Número Identificador

SEN2023 ___________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

Daymarie Bonilla Cepeda

Recurrida

 vs.

Auto Excelente, Inc.

Peticionario

KLCE202300299

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Carolina

Civil Núm.:

F DP2017-0212

Sobre: Daños

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Juez

Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Colón, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

Comparece ante nos, Auto Excelente, Inc. (Auto Excelente o

peticionario), quien presenta recurso de Certiorari en el que solicita 

la revocación de la “Resolución” emitida el 7 de febrero de 2023,

1

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina.

Mediante el referido dictamen, el foro primario denegó la solicitud 

de oferta de prueba presentada por el peticionario.

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

desestimamos el recurso presentado mediante los fundamentos 

que expondremos a continuación.

I.

El caso de marras tiene su génesis en una “Demanda” de 

daños y perjuicios presentada por la señora Daymarie Bonilla 

Cepeda (Sra. Bonilla Cepeda o parte recurrida), contra Auto 

Excelente. En esencia, se alegó que el peticionario incurrió en 

negligencia al vender un vehículo de motor con desperfectos 

1 Notificada el 23 de febrero de 2023.
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mecánicos, los cuales fueron la causa próxima de un accidente de 

tránsito. Durante el transcurso del pleito, la Sra. Bonilla Cepeda 

presentó una solicitud de sentencia sumaria,

2 y Auto Excelente se 

opuso a la misma.

3

Evaluadas las mociones presentadas por ambas partes, el 24 

de mayo de 2021,4 el Tribunal de Primera Instancia emitió lo que 

tituló una “Sentencia Sumaria Parcial”, y declaró Ha Lugar la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte recurrida.

Razonó que Auto Excelente incurrió en negligencia, a pesar de que 

no celebró una vista a esos efectos. Así, le condenó a reparar los 

daños causados. No obstante lo anterior, no adjudicó los daños, 

sino que señaló vista respecto a la valoración de los mismos.

Inconforme con dicha determinación, el 20 de agosto de 

2021, el peticionario recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, y 

solicitó la revisión del dictamen emitido por el foro a quo. A esos 

efectos, el 5 de noviembre de 2021,5 emitimos una “Sentencia” en 

la que resolvimos que, como el foro recurrido solo adjudicó el 

elemento de negligencia, y dejó pendiente la valoración de los 

daños, su dictamen constituía una resolución interlocutoria.6 Por 

no cumplir con la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, infra, 

desestimamos el caso.

Así las cosas, el 31 de enero de 2023, ambas partes 

sometieron un “Informe Preliminar entre Abogados y Abogadas” en 

el cual, entre otros asuntos, se incluyó la prueba documental a ser 

utilizada por las partes en la vista sobre valoración de daños. En 

específico, Auto Excelente anunció los siguientes documentos, a 

saber:

2 Véase, “Moción para que se Dicte Sentencia Sumaria sobre Negligencia, 

Omisión, Dolo e Incumplimiento Contractual de la Co-Demandada Auto 

Excelente” del 23 de marzo de 2021.

3 Véase, “Moción en apoyo a Oposición a Sentencia Sumaria” del 13 de abril de 

2021.

4 Notificada el 25 de mayo de 2021.

5 Notificada el 8 de noviembre de 2021.

6 Véase, KLAN202100741.
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1. Fotos daños al vehículo Nissan - Sentra, Tablilla 

IAU553, sobre accidente del 4 de junio de 2021.

2. Moción de Desestimación DACO - Querella 

SJ0013878

3. Contestación a Interrogatorio de la parte demandante 

por parte de Air Saint Just Auto Center Corp., Sr. Abner 

Rodríguez.

4. Querella Policía de PR #2015-8081-525 accidente de 

4 de junio de 2021.

5. Informe Perito del DACO, José Torrón Martínez en la 

querella SJ0013878 fechado 19 de febrero de 2015.

6. Factura de compraventa de Enterprise Rent a Car a 

Air Saint Just Auto Center Corp., compra vehículo 

Nissan - Sentra. 2013, tablilla IAU-553.

7. Factura de venta Auto Excelente a Daymarie Bonilla 

Cepeda, Auto Nissan - Versa, tablilla IAU-553.

8. Documentos cumplimiento de Garantía del DACO de 

vehículos usados (3) firmados por Daymarie Bonilla 

Cepeda.

9. Cheque de Cooperativa de Seguros Múltiples por la 

suma de $1,171.00 pago de reclamación #969701596.

10. Registro de vehículo Nissan - Versa, 2013, tablilla 

IAU 553.

11. Job Order Agustín Lugo 209036 de 31 de octubre de 

2012.

12. Factura Agustín Lugo 209036 página (2).

13. Recibo Dpto. de Hacienda 96713, 2 de junio de 

2014 (traspaso).

14. Estimado de reparación fechado el 10 de febrero de 

2015 de Auto Excelente.

15. Autorización de Cooperativa de Seguros Múltiples 

para inspeccionar vehículo fechado el 8 de enero de 

2016.

16. Copia Querella DACO SJ0013878.

17. Moción fechada 3 de marzo de 2015 en la Querella 

SJ0013878 por Daymarie Bonilla Cepeda. 

18. Copia permiso vehículo Nissan - Versa, 2013, 

tablilla IAU 553, a nombre de Air Saint Just Auto Center 

Corp.

19. Enmienda a Querella SJ 0013878, por parte de 

Daymarie Bonilla Cepeda, para incluir a Air Saint Just 

Auto Center Corp. como co-querellada.
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20. Documento de Comprobación de Pérdida 

Automovilística, reclamación #969701596-001 póliza 

PAP2298517.

21. Contestación a Querella - SJ0013878 por Auto 

Excelente.

22. Acuse de Recibo de Coop. de Seguros Múltiples 

reclamación #039771975-001 fecha de pérdida 4 de 

junio de 2014.

23. Informe amistoso de accidente fechado el 17 de 

junio de 2014, Cooperativa de Seguros Múltiples

firmado por Daymarie Bonilla Cepeda.

24. Cheque #1570057 de Cooperativa de Seguros 

Múltiples pagadero a Daymarie Bonilla Cepeda por 

$1,684.73 accidente ocurrió el 4 de junio de 2014.

25. Documento Comprobación de Pérdida, reclamación 

039771975-001, póliza 2298517, fecha de accidente 4 

de junio de 2014 firmada por Daymarie Bonilla Cepeda.

26. Desglose de pagos reclamación #039771975 

firmado por Daymarie Bonilla Cepeda.

27. Estimado Garage JP Auto Collision por $2,306.42 

vehículo Nissan - Versa, 2013, tablilla IAU 553.

28. Querella Policía 2014-199-3411.

En desacuerdo con que se presentara dicha prueba en la 

vista, la Sra. Bonilla Cepeda efectuó la siguiente objeción:

La parte demandante objeta todos y cada uno de los 

documentos anunciados por Auto Excelente por ser 

improcedentes e irrelevantes a la vista en sus méritos 

sobre valoración de daños y remedios que es lo único

que resta en este pleito. Asimismo, se objetan porque 

son contrario a derecho y a la Regla 36 de las de

Procedimiento Civil.

Como consta en autos hace más de un año este 

Honorable Tribunal el 24 de mayo de 2021 mediante 

Sentencia Sumaria Parcial hizo determinaciones de 

hechos incontrovertidos y adjudicó la controversia del

caso de epígrafe. Adjudicado mediante sentencia final 

los hechos relevantes y la negligencia e incumplimiento 

contractual de Auto Excelente, la vista que queda 

pendiente según establecido por el Tribunal es 

solamente para valorar los daños y remedios que 

corresponden. Por tanto, cualquier intento de Auto 

Excelente de prueba o evidencia extrínseca y ajeno a 

dicha evaluación es inadmisible y contraria a derecho.

La propia Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil 

establece que “al celebrarse el juicio, se considerarán 

probados los hechos así especificados y se procederá 

de conformidad”. (Énfasis nuestro). Evidentemente Auto

Excelente intenta relitigar una controversia dilucidada y 

adjudicada mediante Sentencia final y esto es 
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totalmente inaceptable en nuestro ordenamiento 

jurídico. Por tanto, todos y cada uno de los documentos

anunciados por Auto Excelente son inadmisible; lo 

contrario sería dejar sin efecto una Sentencia final y 

derrotar el propio propósito de la Regla 36.

Posteriormente, el 7 de febrero de 2023, se discutió el 

referido Informe en la Conferencia con Antelación al Juicio.

Durante la vista, el peticionario indicó que, ante la objeción de la 

parte recurrida, se estaría sometiendo dicha prueba documental 

como Oferta de Prueba bajo la Regla 104 de Evidencia, infra. Luego 

de escuchar la posición de ambas partes, el Tribunal de Primera 

Instancia dispuso lo siguiente:

El Tribunal determina que la parte demandada no ha

fundamentado conforme las Reglas de Evidencia así lo 

exigen. No se puede marcar como oferta de prueba

porque no hay un fundamento que no sea el que no se

presentó para litigar un asunto que está resuelto 

mediante sentencia parcial y firme. No existe sentencia

en cuanto a los daños, pero sí existe una sentencia en 

cuanto a negligencia.

Sobre dicha determinación el peticionario solicitó 

reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar en corte 

abierta.7 Aún insatisfecha, Auto Excelente recurre ante este foro 

apelativo intermedio, y plantea la comisión del siguiente 

señalamiento de error:

Erró y Abusó de su discreción el Tribunal de Primera 

Instancia al no aceptar el ofrecimiento de la prueba 

documental hecho por la parte demandada-peticionaria 

en virtud de la Regla 104 de Evidencia.

II.

-ALos tribunales tienen la responsabilidad de examinar su 

propia jurisdicción, así como la del foro de donde procede el

recurso ante su consideración. Torres Alvarado v. Madera Atiles,

202 DPR 495, 500 (2019). La jurisdicción se refiere al “poder o la 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos o 

7 Véase, “Minuta” de la vista celebrada el 7 de febrero de 2023, y notificada el 13 

de febrero de 2023.
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controversias”. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 

652, 660 (2014). Los tribunales deben ser celosos guardianes de 

su jurisdicción y no tienen discreción para asumir jurisdicción 

donde no la hay. Pueblo v. Ríos Nieves, 2022 TSPR 49. Por 

consiguiente, los foros judiciales de Puerto Rico tienen autoridad 

para atender cualquier causa de acción, salvo que no tengan 

jurisdicción sobre la materia. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 

191 DPR 700, 708 (2014). 

La jurisdicción sobre la materia “se refiere a la capacidad del 

tribunal para atender y resolver una controversia sobre un aspecto 

legal”. J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 

[s.l.], [ed. del autor], 2010, pág. 25. “[P]ara privar a un ‘tribunal de 

jurisdicción general’ de su actividad para entender en algún asunto 

en particular, es necesario que así se haya dispuesto expresamente 

en algún estatuto o que ello surja del mismo por implicación 

necesaria”. D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme 582 (3ra ed. 2013). La 

ausencia de jurisdicción sobre la materia da lugar a las

consecuencias siguientes:

(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no 

pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como 

tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad 

de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales 

el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; 

(5) impone a los tribunales apelativos el deber de 

examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 

recurso, y (6) puede presentarse en cualquier etapa del 

procedimiento, a instancia de las partes o por el 

tribunal motu proprio. Beltrán Cintrón et al v. ELA et al, 

204 DPR 89, 101-102 (2020).

Si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta declararlo 

así y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la 

controversia. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, supra, a la 

pág. 660. La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, enumera los criterios que dicho foro 

deberá considerar para poder decidir si atiende o no las 
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controversias que le son planteadas. Pueblo v. Ríos Nieves, supra. 

La referida regla dispone que, al determinar si el recurso fue 

presentado en la etapa más oportuna para su consideración, el 

tribunal considerará los siguientes factores, a saber: 

(1) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. (2) Si la situación de hechos 

planteada es la más indicada para el análisis del 

problema. (3) Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o 

error craso y manifiesto en la apreciación de la 

prueba por el Tribunal de Primera Instancia. (4) Si 

el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. (5) Si la etapa del procedimiento en 

que se presenta el caso es la más propicia 

para su consideración. (6) Si la expedición del 

auto o de la orden de mostrar causa no causa un 

fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio. (7) Si la

expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

(Énfasis nuestro).

A tenor, le corresponde al foro apelativo intermedio evaluar 

la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en que 

es presentada, con el propósito de determinar si es la más 

apropiada para intervenir. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 97 (2008). Así, este foro apelativo está impedido de 

atender recursos prematuros o tardíos, pues ambos adolecen del 

mismo defecto insubsanable: privar de jurisdicción al tribunal al 

cual se recurre. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 

107 (2015). Un recurso es prematuro cuando se ha presentado 

con relación a una determinación que aún no ha sido finalmente 

resuelta. Íd. O sea, es aquel que se presenta en la secretaría de un 

tribunal apelativo antes de que este adquiera jurisdicción. Pueblo 

v. Ríos Nieves, supra. En cambio, un recurso tardío es el que se 

presenta luego de transcurrido el término dispuesto para recurrir. 

Yumac Home v. Empresas Massó, supra, a la pág. 107. Ahora bien, 

las consecuencias de uno y otro son distintas. Un recurso 
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desestimado por tardío priva fatalmente a la parte de presentarlo 

nuevamente. Íd. Sin embargo, un recurso desestimado por 

prematuro le permite a la parte volver a presentarlo cuando el foro 

apelado resuelva lo que tenía ante su consideración. Íd. En 

sintonía con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones puede 

desestimar motu proprio un recurso por falta de jurisdicción.

-BLa Regla 32(b) del Reglamento para la Administración del 

Tribunal de Primera Instancia, 4 LPRA Ap. II-B, R. 32(b), regula, 

entre otros asuntos, lo concerniente a las órdenes o resoluciones 

judiciales contenidas en minutas. En particular, dicha regla 

dispone que: 

(1) La minuta será el registro oficial de las incidencias 

más importantes ocurridas durante la vista judicial en 

el salón de sesiones y en cámara. [...]

La minuta original se unirá al expediente judicial. [...]

[...]

La minuta no será notificada a las partes o a sus 

abogados, salvo que incluya una Resolución u Orden 

emitida por el juez o la jueza en corte abierta, en cuyo 

caso será firmada por el juez o la jueza y notificada 

a las partes.

La Secretaria, custodia del expediente podrá expedir 

copia de la minuta previo la cancelación de los derechos 

arancelarios, según corresponda. 

[...] (Énfasis suplido).

Como puede apreciarse, esta regla exige que, cuando el 

magistrado emite una resolución u orden en corte abierta, la 

minuta sea notificada a las partes. A su vez, añade como requisito 

que, en estos casos, el juez que emitió el dictamen deberá 

firmar dicha minuta. Es decir, para que la orden o resolución 

acogida en una minuta tenga legitimidad y eficacia, es 

indispensable que el juez que emitió el dictamen 

interlocutorio le imprima validez y certeza a su determinación

con su firma. Pueblo v. Ríos Nieves, supra. En consecuencia, si se 
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incumple con este requisito de forma, entiéndase, si la minuta 

no está firmada, se priva de jurisdicción al foro revisor. Íd. Sin 

embargo, cuando el juez no firme la minuta que recoge la 

orden o resolución que se dictó en corte abierta, la fecha para 

recurrir en revisión de dicha determinación interlocutoria

“comenzará a transcurrir a partir de la fecha de la notificación 

oficial de la minuta a las partes, aprobada con la firma del juez 

o jueza que emitió el dictamen”. Íd.

III.

Según se desprende de los hechos del caso de autos, el 

Tribunal de Primera Instancia, luego de escuchar la posición de 

ambas partes, emitió una resolución en corte abierta, mediante la 

cual denegó la Oferta de Prueba solicitada por el peticionario.

Sobre dicha determinación el peticionario solicitó reconsideración, 

la cual también fue declarada No Ha Lugar en corte abierta. En 

desacuerdo, Auto Excelente recurre ante esta segunda instancia 

judicial, y solicita que revisemos el dictamen recurrido. Acompaña 

copia de la “Minuta” de la vista celebrada el 7 de febrero de 2023, 

la cual no está firmada por la jueza que emitió la 

determinación interlocutoria.

Cónsono con el marco legal antes expuesto, la Regla 32(b) 

del Reglamento para la Administración del Tribunal de Primera 

Instancia, supra, exige que, cuando el magistrado emite una 

resolución u orden en corte abierta, se cumplan dos cosas: (1) que 

la minuta sea notificada a las partes, y (2) que el juez que emitió 

el dictamen firme dicha minuta. Este último requisito es 

indispensable, y su incumplimiento priva, por el momento, de 

jurisdicción a este tribunal. 

Nos encontramos ante un recurso prematuro, ya que la 

fecha para recurrir ante este foro apelativo no ha comenzado a 

transcurrir, sino hasta que la “Minuta” sea notificada a las partes, 
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y aprobada con la firma de la jueza que emitió el dictamen. Hasta 

tanto, estamos impedidos de entrar en los méritos de la presente 

controversia

IV.

Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar 

parte de este dictamen, desestimamos el recurso de Certiorari 

solicitado por el peticionario.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones