# Diario Oficial C 211/18 d

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 211 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 61.° año18 de junio de 2018 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 211

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

61.° año18 de junio de 2018

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| Sumario | Página |
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| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Tribunal de Justicia de la Unión Europea |
| 2018/C 211/01 | Últimas publicaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario Oficial de la Unión Europea | 1 |

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

2018/C 211/01

Últimas publicaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario Oficial de la Unión Europea

Diario Oficial de la Unión Europea

1

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| | V   Anuncios |
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| | PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES |
| | Tribunal de Justicia |
| 2018/C 211/02 | Asunto C-233/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de abril de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Generalitat de Catalunya (Procedimiento prejudicial — Impuesto autonómico sobre grandes establecimientos comerciales — Libertad de establecimiento — Protección del medioambiente y ordenación del territorio — Ayuda de Estado — Medida selectiva — Escrito de la Comisión en el que se informa del archivo de una denuncia — Ayuda existente) | 2 |
| 2018/C 211/03 | Asuntos acumulados C-234/16 y C-235/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de abril de 2018 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunal Supremo) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias (C-234/16), Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (C-235/16) (Procedimiento prejudicial — Impuesto autonómico sobre grandes establecimientos comerciales — Libertad de establecimiento — Protección del medioambiente y ordenación del territorio — Ayuda de Estado — Medida selectiva) | 3 |
| 2018/C 211/04 | Asuntos acumulados C-236/16 y C-237/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de abril de 2018 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunal Supremo) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Diputación General de Aragón (Procedimiento prejudicial — Impuesto autonómico sobre grandes establecimientos comerciales — Libertad de establecimiento — Protección del medioambiente y ordenación del territorio — Ayuda de Estado — Medida selectiva) | 4 |
| 2018/C 211/05 | Asunto C-353/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de abril de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom — Reino Unido) — MP / Secretary of State for the Home Department [Procedimiento prejudicial — Política de asilo — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 4 — Directiva 2004/83/CE — Artículo 2, letra e) — Requisitos para poder obtener la protección subsidiaria — Artículo 15, letra b) — Riesgo de daño grave para la salud psicológica del solicitante en caso de expulsión a su país de origen — Persona sometida a tortura en su país de origen] | 4 |
| 2018/C 211/06 | Asunto C-34/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court — Irlanda) — Eamonn Donnellan / The Revenue Commissioners (Procedimiento prejudicial — Asistencia mutua en materia de cobro de créditos — Directiva 2010/24/UE — Artículo 14 — Derecho a la tutela judicial efectiva — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 — Posibilidad de que la autoridad requerida deniegue la asistencia para el cobro por no haberse notificado debidamente el crédito) | 5 |
| 2018/C 211/07 | Asunto C-81/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 26 de abril de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Suceava — Rumanía) — Zabrus Siret SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava [Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Directiva 2006/112/CE — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Deducción del impuesto soportado — Derecho a la devolución del IVA — Operaciones efectuadas en un período impositivo que ya ha sido objeto de una inspección fiscal concluida — Legislación nacional — Posibilidad para el sujeto pasivo de corregir las declaraciones fiscales que ya han sido objeto de una inspección fiscal — Exclusión — Principio de efectividad — Neutralidad fiscal — Seguridad jurídica] | 6 |
| 2018/C 211/08 | Asuntos acumulados C-91/17 P y C-92/17 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 26 de abril de 2016 — Cellnex Telecom, S.A., anteriormente Abertis Telecom, S.A., Telecom Castilla-La Mancha, S.A. / Comisión Europea, SES Astra (Recurso de casación — Ayudas de Estado — Televisión digital — Ayuda para el despliegue de la televisión digital terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha — Subvención en favor de los operadores de plataformas de televisión digital terrestre — Decisión en virtud de la cual las medidas de ayuda se declaran parcialmente incompatibles con el mercado interior — Concepto de ayuda de Estado — Ventaja — Servicio de interés económico general — Definición — Margen de apreciación de los Estados miembros) | 6 |
| 2018/C 211/09 | Asunto C-97/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2018 — Comisión Europea / República de Bulgaria [Incumplimiento de Estado — Protección de la naturaleza — Directiva 2009/147/CE — Conservación de las aves silvestres — Zona de protección especial (ZPE) — Clasificación como ZPE de los territorios más adecuados en número y en superficie para la conservación de las especies de aves mencionadas en el anexo I de la Directiva 2009/147 — Zona importante para la conservación de las aves (ZICA) — ZICA Rila — Clasificación parcial de la ZICA Rila como ZPE] | 7 |
| 2018/C 211/10 | Asunto C-66/18: Recurso interpuesto el 1 de febrero de 2018 — Comisión Europea / Hungría | 7 |
| 2018/C 211/11 | Asunto C-78/18: Recurso interpuesto el 6 de febrero de 2018 — Comisión Europea / Hungría | 8 |
| 2018/C 211/12 | Asunto C-139/18 P: Recurso de casación interpuesto el 21 de febrero de 2018 por CJ contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 13 de diciembre de 2017 en el asunto T-602/16, CJ / Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) | 9 |
| 2018/C 211/13 | Asunto C-167/18: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (España) el 2 de marzo de 2018 — Unión Insular de CC.OO. de Lanzarote / Swissport Spain Aviation Services Lanzarote S.L. | 11 |
| 2018/C 211/14 | Asunto C-176/18: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 7 de marzo de 2018 — Club de Variedades Vegetales Protegidas / Adolfo Juan Martínez Sanchís | 11 |
| 2018/C 211/15 | Asunto C-177/18: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid (España) el 7 de marzo de 2018 — Almudena Baldonedo Martín / Ayuntamiento de Madrid | 12 |
| 2018/C 211/16 | Asunto C-186/18: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 9 de marzo de 2018 — José Cánovas Pardo S.L. / Club de Variedades Vegetales Protegidas | 13 |
| 2018/C 211/17 | Asunto C-193/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Alemania) el 19 de marzo de 2018 — Google LLC / Bundesrepublik Deutschland | 14 |
| 2018/C 211/18 | Asunto C-205/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Piteşti (Rumanía) el 20 de marzo de 2018 — Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă / Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea | 15 |
| 2018/C 211/19 | Asunto C-233/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeidshof te Brussel (Bélgica) el 29 de marzo de 2018 — Zubair Haqbin / Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers | 16 |
| 2018/C 211/20 | Asunto C-242/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Varhoven administrativen sad (Bulgaria) el 5 de abril de 2018 — UniCredit Leasing EAD / Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika — Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP | 16 |
| 2018/C 211/21 | Asunto C-254/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 12 de abril de 2018 — Syndicat des cadres de la sécurité intérieure / Premier ministre, Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, Ministre de l’Action et des Comptes publics | 17 |
| 2018/C 211/22 | Asunto C-270/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 19 de abril de 2018 — UPM France / Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics | 18 |
| | Tribunal General |
| 2018/C 211/23 | Asunto T-47/16: Sentencia del Tribunal General de 3 de mayo de 2018 — Sigma Orionis/REA (Cláusula compromisoria — Programa Marco de Investigación e Innovación Horizon 2020 — Decisión de suspender los pagos y de resolver los contratos de subvención a raíz de una auditoría financiera — Importes supuestamente debidos por la REA en el marco de la ejecución de los contratos de subvención) | 19 |
| 2018/C 211/24 | Asunto T-48/16: Sentencia del Tribunal General de 3 de mayo de 2018 — Sigma Orionis/Comisión [Cláusula compromisoria — Séptimo Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013) y Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 — Suspensión de los pagos y resolución de los contratos de subvención a raíz de una auditoría financiera — Recurso que tiene por objeto obtener el pago de las cantidades debidas por la Comisión en el marco de la ejecución de los contratos de subvención — Responsabilidad extracontractual] | 19 |
| 2018/C 211/25 | Asunto T-168/16: Sentencia del Tribunal General de 3 de mayo de 2018 — Grizzly Tools/Comisión (Protección de la salud y la seguridad de los consumidores y de los trabajadores — Directiva 2006/42/CE — Cláusula de salvaguardia — Medida nacional de prohibición de comercialización de una hidrolimpiadora de alta presión — Requisitos esenciales de seguridad y de salud — Decisión de la Comisión que declara la medida justificada — Obligación de motivación — Igualdad de trato) | 20 |
| 2018/C 211/26 | Asunto T-428/17: Sentencia del Tribunal General de 2 de mayo de 2018 — Alpine Welten Die Bergführer/EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer) [Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca figurativa de la Unión ALPINEWELTEN Die Bergführer — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]] | 21 |
| 2018/C 211/27 | Asunto T-429/17: Sentencia del Tribunal General de 3 de mayo de 2018 — Laboratoires Majorelle/EUIPO — Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE) [Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión LABORATOIRES MAJORELLE — Marca denominativa anterior de la Unión MAJORELLE — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Marcas anteriores — División de la solicitud de marca — Artículo 44, apartado 6, del Reglamento n.o 207/2009 [actualmente artículo 50, apartado 6, del Reglamento 2017/1001]] | 21 |
| 2018/C 211/28 | Asunto T-195/18: Recurso interpuesto el 16 de marzo de 2018 — Talanton/Comisión | 22 |
| 2018/C 211/29 | Asunto T-200/18: Recurso interpuesto el 20 de marzo de 2018 — Fersher Developments y Lisin/Comisión y BCE | 23 |
| 2018/C 211/30 | Asunto T-208/18: Recurso interpuesto el 23 de marzo de 2018 — Nessim Daoud y otros/Consejo y otros | 23 |
| 2018/C 211/31 | Asunto T-214/18: Recurso interpuesto el 27 de marzo de 2018 — Briois/Parlamento | 24 |
| 2018/C 211/32 | Asunto T-215/18: Recurso interpuesto el 27 de marzo de 2018 — QB/BCE | 25 |
| 2018/C 211/33 | Asunto T-216/18: Recurso interpuesto el 28 de marzo de 2018 — Pozza/Parlamento | 26 |
| 2018/C 211/34 | Asunto T-217/18: Recurso interpuesto el 28 de marzo del 2018 — DK/SEAE | 27 |
| 2018/C 211/35 | Asunto T-254/18: Recurso interpuesto el 23 de abril de 2018 — China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products y otros/Comisión | 28 |
| 2018/C 211/36 | Asunto T-676/17: Auto del Tribunal General de 16 de abril de 2018 — UN/Comisión | 29 |

V   Anuncios

PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

Tribunal de Justicia

2018/C 211/02

Asunto C-233/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de abril de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Generalitat de Catalunya (Procedimiento prejudicial — Impuesto autonómico sobre grandes establecimientos comerciales — Libertad de establecimiento — Protección del medioambiente y ordenación del territorio — Ayuda de Estado — Medida selectiva — Escrito de la Comisión en el que se informa del archivo de una denuncia — Ayuda existente)

2

2018/C 211/03

Asuntos acumulados C-234/16 y C-235/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de abril de 2018 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunal Supremo) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias (C-234/16), Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (C-235/16) (Procedimiento prejudicial — Impuesto autonómico sobre grandes establecimientos comerciales — Libertad de establecimiento — Protección del medioambiente y ordenación del territorio — Ayuda de Estado — Medida selectiva)

3

2018/C 211/04

Asuntos acumulados C-236/16 y C-237/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de abril de 2018 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunal Supremo) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Diputación General de Aragón (Procedimiento prejudicial — Impuesto autonómico sobre grandes establecimientos comerciales — Libertad de establecimiento — Protección del medioambiente y ordenación del territorio — Ayuda de Estado — Medida selectiva)

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2018/C 211/05

Asunto C-353/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de abril de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom — Reino Unido) — MP / Secretary of State for the Home Department [Procedimiento prejudicial — Política de asilo — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 4 — Directiva 2004/83/CE — Artículo 2, letra e) — Requisitos para poder obtener la protección subsidiaria — Artículo 15, letra b) — Riesgo de daño grave para la salud psicológica del solicitante en caso de expulsión a su país de origen — Persona sometida a tortura en su país de origen]

4

2018/C 211/06

Asunto C-34/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court — Irlanda) — Eamonn Donnellan / The Revenue Commissioners (Procedimiento prejudicial — Asistencia mutua en materia de cobro de créditos — Directiva 2010/24/UE — Artículo 14 — Derecho a la tutela judicial efectiva — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 — Posibilidad de que la autoridad requerida deniegue la asistencia para el cobro por no haberse notificado debidamente el crédito)

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2018/C 211/07

Asunto C-81/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 26 de abril de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Suceava — Rumanía) — Zabrus Siret SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava [Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Directiva 2006/112/CE — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Deducción del impuesto soportado — Derecho a la devolución del IVA — Operaciones efectuadas en un período impositivo que ya ha sido objeto de una inspección fiscal concluida — Legislación nacional — Posibilidad para el sujeto pasivo de corregir las declaraciones fiscales que ya han sido objeto de una inspección fiscal — Exclusión — Principio de efectividad — Neutralidad fiscal — Seguridad jurídica]

6

2018/C 211/08

Asuntos acumulados C-91/17 P y C-92/17 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 26 de abril de 2016 — Cellnex Telecom, S.A., anteriormente Abertis Telecom, S.A., Telecom Castilla-La Mancha, S.A. / Comisión Europea, SES Astra (Recurso de casación — Ayudas de Estado — Televisión digital — Ayuda para el despliegue de la televisión digital terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha — Subvención en favor de los operadores de plataformas de televisión digital terrestre — Decisión en virtud de la cual las medidas de ayuda se declaran parcialmente incompatibles con el mercado interior — Concepto de ayuda de Estado — Ventaja — Servicio de interés económico general — Definición — Margen de apreciación de los Estados miembros)

6

2018/C 211/09

Asunto C-97/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2018 — Comisión Europea / República de Bulgaria [Incumplimiento de Estado — Protección de la naturaleza — Directiva 2009/147/CE — Conservación de las aves silvestres — Zona de protección especial (ZPE) — Clasificación como ZPE de los territorios más adecuados en número y en superficie para la conservación de las especies de aves mencionadas en el anexo I de la Directiva 2009/147 — Zona importante para la conservación de las aves (ZICA) — ZICA Rila — Clasificación parcial de la ZICA Rila como ZPE]

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2018/C 211/10

Asunto C-66/18: Recurso interpuesto el 1 de febrero de 2018 — Comisión Europea / Hungría

7

2018/C 211/11

Asunto C-78/18: Recurso interpuesto el 6 de febrero de 2018 — Comisión Europea / Hungría

8

2018/C 211/12

Asunto C-139/18 P: Recurso de casación interpuesto el 21 de febrero de 2018 por CJ contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 13 de diciembre de 2017 en el asunto T-602/16, CJ / Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)

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2018/C 211/13

Asunto C-167/18: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (España) el 2 de marzo de 2018 — Unión Insular de CC.OO. de Lanzarote / Swissport Spain Aviation Services Lanzarote S.L.

11

2018/C 211/14

Asunto C-176/18: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 7 de marzo de 2018 — Club de Variedades Vegetales Protegidas / Adolfo Juan Martínez Sanchís

11

2018/C 211/15

Asunto C-177/18: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid (España) el 7 de marzo de 2018 — Almudena Baldonedo Martín / Ayuntamiento de Madrid

12

2018/C 211/16

Asunto C-186/18: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 9 de marzo de 2018 — José Cánovas Pardo S.L. / Club de Variedades Vegetales Protegidas

13

2018/C 211/17

Asunto C-193/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Alemania) el 19 de marzo de 2018 — Google LLC / Bundesrepublik Deutschland

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2018/C 211/18

Asunto C-205/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Piteşti (Rumanía) el 20 de marzo de 2018 — Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă / Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

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2018/C 211/19

Asunto C-233/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeidshof te Brussel (Bélgica) el 29 de marzo de 2018 — Zubair Haqbin / Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

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2018/C 211/20

Asunto C-242/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Varhoven administrativen sad (Bulgaria) el 5 de abril de 2018 — UniCredit Leasing EAD / Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika — Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP

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2018/C 211/21

Asunto C-254/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 12 de abril de 2018 — Syndicat des cadres de la sécurité intérieure / Premier ministre, Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, Ministre de l’Action et des Comptes publics

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2018/C 211/22

Asunto C-270/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 19 de abril de 2018 — UPM France / Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics

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Tribunal General

2018/C 211/23

Asunto T-47/16: Sentencia del Tribunal General de 3 de mayo de 2018 — Sigma Orionis/REA (Cláusula compromisoria — Programa Marco de Investigación e Innovación Horizon 2020 — Decisión de suspender los pagos y de resolver los contratos de subvención a raíz de una auditoría financiera — Importes supuestamente debidos por la REA en el marco de la ejecución de los contratos de subvención)

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2018/C 211/24

Asunto T-48/16: Sentencia del Tribunal General de 3 de mayo de 2018 — Sigma Orionis/Comisión [Cláusula compromisoria — Séptimo Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013) y Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 — Suspensión de los pagos y resolución de los contratos de subvención a raíz de una auditoría financiera — Recurso que tiene por objeto obtener el pago de las cantidades debidas por la Comisión en el marco de la ejecución de los contratos de subvención — Responsabilidad extracontractual]

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2018/C 211/25

Asunto T-168/16: Sentencia del Tribunal General de 3 de mayo de 2018 — Grizzly Tools/Comisión (Protección de la salud y la seguridad de los consumidores y de los trabajadores — Directiva 2006/42/CE — Cláusula de salvaguardia — Medida nacional de prohibición de comercialización de una hidrolimpiadora de alta presión — Requisitos esenciales de seguridad y de salud — Decisión de la Comisión que declara la medida justificada — Obligación de motivación — Igualdad de trato)

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2018/C 211/26

Asunto T-428/17: Sentencia del Tribunal General de 2 de mayo de 2018 — Alpine Welten Die Bergführer/EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer) [Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca figurativa de la Unión ALPINEWELTEN Die Bergführer — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]]

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2018/C 211/27

Asunto T-429/17: Sentencia del Tribunal General de 3 de mayo de 2018 — Laboratoires Majorelle/EUIPO — Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE) [Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión LABORATOIRES MAJORELLE — Marca denominativa anterior de la Unión MAJORELLE — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Marcas anteriores — División de la solicitud de marca — Artículo 44, apartado 6, del Reglamento n.o 207/2009 [actualmente artículo 50, apartado 6, del Reglamento 2017/1001]]

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2018/C 211/28

Asunto T-195/18: Recurso interpuesto el 16 de marzo de 2018 — Talanton/Comisión

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2018/C 211/29

Asunto T-200/18: Recurso interpuesto el 20 de marzo de 2018 — Fersher Developments y Lisin/Comisión y BCE

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2018/C 211/30

Asunto T-208/18: Recurso interpuesto el 23 de marzo de 2018 — Nessim Daoud y otros/Consejo y otros

23

2018/C 211/31

Asunto T-214/18: Recurso interpuesto el 27 de marzo de 2018 — Briois/Parlamento

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2018/C 211/32

Asunto T-215/18: Recurso interpuesto el 27 de marzo de 2018 — QB/BCE

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2018/C 211/33

Asunto T-216/18: Recurso interpuesto el 28 de marzo de 2018 — Pozza/Parlamento

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2018/C 211/34

Asunto T-217/18: Recurso interpuesto el 28 de marzo del 2018 — DK/SEAE

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2018/C 211/35

Asunto T-254/18: Recurso interpuesto el 23 de abril de 2018 — China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products y otros/Comisión

28

2018/C 211/36

Asunto T-676/17: Auto del Tribunal General de 16 de abril de 2018 — UN/Comisión

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/1 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/1

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Últimas publicaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario Oficial de la Unión Europea

(2018/C 211/01)

Última publicación

DO C 200 de 11.6.2018

Recopilación de las publicaciones anteriores

DO C 190 de 4.6.2018

DO C 182 de 28.5.2018

DO C 166 de 14.5.2018

DO C 161 de 7.5.2018

DO C 152 de 30.4.2018

DO C 142 de 23.4.2018

Estos textos se encuentran disponibles en

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V Anuncios

PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

Tribunal de Justicia

| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/2 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/2

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de abril de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Generalitat de Catalunya

(Asunto C-233/16) (1)

((Procedimiento prejudicial - Impuesto autonómico sobre grandes establecimientos comerciales - Libertad de establecimiento - Protección del medioambiente y ordenación del territorio - Ayuda de Estado - Medida selectiva - Escrito de la Comisión en el que se informa del archivo de una denuncia - Ayuda existente))

(2018/C 211/02)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Supremo

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

Demandada: Generalitat de Catalunya

Fallo

| 1) | Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a un impuesto como el controvertido en el litigio principal, que grava a los grandes establecimientos comerciales. |
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1)

Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a un impuesto como el controvertido en el litigio principal, que grava a los grandes establecimientos comerciales.

| 2) | No constituye una ayuda de Estado, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, un impuesto como el controvertido en el litigio principal, que grava a los grandes establecimientos comerciales en función, fundamentalmente, de su superficie de venta, en la medida en que exonera a los establecimientos cuya superficie de venta sea inferior a 2 500 m2. Tal impuesto tampoco es constitutivo de una ayuda de Estado a los efectos de la referida disposición en la medida en que exonera a los establecimientos cuya actividad esté dedicada a la jardinería o a la venta de vehículos, materiales para la construcción, maquinaria y suministros industriales, ni en la medida en que concede una reducción del 60 % de la base liquidable a los establecimientos cuya actividad esté dedicada a la venta de mobiliario, de artículos de saneamiento y de puertas y ventanas, así como a los centros de bricolaje, cuando tales establecimientos no tengan un impacto negativo sobre el medioambiente y la ordenación del territorio tan intenso como los otros, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
  En cambio, un impuesto de este tipo constituye una ayuda de Estado, en el sentido de esa misma disposición, en la medida en que exonera a los grandes establecimientos comerciales colectivos cuya superficie de venta sea igual o superior a 2 500 m2. |
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2)

No constituye una ayuda de Estado, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, un impuesto como el controvertido en el litigio principal, que grava a los grandes establecimientos comerciales en función, fundamentalmente, de su superficie de venta, en la medida en que exonera a los establecimientos cuya superficie de venta sea inferior a 2 500 m2. Tal impuesto tampoco es constitutivo de una ayuda de Estado a los efectos de la referida disposición en la medida en que exonera a los establecimientos cuya actividad esté dedicada a la jardinería o a la venta de vehículos, materiales para la construcción, maquinaria y suministros industriales, ni en la medida en que concede una reducción del 60 % de la base liquidable a los establecimientos cuya actividad esté dedicada a la venta de mobiliario, de artículos de saneamiento y de puertas y ventanas, así como a los centros de bricolaje, cuando tales establecimientos no tengan un impacto negativo sobre el medioambiente y la ordenación del territorio tan intenso como los otros, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

En cambio, un impuesto de este tipo constituye una ayuda de Estado, en el sentido de esa misma disposición, en la medida en que exonera a los grandes establecimientos comerciales colectivos cuya superficie de venta sea igual o superior a 2 500 m2.

| 3) | En circunstancias como las descritas por el órgano jurisdiccional remitente, las ayudas de Estado resultantes del régimen de un impuesto como el controvertido en el litigo principal no pueden constituir ayudas existentes en el sentido del artículo 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE, cuyo tenor se reproduce en el artículo 1, letra b), del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. |
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3)

En circunstancias como las descritas por el órgano jurisdiccional remitente, las ayudas de Estado resultantes del régimen de un impuesto como el controvertido en el litigo principal no pueden constituir ayudas existentes en el sentido del artículo 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE, cuyo tenor se reproduce en el artículo 1, letra b), del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

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(1)  DO C 260 de 18.7.2016.

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/3 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/3

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de abril de 2018 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunal Supremo) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias (C-234/16), Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (C-235/16)

(Asuntos acumulados C-234/16 y C-235/16) (1)

((Procedimiento prejudicial - Impuesto autonómico sobre grandes establecimientos comerciales - Libertad de establecimiento - Protección del medioambiente y ordenación del territorio - Ayuda de Estado - Medida selectiva))

(2018/C 211/03)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Supremo

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

Demandadas: Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias (C-234/16), Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (C-235/16)

Fallo

| 1) | Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a un impuesto como el controvertido en los litigios principales, que grava a los grandes establecimientos comerciales. |
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1)

Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a un impuesto como el controvertido en los litigios principales, que grava a los grandes establecimientos comerciales.

| 2) | No constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, un impuesto como el controvertido en los litigios principales, que grava a los grandes establecimientos comerciales en función, fundamentalmente, de su superficie de venta, en la medida en que exonera a los establecimientos cuya superficie de venta sea inferior a 4 000 m2. Tal impuesto tampoco es constitutivo de una ayuda de Estado a los efectos de la referida disposición en la medida en que exonera a los establecimientos que desempeñen actividades en el sector de la jardinería o de la venta de vehículos, de materiales para la construcción, de maquinaria y de suministros industriales cuya superficie de venta no exceda de 10 000 m2, cuando tales establecimientos no tengan un impacto negativo sobre el medioambiente y la ordenación del territorio tan intenso como los otros, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente. |
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2)

No constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, un impuesto como el controvertido en los litigios principales, que grava a los grandes establecimientos comerciales en función, fundamentalmente, de su superficie de venta, en la medida en que exonera a los establecimientos cuya superficie de venta sea inferior a 4 000 m2. Tal impuesto tampoco es constitutivo de una ayuda de Estado a los efectos de la referida disposición en la medida en que exonera a los establecimientos que desempeñen actividades en el sector de la jardinería o de la venta de vehículos, de materiales para la construcción, de maquinaria y de suministros industriales cuya superficie de venta no exceda de 10 000 m2, cuando tales establecimientos no tengan un impacto negativo sobre el medioambiente y la ordenación del territorio tan intenso como los otros, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

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(1)  DO C 260 de 18.7.2016.

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/4 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/4

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de abril de 2018 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunal Supremo) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Diputación General de Aragón

(Asuntos acumulados C-236/16 y C-237/16) (1)

((Procedimiento prejudicial - Impuesto autonómico sobre grandes establecimientos comerciales - Libertad de establecimiento - Protección del medioambiente y ordenación del territorio - Ayuda de Estado - Medida selectiva))

(2018/C 211/04)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Supremo

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

Demandada: Diputación General de Aragón

Fallo

| 1) | Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a un impuesto como el controvertido en los litigios principales, que grava a los grandes establecimientos comerciales. |
| --- | --- |

1)

Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a un impuesto como el controvertido en los litigios principales, que grava a los grandes establecimientos comerciales.

| 2) | No constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, un impuesto como el controvertido en los litigios principales, que grava a los grandes establecimientos comerciales en función, fundamentalmente, de su superficie de venta, en la medida en que exonera a los establecimientos cuya superficie de venta no supere los 500 m2 y a aquellos cuya superficie de venta rebase este umbral pero cuya base imponible no supere los 2 000 m2. Tal impuesto tampoco es constitutivo de una ayuda de Estado a los efectos de la referida disposición en la medida en que exonera a los establecimientos que desempeñen su actividad en el sector de la venta de maquinaria, vehículos, utillaje y suministros industriales; de materiales para la construcción, saneamiento, puertas y ventanas, de venta exclusiva a profesionales; de mobiliario en establecimientos individuales, tradicionales y especializados, y de vehículos automóviles, los viveros y el suministro de combustibles y carburantes de automoción, cuando tales establecimientos no tengan un impacto negativo sobre el medioambiente y la ordenación del territorio tan intenso como los otros, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente. |
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2)

No constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, un impuesto como el controvertido en los litigios principales, que grava a los grandes establecimientos comerciales en función, fundamentalmente, de su superficie de venta, en la medida en que exonera a los establecimientos cuya superficie de venta no supere los 500 m2 y a aquellos cuya superficie de venta rebase este umbral pero cuya base imponible no supere los 2 000 m2. Tal impuesto tampoco es constitutivo de una ayuda de Estado a los efectos de la referida disposición en la medida en que exonera a los establecimientos que desempeñen su actividad en el sector de la venta de maquinaria, vehículos, utillaje y suministros industriales; de materiales para la construcción, saneamiento, puertas y ventanas, de venta exclusiva a profesionales; de mobiliario en establecimientos individuales, tradicionales y especializados, y de vehículos automóviles, los viveros y el suministro de combustibles y carburantes de automoción, cuando tales establecimientos no tengan un impacto negativo sobre el medioambiente y la ordenación del territorio tan intenso como los otros, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

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(1)  DO C 260 de 18.7.2016.

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/4 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/4

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de abril de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom — Reino Unido) — MP / Secretary of State for the Home Department

(Asunto C-353/16) (1)

([Procedimiento prejudicial - Política de asilo - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 4 - Directiva 2004/83/CE - Artículo 2, letra e) - Requisitos para poder obtener la protección subsidiaria - Artículo 15, letra b) - Riesgo de daño grave para la salud psicológica del solicitante en caso de expulsión a su país de origen - Persona sometida a tortura en su país de origen])

(2018/C 211/05)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of the United Kingdom

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: MP

Recurrida: Secretary of State for the Home Department

Fallo

El artículo 2, letra e), y el artículo 15, letra b), de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, puestos en relación con el artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que tiene derecho al estatuto de protección subsidiaria el nacional de un tercer país que ha sido torturado en el pasado por las autoridades de su país de origen y que ya no está expuesto al riesgo de tortura en caso de devolución a dicho país pero cuyo estado de salud física y psicológica podría, en tal caso, deteriorarse profundamente, con el grave riesgo de que ese nacional se suicidase, debido al traumatismo resultante de los actos de tortura a que fue sometido, si existe un riesgo real de privación de los cuidados adecuados para el tratamiento de las secuelas físicas o mentales de esos actos de tortura, impuesta deliberadamente al citado nacional en el referido país, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

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(1)  DO C 326 de 5.9.2016.

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/5 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/5

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court — Irlanda) — Eamonn Donnellan / The Revenue Commissioners

(Asunto C-34/17) (1)

((Procedimiento prejudicial - Asistencia mutua en materia de cobro de créditos - Directiva 2010/24/UE - Artículo 14 - Derecho a la tutela judicial efectiva - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 47 - Posibilidad de que la autoridad requerida deniegue la asistencia para el cobro por no haberse notificado debidamente el crédito))

(2018/C 211/06)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court (Irlanda)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Eamonn Donnellan

Demandada: The Revenue Commissioners

Fallo

El artículo 14, apartados 1 y 2, de la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas, leído a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una autoridad de un Estado miembro deniegue la ejecución de una petición de cobro de un crédito relativo a una sanción pecuniaria impuesta en otro Estado miembro, tal como la controvertida en el litigio principal, por no haberse notificado debidamente al interesado la resolución por la que se impone dicha sanción antes de presentar la petición de cobro a la referida autoridad en aplicación de la citada Directiva.

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(1)  DO C 104 de 3.4.2017.

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/6 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/6

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 26 de abril de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Suceava — Rumanía) — Zabrus Siret SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava

(Asunto C-81/17) (1)

([Procedimiento prejudicial - Fiscalidad - Directiva 2006/112/CE - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Deducción del impuesto soportado - Derecho a la devolución del IVA - Operaciones efectuadas en un período impositivo que ya ha sido objeto de una inspección fiscal concluida - Legislación nacional - Posibilidad para el sujeto pasivo de corregir las declaraciones fiscales que ya han sido objeto de una inspección fiscal - Exclusión - Principio de efectividad - Neutralidad fiscal - Seguridad jurídica])

(2018/C 211/07)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Suceava

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Zabrus Siret SRL

Demandada: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava

Fallo

Los artículos 167, 168, 179, 180 y 182 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010, y los principios de neutralidad fiscal, de efectividad y de proporcionalidad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que, como excepción al plazo de prescripción de cinco años establecido por el Derecho nacional para la corrección de las declaraciones-liquidaciones del impuesto sobre el valor añadido (IVA), impide, en circunstancias como las del litigio principal, a un sujeto pasivo proceder a dicha corrección para ejercer su derecho de deducción solo porque esa corrección se refiere a un período que ya ha sido objeto de una inspección fiscal.

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(1)  DO C 161 de 22.5.2017.

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/6 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/6

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 26 de abril de 2016 — Cellnex Telecom, S.A., anteriormente Abertis Telecom, S.A., Telecom Castilla-La Mancha, S.A. / Comisión Europea, SES Astra

(Asuntos acumulados C-91/17 P y C-92/17 P) (1)

((Recurso de casación - Ayudas de Estado - Televisión digital - Ayuda para el despliegue de la televisión digital terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha - Subvención en favor de los operadores de plataformas de televisión digital terrestre - Decisión en virtud de la cual las medidas de ayuda se declaran parcialmente incompatibles con el mercado interior - Concepto de «ayuda de Estado» - Ventaja - Servicio de interés económico general - Definición - Margen de apreciación de los Estados miembros))

(2018/C 211/08)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Recurrentes: Cellnex Telecom, S.A., anteriormente Abertis Telecom, S.A., Telecom Castilla-La Mancha, S.A. (representantes: J. Buendía Sierra y A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: E. Gippini Fournier, B. Stromsky y P. Němečková, agentes), SES Astra (representantes: F. González Díaz y V. Romero Algarra, abogados)

Fallo

| 1) | Desestimar los recursos de casación. |
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1)

Desestimar los recursos de casación.

| 2) | Condenar en costas a Cellnex Telecom, S.A., y a Telecom Castilla-La Mancha, S.A. |
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2)

Condenar en costas a Cellnex Telecom, S.A., y a Telecom Castilla-La Mancha, S.A.

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(1)  DO C 129 de 24.4.2017.

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/7 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/7

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2018 — Comisión Europea / República de Bulgaria

(Asunto C-97/17) (1)

([Incumplimiento de Estado - Protección de la naturaleza - Directiva 2009/147/CE - Conservación de las aves silvestres - Zona de protección especial (ZPE) - Clasificación como ZPE de los territorios más adecuados en número y en superficie para la conservación de las especies de aves mencionadas en el anexo I de la Directiva 2009/147 - Zona importante para la conservación de las aves (ZICA) - ZICA Rila - Clasificación parcial de la ZICA Rila como ZPE])

(2018/C 211/09)

Lengua de procedimiento: búlgaro

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: P. Mihaylova y C. Hermes, agentes)

Demandada: República de Bulgaria (representantes: E. Petranova y L. Zaharieva, agentes)

Fallo

| 1) | La República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, al no haber incluido la totalidad de la zona importante para la conservación de las aves que cubre la cordillera de Rila dentro de las zonas de protección especial, de manera que dicho Estado miembro no ha clasificado los territorios más adecuados en número y en superficie para la conservación de las especies mencionadas en el anexo I de dicha Directiva. |
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1)

La República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, al no haber incluido la totalidad de la zona importante para la conservación de las aves que cubre la cordillera de Rila dentro de las zonas de protección especial, de manera que dicho Estado miembro no ha clasificado los territorios más adecuados en número y en superficie para la conservación de las especies mencionadas en el anexo I de dicha Directiva.

| 2) | Condenar en costas a la República de Bulgaria. |
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2)

Condenar en costas a la República de Bulgaria.

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(1)  DO C 121 de 18.4.2017.

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/7 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/7

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Recurso interpuesto el 1 de febrero de 2018 — Comisión Europea / Hungría

(Asunto C-66/18)

(2018/C 211/10)

Lengua de procedimiento: húngaro

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: V. Di Bucci, L. Malferrari, B. De Meester y Talabér-Ritz K, agentes)

Demandada: Hungría

Pretensiones de la parte demandante

La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare que Hungría ha incumplido

| — | las obligaciones que se derivan del artículo XVII del AGCS [Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios], al exigir a las instituciones de enseñanza superior extranjeras situadas fuera del EEE la celebración de un acuerdo internacional como requisito para prestar servicios de enseñanza, conforme al artículo 76, apartado 1, letra a), de la Ley CCIV de 2011 modificada. |
| --- | --- |

—

las obligaciones que se derivan del artículo XVII del AGCS [Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios], al exigir a las instituciones de enseñanza superior extranjeras situadas fuera del EEE la celebración de un acuerdo internacional como requisito para prestar servicios de enseñanza, conforme al artículo 76, apartado 1, letra a), de la Ley CCIV de 2011 modificada.

| — | las obligaciones que se derivan del artículo 16 de la Directiva 2006/123/CE (1) y, en cualquier caso, de los artículos 49 TFUE y 56 TFUE, así como del artículo XVII del AGCS, al exigir a las instituciones de enseñanza superior extranjeras que ofrezcan una formación de enseñanza superior en su país de origen, conforme al artículo 76, apartado 1, letra b), de la Ley CCIV de 2011 modificada. |
| --- | --- |

—

las obligaciones que se derivan del artículo 16 de la Directiva 2006/123/CE (1) y, en cualquier caso, de los artículos 49 TFUE y 56 TFUE, así como del artículo XVII del AGCS, al exigir a las instituciones de enseñanza superior extranjeras que ofrezcan una formación de enseñanza superior en su país de origen, conforme al artículo 76, apartado 1, letra b), de la Ley CCIV de 2011 modificada.

| — | las obligaciones que se derivan de los artículos 13, 14, apartado 3, y 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación con las restricciones antes descritas. |
| --- | --- |

—

las obligaciones que se derivan de los artículos 13, 14, apartado 3, y 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación con las restricciones antes descritas.

| — | Condene en costas a Hungría. |
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—

Condene en costas a Hungría.

Motivos y principales alegaciones

La base jurídica de la prestación de servicios de enseñanza superior en Hungría es la Ley CCIV de 2011, relativa a la enseñanza superior nacional, cuyo artículo 76, apartado 1, letra a), dispone que una institución de enseñanza superior extranjera solo podrá ejercer en el territorio de Hungría una actividad de formación sancionada con un título si el Gobierno húngaro y el Gobierno del Estado en que tenga su sede la institución de enseñanza superior extranjera han celebrado un acuerdo internacional vinculante relativo al apoyo de principio concedido a la institución para ejercer una actividad en Hungría, acuerdo que, en el caso de un Estado federal, se basará en un acuerdo previo celebrado con el Gobierno central cuando este no sea competente para celebrar acuerdos internacionales vinculantes.

Además, el artículo 76, apartado 1, letra b), de la Ley CCIV de 2011 establece que las instituciones de enseñanza superior extranjeras que ejerzan una actividad en Hungría no solo deberán tener la condición de instituciones de enseñanza superior reconocidas por el Estado en el país donde se sitúe su sede, sino que también deberán ofrecer de manera efectiva una formación de enseñanza superior en el país de que se trate.

El 27 de abril de 2017, la Comisión inició un procedimiento por incumplimiento contra Hungría en relación con la Ley CCIV de 2011 modificada.

Dado que no consideró satisfactoria la respuesta presentada por Hungría, la Comisión envió a Hungría, el 14 de julio de 2017, un dictamen motivado, pasando a la fase siguiente del procedimiento por incumplimiento.

Al no considerar tampoco satisfactoria la respuesta al dictamen motivado, la Comisión ha decidido someter el asunto al Tribunal de Justicia para que declare que Hungría ha incumplido las obligaciones que se derivan del artículo XVII del AGCS, del artículo 16 de la Directiva 2006/123/CE, de los artículos 49 TFUE y 56 TFUE, y de los artículos 13, 14, apartado 3, y 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

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(1)  Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior (DO 2006, L 376, p, 36).

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/8 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/8

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Recurso interpuesto el 6 de febrero de 2018 — Comisión Europea / Hungría

(Asunto C-78/18)

(2018/C 211/11)

Lengua de procedimiento: húngaro

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: V. Di Bucci, L. Malferrari y K. Talabér-Ritz, agentes)

Demandada: Hungría

Pretensiones de la parte demandante

La Comisión solicita al Tribunal de Justicia:

| — | Que se declare que Hungría, incumpliendo las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 63 TFUE y de los artículos 7, 8 y 12 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha introducido de forma discriminatoria, innecesaria e infundada limitaciones respecto de las donaciones extranjeras en favor de organizaciones civiles húngaras a través de la a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény (Ley LXXVI de 2017, sobre la transparencia de las organizaciones que reciben apoyo económico desde el extranjero), cuyas disposiciones imponen obligaciones de registro, declaración y transparencia a ciertas categorías de organizaciones civiles —aquellas que reciben directa o indirectamente apoyo económico extranjero superior a determinado importe— y además establecen la posibilidad de aplicar sanciones a las organizaciones que incumplan tales obligaciones. |
| --- | --- |

—

Que se declare que Hungría, incumpliendo las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 63 TFUE y de los artículos 7, 8 y 12 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha introducido de forma discriminatoria, innecesaria e infundada limitaciones respecto de las donaciones extranjeras en favor de organizaciones civiles húngaras a través de la a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény (Ley LXXVI de 2017, sobre la transparencia de las organizaciones que reciben apoyo económico desde el extranjero), cuyas disposiciones imponen obligaciones de registro, declaración y transparencia a ciertas categorías de organizaciones civiles —aquellas que reciben directa o indirectamente apoyo económico extranjero superior a determinado importe— y además establecen la posibilidad de aplicar sanciones a las organizaciones que incumplan tales obligaciones.

| — | Que se condene en costas a Hungría. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a Hungría.

Motivos y principales alegaciones

La Ley LXXVI de 2017, sobre la transparencia de las organizaciones que reciben apoyo económico desde el extranjero, impone nuevas obligaciones de registro, declaración, transparencia y publicidad a ciertas categorías de organizaciones civiles —aquellas que reciben directa o indirectamente apoyo económico extranjero superior a determinado importe— y además establece la posibilidad de aplicar sanciones a las organizaciones que incumplan tales obligaciones.

El 14 de julio de 2017, la Comisión incoó un procedimiento de infracción contra Hungría en relación con la Ley LXXVI de 2017.

Al considerar que la respuesta facilitada por Hungría no era satisfactoria, la Comisión pasó a la fase siguiente del procedimiento de infracción y, el 5 de octubre de 2017, remitió a Hungría un dictamen motivado.

Considerando asimismo insatisfactoria la respuesta al dictamen motivado, la Comisión decidió someter el asunto al Tribunal de Justicia con el fin de que este declare que Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 63 TFUE y de los artículos 7, 8 y 12 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/9 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/9

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Recurso de casación interpuesto el 21 de febrero de 2018 por CJ contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 13 de diciembre de 2017 en el asunto T-602/16, CJ / Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)

(Asunto C-139/18 P)

(2018/C 211/12)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: CJ (representante: V. Kolias, Δικηγόρος)

Otra parte en el procedimiento: Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)

Pretensiones de la parte recurrente

| — | Que se anule íntegramente la sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2017 dictada en el asunto T-602/16, CJ / ECDC (EU:T:2017:893). |
| --- | --- |

—

Que se anule íntegramente la sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2017 dictada en el asunto T-602/16, CJ / ECDC (EU:T:2017:893).

| — | En consecuencia, en el supuesto de que el recurso de casación se declare fundado, que se anule el informe de evaluación impugnado de 21 de septiembre de 2015. |
| --- | --- |

—

En consecuencia, en el supuesto de que el recurso de casación se declare fundado, que se anule el informe de evaluación impugnado de 21 de septiembre de 2015.

| — | Que se condene al ECDC al pago de las costas de primera instancia y del recurso de casación. |
| --- | --- |

—

Que se condene al ECDC al pago de las costas de primera instancia y del recurso de casación.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte recurrente invoca cuatro motivos:

| 1. | Primer motivo, basado en que el Tribunal General:






  — | Interpretó erróneamente el artículo 3, apartado 1, en combinación con el artículo 3, apartado 3, del Reglamento de Ejecución n.o 20 del ECDC al establecer que el evaluador de apelación no debe ser necesariamente el presidente del Consejo de Administración en asuntos como este. |
| --- | --- | --- |

1.

Primer motivo, basado en que el Tribunal General:

—

Interpretó erróneamente el artículo 3, apartado 1, en combinación con el artículo 3, apartado 3, del Reglamento de Ejecución n.o 20 del ECDC al establecer que el evaluador de apelación no debe ser necesariamente el presidente del Consejo de Administración en asuntos como este.

| — | Incurrió en error de Derecho en la apreciación de los hechos al afirmar que, en cualquier caso, no era probable que el presidente del Consejo de Administración adoptara una decisión favorable a la parte demandante. |
| --- | --- |

—

Incurrió en error de Derecho en la apreciación de los hechos al afirmar que, en cualquier caso, no era probable que el presidente del Consejo de Administración adoptara una decisión favorable a la parte demandante.

| — | Interpretó erróneamente la alegación de que un subordinado del evaluador no puede ser evaluador de apelación, por carecer de la independencia necesaria con relación al evaluador. |
| --- | --- |

—

Interpretó erróneamente la alegación de que un subordinado del evaluador no puede ser evaluador de apelación, por carecer de la independencia necesaria con relación al evaluador.

| 2. | Segundo motivo, basado en que el Tribunal General:






  — | Interpretó erróneamente los artículos 7, apartado 1, y 8, apartados 3 y 4, del Reglamento de Ejecución n.o 20 del ECDC al determinar que el evaluador puede ignorar los objetivos e indicadores de rendimiento fijados para un agente durante el ejercicio de evaluación anterior. |
| --- | --- | --- |

2.

Segundo motivo, basado en que el Tribunal General:

—

Interpretó erróneamente los artículos 7, apartado 1, y 8, apartados 3 y 4, del Reglamento de Ejecución n.o 20 del ECDC al determinar que el evaluador puede ignorar los objetivos e indicadores de rendimiento fijados para un agente durante el ejercicio de evaluación anterior.

| — | Con carácter subsidiario, cometió un error en la calificación jurídica de los hechos al concluir que los objetivos e indicadores de rendimiento habían sido debidamente considerados por el evaluador. |
| --- | --- |

—

Con carácter subsidiario, cometió un error en la calificación jurídica de los hechos al concluir que los objetivos e indicadores de rendimiento habían sido debidamente considerados por el evaluador.

| 3. | Tercer motivo, basado en que el Tribunal General:






  — | Interpretó erróneamente el concepto de «diálogo» en el sentido del artículo 8, apartado 9, del Reglamento de Ejecución del ECDC. |
| --- | --- | --- |

3.

Tercer motivo, basado en que el Tribunal General:

—

Interpretó erróneamente el concepto de «diálogo» en el sentido del artículo 8, apartado 9, del Reglamento de Ejecución del ECDC.

| — | Con carácter subsidiario, incurrió en un error al calificar jurídicamente como «diálogo de evaluación» un diálogo que puede limitarse, por parte del ECDC, a que el ratificador solicite al agente un documento que ya tiene a su disposición, y a que pregunte al agente a través del teléfono móvil qué aspectos de la evaluación del rendimiento considera falsos, y que no pregunte nada más, después del que el agente proporcione una respuesta sobre el fondo y ofrezca información adicional más específica que pueda ser necesaria. |
| --- | --- |

—

Con carácter subsidiario, incurrió en un error al calificar jurídicamente como «diálogo de evaluación» un diálogo que puede limitarse, por parte del ECDC, a que el ratificador solicite al agente un documento que ya tiene a su disposición, y a que pregunte al agente a través del teléfono móvil qué aspectos de la evaluación del rendimiento considera falsos, y que no pregunte nada más, después del que el agente proporcione una respuesta sobre el fondo y ofrezca información adicional más específica que pueda ser necesaria.

| 4. | Cuarto motivo, basado en que el Tribunal General:






  — | Interpretó erróneamente el artículo 22 bis del Estatuto al concluir, en esencia, que, incluso cuando un agente alega, in tempore non suspecto, una mala gestión financiera, presenta como mínimo un principio de prueba de esta y dicha alegación resulta ser cierta, una agencia puede encargar la evaluación de su rendimiento anual precisamente a las personas a las que se refiere su alegación. |
| --- | --- | --- |

4.

Cuarto motivo, basado en que el Tribunal General:

—

Interpretó erróneamente el artículo 22 bis del Estatuto al concluir, en esencia, que, incluso cuando un agente alega, in tempore non suspecto, una mala gestión financiera, presenta como mínimo un principio de prueba de esta y dicha alegación resulta ser cierta, una agencia puede encargar la evaluación de su rendimiento anual precisamente a las personas a las que se refiere su alegación.

| — | Con carácter subsidiario, incurrió en un error al calificar jurídicamente las alegaciones del recurrente como alegaciones que no habían sido realizadas in tempore non suspecto y que no eran ni ciertas ni probadas, y al concluir que los funcionarios a los que se referían sus alegaciones aún podían evaluar el rendimiento del recurrente con neutralidad. |
| --- | --- |

—

Con carácter subsidiario, incurrió en un error al calificar jurídicamente las alegaciones del recurrente como alegaciones que no habían sido realizadas in tempore non suspecto y que no eran ni ciertas ni probadas, y al concluir que los funcionarios a los que se referían sus alegaciones aún podían evaluar el rendimiento del recurrente con neutralidad.

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/11 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/11

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Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (España) el 2 de marzo de 2018 — Unión Insular de CC.OO. de Lanzarote / Swissport Spain Aviation Services Lanzarote S.L.

(Asunto C-167/18)

(2018/C 211/13)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Partes en el procedimiento principal

Parte demandante en primera instancia y recurrente en segunda instancia: Unión Insular de CC.OO. de Lanzarote

Parte demandada en primera instancia y recurrente en segunda instancia: Swissport Spain Aviation Services Lanzarote S.L.

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Se aplica el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (1) cuando una empresa cesa en la adjudicación de los servicios contratados de un cliente por rescisión de contrato de arrendamiento de servicios donde la actividad se funda predominantemente en la mano de obra (limpieza de las instalaciones), y la nueva adjudicataria del servicio se hace cargo de una parte esencial de la plantilla destinada [a] la ejecución de tal servicio, cuando tal subrogación en los contratos laborales se haga por imperativo de lo pactado en el convenio colectivo de trabajo del sector de limpieza? |
| --- | --- |

1)

¿Se aplica el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (1) cuando una empresa cesa en la adjudicación de los servicios contratados de un cliente por rescisión de contrato de arrendamiento de servicios donde la actividad se funda predominantemente en la mano de obra (limpieza de las instalaciones), y la nueva adjudicataria del servicio se hace cargo de una parte esencial de la plantilla destinada [a] la ejecución de tal servicio, cuando tal subrogación en los contratos laborales se haga por imperativo de lo pactado en el convenio colectivo de trabajo del sector de limpieza?

| 2) | ¿Es conforme a la Directiva Comunitaria (interpretada por el TJUE) la interpretación del Tribunal Supremo español que considera que en los casos de sucesión de plantillas por imposición del Convenio Colectivo no existe trasmisión de empresas, al faltar el requisito de la voluntariedad en la trasmisión, y, por tanto, no [está] sujeta a la aplicación de la Directiva? |
| --- | --- |

2)

¿Es conforme a la Directiva Comunitaria (interpretada por el TJUE) la interpretación del Tribunal Supremo español que considera que en los casos de sucesión de plantillas por imposición del Convenio Colectivo no existe trasmisión de empresas, al faltar el requisito de la voluntariedad en la trasmisión, y, por tanto, no [está] sujeta a la aplicación de la Directiva?

| 3) | ¿Puede entenderse que de conformidad con la regulación de la Directiva, en los supuestos de empresas de servicios, cuando el Convenio Colectivo del sector impone la obligación de subrogación de la plantilla, estamos [en] presencia de una sucesión de plantilla, y, por tanto, de una trasmisión de empresas en el sentido de la citada Directiva? |
| --- | --- |

3)

¿Puede entenderse que de conformidad con la regulación de la Directiva, en los supuestos de empresas de servicios, cuando el Convenio Colectivo del sector impone la obligación de subrogación de la plantilla, estamos [en] presencia de una sucesión de plantilla, y, por tanto, de una trasmisión de empresas en el sentido de la citada Directiva?

| 4) | ¿Es conforme con el artículo 3 de la Directiva el artículo 14 del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la provincia de Las Palmas 2012/2014 que establece en los casos de subrogación de plantillas con arreglo al Convenio Colectivo, que los trabajadores subrogados no mantienen los derechos y obligaciones que tenían en la empresa cedente [ni] las condiciones de trabajo pactadas mediante Convenio Colectivo? |
| --- | --- |

4)

¿Es conforme con el artículo 3 de la Directiva el artículo 14 del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la provincia de Las Palmas 2012/2014 que establece en los casos de subrogación de plantillas con arreglo al Convenio Colectivo, que los trabajadores subrogados no mantienen los derechos y obligaciones que tenían en la empresa cedente [ni] las condiciones de trabajo pactadas mediante Convenio Colectivo?

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(1)  
  DO 2001 L 82, p. 16

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/11 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/11

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Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 7 de marzo de 2018 — Club de Variedades Vegetales Protegidas / Adolfo Juan Martínez Sanchís

(Asunto C-176/18)

(2018/C 211/14)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Supremo

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Club de Variedades Vegetales Protegidas

Recurrido: Adolfo Juan Martínez Sanchís

Cuestiones prejudiciales

| 1) | En un caso en que el agricultor haya adquirido de un vivero (establecimiento de un tercero) unos plantones de una variedad vegetal y los haya plantado antes de que produzca efectos la concesión de esta variedad, ¿la posterior actividad realizada por el agricultor consistente en recoger las sucesivas cosechas de los árboles, para que se vea afectada por el ius prohibendi del apartado 2 del art. 13 del Reglamento (CE) no 2100/94 (1), precisa del cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 3 de este artículo, por entender que se trata de material cosechado? ¿O debe entenderse que esta actividad de cosecha constituye un acto de producción o reproducción de la variedad, que da lugar al «material cosechado», cuya prohibición por el titular de la variedad vegetal no exige el cumplimiento de los requisitos del apartado 3? |
| --- | --- |

1)

En un caso en que el agricultor haya adquirido de un vivero (establecimiento de un tercero) unos plantones de una variedad vegetal y los haya plantado antes de que produzca efectos la concesión de esta variedad, ¿la posterior actividad realizada por el agricultor consistente en recoger las sucesivas cosechas de los árboles, para que se vea afectada por el ius prohibendi del apartado 2 del art. 13 del Reglamento (CE) no 2100/94 (1), precisa del cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 3 de este artículo, por entender que se trata de material cosechado? ¿O debe entenderse que esta actividad de cosecha constituye un acto de producción o reproducción de la variedad, que da lugar al «material cosechado», cuya prohibición por el titular de la variedad vegetal no exige el cumplimiento de los requisitos del apartado 3?

| 2) | ¿Es conforme con el apartado 3 del art. 13 del Reglamento (CE) no 2100/94 una interpretación según la cual el sistema de protección en cascada afecta a cualquiera de las conductas reseñadas en el apartado 2 que se refieran al «material cosechado», también la propia cosecha, o sólo a las posteriores a la producción de este material cosechado, como pudieran ser el almacenamiento y su comercialización? |
| --- | --- |

2)

¿Es conforme con el apartado 3 del art. 13 del Reglamento (CE) no 2100/94 una interpretación según la cual el sistema de protección en cascada afecta a cualquiera de las conductas reseñadas en el apartado 2 que se refieran al «material cosechado», también la propia cosecha, o sólo a las posteriores a la producción de este material cosechado, como pudieran ser el almacenamiento y su comercialización?

| 3) | En la aplicación del sistema de extensión de la protección en cascada al «material cosechado» prevista en el apartado 3 del art. 13 del Reglamento (CE) no 2100/94, para que se cumpla la primera condición ¿es necesario que la adquisición de los plantones se hubiera realizado después de que el titular hubiera obtenido la protección comunitaria de la variedad vegetal, o sería suficiente que para entonces gozara de protección provisional, por haberse realizado en el período comprendido entre la publicación de la solicitud y el comienzo de los efectos de la concesión de la variedad vegetal? |
| --- | --- |

3)

En la aplicación del sistema de extensión de la protección en cascada al «material cosechado» prevista en el apartado 3 del art. 13 del Reglamento (CE) no 2100/94, para que se cumpla la primera condición ¿es necesario que la adquisición de los plantones se hubiera realizado después de que el titular hubiera obtenido la protección comunitaria de la variedad vegetal, o sería suficiente que para entonces gozara de protección provisional, por haberse realizado en el período comprendido entre la publicación de la solicitud y el comienzo de los efectos de la concesión de la variedad vegetal?

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(1)  Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (
  DO 1994 L 227, p. 1).

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/12 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/12

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Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid (España) el 7 de marzo de 2018 — Almudena Baldonedo Martín / Ayuntamiento de Madrid

(Asunto C-177/18)

(2018/C 211/15)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Almudena Baldonedo Martín

Demandada: Ayuntamiento de Madrid

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Es correcta la interpretación que se hace de la cláusula 4a del Acuerdo Marco, al entender que una situación como la que se describe, en la que el funcionario interino realiza el mismo trabajo que el funcionario de carrera (funcionario de carrera que no goza de derecho [a] indemnización porque la situación de la que traería causa [dicha indemnización] no existe en su régimen jurídico), no es encuadrable en la situación que en la misma se describe? |
| --- | --- |

1)

¿Es correcta la interpretación que se hace de la cláusula 4a del Acuerdo Marco, al entender que una situación como la que se describe, en la que el funcionario interino realiza el mismo trabajo que el funcionario de carrera (funcionario de carrera que no goza de derecho [a] indemnización porque la situación de la que traería causa [dicha indemnización] no existe en su régimen jurídico), no es encuadrable en la situación que en la misma se describe?

| 2) | ¿Es conforme con el Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE (1) la interpretación que se hace para así conseguir sus objetivos, al tratarse el derecho a la igualdad de trato y la prohibición de discriminación de un principio general de la UE concretado en una Directiva, (Art. 20 y 21 CDFUE), artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y considerarse derechos sociales fundamentales, artículos 151 y 153 del TFUE que, el derecho a la indemnización del funcionario interino pued[a] alcanzarse, ya sea desde la comparación [con el] trabajador laboral temporal ya que su condición (funcionarial o laboral) sólo depende del empleador público o bien mediante la aplicación directa vertical predicable [del] Derecho originario Europeo? |
| --- | --- |

2)

¿Es conforme con el Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE (1) la interpretación que se hace para así conseguir sus objetivos, al tratarse el derecho a la igualdad de trato y la prohibición de discriminación de un principio general de la UE concretado en una Directiva, (Art. 20 y 21 CDFUE), artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y considerarse derechos sociales fundamentales, artículos 151 y 153 del TFUE que, el derecho a la indemnización del funcionario interino pued[a] alcanzarse, ya sea desde la comparación [con el] trabajador laboral temporal ya que su condición (funcionarial o laboral) sólo depende del empleador público o bien mediante la aplicación directa vertical predicable [del] Derecho originario Europeo?

| 3) | Atendiendo, en su caso, a la existencia de abuso en la contratación temporal, dirigida a satisfacer necesidades permanentes, sin que exista causa objetiva, contratación ajena a la urgente y perentoria necesidad que la justifica, sin que exista[n] sanción o l[í]mites efectivos en nuestro Derecho nacional ¿[s]ería acorde con los objetivos perseguidos por la Directiva 1999/70/CE, como medida para prevenir el abuso y eliminar la consecuencia de la infracción del Derecho de la Unión, en caso de que el empleador no d[é] fijeza al trabajador, una indemnización, equiparable a la de despido improcedente, indemnización como sanción adecuada, proporcional, eficaz y disuasoria? |
| --- | --- |

3)

Atendiendo, en su caso, a la existencia de abuso en la contratación temporal, dirigida a satisfacer necesidades permanentes, sin que exista causa objetiva, contratación ajena a la urgente y perentoria necesidad que la justifica, sin que exista[n] sanción o l[í]mites efectivos en nuestro Derecho nacional ¿[s]ería acorde con los objetivos perseguidos por la Directiva 1999/70/CE, como medida para prevenir el abuso y eliminar la consecuencia de la infracción del Derecho de la Unión, en caso de que el empleador no d[é] fijeza al trabajador, una indemnización, equiparable a la de despido improcedente, indemnización como sanción adecuada, proporcional, eficaz y disuasoria?

---

(1)  Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre trabajo de duración determinada (DO 1999, L 175, p. 43).

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/13 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/13

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Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 9 de marzo de 2018 — José Cánovas Pardo S.L. / Club de Variedades Vegetales Protegidas

(Asunto C-186/18)

(2018/C 211/16)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Supremo

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: José Cánovas Pardo S.L.

Recurrido: Club de Variedades Vegetales Protegidas

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Se opone al art. 96 del Reglamento (CE) no 2100/94 (1) una interpretación de este precepto según la cual, siempre que hubiera transcurrido el plazo de tres años desde que, una vez concedida la protección comunitaria de obtención vegetal, el titular hubiera tenido conocimiento del acto infractor y de la identidad del infractor, habrían prescrito las acciones previstas en los arts. 94 y 95 del Reglamento, aunque los actos infractores hubieran continuado hasta el momento del ejercicio de la acción? |
| --- | --- |

1)

¿Se opone al art. 96 del Reglamento (CE) no 2100/94 (1) una interpretación de este precepto según la cual, siempre que hubiera transcurrido el plazo de tres años desde que, una vez concedida la protección comunitaria de obtención vegetal, el titular hubiera tenido conocimiento del acto infractor y de la identidad del infractor, habrían prescrito las acciones previstas en los arts. 94 y 95 del Reglamento, aunque los actos infractores hubieran continuado hasta el momento del ejercicio de la acción?

| 2) | De ser negativa la respuesta a la primera cuestión, ¿cabría entender que conforme al art. 96 del Reglamento (CE) no 2100/94, la prescripción operaría únicamente respecto de los concretos actos infractores realizados fuera del plazo de tres años, pero no respecto de los realizados dentro de los tres últimos años? |
| --- | --- |

2)

De ser negativa la respuesta a la primera cuestión, ¿cabría entender que conforme al art. 96 del Reglamento (CE) no 2100/94, la prescripción operaría únicamente respecto de los concretos actos infractores realizados fuera del plazo de tres años, pero no respecto de los realizados dentro de los tres últimos años?

| 3) | De ser afirmativa la segunda cuestión, ¿en ese caso podrían prosperar la acción de cesación y también la de indemnización de daños y perjuicios sólo en relación con estos últimos actos comprendidos dentro de los tres últimos años? |
| --- | --- |

3)

De ser afirmativa la segunda cuestión, ¿en ese caso podrían prosperar la acción de cesación y también la de indemnización de daños y perjuicios sólo en relación con estos últimos actos comprendidos dentro de los tres últimos años?

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(1)  Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (
  DO 1994 L 227, p. 1).

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/14 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/14

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Alemania) el 19 de marzo de 2018 — Google LLC / Bundesrepublik Deutschland

(Asunto C-193/18)

(2018/C 211/17)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Google LLC

Recurrida: Bundesrepublik Deutschland

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Debe interpretarse la característica de «[servicio] que consiste, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas» del artículo 2, letra c), de la Directiva marco 2002/21/CE (1) en el sentido de que también comprende o puede comprender servicios de correo electrónico basados en Internet que son puestos a disposición a través del Internet abierto y que por sí mismos no proporcionan acceso a Internet?






  a) | ¿Debe interpretarse dicha característica en particular en el sentido de que la mera prestación de procesamiento técnico-informático, que realiza un proveedor de dicho servicio de correo electrónico por medio de sus servidores de correo electrónico, al asignar a las direcciones de correo electrónico las direcciones IP de las conexiones físicas implicadas y al insertar en (o, a la inversa, recibir de) el Internet abierto los mensajes de correo electrónico descompuestos en paquetes de datos en base a diferentes protocolos de la familia de protocolos de Internet, debe ser considerada un «transporte de señales» o solo constituye un «transporte de señales» la transmisión de dichos paquetes de datos por Internet, realizada por los proveedores de (acceso a) Internet? |
| --- | --- | --- |

1)

¿Debe interpretarse la característica de «[servicio] que consiste, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas» del artículo 2, letra c), de la Directiva marco 2002/21/CE (1) en el sentido de que también comprende o puede comprender servicios de correo electrónico basados en Internet que son puestos a disposición a través del Internet abierto y que por sí mismos no proporcionan acceso a Internet?

a)

¿Debe interpretarse dicha característica en particular en el sentido de que la mera prestación de procesamiento técnico-informático, que realiza un proveedor de dicho servicio de correo electrónico por medio de sus servidores de correo electrónico, al asignar a las direcciones de correo electrónico las direcciones IP de las conexiones físicas implicadas y al insertar en (o, a la inversa, recibir de) el Internet abierto los mensajes de correo electrónico descompuestos en paquetes de datos en base a diferentes protocolos de la familia de protocolos de Internet, debe ser considerada un «transporte de señales» o solo constituye un «transporte de señales» la transmisión de dichos paquetes de datos por Internet, realizada por los proveedores de (acceso a) Internet?

| b) | ¿Debe interpretarse dicha característica en particular en el sentido de que la transmisión de los mensajes de correo electrónico descompuestos en paquetes de datos por el Internet abierto, realizada por los proveedores de (acceso a) Internet, puede ser atribuida al proveedor de tal servicio de correo electrónico, de modo que también éste, en ese sentido, presta un servicio consistente en el «transporte de señales»? En su caso, ¿en qué condiciones es posible dicha atribución? |
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b)

¿Debe interpretarse dicha característica en particular en el sentido de que la transmisión de los mensajes de correo electrónico descompuestos en paquetes de datos por el Internet abierto, realizada por los proveedores de (acceso a) Internet, puede ser atribuida al proveedor de tal servicio de correo electrónico, de modo que también éste, en ese sentido, presta un servicio consistente en el «transporte de señales»? En su caso, ¿en qué condiciones es posible dicha atribución?

| c) | Para el caso de que el proveedor de tal servicio de correo electrónico transporte él mismo señales o, en cualquier caso, se le pueda atribuir la prestación de transporte de señales de los proveedores de (acceso a) Internet: ¿Puede interpretarse dicha característica en particular en el sentido de que tal servicio de correo electrónico, con independencia de eventuales funciones añadidas del servicio, como las de editar, guardar y agrupar mensajes de correo electrónico o la gestión de datos de contacto y con independencia del esfuerzo técnico realizado por el proveedor para funciones concretas, también consiste «en su totalidad o principalmente», en el transporte de señales, pues, al realizar una consideración funcional desde la perspectiva de los usuarios, la función de comunicación del servicio ocupa un primer plano? |
| --- | --- |

c)

Para el caso de que el proveedor de tal servicio de correo electrónico transporte él mismo señales o, en cualquier caso, se le pueda atribuir la prestación de transporte de señales de los proveedores de (acceso a) Internet: ¿Puede interpretarse dicha característica en particular en el sentido de que tal servicio de correo electrónico, con independencia de eventuales funciones añadidas del servicio, como las de editar, guardar y agrupar mensajes de correo electrónico o la gestión de datos de contacto y con independencia del esfuerzo técnico realizado por el proveedor para funciones concretas, también consiste «en su totalidad o principalmente», en el transporte de señales, pues, al realizar una consideración funcional desde la perspectiva de los usuarios, la función de comunicación del servicio ocupa un primer plano?

| 2) | Para el caso de que la característica mencionada en la primera cuestión deba interpretarse en el sentido de que, en principio, no comprende los servicios de correo electrónico basados en Internet que son puestos a disposición a través del Internet abierto y que por sí mismos no proporcionan acceso a Internet: ¿Podría aun así concurrir excepcionalmente dicha característica, si el prestador de tal servicio opera al mismo tiempo sus propias redes de comunicaciones electrónicas conectadas con Internet que en cualquier caso también pueden ser utilizadas para los fines del servicio de correo electrónico? En su caso, ¿en qué condiciones sería esto posible? |
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2)

Para el caso de que la característica mencionada en la primera cuestión deba interpretarse en el sentido de que, en principio, no comprende los servicios de correo electrónico basados en Internet que son puestos a disposición a través del Internet abierto y que por sí mismos no proporcionan acceso a Internet: ¿Podría aun así concurrir excepcionalmente dicha característica, si el prestador de tal servicio opera al mismo tiempo sus propias redes de comunicaciones electrónicas conectadas con Internet que en cualquier caso también pueden ser utilizadas para los fines del servicio de correo electrónico? En su caso, ¿en qué condiciones sería esto posible?

| 3) | ¿Cómo debe interpretarse la característica «prestado por lo general a cambio de una remuneración» del artículo 2, letra c), de la Directiva marco 2002/21/CE?






  a) | ¿Requiere esta característica, en particular, el pago de una tarifa por los usuarios o puede la remuneración consistir también en la realización de otra contraprestación de los usuarios que sea de interés económico para el prestador del servicio, como, por ejemplo, la aportación activa por parte de los usuarios de datos personales u otros datos o el registro de dichos datos por el prestador del servicio de otro modo durante la utilización del servicio? |
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3)

¿Cómo debe interpretarse la característica «prestado por lo general a cambio de una remuneración» del artículo 2, letra c), de la Directiva marco 2002/21/CE?

a)

¿Requiere esta característica, en particular, el pago de una tarifa por los usuarios o puede la remuneración consistir también en la realización de otra contraprestación de los usuarios que sea de interés económico para el prestador del servicio, como, por ejemplo, la aportación activa por parte de los usuarios de datos personales u otros datos o el registro de dichos datos por el prestador del servicio de otro modo durante la utilización del servicio?

| b) | ¿Requiere la característica, en particular, que la remuneración sea pagada necesariamente por quien se beneficia de la prestación del servicio o puede ser suficiente, entre otros, una financiación parcial o total del servicio por terceros, por ejemplo mediante la publicidad contratada en el sitio web del prestador del servicio? |
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b)

¿Requiere la característica, en particular, que la remuneración sea pagada necesariamente por quien se beneficia de la prestación del servicio o puede ser suficiente, entre otros, una financiación parcial o total del servicio por terceros, por ejemplo mediante la publicidad contratada en el sitio web del prestador del servicio?

| c) | ¿Se refiere, en particular, la expresión «por lo general» en este contexto a las circunstancias en que el prestador de un servicio concreto presta dicho servicio o a las circunstancias en que de forma general son prestados servicios idénticos o comparables? |
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c)

¿Se refiere, en particular, la expresión «por lo general» en este contexto a las circunstancias en que el prestador de un servicio concreto presta dicho servicio o a las circunstancias en que de forma general son prestados servicios idénticos o comparables?

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(1)  Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DO 2002, L 108, p. 33).

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/15 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/15

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Piteşti (Rumanía) el 20 de marzo de 2018 — Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă / Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

(Asunto C-205/18)

(2018/C 211/18)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Piteşti

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv y Raluca-Marinela Traşcă

Demandada: Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los artículos 114 TFUE, apartado 3, 151 TFUE y 153 TFUE, así como la Directiva marco 89/391/CEE (1) y las directivas específicas subsiguientes en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro establezca plazos y procedimientos que privan del acceso a la justicia para la clasificación como tales de los lugares de trabajo que exponen a los trabajadores a condiciones especiales, lo que impide que se reconozca a los nuevos trabajadores contratados los derechos a la seguridad y a la salud en el trabajo derivados del establecimiento de tales condiciones conforme a la normativa nacional?

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(1)  Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DO 1989, L 183, p. 1).

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/16 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/16

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeidshof te Brussel (Bélgica) el 29 de marzo de 2018 — Zubair Haqbin / Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

(Asunto C-233/18)

(2018/C 211/19)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Arbeidshof te Brussel

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Zubair Haqbin

Demandada: Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Cuestiones prejudiciales

| 1. | ¿Debe interpretarse el artículo 20, apartados 1 a 3, de la Directiva (1) en el sentido de que establece con carácter limitativo los casos en los que pueden reducirse o retirarse las condiciones materiales de acogida, o bien se desprende del artículo 20, apartados 4 y 5, que la retirada de las condiciones materiales de acogida también puede tener lugar como sanción para los casos de violación grave de la normativa aplicable en los centros de acogida, así como para los casos de comportamiento violento grave? |
| --- | --- |

1.

¿Debe interpretarse el artículo 20, apartados 1 a 3, de la Directiva (1) en el sentido de que establece con carácter limitativo los casos en los que pueden reducirse o retirarse las condiciones materiales de acogida, o bien se desprende del artículo 20, apartados 4 y 5, que la retirada de las condiciones materiales de acogida también puede tener lugar como sanción para los casos de violación grave de la normativa aplicable en los centros de acogida, así como para los casos de comportamiento violento grave?

| 2. | ¿Deben interpretarse los artículos 20, apartado 5, y 20, apartado 6, en el sentido de que, antes de adoptar una decisión de reducir o retirar las condiciones materiales de acogida o imponer una sanción, y en el marco de dichas decisiones, los Estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen el derecho a un nivel de vida digno durante el período de exclusión, o bien puede darse cumplimiento a esas disposiciones mediante un sistema en virtud del cual, tras la decisión de reducir o retirar las condiciones materiales de acogida, se examine si la persona que constituye el objeto de la decisión disfruta de un nivel de vida digno y, en su caso, se adopten en ese momento medidas correctoras? |
| --- | --- |

2.

¿Deben interpretarse los artículos 20, apartado 5, y 20, apartado 6, en el sentido de que, antes de adoptar una decisión de reducir o retirar las condiciones materiales de acogida o imponer una sanción, y en el marco de dichas decisiones, los Estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen el derecho a un nivel de vida digno durante el período de exclusión, o bien puede darse cumplimiento a esas disposiciones mediante un sistema en virtud del cual, tras la decisión de reducir o retirar las condiciones materiales de acogida, se examine si la persona que constituye el objeto de la decisión disfruta de un nivel de vida digno y, en su caso, se adopten en ese momento medidas correctoras?

| 3. | ¿Deben interpretarse el artículo 20, apartado 4, el artículo 20, apartado 5, y el artículo 20, apartado 6, en relación con los artículos 14, 21, 22, 23 y 24 de la Directiva y los artículos 1, 3, 4 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que es posible, o no es posible, adoptar una medida o sanción de exclusión temporal (o definitiva) del derecho a las condiciones materiales de acogida respecto a un menor, y en particular respecto a un menor no acompañado? |
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3.

¿Deben interpretarse el artículo 20, apartado 4, el artículo 20, apartado 5, y el artículo 20, apartado 6, en relación con los artículos 14, 21, 22, 23 y 24 de la Directiva y los artículos 1, 3, 4 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que es posible, o no es posible, adoptar una medida o sanción de exclusión temporal (o definitiva) del derecho a las condiciones materiales de acogida respecto a un menor, y en particular respecto a un menor no acompañado?

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(1)  Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (DO 2013, L 180, p. 96).

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/16 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/16

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Varhoven administrativen sad (Bulgaria) el 5 de abril de 2018 — «UniCredit Leasing» EAD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP

(Asunto C-242/18)

(2018/C 211/20)

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Varhoven administrativen sad

Partes en el procedimiento principal

Recurrente en casación:«UniCredit Leasing» EAD

Recurrida en casación: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Permite la disposición del artículo 90, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE, (1) relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en caso de rescisión de un contrato de arrendamiento financiero, la reducción de la base imponible y la devolución de las cuotas del IVA resultantes de una liquidación definitiva practicada por la Inspección de los Tributos sobre una base imponible compuesta de la suma de las cuotas de leasing mensuales correspondientes a todo el período de vigencia del contrato? |
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1)

¿Permite la disposición del artículo 90, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE, (1) relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en caso de rescisión de un contrato de arrendamiento financiero, la reducción de la base imponible y la devolución de las cuotas del IVA resultantes de una liquidación definitiva practicada por la Inspección de los Tributos sobre una base imponible compuesta de la suma de las cuotas de leasing mensuales correspondientes a todo el período de vigencia del contrato?

| 2) | En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿a cuál de los supuestos mencionados en el artículo 90, apartado 1, de la Directiva puede acogerse el arrendador frente a un Estado miembro, en caso de impago parcial de las cuotas de leasing adeudadas, para reducir la base imponible del impuesto proporcionalmente a las cuotas adeudadas pero no pagadas, correspondientes al período comprendido entre el cese del pago de las cuotas y la rescisión del contrato, habida cuenta de que dicha rescisión, tal como se estipuló en el propio contrato, carece de efecto retroactivo? |
| --- | --- |

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿a cuál de los supuestos mencionados en el artículo 90, apartado 1, de la Directiva puede acogerse el arrendador frente a un Estado miembro, en caso de impago parcial de las cuotas de leasing adeudadas, para reducir la base imponible del impuesto proporcionalmente a las cuotas adeudadas pero no pagadas, correspondientes al período comprendido entre el cese del pago de las cuotas y la rescisión del contrato, habida cuenta de que dicha rescisión, tal como se estipuló en el propio contrato, carece de efecto retroactivo?

| 3) | ¿Permite la interpretación del artículo 90, apartado 2, de la Directiva del IVA, en un caso como el presente, deducir la existencia de una excepción a lo dispuesto en el artículo 90, apartado 1, de la Directiva del IVA? |
| --- | --- |

3)

¿Permite la interpretación del artículo 90, apartado 2, de la Directiva del IVA, en un caso como el presente, deducir la existencia de una excepción a lo dispuesto en el artículo 90, apartado 1, de la Directiva del IVA?

| 4) | ¿Permite la interpretación del artículo 90, apartado 1, de la Directiva del IVA considerar que el concepto de rescisión utilizado en dicha disposición comprende los casos en que, en un contrato de arrendamiento financiero con pacto firme de transmisión de la propiedad, el arrendador, una vez que ha rescindido el contrato por incumplimiento del arrendatario, ya no puede exigir a este el pago de las cuotas de leasing, pese a que, conforme a lo dispuesto en el contrato, tenga derecho a una indemnización por el importe de todas las cuotas de leasing impagadas que se habrían devengado hasta la extinción del contrato? |
| --- | --- |

4)

¿Permite la interpretación del artículo 90, apartado 1, de la Directiva del IVA considerar que el concepto de rescisión utilizado en dicha disposición comprende los casos en que, en un contrato de arrendamiento financiero con pacto firme de transmisión de la propiedad, el arrendador, una vez que ha rescindido el contrato por incumplimiento del arrendatario, ya no puede exigir a este el pago de las cuotas de leasing, pese a que, conforme a lo dispuesto en el contrato, tenga derecho a una indemnización por el importe de todas las cuotas de leasing impagadas que se habrían devengado hasta la extinción del contrato?

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(1)  Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1).

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/17 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/17

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 12 de abril de 2018 — Syndicat des cadres de la sécurité intérieure / Premier ministre, Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, Ministre de l’Action et des Comptes publics

(Asunto C-254/18)

(2018/C 211/21)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d’État

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Recurridas: Premier ministre, Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, Ministre de l’Action et des Comptes publics

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Deben interpretarse las disposiciones de los artículos 6 y 16 de la Directiva 2003/88/CE, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, (1) en el sentido de que imponen un período de referencia definido de modo variable en el calendario, o bien en el sentido de que permiten a los Estados miembros optar entre conferir a tal período de referencia un carácter variable en el calendario o un carácter fijo? |
| --- | --- |

1)

¿Deben interpretarse las disposiciones de los artículos 6 y 16 de la Directiva 2003/88/CE, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, (1) en el sentido de que imponen un período de referencia definido de modo variable en el calendario, o bien en el sentido de que permiten a los Estados miembros optar entre conferir a tal período de referencia un carácter variable en el calendario o un carácter fijo?

| 2) | En caso de que dichas disposiciones deban interpretarse en el sentido de que imponen un período de referencia de carácter variable en el calendario, ¿puede referirse la facultad que otorga el artículo 17 de establecer excepciones a lo dispuesto en la letra b) del artículo 16 no solo a la duración del período de referencia, sino también a su carácter variable en el calendario? |
| --- | --- |

2)

En caso de que dichas disposiciones deban interpretarse en el sentido de que imponen un período de referencia de carácter variable en el calendario, ¿puede referirse la facultad que otorga el artículo 17 de establecer excepciones a lo dispuesto en la letra b) del artículo 16 no solo a la duración del período de referencia, sino también a su carácter variable en el calendario?

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(1)  Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9).

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/18 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/18

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 19 de abril de 2018 — UPM France / Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics

(Asunto C-270/18)

(2018/C 211/22)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d’État

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: UPM France

Recurridas: Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Debe interpretarse lo dispuesto en el artículo 21, apartado 5, párrafo tercero, de la Directiva (1) en el sentido de que la facultad que dicha norma reconoce a los Estados miembros para establecer una exención en favor de los pequeños productores de electricidad, siempre que sometan a imposición los productos energéticos utilizados para la producción de dicha electricidad, puede aplicarse en una situación, como la descrita en el apartado 7 de la presente resolución respecto del período anterior al 1 de enero de 2011, en que Francia, de conformidad con la Directiva, aún no había introducido el impuesto interior sobre el consumo final de la electricidad ni había previsto, en consecuencia, una exención de dicho impuesto en favor de los pequeños productores? |
| --- | --- |

1)

¿Debe interpretarse lo dispuesto en el artículo 21, apartado 5, párrafo tercero, de la Directiva (1) en el sentido de que la facultad que dicha norma reconoce a los Estados miembros para establecer una exención en favor de los pequeños productores de electricidad, siempre que sometan a imposición los productos energéticos utilizados para la producción de dicha electricidad, puede aplicarse en una situación, como la descrita en el apartado 7 de la presente resolución respecto del período anterior al 1 de enero de 2011, en que Francia, de conformidad con la Directiva, aún no había introducido el impuesto interior sobre el consumo final de la electricidad ni había previsto, en consecuencia, una exención de dicho impuesto en favor de los pequeños productores?

| 2) | En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cómo deben combinarse las disposiciones del artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva con las de su artículo 21, apartado 5, párrafo tercero, respecto de los pequeños productores que consumen la electricidad que generan para las necesidades de su actividad? En particular, ¿conllevan una imposición mínima derivada o bien de la sujeción al impuesto de la electricidad generada, con una exención del gas natural utilizado, o bien de una exención del impuesto sobre la generación eléctrica, en cuyo caso el Estado debe gravar el gas natural utilizado? |
| --- | --- |

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cómo deben combinarse las disposiciones del artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva con las de su artículo 21, apartado 5, párrafo tercero, respecto de los pequeños productores que consumen la electricidad que generan para las necesidades de su actividad? En particular, ¿conllevan una imposición mínima derivada o bien de la sujeción al impuesto de la electricidad generada, con una exención del gas natural utilizado, o bien de una exención del impuesto sobre la generación eléctrica, en cuyo caso el Estado debe gravar el gas natural utilizado?

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(1)  Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO 2003, L 283, p. 51).

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Tribunal General

| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/19 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/19

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Sentencia del Tribunal General de 3 de mayo de 2018 — Sigma Orionis/REA

(Asunto T-47/16) (1)

((«Cláusula compromisoria - Programa Marco de Investigación e Innovación “Horizon 2020” - Decisión de suspender los pagos y de resolver los contratos de subvención a raíz de una auditoría financiera - Importes supuestamente debidos por la REA en el marco de la ejecución de los contratos de subvención»))

(2018/C 211/23)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Sigma Orionis SA (Valbonne, Francia) (representantes: S. Orlandi, y T. Martin, abogados)

Demandada: Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) (representantes: S. Payan-Lagrou y V. Canetti, agentes, asistidas por D. Waelbroeck y A. Duron, abogados)

Objeto

Recurso basado en el artículo 272 TFUE por el que se solicita que se condene a la REA a abonar a la demandante los importes debidos en concepto de un contrato de subvención celebrado a raíz del Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizon 2020».

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Condenar en costas a Sigma Orionis SA, incluidas las costas relativas al procedimiento sobre medidas provisionales. |
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2)

Condenar en costas a Sigma Orionis SA, incluidas las costas relativas al procedimiento sobre medidas provisionales.

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(1)  DO C 98 de 14.3.2016.

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/19 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/19

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Sentencia del Tribunal General de 3 de mayo de 2018 — Sigma Orionis/Comisión

(Asunto T-48/16) (1)

(«[Cláusula compromisoria - Séptimo Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013) y Programa Marco de Investigación e Innovación “Horizonte 2020” - Suspensión de los pagos y resolución de los contratos de subvención a raíz de una auditoría financiera - Recurso que tiene por objeto obtener el pago de las cantidades debidas por la Comisión en el marco de la ejecución de los contratos de subvención - Responsabilidad extracontractual]»)

(2018/C 211/24)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Sigma Orionis SA (Valbonne, Francia) (representantes: S. Orlandi y T. Martin, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representantes: F. Dintilhac y M. Siekierzyńska, agentes)

Objeto

Por un lado, pretensión basada en el artículo 272 TFUE de que se condene a la Comisión a pagar a la demandante unas cantidades debidas a raíz de unos contratos celebrados en el marco del Séptimo Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013) y del Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte 2020» y, por otro lado, pretensión basada en el artículo 268 TFUE de indemnización del perjuicio supuestamente irrogado a la demandante a raíz del incumplimiento por la Comisión de las obligaciones que le incumben.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Condenar en costas a Sigma Orionis SA, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales. |
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2)

Condenar en costas a Sigma Orionis SA, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.

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(1)  DO C 98 de 14.3.2016.

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/20 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/20

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Sentencia del Tribunal General de 3 de mayo de 2018 — Grizzly Tools/Comisión

(Asunto T-168/16) (1)

((«Protección de la salud y la seguridad de los consumidores y de los trabajadores - Directiva 2006/42/CE - Cláusula de salvaguardia - Medida nacional de prohibición de comercialización de una hidrolimpiadora de alta presión - Requisitos esenciales de seguridad y de salud - Decisión de la Comisión que declara la medida justificada - Obligación de motivación - Igualdad de trato»))

(2018/C 211/25)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Grizzly Tools GmbH & Co. KG (Großostheim, Alemania) (representante: H. Fischer, abogado)

Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente G. Zavvos y K. Petersen, y posteriormente K. Petersen, agentes)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/175 de la Comisión, de 8 de febrero de 2016, relativa a una medida adoptada por España de conformidad con la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, para prohibir la comercialización de un tipo de hidrolimpiadora de alta presión (DO 2016, L 33, p. 12).

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Condenar en costas a Grizzly Tools GmbH & Co. KG. |
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2)

Condenar en costas a Grizzly Tools GmbH & Co. KG.

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(1)  DO C 270 de 25.7.2016.

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/21 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/21

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Sentencia del Tribunal General de 2 de mayo de 2018 — Alpine Welten Die Bergführer/EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer)

(Asunto T-428/17) (1)

([«Marca de la Unión Europea - Solicitud de marca figurativa de la Unión ALPINEWELTEN Die Bergführer - Motivo de denegación absoluto - Carácter descriptivo - Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 211/26)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Alpine Welten Die Bergführer GmbH & Co. KG (Berghülen, Alemania) (representante: T.-C. Leisenberg, abogado)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representantes: W. Schramek y A. Söder, agentes)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 25 de abril de 2017 (asunto R 1339/2016-1), relativa a una solicitud de registro del signo figurativo ALPINEWELTEN Die Bergführer como marca de la Unión.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
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1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Condenar en costas a Alpine Welten Die Bergführer GmbH & Co.KG. |
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2)

Condenar en costas a Alpine Welten Die Bergführer GmbH & Co.KG.

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(1)  DO C 277 de 21.8.2017.

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/21 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/21

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Sentencia del Tribunal General de 3 de mayo de 2018 — Laboratoires Majorelle/EUIPO — Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)

(Asunto T-429/17) (1)

([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca denominativa de la Unión LABORATOIRES MAJORELLE - Marca denominativa anterior de la Unión MAJORELLE - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001] - Marcas anteriores - División de la solicitud de marca - Artículo 44, apartado 6, del Reglamento n.o 207/2009 [actualmente artículo 50, apartado 6, del Reglamento 2017/1001]»])

(2018/C 211/27)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Laboratoires Majorelle (París, Francia) (representante: G. Odinot, abogada)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO: Jardin Majorelle (Marrakech, Marruecos)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 12 de mayo de 2017 (asunto R 1238/2016-5), relativa a un procedimiento de oposición entre Jardin Majorelle y Laboratoires Majorelle.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Condenar en costas a Laboratoires Majorelle. |
| --- | --- |

2)

Condenar en costas a Laboratoires Majorelle.

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(1)  DO C 309 de 18.9.2017.

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/22 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/22

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Recurso interpuesto el 16 de marzo de 2018 — Talanton/Comisión

(Asunto T-195/18)

(2018/C 211/28)

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Demandante: Τalanton Anonimi Emporiki — Symvouleftiki — Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (Palaio Faliro, Grecia) (representante: K. Damis, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Se lleve a cabo un examen pericial debido a las irregularidades del control efectuado por cuenta de la demandada. |
| --- | --- |

—

Se lleve a cabo un examen pericial debido a las irregularidades del control efectuado por cuenta de la demandada.

| — | Determine, por un lado, que: a) la nota de adeudo 3241801228 enviada a la demandante el 15 de enero de 2018, mediante la cual la demandada solicita el pago de 481 835,56 euros, por el contrato de obra FP7-215952 PERFORM sobre la base de la conclusión del control de auditoría 11-ΒΑ135-006, constituye un incumplimiento de sus obligaciones contractuales, ya que los gastos subvencionables para la citada obra ascienden a 605 217 euros, de los cuales la ayuda de la Unión asciende a 490 711 euros y que la demandante debe devolver la cantidad de 21 171 euros, y no la de 481 835,56 euros, y, b) la nota de adeudo 3241801229, enviada a la demandante el 15 de enero de 2018, mediante la cual la demandada solicita el pago de 29 694,10 euros en concepto de indemnización líquida, constituye un incumplimiento de sus obligaciones contractuales. |
| --- | --- |

—

Determine, por un lado, que: a) la nota de adeudo 3241801228 enviada a la demandante el 15 de enero de 2018, mediante la cual la demandada solicita el pago de 481 835,56 euros, por el contrato de obra FP7-215952 PERFORM sobre la base de la conclusión del control de auditoría 11-ΒΑ135-006, constituye un incumplimiento de sus obligaciones contractuales, ya que los gastos subvencionables para la citada obra ascienden a 605 217 euros, de los cuales la ayuda de la Unión asciende a 490 711 euros y que la demandante debe devolver la cantidad de 21 171 euros, y no la de 481 835,56 euros, y, b) la nota de adeudo 3241801229, enviada a la demandante el 15 de enero de 2018, mediante la cual la demandada solicita el pago de 29 694,10 euros en concepto de indemnización líquida, constituye un incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

| 1. | Primer motivo, basado en la ejecución del contrato de buena fe y la prohibición de la aplicación abusiva de las cláusulas contractuales:
  La demandante sostiene que la demandada vulneró el principio de la buena fe, ya que el control previsto fue efectuado, de modo contrario a Derecho, por un tercero que no forma parte del personal del contratista designado de la demandada, ni de los contratistas autorizados, respecto del cual, durante la realización del control, se plantearon dudas de imparcialidad, actuando de modo irregular. |
| --- | --- |

1.

Primer motivo, basado en la ejecución del contrato de buena fe y la prohibición de la aplicación abusiva de las cláusulas contractuales:

La demandante sostiene que la demandada vulneró el principio de la buena fe, ya que el control previsto fue efectuado, de modo contrario a Derecho, por un tercero que no forma parte del personal del contratista designado de la demandada, ni de los contratistas autorizados, respecto del cual, durante la realización del control, se plantearon dudas de imparcialidad, actuando de modo irregular.

| 2. | Segundo motivo, basado en la cláusula compromisoria:






  — | La demandante proporcionó suficientes elementos de prueba alternativos que incluyen declaraciones juradas, escritos correspondientes del personal de la demandante, documentos presentados durante la realización, que no fueron de ningún modo contestados y que no fueron tomados en consideración por la demandada. |
| --- | --- | --- |

2.

Segundo motivo, basado en la cláusula compromisoria:

—

La demandante proporcionó suficientes elementos de prueba alternativos que incluyen declaraciones juradas, escritos correspondientes del personal de la demandante, documentos presentados durante la realización, que no fueron de ningún modo contestados y que no fueron tomados en consideración por la demandada.

| — | La demandante expone analíticamente treinta y nueve motivos respecto de los cuales el informe de auditoría es inexacto, defectuoso, falto de credibilidad y conduce a conclusiones erróneas. |
| --- | --- |

—

La demandante expone analíticamente treinta y nueve motivos respecto de los cuales el informe de auditoría es inexacto, defectuoso, falto de credibilidad y conduce a conclusiones erróneas.

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/23 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/23

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Recurso interpuesto el 20 de marzo de 2018 — Fersher Developments y Lisin/Comisión y BCE

(Asunto T-200/18)

(2018/C 211/29)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: Fersher Developments LTD (Nicosia, Chipre) y Vladimir Lisin (representante: R. Nowinski, Barrister)

Demandadas: Comisión Europea y Banco Central Europeo

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Disponga que la Unión Europea deberá indemnizar el daño sufrido por las demandantes como consecuencia de la adopción y de la aplicación del Memorándum de Entendimiento sobre Condiciones Específicas de Política Económica, en las cantidades que figuran en la demanda o en la cantidad que el Tribunal de Justicia estime que se adeuda a las demandantes. |
| --- | --- |

—

Disponga que la Unión Europea deberá indemnizar el daño sufrido por las demandantes como consecuencia de la adopción y de la aplicación del Memorándum de Entendimiento sobre Condiciones Específicas de Política Económica, en las cantidades que figuran en la demanda o en la cantidad que el Tribunal de Justicia estime que se adeuda a las demandantes.

| — | Condene a la Unión Europea a pagar las costas del procedimiento. |
| --- | --- |

—

Condene a la Unión Europea a pagar las costas del procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, las partes demandante invocan tres motivos que son en lo esencial idénticos o similares a los invocados en el marco del asunto T-161/15, Brinkmann (Steel Trading) y otros / Comisión y BCE.

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/23 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/23

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Recurso interpuesto el 23 de marzo de 2018 — Nessim Daoud y otros/Consejo y otros

(Asunto T-208/18)

(2018/C 211/30)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: Magdy Milad Nessim Daoud (Blainville, Canadá), Larsennar Ltd (Tortola, Islas Vírgenes Británicas) y Maxim Zakharchenko (Nicosia, Chipre) (representantes: A. Markides, M. Ioannides, C. Velaris y C. Velaris, abogados, A. Robertson, QC y G. Rothschild, Barrister)

Demandadas: Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Banco Central Europeo, Eurogrupo (representados por el Consejo de la Unión Europea) y la Unión Europea (representada por la Comisión Europea)

Pretensiones

Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

| — | Condene a las partes demandadas a pagar a las partes demandantes las cantidades que figuran en la relación anexa a la demanda más los intereses que se devenguen desde el 26 de marzo de 2013 hasta que el Tribunal de Justicia dicte sentencia. |
| --- | --- |

—

Condene a las partes demandadas a pagar a las partes demandantes las cantidades que figuran en la relación anexa a la demanda más los intereses que se devenguen desde el 26 de marzo de 2013 hasta que el Tribunal de Justicia dicte sentencia.

o, con carácter subsidiario,

| — | Declare que las partes demandadas han incurrido en responsabilidad extracontractual y determine el procedimiento que ha de seguirse para acreditar el daño efectivamente resarcible sufrido por las partes demandantes. |
| --- | --- |

—

Declare que las partes demandadas han incurrido en responsabilidad extracontractual y determine el procedimiento que ha de seguirse para acreditar el daño efectivamente resarcible sufrido por las partes demandantes.

y, en cualquier caso,

| — | Condene a las partes demandadas a cargar con las costas de las partes demandantes. |
| --- | --- |

—

Condene a las partes demandadas a cargar con las costas de las partes demandantes.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos que son en lo esencial idénticos o similares a los invocados en el marco del asunto T-147/18, APG Intercon y otros/Consejo y otros.

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/24 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/24

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Recurso interpuesto el 27 de marzo de 2018 — Briois/Parlamento

(Asunto T-214/18)

(2018/C 211/31)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Steeve Briois (Hénin-Beaumont, Francia) (representante: F. Wagner, abogado)

Demandada: Parlamento Europeo

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Anule la decisión del Parlamento Europeo, de 6 febrero de 2018, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Steeve Briois 2017/2221 (IMM) por la que se adopta el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos A8-0011/2018. |
| --- | --- |

—

Anule la decisión del Parlamento Europeo, de 6 febrero de 2018, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Steeve Briois 2017/2221 (IMM) por la que se adopta el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos A8-0011/2018.

| — | Condene al Parlamento Europeo a abonar a Steeve Briois el importe de 35 000 euros en concepto de reparación de los daños morales sufridos. |
| --- | --- |

—

Condene al Parlamento Europeo a abonar a Steeve Briois el importe de 35 000 euros en concepto de reparación de los daños morales sufridos.

| — | Condene al Parlamento Europeo a abonar a Steeve Briois el importe de 5 000 euros en concepto de costas recuperables. |
| --- | --- |

—

Condene al Parlamento Europeo a abonar a Steeve Briois el importe de 5 000 euros en concepto de costas recuperables.

| — | Condene al Parlamento Europeo a cargar con la totalidad de las costas del procedimiento. |
| --- | --- |

—

Condene al Parlamento Europeo a cargar con la totalidad de las costas del procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

| 1. | Primer motivo, basado en la infracción del artículo 8 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Protocolo»), puesto que la declaración del Sr. Briois que dio lugar a actuaciones judiciales penales en su Estado miembro de origen constituye una opinión expresada en el ejercicio de las funciones parlamentarias en el sentido de esta disposición. |
| --- | --- |

1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 8 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Protocolo»), puesto que la declaración del Sr. Briois que dio lugar a actuaciones judiciales penales en su Estado miembro de origen constituye una opinión expresada en el ejercicio de las funciones parlamentarias en el sentido de esta disposición.

| 2. | Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 9 del Protocolo, debido a que el Parlamento desconoció tanto la letra como el espíritu de esta disposición al adoptar la decisión de suspender la inmunidad del Sr. Briois, viciándola de nulidad. |
| --- | --- |

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 9 del Protocolo, debido a que el Parlamento desconoció tanto la letra como el espíritu de esta disposición al adoptar la decisión de suspender la inmunidad del Sr. Briois, viciándola de nulidad.

| 3. | Tercer motivo, basado en la vulneración de los principios de igualdad de trato y de buena administración.
  En primer lugar, la parte demandante estima que el Parlamento vulneró el principio de igualdad en su contra en comparación con ciertos diputados que se hallan en situaciones, si no idénticas, al menos comparables, vulnerando también en consecuencia el principio de buena administración, que conlleva la obligación de la institución competente de examinar minuciosa e imparcialmente todos los elementos pertinentes del caso de que se trate.
  En segundo lugar, la parte demandante considera que existe una serie de indicios que permite concluir que se ha producido un caso manifiesto de fumus persecutionis contra su persona. |
| --- | --- |

3.

Tercer motivo, basado en la vulneración de los principios de igualdad de trato y de buena administración.

En primer lugar, la parte demandante estima que el Parlamento vulneró el principio de igualdad en su contra en comparación con ciertos diputados que se hallan en situaciones, si no idénticas, al menos comparables, vulnerando también en consecuencia el principio de buena administración, que conlleva la obligación de la institución competente de examinar minuciosa e imparcialmente todos los elementos pertinentes del caso de que se trate.

En segundo lugar, la parte demandante considera que existe una serie de indicios que permite concluir que se ha producido un caso manifiesto de fumus persecutionis contra su persona.

| 4. | Cuarto motivo, basado en la violación de los derechos de defensa, ya que su audiencia ante la Comisión de Asuntos Jurídicos no garantizó de manera suficiente los derechos de la parte demandante y el principio de contradicción. De este modo, la parte demandante alega que el hecho de que no se lo invitara a expresarse ante el Pleno sobre la suspensión de la inmunidad no solo contraviene los principios generales del Derecho, sino que también es contraria al sentido común y a la mayor parte de los usos parlamentarios. |
| --- | --- |

4.

Cuarto motivo, basado en la violación de los derechos de defensa, ya que su audiencia ante la Comisión de Asuntos Jurídicos no garantizó de manera suficiente los derechos de la parte demandante y el principio de contradicción. De este modo, la parte demandante alega que el hecho de que no se lo invitara a expresarse ante el Pleno sobre la suspensión de la inmunidad no solo contraviene los principios generales del Derecho, sino que también es contraria al sentido común y a la mayor parte de los usos parlamentarios.

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/25 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/25

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Recurso interpuesto el 27 de marzo de 2018 — QB/BCE

(Asunto T-215/18)

(2018/C 211/32)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: QB (representante: L. Levi, abogada)

Demandada: Banco Central Europeo

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Declare el presente recurso admisible y fundado. |
| --- | --- |

—

Declare el presente recurso admisible y fundado.

En consecuencia,

| — | Anule el informe de evaluación para el año 2016, y la decisión de 23 de mayo de 2017, notificada el 28 de junio de 2017, por la que se deniega a la demandante una progresión salarial. |
| --- | --- |

—

Anule el informe de evaluación para el año 2016, y la decisión de 23 de mayo de 2017, notificada el 28 de junio de 2017, por la que se deniega a la demandante una progresión salarial.

| — | En la medida en que sea necesario, anule la decisión de septiembre de 2017 y la decisión desestimatoria implícita, respectivamente, del recurso administrativo y de la reclamación de la demandante. |
| --- | --- |

—

En la medida en que sea necesario, anule la decisión de septiembre de 2017 y la decisión desestimatoria implícita, respectivamente, del recurso administrativo y de la reclamación de la demandante.

| — | Condene a la demandada a pagar una indemnización por el daño moral sufrido, valorada ex aequo et bono en 15 000 euros. |
| --- | --- |

—

Condene a la demandada a pagar una indemnización por el daño moral sufrido, valorada ex aequo et bono en 15 000 euros.

| — | Condene a la demandada al pago de la totalidad de las costas. |
| --- | --- |

—

Condene a la demandada al pago de la totalidad de las costas.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca seis motivos.

| 1. | Primer motivo, basado en la violación de la Guía de calificación y del procedimiento de Annual Salary and Bonus Review (ASBR), la vulneración del principio de seguridad jurídica y el incumplimiento del deber de asistencia y protección, cometidos por la parte demandada al adoptar el informe de evaluación para el año 2016 (en lo sucesivo, «informe de evaluación controvertido»). La parte demandante invoca, en particular, los siguientes argumentos:






  — | El informe de evaluación controvertido fue redactado por un agente de la DG-H y no por los evaluadores. |
| --- | --- | --- |

1.

Primer motivo, basado en la violación de la Guía de calificación y del procedimiento de Annual Salary and Bonus Review (ASBR), la vulneración del principio de seguridad jurídica y el incumplimiento del deber de asistencia y protección, cometidos por la parte demandada al adoptar el informe de evaluación para el año 2016 (en lo sucesivo, «informe de evaluación controvertido»). La parte demandante invoca, en particular, los siguientes argumentos:

—

El informe de evaluación controvertido fue redactado por un agente de la DG-H y no por los evaluadores.

| — | El informe de evaluación controvertido se adoptó cuando ya se había cerrado de manera definitiva el ejercicio de evaluación de la demandante. |
| --- | --- |

—

El informe de evaluación controvertido se adoptó cuando ya se había cerrado de manera definitiva el ejercicio de evaluación de la demandante.

| — | El período de evaluación objeto del informe de evaluación controvertido se refiere a un espacio de tiempo excesivamente corto que no permite la evaluación anual. |
| --- | --- |

—

El período de evaluación objeto del informe de evaluación controvertido se refiere a un espacio de tiempo excesivamente corto que no permite la evaluación anual.

| — | El informe de evaluación controvertido no es un instrumento para medir el rendimiento. |
| --- | --- |

—

El informe de evaluación controvertido no es un instrumento para medir el rendimiento.

| 2. | Segundo motivo, basado en el error manifiesto de que adolece el informe de evaluación controvertido, en la medida en que, por una parte, la evaluación se basa parcialmente en una tarea no terminada debido a una baja por enfermedad, y, por otra parte, una evaluación positiva de un gestor externo se comentó irregularmente y los evaluadores redujeron su alcance y tampoco tuvieron en cuenta los objetivos. |
| --- | --- |

2.

Segundo motivo, basado en el error manifiesto de que adolece el informe de evaluación controvertido, en la medida en que, por una parte, la evaluación se basa parcialmente en una tarea no terminada debido a una baja por enfermedad, y, por otra parte, una evaluación positiva de un gestor externo se comentó irregularmente y los evaluadores redujeron su alcance y tampoco tuvieron en cuenta los objetivos.

| 3. | Tercer motivo, basado en que la decisión de 23 de mayo de 2017 por la que se deniega a la parte demandante la progresión salarial (en lo sucesivo, «decisión ABSR») se basa en un informe de evaluación ilegal. |
| --- | --- |

3.

Tercer motivo, basado en que la decisión de 23 de mayo de 2017 por la que se deniega a la parte demandante la progresión salarial (en lo sucesivo, «decisión ABSR») se basa en un informe de evaluación ilegal.

| 4. | Cuarto motivo, basado en que la decisión ASBR fue adoptada por una autoridad que no era competente, en la medida en que esta fue adoptada por una persona nombrada temporalmente por 6 meses que no tenía el estatus requerido para tomar la referida decisión. |
| --- | --- |

4.

Cuarto motivo, basado en que la decisión ASBR fue adoptada por una autoridad que no era competente, en la medida en que esta fue adoptada por una persona nombrada temporalmente por 6 meses que no tenía el estatus requerido para tomar la referida decisión.

| 5. | Quinto motivo, basado en varios errores manifiestos de los que adolece la decisión ASBR, en la medida en que la citada decisión no pudo constatar una «underperformance» en el momento de su adopción. |
| --- | --- |

5.

Quinto motivo, basado en varios errores manifiestos de los que adolece la decisión ASBR, en la medida en que la citada decisión no pudo constatar una «underperformance» en el momento de su adopción.

| 6. | Sexto motivo, basado en la violación de las directrices ASBR y del procedimiento ASBR y violación del artículo 41 de la Carta, en tanto la decisión ASBR carecía de motivación. |
| --- | --- |

6.

Sexto motivo, basado en la violación de las directrices ASBR y del procedimiento ASBR y violación del artículo 41 de la Carta, en tanto la decisión ASBR carecía de motivación.

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/26 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/26

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Recurso interpuesto el 28 de marzo de 2018 — Pozza/Parlamento

(Asunto T-216/18)

(2018/C 211/33)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Geoffray Pozza (Waldbillig, Luxemburgo) (representantes: S. Orlandi y T. Martin, abogados)

Demandada: Parlamento Europeo

Pretensiones

El demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Anule la decisión de dejar de abonarle la indemnización por expatriación a partir del 1 de mayo de 2017. |
| --- | --- |

—

Anule la decisión de dejar de abonarle la indemnización por expatriación a partir del 1 de mayo de 2017.

| — | Condene en costas al Parlamento. |
| --- | --- |

—

Condene en costas al Parlamento.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, el demandante invoca tres motivos.

| 1. | El primer motivo de recurso se basa en la infracción del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea cometida por el Parlamento cuando interpretó erróneamente esta disposición al adoptar la decisión de dejar de abonar al demandante la indemnización por expatriación. |
| --- | --- |

1.

El primer motivo de recurso se basa en la infracción del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea cometida por el Parlamento cuando interpretó erróneamente esta disposición al adoptar la decisión de dejar de abonar al demandante la indemnización por expatriación.

| 2. | El segundo motivo de recurso se basa en que el Parlamento carece de competencia para adoptar la decisión impugnada, ya que el traslado de un funcionario de una institución a otra no constituye un nuevo reclutamiento y, por consiguiente, el Parlamento no puede utilizar el traslado del demandante como pretexto para determinar, por segunda vez, el derecho de éste a la indemnización por expatriación. |
| --- | --- |

2.

El segundo motivo de recurso se basa en que el Parlamento carece de competencia para adoptar la decisión impugnada, ya que el traslado de un funcionario de una institución a otra no constituye un nuevo reclutamiento y, por consiguiente, el Parlamento no puede utilizar el traslado del demandante como pretexto para determinar, por segunda vez, el derecho de éste a la indemnización por expatriación.

| 3. | El tercer motivo de recurso se basa en la violación del principio de confianza legítima y de la decisión anterior del Tribunal de Cuentas por la que se determinaron los derechos del demandante, ya que todo acto administrativo adoptado por una institución goza de una presunción de legalidad y, en el presente asunto, la decisión del Tribunal de Cuentas generó en el demandante una confianza legítima en que la indemnización por expatriación se mantendría todo el tiempo en que siguiera estando destinado en Luxemburgo. |
| --- | --- |

3.

El tercer motivo de recurso se basa en la violación del principio de confianza legítima y de la decisión anterior del Tribunal de Cuentas por la que se determinaron los derechos del demandante, ya que todo acto administrativo adoptado por una institución goza de una presunción de legalidad y, en el presente asunto, la decisión del Tribunal de Cuentas generó en el demandante una confianza legítima en que la indemnización por expatriación se mantendría todo el tiempo en que siguiera estando destinado en Luxemburgo.

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/27 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/27

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Recurso interpuesto el 28 de marzo del 2018 — DK/SEAE

(Asunto T-217/18)

(2018/C 211/34)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: DK (representantes: S. Orlandi y T. Martin, abogados)

Demandada: Servicio Europeo de Acción Exterior

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Anule la decisión de 23 de mayo de 2017 de infligirle una sanción disciplinaria por la que se reduce en un 20 % el importe neto de su pensión de jubilación, esto es, se le aplica una retención de 1 015 euros al mes, hasta el 30 de septiembre de 2025 con arreglo al artículo 9, apartado 2, del anexo IX del Estatuto. |
| --- | --- |

—

Anule la decisión de 23 de mayo de 2017 de infligirle una sanción disciplinaria por la que se reduce en un 20 % el importe neto de su pensión de jubilación, esto es, se le aplica una retención de 1 015 euros al mes, hasta el 30 de septiembre de 2025 con arreglo al artículo 9, apartado 2, del anexo IX del Estatuto.

| — | Con carácter subsidiario, condene al SEAE a abonarle una cantidad de un importe fijado ex aequo et bono en concepto de reparación del perjuicio sufrido. |
| --- | --- |

—

Con carácter subsidiario, condene al SEAE a abonarle una cantidad de un importe fijado ex aequo et bono en concepto de reparación del perjuicio sufrido.

| — | En cualquier caso, condene en costas al SEAE. |
| --- | --- |

—

En cualquier caso, condene en costas al SEAE.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

| 1. | Primer motivo, basado en la existencia de errores manifiestos de apreciación de los que adolece supuestamente la decisión impugnada, en la medida en que, por un lado, la AFPN tuvo en cuenta un perjuicio causado por la parte demandante a la integridad de las instituciones que, sin embargo, ya se había reparado y, por otro, la duración de la sanción disciplinaria impuesta es arbitraria, en la medida en que se fijó sobre la base de la edad legal de jubilación de la parte demandante. |
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1.

Primer motivo, basado en la existencia de errores manifiestos de apreciación de los que adolece supuestamente la decisión impugnada, en la medida en que, por un lado, la AFPN tuvo en cuenta un perjuicio causado por la parte demandante a la integridad de las instituciones que, sin embargo, ya se había reparado y, por otro, la duración de la sanción disciplinaria impuesta es arbitraria, en la medida en que se fijó sobre la base de la edad legal de jubilación de la parte demandante.

| 2. | Segundo motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad por parte de la decisión impugnada, debido a que no se consideró, ilegalmente, la antigüedad de los hechos, no se tuvo en cuenta la infracción del artículo 25 del anexo IX del Estatuto durante el procedimiento penal y no se consideró la situación familiar de la parte demandante. |
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2.

Segundo motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad por parte de la decisión impugnada, debido a que no se consideró, ilegalmente, la antigüedad de los hechos, no se tuvo en cuenta la infracción del artículo 25 del anexo IX del Estatuto durante el procedimiento penal y no se consideró la situación familiar de la parte demandante.

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/28 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/28

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Recurso interpuesto el 23 de abril de 2018 — China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products y otros/Comisión

(Asunto T-254/18)

(2018/C 211/35)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (Pekín, China) y otros 9 (representantes: R. Antonini, E. Monard y B. Maniatis, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/140 de la Comisión, de 29 de enero de 2018, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinados artículos de hierro de fundición originarios de la República Popular China y se da por concluida la investigación en relación con las importaciones de determinados artículos de hierro de fundición originarios de la India (DO 2018, L 25, p. 6), en la medida en que se refiere a la CCCME, las distintas empresas y los miembros afectados. |
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—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/140 de la Comisión, de 29 de enero de 2018, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinados artículos de hierro de fundición originarios de la República Popular China y se da por concluida la investigación en relación con las importaciones de determinados artículos de hierro de fundición originarios de la India (DO 2018, L 25, p. 6), en la medida en que se refiere a la CCCME, las distintas empresas y los miembros afectados.

| — | Condene en costas a la Comisión. |
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—

Condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca seis motivos.

| 1. | Primer motivo, basado en que la Comisión Europea infringió los artículos 3, apartados 2, 3, 5, 6 y 7, y 17, apartado 2, del Reglamento de base y vulneró el principio de buena administración, en particular al haber utilizado datos sobre importación no fiables, datos sobre el perjuicio macroeconómico no fiables y datos sobre rentabilidad no fiables, y al no haber permitido que otras partes interesadas pudieran formular observaciones sobre la selección final de la muestra de productores de la Unión. |
| --- | --- |

1.

Primer motivo, basado en que la Comisión Europea infringió los artículos 3, apartados 2, 3, 5, 6 y 7, y 17, apartado 2, del Reglamento de base y vulneró el principio de buena administración, en particular al haber utilizado datos sobre importación no fiables, datos sobre el perjuicio macroeconómico no fiables y datos sobre rentabilidad no fiables, y al no haber permitido que otras partes interesadas pudieran formular observaciones sobre la selección final de la muestra de productores de la Unión.

| 2. | Segundo motivo, basado en que la Comisión Europea infringió los artículos 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base, en particular al no haber tomado en consideración la falta de simultaneidad y al no haber evitado que el perjuicio causado por otros factores se atribuyera a las importaciones chinas. |
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2.

Segundo motivo, basado en que la Comisión Europea infringió los artículos 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base, en particular al no haber tomado en consideración la falta de simultaneidad y al no haber evitado que el perjuicio causado por otros factores se atribuyera a las importaciones chinas.

| 3. | Tercer motivo, basado en que la Comisión vulneró el derecho de defensa de las demandantes e infringió los artículos 6, apartado 7, 19, apartados 1 a 3, y 20, apartados 2, y 4, del Reglamento de base, en particular al no haber consentido acceso alguno a los cálculos del perjuicio, los efectos de los precios y los cálculos relativos al nivel de eliminación del perjuicio y a la determinación del valor normal, negándose incluso a facilitar la información solicitada en forma de versión agregada, y al no haber revelado abundante información pertinente, a pesar de haber sido requerida en ese sentido en reiteradas ocasiones. |
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3.

Tercer motivo, basado en que la Comisión vulneró el derecho de defensa de las demandantes e infringió los artículos 6, apartado 7, 19, apartados 1 a 3, y 20, apartados 2, y 4, del Reglamento de base, en particular al no haber consentido acceso alguno a los cálculos del perjuicio, los efectos de los precios y los cálculos relativos al nivel de eliminación del perjuicio y a la determinación del valor normal, negándose incluso a facilitar la información solicitada en forma de versión agregada, y al no haber revelado abundante información pertinente, a pesar de haber sido requerida en ese sentido en reiteradas ocasiones.

| 4. | Cuarto motivo, basado en que la Comisión infringió los artículos 2, apartado 10, 3, apartados 2, letra a), y 3, y 9, apartado 4, del Reglamento de base y vulneró el principio de buena administración, al no haber tenido en cuenta en su comparación de precios todas las características de los números de control del producto, al no haber aportado la información necesaria en relación con las características del producto al margen de las que figuran en los números de control del producto originales, y al haber rechazado equivocadamente la solicitud de ajuste del valor normal para corregir las irregularidades que se derivan del bajo volumen de producción en India. |
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4.

Cuarto motivo, basado en que la Comisión infringió los artículos 2, apartado 10, 3, apartados 2, letra a), y 3, y 9, apartado 4, del Reglamento de base y vulneró el principio de buena administración, al no haber tenido en cuenta en su comparación de precios todas las características de los números de control del producto, al no haber aportado la información necesaria en relación con las características del producto al margen de las que figuran en los números de control del producto originales, y al haber rechazado equivocadamente la solicitud de ajuste del valor normal para corregir las irregularidades que se derivan del bajo volumen de producción en India.

| 5. | Quinto motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 2, apartados 10, letra b,) y 7, letra a), del Reglamento de base, al efectuar un ajuste al alza del valor normal para los impuestos indirectos. |
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5.

Quinto motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 2, apartados 10, letra b,) y 7, letra a), del Reglamento de base, al efectuar un ajuste al alza del valor normal para los impuestos indirectos.

| 6. | Sexto motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, al haberse apoyado únicamente en datos facilitados por un productor indio para la determinación de los costes de venta, los costes generales y los costes administrativos así como del beneficio empleados para establecer el valor normal calculado, en vez de utilizar toda la información pertinente disponible respecto a un país análogo. |
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6.

Sexto motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, al haberse apoyado únicamente en datos facilitados por un productor indio para la determinación de los costes de venta, los costes generales y los costes administrativos así como del beneficio empleados para establecer el valor normal calculado, en vez de utilizar toda la información pertinente disponible respecto a un país análogo.

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| 18.6.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 211/29 |
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18.6.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 211/29

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Auto del Tribunal General de 16 de abril de 2018 — UN/Comisión

(Asunto T-676/17) (1)

(2018/C 211/36)

Lengua de procedimiento: alemán

El Presidente de la Sala Cuarta ha resuelto archivar el asunto.

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(1)  DO C 402 de 27.11.2017.

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