Número Identificador

SEN2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

JUNTA DE PLANIFICACIÓN 

DE PUERTO RICO

APELADO

V.

ELIZABETH GÓMEZ 

ACEVEDO Y RAUL ORTIZ 

DÁVILA, por sí y en 

representación de la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales 

h/n/c JK Business Group

APELADOS

V.

COLEGIO MI CUIDO Y 

EDUCACIÓN, INC.

INTERVENTORA-APELANTE

KLAN202301128

Apelación procedente 

del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Humacao

Caso Núm.:

CG2023CV02091

Sobre:

Injunction Estatutario, 

contemplado en la Ley 

Núm. 75 del 24 de junio 

de 1975, según 

enmendada, y las 

disposiciones del 

Artículo 14.1 de la Ley 

Núm. 161 del 1 de 

diciembre de 2009, 

según enmendada

Querella:

2022-SRQ-012258

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera 

Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

Comparece la corporación Colegio Mi Cuido y Educación, Inc.

(Colegio Mi Cuido; apelante) mediante un recurso de apelación y nos 

solicita que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI-Humacao) el 10 de octubre de 

2023 y notificada el 12 de octubre de 2023.

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, confirmamos el dictamen apelado.

I

El 26 de junio de 2023, la Junta de Planificación de Puerto Rico 

(Junta de Planificación; apelada) presentó una Demanda de Injunction 
KLAN202301128 2

Estatutario Preliminar y Permanente (Demanda)1 ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI-Caguas) contra Elizabeth 

Gómez Acevedo, Raúl Ortiz Dávila y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (demandados; apelados; querellados).

La Demanda se presentó por la Junta de Planificación, “al amparo 

de la facultad que le confiere la Ley Núm. 75 del 24 de junio de 1975, según 

enmendada y las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 del 1 

de diciembre de 2009, según enmendada, titulado: ‘Recursos 

Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de 

Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras’.”2

Se alega en la Demanda que el Colegio Mi Cuido y Educación, Inc.

(Colegio Mi Cuido; interventora; apelante) presentó, el 8 de diciembre de 

2022, una querella identificada con el número 2022-SRQ-012258 (querella)

y, atendida la querella, “la Junta de Planificación alcanzó las siguientes 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho”:

a. Los Codemandados son dueños, oficiales, agentes, 

sirvientes, empleados, arrendadores, arrendatarios, 

cesionarios o causahabientes de la propiedad objeto de la 

Querella ubicada en la Carretera PR-198 (Calle José C.

Barbosa) 237, Bo. Arenales, Las Piedras, P.R con número 

de catastro 253-100-137-19 (en adelante, la "Propiedad").

b. El 3 de enero de 2023, personal de la Junta de 

Planificación realizó la inspección e investigación de la 

Propiedad, en la cual se confirmó las alegaciones de la 

querellada(sic). Como parte de esta intervención, el 

personal de la Junta de Planificación hizo los siguientes 

hallazgos:

1. Construcción de muro en hormigón y bloques en el 

patio posterior con medidas de 110'x4'x10' 

aproximadas. Véase, Anejo 1.

c. Como parte del trámite administrativo, personal de la 

Junta de Planificación verificó los sistemas de la Oficina 

de Gerencia de Permisos (en adelante "OGPe") y se 

corroboró que la Propiedad no cuenta con el Permiso de 

Uso para el comercio que opera.

d. Luego de presentada la Querella y de llevar a cabo el 

trámite investigativo correspondiente, el 17 de abril de 

1 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 64-69. 

2 Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 65.
KLAN202301128 3

2023, la Junta de Planificación le notificó al Demandado 

la primera "Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar 

Causa" (en adelante "Notificación de Hallazgos"), 

conteniendo las determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho alcanzadas, a las siguientes 

direcciones postales: P.O. Box 6138, Caguas, P.R. 

00726. Véase, Anejo 2.

e. Mediante dicha Notificación de Hallazgos la Junta de 

Planificación, entre otras cosas, la cual no fue recibida 

devuelta en ningún momento, se le advirtió al Demandado 

que, en un término de veinte (20) días, tenía que mostrar 

causa Por la cual la Junta de Planificación no debía 

imponer una multa de $792.00 por las violaciones 

señaladas y le advirtió que, de no mostrar causa, la multa 

quedaría impuesta y se procedería a acudir al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior, a solicitar la demolición 

de las obras ilegalmente construidas y el cobro de la 

multa.

f. El 1 de mayo de 2023 la parte demandada a través de su 

representación legal, el Lcdo. Juan Manuel Adorno Peña, 

presentó una titulada Moción Solicitando Reconsideración 

y Desestimación a Querella.

g. Luego de examinada la moción y sus alegaciones la Junta 

en reunión del 10 de mayo de 2023, declaró No Ha Lugar 

la solicitud de reconsideración.

h. No obstante, [a]l revisar el SBP no existe evidencia alguna 

de la querellada haya iniciado trámite de permiso alguno.3

La Junta de Planificación expone en la Demanda que ha transcurrido 

“un tiempo excesivamente prudente desde la inspección realizada”, antes 

mencionada, y los querellados no han cumplido “con su deber del pago de 

la multa impuesta por las violaciones encontradas”; añade que “luego de 

advenir en conocimiento de la necesidad de los permisos solicitados para 

legalizar dicho uso, no lo ha realizado y tampoco [han] pagado la multa 

impuesta.”4 Además, se alega lo siguiente:

[...]

13.Los codemandados tuvieron presente durante la

intervención y se le dio la oportunidad de solicitar la 

reconsideración de la multa. Los codemandados tuvieron 

la oportunidad de solicitar la revisión de la Notificación de 

Hallazgos notificada por la Junta de Planificación en los 

foros pertinentes y cumplir con todos los términos de 

3 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 65-67.

4 Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 67.
KLAN202301128 4

revisión administrativos y judiciales disponibles, pero optó 

por no hacerlo.

14.Al presente, la Junta de Planificación le ha concedido a los 

Codemandados todas las oportunidades disponibles y el

mayor término reglamentario posible, según establecido 

en la Notificación de Hallazgos, y aún así, los 

Codemandados no han cumplido con lo ordenado ni ha 

presentado evidencia que demuestre que ha iniciado

algún procedimiento para pagar la multa.

15.En vista de los(sic) anterior, y ante el incumplimiento 

evidente de los Demandados con las leyes y 

reglamentación aplicable, la Junta de Planificación solicita

respetuosamente de este Honorable Foro que declare 

CON LUGAR el presente recurso especial estatutario y, 

consecuentemente, emita un interdicto permanente 

dirigido al Demandados ordenándoles el cese y desista de 

la acción y la legalización sobre actividades sujetos a 

Permisos Generales.

En fin, la Junta de Planificación solicita en su Demanda que se 

declare ha lugar su solicitud de Injunction Estatutario Preliminar y 

Permanente, y disponga lo siguiente:

1. Emita un interdicto/orden permanente ordenándole al 

Demandado y/o a sus oficiales agentes, sirvientes, 

empleados, cesionarios o causahabientes que desistan 

de la actividad y legalicen el uso del generador de 

electricidad con los permisos pertinentes, sujeto a la 

revocación del Permiso de Uso del establecimiento 

comercial dentro de un término improrrogable de 30 días.

2. Le ordene a al Demandado y/o a sus oficiales agentes, 

sirvientes, empleados, cesionarios o causahabientes que 

emitan el pago correspondiente de $792.00 por concepto 

de multa impuesta por la Junta de Planificación, más los 

intereses legales que correspondan.

3. Le conceda a la Junta de Planificación una cantidad no 

menor de $2,500.00 por concepto de costas y honorarios 

de abogados a favor del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico.

4. Le conceda a la Junta de Planificación cualquier otro 

remedio que en derecho proceda.

Luego de presentada la Demanda, el día 10 de julio de 2023, Colegio 

Mi Cuido sometió al TPI una Solicitud de Intervención al reclamar interés 

en el caso, al ser vecino colindante de los demandados y contar con 

legitimación activa al amparo de lo establecido en los Artículos 14.1 y 14.6 

de la Ley Núm. 161-2009, supra. Por tanto, el tribunal ordenó a la Junta de 
KLAN202301128 5

Planificación expresar su posición al respecto. En cumplimiento con lo 

ordenado, la Junta de Planificación manifestó que no tenía objeción 

alguna.5

Así las cosas, el 14 de agosto de 2023, el TPI de Caguas señaló 

vista del injunction preliminar para el 12 de septiembre de 2023, emitió las 

citaciones correspondientes y notificó a todas las partes del pleito, 

incluyendo a Colegio Mi Cuido.6 Una vez realizados algunos trámites 

procesales, el día pautado para la vista compareció el co-demandado Raúl 

Ortiz Dávila acompañado por su abogado y presentaron ante el tribunal una 

Moción de Desestimación donde alegaron tres fundamentos para 

sostenerla. En primer lugar, plantearon que el TPI de Caguas no había 

adquirido jurisdicción sobre la co-demandada Elizabeth Gómez Acevedo 

porque esta no había sido notificada correctamente. En segundo lugar, que 

el TPI de Caguas tampoco contaba con la competencia para atender el 

caso porque la controversia tenía como objeto un inmueble sito en el 

Municipio de Las Piedras y, por tal motivo, correspondía un traslado. Por

último, alegaron que el caso tampoco se podía ventilar en el tribunal porque 

aún quedaban asuntos pertinentes al caso que no habían adquirido 

finalidad en el ámbito administrativo.

Como resultado de lo anterior, la vista sobre injunction no se pudo 

celebrar ese día 12 de septiembre de 2023 como se había pautado 

inicialmente, y en atención a las alegaciones vertidas en la Moción de 

Desestimación presentada, el TPI de Caguas concedió 20 días a la Junta 

de Planificación y Colegio Mi Cuido respectivamente para la presentación 

de una réplica.7

El 22 de septiembre de 2023, la Junta de Planificación y los 

demandados presentaron ante el TPI de Caguas el escrito titulado 

Estipulaciones de Acuerdo Transaccional y Solicitud de Sentencia8 que 

5 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 97-98.

6 Véase, entrada Núm. 13 del expediente digital del Caso Núm. CG2023CV02091 en el 

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).

7 Apéndice 25 del Recurso de Apelación, pág. 138.

8 Apéndice 25 del Recurso de Apelación, págs. 3 -6. 
KLAN202301128 6

expone las estipulaciones del acuerdo transaccional sometido al TPI como 

sigue:

1. En este caso, los codemandados realizaron la 

construcción de muro en hormigón y bloques paralelo a la 

estructura existente con medidas de 110 pies de largo x 

4.10 pies de alto aproximadas en una propiedad que ubica 

en la Carretera PR-198 (Calle José C. Barbosa) 237, So. 

Arenales, Las Piedras, P.R con número de catastro 253-

100-137-19. Las partes han llegado a un acuerdo 

transaccional en el caso de epígrafe. Los acuerdos son 

los siguientes:

A) Al evaluar el trámite administrativo de la querella 

2022-SRQ-012258, nos hemos percatado de la 

existencia de otra querella numerada 2022-SRQ102095 que atiende los mismos hallazgos y/o 

violaciones que la querella correspondiente al caso 

del epígrafe. Por consiguiente, ambas querellas 

estarán siendo consolidadas, quedando activa la 

querella 2022-SRQ-012258 que se atiende 

mediante el presente acuerdo.

B) La parte demandante toma conocimiento de que la 

parte demandada tiene un caso cuyo epígrafe es 

Colegio Mi Cuido Inc. y otros Vs. Raúl Ortiz Dávila 

y otros Casos HU2022CV00091 en el que se 

dilucida una controversia sobre la titularidad de una

porción de terreno que afectaría la obtención del 

permiso de construcción a la violación señalada en 

el caso del epígrafe.

C) No obstante, el demandado se compromete a 

realizar todos los trámites correspondientes a la 

solicitud de los permisos de construcción y 

completar los requisitos solicitados por la OGPe en 

el tiempo determinado por la agencia, una vez 

culmine el trámite del caso mencionado en el inciso 

anterior. A partir de dicho momento el permiso 

deberá iniciarse en un periodo de sesenta (60) días 

aproximados, prorrogables con justa causa. En su 

defecto, la parte demandada podrá decidir por 

demoler la obra construida y eliminar la violación, 

gestión que será a su costo, en un término de 

sesenta (60) días prorrogables, a partir de la

sentencia relacionado en el inciso B.

D) El demandado deberá mantener constante 

comunicación con la parte demandante para 

notificar y evidenciar su diligencia durante el 

proceso de legalización en el término establecido 

en el inciso(A), así como evidencia de los pagos 

por concepto de multa.

E) La parte demandada tendrá un periodo no mayor 

de sesenta (60) días a partir del comienzo del 

proceso de legalización para culminar y obtener el 

permiso de uso y/o la tramitación de obra nueva. 

En su defecto, obtener una certificación emitida por 

la OGPe indicando que no requiere el permiso. No 

se dará una prórroga, a menos que exista justa 
KLAN202301128 7

causa para ello. Entiéndase por justas(sic) causa, 

circunstancias ajenas al control de la parte

demandada, incluyendo cualquier dilación de las 

agencias administrativas. A los fines de evaluar la 

prórroga para completar fehacientemente la 

diligencia del trámite para lograr la otorgación de 

permiso (salvo que obtenga la certificación de la 

OGPe que acredite que no es necesario el 

permiso) y que no es por su inacción o falta de 

diligencia. Deben acreditar dicha solicitud con 

evidencia del expediente de SBP.

F) Debido a que los codemandados han mostrado 

diligencia al iniciar la tramitación de los permisos, 

han sido cooperadores, honestos en el proceso con 

la Junta y han mostrado disposición en legalizar la 

obra, la multa a pagar será reducida. Razón por la

cual, la totalidad a pagar de la multa será de 

cuatrocientos setenta y cinco dólares con veinte 

centavos ($475.20). La multa deberá saldarse en 

un plan de pago de dos (2) plazos mensuales, cada

uno por la cuantía de doscientos treinta y siete 

dólares con sesenta centavos ($237.60). Los 

pagos serán vencederos el 20 de octubre de 2023 

y 20 de noviembre de 2023, respectivamente. El 

pago será efectuado en la Oficina de OGPe en San 

Juan o la oficina regional más cercana, de acuerdo 

con su mayor conveniencia. Para realizar el pago 

deberá llevar impreso este acuerdo transaccional. 

Además, deberá identificar el caso, la parte 

demandada tiene que indicar que es referente al 

caso Junta de Planificación y. Elizabeth Gómez 

y otros, Número de Querella 2022-SRQ-012258. 

En el caso de que el pago sea efectuado en giro 

postal o cheque, este deberá realizarse a nombre 

del Secretario de Hacienda.

G) Una vez se obtenga el permiso y se pague la multa, 

la parte demandante informará al Tribunal que se 

cumplió con los acuerdos.

H) La parte demandada está apercibida de que, el no 

cumplir con estos acuerdos, conllevará el pago de 

honorarios de abogado a la parte demandante por 

la suma de $2,500.00, el cual como parte de este 

acuerdo ha sido eliminado condicionalmente al

cumplimiento del acuerdo, y una multa adicional de 

quinientos ($500.00) dólares.

I) La parte demandada de forma libre y voluntaria 

reitera los acuerdos aquí contraídos con la Junta 

de Planificación de Puerto Rico.9

Entretanto, el caso fue recomendado para traslado por el TPI de 

Caguas mediante una orden titulada Recomendación de traslado dirigida a 

la Jueza Administradora, emitida el 12 de septiembre de 2023 y notificada 

9 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 3 – 6.
KLAN202301128 8

el 6 de octubre de 2023.

10 El caso fue finalmente trasladado al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI de Humacao) el 6 de 

octubre de 2023. El 10 de octubre de 2023 dicho tribunal emitió una 

Sentencia, notificada el 12 de octubre de 2024 que dispuso lo siguiente:

Las partes han sometido a la consideración del Tribunal un 

acuerdo titulado "Estipulaciones de Acuerdo

Transaccional y Solicitud de Sentencia" el cual se une al 

original de esta Sentencia y se hace formar parte de ésta.

El Tribunal imparte su aprobación a la transacción sometida 

por las partes de epígrafe y se dicta Sentencia conforme los 

términos en ella expresados, y sujeta a todas las partes al fiel 

y estricto cumplimiento de todos los compromisos, 

obligaciones y estipulaciones que entre sí y que ante el

Tribunal han asumido. Se apercibe que el incumplimiento de 

las obligaciones acordadas dará lugar a las medidas y 

procedimientos también acordados para el caso de 

incumplimiento de lo pactado, más cualquier otra medida o 

sanción que el Tribunal pueda entender apropiada conforme 

el incumplimiento, sus circunstancias y el derecho aplicable.

Esta Sentencia se dicta sin imposición de costas, gastos ni 

honorarios de abogados. La misma será final, firme e 

inapelable, por lo que se ordena el archivo con perjuicio del 

caso.

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.

En Humacao, Puerto Rico, a 10 de octubre de 2023.

f/MARIA JOSE DABASTOS ANGLADE

JUEZA SUPERIOR11

Consecuentemente, el Colegio Mi Cuido presentó una Petición de 

Nulidad de Sentencia [...], el 26 de octubre de 2023, por falta de 

jurisdicción.12 En esta, Colegio Mi Cuido alegó que la Sentencia emitida 

adolecía de parte indispensable refiriéndose a la co-demandada Elizabeth 

Gómez Acevedo, por no haber sido emplazada correctamente, según lo 

alegado por el co-demandado Raúl Ortiz Dávila en su Moción de 

Desestimación. Por ende, adujo que el tribunal nunca adquirió jurisdicción 

sobre su persona. Ese mismo día, 26 de octubre de 2023, el TPI de 

Humacao ordenó a la Junta de Planificación y a la parte demandada a 

presentar su posición al respecto dentro de un término de veinte (20) días. 

El 4 de noviembre de 2023 comparecieron los demandados 

10 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 140-141.

11 Apéndice 25 del Recurso de Apelación, pág. 2

12 Apéndice 25 del Recurso de Apelación, págs. 7-21.
KLAN202301128 9

mediante una moción titulada Moción clarificando el allanamiento a la 

jurisdicción y competencia de Elizabeth Gómez y ratificación13 donde 

señalaron que la co-demandada, Elizabeth Gómez Acevedo, se había 

sometido voluntariamente a la jurisdicción del tribunal y que este hecho se 

desprendía claramente del acuerdo transaccional que el TPI de Humacao 

estipuló. Además, alegaron que la petición de Colegio Mi Cuido era 

improcedente ya que esta no formaba parte del pleito pues el tribunal no lo 

había declarado jurídicamente mediante alguna resolución. Luego de 

presentadas las oposiciones de las respectivas partes, el TPI de Humacao 

declaró No Ha Lugar la petición de nulidad el 16 de noviembre de 2023.14

Inconforme, el 15 de diciembre de 2023, el Colegio Mi Cuido acude 

ante este Tribunal mediante el presente recurso de apelación y nos señala 

la comisión de los siguientes errores:

1. Erró el TPI al emitir una sentencia con perjuicio 

disponiendo de la totalidad de la causa de acción donde 

no tenía jurisdicción para emitir el fallo ante la ausencia de 

parte indispensable tal y como expusiera el Lcdo. Adorno 

Peña en representación de Ortiz Dávila en su moción de 

desestimación.

2. Erró el TPI al emitir una sentencia con perjuicio disponiendo 

de la totalidad de la causa de acción al acoger unos 

acuerdos transaccionales por parte de la JP [Junta de 

Planificación] en violación de su propia ley y sus 

reglamentos.

3. Erró el TPI al emitir una sentencia con perjuicio disponiendo 

de la totalidad de la causa de acción donde el Lcdo. Adorno 

Peña se condujo de una manera poco ética y reprochable 

conforme exige la profesión de respeto al Honorable 

Tribunal y compañeros abogados al momento de litigar una 

causa.

Luego de conceder una extensión de término solicitada por los 

demandados, el 5 de febrero de 2024, emitimos una Resolución donde 

concedimos a la Junta de Planificación y a los demandados hasta el 9 de 

febrero de 2024 para la presentación de sus alegatos en oposición. Ambas 

partes comparecieron dentro de la fecha establecida, por lo que, contando 

con el beneficio de la comparecencia de estas, procedemos a resolver.

13 Apéndice 25 del Recurso de Apelación, págs. 23-24.

14 Apéndice 7 del Recurso de Apelación, págs. 47-48.
KLAN202301128 10

II

A. Emplazamiento y sumisión voluntaria

El emplazamiento es el mecanismo procesal más adecuado por el 

cual el tribunal adquiere jurisdicción sobre una persona, sin embargo, esta 

no es la única manera. Esta también se puede realizar mediante la 

“sumisión voluntaria” a la jurisdicción del tribunal y “consiste en que una 

parte comparece voluntariamente y realiza algún acto sustancial que la 

constituya parte en el pleito, sometiéndose así a la jurisdicción del 

Tribunal”. Vázquez v. López, 160 DPR 714, 721 (2003), que cita a Qume 

Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, 153 DPR 700, 711 (2001). Por tanto, se 

ha reconocido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que “la 

comparecencia voluntaria de la parte demandada suple la omisión del 

emplazamiento y esto es suficiente para que el tribunal adquiera 

jurisdicción sobre la persona bajo las garantías del debido proceso de 

ley.” Vázquez v. López, supra, que cita a Qume Caribe, Inc. v. Srio. de 

Hacienda, supra.

Esta sumisión puede hacerse de forma explícita o tácita. Peña v. 

Warren, 162 DPR 764, 778 (2004); Shuler v. Shuler, 157 DPR 707 (2002); 

Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 143 (1997). Ahora bien, para que la 

comparecencia de un demandado confiera jurisdicción al tribunal sobre su 

persona se requiere algo más que su presencia en corte, se requiere un 

acto sustancial que la constituya parte en el pleito. Peña v. Warren, supra; 

que cita a Qume Caribe, Inc. v. Srio. De Hacienda, supra, pág. 718 y a 

Mercado v. Panthers Military Society, 125 DPR 98 (1990). Una parte puede 

someterse voluntariamente a la jurisdicción del tribunal si cumple con 

órdenes y presenta documentos pertinentes dirigidos a dilucidar la 

reclamación incoada por la parte demandante en su contra. Vázquez v. 

López, supra. No obstante, para que se cumpla con los requisitos de la 

excepción a la falta de jurisdicción por sumisión voluntaria, la parte 

indebidamente emplazada debe comparecer ante el Tribunal pendiente el 
KLAN202301128 11

litigio a otros fines que no sean los de impugnar la falta de jurisdicción del 

tribunal. Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 524–525 (2006).

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que hay sumisión cuando una 

parte demandada comparece ante el tribunal a través de su abogado en un escrito 

titulado contestación, cuando presenta reconvención aún sin contestar, cuando 

contesta y presenta defensas afirmativas sin alegar ausencia o deficiencia del 

emplazamiento, o cuando contesta y refuta una moción sobre relevo de sentencia. 

Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.; sin 

alegar falta de jurisdicción sobre la persona. Méndez v. Sucesión Sella, 62 DPR 

345 (1943); Sterzinger v. Ramírez, supra; Banco Santander v. Fajardo Farms, 41 

DPR 237 (1996); Cuevas Segarra, José A., Tratado de Derecho Procesal Civil, 

San Juan, Publicaciones J.T.S., Ed., Tomo I, (2000) pág. 138.

B. Sentencia por acuerdo transaccional

Un contrato de transacción puede surgir a la vida jurídica tanto de 

forma judicial, como extrajudicial. Claro está, siempre se requerirá que cada 

uno los contratantes cumplan con una concesión. Sagardía De Jesús v. 

Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 498 (2009); Neca Mortg. Corp. v. A & W 

Dev. S.E., 137 DPR 860, 870 (1995). Los elementos constitutivos de este 

contrato son: 

a. la existencia de una controversia o relación jurídica 

incierta litigiosa;

b. la intención de las partes de sustituir—mediante la 

transacción—, la incertidumbre sobre los elementos 

objetivos de la relación jurídica por otra "cierta e 

incontestable"; y 

c. concesiones recíprocas. Sagardía De Jesús v. Hosp. Aux. 

Mutuo, supra. 

El Artículo 1497 del Código Civil de 2020, dispone que “[p]or el 

contrato de transacción, mediante concesiones recíprocas, las partes 

ponen fin a un litigio o a su incertidumbre sobre una relación jurídica.” 31 

LPRA sec. 10641.

La causa del contrato de transacción es la incertidumbre que le antecede 

a su otorgamiento, pues “[l]as partes, al transigir, podrían encontrarse en un 

estado de incertidumbre en torno a la razón jurídica que les asista y la ignorancia 

objetiva del resultado del pleito o pleito futuro” y “[e]sa incertidumbre es lo que 
KLAN202301128 12

normalmente les mueve a transigir.” Sagardía De Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 

supra. 

En cuanto a los requisitos básicos de consentimiento, objeto y causa 

requeridos por nuestro ordenamiento a todo tipo de contrato, aplicables a los 

acuerdos de transacción, se ha pautado lo siguiente: 

Existe el consentimiento de los contratantes, ya que tiene 

que ser consensual; su objeto es la controversia entre las 

partes —la polémica judicial o extrajudicial— pues sin ella no 

puede existir la transacción; y su causa consiste en la 

eliminación de la controversia mediante recíprocas 

concesiones, pues si bien tiene el propósito de desaparecer 

un conflicto pendiente, se diferencia de otras figuras 

contractuales que tienen la misma finalidad, en que ello se 

logra mediante renuncias mutuas. Neca Mortg. Corp. v. A & 

W Dev. S.E., supra, pág. 871.

Si el Tribunal acoge un acuerdo transaccional a fines de dar por 

terminado un litigio, lo acordado tendrá efecto de cosa juzgada entre las 

partes. (Énfasis nuestro.) Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133 DPR 

406, 410 (1993). 

III

La parte apelante señala que el TPI erró al emitir una sentencia con 

perjuicio que dispuso de la totalidad de la causa de acción, (1) sin tener 

jurisdicción ante la ausencia de parte indispensable, (2) al acoger unos 

acuerdos transaccionales por parte de Junta de Planificación en violación 

de su propia ley y sus reglamentos; y, donde el Lcdo. Adorno Peña se 

condujo de una manera poco ética y reprochable conforme exige la 

profesión de respeto al Honorable Tribunal y compañeros abogados al 

momento de litigar una causa. No tiene razón.

Surge de los escritos de las partes que la Junta de Planificación

atendió la querella presentada por el Colegio Mi Cuido y procedió a 

presentar la Demanda de Injunction Estatutario Preliminar y Permanente

donde se alega sobre el incumplimiento de los apelados en cuanto a lo 

dispuesto en el Permiso de Uso del establecimiento comercial en su 

propiedad, y solicita los remedios interdictales de rigor. 

Luego de los trámites judiciales de rigor, la Junta de Planificación y 

los querellados, presentaron ante al TPI el escrito titulado Estipulaciones 
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de Acuerdo Transaccional y Solicitud de Sentencia, suscrito por las 

partes que tienen legitimación, pues los querellados están obligados a 

cumplir con los requerimientos de su permiso de uso conforme a lo 

regulado por la Junta de Planificación. El Tribunal de Primera Instancia, 

dictó una Sentencia la cual aprobó la transacción sometida por los 

querellados y la Junta, sujeta al fiel y estricto cumplimiento de todos los 

compromisos, obligaciones y estipulaciones entre sí, con los 

apercibimientos de rigor sobre las consecuencias, si se incumplen las 

obligaciones acordadas.

La parte interventora y apelante, Colegio Mi Cuido, presentó una 

Petición de Nulidad de Sentencia por falta de jurisdicción, con el 

planteamiento de que la Sentencia emitida adolecía de parte indispensable 

refiriéndose a la co-demandada Elizabeth Gómez Acevedo, por no haber 

sido emplazada correctamente, según lo alegado por el co-demandado 

Raúl Ortiz Dávila en su Moción de Desestimación. Sin embargo, surge del 

expediente que la co-demandada Elizabeth Gómez Acevedo comparece 

conjuntamente con el co-demandado Raúl Ortiz Dávila y ambos 

conjuntamente con la Junta del Planificación, con sus respectivos 

abogados en el escrito titulado Estipulaciones de Acuerdo 

Transaccional y Solicitud de Sentencia sometido ante el foro 

sentenciador. Es decir, la co-demandada Elizabeth Gómez Acevedo se 

sometió voluntariamente a la jurisdicción del tribunal, hecho que surge

claramente del acuerdo transaccional admitido y aprobado por el TPI de 

Humacao. Por otro lado, Colegio Mi Cuido compareció como interventor 

por su interés en torno a la querella que presentó, la cual fue atendida por 

la Junta de Planificación al presentar la Demanda de Injunction Estatutario 

Preliminar y Permanente. Finalmente, en cuanto al señalamiento sobre la 

alegada conducta del Lcdo. Adorno Peña, somos del criterio que no se 

cometió el error señalado.
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Resolvemos que la Sentencia dictada culmina las gestiones 

requeridas para atender los reclamos presentadas ante la Junta por la parte 

interventora.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia

apelada.

Notifíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones