Número Identificador

RES2024_______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII-ESPECIAL

ROSA BEATRIZ SANABRIA 

NAZARIO Y OTROS

RECURRIDOS

v.

BRISTOL-MYERS SQUIBB 

PUERTO RICO INC., 

Y OTROS

PETICIONARIOS

KLCE202400051

Certiorari procedente 

del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior 

de Mayagüez 

Caso Número:

BY2019CV2885

Sobre: Discrimen (Ley 

Núm. 100) y otros

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni 

Mártir y el Juez Candelaria Rosa

Ortiz Flores, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2024.

Comparece la señora Rosa Beatriz Sanabria Nazario (Sra. 

Sanabria Nazario; peticionaria) ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante el recurso de certiorari ante nuestra consideración, en el que 

solicita la revocación de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez, emitida el 2 de enero de 2024 y 

notificada el 3 de enero de 2024. Por medio de esta, el foro de instancia 

ordenó el pago de costas por la cantidad de $4,043.78 a favor de la 

peticionaria y el 15% del total de indemnización para la compensación de 

honorarios de abogado. Sin embargo, denegó sus reclamos de intereses 

legales presentencia y de honorarios legales adicionales conforme a la 

doctrina de quantum meruit. 

Por los fundamentos a continuación, denegamos la expedición del 

recurso discrecional ante este Tribunal.

I

El 29 de mayo de 2019, la peticionaria presentó una querella 

contra Bristol Myers Squibb Puerto Rico, Inc. en la que reclamó: (1) 

discrimen por razón de edad y origen nacional al amparo de la Ley Núm. 

100; (2) represalias al amparo de la Ley Núm. 115, (3) despido 

injustificado al amparo de la Ley Núm. 80, y (4) una causa de acción de 
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daños y perjuicios de parte del Sr. Roberto Matías Borreli. El Tribunal de 

Primera Instancia dictó sentencia en la que dispuso que el despido de la 

Sra. Sanabria Nazario fue injustificado, por lo cual ordenó el pago de la 

indemnización correspondiente. No obstante, en cuanto al reclamo de 

represalias el Tribunal de Primera Instancia resolvió que el despido no 

obedeció a razones vengativas por haberse quejado sobre la empresa. 

De igual forma, sostuvo que no procedía su causa de acción sobre 

discrimen por razón de edad y origen, así como el reclamo de daños. 

Inconformes, ambas partes acudieron ante el amparo de este 

Tribunal de Apelaciones. La querellante sostuvo que no debió desestimar 

su reclamo de represalias y que tenía derecho a la concesión de 

honorarios legales, por haber prevalecido en su demanda de despido 

injustificado. Por su parte, los querellados señalaron que erró el foro de 

instancia al no incluir ciertas determinaciones de hechos que validaban la 

corrección del despido, que hubo múltiples ofensas de parte de la 

querellante y que la empresa tenía fundamentos suficientes para el 

despido. 

Así las cosas, en ese entonces confirmamos la sentencia del foro 

de instancia en cuanto la procedencia del reclamo sobre despido 

injustificado. Sin embargo, modificamos para disponer el pago de 

honorarios de abogado según lo establece la Ley Sobre Despidos 

Injustificados, Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976. Precisamente, esta 

ley dispone que procede el quince por ciento (15%) del total de la 

compensación para el pago de honorarios de abogado puesto que los 

abogados que representan a trabajadores en reclamaciones contra su 

patrono están vedados de recibir honorarios por sus servicios. 

Posteriormente, devuelto el caso ante el Tribunal de Primera 

Instancia, la Sra. Sanabria Nazario presentó una solicitud de intereses 

presentencia. Adujo que, conforme a la Regla 44.3 (b) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V., el Tribunal de Primera Instancia estaba compelido 

a imponer los intereses presentencia tras su determinación de temeridad. 
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Además, presentó una Solicitud Urgente de Orden de Embargo, 

Mandamiento de Ejecución y Señalamiento de Bienes para Hacer 

Efectiva el Pago de Mesada e Intereses Post Sentencia a Tenor con la 

Regla 51 de Procedimiento Civil. 

Tras varias instancias procesales, la peticionaria presentó una 

Solicitud de honorarios legales a base de las horas trabajadas al amparo 

de la doctrina “quantum meruit”. Mediante esta moción expuso que se 

encontraba ante la consideración del foro de instancia su determinación 

en cuento a costas y honorarios de abogado. Precisó que, al amparo de 

la doctrina de quantum meruit, procedía la concesión del veinticinco por 

ciento (25%) de la compensación en concepto de honorarios de abogado. 

Entre otros fundamentos, sostuvo que invirtió un total de 1,036.30 horas 

de trabajo en un caso de litigación compleja y múltiples recursos 

apelativos. 

Por su parte, la parte recurrida se opuso a la solicitud de 

honorarios de abogados debido a que la única causa de acción que 

procedió fue la de despido injustificado, mientras que las demás causas 

de represalias, daños y perjuicios, y discrimen por razón de edad y origen 

no tuvieron éxito. Además, refutó la solicitud de intereses presentencia 

conforme a la R. 44.3(b) puesto que la causa de acción bajo la Ley Núm. 

80 no era equivalente a una reclamación de daños.

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia dictó Resolución y 

Orden en la que dispuso que la peticionaria incluyó en su memorando de 

costas gastos que no eran del todo reembolsables. Explicó que estos 

consistían en gastos de oficina, mensajeros, sellos de correo, servicios de 

fotocopia y gastos de investigación. Por consiguiente, ordenó pagó de 

costas ascendentes a $4,043.78. Asimismo, sostuvo que no procedía el 

reclamo del veinticinco por ciento (25%) en honorarios de abogado puesto 

que solo halló ha lugar la causa de acción de despido injustificado. Por tal 

razón concluyó que la determinación de quince por ciento (15%) era 

razonable. Finalmente, respecto al reclamo de intereses presentencia 
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sostuvo que no se encontraba ante un caso de cobro de dinero o de 

daños y perjuicios.

Inconforme, la peticionaria presentó el recurso de certiorari ante 

nuestra consideración, mediante el cual sostiene que el Tribunal de 

Primera Instancia incurrió en los siguientes errores:

Erró el TPI al no conceder intereses por temeridad a favor 

de Sanabria, a pesar de que determinó que BMS fue 

temeraria en el proceso.

Erró el TPI al no conceder honorarios legales adicionales al 

15% por concluir que el asunto había sido adjudicado por 

este Honorable Tribunal.

Por su parte, compareció la parte recurrida quien se opuso a los 

señalamientos de error. Precisó que no se cumplían los criterios 

establecidos por la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

para la expedición del recurso en cuestión. Además, sostuvo que los 

asuntos planteados en el recurso eran improcedentes.

II

A.

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario “que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de 

un tribunal inferior.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012). Se trata de un recurso caracterizado principalmente por la 

discreción encomendada al tribunal revisor para decidir si debe expedir o 

denegar el auto. Id. Al respecto, los recursos de certiorari sobre

resoluciones postsentencia deben evaluarse bajo los parámetros 

establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 (Regla 40). Como es sabido, debido a que la 

discreción judicial no opera en el vacío, Rivera Figueroa v. Joe's 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011), la Regla 40 esboza los 

criterios que este tribunal revisor debe considerar al determinar la 

expedición o denegación de un auto de certiorari. Estos son:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
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B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia.

Es decir, estamos obligados a evaluar “tanto la corrección de la 

decisión recurrida[,] así como la etapa del procedimiento en que es 

presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y 

no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del 

litigio.” Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008), que 

cita a Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 97 (2001). Asimismo, se 

ha resuelto que “los tribunales apelativos no debemos intervenir con el 

ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad.” Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 

DPR 689, 709 (2012), que cita a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986).

B.

La imposición de intereses legales a partir del dictamen de una 

sentencia constituye parte de la política pública que rige nuestro 

ordenamiento jurídico. Meléndez Vega v. El Vocero de PR., 189 DPR 123, 

242 (2013). Precisamente, se persigue “que las sentencias que envuelvan 

cuantías monetarias sean satisfechas a la mayor brevedad posible. 

Molina y otros v. Rivera y otros, 178 DPR 506, 515 (2010). Los intereses 

legales forman parte integral de la sentencia y son recobrables, aunque 

se omita su mención en el dictamen. En particular, nuestro ordenamiento 
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reconoce el pago de dos clases de intereses: (1) interés postsentencia 

sobre la cuantía del dictamen, disponibles a toda parte victoriosa, 

independiente de si actuó con temeridad o no; y (2) intereses 

presentencia. Sobre estos últimos, la Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil

dispone lo siguiente: 

(b) El tribunal también impondrá a la parte que haya 

procedido con temeridad el pago de interés al tipo que haya 

fijado la Junta en virtud del inciso (a) de esta regla y que 

esté en vigor al momento de dictarse la sentencia desde que 

haya surgido la causa de acción en todo caso de cobro de 

dinero y desde la presentación de la demanda, en caso de 

daños y perjuicios, y hasta la fecha en que se dicte 

sentencia a computarse sobre la cuantía de la sentencia, 

excepto cuando la parte demandada sea el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias, 

dependencias o funcionarios o funcionarias en su carácter 

oficial. El tipo de interés se hará constar en la sentencia.

El interés post sentencia consiste en el tipo de interés que se 

impone a favor de la parte victoriosa en las sentencias que ordenan el 

pago de dinero. Este se computa tomando en cuenta la cuantía dispuesta 

en la sentencia, incluyendo costas y honorarios, y se fija desde la fecha 

del dictamen hasta su satisfacción. Por otro lado, los intereses 

presentencia consisten en los impuestos contra la parte que haya 

procedido temerariamente y se trate de una causa de acción de daños y 

perjuicios o en cobro de dinero. En este tipo, el interés se fija 

exclusivamente sobre la suma principal sin incluir cuantía alguna en 

concepto de costas u honorarios de abogado. Gutiérrez v. A.A.A., 167 

DPR 130, 136-37 (2006). En Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 

DPR 476, 505 (2010), el Tribunal Supremo estableció que los intereses 

por temeridad eran improcedentes en casos de disolución de una 

sociedad.

Respecto a los intereses legales presentencia, el Tribunal Supremo 

ha enfatizado que la imposición de estos no requiere una determinación 

de temeridad distinta o separa de la correspondiente a la imposición de 

honorarios de abogado por temeridad. En cambio, se trata de una sola 

determinación de temeridad respecto a la parte perdidosa. Montañez v. 

U.P.R., 156 DPR 395, 425 (2002). Sobre el concepto de temeridad este 
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consiste en “las actuaciones de una parte que hacen necesario un pleito 

que se pudo evitar o que provocan su indebida prolongación”. Colón 

Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170, 178 (2008). Al imponer los 

honorarios, los tribunales descansan en su discreción y la determinación 

de la cuantía depende de: (1) el grado de temeridad; (2) el trabajo 

realizado; (3) la duración y naturaleza del litigio; (4) la cuantía involucrada, 

y (5) el nivel profesional de los abogados. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 

299, 342-343 (2011). Una vez realizada la determinación de temeridad es 

imperativo que los tribunales condenen al pago de honorarios de abogado 

e intereses presentencia. Torres Ortiz v. E.L.A., 136 DPR 556, 565

(1994).

C.

En casos de reclamaciones laborales en los que empleados 

requieren representación legal, los abogados están vedados de cobrarles 

a estos por sus servicios. Así lo establece la Ley que Regula la Concesión 

de Honorarios de Abogado en los Casos de Reclamaciones de 

Trabajadores o Empleados contra sus Patronos, Ley Núm. 402 de 12 de 

mayo de 1950. 32 LPRA sec. 3115. Por tanto, en casos al amparo de la 

Ley sobre despidos injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

el juzgador debe imponer una cantidad para honorarios de abogado que 

nunca será menor del quince por ciento (15%) del total de la 

compensación o cien dólares ($100), la cual sea mayor. 29 LPRA sec. 

185k(b). 

La cuantía reconocida estatutariamente constituye el mínimo al que 

tienen derecho los representantes legales de los empleados reclamantes, 

razón por la cual los tribunales pueden conceder sumas mayores. Para 

ello el Tribunal Supremo dispuso que en las situaciones en las que un 

abogado solicite una cuantía mayor en honorarios de abogado por sus 

esfuerzos debe considerar los siguientes criterios: (a) horas trabajadas y 

labor realizada, y (b) tarifa que cobra por hora en este tipo de caso. López 

Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 143 DPR 574, 583 (1997). Para ello, es 
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responsabilidad del abogado reclamante que desglose el tiempo invertido 

en el caso y especificar las tareas realizadas. Por su parte, el tribunal 

evaluará de acuerdo con su propia experiencia y pericia para determinar 

lo que es realmente razonable. Id. en la pág. 584. Además, tomará en 

consideración la novedad y dificultad de las controversias. Id. Finalmente, 

los tribunales de primera instancia deben fundamentar su determinación 

en cuanto a la petición de honorarios adicionales, de manera que los 

foros apelativos revisar. Sin embargo, “los tribunales apelativos no 

intervendrán con la determinacion de honorarios realizada en instancia, 

excepto en casos de abuso de discreción. Id.

III

Mediante el recurso discrecional ante nuestra consideración, la 

peticionaria sostiene que erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

conceder intereses legales presentencia cuando determinó que la parte 

recurrida fue temeraria. Además, adujo que el foro de instancia erró al no 

conceder honorarios de abogado adicionales por haber concluido que la 

compensación de los abogados era un asunto ya adjudicado por este 

Tribunal de Apelaciones. Por los fundamentos a continuación denegamos 

la expedición del recurso ante nuestra consideración. 

Nos corresponde evaluar si se encuentran presentes los criterios 

que guían nuestra discreción al atender recursos de certiorari. Según 

previamente expuesto, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone los elementos que deben estar presentes en una 

petición de certiorari para su expedición. En el caso de epígrafe no se 

encuentra ninguno de estos criterios presente. 

En primer lugar, la determinacion del foro recurrido respecto a los 

intereses presentencia no fue contraria a derecho. La Regla 44.3(b) de 

Procedimiento Civil, supra, establece que procede la imposición de 

intereses legales presentencia en casos de cobro de dinero o daños y 

perjuicio en los que la parte haya incurrido en temeridad. Sin embargo, en 

este caso nos encontramos ante una sentencia condenatoria sobre 
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despido injustificado conforme a la Ley Núm. 80. Mediante una sentencia 

que es final y firme, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que no 

procedía la causa de acción de daños incluida en la querella. Por 

consiguiente, no procede la imposición de intereses legales presentencia 

conforme a la Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil, supra. 

Respecto a la determinación de no conceder honorarios de 

abogado adicionales al quince por ciento (15%) de la compensación, 

tampoco incurrió en una conclusión contraria a derecho. Conforme a lo 

previamente expuesto, la Ley Núm. 80 reconoce como mínimo que los 

abogados representantes de trabajadores que prevalecen en su reclamo 

de despido injustificado tienen derecho al quince por ciento (15%) de la 

compensación. Sin embargo, conforme la jurisprudencia aplicable, los 

defensores que entiendan que merecen mayor compensación pueden 

solicitar honorarios adicionales. Respecto a ello, los tribunales retienen 

discreción para otorgarlos según el criterio de razonabilidad. 

En el caso ante nuestra consideración, el foro de instancia tuvo 

ante sí una petición de honorarios adicionales fundamentada, la cual 

incluyó el desglose de horas trabajadas y las tarifas cobradas 

ordinariamente. No obstante, el foro recurrido concluyó que no procedía la 

petición de honorarios. Particularmente, razonó que “[e]s nuestro 

entender, que el Honorable Tribunal de Apelaciones determinó que el 

15% de honorarios de abogado es uno razonable por el trabajo realizado 

por los abogados”. Así las cosas, concluimos que el foro primario no 

incurrió en abuso de discreción ni error de derecho. Esta determinacion 

de honorarios adicionales descansa en la discreción del foro recurrido, 

quien evaluó la petición y la adjudicó. Ausente un abuso de discreción, el 

Tribunal de Apelaciones no se encuentra en posición para intervenir con 

la determinacion recurrida.

IV

Por los fundamentos anteriores, denegamos la expedición del 

recurso de certiorari solicitado. 
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Notifíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones