Número Identificador

SEN2023 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

EL PUEBLO DE 

PUERTO RICO

Recurrido

v.

JENNIFER CAROL 

LEEKA

Peticionaria

KLCE202301254

CERTIORARI

procedente del

Tribunal de Primera

Instancia, Sala 

Superior de 

Mayagüez

Sala: 205

Civil Núm. 

I1VP202300878

I1VP202300879

Sobre: Art. 239 Ley 

146; Art. 245 del C.P.

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el 

Juez Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2023.

Comparece ante nos la peticionaria, Jennifer Carol Leeka, 

para solicitarnos que se revise la Resolución emitida el 2 de 

noviembre de 2023, notificada el 6 de noviembre de 2023, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez.

Mediante este dictamen, el foro a quo declaró No Ha Lugar a la 

Solicitud de Prueba de Impugnación.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari y se confirma la Resolución recurrida, por 

lo que se declara No ha Lugar a la Moción de Auxilio de Jurisdicción.

I

El presente caso es secuela del recurso KLCE202301138, 

atendido recientemente por este Tribunal de Apelaciones. En el 

referido caso, declaramos No Ha Lugar a la Moción en Auxilio de 

Jurisdicción y denegamos la expedición del auto de certiorari. Los 

hechos pertinentes del caso de epígrafe son los siguientes.
KLCE202301254 2

Por hechos ocurridos el día anterior, el 27 de julio de 2023 se 

presentaron dos (2) denuncias contra la Sra. Carol Leeka por una

infracción al Artículo 239 y otra al Artículo 245 de la Ley Núm. 146-

2012, según enmendada, conocida como el Código Penal de Puerto 

Rico. De las denuncias surge que a la peticionaria se le imputa, 

como primera infracción, el haber efectuado una llamada telefónica 

al Sistema de Emergencias 9-1-1 para dar aviso falso de que en su 

residencia había una persona agresiva y, como segunda infracción, 

por emplear violencia e intimidación contra un agente del orden 

público, mientras éste intentaba diligenciar una Orden de 

Protección. El mismo día, se celebró una vista para la determinación 

de causa probable para arresto al amparo de la Regla 6 de 

Procedimiento Criminal1 y se determinó causa probable para arresto

por cada uno de los cargos imputados.

Asimismo, el 17 de agosto de 2023, la peticionaria presentó 

una Moción Solicitando Producción de Prueba Favorable a la 

Imputada. En el referido y escueto escrito, la peticionaria solicitó que 

se le ordenara al Ministerio Público a proveer toda prueba favorable,

“ya sea exculpatoria o de impugnación sin entenderse como una 

lista cerrada”.

2 No obstante, el 24 de agosto de 2023, el Ministerio 

Público negó la existencia de prueba relevante a la inocencia o

favorable para la peticionaria mediante Réplica a Solicitud de Prueba 

Favorable a la Imputada presentada. En desacuerdo, la peticionaria 

presentó una Oposición a Réplica a Solicitud de Prueba Favorable a 

la Imputada, donde reafirmó su postura en cuanto a que el 

Ministerio Público estaba obligado a proveer evidencia de 

impugnación en esta etapa y solicitó lo siguiente:

1 Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 6.

2 Véase apéndice del recurso KLCE202301254, pág. 26.
KLCE202301254 3

a. Testigo Nancy Cruz

i. Toda evidencia documental sobre la herencia 

de la residencia de Sabana Grande donde se 

efectuaron los arrestos el 26 de julio de 2023.

ii. Toda evidencia de prejuicios del testigo, 

pruebas de uso de sustancias controladas, 

tratamiento psiquiátrico, promesa de incentivos 

monetarios y/o de trato favorable y/o 

inmunidad.

iii. Toda evidencia de convicciones en el estado 

de la Florida.

b. Toda llamada realizada desde horas de la mañana y 

por la tarde del 26 de julio de 2023 al sistema de 

emergencia 911.

c. Toda otra llamada relacionada al caso hecha al 

sistema de emergencia 911.

d. Todos los informes policiacos requeridos por el Articulo 

12 de la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico, 33 L.P.R.A. 

§ 4022, de tanto la intervención hecha por la mañana 

como la segunda por la tarde el 26 de julio de 2023.

i. Toda evidencia de quien ordeno las 

intervenciones de la mañana y la de la tarde el 

26 de julio de 2023.

ii. Que policías estuvieron presentes y 

participaron en la intervención de la mañana del 

26 de julio de 2023.

iii. Que policías estuvieron presentes y 

participaron en la intervención de la tarde del 26 

de julio de 2023. 

iv. Toda evidencia de acciones o querellas 

administrativas contra todos los policías que 

participaron en la intervención de la mañana y en 

la de la tarde del 26 de julio de 2023.

e. Todo entrenamiento de la academia o de cualquier otra 

naturaleza recibido por todos los policías que 

participaron en la intervención de la mañana y en la de 

la tarde del 26 de julio de 2023 sobre la cuarta enmienda 

federal y los allanamientos.

f. Todo informe, libro, documento, papel y notas de los 

policías realizadas como parte de la investigación y toda 

evidencia objetiva que tenga en su poder la Policía de 

Puerto Rico entre sus diferentes cuerpos o divisiones, el 

fiscal, o cualquier otra entidad, como consecuencia de 

análisis, pruebas o investigaciones realizadas en 

relación con los casos de epígrafe particularmente de 

todos los policías que participaron en la intervención de 

la mañana y en la de la tarde del 26 de julio de 2023.
KLCE202301254 4

Así las cosas, el 22 de septiembre de 2023, el Ministerio 

Público presentó Moción en Cumplimiento de Orden y reiteró que la 

inexistencia de prueba favorable a la peticionaria, tanto del 

expediente como de la investigación realizada. Además, añadió que 

la moción en oposición presentada por la peticionaria constituía una 

moción de descubrimiento de prueba, la cual no se permite en la

etapa de vista preliminar y que la peticionaria tampoco probó que la 

prueba solicitada fuera exculpatoria o la eximiera de conducta 

delictiva.

En atención a las mociones de ambas partes, el 2 de octubre 

de 2023, notificada el 5 de octubre de 2023, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una Resolución y determinó, entre otras cosas, que 

“[e]n etapa previa (Vista Preliminar) a la presentación del pliego 

acusatorio no se ha activado aún el derecho al descubrimiento de 

prueba”.

Posteriormente, la peticionaria presentó una Moción en Auxilio 

de Jurisdicción y recurso de certiorari ante este Tribunal de 

Apelaciones, bajo el caso KLCE202301138. Según indicamos 

anteriormente, este foro revisor declaró No Ha Lugar a la Moción en 

Auxilio de Jurisdicción y denegó la expedición del auto de certiorari

mediante Resolución emitida y notificada el 16 de octubre de 2023.

Como razonamiento para denegar la expedición del auto, este foro 

intermedio expresó que la peticionaria se limitó a alegar que el 

Ministerio Público poseía prueba exculpatoria y que la misma le 

beneficiaba para fines impugnatorios, sin haber presentado 

evidencia alguna que sostuviera su pedido. En adición, se concluyó 

que, particularmente al hacer un listado de evidencia a solicitar, la 

moción constituyó un pedido de descubrimiento de prueba que 

propiciaba que la defensa efectuara una expedición de pesca en el 

expediente de la Fiscalía, todo previo a la vista preliminar.
KLCE202301254 5

El 18 de octubre de 2023, a solo dos (2) días luego del 

dictamen de este Tribunal, la peticionaria presentó una Solicitud de 

Prueba de Impugnación. Mediante esta, la peticionaria citó a este 

Tribunal de Apelaciones e hizo referencia al caso KLCE202301138, 

descansando en el derecho expuesto y no en el razonamiento, para 

nuevamente solicitar un listado de evidencia, “sin entenderse como 

una lista cerrada para la defensa poder estar adecuadamente para 

la vista preliminar”. La peticionaria solicitó lo siguiente:

a. Testigo Nancy Cruz

i. Toda evidencia documental sobre la herencia 

de la residencia de Sabana Grande donde se 

efectuaron los arrestos el 26 de julio de 2023.

Esta tiene que ver con los motivos para radicar la 

petición de acecho.

ii. Toda evidencia de prejuicios del testigo, 

pruebas de uso de sustancias controladas, 

tratamiento psiquiátrico, promesa de incentivos 

monetarios y/o de trato favorable y/o 

inmunidad. Esta tiene que ver con su estado 

mental al solicitar la petición de acecho.

iii. Toda evidencia de convicciones en el estado 

de la Florida. Esta tiene que ver con su estado 

mental al solicitar la petición de acecho.

iv. Todos los informes policiacos requeridos por el 

Articulo 12 de la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico, 

33 L.P.R.A. § 4022, de tanto la intervención hecha 

por la mañana como la segunda por la tarde el 26 de 

julio de 2023. Esta tiene que ser usada para 

comparar con el testimonio de los policías testigos y 

sus declaraciones juradas.

v. Toda evidencia de quien ordeno las 

intervenciones de la mañana y la de la tarde el 

26 de julio de 2023.

vi. Que policías estuvieron presentes y 

participaron en la intervención de la mañana del 

26 de julio de 2023.

vii. Que policías estuvieron presentes y 

participaron en la intervención de la tarde del 26 

de julio de 2023. 

En respuesta, el Ministerio Público presentó una Contestación 

a Solicitud de Prueba de Impugnación. Esgrimió que la prueba 

solicitada por la peticionaria era irrelevante, inmaterial e 
KLCE202301254 6

impertinente y que no estaba relacionada con los delitos imputados 

en las denuncias contra la peticionaria. Además, arguyó que no 

existe derecho a descubrimiento de prueba por el imputado en la 

etapa de vista preliminar, con excepción a las declaraciones juradas 

de los testigos que declararon y sobre circunstancias especiales. Por 

último, indicó que la peticionaria no había demostrado que la 

prueba solicitada era exculpatoria de conducta delictiva.

El 2 de noviembre de 2023, notificada el 6 de noviembre de 

2023, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución

declarando No Ha Lugar a la Solicitud de Prueba de Impugnación.

Inconforme aún, el 13 de noviembre de 2023, la peticionaria 

presentó ante este Tribunal de Apelaciones una segunda y casi 

idéntica Moción en Auxilio de Jurisdicción donde solicitó la 

suspensión de la vista preliminar pautada para el 16 de noviembre 

de 2023 y anejó un auto de certiorari. La peticionaria señaló como 

error lo siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Mayagüez, como cuestión de hecho y de derecho al 

dictar Resolución declarando No Ha Lugar la Solicitud 

de Prueba de Impugnación que seguía las guías del TA.

Expuesto los hechos del caso y evaluado el expediente en su 

totalidad, prescindimos de la comparecencia de la parte recurrida y 

procedemos a exponer el derecho aplicable en aras de resolver 

mediante justo y eficiente despacho.

3

II

A. Certiorari

El recurso de certiorari es un mecanismo procesal de carácter 

discrecional que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones del tribunal recurrido.4 Sin embargo, la 

3 Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

7(B)(5).

4 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., 212 DPR ___ (2023); McNeil 

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).
KLCE202301254 7

discreción del tribunal revisor no debe abstraerse del resto del 

Derecho. Según definido por nuestra jurisprudencia, la discreción 

es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial 

para así llegar a una conclusión justiciera. 5 Así pues, la discreción 

judicial para expedir o no el auto de certiorari no ocurre en un vacío 

ni en ausencia de parámetros.6 Cónsono con lo anterior, la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones7 orienta la función del 

tribunal intermedio para ejercer sabiamente su facultad discrecional 

y establece los criterios que debe considerar al determinar si procede 

o no expedir un auto de certiorari.

8 La referida regla dispone lo 

siguiente:

El tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

5 Torres González v. Zaragosa Meléndez, 211 DPR ___ (2023); Mun. Caguas v. JRO 

Construction, supra, 712; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, 338.

6 Id.

7 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

8 Torres González v. Zaragosa Meléndez, supra; Rivera Gómez v. Arcos Dorados 

Puerto Rico, Inc., supra; Mun. Caguas v. JRO Construction, supra; McNeil 

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, págs. 404-405; IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, págs. 338-339.
KLCE202301254 8

Cabe precisar que el recurso de certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional que debe ser utilizado con cautela y 

solamente por razones de peso.9 Es por ello que los tribunales 

revisores deben limitarse a aquellos casos en que la ley no provee 

un remedio adecuado para corregir el error señalado.10 Nuestro 

ordenamiento jurídico ha establecido que el tribunal revisor sólo 

intervendrá con las facultades discrecionales de los foros primarios 

en circunstancias extremas y en donde se demuestre que éstos: 

(1) actuaron con prejuicio o parcialidad; (2) incurrieron en un craso 

abuso de discreción, o (3) se equivocaron en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.11

B. Descubrimiento de prueba en etapa de vista preliminar

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce un derecho 

constitucional del acusado a preparar una defensa adecuada.

12 El 

derecho que tiene un imputado a defenderse en un proceso criminal 

conlleva el derecho a informarse debidamente en la preparación de 

su defensa y a obtener, mediante el descubrimiento de prueba, 

evidencia que pueda demostrar su inocencia o favorecerle.13

Ahora bien, aunque el derecho al descubrimiento de prueba 

es consustancial al derecho que tiene el imputado a defenderse, este 

derecho no es absoluto.

14 El descubrimiento de prueba a favor del 

acusado se limita por la Regla 95 de Procedimiento Criminal15 con 

el fin de desalentar las expediciones de pesca en el sumario y los 

archivos de fiscalía, las cuales están prohibidas.16 En cuanto a esto, 

el Tribunal Supremo ha establecido que “[e]l descubrimiento de 

9 Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 918 (2009).

10 Id.

11 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., supra; Cruz Flores et al., 210 

DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

12 Art. II Sec. 11 Const. ELA [Const. PR], LPRA, Tomo 1; Pueblo v. Custodio Colón, 

192 DPR 567, 584 (2015).

13 Pueblo v. Custodio Colón, supra; Pueblo v. Irizarry, 160 DPR 544, 566 (2003); 

Pueblo v. Arocho Soto, 137 DPR 762, 766 (1994).

14 Pueblo v. Irizarry, supra; Pueblo v. Arocho Soto, supra.

15 Regla 95 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 95.

16 Pueblo v. Irizarry, supra; Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299, 324 

(1991).
KLCE202301254 9

prueba que rebasa el texto de la citada Regla 95 y busca apoyo en 

el debido proceso de ley no es recurso a invocarse livianamente”.

17

En adición, la referida regla no permite, de forma indiscriminada, la 

intrusión en los archivos de fiscalía ni que se facilite al acusado 

cuanta evidencia pueda relacionarse con el caso criminal.18 Dicha 

regla también establece que la obligación del fiscal de descubrir 

información o evidencia a la defensa se activa con la 

presentación del pliego acusatorio; es decir, con la denuncia en 

caso de delito menos grave o con la acusación en casos de delito 

grave.19 Lo anterior es evidente cuando el texto de la Regla 9520 en 

su inciso (a) dispone que:

(a) El acusado presentará moción al amparo de esta 

Regla dentro en un término de cumplimiento estricto de 

veinte (20) días contados a partir de: i) la celebración 

del acto de lectura de acusación en los casos que se 

impute la comisión de un delito grave; o ii) la primera 

comparecencia del acusado al proceso asistido por el 

abogado que habrá de representarlo en el juicio, en los 

casos en que se impute la comisión de un delito menos 

grave. [...]

(Énfasis Nuestro).

Por tanto, a partir del acto de lectura del pliego acusatorio, el 

acusado podrá ejercer su derecho al descubrimiento de prueba, 

según delimitado en la Regla 95 de Procedimiento Criminal, y no 

antes.

21 El Tribunal Supremo ha establecido que el imputado no 

tiene derecho a descubrir prueba en una etapa tan temprana como 

lo es la Regla 622 de Procedimiento Criminal.23 Así pues, no se trata 

de un derecho absoluto del acusado sino que descansa en la sana 

discreción del tribunal que debe considerar ciertos elementos al 

17 Pueblo v. Irizarry, supra; Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243, 246-247 

(1979).

18 Id.

19 Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 567 citando a Chiesa Aponte, Derecho procesal 

penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 

320.

20 Regla 95 de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra.

21 Id.

22 Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra.

23 Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 568-569.
KLCE202301254 10

realizar un balance entre los derechos del acusado y el interés del 

Estado.24 Asimismo, el Tribunal Supremo ha establecido que no 

existe un derecho constitucional a descubrir prueba antes del 

juicio.

25

Cónsono con lo anterior, no puede interpretarse que, con solo 

invocar el debido proceso de ley, se obvie las reglas que gobiernan el 

derecho al descubrimiento de prueba y se abran las puertas para 

que el acusado solicite cualquier tipo de descubrimiento de prueba 

al Ministerio Público.26 Empero, existe una única excepción a esta 

norma, la cual surge ante la existencia de evidencia exculpatoria por 

ser la única que activa la protección constitucional del debido 

proceso de ley.27 En otras palabras, las circunstancias que activan 

el recurso al debido proceso de ley para sobrepasar el texto de la 

Regla 95 de Procedimiento Criminal28 giran en torno a evidencia en 

posesión del Ministerio Público que sea relevante a la inocencia o el 

castigo del acusado.29 Evidentemente, no es cualquier prueba la que 

se puede solicitar apoyándose en el derecho al debido proceso de 

ley.30

III

Nos encontramos, por segunda ocasión, ante un pedido de 

descubrimiento de prueba por la parte peticionaria en la etapa de 

vista preliminar. La peticionaria arguye que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió al denegar la solicitud de prueba de impugnación 

que seguía las supuestas guías del Tribunal de Apelaciones. No le 

asiste la razón.

Primeramente, recordamos que la denegación de un auto de 

certiorari no constituye una adjudicación del caso en los méritos, 

24 Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 586.

25 Id., pág. 588; Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, 534-535 (2003).

26 Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 587.

27 Id., pág. 588; Pueblo v. Arzuaga, supra, pág. 535.

28 Regla 95 de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra.

29 Pueblo v. Custodio Colón, supra.

30 Id.
KLCE202301254 11

independientemente de los fundamentos provistos. La peticionaria 

argumenta que este Tribunal de Apelaciones, al atender el recurso 

KLCE202301138, estableció unas “guías” para presentar una 

solicitud de prueba de impugnación. Este planteamiento no podría 

estar más anejado a la realidad, pues, este foro revisor denegó

expedir el auto de certiorari por entender que no ameritaba 

intervenir o ejercer nuestra función revisora.

La peticionaria basó su argumento en que el foro intermedio 

expresó que “el Ministerio Público posee la obligación de entregar 

toda evidencia exculpatoria que recopile, ya sea durante o después 

de la etapa investigativa”, y que esta incluye la prueba de 

impugnación.31 No obstante, la peticionaria omite totalmente que el 

Tribunal de Apelaciones hizo la salvedad de que esta prueba solo se 

limita a aquella prueba que le sea favorable, por lo que tiene la 

obligación de poner en posición al Tribunal de que la evidencia le 

beneficia o favorece.

Convenientemente, la peticionaria también omite cuando este 

Tribunal señaló que “la peticionaria ni tan siquiera ha 

presentado un ápice de prueba que demuestra que, en primer 

lugar, el Ministerio Público posee evidencia exculpatoria” y

“[m]ucho menos ha demostrado que dicha evidencia, en efecto, 

le pueda favorecer o beneficiar”.

32 Por último, se le advirtió que 

su moción constituía un descubrimiento de prueba y que dicho 

procedimiento no comienza hasta la celebración del acto de 

lectura de acusación.33 La Resolución emitida en el recurso 

KLCE202301138 carece de cualquier tipo de “guías”.

Más aún, a dos (2) días de emitida la referida Resolución, la 

peticionaria procedió a presentar una Solicitud de Prueba de 

31 Véase Resolución del recurso KLCE202301138, pág. 6.

32 Id.

33 Id.
KLCE202301254 12

Impugnación. El escrito solicita, por segunda vez, un listado de 

evidencia, con incisos casi idénticos al anterior, amparándose en la 

Resolución de este foro. La disfrazada moción es un segundo intento

por la peticionaria a un descubrimiento de prueba en la etapa de 

vista preliminar, lo cual es improcedente. Nuevamente, la 

peticionaria falló en demostrar la existencia de prueba exculpatoria

en posesión del Ministerio Público, quién en reiteradas ocasiones 

aclaró que no obra dicha prueba en el expediente o investigación 

realizada. En vez, la peticionaria insiste en hacer un descubrimiento 

de prueba previo a la celebración de la vista preliminar, obviando 

las disposiciones de la Regla 95(a) de Procedimiento Criminal34 y lo 

establecido por la jurisprudencia. Dicho proseguir es dilatoria de los 

procedimientos y está revestida de frivolidad.

En síntesis, la Solicitud de Prueba de Impugnación presentada 

por la peticionaria constituye una segunda moción de 

descubrimiento de prueba antes de la celebración de la vista 

preliminar, por lo que, conforme a la Regla 95(a) de Procedimiento 

Criminal35 y la jurisprudencia, es improcedente. El derecho a 

descubrimiento de prueba se activa con la presentación del pliego 

acusatorio y se rige por la Regla 95 de Procedimiento Criminal.

36 Por 

ser un recurso frívolo, se le apercibe a la parte peticionaria que

de repetirse este tipo de conducta se impondrá sanciones 

económicas.

IV

Por los fundamentos antes esbozados, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, se declara No ha Lugar a la Moción 

de Auxilio de Jurisdicción. Por otro lado, se expide el auto de 

34 Regla 95(a) de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra.

35 Id.

36 Id.
KLCE202301254 13

certiorari y se confirma la Resolución recurrida del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones