Número Identificador

SEN2024 ________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

LUIS M. LEBRÓN CRUZ

Recurrido

V.

AMGEN 

MANUFACTURING 

LIMITED

Peticionaria

KLCE202400135

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Humacao

Caso Núm.:

HU2021CV00193

Sobre:

Discrimen por Edad 

(Ley 100); Discrimen 

por Impedimento 

(Ley 44); Despido 

Injustificado (Ley 

80); Procedimiento 

Sumario (Ley 80)

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la 

Juez Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2024.

El 1 de febrero de 2024 compareció ante nos Amgen 

Manufacturing Limited (en adelante, AML o peticionaria), por medio 

de una Petición de Certiorari. Mediante esta, nos solicita que 

revisemos la Resolución emitida el 19 de enero de 2024 y notificada

el 22 de enero de 2024, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Humacao. En virtud del referido dictamen, el foro de 

instancia declaró No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria 

presentada por AML.

Por los fundamentos que adelante se esbozan, se expide el

certiorari y se revoca la Resolución recurrida.

I

Los eventos fácticos y procesales que dan lugar al recurso que 

nos ocupa son los que en adelante se esbozan. El 26 de febrero de 

2021, el señor Luis M. Lebrón Cruz (en adelante, señor Lebrón Cruz 
KLCE202400135 2

o recurrido), presentó una Querella sobre despido injustificado al 

amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA § 185 

et seq.

1, discrimen por razón de edad, de conformidad a la Ley Núm. 

100 de 30 de junio de 1959, 29 LPRA § 146 et seq.2, y discrimen por 

razón de impedimento, bajo la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, 1

LPRA § 501 et seq.

3

En la mencionada Querella, el recurrido afirmó que trabajó 

para la farmacéutica AML desde agosto de 2001 hasta el 2 de marzo 

de 2020, cuando fue despedido.4 Narró que, contrario a sus 

compañeros, mantenía un turno de trabajo fijo, ello por 

recomendación médica, toda vez que, padecía de depresión mayor.5

A esos efectos, su turno de trabajo se extendía desde las 5:00 de la 

tarde, hasta las 5:30 de la mañana del siguiente día. Alegó que, 

previo a su despido, se le informó durante una reunión, que todos 

los empleados debían comenzar a tener turnos rotativos. No 

obstante, por su condición de salud, solicitó a su supervisora, la 

señora Nitza Osorio, mantener el mismo horario de trabajo. La 

señora Nitza Osorio le indicó que, debía realizar una solicitud al 

Departamento de Recursos Humanos.

Con motivo de ello, el recurrido indicó haberse reunido con 

una representante del mencionado departamento, la señora 

Maricaty Vargas, para solicitar formalmente el acomodo razonable

necesario para retener su turno de trabajo fijo. Sin embargo, 

manifestó que, la señora Maricaty Vargas le indicó que ello no era 

posible. El recurrido arguyó que, aun así, insistió en ello y, mientras, 

1 Ley sobre Despidos Injustificados, según enmendada.

2 Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, según enmendada.

3 Ley para Prohibir el Discrimen contra las Personas con Impedimentos Físicos, 

Mentales o Sensoriales, según enmendada.

4 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 1-10.

5 El recurrido especificó que, ingería un medicamento durante la mañana que le 

provocaba sueño, y su psiquiatra le recomendó continuar consumiendo el mismo 

en igual horario.
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continuó laborando en el turno de 5:00 de la tarde a 5:30 de la 

mañana.6

Por otro lado, el señor Lebrón Cruz reseñó un incidente

relacionado a unas alarmas, ocurrido durante su turno de trabajo, 

que comenzó el 9 de noviembre de 2019, a las 5:00 de la tarde, y 

culminó el 10 de noviembre de 2019, a las 5:30 de la mañana. 

Arguyó que, tres (3) meses luego de dicho incidente, y tras una 

investigación realizada por el Departamento de Recursos Humanos, 

fue despedido, por alegadamente haber provisto información 

diferente a la suministrada por sus compañeros de trabajo, aun 

cuando su conocimiento estaba basado en lo que le informaron sus 

compañeros de trabajo. Añadió que, fue sustituido por empleados 

de menor edad y con menor experiencia, y que “nunca fue objeto de 

amonestaciones por violaciones a las normas de la empresa, así 

como tampoco por motivos de ineficiencia en su desempeño”.7

A tenor con todo lo anterior, el señor Lebrón Cruz sostuvo que,

lo que verdaderamente motivó su despido fue su edad y su condición 

de depresión mayor. Así pues, alegó que AML discriminó en su 

contra y violentó las disposiciones de la Ley Núm. 100 de 30 de junio 

de 1959, supra, y la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, supra.

En cuanto a la causa de acción de discrimen por edad, el

recurrido expresó haber sufrido daños económicos por la pérdida de 

su salario, los cuales ascendían a no menos de $4,142.67 

mensuales. Adujo también, que, sufrió angustias mentales y daños 

emocionales, estimados en no menos de $200,000.00. En adición, 

sostuvo que, a la indemnización por los daños económicos y 

emocionales, le aplicaba la doble penalidad dispuesta por la Ley 

Núm. 100 de 30 de junio de 1959, supra. Reclamó, además, una 

6 Surge del expediente que, la solicitud de acomodo razonable del señor Lebrón 

Cruz fue aprobada el 19 de diciembre de 2019, y notificada el 14 de enero de 

2020. Véase, apéndice del recurso de certiorari, pág. 355.

7 Apéndice del recurso de certiorari, pág. 1.
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suma equivalente a la pérdida de ingresos y de sus beneficios como 

empleado, estimada en no menos de $49,712.00, la cual continuaría 

aumentado a razón de $956.00 mensuales, hasta que se le 

reinstalara en el empleo.

Con respecto a la causa de acción de discrimen por 

impedimento, el señor Lebrón Cruz igualmente reclamó una suma 

no menor de $200,000.00 en concepto de daños emocionales y 

angustias mentales. Asimismo, expresó que, a dicha suma le 

aplicaba la doble penalidad según estipulada por la Ley Núm. 100 

de 30 de junio de 1959, supra.

Por otro lado, el señor Lebrón Cruz expresó que, de no 

proceder las causas de acción por discrimen, contaba con los 

remedios provistos por la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976,

supra. En lo específico, alegó que tenía derecho a recibir el sueldo 

correspondiente a seis meses de trabajo en concepto de 

indemnización ($24,856.00), en adición a una indemnización 

progresiva, equivalente al sueldo de tres semanas, multiplicado por 

los años completos de servicio (18), lo que equivaldría a $51,624.00, 

para un total de $76,480.00.

En suma, el recurrido solicitó el pago de las cuantías 

esbozadas en los párrafos que anteceden, la imposición del interés 

legal, al tipo máximo dispuesto por ley, las costas y los honorarios 

de abogado.

El 30 de marzo de 2021, AML presentó su Contestación a 

Querella, en la cual negó la mayoría de las alegaciones y adujo que,

el despido del recurrido fue con justa causa.8 AML indicó que, la 

edad del señor Lebrón Cruz no fue un factor en ninguna de las 

decisiones tomadas y, que no discriminó en contra de este por 

8 Íd., págs. 11-20.
KLCE202400135 5

padecer de condición alguna. Como parte de sus defensas 

afirmativas, AML indicó lo siguiente:

[. . .]

7. El Querellante fue despedido con justa causa. El 

Querellante tenía un patrón de desempeño pobre y 

negligente, según evidenciado por sus evaluaciones 

anuales. Al Querellante se le había advertido sobre 

estar distraído durante su rol de monitoreo 

incluyendo el uso de celular, el cual afecta su 

desempeño. Además, el Querellante incurrió en 

varias faltas serias con el efecto o potencial efecto de 

afectar las operaciones de la empresa. Por ejemplo, 

en el 2019, el Querellante estuvo envuelto en varios 

incidentes de no reportar eventos significativos

durante su turno de trabajo, no manejar situaciones 

con el conocimiento esperado para su posición, y no 

seguir los procesos establecidos para manejar 

situaciones. Este patrón continuó en el 2020. Al 

Querellante también se le había orientado sobre su 

conducta en el lugar de empleo y éste había 

expresado que no sabía si podía controlar su 

agresividad contra un compañero de trabajo. El 

Querellante también estuvo envuelto en un incidente 

en el que no siguió el procedimiento estándar (SOP) 

establecido para reportar una alarma durante su 

turno de noche. El asunto fue investigado por Walter 

Cruz y el Querellante y otro trabajador externo 

envuelto en el incidente proveyeron versiones 

inconsistentes de lo que sucedió. Por lo tanto, el 

asunto fue referido a Staff Relations para una 

investigación. Staff Relations llevó a cabo la 

investigación y concluyó que el Querellante mintió 

tanto al System Owner como durante la 

investigación de Staff Relations. Mentir es una 

ofensa seria que constituye deshonestidad y, de por 

sí, es suficiente para el despido inmediato. En este 

caso, el Querellante no solamente mintió durante 

una investigación pero también falló en seguir los 

procesos requeridos que conocía. También tenía 

otros problemas de desempeño y conducta sobre los 

cuales había sido asesorado y advertido de la 

necesidad de mejorar. Bajo estas circunstancias, el 

despido del Querellante fue justificado.

[. . .].

9

Tras múltiples trámites procesales, innecesarios 

pormenorizar para atender el presente recurso, el 28 de septiembre 

de 2023, AML presentó Moción de Sentencia Sumaria.

10 A través de 

esta, propuso cincuenta y dos hechos que, a su juicio, no estaban 

9 Íd., págs. 17-18.

10 Íd., págs. 21-51.
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en controversia. Asimismo, alegó que, dichos hechos demostraban 

que el despido del señor Lebrón Cruz no fue arbitrario ni caprichoso, 

sino que AML tenía justa causa para ello. Agregó que, el recurrido 

no contaba con evidencia para demostrar que los factores de la edad 

y sus condiciones de salud fueron considerados al momento de 

tomar la decisión de despedirlo. Concluyó indicando que, las 

reclamaciones debían ser desestimadas en su totalidad.

Es menester señalar que, para fundamentar su solicitud de 

sentencia sumaria, AML anejó varios documentos, entre los cuales 

se incluían tres declaraciones juradas, respectivamente suscritas 

por: (i) Maritza Mercado, (ii) Maricaty Vargas y (iii) Nitza Osorio, 

empleadas de AML al momento de los hechos.11

Luego de varias solicitudes de prórroga, el 11 de diciembre de 

2023, el señor Lebrón Cruz se opuso mediante Oposición a Moción 

de Sentencia Sumaria.

12 Tras oponerse a todos los hechos que 

entendía controvertidos, el recurrido sostuvo que, la declaración 

jurada de la señora Maricaty Vargas “no cumplió con el requisito 

mínimo de proveer las bases para demostrar que tiene conocimiento 

personal sobre lo que declara”.13 Precisó que, en múltiples 

ocasiones, la declaración resultaba en prueba de referencia, lo que

convertía a la misma en inadmisible para sustentar la solicitud de 

sentencia sumaria.14

Posteriormente, el 14 de diciembre de 2023, la peticionaria 

instó Moción sobre Necesidad de Presentar una Réplica a la Oposición 

a la Moción de Sentencia Sumaria y Solicitando Término para ello.

15

No obstante, la misma fue denegada por el foro de instancia, el 15 

de diciembre de 2023.16

11 Véase Apéndice del recurso de certiorari, págs. 52-130, 404-696 y 697-704, 

respectivamente.

12 Íd., págs. 705-757.

13 Íd., pág. 749.

14 Íd.

15 Íd., págs. 788-790.

16 Íd., págs. 791-792.
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El 19 de enero de 2024, y notificada el 22 de enero de 2024, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió Resolución, declarando No 

Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria, acogiendo el 

planteamiento del recurrido y determinando que, no se cumplía con 

la Regla 36.5 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.5.

17 En lo específico, el foro primario dispuso lo siguiente:

Evaluada toda la documentación del Expediente 

Judicial, así como las mociones presentadas, este 

Tribunal está en posición de resolver y declara NO HA 

LUGAR la petición de la Parte Demandada (AML) de que 

se dicte Sentencia Sumaria a su favor.

La Parte Demandada (AML) incumplió con la Regla 36.5 

de Procedimiento Civil que requiere que las 

declaraciones juradas (para sostener su moción de 

sentencia dictada sumariamente) estén basadas en el 

conocimiento personal del o de la declarante. Por tanto, 

se declara No Ha Lugar la petición de la Parte 

Demandada (Amgen Manufacturing Limited) de 

Sentencia Sumaria. (Énfasis en el original omitido).18

Precisa señalar que, mediante el referido dictamen, el tribunal 

a quo consignó un total de cuarenta y tres (43) determinaciones de 

hechos, mas, no hizo constar los hechos que se mantenían en 

controversia.

Inconforme con el dictamen, el 1 de febrero de 2024, acudió 

ante nos AML mediante el recurso que nos ocupa, y realizó los 

siguientes señalamientos de error:

A. Erró el TPI al concluir que las declaraciones con las 

que AML apoyó la relación de hechos 

incontrovertidos que contiene su MSS incumplen 

con la Regla 36.5 de Procedimiento Civil.

B. Erró el TPI al no reconocer que tales declaraciones 

no caen bajo la definición de prueba de referencia.

C. Erró el TPI al no reconocer que aun si el expediente 

de investigación levantado por Maricaty Vargas como 

parte de su investigación, y que se anejó y autenticó 

vía declaración jurada, fuera prueba de referencia, 

que no lo es, éste constituye un récord de negocio 

bajo la excepción a la Regla de Exclusión de Prueba 

de Referencia y, por tanto, es admisible en evidencia.

17 Íd., págs. 793-804.

18 Íd., pág. 804.
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D. Erró el TPI al dejar de adoptar como determinaciones 

de hechos los hechos incontrovertidos 1, 8, 22, 23,

31-35, 37 (La parte inicial de la primera oración del 

hecho), 42, 45-48 y 52 contenidos en la MSS.

E. Erró el TPI al denegar la MSS de AML y no desestimar 

el pleito con perjuicio.

Mediante Resolución emitida el 2 de febrero de 2024, 

concedimos a la parte recurrida hasta el martes, 20 de febrero de 

2024, para expresarse en cuanto al recurso. En dicha fecha, 

compareció el señor Lebrón Cruz mediante Moción de Desestimación 

por Falta de Jurisdicción.

19 El 28 de febrero de 2024, dictamos 

Resolución declarando NO HA LUGAR la moción dispositiva, y 

concedimos un término final hasta el 18 de marzo de 2024, para que 

el señor Lebrón Cruz presentara su posición en torno al recurso de 

certiorari. Tras una prórroga solicitada, concedimos al recurrido un 

término final e improrrogable hasta el 2 de abril de 2024. En 

cumplimiento con lo ordenado, el 2 de abril de 2024 compareció el 

señor Lebrón Cruz mediante Oposición a Expedición al Auto de 

Certiorari.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos 

en posición de resolver el recurso ante nuestra consideración.

II

A. Certiorari

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una 

decisión de un tribunal inferior. Caribbean Orthopedics v. Medshape 

et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 

DPR 352, 372 (2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR 723, 728-729 (2016); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 

19 Hacemos constar que, el 23 de febrero de 2024, AML presentó Oposición a 

Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción. No obstante, el 28 de febrero 

de 2024, solicitó que la misma se tuviese por no puesta, de conformidad con la 

Regla 47 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.
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(2009). Ahora bien, tal “discreción no opera en lo abstracto. A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios que dicho foro deberá 

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su 

decisión de atender o no las controversias que le son planteadas”. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); Pueblo 

v. Rivera Montalvo, supra. La precitada Regla dispone lo siguiente:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.

(E) Si la etapa de los procedimientos en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

No obstante, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327 

(2005). Por lo que, de los factores esbozados “se deduce que el foro 

apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión 

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada; 

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no 
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ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada 

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra.

Por otro lado, a partir del 1 de julio de 2010, se realizó un 

cambio respecto a la jurisdicción del Tribunal Apelativo para revisar 

los dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia 

mediante recurso de certiorari. A tal fin, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone, en su parte pertinente, lo 

siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, 

en casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra situación 

en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Al denegar la expedición 

de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal 

de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 

(Énfasis nuestro).

Según se desprende de la precitada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, 

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de 

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias 

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la 

justicia, entre otras contadas excepciones.

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso. Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948). Este procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 
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rápidamente los derechos del peticionario. Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960). Nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de 

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Rivera y otros v. Bco. Popular, 

152 DPR 140, 155 (2000).

B. Sentencia Sumaria

Como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico, el 

mecanismo de la sentencia sumaria está regido por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, la cual desglosa 

los requisitos específicos con los que debe cumplir esta figura 

procesal. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 224 

(2015). La sentencia sumaria es un mecanismo procesal disponible 

en nuestro ordenamiento que nos permite resolver controversias sin 

que se requiera llegar a la etapa de juicio. Birriel Colón v. Econo y 

Otros, 2023 TSPR 120, 213 DPR ___ (2023); González Meléndez v. 

Mun. San Juan, 212 DPR 601, 610 (2023); Segarra Rivera v. Int’l

Shipping et al., 208 DPR 964, 979 (2022); Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 213 (2010).

20 Ante la ausencia de una controversia 

sustancial y real sobre hechos materiales, sólo resta aplicar el 

derecho pertinente a la controversia. Velázquez Ortiz v. Gobierno 

Mun. De Humacao, 197 DPR 656, 662 (2017); Lugo Montalvo v. Sol 

Meliá Vacation, supra, pág. 225. Cuando se habla de hechos 

materiales, nos referimos a aquellos que pueden determinar el 

20 Véase también, SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., 208 DPR 310, 334 

(2021).
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resultado de la reclamación, de conformidad con el derecho 

sustantivo aplicable. Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., supra, 

pág. 980; Ramos Pérez v. Univisión, supra. Así pues, el propósito de 

la sentencia sumaria es facilitar la pronta, justa y económica 

solución de los casos que no presenten controversias genuinas de 

hechos materiales. González Meléndez v. Mun. San Juan, supra; 

Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., supra, pág. 979; SLG 

Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra, págs. 334-335; Roldán 

Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 DPR 664, 676 (2018); Velázquez Ortiz 

v. Gobierno Mun. De Humacao, supra, págs. 662-663.

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3,

detalla el procedimiento que deben seguir las partes al momento de 

solicitar que se dicte una sentencia sumaria a su favor. A esos 

efectos, establece que una solicitud al amparo de ésta deberá incluir: 

(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los 

asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción, 

reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la sentencia 

sumaria; (4) una relación concisa, organizada y en párrafos 

enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los 

cuales no hay controversia sustancial, con indicación de los párrafos 

o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible 

en evidencia donde se establecen estos hechos, así como de 

cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre 

en el expediente del tribunal; (5) las razones por las cuales debe ser 

dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable, y (6) el 

remedio que debe ser concedido. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3; Pérez 

Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687, 698 (2019); Rodríguez García 

v. UCA, 200 DPR 929, 940-941 (2018).

Cumplidos dichos requisitos, procede dictar sentencia 

sumaria si, las alegaciones, deposiciones y admisiones ofrecidas, en 

unión a las declaraciones juradas y alguna otra evidencia admisible, 
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acreditan la inexistencia de una controversia real y sustancial 

respecto a algún hecho esencial y material y, además, si el derecho 

aplicable así lo justifica. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); Birriel Colón v. 

Econo y Otros, supra; González Meléndez v. Mun. San Juan, supra, 

págs. 610-611; Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., supra, pág.

980; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).

Por otro lado, la parte que se opone tiene el deber de hacer 

referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente que 

entiende que están en controversia y para cada uno, detallar la 

evidencia admisible que sostiene su impugnación. 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3, supra; Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, págs. 676-

677; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. Es decir, 

el oponente debe controvertir la prueba presentada con evidencia 

sustancial y no puede simplemente descansar en sus alegaciones.

Birriel Colón v. Econo y Otros, supra; Roldán Flores v. M. Cuebas, 

Inc., supra. Las meras afirmaciones no bastan. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, págs. 215-216. “Como regla general, para derrotar 

una solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos, que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente”. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. (Cita omitida); Roldán Flores v. 

M. Cuebas, Inc., supra, pág. 677.

La sentencia sumaria no procederá en las instancias que: 1) 

existan hechos materiales y esenciales controvertidos; 2) haya 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

3) surja de los propios documentos que se acompañan con la moción 

una controversia real sobre algún hecho material y esencial; o 4) 

como cuestión de derecho, no proceda. Serrano Picón v. Multinational 

Life Ins., 212 DPR 981, 992 (2023); SLG Fernández-Bernal v. RADMAN, supra, págs. 335-336.
KLCE202400135 14

Por otro lado, y en lo pertinente al caso de marras,

la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.5,

establece que las declaraciones juradas para sostener u oponerse a 

la moción de sentencia sumaria deberán estar basadas en el 

conocimiento personal del declarante y no en prueba de referencia.

Es decir, habrán de contener hechos que serían admisibles en 

evidencia.21 Dicha Regla lee como sigue: 

Las declaraciones juradas para sostener u oponerse a 

la moción se basarán en el conocimiento personal del

o de la declarante. Contendrán aquellos hechos que 

serían admisibles en evidencia y demostrarán 

afirmativamente que el o la declarante está cualificado

para testificar en cuanto a su contenido. Copias juradas 

o certificadas de todos los documentos, o de partes de 

éstos en que se haga referencia a una declaración 

jurada, deberán unirse a la misma o notificarse junto 

con ésta. El tribunal podrá permitir que las 

declaraciones juradas se complementen o se impugnen 

mediante deposiciones o declaraciones juradas 

adicionales. (Énfasis suplido.)

Al interpretar la referida Regla, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha resuelto que “las declaraciones juradas que contienen sólo 

conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, no tienen valor 

probatorio, siendo, por lo tanto, insuficientes para demostrar la 

existencia de lo que allí se concluye”. Roldán Flores v. M. Cuebas, 

Inc., supra. De modo que, para que una declaración jurada sea 

suficiente, este debe contener, no solo hechos sobre los aspectos 

sustantivos del caso, sino también, hechos que establezcan que la 

persona declarante tiene conocimiento personal de lo declarado.

Roldán Flores v. M. Cuebas, supra, pág. 678.

Al momento de revisar denegatorias o concesiones de una

sentencia sumaria, los foros revisores nos encontramos en la misma 

posición del Tribunal de Primera Instancia, y debemos utilizar sus 

mismos criterios para evaluarlas. Serrano Picón v. Multinational Life 

Ins., supra, pág. 993; González Meléndez v. Mun. San Juan, supra, 

21 Véase, Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 DPR 714 (1986)
KLCE202400135 15

pág. 611; Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., supra, pág. 981. 

Nuestro Máximo Foro ha sido claro en que, “[l]os tribunales 

apelativos estamos limitados a: (1) considerar los documentos que 

se presentaron ante el foro de primera instancia; (2) determinar si 

existe o no alguna controversia genuina de hechos materiales y 

esenciales, y (3) comprobar si el derecho se aplicó de forma correcta. 

Birriel Colón v. Econo y Otros, supra; Segarra Rivera v. Int’l Shipping 

et al., supra.

De acuerdo a lo anterior, el foro apelativo está obligado a 

examinar de novo la totalidad de los documentos incluidos en el 

expediente de la forma más favorable al promovido. Birriel Colón v. 

Econo y Otros, supra; Rosado Reyes v. Global Healthcare, 205 DPR 

796, 809 (2020).

Finalmente, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.4, establece que cuando en virtud de una moción se dicta 

una sentencia que no dispone de la totalidad del pleito, o cuando se 

deniega el remedio solicitado, el Tribunal tendrá la obligación de 

resolver formulando una determinación de los hechos 

controvertidos e incontrovertidos que sean esenciales y pertinentes. 

La mencionada Regla dispone:

Si en virtud de una moción presentada bajo las 

disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 

la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio 

solicitado o se deniega la misma, y es necesario celebrar 

juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva la 

moción mediante una determinación de los hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los 

daños u otra reparación no está en controversia, 

ordenando los procedimientos ulteriores que sean 

justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria 

limitada a los asuntos en controversia. Al celebrarse el 

juicio, se considerarán probados los hechos así 

especificados y se procederá de conformidad.

A base de las determinaciones realizadas en virtud de 

esta regla el tribunal dictará los correspondientes 

remedios, si alguno. (Énfasis nuestro.)
KLCE202400135 16

En atención a la citada Regla, nuestro Tribunal Supremo ha 

enfatizado que ante una moción de sentencia sumaria, los 

tribunales tienen el deber de establecer los hechos incontrovertibles 

y los que sí lo están. Tales determinaciones de hechos controvertidos 

e incontrovertidos facilitan el desfile de prueba, pues los hechos 

incontrovertidos se dan por probados. Asimismo, colocan a los 

tribunales apelativos en posición de ejercer su facultad revisora. En 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 221, interpretando nuestro 

cuerpo de Reglas de Procedimiento Civil, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, expresó:

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal deberá 

establecer los hechos que resultaron incontrovertibles y 

aquellos que sí lo están. Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra. Para ello, podrán utilizar la enumeración 

que las partes le presentaron. Incluso, la Regla 

36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, supra, requiere que la 

parte promovida enumere los hechos que a su juicio no 

están en controversia. Además, los hechos debidamente 

enumerados e identificados con referencia a la prueba 

documental admisible presentados en el caso se darán 

por admitidos si no son debidamente controvertidos. 

Regla 36.3(d), supra. Todo esto simplificará el desfile de 

prueba en el juicio, ya que los hechos incontrovertidos 

se considerarán probados.

C. Prueba de Referencia

La Regla 801 (c) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 801 (c), 

define la prueba de referencia como aquella declaración que no sea 

la que la persona declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece 

en evidencia para probar la verdad de lo aseverado. Pueblo v. Zeno 

Torres, 211 DPR 1, 17 (2022); Nieves López v. Rexach Bonet, 124 

DPR 427, 433 (1989).

Como regla general, la prueba de referencia es inadmisible 

como evidencia. Esta regla de exclusión está fundada 

primordialmente en la ausencia de garantías circunstanciales de 

confiabilidad y exactitud, y en el hecho de que la persona que hace 

la aseveración no está disponible para ser contrainterrogada. P.N.P. 
KLCE202400135 17

v. Rodríguez Estrada, Pres. C.E.E., 123 DPR 1, 34 (1988).

22 Sin 

embargo, las Reglas de Evidencia disponen de circunstancias en las 

cuales la prueba de referencia podrá ser admisible. Estas son: (a) 

declaraciones contemporáneas a la percepción; (b) declaraciones 

espontáneas por excitación; (c) condición mental, física o emocional; 

(d) declaraciones para fines de diagnóstico o tratamiento médico; (e) 

escrito de pasada memoria; (f) récords de actividades que se realizan 

con regularidad; (g) ausencia de entradas en los récords que se 

lleven conforme a las disposiciones del inciso (f); (h) récords e 

informes públicos; (i) récord de estadística vital; (j) ausencia de 

récord público; (k) récords de organizaciones religiosas; (l) 

certificados de matrimonio, bautismo y otros similares; (m) récords 

de familia; (n) récords oficiales sobre propiedad; (o) declaraciones en 

documentos que afecten intereses en propiedad; (p) declaraciones 

en documentos antiguos; (q) listas comerciales y otras similares; (r) 

tratados; (s) reputación sobre historial personal o familiar; (t) 

reputación sobre colindancias o historial general; (u) reputación 

sobre carácter y, (v) sentencia por condena previa. 32 LPRA Ap. VI, 

R. 805.

III

Por estar intrínsecamente relacionados, discutiremos los 

errores A, B, y C de manera conjunta.

En esencia, nos corresponde determinar si, las declaraciones

juradas presentadas por AML para sustentar su Moción de Sentencia 

Sumaria constituyen prueba de referencia. AML asegura que, las 

referidas declaraciones se ofrecieron para establecer el rol de cada 

uno de sus declarantes, y sustentar la razón de sus conclusiones y 

determinaciones, tras el proceso de investigación llevado a cabo.

22 Véase también, Pueblo v. Zeno Torres, supra, pág. 17.
KLCE202400135 18

Sostiene además, que, las mismas se basan en el conocimiento 

propio y personal de cada una de las declarantes.

Tras un examen minucioso de las declaraciones juradas en 

cuestión, razonamos que le asiste la razón a AML. Veamos.

Mediante su declaración jurada23, la señora Maritza Mercado, 

Staff Relations Senior Manager del Departamento de Recursos 

Humanos de AML, declaró que, como consecuencia de su posición, 

es la encargada de custodiar los expedientes de personal de los 

empleados activos e inactivos de AML, incluyendo el del aquí 

recurrido.24 En virtud de ello, declaró que, el señor Lebrón Cruz 

recibió adiestramientos sobre el Código de Conducta Corporativo de 

Amgen, así como adiestramientos sobre el procedimiento a seguir en 

instancias en las que se activara una alarma durante su turno de 

trabajo.

25 Junto a su declaración, la señora Maritza Mercado anejó, 

entre otros, el código de conducta al que hizo referencia, y el reporte 

de los adiestramientos tomados por el señor Lebrón Cruz.26

De otro lado, la señora Maricaty Vargas, Staff Relations 

Manager del Departamento de Recursos Humanos de AML al 

momento de los hechos, declaró que, conocía las políticas de empleo 

y los códigos de conducta y valores de AML, toda vez que, como parte 

de sus responsabilidades diarias en su empleo, debía asegurarse del 

cumplimiento de estos.27 Declaró que, entre sus funciones, se 

encontraban las siguientes: “investigar incidentes de posibles 

violaciones a políticas de AML, sus Valores, y/o Código de Conducta, 

entrevistar empleados y analizar documentos provistos como parte 

de los procesos de investigación, asistir en procesos de manejo de 

desempeño y conducta de empleados, analizar solicitudes de 

acomodo razonable y trabajar en el proceso interactivo de estas 

23 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 52-130.

24 Íd., pág. 52.

25 Íd., págs. 53 y 55.

26 Íd., págs. 56-101 y 127-130, respectivamente.

27 Íd., pág. 404.
KLCE202400135 19

solicitudes, y recomendar a los gerentes las acciones disciplinarias 

apropiadas a tomar, según las circunstancias de cada caso”.28

En adición, la señora Maricaty Vargas declaró sobre la 

investigación que le fue asignada y que culminó con el despido del 

señor Lebrón Cruz. En detalle, expuso todas las notas que tomó en 

cada una de las entrevistas realizadas, tanto al recurrido, como a 

los demás empleados involucrados en el suceso.29 A tenor con la 

información obtenida, la señora Maricaty Vargas declaró sobre la 

conclusión a la cual llegó y la recomendación ofrecida, a saber, el 

despido del señor Lebrón Cruz.30

Para sostener su declaración jurada, la señora Maricaty 

Vargas adjuntó una serie de documentos relacionados a la 

investigación.31 Cabe señalar que, esta declaró tener conocimiento 

personal de dichos documentos, debido a que fue ella quien preparó 

y compiló los mismos.32

Finalmente, la declarante Nitza Osorio, Gerente de 

Mantenimiento de AML al momento de los hechos, y supervisora para 

ese entonces, del señor Lebrón Cruz, en esencia, arguyó que, acogió 

la recomendación de la señora Maricaty Vargas y posteriormente, le 

notificó el despido al señor Lebrón Cruz.33 Declaró que, al momento 

de acoger la misma, no tomó en consideración la edad, ni la 

condición de salud del recurrido, así como tampoco el que se le 

hubiese concedido un acomodo razonable.34 Añadió que, sobre 

cuatro (4) meses luego del despido del recurrido, se reclutó a una 

persona para ocupar la vacante que surgió con el despido del señor 

28 Íd., pág. 405.

29 Íd., págs. 406-410.

30 Íd., pág. 410.

31 Íd., págs. 412-696.

32 Íd., pág. 404.

33 Íd., pág. 698.

34 Íd., pág. 698.
KLCE202400135 20

Lebrón Cruz y, que la edad del candidato no fue un criterio que tomó

en consideración al momento en que seleccionó al mismo.35

De conformidad al derecho expuesto, las declaraciones 

juradas que se presenten en apoyo a una solicitud de sentencia 

sumaria deben contener no solo hechos sobre los aspectos 

sustantivos del caso, sino también aquellos hechos que establezcan 

que la persona declarante tiene conocimiento personal del asunto 

declarado.36

De las declaraciones juradas antes reseñadas, se desprende 

sin más, que, las declarantes precisaron asuntos que le 

constaban de propio y personal conocimiento, dado que los 

mismos surgieron como parte de procesos relacionados 

directamente con sus labores en la farmacéutica AML. Nótese 

que, la declaración jurada de la señora Maritza Mercado se sustenta 

en lo que ella pudo constatar de los documentos que, como parte de 

sus labores en AML, custodia. Por su parte, la declaración jurada de 

la señora Maricaty Vargas versa sobre la investigación que ella 

misma llevó a cabo tras el incidente ocurrido durante el turno de 

trabajo del señor Lebrón Cruz. Mientras, la declaración jurada de la 

señora Nitza Osorio expone hechos que ella misma llevó a cabo.

No apreciamos que lo antes reseñado constituya, en modo 

alguno, prueba de referencia. Además, coincidimos con la postura 

de la peticionaria, en cuanto a que, aun si la declaración jurada de 

la señora Maricaty Vargas constituyese prueba de referencia, lo cual 

negamos, esta se consideraría como una excepción a la regla de

exclusión de prueba de referencia, bajo la modalidad de récord de 

actividades que se realizan con regularidad.

37 No obstante, 

reiteramos que, no observamos prueba de referencia en las 

35 Íd., págs. 698-699.

36 Roldán Flores v. M. Cuebas, supra.

37 Véase, Regla 805(f) de las de Evidencia. 32 LPRA Ap. VI, R. 805(f).
KLCE202400135 21

declaraciones juradas presentadas por AML en apoyo a su solicitud 

de sentencia sumaria. Se trata de declaraciones de hechos que les 

constaban de propio y personal conocimiento a las declarantes, por 

ser asuntos estrictamente atados a sus labores como parte de su 

empleo en la farmacéutica AML. Razonamos que, las aludidas 

declaraciones juradas son admisibles en evidencia.

Habida cuenta de lo anterior, resolvemos que los errores A, B 

y C se cometieron.

Superado este análisis, procedemos a atender los errores D y 

E, los cuales, por estar intrínsecamente relacionados, atenderemos 

en conjunto. En virtud de estos, AML arguye que, el foro de instancia 

incidió al no adoptar una serie de determinaciones de hechos en su 

dictamen, así como al declarar No Ha Lugar su Moción de Sentencia 

Sumaria. A grandes rasgos, aduce que, el foro de instancia no 

incorporó varios hechos incontrovertidos que surgían de la solicitud 

de sentencia sumaria, por alegadamente estar basados en las 

declaraciones juradas que determinó inadmisibles, más sí adoptó 

los restantes hechos incontrovertidos como determinaciones de 

hechos, los cuales se apoyaban en las mismas declaraciones juradas 

en cuestión; resultando así en una clara contradicción. Además, 

alega que no existen hechos materiales en controversia. Coincidimos 

con tal apreciación.

Como es sabido, al revisar una determinación sobre una 

sentencia sumaria, este foro apelativo está obligado a examinar de 

novo todos los documentos incluidos en el expediente.

38 Luego de 

una minuciosa revisión de novo, acogemos las determinaciones de 

hechos consignadas por el foro de instancia en su Resolución 

emitida el 19 de enero de 202439, y se añaden como determinaciones 

38 Birriel Colón v. Econo y Otros, supra; Rosado Reyes v. Global Healthcare, supra.

39 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 794-799.
KLCE202400135 22

de hechos, los hechos incontrovertidos 1, 8, 22, 23, 31-35, 37, 42, 

45-48 y 52, conforme surgen de la Moción de Sentencia Sumaria.

40

Por otro lado, es sabido también, que, cuando el tribunal de 

instancia deniega una solicitud de sentencia sumaria, este viene 

obligado a consignar en su dictamen tanto los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, como 

los hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de buena 

fe controvertidos.41

Al revisar el dictamen emitido por el tribunal a quo en el 

presente caso, se desprende que dicho foro no consignó los hechos 

materiales controvertidos, conforme exige la Regla 36.4 de las de 

Procedimiento Civil, supra. No obstante, luego de realizada una 

ponderada revisión de novo, colegimos que en el presente caso no 

existen hechos en controversia que impidan la disposición sumaria 

del caso, tal cual fue solicitada por la parte peticionaria. En 

resumen, colegimos que de acuerdo a la evidencia que obra en 

autos, se desprende con meridiana claridad que el despido del señor 

Lebrón Cruz fue uno justificado.

IV

Por los fundamentos expuestos, se expide el recurso de

certiorari y se revoca la Resolución recurrida. A tenor, se declara Ha 

Lugar la petición de sentencia sumaria. Consecuentemente, se 

desestima la Querella presentada por el señor Lebrón Cruz.

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

40 Íd., págs. 24-36.

41 32 LPRA Ap. V, R. 36.4; Ramos Pérez v. Univisión, supra.