Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

ANTONIO L. IGUINA 

GONZÁLEZ

Recurrido

V.

JUAN W. HOWE 

HERNÁNDEZ

Peticionario

KLCE202400065

Recurso de Certiorari 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Bayamón

Caso Núm.: 

BY2022CV05908

Sobre: 

Persecución Maliciosa

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez

Pagán Ocasio y Juez Marrero Guerrero.

Marrero Guerrero, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

Comparece el señor Juan W. Howe Hernández (en adelante, 

señor Howe Hernández o peticionario), mediante el recurso de 

certiorari. Nos solicita que revoquemos una Resolución emitida el 18 

de diciembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (TPI).1 Mediante esta, el TPI declaró No ha 

Lugar la solicitud del pago de costas y honorarios de abogado que 

presentó la parte prevaleciente en la Demanda incoada por el señor 

Antonio L. Iguina González (en adelante, señor Iguina González o 

recurrido).

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y confirmamos la determinación 

recurrida.

1 Apéndice del Certiorari, Anejo I, págs. 1-3. Archivada y notificada en autos el 18

de diciembre de 2023.
KLCE202400065 2

-ILa controversia ante nuestra consideración tiene su origen en 

una demanda presentada el 17 de noviembre de 2022 por el señor 

Iguina González en contra del señor Howe Hernández por daños y 

perjuicios, persecución maliciosa y abuso del Derecho.2 En dicha 

reclamación, el recurrido arguyó que el señor Howe Hernández ha 

interpuesto diversos pleitos frívolos en su contra, en detrimento de 

su reputación y honra. En consecuencia, hizo un recuento de los 

alegados incidentes. 

En primer lugar, el señor Iguina González adujo que, el 13 de 

julio de 2020, el señor Howe presentó una demanda en el TPI, Sala 

Superior de Guaynabo, en la cual fue incluido como demandado 

junto con el Consejo de Titulares del Condominio Torres San Miguel 

y otras personas naturales que formaban parte de la Junta de 

Directores de dicho condominio.3 El señor Iguina González alegó 

que, en esa demanda, el señor Howe Hernández esgrimió un 

sinnúmero de falsedades en contra de todas las partes demandadas, 

incluyendo acusaciones falsas sobre su persona. Cabe señalar que, 

el TPI desestimó la demanda al entender que: (1) no existía una 

causa de acción personal contra los Directores de la Junta; (2) el 

caso estaba siendo atendido por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACO); y (3) las alegaciones eran ambiguas y 

estereotipas.4 Asimismo, el Tribunal de Apelaciones confirmó el 

dictamen del foro primario.5

En segundo lugar, el señor Iguina González arguyó en su 

petición que, el 11 octubre de 2022, el señor Howe Hernández

2 Íd., Anejo II, págs. 4-11.

3 Dicha demanda fue identificada con el código alfanumérico GB2020CV00437.

4 Véase entrada 97 del expediente electrónico en el Sistema Unificado de Manejo 

y Administración de Casos (SUMAC) del caso GB2020CV00437.

5 Véase KLAN202100250.
KLCE202400065 3

presentó una segunda demanda en el TPI de San Juan, en la cual 

reiteró afirmaciones falsas en su contra.6

Por último, el señor Iguina González indicó en la Demanda

que, el 6 de octubre de 2021, el señor Howe Hernández solicitó ante 

el TPI de Guaynabo una orden de protección al amparo de la Ley 

Contra el Acecho en Puerto Rico, Ley 284-1999, según enmendada, 

33 LPRA sec. 4013 nota, alegando que el recurrido lo había 

amenazado, intimidado, acechado, provocado, acosado y ofendido 

en tres (3) ocasiones distintas. En dicho procedimiento, el foro 

primario concedió una orden de protección por acecho ex parte. Sin 

embargo, después de escuchar a las partes involucradas en el

proceso legal, el TPI determinó que la solicitud carecía de 

fundamentos y ordenó el archivo del caso.

Así las cosas, el señor Iguina González sostuvo que las 

acciones de persecusión del señor Howe Hernández han lacerado su 

nombre y su honra, causándole perjuicios en su vida codiana, 

profesional, emocional y económica. Por lo tanto, solicitó una 

compensación no menor de cien mil dólares ($100,000.00). Además, 

reclamó una cantidad no menor de cincuenta mil dólares 

($50,000.00) por daños morales, resurgentes y continuos al 

enfrentarse a procedimienros legales viciosos e injustificados.7

Después de diversos trámites procesales, el 26 de abril de 

2023, el señor Howe Hernández presentó un escrito titulado “Otra

moción de desestimación”, en el cual solicitó que el TPI desestimara 

el caso debido al incumplimiento por parte del señor Iguina González 

en la preparación del informe de manejo del caso, conforme a la 

Regla 37 de Procedimiento Civil.8 No obstante, el 11 de julio de 2023, 

el foro primario emitió una Resolución en la que denegó la 

6 Dicha demanda, presentada ante el TPI de San Juan, fue identificada con el 

código alfanumérico SJ2022CV08925.

7 Apéndice de Certiorari, Anejo II, págs. 10-11.

8 Íd., Anejo VI, págs. 26-42.
KLCE202400065 4

desestimación y ordenó la continuación de los procedimientos, 

señalando que en Puerto Rico existe la causa de acción por 

persecusión maliciosa.

9

El 10 de agosto de 2023, el señor Howe Hernández acudió al 

Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de certiorari.

10

Posteriormente, el 12 de septiembre de 2023, este Tribunal

intermedio emitió una Sentencia en la que revocó la determinación 

del TPI y desestimó la demanda presentada por el señor Iguina 

González. El juez Pagán Ocasio disintió de tal proceder.11 El 

mandato de esta determinación fue remitido el 10 de noviembre de 

2023.12

Por su parte, el 27 de noviembre de 2023, el foro primario 

emitió una Sentencia en la que ordenó el archivo y cierre con 

perjuicio del asunto para fines estadísticos, de conformidad con la 

decisión del Tribunal de Apelaciones de desestimar el caso.

13 Cabe 

mencionar que, el TPI emitió una Sentencia enmendada nunc pro 

tunc, notificada el 29 de noviembre de 2023, con el fin de corregir

una referencia incorrecta al Banco Popular como la parte 

demandante en lugar de mencionar al señor Iguina González.

14

En este contexto, el 1 de diciembre de 2023, el señor Howe 

Hernández presentó ante el foro primario un Memorando de costas 

y honorarios de abogado en el que solicitó la suma de diecisiete mil 

setecientos dólares ($17,700.00) o una cantidad no menor de diez 

mil dólares ($10,000.00) por honorarios legales, así como la 

cantidad de cuatrocientos sesenta y cinco dólares ($465.00) por 

gastos y costas.15 En contraste, el señor Iguina González presentó 

9 Íd., Anejos IX, págs. 61-62. Archivada y notificada en autos el 12 de julio de 

2023.

10 Íd., Anejo X, págs. 63-64.

11 Íd., Anejo XI, págs. 65-75.

12 Íd., Anejo XII, págs. 76-77.

13 Íd., Anejo XIII, págs. 78-81.

14 Íd., Anejo XV, págs. 84-87.

15 Íd., Anejo XVI, págs. 88-103.
KLCE202400065 5

una Moción en cumplimiento de orden y en oposición a “Memorando 

de costas y solicitud de honorarios de abogado” en la que solicitó que 

el TPI declare no ha lugar la solicitud de cosas y honorarios por falta 

de jurisdicción, argumentando que la sentencia del Tribunal de 

Apelaciones privó al foro primario de atender el asunto.16

El 18 de diciembre de 2023, el TPI emitió una Resolución en 

la que denegó el memorando de cosas debido a que fue presentado 

fuera del término jurisdiccional de diez (10), según disponen las 

Reglas de Procedimiento Civil.17 Aclaró que la sentencia del 27 de 

noviembre de 2023 tuvo como propósito cerrar estadísdicamente el 

caso en el foro primario y señaló que la decisión que resolvió la 

reclamación fue la del Tribunal de Apelaciones.

Inconforme, el señor Howe Hernández acudió ante nos 

mediante el recurso que nos ocupa y le imputó al TPI los siguientes

errores:

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA 

CUANDO SE NEGÓ [A] ATENDER EL ESCRITO DE 

MEMORÁNDUM DE COSTAS Y SOLICITUD DE 

HONORARIOS DE ABOGADO.

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA 

CUANDO ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN Y SE NEGÓ [A] 

ATENDER EL ESCRITO DE MEMORÁNDUM DE COSTAS Y 

SOLICITUD DE HONORARIOS DE ABOGADO [,] SOLO 

ADUCIENDO QUE SU SENTENCIA NUNC PRO TUNC ERA 

PARA “FINES ESTADÍSTICOS”.

En vista de los errores imputados, procedemos a discutir las 

normas jurídicas aplicables a este recurso.

Destacamos que, conforme a lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 Ap. XXII-B, R. 7 (B) 

(5), y dadas las particularidades de este caso, prescindimos de la 

comparecencia de las posibles partes con interés, y resolvemos.

16 Íd., Anejo XVII, págs. 104-108.

17 Íd., Anejo I, págs. 1-3. 
KLCE202400065 6

-III-

-AEl certiorari es un recurso extraordinario cuya característica se 

asienta en la sana discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Rivera et al. v. Arcos 

Dorados et al., 2023 TSPR 65, 212 DPR __ (2023); McNeil Healthcare v. 

Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 

DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). 

Este Tribunal tiene la obligación de ejercer prudentemente su juicio al 

intervenir con el discernimiento del TPI. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). En los asuntos en los que se solicita la 

revisión de una determinación post sentencia, corresponde evaluar 

dicha solicitud al amparo de lo dispuesto en la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, la cual establece los criterios que 

debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para 

el análisis del problema.

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a 

la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, 

o de alegatos más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es 

la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

De no estar presente algunos de estos criterios, corresponde 

abstenernos de expedir el auto de certiorari.
KLCE202400065 7

-BLa Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, 

versa sobre lo concerniente a la concesión de costas y honorarios de 

abogado. La referida regla dispone lo siguiente:

Regla 44.1. Las costas y los honorarios de abogados 

(a) Su concesión. Las costas se concederán a la parte a cuyo 

favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación o 

revisión, excepto en aquellos casos en que se disponga lo 

contrario por ley o por estas reglas. Las costas que podrá 

conceder el tribunal son los gastos en que se incurra 

necesariamente en la tramitación de un pleito o 

procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su 

discreción, estima que una parte litigante debe reembolsar a 

otra.

(b) Cómo se concederán. La parte que reclame el pago de 

costas presentará al tribunal y notificará a la parte contraria, 

dentro del término de diez (10) días contados a partir del 

archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, 

una relación o memorándum de todas las partidas de gastos 

y desembolsos necesarios en que se incurrió durante la 

tramitación del pleito o procedimiento. [...]

(c) En etapa apelativa. La parte a cuyo favor un tribunal 

apelativo dicte sentencia presentará en la sala del Tribunal 

de Primera Instancia que decidió el caso inicialmente y 

notificará a la parte contraria, dentro del 

término jurisdiccional de diez (10) días contados a partir 

de la devolución del mandato y conforme a los criterios 

establecidos en el inciso (b) anterior, una relación o 

memorándum de todas las partidas de gastos y desembolsos 

necesarios incurridos para la tramitación del recurso ante el 

Tribunal de Apelaciones y en el Tribunal Supremo, según 

corresponda. [...] 

Cuando se revoque la sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia la parte a cuyo favor se dicte la sentencia, 

presentará un memorándum de costas de conformidad con 

el procedimiento y el término establecido en este inciso e 

incluirá los gastos y desembolsos incurridos tanto en el 

Tribunal de Primera Instancia como en el Tribunal de 

Apelaciones y en el Tribunal Supremo.

Respecto a los honorarios de abogado, la citada Regla establece:

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte o su 

abogado o abogada haya procedido con temeridad o 

frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al o 

a la responsable el pago de una suma por concepto de 

honorarios de abogado que el tribunal entienda 

correspondan a tal conducta. En caso que el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o 

dependencias haya procedido con temeridad o frivolidad, el 

tribunal deberá imponerle en su sentencia una suma por 

concepto de honorarios de abogado, excepto en los casos en 

que esté expresamente exento por ley del pago de honorarios 

de abogado.
KLCE202400065 8

Es meritorio resaltar que, respecto a las costas, los términos 

que establece esta regla son jurisdiccionales, por lo que el plazo 

de diez (10) días, tanto para presentar el memorando de costas como

para oponerse al mismo, es improrrogable. El cumplimiento tardío 

al presentar el memorando priva al tribunal de autoridad para 

considerar y aprobar las costas reclamadas. Rosario Domínguez v. 

E.L.A., 198 DPR 197 (2017); Pereira v. IBEC, 95 DPR 28 (1967); J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2nd ed., 

Publicaciones JTS, 2011, T. IV, págs. 1270 y 1297.

El Tribunal Supremo ha establecido que la concesión de costas 

“tiene una función reparadora, ya que permite el reembolso de los 

gastos necesarios y razonables que tuvo que incurrir la parte 

prevaleciente del pleito en su tramitación”. Rosario Domínguez v. ELA, 

198 DPR 197, 211 (2017). Véase Semidey et al. v. Fcia. Belmonte et 

al., 2023 TSPR 15, 211 DPR __ (2023); ELA v. El Ojo de Agua 

Development, 205 DPR 502, 527 (2020); Maderas Tratadas v. Sun. 

Allience et al., 185 DPR 880, 934 (2012); JTP Dev. Corp. v. Majestic 

Realty Corp., 130 DPR 456, 460 (1992). Esto, con el objetivo de no 

mermar el derecho de la parte prevaleciente de recobrar los gastos 

razonables asociados a los trámites incurridos, sin su culpa. ELA v. 

El Ojo de Agua Development, supra; JTP Dev. Corp. v. Majestic Realty 

Corp., supra. El segundo objetivo de la aludida regla es tener el efecto 

disuasivo de desalentar la radicación de pleitos temerarios y 

superfluos. JTP Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., supra. De esta 

forma, una vez la parte prevaleciente reclama su pago, la imposición 

de costas a la parte perdidosa es mandatorio. Semidey et al. v. Fcia. 

Belmonte et al., supra; ELA v. El Ojo de Agua Development, supra, pág. 

528; Rosario Domínguez v. ELA, supra, pág. 212. No obstante, la 

imposición de costas a la parte perdidosa no opera automáticamente, 

dado que la parte prevaleciente tiene que presentar 

oportunamente un memorando de costas en el que se precisen 
KLCE202400065 9

los gastos incurridos, a tenor con la Regla 44.1 (b) de Procedimiento 

Civil, supra, R. 44.1 (b). Íd. Además, el tribunal tiene discreción de 

evaluar la razonabilidad y necesidad de los gastos detallados. 

Semidey et al. v. Fcia. Belmonte et al., supra; Maderas Tratadas v. 

Sun. Allience et al., supra, pág. 935. Empero, “[e]sta discreción se 

ejercerá con moderación, y se examinará cuidadosamente el 

memorando de costas en cada caso”. Semidey et al. v. Fcia. Belmonte 

et al., supra. Pues, no todos los gastos ocasionados por el pleito son 

costas. Andino Nieves v. AAA, 123 DPR 712, 716 (1989); Garriga, Jr. 

v. Tribunal Superior, 88 DPR 245, 252 (1963). Las costas son aquellos 

gastos razonables que sean causa inmediata o directa del pleito. R. 

Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho procesal 

civil, 6ta ed., San Juan: Lexisnexis, 2017, pág. 427.

A su vez, no todos los gastos son recobrables, dado que sólo se 

recobran aquellos gastos necesarios y razonables para tramitar el 

pleito, más no así los gastos innecesarios, superfluos o extravagantes. 

Semidey et al. v. Fcia. Belmonte et al., supra; PR Fast Ferries et al. v. 

AAPP, 2023 TSPR 121, 213 DPR __ (2023). Además, no son 

recobrables como costas los honorarios de abogados, salvo una ley 

especial así lo disponga, ni los gastos ordinarios de oficina como los 

sellos postales, materiales de oficina, servicios telefónicos y de 

mensajería, las transcripciones de récords de las vistas cuando se 

soliciten por conveniencia, entre otros. Íd.

-CAsimismo, tal y como fuera previamente transcrita, la Regla 

44.1(d) de Procedimiento Civil, supra, R. 44.1 (d) aborda la concesión

de honorarios de abogado. En este contexto, esta regla faculta a los 

tribunales a imponer el pago de una cuantía por concepto 

de honorarios de abogado, en casos donde cualquiera de las partes o 

sus abogados hayan procedido con temeridad o frivolidad. Es decir, la 

referida Regla requiere el elemento de “temeridad”, que nuestro 
KLCE202400065 10

Tribunal Supremo la ha definido como “una actitud que se proyecta 

sobre el procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la 

administración de la justicia”. Jarra v Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 

764, 779 (2001). Por ello, su propósito es penalizar al que con su 

conducta ha obligado a la parte adversa en un litigio a incurrir en 

gastos. SLG Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008). 

Además, es importante mencionar que la imposición de honorarios por 

temeridad descansa en la sana discreción de los tribunales. Torres 

Montalvo v. García Padilla, 194 DPR 760, 790 (2016).

Expuesto el derecho aplicable a la controversia de marras, 

procedemos a atender la controversia planteada.

-IVEn el caso ante nuestra consideración, discutiremos en 

conjunto ambos señalamientos de error, por estar relacionados.

Ambos versan en torno a la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, 

R. 44.1, sobre el memorando de costas y gastos en favor de la parte 

prevaleciente y la imposición de honorarios legales. En síntesis, el 

señor Howe Hernández planteó que erró el TPI al declarar No Ha 

Lugar la concesión de costas y honorarios de abogados bajo el 

fundamento de que la Sentencia nunc pro tunc se emitió para fines 

estadísticos.

Tras un análisis minucioso de los autos, resolvemos que no 

erró el TPI al denegar la solicitud de costas y honorarios legales 

presentada por el señor Howe Hernández.

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 44.1, es clara 

en establecer que la parte beneficiada por una sentencia de un 

tribunal de apelación deberá presentar un memorándum de todas las 

partidas de gastos y desembolsos necesarios incurridos para la 

tramitación del recurso en la sala del TPI que resolvió inicialmente el 

caso y notificar a la parte adversa, todo ello dentro del plazo 
KLCE202400065 11

jurisdiccional de diez (10) días contados a partir de la devolución 

del mandato. 

Sin embargo, el señor Howe Hernández, luego de prevalecer en 

los méritos, no presentó oportunamente el memorando de costas. 

Surge de los autos que, la devolución del mandato del Tribunal de 

Apelaciones se efectuó el 10 de noviembre de 2023.18 En este 

contexto y conforme al término jurisdiccional estipulado en la Regla 

44.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 44.1, el plazo para que el 

señor Howe Hernández presentara su memorando de cosas se 

extendía hasta el 20 de noviembre de 2023. No obstante, el 

peticionario presentó dicho memorando el 1 de diciembre de 202319, 

basándose en la notificación del TPI sobre la Sentencia enmendada 

nunc pro tunc, la cual fue notificada el 29 de noviembre de 2023.20

Es menester señalar que la Sentencia que resolvió el caso fue

la emitida por este Tribunal de Apelaciones, mientras que la 

Sentencia del TPI fue generada para archivar y cerrar el asunto para 

fines estadísticos en el TPI, por lo que no se le puede adscribir a 

dicho trámite estrictamente administrativo, y sin consecuencia 

sustantiva en el caso, el alcance pretendido por el peticionario.

Respecto a la solicitud de imposición de honorarios de 

abogado, tal y como se ha consignado previamente, ello procedería

únicamente tras la determinación por parte del Tribunal 

sentenciador de que una parte ha actuado con temeridad.

Examinada la Sentencia emitida el 12 de septiembre de 2023 por 

este Tribunal, la cual ya es final y firme, la misma carece de dicha 

determinación. Ante dicha circunstancia, y no habiéndose 

solicitado la conclusión de que la parte recurrida incurrió en 

temeridad antes de que la Sentencia que realmente dispuso del caso 

18 Íd., Anejo XII, págs. 76-77.

19 Íd., Anejo XVI, págs. 88-103.

20 Íd., Anejo XIII y XV, págs. 78-81 y 84-87.
KLCE202400065 12

adviniese en final y firme, no procede en este momento solicitar la 

imposición del pago de honorarios de abogado a la parte recurrida.

-VPor los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de 

certiorari y confirmamos la determinación del TPI.

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones