Número Identificador

RES2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

ASOCIACIÓN DE 

CONDOMINES METRO 

MEDICAL CENTER, INC.

Recurrido

V.

MMC, LLC

Recurrido

V.

LAS BRISAS PROPERTY 

MANAGEMENT, INC.;

CHUBB INSURANCE 

COMPANY OF PUERTO 

RICO; ASEGURADORA 

ABC Y ASEGURADORA 

DEF

Peticionarios

KLCE202400095

Recurso de Certiorari 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia Sala de

Superior de Bayamón

Caso Núm.: 

BY2020CV03775

Sobre: 

Cobro de Dinero

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

Marrero Guerrero, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2024.

Comparece Chubb Insurance Company of Puerto Rico (en 

adelante, Chubb Insurance o parte peticionaria), mediante el 

recurso de certiorari.

1 Nos solicita que revisemos una Sentencia 

Parcial emitida el 29 de noviembre de 2023 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI).2 Mediante dicho 

dictamen, el TPI desestimó con perjuicio y de forma exclusiva

1 El recurso ante nuestra consideración fue presentado inicialmente como una 

apelación. Sin embargo, tras evaluar el expediente, concluimos que el recurso 

adecuado es el de certiorari. En consecuencia, se ordenó a la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones asignar el alfanumérico correspondiente a un certiorari. 

Véase Resolución del 22 de enero de 2024.

2 Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 1265-1303. Archivada y 

notificada en autos el 1 de diciembre de 2023.
KLCE202400095 2

cualquier reclamación respecto a la póliza de responsabilidad 

general comercial número 08-95PR-000800503-0, emitida por 

Chubb Insurance. En cuanto a las restantes causas de acción y 

controversias, declaró “No Ha Lugar” la solicitud de sentencia 

sumaria. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, en el 

ejercicio de nuestra discreción denegamos expedir el auto de 

certiorari solicitado.

-IEl 25 de noviembre de 2020, la Asociación de Condómines 

Metro Medical Center (en adelante, la Asociación de Condómines), 

presentó una Demanda sobre cobro de dinero contra de MMC, LLC.

(en adelante, MMC) en concepto de unas pólizas de seguros y cuotas 

de mantenimiento de diversas unidades a favor del Condominio 

Metro Medical Center (en adelante, Condominio).

3 En específico, 

adujo que MMC adeudaba una cantidad que ascendía a 

$347,067.00 en cuotas de mantenimiento y $65,562.78 en pago de 

pólizas de seguros.

Por su parte, el 8 de abril de 2021, MMC presentó una 

Contestación a demanda en la que negó las alegaciones presentadas 

en su contra.4

El 3 de junio de 2023, la Asociación de Condómines presentó 

una Demanda enmendada con el fin de actualizar la cantidad de 

unidades por las cuales, según alegaban, MMC debía 

mantenimiento, así como la cuantía adeudada.5

El 21 de junio de 2021, MMC presentó una Contestación a 

demanda enmendada en la que negó nuevamente las alegaciones 

3 Íd., págs. 1-4. 

4 Íd., págs. 5-8.

5 Íd., págs. 9-11.
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presentadas en su contra. Asimismo, presentó defensas afirmativas 

para sustentar su posición.6

En consecuencia, el 24 de agosto de 2021, la Asociación de 

Condómines presentó una Segunda demanda enmendada en la que 

actualizó de nuevo la cantidad que adeudada por MMC en concepto 

de cuotas de mantenimiento y seguro adicional.7

El 23 de septiembre de 2021, MMC presentó una Contestación 

a la Segunda demanda enmendada, reconvención y demanda contra 

terceros.

8 En esta, negó las alegaciones formuladas en su contra por 

parte de la Asociación de Condómines. Además, incluyó una 

reconvención contra la Asociación de Condómines, así como una 

demanda contra tercero contra Las Brisas Property Management, 

Inc. (en adelante, La Brisas) y su compañía aseguradora, Chubb 

Insurance. Argumentó que Las Brisas aprobó cuotas y presupuestos 

operacionales desmedidos en contravención de la Ley de 

Condominios e instigó el cobro ilegal de cuotas de mantenimiento y 

cargos por pólizas de seguro contrarios a las prácticas 

administrativas establecidas en la Ley de Condominios y el 

Reglamento del Condominio. También planteó que Las Brisas y su 

compañía aseguradora, Chubb Insurance, incumplieron con su 

deber al no proporcionar un desglose sobre las alegadas deudas, no 

rendir cuentas y rechazar pagos para negociar de buena fe.

Por su parte, el 10 diciembre de 2021, Chubb Insurance 

presentó una Contestación a la demanda contra terceros contenida 

en documentos Sumac 33.

9 A través de su respuesta, negó las 

alegaciones en su contra y señaló que: (1) expidió una póliza con 

número DO3605 a favor de la Asociación de Condómines, en la que 

se identificó al Condominio como la parte asegurada; (2) el período 

6 Íd., págs. 12-15.

7 Íd., págs. 17-20.

8 Íd., págs. 21-32.

9 Íd., págs. 51-55.
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de cobertura de la referida póliza es del 13 de septiembre de 2021 al 

13 de septiembre de 2022; (3) la póliza es del tipo “Directors Trustees 

and Officers Indemnity Insurance Policy” y tiene un límite de 

responsabilidad de $1,000,000 en el agregado sujeto a un retenido 

de auto-seguro de $2,500.00; y (4) la póliza también es del tipo 

“claim made” y ningún asegurado notificó oportunamente la 

reclamación o la expectativa de una reclamación en relación con los 

hechos descritos en la demanda contra terceros.

Tras varios trámites procesales, el 11 de octubre de 2022, 

Chubb Insurance presentó una Moción solicitando sentencia 

sumaria parcial en la que alegó que procedía la desestimación con 

perjuicio de la reconvención y demanda contra tercero en su 

contra.10 En esencia, sostuvo que: (1) la reclamación de MMC está 

prescrita, por no haber impugnado dentro del término de treinta (30) 

días el presupuesto y las cuotas de mantenimiento aprobados por la 

Asociación de Condómines, según establece la Ley de Condominios; 

(2) MMC no puede impugnar la validez de las cuotas de 

mantenimiento y primas de seguros, ya que no participó ni votó en 

la Asamblea del Condominio; (3) luego de la presentación de la 

Demanda, MMC pagó parte de las sumas que le fueron reclamadas 

sobre varias unidades del Condominio, lo que constituyó una 

aceptación de la validez del cobro de dinero instado en su contra; y 

(4) las pólizas de seguros que expidió no cubren las reclamaciones 

presentadas en la reconvención, por lo que procede la desestimación 

de la demanda contra tercero con perjuicio y la imposición del pago 

de honorarios de abogado por temeridad contra MMC. 

El 16 de diciembre de 2022, MMC presentó una Oposición a 

moción en solicitud de sentencia sumaria parcial de Chubb Insurance 

Company of Puerto Rico, Inc.11 En esta, alegó que no procedía la 

10 Íd., págs. 124-513.

11 Íd., págs. 514-1264.
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solicitud de desestimación presentada por Chubb Insurance, ya que 

existen controversias entre las partes, así como tampoco procede 

imponer temeridad en su contra. A su vez, señaló que la póliza de 

seguro de Chubb Insurace cubre las actuaciones realizadas por la 

Asociación de Condómines y Las Brisas. Además, afirmó que la 

causa de acción no estaba prescrita. 

El 29 de noviembre de 2023, el foro primario emitió una 

Sentencia Parcial en la que concedió parcialmente la sentencia 

sumaria solicitada por Chubb Insurance.

12 Es específico, desestimó 

con perjuicio y de forma exclusiva cualquier reclamación respecto a 

la póliza de responsabilidad general comercial número 08-95PR000800503-0, emitida por la parte peticionaria. En cambio, declaró

“No Ha Lugar” la solicitud de sentencia sumaria sobre las restantes 

causas de acción y controversias. En concreto, el TPI determinó que 

resulta necesaria la celebración de un juicio en su fondo para 

determinar si existe o no cubierta bajo la póliza número DO3605,

también emitida por la parte peticionaria, según sus términos y 

exclusiones.

El 14 de diciembre de 2023, MMC presentó una Moción 

solicitando reconsideración parcial de sentencia en la que solicitó

una partida correspondiente a honorarios por temeridad contra 

Chubb Insurance. Según su perspectiva, el foro primario determinó 

que la parte peticionaria actuó temerariamente pero no incluyó la 

partida correspondiente.

13 Por el otro lado, Chubb Insurance 

presentó una Moción solicitando reconsideración en la que: (1) 

solicitó la corrección de la determinación de hechos número 32, por

reflejar de manera incorrecta el período de vigencia y retroactividad 

de la póliza número DO3605; (2) argumentó que el litigio inició

previo al comienzo de la vigencia de la póliza número DO3605, por

12 Íd., págs. 1265-1303.

13 Íd., págs. 1304-1310.
KLCE202400095 6

lo que la reclamación de MMC está excluida de cubierta; y, por 

último, (3) sostuvo que no incurrió en temeridad, y que por el 

contrario, prevaleció parcialmente en la determinación del TPI con 

respecto a la póliza de responsabilidad comercial número 08-95PR000800503-0. Por ello, concluyó que las alegaciones de MMC sobre 

temeridad carecían de fundamentos.

14

El 18 de diciembre de 2023, el TPI emitió y notifico dos (2) 

resoluciones. En la primera Resolución denegó la reconsideración 

presentada por MMC y aclaró que las expresiones en su sentencia 

no constituyeron una determinación de temeridad a tenor con la 

Regla 44.1 (d).

15 De igual manera, denegó la Moción solicitando 

reconsideración presentada por Chubb Insurance.

16

Inconforme con la determinación del foro primario, la parte 

peticionaria presentó el recurso que nos ocupa. En el mismo, imputa 

la comisión de los siguientes errores:

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO CONCLUIR QUE LA 

RECONVENCIÓN Y DEMANDA CONTRA TERCEROS 

PRESENTADA POR MMC DEBIÓ SER DESESTIMADA 

TODA VEZ QUE LOS REMEDIOS SOLICITADOS ESTÁN 

EXPRESAMENTE EXCLUIDOS POR LA PÓLIZA DO365.

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL AL NO 

CONCLUIR QUE LA RECONVENCIÓN Y DEMANDA 

CONTRA TERCEROS PRESENTADA POR MMC ESTÁ 

RELACIONADA A UN LITIGIO INICIADO PREVIO A LA 

FECHA DE INICIO (INCEPTION DATE) DE LA PÓLIZA 

POR LO QUE ESTÁ EXPRESAMENTE EXCLUIDA DE 

CUBIERTA.

En vista de los errores imputados, procedemos a discutir las 

normas jurídicas aplicables a este recurso. 

-III-

-AEl certiorari es un recurso extraordinario cuya característica se 

asienta en la sana discreción encomendada al tribunal revisor para 

14 Íd., págs. 1311-1351.

15 Íd., págs. 1352.

16 Íd., págs. 1354-1355.
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autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Rivera et al. v. Arcos 

Dorados et al., 2023 TSPR 65, 212 DPR __ (2023); McNeil Healthcare v. 

Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 

DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). 

Este Tribunal tiene la obligación de ejercer prudentemente su juicio al 

intervenir con el discernimiento del TPI. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). En este sentido, la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal establece los criterios que debemos 

considerar al momento de ejercer nuestra facultad discrecional:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para 

el análisis del problema.

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a 

la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, 

o de alegatos más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es 

la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

De no estar presente algunos de estos criterios, corresponde 

abstenernos de expedir el auto de certiorari.

-BLa sentencia sumaria es un mecanismo procesal cuyo objetivo 

principal es simplificar la solución justa, rápida y económica de 

casos civiles que no presentan controversias genuinas o reales sobre 

hechos materiales y esenciales. Regla 36 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36; Bobé v. UBS Financial Services, 198 DPR 

6, (2017). Se considera un hecho material esencial aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 
KLCE202400095 8

sustantivo aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 

184 DPR 133 (2011). En ese sentido:

La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si 

las hay, u otra evidencia, demuestran que no hay controversia 

real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente 

y que, como cuestión de derecho, el tribunal debe dictar 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente. Regla 36.3 

(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e)

En otras palabras, este mecanismo podrá ser empleado en 

situaciones en las que la celebración de una vista o del juicio en su 

fondo resultare innecesaria, debido a que el tribunal tiene ante su 

consideración todos los hechos necesarios y pertinentes para 

resolver la controversia y solo resta aplicar el derecho. Burgos López 

et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1 (2015); Mejías v. Carrasquillo, 

185 DPR 288 (2012). En sentido contrario, un asunto no debe ser 

resuelto sumariamente cuando: 

(1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) 

haya alegaciones afirmativas en la demanda que no han 

sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que 

acompañan la moción una controversia real sobre algún 

hecho material y esencial, o (4) como cuestión de derecho 

no procede. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de 

Titulares, supra.

El inciso (a) de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil establece 

que la moción de la parte promovente deberá contener:

(1) Una exposición breve de las alegaciones de las partes;

(2) los asuntos litigiosos o en controversia;

(3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual 

es solicitada la sentencia sumaria;

(4) una relación concisa y organizada en párrafos 

enumerados, de todos los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación 

de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 

otra prueba admisible en evidencia donde se establecen los 

mismos, así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal;

(5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, 

argumentando el derecho aplicable, y

(6) el remedio que debe ser concedido.

Regla 36.3(a) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(a).

De manera similar, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil 

establece que si no se emite una sentencia sobre la totalidad del 
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pleito, no se otorga todo el remedio solicitado, o se deniega la 

petición, y es necesario celebrar un juicio, será obligatorio que el 

tribunal resuelva la moción mediante una determinación de los 

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial, así como los hechos esenciales y pertinentes que están

realmente controvertidos.

Asimismo, presentada una moción de sentencia sumaria, la 

parte promovida no deberá cruzarse de brazos ni descansar 

exclusivamente en meras afirmaciones o en las aseveraciones 

contenidas en sus alegaciones. Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 

DPR 769 (2016). Es preciso que la parte promovida formule, con 

prueba adecuada en derecho, una posición sustentada con 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que refuten los 

hechos presentados por el promovente. Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200 (2010). Por consiguiente, cualquier duda que plantee 

sobre la existencia de hechos materiales en controversia no será 

suficiente para derrotar la procedencia de la solicitud. Oriental Bank 

v. Perapi et al., 192 DPR 7 (2014). Después de todo, la etapa procesal 

para presentar prueba que controvierta los hechos propuestos por 

una parte en su moción de sentencia sumaria no es en el juicio, sino 

al momento de presentar una oposición a la moción de sentencia 

sumaria, según lo exige la Regla 36 de Procedimiento Civil. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015).

En ese sentido, la parte promovida también está obligada a

cumplir con las exigencias enunciadas en las cláusulas (1), (2) y (3) 

del inciso (a) de la Regla 36.3 (b)(1) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3 (b)(1). Le corresponde citar con especificidad cada uno 

de los párrafos, según enumerados en la solicitud de sentencia 

sumaria, que entiende se encuentran en controversia, al igual 

aquellos que no. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013). Dicha tarea deberá ser realizada de forma tan detallada y 
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específica como lo haya hecho la parte promovente y haciendo 

referencia a la evidencia admisible en la cual se sostiene la 

impugnación, con cita a la página o sección pertinente. Id.

Así pues, al evaluar si existe controversia de hechos que 

impidan dictar sentencia sumaria, los Tribunales deben: (1) analizar 

los documentos que acompañan la solicitud, los incluidos en la 

oposición y aquellos que obran en el expediente; y (2) determinar si 

el oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 194 

(2000).

Finalmente, destacamos que, según establecido por nuestro 

Tribunal Supremo, este primer foro apelativo se sitúa en la misma 

posición que los foros de instancia al revisar las solicitudes de que 

determinada sentencia sea dictada sumariamente. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra. Por lo tanto, nuestra revisión es 

una de novo.

-CReiteradamente nuestro Tribunal Supremo ha establecido que 

la materia de seguros está investida de alto interés público debido a 

que desempeña un trascendental rol en la protección de riesgos que 

amenazan la vida o el patrimonio de los ciudadanos. Serrano Picón v. 

Multinational Life Ins., 2023 TSPR 118, 212 DPR __ (2023); RJ 

Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699, 706-707 (2017); Natal Cruz v. 

Santiago Negrón et al., 188 DPR 564, 575-576 (2013). De esta forma, 

la industria de seguros está extensamente regulada por el Código de 

Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 101 et seq., y supletoriamente 

por el Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5311 et seq.

El contrato de seguro es definido como aquel “mediante el cual 

una persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle 

un beneficio específico o determinable al producirse un suceso 
KLCE202400095 11

incierto previsto en el mismo”. 26 LPRA sec. 102. De producirse el 

suceso incierto previsto en el contrato de seguro, su propósito radica 

en proteger al asegurado mediante la transferencia del riesgo que 

asumió la compañía aseguradora a cambio del pago de la prima. RJ 

Reynolds v. Vega Otero, supra, pág. 707; Natal Cruz v. Santiago 

Negrón et al., supra, pág. 576; SLG Francis-Acevedo v. SIMED, 176 

DPR 372, 384 (2009).

Los términos acordados entre el asegurado y la aseguradora 

están contenidos en la póliza. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 

185 DPR 880 (2012). “La póliza es el instrumento escrito en que se 

expresa un contrato de seguro”. 26 LPRA sec. 1114 (1). Las cláusulas 

contenidas en la póliza constituyen la ley entre las partes. Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 897; SLG Francis-Acevedo 

v. SIMED, supra, pág. 386. El Código de Seguros dispone las normas 

hermenéuticas que los tribunales deben atribuirles a los contratos de 

seguros. RJ Reynolds v. Vega Otero, supra; Echandi Otero v. Stewart 

Title, 174 DPR 355, 369 (2008). A saber, “[t]odo contrato de seguro 

deberá interpretarse globalmente, a base del conjunto total de sus 

términos y condiciones, según se expresen en la póliza y según se 

hayan ampliado, extendido, o modificado por aditamento, endoso o 

solicitud adherido a la póliza y que forme parte de ésta”. 26 LPRA sec. 

1125. Los términos esbozados en la póliza deben ser interpretados en 

su acepción general, sin ceñirse demasiado al rigor gramatical. Rivera 

Matos et al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1020 (2020); Echandi 

Otero v. Stewart Title, supra, pág. 370; Marín v. American Int’ l. Ins. 

Co. of PR, 137 DPR 356, 361 (1994). “Sin embargo, si de la póliza se 

desprende un significado particular para determinado término, este 

se aplicará a tenor con lo convenido por las partes”. SLG FrancisAcevedo v. SIMED, supra, pág. 387. A tal efecto, los tribunales deben 

interpretar los términos según su acepción general, como lo 

interpretaría una persona de inteligencia promedio que pretenda 
KLCE202400095 12

adquirir la póliza. Íd.; Serrano Picón v. Multinational Life 

Ins., supra; Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., supra; Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 898; Quiñones López v. 

Manzano Posas, 141 DPR 139, 155 (1996).

Es norma trillada que un contrato de seguro es un contrato de 

adhesión, debido a que la aseguradora es la parte que dicta los 

términos y las condiciones expuestas en la póliza. SLG FrancisAcevedo v. SIMED, supra, pág. 386; Maderas Tratadas v. Sun Alliance 

et al., supra, pág. 899; En este sentido, toda ambigüedad se debe 

interpretar en favor del asegurado, por vía de una interpretación 

razonable. Serrano Picón v. Multinational Life Ins., supra; SLG FrancisAcevedo v. SIMED, supra, pág. 386; Echandi Otero v. Stewart 

Title, supra. Ahora bien, cuando las cláusulas sean claras y libres de 

ambigüedad, esta norma hermenéutica no aplicará y el asegurado se 

ceñirá por los términos de la póliza. Maderas Tratadas v. Sun Alliance 

et al., supra. Los términos de un contrato son claros cuando no dan 

lugar a duda, ambigüedad o divergencia en interpretaciones. Rivera 

Matos et al. v. Triple-S et al., supra, pág. 1021; SLG Francis-Acevedo 

v. SIMED, supra, pág. 387.

Además, se debe considerar si la póliza contiene cláusulas de 

exclusión para cerner los riesgos cubiertos por la aseguradora. SLG 

Francis-Acevedo v. SIMED, supra, pág. 388. Las cláusulas de 

exclusión limitan la cubierta de protección y, como consecuencia, 

disponen las circunstancias en las que la aseguradora no responderá 

por determinados eventos, riesgos o peligros. Íd.; Serrano Picón v. 

Multinational Life Ins., supra; Rivera Matos et al. v. Triple-S et 

al., supra, pág. 1021; Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, 194 DPR 

271, 279 (2015); Jiménez López et al. v. SIMED, 180 DPR 1, 11 

(2010); Echandi Otero v. Stewart Title, supra. Por ello, las cláusulas 

de exclusión deben interpretarse restrictivamente para que la 

aseguradora cumpla su propósito de proveer protección al 
KLCE202400095 13

asegurado. Íd.; Marín v. American Int’ l. Ins. Co. of PR, supra, pág. 

362. Así, cualquier ambigüedad en una cláusula de exclusión debe 

resolverse a favor del asegurado. Íd. Empero, cuando los términos, 

las condiciones y las exclusiones contenidas en la póliza son claras, 

deben interpretarse literalmente, a tenor con la voluntad de las 

partes. Íd.; Jiménez López et al. v. SIMED, supra; Quiñones López v. 

Manzano Posas, supra, pág. 156. En tal eventualidad, la aseguradora 

no está obligada a cubrir los riesgos expresamente excluidos, aun 

cuando otras cláusulas de la póliza parezcan inferir lo 

contrario. Marín v. American Int’ l. Ins. Co. of PR, supra; Quiñones v. 

Manzano Posas, supra.

A la luz de las normas jurídicas antes expuestas, procedemos 

a resolver.

-IVTras un análisis minucioso de los autos, y en el ejercicio de 

nuestra discreción bajo la Regla 40, supra, declinamos la invitación 

de Chubb Insurance a intervenir con lo actuado por el TPI. La 

determinación del TPI para desestimar con perjuicio y de forma 

exclusiva cualquier reclamación respecto a la póliza de 

responsabilidad general comercial número 08-95PR-000800503-0, y 

declarar “No Ha Lugar” la solicitud de sentencia sumaria sobre las 

restantes causas de acción y controversias, se fundamentó en que al 

momento existen controversias sobre si hay o no cubierta bajo la 

póliza número DO3605, según sus términos y exclusiones. La 

determinación es razonable y dicho foro no cometió error de derecho 

alguno. Ello pues, conforme nos es requerido, evaluada de novo la 

solicitud de sentencia sumaria junto a la documentación en apoyo a 

la misma, coincidimos con el TPI tanto en los hechos determinados 

como incontrovertidos como los que dicho foro enumeró como 

aspectos en controversia, por lo que acogemos los mismos en su 

totalidad.
KLCE202400095 14

Así las cosas, una vez finalice el juicio, el TPI estará en mejor 

posición para aquilatar la prueba y dirimir los planteamientos de las 

partes. Así las cosas, y no apreciando la comisión de algún error por 

el foro primario, declinamos la invitación de la parte peticionaria de 

intervenir con la determinación recurrida.

-IVPor los anteriores que anteceden, se deniega la expedición del 

auto de certiorari solicitado por Chubb Insurance.

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaría del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones