Número Identificador

SEN2023 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

RAFAEL NEGRÓN RIVERA

Recurrente

v.

ADMINISTRACIÓN DE 

CORRECIÓN

Recurrido

KLRA202300536

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 

procedente de

Administración de 

Corrección

Caso Núm.:

PA-449-23

Sobre: 

Revisión 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, 

el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

Bonilla Ortiz, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de diciembre de 2023.

Comparece ante este foro el Sr. Rafael Negrón Rivera 

(señor Negrón o recurrente), por derecho propio, mediante 

recurso de revisión judicial presentado el 17 de octubre 

de 2023.1 Nos solicita que revisemos la Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional emitida por la 

División de Remedios Administrativos (DRA) del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (el 

Departamento o “agencia recurrida”), la cual fue notificada 

el 8 de septiembre de 2023.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DESESTIMAMOS el presente recurso por falta de jurisdicción, 

al haberse tornado académico.

I.

El 15 de marzo de 2023, el señor Negrón, quien se 

encuentra confinado en la Institución Correccional Ponce 

1,000, presentó una Solicitud de Remedio Administrativo, 

núm. PA-449-23, ante la DRA.2 Mediante esta, indicó que 

1 El 10 de otubre de 2023, el señor Negrón presentó ante el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, el recurso de revisión 

judicial relacionado a una Respuesta de Reconsideración al Miembro 

de la Población Correccional.

2 Solicitud de Remedio Administrativo, anejo II, pág. 2 del apéndice 

del recurso.
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el 13 de marzo de 2023, mientras era transportado a una 

cita médica en Bayamón, otro confinado lo agredió. Añadió 

que, al llegar al área de admisiones de corrección, le 

tomaron una foto, pero que no fue llevado al área médica, 

siendo así, un acto negligente por parte del Oficial 

Vázquez. A su vez, solicitó que se le brindara el nombre 

de los dos (2) oficiales que lo transportaron ese día.

El 12 de junio de 2023, el recurrente presentó una 

segunda Solicitud de Remedio Administrativo, núm. PA-582-

23, en la cual indicó que habían transcurrido más de 30 

días desde que había presentado la solicitud núm. PA-449-

23, y no había recibido respuesta.3

El 27 de junio de 2023, la DRA emitió una Respuesta 

al Miembro de la Población Correccional para la solicitud 

núm. PA-582-23, en la que expresaron que estaban realizando 

las gestiones pertinentes para emitir una respuesta a la 

solicitud núm. PA-449-23.4 A su vez, presentaron la 

respuesta a la solicitud núm. PA-449-23,5 acompañada de una

Respuesta del Área Concernida/Superintendente, la cual 

dispuso lo siguiente:6

Sr. Rafael Negrón Rivera confinado, entiendo 

su preocupación por lo tanto le oriento, el 

día 13 de marzo de 2023 como usted indica en 

el remedio, estuvo en una ruta médica donde 

usted alega unos hechos, pero no es hasta el 

día siguiente que usted baja al área de 

admisiones donde yo advine en conocimiento de 

sus reclamos y supuesta agresión, le tomo las 

fotos y hice las gestiones pertinente para 

que usted fuera llevado al área de la Ponce 

500 donde se le brindaron los servicios 

médicos. Se llamó al área de Rutas y Escoltas 

donde los oficiales asignados a esa ruta 

indicaron que nadie se había quejado ni en 

esa ni en ninguna ruta programada para ese 

día. Sr. Negrón Rivera la petición de los 

nombres de los oficiales de Ruta y Escoltas 

asignados para esa ruta medica creo y entiendo 

3 Solicitud de Remedio Administrativo, anejo VI, pág. 6 del apéndice 

del recurso.

4 Respuesta al Miembro de la Población Correccional, anejo V, pág. 

5 del apéndice del recurso.

5 Respuesta al Miembro de la Población Correccional, anejo I, pág. 

1 del apéndice del recurso.

6 Respuesta del Área Concernida/Superintendente, pág. 7 del apéndice 

del recurso del Departamento.
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que usted debe hacer este mismo protocolo de 

solicitarlo al área correspondiente. Yo 

contesto mi parte como usted así lo solicitó.

No obstante, el 14 de julio de 2023, el recurrente

presentó una Solicitud de Reconsideración.7 En esencia, 

expresó que no estaba de acuerdo con la respuesta recibida, 

puesto que, no le han brindado el nombre de los dos 

oficiales de Ruta y Escolta del día 13 de marzo de 2023.

El 8 de septiembre de 2023, el señor Negrón recibió 

la Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional, mediante la cual le denegaron la petición de 

reconsideración.8 En síntesis, señalaron que, la respuesta 

emitida por el oficial de corrección certificó que había 

sido referido al área médica para su evaluación. Además, 

que de Ruta y Escolta indicaron no hubo incidente durante 

la travesía del 13 de marzo de 2023.

No conforme con lo anterior, el 10 de octubre de 2023, 

señor Negrón presentó el recurso de epígrafe, el cual fue 

presentado ante la Secretaría de este Foro el 17 de octubre 

de 2023. Mediante este, adujo que la agencia recurrida 

cometió los siguientes errores:

Primer Error: Erró la División de Remedios al 

no brindar los nombres de los oficiales de 

ruta, escolta.

Segundo Error: Erró la División de Remedios 

Administrativos, no le dio el seguimiento 

conforme lo solicitado.

Tercer Error: Erró la División de Remedios 

Administrativos, ya que esta no resolvió 

según lo establecido, violando así la igual 

protección de las leyes.

Cuarto Error: Erró la División de Remedios 

Administrativos, estas personas amparándose 

en parámetros amplios de medias verdades y 

ocultando información. 

7 Solicitud de Reconsideración, anejo IV, pág. 4 del apéndice del 

recurso.

8 Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional, anejo III, pág. 3 del apéndice del recurso.
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Por su parte, el 4 de diciembre de 2023, el 

Departamento compareció ante este foro, mediante Escrito 

en Cumplimiento de Resolución y Solicitud de Desestimación. 

Consecuentemente, solicitan la desestimación del recurso, 

puesto que, el remedio solicitado por el recurrente ya fue 

concedido.

Así, con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe. 

II.

-ALa Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, Ley Núm. 201-2003, establece que, como 

Tribunal de Apelaciones, estamos facultados para revisar 

las “decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas”. Art. 4006(c), 4 

LPRA sec. 24(y)(c). Por su parte, la Ley Núm. 38-2017, 

mejor conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), es el cuerpo 

normativo que delimita el alcance de la revisión judicial 

de las decisiones administrativas.

Específicamente, la Sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA 

sec. 9672, establece que la revisión administrativa ante 

este foro apelativo intermedio se hará respecto a órdenes 

o resoluciones finales, luego de que el recurrente haya 

agotado los remedios provistos por la agencia o el 

organismo administrativo correspondiente.

-BEl Tribunal Supremo de Puerto Rico define el concepto 

de “jurisdicción” como “el poder o autoridad de un tribunal 

para considerar y decidir casos o controversias”. SLG 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); 

Gearheart v. Haskell, 87 DPR 57, 61 (1963). Las cuestiones 

jurisdiccionales son privilegiadas, por lo que deben ser 
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resueltas con preferencia. Más aún, cuando tenemos el 

deber ineludible de examinar prioritariamente nuestra 

jurisdicción. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR 848, 856 (2009). 

Si el tribunal carece de jurisdicción, el único curso 

de acción posible es así declararlo, sin necesidad de 

discutir los méritos del recurso en cuestión. González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). De no 

hacerlo, la determinación sería nula, por lo que carecería 

de eficacia. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005). 

Como es sabido, los tribunales estamos llamados a ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción. Lozada Sánchez 

et al. v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012); Constructora 

Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); SLG 

Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 

Por ello, antes de entrar en los méritos de una 

controversia, es necesario que nos aseguremos que poseemos 

jurisdicción para actuar. 

Es norma reiterada que “[u]na apelación o un recurso 

prematuro, al igual que uno tardío, sencillamente adolece 

del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción 

al tribunal al cual se recurre”. SLG Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873 (2007); Juliá et al. v. Epifanio 

Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001). Según se ha definido, 

un recurso prematuro es uno que se ha presentado en la 

secretaría de un tribunal apelativo antes de tiempo o antes 

de que haya comenzado el término para que dicho foro 

apelativo pueda adquirir jurisdicción. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 (2008). 

Todo recurso presentado prematuramente carece de 

eficacia y por tanto no produce efecto jurídico alguno. 

Íd. Esto, pues al momento de ser presentado, el tribunal 

no tiene autoridad para acogerlo. Véase SLG Szendrey-Ramos 
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v. F. Castillo, supra; Carattini v. Collazo Syst. Analysis, 

Inc., 158 DPR 345, 370 (2003); Juliá et al. v. Epifanio 

Vidal S.E., supra, citando a Pueblo v. Santana Rodríguez, 

148 DPR 400 (1999). 

A nivel apelativo, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, faculta a este foro a 

desestimar motu proprio un recurso apelativo si se 

satisface alguno de los criterios contenidos en la Regla 

83, 4 LPRA Ap. XXII-B R.83. La referida regla, en lo 

pertinente, dispone lo siguiente: 

[...] 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la desestimación de un recurso por 

los motivos siguientes: 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción; 

[...] 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por 

cualesquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) de esta Regla. Véase, además, Plan 

de Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 

714 (2011) y Dávila Pollock et als. V. R.F. 

Mortgage, 182 DPR 86 (2011).

-CEl principio de justiciabilidad es una doctrina de 

autolimitación del poder judicial. Ésta responde al papel 

asignado a la judicatura, en una distribución tripartita 

de poderes, que está diseñada para asegurar que los 

tribunales no intervendrán en áreas sometidas al criterio 

de otras ramas de gobierno. Véase, Com. de la Mujer v. 

Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 720 (1980); Flast v. Cohen, 

392 US 83 (1968). Por lo tanto, el poder de revisión 

judicial únicamente puede ejercerse en un asunto que 

presente un caso o controversia, y no en aquellas 

circunstancias en que se presente una disputa abstracta, 
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cuya solución no tendrá consecuencias para las partes. 

Véase, ELA v. Aguayo, 89 DPR 552, 558-559 (1958). 

La referida doctrina responde a que “los tribunales 

existen únicamente para resolver controversias genuinas 

surgidas entre partes opuestas que tienen un interés real 

de obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones 

jurídicas.” ELA v. Aguayo, supra, pág. 559. Véase, 

además, Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824 (1992).

De esta forma, nos aseguramos de que el promovente de una 

acción posea un interés en el pleito “de tal índole que, 

con toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de 

acción vigorosamente y habrá de traer a la atención del 

tribunal las cuestiones en controversia.” Noriega v. 

Hernández, 135 DPR 406, 427 (1994). 

Al asegurarse de que los asuntos que se traigan a su 

consideración sean justiciables, los tribunales deben 

evaluar que dichos asuntos: 1) no envuelvan aspectos 

relacionados con la política pública que paute el 

Ejecutivo; 2) las partes tengan capacidad jurídica o 

legitimación activa para promover el pleito; 3) la 

controversia no sea académica o consultiva; y, 4) la 

controversia esté madura. Acevedo Vilá v. Meléndez Ortiz, 

164 DPR 875, 885 (2005). (Énfasis suplido). Véase, además, 

UPR v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 280 (2010); 

Noriega v. Hernández, supra, pág. 421. 

Así las cosas, una controversia puede convertirse en 

académica cuando “su condición viva cesa por el transcurso 

del tiempo.” Véase, UPR v. Laborde Torres y otros I, 

supra, pág. 281. Nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que “[l]a doctrina de academicidad es una manifestación 

del principio de justiciabilidad.” Amador Roberts et als. 

v. ELA, 191 DPR 268, 282 (2014). Conforme a lo anterior, 

es forzoso concluir que un caso no es justiciable si la 
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controversia se ha tornado académica. Íd. Lo anterior, 

debido a que el remedio que se pueda obtener del tribunal 

no tendrá efecto real alguno respecto a dicha controversia. 

Noriega v. Hernández, supra; Asoc. de Periodistas v. 

González, 127 DPR 704 (1991); El Vocero v. Junta de 

Planificación, 121 DPR 115 (1988). Por tanto, cuando los 

casos pierden su carácter adversativo tornándose 

académicos, es nuestro deber abstenernos de considerar los 

méritos del mismo. Misión Industrial v. Junta de 

Planificación, 146 DPR 64 (1998).

III.

Examinado el recurso de epígrafe, concluimos que 

carecemos de jurisdicción para entrar en los méritos. 

Esto, pues estamos ante un recurso de revisión judicial 

que se ha tornado académico, luego de su presentación. 

El recurso del señor Negrón gira en torno a que no 

recibió la atención médica luego del alegado incidente con 

otro confinado, el 13 de marzo de 2023. Además, había 

solicitado los nombres de los dos oficiales que lo llevaron 

a su cita médica en la misma fecha, y el DRA no le había 

brindado. No obstante, en el escrito presentado por la 

agencia recurrida, nos informaron que el recurrente, el 14 

de marzo de 2023, fue evaluado por el Dr. Edwin Martínez 

Rosario en la Sala de Emergencias del Complejo Correccional 

de Ponce.9 A su vez, certificaron que le brindaron los 

dos nombres de los oficiales de Ruta y Escolta que lo 

transportaron el 13 de marzo de 2023 a su cita médica en 

Bayamón.10

Siendo ello así y no estando presente alguna de las 

excepciones contempladas en el derecho antes expuesto, 

9 Véase, Physician Correctional, anejo II, pág. 12 del apéndice del 

recurso del Departamento.

10 Véase, Información Solicitada para MPC Rafael Negrón Rivera, 

anejo III, pág. 13 del apéndice del recurso del Departamento.
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desestimamos el presente recurso por falta de jurisdicción, 

al haberse tornado académico.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS el 

recurso interpuesto.

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones