.

23

(24)  DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

24

(25)  Sentencia del Tribunal de 5 de octubre de 1999 en el asunto C-251/97, Italia/Comisión (Rec. 1999, p. I-6639), apartado 40.

25

(26)  Sentencia del Tribunal de 16 de marzo de 2004 en el asunto T-157/01, Danske Busvognmænd/Comisión (Rec. 2004, p. II-917).

26

(27)  Sentencia del Tribunal de 23 de marzo de 2006 en el asunto C-237/04, Enirisorse SpA/Ministero delle Finanze (Rec. 2006, p. I-2843).

27

(28)  Según el informe preparado por el senador Bertrand AUBAN en nombre de la comisión de finanzas, control presupuestario y cuentas económicas de la nación el 9 de julio de 2008, los compromisos relativos a las pensiones se han evaluado en 21 000 millones EUR.

28

(29)  Decisión 2008/204/CE de la Comisión, de 10 de octubre de 2007, relativa a las ayudas estatales concedidas por Francia con respecto al modo de financiación de las jubilaciones de los funcionarios del Estado adscritos a La Poste (DO L 63 de 7.3.2008, p. 16).

29

(30)  Sentencia de 14 de febrero de 1990 en el asunto C-301/87, Francia/Comisión (Rec. 1990, p. I-307), apartado 41.

30

(31)  Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de 20 de septiembre de 2000 en el asunto T-55/99, España/Comisión (Rec. 2000, p. II-3207), apartado 82.

31

(32)  Sentencia del Tribunal de 20 de septiembre de 2001 en el asunto C-390/98, H. J. Banks y Co. Ltd/The Coal Authority y Secretary of State for Trade and Industry, (Rec. 2001, p. I-6117), apartado 33.

32

(33)  Véase, a este respecto, la citada Decisión 2008/204/CE así como la decisión de la Comisión de 10 de octubre de 2007 sobre la reforma de la financiación del régimen de pensiones en el sector bancario en Grecia (DO C 308 de 19.12.2007, p. 9).

33

(34)  Véanse las decisiones mencionadas en la nota 6 de la presente Decisión.

34

(35)  Véanse las secciones 2 y 3 de la presente Decisión.

35

(36)  Sentencia del Tribunal de 27 de noviembre de 2003 en el asunto C-34/01, Enirisorse SpA/Ministero delle Finanze (Rec. 2003, p. I-14243).

36

(37)  Véase el apartado 63 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DO C 244 de 1.10.2004, p. 2).

37

(38)  Sentencia de 16 de marzo de 2004 en el asunto T-157/01, Danske Busvognmænd/Comisión (Rec. 2004, p. II-917).

38

(39)  Sentencia del Tribunal de 2 de julio de 1974 en el asunto 173/73, Italia/Comisión (Rec. 1974, p. 709), apartado 13; sentencia del Tribunal de 24 de febrero de 1987 en el asunto C-310/85, Deufil/Comisión (Rec. 1987, p. 901), apartado 8; sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de septiembre de 1996 en el asunto C-241/01, Francia/Comisión (Rec. 1996, p. I-4551), apartado 20.

39

(40)  Sentencia del Tribunal de 15 de marzo de 1994 en el asunto C-387/92, Banco Exterior (Rec. 1994, p. I-877), apartado 13; sentencia ya citada en el asunto C-241/94, apartado 34.

40

(41)  Sentencia del Tribunal de 12 de diciembre de 2002 en el asunto C-5/01, Bélgica/Comisión (Rec. 2002, p. I-1191), apartado 39.

41

(42)  Sentencia del Tribunal de 23 de febrero de 1961 en el asunto 30/59, Gezamenlijke Steenkolenmijnen en Limburg/Alta Autoridad (Rec. 1961, p. 3), apartados 29 y 30; sentencia citada en el asunto C-173/73, apartados 12 y 13; sentencia citada en el asunto C-241/94, apartados 29 y 35; sentencia del Tribunal de 5 de octubre de 1999 en el asunto C-251/97, Francia/Comisión (Rec. 1999, p. I-6639), apartados 40, 46 y 47.

42

(43)  Véase la sentencia de 19 de septiembre de 2000 en el asunto C-156/98, Alemania/Comisión (Rec. p. I-6857), apartado 30, y la jurisprudencia mencionada.

43

(44)  Véanse, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 1980 en el asunto C-730/79, Philip Morris/Comisión (Rec. 1980, p. 2671), apartados 11 y 12, y la sentencia del Tribunal de 30 de abril de 1998 en el asunto T-214/95, Siemens/Comisión (Rec. 1998, p. II-717), apartados 48 a 50.

44

(45)  Sentencia del Tribunal de 11 de junio de 2009 en el asunto T-222/04, Alitalia/Comisión, apartado 45.

45

(46)  Recuérdese que no es necesario que la empresa beneficiaria participe directamente en los intercambios comunitarios. En efecto, cuando un Estado miembro concede una ayuda a una empresa, la actividad en el mercado nacional puede verse mantenida o aumentada, con la consecuencia de que las empresas establecidas en otros Estados miembros tienen menos oportunidades de penetrar en el mercado de dicho Estado miembro. Por otro lado, el fortalecimiento de una empresa que hasta ese momento no participaba en intercambios intracomunitarios puede colocarla en una situación que le permita penetrar en el mercado de otro Estado miembro [en este sentido, véase la sentencia de 7 de marzo de 2002 en el asunto Italia/Comisión (Rec. 2002, p. I-2289), apartado 84].

46

(47)  Véase el considerando 21 de la presente Decisión.

47

(48)  Véase, en particular, el Informe conjunto de la Comisión y el Consejo sobre la adecuación y la viabilidad de las pensiones de 18 de marzo de 2003 (CS/7165/03).

48

(49)  DO L 49 de 22.2.2005, p. 9.

49

(50)  Comunicación de la Comisión relativa a una metodología de análisis de las ayudas estatales vinculadas a costes de transición a la competencia [SG(2001) D/290869 de 6.8.2001].

50

(51)  Así, en los asuntos acumulados C-159 y C-160/91, Poucet y Pistre, el Tribunal decidió que «las Entidades Gestoras del seguro de enfermedad y los organismos que participan en la gestión del servicio público de Seguridad Social desempeñan una función de carácter exclusivamente social. En efecto, tal actividad se basa en el principio de solidaridad nacional y carece de toda finalidad lucrativa. Las prestaciones que se abonan son prestaciones legalmente determinadas e independientes de la cuantía de las cotizaciones. De lo anterior se deduce que dicha actividad no es una actividad económica y que, por lo tanto, las entidades encargadas de la misma no constituyen empresas en el sentido de los artículos 85 y 86 (ahora, 81 y 82) del Tratado».

51

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V Actos adoptados a partir del 1 de diciembre de 2009, en virtud del Tratado de la Unión Europea, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del Tratado Euratom

ACTOS CUYA PUBLICACIÓN ES OBLIGATORIA

| 12.12.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 327/36 |
| --- | --- | --- | --- |

12.12.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 327/36

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REGLAMENTO (UE) N
  o 1213/2009 DE LA COMISIÓN

de 11 de diciembre de 2009

por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (1),

Visto el Reglamento (CE) no 1580/2007 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2007, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 y (CE) no 1182/2007 del Consejo en el sector de las frutas y hortalizas (2), y, en particular, su artículo 138, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

El Reglamento (CE) no 1580/2007 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XV, parte A, de dicho Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

En el anexo del presente Reglamento quedan fijados los valores de importación a tanto alzado a que se refiere el artículo 138 del Reglamento (CE) no 1580/2007.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 12 de diciembre de 2009.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 11 de diciembre de 2009.

Por la Comisión, en nombre del Presidente

Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura y Desarrollo Rural

---

(1)  DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.

1

(2)  DO L 350 de 31.12.2007, p. 1.

2

---

ANEXO

Valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

| (EUR/100 kg) |
| --- |
| Código NC | Código país tercero (1) | Valor global de importación |
| 0702 00 00 | AL | 50,4 |
| MA | 57,1 |
| TN | 90,9 |
| TR | 63,9 |
| ZZ | 65,6 |
| 0707 00 05 | EG | 155,5 |
| MA | 49,3 |
| TR | 76,8 |
| ZZ | 93,9 |
| 0709 90 70 | MA | 50,5 |
| TR | 114,3 |
| ZZ | 82,4 |
| 0805 10 20 | AR | 70,4 |
| MA | 48,8 |
| TR | 63,3 |
| ZA | 61,8 |
| ZZ | 61,1 |
| 0805 20 10 | MA | 73,1 |
| TR | 85,9 |
| ZZ | 79,5 |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | HR | 59,6 |
| IL | 75,3 |
| TR | 75,5 |
| ZZ | 70,1 |
| 0805 50 10 | TR | 75,6 |
| ZZ | 75,6 |
| 0808 10 80 | CA | 65,1 |
| CN | 80,0 |
| MK | 24,5 |
| US | 92,7 |
| ZZ | 65,6 |
| 0808 20 50 | CN | 47,8 |
| TR | 92,0 |
| US | 186,0 |
| ZZ | 108,6 |

(EUR/100 kg)

Código NC

Código país tercero (1)

Valor global de importación

0702 00 00

AL

50,4

MA

57,1

TN

90,9

TR

63,9

ZZ

65,6

0707 00 05

EG

155,5

MA

49,3

TR

76,8

ZZ

93,9

0709 90 70

MA

50,5

TR

114,3

ZZ

82,4

0805 10 20

AR

70,4

MA

48,8

TR

63,3

ZA

61,8

ZZ

61,1

0805 20 10

MA

73,1

TR

85,9

ZZ

79,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

59,6

IL

75,3

TR

75,5

ZZ

70,1

0805 50 10

TR

75,6

ZZ

75,6

0808 10 80

CA

65,1

CN

80,0

MK

24,5

US

92,7

ZZ

65,6

0808 20 50

CN

47,8

TR

92,0

US

186,0

ZZ

108,6

---

(1)  Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 1833/2006 de la Comisión (DO L 354 de 14.12.2006, p. 19). El código «ZZ» significa «otros orígenes».

---

| 12.12.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 327/38 |
| --- | --- | --- | --- |

12.12.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 327/38

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REGLAMENTO (UE) N
  o 1214/2009 DE LA COMISIÓN

de 11 de diciembre de 2009

por el que se modifican los precios representativos y los importes de los derechos adicionales de importación de determinados productos del sector del azúcar fijados por el Reglamento (CE) no 877/2009 para la campaña 2009/10

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (1),

Visto el Reglamento (CE) no 951/2006 de la Comisión, de 30 de junio de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo en lo que respecta a los intercambios comerciales con terceros países en el sector del azúcar (2), y, en particular, su artículo 36, apartado 2, párrafo segundo, segunda frase.

Considerando lo siguiente:

| (1) | El Reglamento (CE) no 877/2009 de la Comisión (3) establece los importes de los precios representativos y de los derechos adicionales aplicables a la importación de azúcar blanco, azúcar en bruto y determinados jarabes en la campaña 2009/10. Estos precios y derechos han sido modificados un último lugar por el Reglamento (CE) no 1160/2009 de la Comisión (4). |
| --- | --- |

(1)

El Reglamento (CE) no 877/2009 de la Comisión (3) establece los importes de los precios representativos y de los derechos adicionales aplicables a la importación de azúcar blanco, azúcar en bruto y determinados jarabes en la campaña 2009/10. Estos precios y derechos han sido modificados un último lugar por el Reglamento (CE) no 1160/2009 de la Comisión (4).

| (2) | Los datos de que dispone actualmente la Comisión inducen a modificar dichos importes de conformidad con las normas de aplicación establecidas en el Reglamento (CE) no 951/2006. |
| --- | --- |

(2)

Los datos de que dispone actualmente la Comisión inducen a modificar dichos importes de conformidad con las normas de aplicación establecidas en el Reglamento (CE) no 951/2006.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los precios representativos y los derechos de importación adicionales aplicables a los productos mencionados en el artículo 36 del Reglamento (CE) no 951/2006, fijados por el Reglamento (CE) no 877/2009 para la campaña 2009/10, quedan modificados y figuran en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 12 de diciembre de 2009.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 11 de diciembre de 2009.

Por la Comisión, en nombre del Presidente

Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura y Desarrollo Rural

---

(1)  DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.

1

(2)  DO L 178 de 1.7.2006, p. 24.

2

(3)  DO L 253 de 25.9.2009, p. 3.

3

(4)  DO L 314 de 1.12.2009, p. 6.

4

---

ANEXO

Importes modificados de los precios representativos y los derechos de importación adicionales del azúcar blanco, el azúcar en bruto y los productos del código NC 1702 90 95 aplicables a partir del 12 de diciembre de 2009

| (EUR) |
| --- |
| Código NC | Importe del precio representativo por 100 kg netos de producto | Importe del derecho adicional por 100 kg netos de producto |
| 1701 11 10 (1) | 36,95 | 0,20 |
| 1701 11 90 (1) | 36,95 | 3,82 |
| 1701 12 10 (1) | 36,95 | 0,07 |
| 1701 12 90 (1) | 36,95 | 3,52 |
| 1701 91 00 (2) | 42,14 | 4,83 |
| 1701 99 10 (2) | 42,14 | 1,70 |
| 1701 99 90 (2) | 42,14 | 1,70 |
| 1702 90 95 (3) | 0,42 | 0,27 |

(EUR)

Código NC

Importe del precio representativo por 100 kg netos de producto

Importe del derecho adicional por 100 kg netos de producto

1701 11 10 (1)

36,95

0,20

1701 11 90 (1)

36,95

3,82

1701 12 10 (1)

36,95

0,07

1701 12 90 (1)

36,95

3,52

1701 91 00 (2)

42,14

4,83

1701 99 10 (2)

42,14

1,70

1701 99 90 (2)

42,14

1,70

1702 90 95 (3)

0,42

0,27

---

(1)  Importe fijado para la calidad tipo que se define en el anexo IV, punto III, del Reglamento (CE) no 1234/2007.

(2)  Importe fijado para la calidad tipo que se define en el anexo IV, punto II, del Reglamento (CE) no 1234/2007.

(3)  Importe fijado por cada 1 % de contenido en sacarosa.

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| 12.12.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 327/40 |
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12.12.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 327/40

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DECISIÓN Atalanta/8/2009 DEL COMITÉ POLÍTICO Y DE SEGURIDAD

de 4 de diciembre de 2009

por la que se nombra al Comandante de la Fuerza de la Unión Europea para la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia (Atalanta)

(2009/946/PESC)

EL COMITÉ POLÍTICO Y DE SEGURIDAD,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 38,

Vista la Acción Común 2008/851/PESC del Consejo, de 10 de noviembre de 2008, relativa a la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia (1) (Atalanta), y en particular su artículo 6,

Considerando lo siguiente:

| (1) | En virtud del artículo 6 de la Acción Común 2008/851/PESC, el Consejo autorizó al Comité Político y de Seguridad (CPS) a que adoptase las decisiones sobre el nombramiento del Comandante de la Fuerza de la Unión Europea. |
| --- | --- |

(1)

En virtud del artículo 6 de la Acción Común 2008/851/PESC, el Consejo autorizó al Comité Político y de Seguridad (CPS) a que adoptase las decisiones sobre el nombramiento del Comandante de la Fuerza de la Unión Europea.

| (2) | El 22 de julio de 2009, el CPS adoptó la Decisión Atalanta/6/2009 (2) por la que nombró al contralmirante Peter BINDT Comandante de la Fuerza de la Unión Europea para la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia. |
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(2)

El 22 de julio de 2009, el CPS adoptó la Decisión Atalanta/6/2009 (2) por la que nombró al contralmirante Peter BINDT Comandante de la Fuerza de la Unión Europea para la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia.

| (3) | El Comandante de la Operación de la Unión Europea recomendó que se nombrase al contralmirante Giovanni GUMIERO nuevo Comandante de la Fuerza de la Unión Europea para la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia. |
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(3)

El Comandante de la Operación de la Unión Europea recomendó que se nombrase al contralmirante Giovanni GUMIERO nuevo Comandante de la Fuerza de la Unión Europea para la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia.

| (4) | El Comité Militar de la Unión Europea respaldó dicha recomendación. |
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(4)

El Comité Militar de la Unión Europea respaldó dicha recomendación.

| (5) | De conformidad con el artículo 5 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la elaboración y aplicación de las decisiones y acciones de la Unión Europea con implicaciones en el ámbito de la defensa. |
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(5)

De conformidad con el artículo 5 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la elaboración y aplicación de las decisiones y acciones de la Unión Europea con implicaciones en el ámbito de la defensa.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Se nombra al contralmirante Giovanni GUMIERO Comandante de la Fuerza de la Unión Europea para la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia.

Artículo 2

La presente Decisión surtirá efecto el 13 de diciembre de 2009.

Hecho en Bruselas, el 4 de diciembre de 2009.

Por el Comité Político y de Seguridad

El Presidente

O. SKOOG

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(1)  DO L 301 de 12.11.2008, p. 33.

1

(2)  DO L 192 de 24.7.2009, p. 68.

2

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