Número Identificador

RES2024_____________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

HÉCTOR S. GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ; EILEEN 

RAMOS BÁEZ

Parte Recurrida

v.

ALEJANDRO E. 

MAYENDIA

Parte Peticionaria

KLAN202400051

Apelación,

procedente del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan

Caso Núm.: 

SJL284-2023-4161

Sobre: Ley Núm. 284-

1999, Ley Contra el 

Acecho en Puerto Rico, 

según enmendada por la 

Ley Núm. 4-2016

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla 

Ortíz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

Prats Palerm, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2024.

Comparece Alejandro E. Mayendía Blanco (en adelante, “señor 

Mayendía Blanco” o “Peticionario”) mediante recurso de Apelación, el cual 

acogemos como Certiorari1, por tratarse sobre una revisión de 

una Orden de Protección al amparo de la Ley Contra el Acecho en Puerto 

Rico. El peticionario solicita la revisión de una Orden de Protección emitida 

el 18 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal de San Juan (en adelante, “TPI”) a favor de Héctor S. González 

Rodríguez (en adelante, “señor González Rodríguez” o “Recurrido”).

Por los fundamentos a continuación, se deniega la expedición del 

auto de Certiorari.

I.

El 11 de diciembre de 2023, el señor González Rodríguez y Eileen 

Ramos Báez (en adelante, “señora Ramos Báez”) presentaron ante el TPI 

1 Sin embargo, no enmendamos el epígrafe del recurso, el cual mantiene la 

identificación alfanumérica asignada por la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones.
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una petición de Orden de Protección al amparo de la Ley Núm. 284 de 21 

de agosto de 1999, según enmendada, conocida como Ley Contra el Acecho 

en Puerto Rico (en adelante, “Ley 284-1999”), 33 LPRA sec. 4013 et seq., en 

contra del señor Mayendía Blanco. Ese mismo día, el foro primario celebró 

una Vista Ex Parte y expidió una Orden de Protección Ex Parte a favor de 

los peticionarios, vigente hasta el 18 de diciembre de 2023. 

El 18 de diciembre de 2023, fue celebrada la Vista Final, en la cual 

comparecieron todas las partes y testificaron el señor González Rodríguez 

y la señora Ramos Báez. Aquilatada la prueba testifical, el TPI realizó las 

siguientes determinaciones de hechos:

Comparece el peticionario Héctor S. González Rodríguez, 

representado por la Lcda. Blanca Saez y el peticionado 

Alejandro Mayendía por el Lcdo. Javier Santiago. Las partes 

son conocidos con amigos en común. Surge de la prueba que 

el 6 de diciembre de 2023 el peticionado llegó a un lugar 

donde estaba compartiendo el peticionario con su pareja y 

unas amistades, lo insultó y lo agredió con un puño en la 

nariz. Días antes, el peticionado le estaba escribi[e]ndo a la 

pareja del peticionario diciéndole que quería hablar con ella 

para decirle con cuantas putas peticionario había estado. Hace 

aproximadamente un año lo amenazó de muerte y le gritó 

insultos. Peticionario teme por su seguridad. Evaluado el 

testimonio y aquilatada la credibilidad se expide Orden de 

Protección Ex Parte [sic]. (Énfasis suplido).

Por todo lo cual, expidió una Orden de Protección Final a favor del 

señor González Rodríguez por un término de dos (2) años, vigente desde el 

18 de diciembre de 2023 hasta el 18 de diciembre de 2025. Respecto a la 

petición de la señora Ramos Báez, el TPI ordenó su cierre y archivo.

Inconforme, el 17 de enero de 2024, el señor Mayendía Blanco acudió 

ante esta Curia y solicitó la revisión de la Orden de Protección expedida el 

18 de diciembre de 2023. El peticionario realizó los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que la parte peticionada incurrió en conducta 

constitutiva de acecho conforme la Ley 284-1999.

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al incurrir 

en error manifiesto en la apreciación de la prueba

presentada por la parte peticionaria, abusando de su 

discreción al emitir, de forma ultra vires, una Orden de 

Protección en ausencia de la existencia de un patrón de 
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conducta persistente, según lo dispuesto en la Ley 284-

1999.

El 19 de enero de 2024, le concedimos a la parte peticionaria treinta 

(30) días para presentar la transcripción de la regrabación de los 

procedimientos y diez (10) días, luego de presentada la transcripción, para 

presentar su alegato suplementario. A su vez, le otorgamos a la parte 

recurrida un término de treinta (30) días para presentar su alegato en 

oposición, contados a partir de la presentación del alegato suplementario o 

transcurrido el término para presentarlo.

Posteriormente, el 11 de marzo de 2024, el señor Mayendía Blanco 

presentó la Transcripción de la Vista Final celebrada el 18 de diciembre de 

2023. Su alegato suplementario fue presentado el 21 de marzo de 2024.

El 12 de abril de 2024 los recurridos presentaron su alegato en 

oposición.

Perfeccionado el recurso y con el beneficio de la comparecencia de 

todas las partes, procedemos a resolver.

II.

-AEl auto de certiorari es un vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior. En esencia, se trata de un recurso extraordinario mediante el cual 

se solicita al tribunal de superior jerarquía la corrección de un error 

cometido por el tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp. v. American 

International Insurance, 205 DPR 163 (2020); Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare, LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016); véase, además, Art. 670 

del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491. Por tanto, la 

expedición del auto de certiorari descansa en la sana discreción del tribunal 

revisor. Íd.; IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). 

 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, delimita 

expresamente las instancias en las que este Tribunal de Apelaciones puede 

expedir los recursos de certiorari para revisar resoluciones y órdenes 
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interlocutorias del foro de Instancia. 800 Ponce de León Corp. v. American 

International Insurance, supra; Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF 

Corporation, 202 DPR 478, 487 (2019). En lo pertinente, la referida regla

dispone lo siguiente: 

[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 

la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari, 

en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 

Aun cuando al amparo del precitado estatuto adquirimos 

jurisdicción sobre un recurso de certiorari, la expedición del auto y la 

adjudicación en sus méritos es un asunto discrecional. No obstante, tal 

discreción no opera en el abstracto. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 96 (2008). La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

establece los criterios que este foro tomará en consideración para ejercer 

prudentemente su discreción para expedir o no un recurso de certiorari, a 

saber: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para 

analizar el problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración, más detenida a 

la luz de los autos originales, por los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es 

la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B.
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De otra parte, este Tribunal solo intervendrá con las determinaciones 

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia, cuando se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 

(2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

En el ámbito jurídico la discreción ha sido definida como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

434-435 (2013). La discreción se nutre de un juicio racional apoyado en la 

razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia. Íd. Por lo 

anterior, un adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente 

relacionado con el concepto de razonabilidad. Umpierre Matos v. Juelle 

Albello, 203 DPR 254, 275 (2019); Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 

140, 155 (2000).

-BLa tarea de adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente 

ocurrió depende, en gran medida, de la exposición del juzgador de los 

hechos a la prueba presentada, lo cual incluye, ver el comportamiento del 

testigo y escuchar su voz, mientras ofrece su testimonio. Robert Ortiz Ortiz 

v. Medtronic Puerto Rico Operations, Co., 2022 TSPR 76, resuelto el 15 de 

junio de 2022. De ahí que, los tribunales apelativos no debemos intervenir 

con la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad y las 

determinaciones de hechos que realizan los tribunales de instancia, salvo 

que se demuestre que el juzgador actuó movido por pasión, prejuicio o 

parcialidad o que incurrió en error manifiesto. Íd. Cuando la alegación es 

de pasión, prejuicio o parcialidad, el llamado a los foros apelativos es 

verificar, primordialmente, si el juzgador de los hechos cumplió con su 

función de adjudicar de manera imparcial. Gómez Márquez et al. v. El 

Oriental Inc., 203 DPR 783, 793 (2020). Solo así podremos apoyar sus 

determinaciones de hechos. Íd. 
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Por otro lado, constituye error manifiesto cuando, de un análisis de 

la totalidad de la evidencia, el foro apelativo se convence de que se cometió 

un error, independientemente de que exista evidencia que sostenga las 

conclusiones de hecho del Tribunal. Íd. De manera que, la facultad de los 

foros apelativos para sustituir el criterio de los tribunales de instancia se 

limita a aquellos escenarios, en los cuales, de la prueba admitida no surge 

base suficiente que apoye su determinación. Robert Ortiz Ortiz v. Medtronic 

Puerto Rico Operations, Co., supra. Como se sabe, las diferencias de criterio 

jurídico no alcanzan dicho estándar. Íd.

Ahora bien, cabe destacar que, en ausencia de evidencia oral, el 

Tribunal de Apelaciones carece de los elementos para descartar la 

apreciación razonada y fundamentada de la prueba que realizó el Tribunal 

de Primera Instancia. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 

289 (2011).

Como vemos, nuestro esquema probatorio está revestido de un 

manto de deferencia hacia las determinaciones de credibilidad que realizan 

los juzgadores de instancia, con respecto a la prueba testifical presentada 

ante sí. Pueblo v. Arlequín Vélez, 204 DPR 117, 146-147 (2020). Lo anterior, 

en reconocimiento a la oportunidad que tiene el foro primario de ver y 

observar a los testigos declarar, de poder apreciar sus gestos, titubeos, 

contradicciones, manerismos, dudas, vacilaciones con el efecto de ir 

formando gradualmente, en su conciencia, la convicción sobre si dicen o 

no la verdad. Íd., págs. 857-858.

-CLa Ley 284-1999 fue aprobada con el propósito de “proteger 

debidamente a personas que son víctimas de acecho, evitando posibles 

daños a su persona, sus bienes o a miembros de su familia”. 33 LPRA sec. 

4013 nota. Dicho estatuto define el acecho como: 

[...] una conducta mediante la cual se ejerce una vigilancia 

sobre determinada persona; se envían comunicaciones 

verbales o escritas no deseadas a una determinada 

persona, se realizan amenazas escritas, verbales o 

implícitas a determinada persona, se efectúan actos de 
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vandalismo dirigidos a determinada persona, se hostiga 

repetidamente mediante palabras, gestos o acciones 

dirigidas a intimidar, amenazar o perseguir a la víctima o a 

miembros de su familia. (Énfasis suplido). 33 LPRA sec. 4013

A su vez, el Artículo 4 de la precitada Ley tipifica el delito 

de acecho de la siguiente manera:

Toda persona que intencionalmente manifieste un patrón 

constante o repetitivo de conducta de acecho dirigido a 

intimidar a una determinada persona a los efectos de que 

ella, o cualquier miembro de su familia podría sufrir daños, en 

su persona o en sus bienes; o que mantenga dicho patrón de 

conducta a sabiendas de que determinada persona 

razonablemente podría sentirse intimidada incurrirá en 

delito menos grave. (Énfasis suplido). 33 LPRA sec. 4104. 

En cuanto al patrón de conducta persistente, el Artículo 3 (b) del 

estatuto preceptúa lo siguiente:

Significa realizar en dos (2) o más ocasiones actos que 

evidencian el propósito intencional de intimidar a 

determinada persona o a miembros de su familia. (Énfasis 

nuestro). 33 LPRA sec. 4013.

Asimismo, define intimidar en el Artículo 3 (f) como:

[T]oda acción o palabra que manifestada repetidamente

infunda temor en el ánimo de una persona prudente y 

razonable a los efectos de que ella, o cualquier miembro de su 

familia pueda sufrir daños, en su persona o en sus bienes, y/o 

ejercer presión moral sobre el ánimo de ésta para llevar a cabo 

un acto contrario a su voluntad. (Énfasis suplido). 33 LPRA 

sec. 4013.

Así, pues, el Artículo 5 les concede a las víctimas de acecho la 

facultad de presentar por sí, por conducto de su representante legal o por 

un agente del orden público, una petición en el Tribunal solicitando una 

orden de protección, sin que sea necesario la prestación previa de una 

denuncia o acusación. 33 LPRA sec. 4015. El Tribunal podrá emitir la orden 

de protección cuando determine que existen motivos suficientes para creer 

que la parte peticionaria ha sido víctima de acecho. Íd.

El Artículo 6 del referido estatuto regula el procedimiento para la 

expedición de órdenes de protección. En particular, establece:

(a) El procedimiento para obtener una orden de protección se 

podrá comenzar mediante la presentación de una petición 

verbal o escrita; o dentro de cualquier caso pendiente entre las 

partes; o a solicitud del Ministerio Fiscal en un procedimiento 

penal, o como una condición para disfrutar de sentencia 

suspendida o de libertad condicional. 
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(b) Para facilitar a las personas interesadas el trámite de 

obtener una orden de protección bajo esta Ley, la Oficina de 

Administración de los Tribunales tendrá disponible en la 

Secretaría de los Tribunales de Puerto Rico formularios para 

solicitar y tramitar dicha orden. Asimismo, proveerá la ayuda 

y orientación necesaria para cumplimentarlos y presentarlos.

(c) Una vez presentada una petición de orden de protección, de 

acuerdo a lo dispuesto en esta Ley, el tribunal expedirá una 

citación a las partes bajo apercibimiento de desacato, para una 

comparecencia dentro de un término que no excederá de cinco 

(5) días. La notificación de las citaciones y copia de la petición 

se hará conforme a las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico de 2009, según enmendadas, y será diligenciada por un 

alguacil del tribunal o por cualquier otro oficial del orden 

público, a la brevedad posible, y tomará preferencia sobre otro 

tipo de citación, excepto aquellas de similar naturaleza. El 

tribunal mantendrá un expediente para cada caso en el cual 

se anotará toda la citación emitida al amparo de esta Ley. [...]. 

33 LPRA sec. 4016.

Por otra parte, el Artículo 7 de la Ley 284-1999 dispone que el 

Tribunal podrá emitir una orden de protección ex parte si determina que:

(a) Se han hecho las gestiones de forma diligente para notificar 

a la parte peticionada con copia de la citación expedida por el 

tribunal y de la petición que se ha presentado ante el tribunal 

y no se ha tenido éxito; o 

(b) existe la probabilidad de que dar la notificación previa a la 

parte peticionada provocará el daño irreparable que se intenta 

prevenir al solicitar la orden de protección, o 

(c) cuando la parte peticionaria demuestre que existe una 

probabilidad sustancial de un riesgo inmediato a la seguridad 

del peticionario y/o a algún miembro de su familia. 33 LPRA 

sec. 4017.

Asimismo, el precipitado Artículo establece que:

Siempre que el tribunal expida una orden de protección de 

manera ex parte, lo hará con carácter provisional. Notificará 

inmediatamente a la parte peticionada con copia de la misma 

o de cualquier otra forma y le brindará una oportunidad para 

oponerse a ésta. A esos efectos señalará una vista a celebrarse 

dentro de los próximos cinco (5) días de haberse expedido 

dicha orden ex parte , salvo que la parte peticionaria solicite 

prórroga a tal efecto. Durante esta vista el tribunal podrá 

dejar sin efecto la orden o extender los efectos de la misma 

por el término que estime necesario. (Énfasis suplido). Íd.

III.

Nos corresponde justipreciar si debemos ejercer nuestra facultad 

discrecional al amparo de los criterios enmarcados en la Regla 40 del 

Tribunal de Apelaciones, supra. Luego de examinar el expediente a la luz 

de los criterios de la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra, no

identificamos razón por la cual este Foro deba intervenir. Ello, ya que no 

se presentan ninguna de las situaciones que allí se contemplan. 
KLAN202400051 9

Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico nos brinda la discreción de 

intervenir en aquellos dictámenes interlocutorios o postsentencia en los 

que el foro de primera instancia haya sido arbitrario, cometido un craso 

abuso de discreción o cuando, de la actuación del foro, surja un error en 

la interpretación o la aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo. Reiteramos que en el recurso que aquí atendemos no se nos ha 

demostrado que haya alguno de estos escenarios.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se Deniega la expedición del 

auto de Certiorari.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones