Número Identificador

SEN2023 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

G.M.P.I., por 

conducto de su 

madre con patria 

potestad, MARÍA

EUGENIA IZQUIERDO 

SAN MIGUEL

Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN

Recurrido

KLRA202300264

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 

procedente del 

Departamento de 

Educación

Caso Núm.:

QEE-2223-26-10-

00552

Sobre: Educación 

Especial: Alimentos 

Escolares, Terapia 

Cognitiva y otros.

Panel integrado por su presidente, el Juez Bonilla 

Ortiz, el Juez Pagán Ocasio y el Juez Rodríguez Flores.1

Bonilla Ortiz, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2024.

Comparece ante este foro la señora María Eugenia 

Izquierdo San Miguel (en adelante, señora Izquierdo o 

recurrente), en representación de su hijo menor de edad 

(en adelante, G.M.P.I.) y nos solicita que revisemos una 

Resolución emitida por el Departamento de Educación (en 

adelante, Depto. de Educación o la agencia recurrida) la 

cual fue notificada el 11 de mayo de 2023. Mediante 

esta, la agencia recurrida le negó a la recurrente un 

reembolso solicitado por concepto de servicios recibidos 

por G.M.P.I., quien es participante del Programa de 

Educación Especial.

Por los fundamentos que se exponen a continuación,

MODIFICAMOS la Resolución recurrida para REVOCAR la 

misma en cuanto a la denegación del reembolso por el 

1 En virtud de la Orden Administrativa Núm. OATA-2023-116, se 

designó al Hon. Fernando Rodríguez Flores, para entender y votar, 

en sustitución de la Hon. Olga Birriel Cardona, quien se acogió al 

retiro.
KLRA202300264 2

pago de alimentos y CONFIRMAMOS lo dispuesto en cuanto 

a lo demás.

I.

El 19 de octubre de 2022, la señora Izquierdo, en 

representación de su hijo menor de edad G.M.P.I. 

presentó una Querella ante el Depto. de Educación. 

Mediante esta, solicitó la compra de servicios 

educativos y los reembolsos de pagos por: (1) alimentos, 

(2) terapias cognitivas y (3) computadora.2

El 29 de octubre de 2022, el Depto. de Educación 

presentó su Contestación a Querella en la cual informó

que habían aprobado, como remedio provisional, un 

reembolso limitado a matricula, mensualidades y libros.3

No obstante, tras varios incidentes procesales, las 

partes acordaron someter memorandos de derecho en 

relación con el reembolso de alimentos.

Así las cosas, el 28 de febrero de 2023, el Depto. 

de Educación presentó su Memorando de Derecho sobre la 

Alegada Obligación del Pago de Almuerzo a Estudiantes 

Ubicados a Costo Público en Escuelas Privadas.4 Allí se 

argumentó que la agencia recurrida no tenía la 

obligación de reembolsar el gasto de alimentos debido a 

que las comidas gratuitas no fueron parte de la propuesta 

del colegio privado para ofrecer al estudiante “Free 

Appropiate Public Education” conocido como FAPE bajo la 

ley federal Individuals with Disabilities Education 

Improvement Act, 20 USCA secs. 1400 et seq., (en 

adelante, IDEA) ni estaba contemplado en el Programa 

2 Querella, anejo I, págs. 1-14 del apéndice de la recurrente.

3 Contestación a Querella, anejo II, págs. 15-19 del apéndice de la 

recurrente.

4 Memorando de Derecho sobre la Alegada Obligación del Pago de 

Almuerzo a Estudiantes Ubicados a Costo Público en Escuelas Privadas 

anejo XIV, págs. 68-73 del apéndice de la recurrente.
KLRA202300264 3

Educativo Individualizado, conocido como PEI, del 

estudiante G.M.P.I. Íd. 

Igualmente, el 20 de marzo de 2023, la señora

Izquierdo presentó el Memorando sobre Pago de Alimentos 

Escolares a Estudiante Ubicado a Costo Público en 

Escuelas Privadas.5 En síntesis, expuso que el Depto. 

de Educación tenía la obligación de reembolsar el gasto

de alimento bajo el fundamento de que el estudiante

G.M.P.I. debe ser tratado en igualdad de condiciones que 

un estudiante ubicado en escuela pública, puesto que, si 

el sistema público contara con una escuela apropiada, no

hubiesen incurrido en tales gastos. Íd.

Finalmente, el 25 de abril de 2023, se celebró la 

vista administrativa en su fondo mediante 

videoconferencia. El desfile de prueba inició con el 

testimonio pericial de la señora Marlene de Varona Vega, 

terapista cognitiva, y finalizó con el testimonio de la 

señora Izquierdo. 

Así las cosas, el 11 de mayo de 2023, la agencia 

recurrida dictó Resolución Final y Orden en la cual 

declaró Ha Lugar el reembolso del pago de computadora y 

No Ha Lugar los demás reembolsos solicitados.6 Allí, se 

consignó las siguientes determinaciones de hechos:

1. El estudiante querellante está registrado y es 

elegible para recibir los servicios educativos 

y relacionados del Programa de Educación 

Especial del Departamento de Educación. Tiene 

un diagnóstico de Problemas Específicos de 

Aprendizaje.

[...]

3. El estudiante requiere de una ubicación en un 

salón de corriente regular con promoción de 

grado y un grupo reducido de estudiante de su 

misma edad y de igual dominio de destrezas 

académicas.

5 Memorando sobre Pago de Alimentos Escolares a Estudiante Ubicado 

a Costo Público en Escuelas Privadas, anejo XVII, págs. 80-90 del 

apéndice de la recurrente.

6 Resolución Final y Orden, anejo XXI, págs. 252-263 del apéndice 

de la recurrente.
KLRA202300264 4

4. La madre del estudiante pagó privadamente por 

las terapias cognitiva, los alimentos escolares 

y una computadora.

[...]

7. En la reunión del COMPU realizada el 11 de julio 

de 2022, el Departamento de Educación reconoció 

que no cuenta con la alternativa de ubicación 

apropiada para el joven.

8. El estudiante tiene recomendado en su Programa 

Educativo Individualizado del año escolar 2022-

2023 los siguientes servicios relacionados, 

terapia educativa de manera individual tres 

veces por semana por 60 minutos, terapia 

psicológica, de manera individual una vez por 

semana por 45 minutos, terapia de habla y 

lenguaje de manera grupal una vez por semana 

por 45 minutos.

9. El 12 de agosto de 2022 la SAEE emitió una carta 

de aprobación de reembolso por servicios 

educativos para el año escolar 2022-2023.

[...] 

11. Los alimentos escolares no son provistos por 

la Agencia, ni por la institución privada donde 

el estudiante recibe los servicios educativos.

12. Los alimentos escolares son suplidos por un 

concesionario que provee los desayunos y 

almuerzos en una cafetería localizada en la 

escuela y que, factura a los padres de acuerdo 

con lo que consume el estudiante.7

Además, el Depto. de Educación añadió las 

siguientes advertencias legales en su Resolución: 

Según establece en 20 U.S.C 1415(i)(1)(A) y el 34 

CFR 300.514(a) se les advierte a las partes que 

esta resolución es final, por lo que no procede la 

solicitud de reconsideración ante este foro 

administrativo. 

Se apercibe que, cualquier parte perjudicada por 

esta Resolución podrá acudir en Revisión al 

Tribunal de Apelaciones del Estado Libre Asociado 

dentro del termino de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico, Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017 y 20 

U.S.C. 1415(i)(2)(b). 

Se apercibe que cualquier parte agraviada por esta 

Resolución podrá iniciar una acción civil en el 

Tribunal de los EE.UU. para el Distrito de Puerto 

Rico o en el Tribunal de Primera Instancia del 

Tribunal General de Justicia, en el termino de 

noventa (90) días a partir de la fecha de su 

archivo en autos, según establece el 20 U.S.C. 

1415(i)(2) y 34 CFR 300.516(a).8

Inconforme con dicha determinación, el 9 de junio 

de 2023, la señora Izquierdo acude ante este Tribunal 

7 Íd., págs. 256-257. 

8 Íd., págs. 262-263.
KLRA202300264 5

mediante Recurso de Revisión Administrativa y adujo que 

el Depto. de Educación cometió los siguientes errores: 

PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: Erró el foro 

administrativo recurrido al resolver que no 

procede el reembolso por los desayunos y almuerzos 

que recibe el menor querellante en la escuela 

privada donde ha estado ubicado por el propio 

Departamento de Educación ante la falta de una 

alternativa de ubicación en el mercado público.

SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: Erró el foro 

administrativo recurrido al denegar el reembolso 

por lo pagado por las terapias cognitivas que son 

necesaria para el aprovechamiento escolar del 

menor y que son parte de su derecho a una educación 

pública gratuita y apropiada.

TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR: Erró el foro 

administrativo en su apreciación de la totalidad 

de la prueba oral presentada por la parte 

querellante-recurrente al obviar por completo la 

evidencia sobre las necesidades cognitivas del 

menor, sobre la necesidad de tales terapias para 

su aprovechamiento académico y sobre su derecho a 

una educación apropiada.

CUARTO SEÑALAMIENTO DE ERROR: Erró el foro 

administrativo recurrido a privar a la parte 

querellante-recurrente de su debido proceso de ley 

al prohibir la presentación de una solicitud de 

reconsideración en este tipo de casos.

Luego de un trámite procesal, el 21 de julio de 

2023, emitimos Resolución en la que autorizamos la 

presentación de la prueba oral debidamente estipulada. 

A esos efectos, el 1 de noviembre de 2023, las partes de 

manera conjunta presentaron la referida transcripción de 

prueba oral estipulada. 

En consecuencia, el 8 de noviembre de 2023, 

emitimos Resolución concediendo términos a las partes 

para presentar sus Alegatos Suplementarios 

respectivamente. 

En cumplimiento, el 27 de noviembre de 2023, la 

recurrente presentó su Alegato Suplementario. 

Tras la concesión de una prórroga, el 21 de 

diciembre de 2023, la agencia recurrida presentó su 

Alegato. 
KLRA202300264 6

Con el beneficio de la comparecencia escrita de 

ambas partes y la transcripción de la prueba oral, damos 

estos por perfeccionados y procedemos a resolver. 

II.

-ALa doctrina de revisión judicial nos encomienda 

“examinar si las decisiones de las agencias 

administrativas fueron hechas dentro de los poderes 

delegados y son compatibles con la política pública que 

las origina.” Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 

26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 

606, 625-626 (2016). Al efectuar tal encomienda, 

debemos “otorgar amplia deferencia a las decisiones de 

las agencias administrativas.” Graciani Rodríguez v. 

Garaje Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 126 (2019). 

La normativa jurisprudencial ha reiterado que, en 

el derecho puertorriqueño, existe una presunción de 

legalidad y corrección a favor de los procedimientos y 

decisiones que emiten las agencias administrativas. 

Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra. Ello responde 

“a la experiencia y pericia que se presume tienen dichos 

organismos para atender y resolver los asuntos que le 

han sido delegados.” Íd. 

Así, el estado de derecho vigente nos impone 

otorgar deferencia a las agencias administrativas, 

siempre que la parte que impugne el dictamen 

administrativo no produzca evidencia suficiente que 

rebata la presunción de legalidad y corrección. 

Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, LLC, supra, 

citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005) (per 

curiam). Por tanto, al llevar a cabo nuestra función 

revisora, debemos enfocarnos en determinar: (1) si el 
KLRA202300264 7

remedio fue el apropiado; (2) si las determinaciones de 

hechos están sostenidas por el principio de evidencia 

sustancial; y (3) si las conclusiones de derecho fueron 

correctas. Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 

626-627; Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 

(2012). 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que los 

tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo 

si están sostenidas por evidencia sustancial que surja 

del expediente administrativo, considerado en su 

totalidad. Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, conocida 

como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9675. Véase, 

además: Otero v. Toyota, supra, págs. 727-728. 

De este modo, si al realizar nuestra función 

revisora no nos encontramos ante alguna de las 

situaciones previamente mencionadas, tenemos el deber de 

validar la determinación realizada por la agencia 

administrativa. Torres Rivera v. Policía de PR, supra, 

pág. 628. Ahora bien, es preciso recordar que las 

conclusiones de derecho, por el contrario, serán 

revisables en todos sus aspectos. Véase, sección 4.5 de 

la LPAU, supra.

-BEn nuestro ordenamiento jurídico la educación es un 

derecho fundamental, consagrado en el Art. II, sec. 5 de 

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. Dicha sección dispone que: 

“Toda persona tiene derecho a una educación 

que propenda al pleno desarrollo de su 

personalidad y al fortalecimiento del respeto de 

los derechos del hombre y de las libertades 

fundamentales. Habrá un sistema de instrucción 
KLRA202300264 8

pública el cual será libre y enteramente no 

sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela 

primaria y secundaria y, hasta donde las 

facilidades del Estado lo permitan, se hará 

obligatoria para la escuela primaria. ...” Art. II, 

Sec. 5, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 

297. 

Por su parte, el Ar. II, Sec. 1, Const. ELA, Tomo 

1, ed. 2008 de nuestra constitución establece que: 

La dignidad del ser humano es inviolable. Todos 

los hombres son iguales ante la Ley. No podrá 

establecerse discrimen alguno por motivo de raza, 

color, sexo, nacimiento, origen o condición 

social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las 

leyes como el sistema de instrucción pública 

encarnarán estos principios de esencial igualdad 

humana.

Como corolario de lo anterior, se han aprobado 

múltiples estatutos tanto a nivel federal como estatal 

cuyo propósito es ofrecer y dar acceso a los niños a la 

educación de conformidad con el mandato constitucional.

Asimismo, en ánimo de garantizar la igualdad de 

oportunidad educativa a los niños y niñas con 

impedimentos, el Congreso de los Estados Unidos aprobó 

el Individuals with Disabilities Education Act, según 

enmendada, 20 USC sec. 1400 et seq., (en adelante, Ley 

IDEA). 

En esencia, la Ley IDEA exige, inter alia, que los 

Estados y territorios que se benefician de fondos del 

Depto. de Educación federal establezcan programas de 

educación especial pública, gratuita, apropiada y que 

atiendan las necesidades especiales de cada estudiante. 

Declet Ríos v. Dpto. de Educación, 177 DPR 765, 776 

(2009). A su vez, el estatuto aludido tiene como fin, 

entre otros, proteger los derechos de los niños y niñas 

con impedimentos, así como los de sus padres o 

guardianes. 20 USC sec. 1400(c); Forest Grove School 

Dist. v. TA, 557 US 230, 239 (2009). 
KLRA202300264 9

En específico, la Ley IDEA define la educación 

pública, gratuita y apropiada, conocida como FADE por 

sus siglas en inglés, de la siguiente manera:

(9) Free appropriate public education

The term “free appropriate public education” means 

special education and related services that -

(A) have been provided at public expense, under 

public supervision and direction, and without 

charge;

(B) meet the standards of the State educational 

agency;

(C) include an appropriate preschool, elementary 

school, or secondary school education in the State 

involved; and

(D) are provided in conformity with the 

individualized education program required under 

section 1414(d) of this title.

20 USCA sec. 1401(9).

Además, el Tribunal Supremo federal ha establecido 

que la FADE es aquella que ha sido diseñada especialmente 

para el menor, tomando en consideración su diagnóstico 

particular, proveyéndole así los servicios necesarios 

para que pueda sacarle el mayor provecho y beneficio a 

la educación ofrecida. Lo anterior deberá ser pagado 

por el fisco y estará bajo la supervisión y dirección 

pública. Además, deberá cumplir con las exigencias 

establecidas por la agencia educativa estatal, quien 

llevará a cabo el Programa de Educación Individualizada 

del menor. Board of Educ. of Hendrick Hudson Central 

School Dist., Westchester County v. Rowley, 458 US 176, 

188-189 (1982). 

El Programa de Educación Individualizada (en 

adelante, PEI) consiste en una declaración escrita que 

hace la agencia gubernamental correspondiente luego de 

evaluar al menor discapacitado. Dicho plan es

especialmente diseñado para satisfacer las necesidades 

individuales y particulares del niño con impedimento, 
KLRA202300264 10

incluyendo la ubicación escolar, las instrucciones en el 

salón de clases, en el hogar, en los hospitales y en 

cualquier lugar en donde el niño se desenvuelva. 20 USC 

secs. 1401 y 1414. El PEI debe contener los detalles 

sobre las necesidades educativas del menor e incluir, 

entre otras cosas, una evaluación del desempeño 

educacional del menor; metas educacionales medibles; una 

lista de las necesidades especiales de educación y 

servicios suplementarios necesarios para satisfacer las 

necesidades del menor. 20 USC sec. 1414(d); Schaffer ex 

rel. Schaffer v. Weast, 546 US 49, 53 (2005). Mediante 

el PEI, se logra ofrecerle al menor la educación pública, 

gratuita y apropiada a la cual tiene derecho. Así pues, 

el PEI establecerá los servicios educativos y 

relacionados requeridos por el menor que se convertirán 

en su programa educativo por el periodo de un año. El 

PEI debe desarrollarse a través del Comité de Programa 

y Ubicación (en adelante, COMPU) compuesto por: (i) un 

oficial escolar calificado en educación especial, (ii)

un maestro de educación regular, y (iii)los padres o el 

tutor del menor. 20 USC sec. 1414(d)(1)(B); School 

Committee of Town Of Burlington, Mass v. Department of 

Education, 471 US 359, 368(1985). 

En cumplimiento con el mandato constitucional y con 

las exigencias federales bajo la Ley IDEA, en Puerto 

Rico se aprobó la Ley Núm. 51 del 7 de junio de 1996, 

según enmendada, conocida como la “Ley de Servicios 

Educativos Integrales para Personas con Impedimentos”, 

18 LPRA sec. 1351, et seq. (en adelante, Ley Núm. 51). 

En esencia, la precitada ley le garantiza a las personas 

con impedimentos iguales derechos que las personas sin 

impedimento, a recibir una ubicación menos restrictiva, 
KLRA202300264 11

una educación pública, gratuita, especial y apropiada de 

acuerdo a sus necesidades individuales; ser evaluado y 

diagnosticado con prontitud por un equipo 

multidisciplinario que tome en consideración sus áreas 

de funcionamiento y necesidades, de modo que pueda 

recibir los servicios educativos y relacionados 

indispensables para su educación de acuerdo al programa 

educativo individualizado para el desarrollo óptimo de 

sus potenciales; y que las decisiones que se tomen se 

fundamenten en el mejor interés de su persona, entre 

otros. 18 LPRA secs. 1352-53. 

La Ley Núm. 51, supra, confiere el derecho a los 

padres de entre otras cosas, instar una querella para 

solicitar una reunión de mediación o vista 

administrativa, en caso de que la persona con 

impedimentos no esté recibiendo una educación apropiada, 

en el ambiente menos restrictivo y de acuerdo con los 

arreglos de servicios contenidos en el PEI. 18 LPRA sec. 

1353.

-CEn conformidad con lo anterior, el Depto. de 

Educación recibe asistencia económica del gobierno 

federal para lograr los objetivos de la Ley IDEA, por lo 

cual, está bajo la jurisdicción de los procedimientos 

que prescribe dicho estatuto federal. En su 

consecuencia y anticipando los posibles conflictos que 

podrían surgir entre los padres y las agencias 

educativas, la Ley IDEA permite que la parte 

insatisfecha presente una querella para que luego se 

dilucide el conflicto en una vista conforme al 

procedimiento administrativo estatal que cumpla con el 

debido proceso de ley. 20 USC sec. 1415. En dicha vista, 
KLRA202300264 12

el juez administrativo deberá enfocar su análisis en 

evaluar si el menor recibió una educación pública, 

gratuita y apropiada. 20 USC sec. 1415(f)(3)(E)(i); 34 

CFR 300.507 y 300.511.

La parte que resulte agraviada en dicha vista 

tendrá derecho a solicitar la revisión judicial de la 

misma. Entonces, el tribunal revisor estudiará el 

expediente administrativo, solicitará evidencia 

adicional de ser necesaria y luego de aquilatar toda la 

prueba ante sí, basándose en la preponderancia de la 

prueba, otorgará el remedio que estime apropiado. 20 

USC sec. 1415(i)(2)(C); School Committee of Town Of 

Burlington, Mass v. Department of Education, supra, pág. 

369. En lo pertinente, la Sec. 1415 de la Ley IDEA, 

dispone las siguientes salvaguardas procesales:

(i) Administrative procedures 

(1) In general

(A)Decision made in hearing

A decision made in a hearing conducted pursuant to 

subsection (f) or (k) shall be final, except that 

any party involved in such hearing may appeal such 

decision under the provisions of subsection (g) 

and paragraph (2).

(B)Decision made at appeal

A decision made under subsection (g) shall 

be final, except that any party may bring an action 

under paragraph (2).

(2) Right to bring civil action 

(A) In general 

Any party aggrieved by the findings and decision 

made under subsection (f) or (k) who does not have 

the right to an appeal under subsection (g), and 

any party aggrieved by the findings and decision 

made under this subsection, shall have the right 

to bring a civil action with respect to the 

complaint presented pursuant to this section, 

which action may be brought in any State court of 

competent jurisdiction or in a district court of 

the United States, without regard to the amount in 

controversy.
KLRA202300264 13

Adviértase, que la Ley IDEA confiere carácter de 

finalidad a los dictámenes emitidos como parte de una 

vista administrativa celebrada a su amparo.

III.

De entrada, debemos destacar que el estudiante 

G.M.P.I. es un estudiante del Programa de Educación 

Especial del Depto. de Educación y, este último, lo ubicó

en una escuela privada debido a la falta de una ubicación 

apropiada en el sistema público de enseñanza para 

satisfacer sus necesidades especiales. Por ello, se 

desencadenan unos incidentes que culminan con la 

Resolución emitida el 11 de mayo de 2023 por la agencia 

recurrida e inconformes con tal dictamen, surge el caso 

de epígrafe que nos ocupa.

-AEn síntesis, la recurrente plantea cuatro (4) 

señalamientos de error. Particularmente, en su cuarto 

señalamiento de error, alega que el Depto. de Educación 

incidió al prohibirles presentar una moción de 

reconsideración y, de esa manera, les privó de su debido 

proceso de ley. No obstante, dicho error no se cometió.

Según discutimos, en el derecho aplicable, la Ley 

IDEA es clara cuando establece que la parte que resulte 

agraviada en la vista administrativa bajo sus 

disposiciones tendrá derecho a solicitar la revisión 

judicial de la misma en este Tribunal de Apelaciones. 

Al respecto, véase 20 USC 1415 (i)(1)(A).

Ante esto, determinamos que la agencia recurrida 

consignó las advertencias legales de manera correcta y 

conforme a derecho. 
KLRA202300264 14

Por tanto, es forzoso concluir que no se violó el debido 

proceso de ley de la parte recurrente y esta curia se 

encuentra en posición de resolver.

-BA continuación, procedemos con la discusión del 

primer señalamiento de error. En síntesis, la 

recurrente argumenta que la agencia recurrida es 

responsable de reembolsar el pago por los alimentos que 

recibió el estudiante G.M.P.I. en la escuela privada 

donde está ubicado para obtener los servicios educativos

adecuados a sus necesidades. Entendemos que tiene razón, 

veamos. 

Aun cuando los servicios de alimentos no fueron 

recomendados en el PEI del estudiante G.M.P.I. ni 

discutidos en la reunión de COMPU, estos deben ser 

concedidos en virtud de los preceptos constitucionales

y leyes federales que cobijan a las personas con 

impedimentos. 

Conforme esbozamos, en el ápice II de esta 

Sentencia, la Constitución de Puerto Rico garantiza a 

todos los estudiantes del sistema de educación pública

el derecho de obtener una educación gratuita y adecuada.

De manera que, ha sido incorporado como política 

pública, el derecho a recibir desayuno y almuerzo 

durante el horario escolar. Por ello, reiteramos que el 

servicio de alimento gratuito en las escuelas públicas

emana de un derecho constitucional.

Considerando lo anterior, entendemos que todos los 

estudiantes del sistema de educación pública de Puerto 

Rico, incluyendo a los estudiantes del programa de 

educación especial, son acreedores del derecho a recibir

alimento durante el horario escolar y ninguno debe ser 
KLRA202300264 15

excluido de tal derecho. Incluso, somos del criterio 

que este derecho se debe implementar con igual firmeza 

cuando son estudiantes ubicados en escuelas privadas 

para satisfacer sus necesidades especiales debido a que 

el sistema de educación publica no cuenta con los 

servicios adecuados para ellos. 

Por tanto, determinamos que el estudiante G.M.P.I. 

le cobija su derecho constitucional al disfrute de una 

educación pública y gratuita en igualdad de condiciones 

que el resto de los estudiantes del servicio de educación 

pública. Lo anterior, coincide con lo resuelto por este 

foro apelativo en Lisandra Colon Rosario v. Departamento 

de Educación, Sentencia del 31 de octubre de 2013, 

KLAN201300779 (Grana Martínez, Jueza Ponente). Concluir 

lo contrario es hacer una determinación discriminatoria

y contraria a derecho. En síntesis, se cometió el primer 

señalamiento de error. 

-CPor estar relacionados, atendemos en conjunto el 

segundo y tercer señalamiento de error planteado por la 

recurrente. En síntesis, alega la señora Izquierdo que 

la agencia recurrida es responsable de reembolsar lo 

pagado por las terapias cognoscitivas que recibió el 

estudiante G.M.P.I. Añadió, además, que la agencia 

recurrida erró en su apreciación de la prueba sobre la 

necesidad de las referidas terapias. No obstante, 

entendemos que no tiene razón. Veamos.

Recordemos que, en el ejercicio de nuestra 

jurisdicción revisora, debemos deferencia a las 

determinaciones de hechos que formulan los foros 

administrativos, siempre que encuentran apoyo en el 

expediente administrativo, y satisfagan el estándar de 
KLRA202300264 16

prueba aplicable. Igualmente, en materia de apreciación 

de la prueba, debemos deferencia a las determinaciones 

que realizan dichos organismos. Ello, pues gozan de una 

presunción de legalidad y corrección, que se basa en la 

experiencia y pericia que se presume dichos organismos 

poseen. 

Surge del expediente del caso de autos, que el 

estudiante G.M.P.I. tiene recomendado en su PEI del año 

escolar 2022-2023 las siguientes terapias: (1) terapia 

educativa, (2) terapia psicológica y (3) terapia de 

habla y lenguaje. Igualmente consta, en el expediente y 

así lo afirmaron ambas partes, que el Depto. de Educación 

aprobó un reembolso relacionado a matricula, 

mensualidades y libros. Además, consta en la 

Transcripción de Prueba Oral y en el expediente, que al 

estudiante G.M.P.I. se le realizaron dos evaluaciones 

cognitivas: la primera en el año 2019 y la segunda en el

año 2021. Sin embargo, no surge del expediente algún 

informe preparado por el especialista que alegadamente 

evaluó al estudiante G.M.P.I y determinó la necesidad de

recibir terapias cognoscitivas. Tampoco se presentó

durante la vista administrativa el testimonio de tal

especialista. Más relevante aun, no se presentó una 

evaluación actualizada para el año escolar 2022-2023.

Por lo tanto, la agencia recurrida nunca estuvo en 

posición para determinar y evaluar con prueba fehaciente 

la necesidad el estudiante G.M.P.I. de recibir terapia 

cognoscitiva. Además, en ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto, nos abstenemos de 

intervenir con la apreciación de la prueba hecha por la 

agencia recurrida. 
KLRA202300264 17

En consideración a lo antes expuestos, el segundo 

y el tercer señalamiento de error, no fueron cometidos. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se MODIFICA la

Resolución recurrida en cuanto a la denegación del 

reembolso por el pago de alimentos y se ordena a la parte 

apelada a reembolsar los gastos de alimentos incurridos, 

y se CONFIRMA en cuanto a todo lo demás. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones