EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

Puerto Rico Fast Ferries, LLC

Recurrido

v.

Autoridad de Alianzas PúblicoPrivadas

Peticionaria

Autoridad de Transporte Marítimo

Recurrida

HMS Ferries, Inc.; HMSI Ferries 

Puerto Rico, LLC

Recurridos

Certiorari

2023 TSPR 121

213 DPR ___

Número del Caso: CC-2022-0764

Fecha: 3 de octubre de 2023

Tribunal de Apelaciones:

Panel Especial

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Hermán G. Colberg Guerra

Lcda. María D. Bertólez-Elvira

Lcda. Liz Arelis Cruz Maisonave

Abogados de los recurridos:

Lcdo. Enrique Pérez-Ochoa

Lcda. Alexandra Casillas-Cabrera

Lcda. Glorimar Irene Abel

Materia: Ley de Alianzas Público-Privadas – Gastos a ser sufragados 

en el contexto de una revisión judicial al amparo de la ley especial 

no incluyen el pago de honorarios de abogado.

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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público 

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 

Puerto Rico Fast Ferries, 

LLC

 Recurrido

 v.

Autoridad de Alianzas 

Público-Privadas

 

Peticionaria

Autoridad de Transporte 

Marítimo

 Recurrida

HMS Ferries, Inc.; HMSI 

Ferries Puerto Rico, LLC

 Recurridos

CC-2022-764 Certiorari

El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón emitió la Opinión

del Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de octubre de 2023. 

Nos corresponde resolver si el Tribunal de Apelaciones 

erró al declarar no ha lugar un Memorando de costas 

presentado por la Autoridad de Alianzas Público-Privadas de 

Puerto Rico (AAPP o peticionaria) en cuanto a unos gastos

de honorarios de abogado y mensajería. Específicamente, 

debemos aclarar: (1) cuáles son las costas que sufragará la

parte perdidosa tras un proceso de revisión judicial al 

amparo del Art. 20(f) de la Ley Núm. 29-2009, según 

enmendada, conocida como Ley de Alianzas Público-Privadas

(Ley de APP), 27 LPRA sec. 2619, y (2) si la parte 
CC-2022-764 2

prevaleciente puede reclamar honorarios de abogado sin que 

el foro apelativo intermedio haya hecho una determinación 

de temeridad en contra de la parte perdidosa.

Por los fundamentos que discutiremos, confirmamos la 

determinación recurrida y resolvemos que los gastos a ser 

sufragados, en el contexto de una revisión judicial al 

amparo de la Ley de APP, no incluyen el pago de honorarios 

de abogado. 

 I

La controversia que debemos atender en el presente caso

es secuela de la Opinión que emitimos el 4 de agosto de 2022 

en PR Fast Ferries et al. v. AAPP, 210 DPR 332 (2022). En 

aquella ocasión resolvimos que el Tribunal de Apelaciones 

es el foro con jurisdicción para adjudicar un memorando de 

costas presentado por la peticionaria, en virtud de la Ley 

de APP, 27 LPRA sec. 2601 et seq. A tales efectos, ordenamos 

al foro apelativo intermedio evaluar los méritos de los 

argumentos planteados por las partes respecto a cuáles

partidas constituyen el “pago de honorarios” que establece 

el Art. 20(f) de la Ley de APP, supra, y, una vez definido 

su alcance, declarar ha lugar el memorando de costas. 

Según surge del tracto fáctico, la AAPP interpuso ante 

el foro apelativo intermedio un memorando de costas para 

recobrar de Puerto Rico Fast Ferries (PRFF o recurrida) 

ciertos gastos incurridos por haberse revisado judicialmente 

un Aviso de adjudicación emitido el 2 de noviembre de 2020.

Las partidas reclamadas por la tramitación del pleito 
CC-2022-764 3

fueron: (1) $109.00 por gastos de fotocopias; (2) $36.00 por 

gastos de mensajería, y (3) $20,119.73 por honorarios de 

abogado.

Por su parte, la recurrida argumentó que, a pesar de que 

el Art. 20(f) de la Ley de APP, supra, dispone para el pago 

de honorarios, de su texto se desprende que lo que se regulan

son los gastos incurridos por la parte prevaleciente durante 

el proceso de revisión judicial. En ese sentido, la PRFF 

planteó que la concesión de los gastos no incluye el pago 

de honorarios de abogado, pues para ello hace falta una 

determinación de temeridad. Asimismo, razonó que la 

imposición del pago de honorarios de abogado representaría 

un obstáculo para valerse del mecanismo de revisión judicial

a su disposición y, además, una violación al debido proceso 

de ley por constituir un disuasivo. De esta forma, sostuvo 

que la Ley de APP no autoriza la concesión irrestricta de 

honorarios de abogado a la parte prevaleciente. Por último, 

expuso que los gastos de mensajería no son reembolsables 

como costas.

En respuesta al escrito presentado por la PRFF, la AAPP 

adujo que el Art. 20(f) de la Ley de APP, supra, expresamente 

dispone para el pago de honorarios de abogado. Planteó, 

además, que según las Reglas 34.4 y 44.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, Rs. 34.4 y 44.1, tanto las costas como 

los honorarios de abogado se consideran gastos. 

En virtud de la determinación de este Tribunal, y luego 

de evaluar los argumentos de las partes, el foro apelativo 
CC-2022-764 4

intermedio emitió una Resolución en la que concluyó que no 

procedía conceder el pago de honorarios de abogado ni los 

gastos de mensajería. No obstante, declaró ha lugar el 

memorando de costas en cuanto al gasto de fotocopias. 

Inconforme con la determinación del Tribunal de 

Apelaciones, la AAPP presentó el recurso de certiorari que 

nos ocupa, en el que formuló el error siguiente: 

Erró el Tribunal de Apelaciones al requerir una 

determinación de temeridad para el pago de 

honorarios de abogado conforme el [Art.] 20(f) de 

la Ley de APP. 

Expedido el recurso y con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, el caso quedó sometido en los 

méritos para su adjudicación. Así las cosas, nos 

encontramos en posición de resolver la controversia 

planteada. 

 II

A. La interpretación de las leyes 

La jurisprudencia de este Tribunal que declara o 

interpreta la ley es necesaria para orientar a los juristas, 

jueces y a la ciudadanía. R.E. Bernier y J.A. Cuevas 

Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto 

Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 1987, Vol. I, pág. 199. 

Al ejercer nuestra función interpretativa como foro de

última instancia, debemos resolver las controversias entre 

las partes y ser fuente gestadora de pautas legales que la 

norma estatutaria no ha esclarecido. Íd. Esto no es otra 

cosa que humanizar las normas legales abstractas para darle 

sentido práctico al aplicarlas a hechos y personas 
CC-2022-764 5

particulares. Íd., pág. 202. De este modo, la 

interpretación que se haga de la ley debe ser lo 

suficientemente flexible para adaptarla a las circunstancias 

actuales y a las exigencias modernas. Íd. 

Es un principio cardinal de hermenéutica que todas las 

leyes, sean claras u obscuras, requieren de la

interpretación de este Tribunal. En el descargo de nuestra 

función revisora, tenemos el deber de evaluar cuál fue la 

verdadera intención de la Asamblea Legislativa al aprobar 

el estatuto, de modo que la misma se ajuste a la política 

pública que la inspiró. Morales et als. v. Marengo et al., 

181 DPR 852, 858 (2011). Los tribunales estamos llamados a 

llenar las lagunas o vacíos en la ley y armonizar los 

estatutos aplicables que estén en conflicto, a los fines de 

obtener un resultado sensato, lógico y razonable. Rosario 

Domínguez et als. v. ELA et al., 198 DPR 197, 206 (2017). 

No obstante, aun cuando tenemos la facultad para 

interpretar la ley en busca de un sentido armonioso, el 

lenguaje claro y explícito de ésta no debe ser tergiversado, 

malinterpretado ni sustituido. San Gerónimo Caribe Project 

v. Registradora, 189 DPR 849, 866 (2013). Por tal razón,

sólo debemos suplir las deficiencias del estatuto cuando sea 

necesario, pues no podemos usurpar la función de legislar 

de la Asamblea Legislativa. Íd., pág. 867. 

Es doctrina arraigada que cuando el lenguaje de una ley 

es claro, los tribunales venimos obligados a respetar la 

voluntad legislativa. Íd. Ahora bien, cuando de cualquier 
CC-2022-764 6

modo exista ambigüedad en el texto del estatuto, debemos 

procurar que la misma se interprete de tal manera que no 

produzca un resultado absurdo o contrario a su razón de ser. 

Rosado Molina v. ELA, y otros, 195 DPR 581, 590 (2016). 

En el proceso de descubrir la voluntad de la Asamblea 

Legislativa al adoptar un estatuto, podemos valernos de las 

siguientes fuentes: (1) el historial legislativo de la 

disposición objeto de controversia; (2) los datos recogidos 

en el informe de la comisión legislativa que estudió el 

proyecto de ley, y (3) las expresiones que se dieron en el 

hemiciclo durante la sesión de aprobación del estatuto, 

según recogidas en el Diario de Sesiones. Con. Tit. 76 

Kings Court v. MAPFRE, 208 DPR 1018, 1028-1029 (2022); 

Consejo Titulares v. DACo, 181 DPR 945, 960–961 (2011).

Asimismo, resulta pertinente considerar la naturaleza 

del problema o la necesidad existente que se quiso atender 

mediante la legislación, pues en ocasiones su texto no 

revela su propósito. Con. Tit. 76 Kings Court v. MAPFRE, 

supra, pág. 1029; IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 

184 DPR 712, 739-740 (2012). De este modo, al interpretar 

el estatuto, resulta importante conocer el contexto 

histórico, cultural y social en el que se aprobó. Íd. A 

fin de cuentas, la razón y finalidad de la norma, es pues, 

el imperativo que determina su alcance. Bernier y Cuevas 

Segarra, op. cit., pág. 247. 

 
CC-2022-764 7

B. La Ley de Alianzas Público-Privadas

El 8 de junio de 2009, la Asamblea Legislativa aprobó la 

Ley de APP con el objetivo de favorecer y promover el 

establecimiento de las Alianzas Público-Privadas. 

Exposición de motivos de la Ley Núm. 29-2009 (2009 

[Parte 1] Leyes de Puerto Rico 249-250). En esencia, el 

referido estatuto serviría a los fines de lidiar con la 

situación fiscal precaria del Gobierno de Puerto Rico, 

fortalecer su crédito, liberar la capacidad de 

financiamiento y asegurar la continuación del desarrollo de 

nuevos proyectos de interés público, tales como: la 

construcción de nuevas instalaciones, el mantenimiento de 

las existentes y la prestación de servicios esenciales

eficientes y accesibles a toda la ciudadanía. PR Fast 

Ferries et al. v. AAPP, supra, págs. 336-337. 

Para viabilizar el cumplimiento de la política pública

esbozada en la Ley de APP, se creó la AAPP, corporación 

pública adscrita a la Autoridad de Asesoría Financiera y 

Agencia Fiscal de Puerto Rico. Art. 5(a) de la Ley de APP, 

27 LPRA sec. 2604. A tales efectos, se le confirieron los 

poderes y derechos generales y específicos necesarios para

el logro de sus objetivos. Arts. 5 y 6 de la Ley de APP, 

27 LPRA secs. 2604 y 2605. Véase, además, PR Fast Ferries 

et al. v. AAPP, supra, pág. 337. 

Cabe destacar que, al aprobar el mencionado estatuto, el 

legislador determinó la inaplicabilidad de varias leyes, 

entre las que se encuentra la Ley Núm. 38-2017, según 
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enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 

9601 et seq. Sobre este particular, la Ley de APP establece

lo siguiente:

Artículo 19. – Inaplicabilidad de [c]iertas [l]eyes.

(c) Exención de la LPAU. – Se eximen todos los 

procedimientos y las actuaciones autorizadas por 

[la Ley de APP], incluyendo, pero sin limitarse a 

los procedimientos y las actuaciones sobre 

aprobación de reglamentos, determinación de 

proyectos para el establecimiento de Alianzas,

selección de propuestas y adjudicaciones de 

[c]ontratos de [a]lianza, de todas las 

disposiciones de la LPAU. 27 LPRA sec. 2618. 

Cónsono con lo anterior, el Art. 20 de la Ley de APP, 

27 LPRA sec. 2619, contempla un procedimiento especial de 

revisión judicial que desplaza cualquier otro procedimiento 

o criterio jurisdiccional de competencia que de otra forma 

aplicaría en conformidad con otras leyes o reglamentos. 

Véase, además, PR Fast Ferries et al. v. AAPP, supra, 

pág. 339. Es decir, prescinde del cauce administrativo 

establecido en la LPAU, así como de otras disposiciones 

legales.

Ahora bien, de iniciarse un proceso de revisión judicial

al amparo de la Ley de APP, la parte no prevaleciente

sufragará los gastos incurridos por las demás partes

involucradas en dicho procedimiento. En cuanto a este 

particular, el Art. 20(f) de la Ley de APP, supra,

específicamente dispone lo siguiente:

(f) Pago de [h]onorarios – La parte no 

prevaleciente tras un procedimiento de revisión 

judicial bajo el [Art.] 20(b) sufragará los gastos

en que hayan incurrido las demás partes 
CC-2022-764 9

involucradas en dicho procedimiento y las 

cantidades de estos gastos podrán deducirse, 

compensarse o retirarse de cualquier carta de 

crédito o fianza provista en relación al proceso 

de revisión judicial. (Énfasis nuestro). 

En resumen, para que opere el pago de honorarios o gastos 

aludido, es necesario que se cumplan esencialmente dos (2) 

requisitos, a saber: (1) que se presente un recurso de 

revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones o, 

en segunda instancia, un recurso de certiorari ante este 

Tribunal, según el trámite procesal delineado en la Ley de 

APP, y (2) que haya una parte no prevaleciente en el proceso 

de revisión judicial.

III

Nos corresponde interpretar si, según el Art. 20(f) de 

la Ley de APP, supra, procede la imposición del pago de

honorarios de abogado a la parte perdidosa en un proceso de 

revisión judicial sin que haya una determinación de 

temeridad. Asimismo, debemos determinar cuáles gastos deben 

ser satisfechos por la parte no prevaleciente.

En el caso de autos, la AAPP alega que el Tribunal de 

Apelaciones erró al denegar la partida de honorarios de 

abogado reclamada a la PRFF, entidad no prevaleciente en un 

proceso de impugnación de contrato de alianza públicoprivada. En específico, la parte peticionaria plantea que 

el foro apelativo intermedio, en contravención de los Arts. 

19 y 20(f) de la Ley de APP, supra, y a lo resuelto en 

PR Fast Ferries et al. v. AAPP, supra, erró al requerir la 
CC-2022-764 10

imposición de temeridad para la concesión de honorarios de 

abogado.

Por su parte, la PRFF expone que el Art. 20(f) de la Ley 

de APP, supra, no dispone expresamente para el pago de 

honorarios de abogado. La recurrida entiende que el 

artículo en controversia se refiere a los gastos (fees), no 

a los honorarios de abogado (attorney’s fees). Asimismo, 

la PRFF alega que, si el legislador hubiese tenido la 

intención de conceder honorarios de abogado, lo hubiese 

dispuesto expresamente en el lenguaje utilizado en la Ley 

de APP. Resolvemos que le asiste la razón, por los 

fundamentos que se exponen a continuación. 

La Exposición de Motivos de la Ley de APP reitera el fin 

que persiguió el legislador al aprobarla. En esencia, el 

estatuto especial respondió a la grave situación económica 

de Puerto Rico, lo que motivó el fortalecimiento de las 

Alianzas Público-Privadas para promover el desarrollo 

económico y la competitividad, asegurar la continuación de

los proyectos de alto interés público, así como la 

prestación de servicios esenciales eficientes y accesibles 

para la ciudadanía. Es decir, las disposiciones de la Ley 

de APP se pensaron en el contexto de la crisis fiscal del 

Gobierno de Puerto Rico y las necesidades de la población.

Al hacer referencia al Art. 20(f) de la Ley de APP, 

supra, resulta incuestionable que éste fue titulado como 

“Pago de Honorarios”. Sin embargo, al remitirnos al 

lenguaje utilizado por el legislador para la construcción 
CC-2022-764 11

de la referida disposición, surge clara e inequívocamente 

que éste decidió mencionar solamente el concepto de 

“gastos”, sin expresar su deseo de que la parte perdidosa, 

tras un proceso de revisión judicial al amparo de la Ley de 

APP, tuviera la responsabilidad de sufragar, además, 

honorarios de abogado. Nos encontramos, pues, ante el 

axioma de que “el nombre no hace la cosa”. OCS v. CODEPOLA, 

202 DPR 842, 880 (2019); Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 

185 DPR 206, 223 (2012); Borschow Hosp. v. Jta. de 

Planificación, 177 DPR 545, 567 (2009). (Énfasis nuestro). 

Tanto la Ley de APP como su Reglamento,1 permanecen

silentes en cuanto al significado del término “gastos”. Por

esta razón, y dado a que no existe precedente que trate

sobre el Art. 20(f) del referido estatuto, además de acudir 

a la intención legislativa, procedemos, a modo ilustrativo

y por analogía, a realizar un análisis de la Regla 44 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44, así como de la 

jurisprudencia interpretativa esbozada por este Tribunal 

respecto al pago de “gastos”.

Aclaramos que el legislador limitó expresamente la 

aplicación de ciertas leyes en la Ley de APP. Sin embargo, 

nada dispuso sobre las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V. Así pues, no existe impedimento que nos 

prohíba auxiliar nuestro análisis con dicho cuerpo 

 

1 Reglamento Núm. 8968 de 11 de mayo de 2017, conocido como Reglamento para 

la licitación, evaluación, selección, negociación y adjudicación de contratos 

de alianzas público-privadas participativas bajo la Ley Núm. 29-2009, según 

enmendada (Reglamento).
CC-2022-764 12

reglamentario, pues éste nos guiará en nuestro quehacer de 

alcanzar una interpretación integrada, lógica y razonable 

de la intención legislativa.2 

Como regla general, en nuestro ordenamiento la concesión

de honorarios de abogado a la parte que prevaleció en un 

litigio depende exclusivamente de la determinación que haga 

el juzgador en torno a si la parte perdidosa o su abogado, 

actuaron o no con temeridad. Corpak, Art Printing v. Ramallo 

Brothers, 125 DPR 724, 736 (1990). Esta norma encuentra su 

excepción y cede si una ley especial expresamente así lo

dispone. Íd.

De esta manera, la imposición o concesión 

de honorarios de abogado no procede en todos los casos. 

Depende, pues, de la determinación discrecional que haga el 

tribunal en torno a si la parte perdidosa o su abogado, 

actuaron con temeridad o frivolidad, o de la existencia de 

una ley especial. Íd.; Ortiz Valle v. Panadería Ricomini, 

210 DPR 831 (2022). Véase, además, la Regla 44.1(d) de 

Procedimiento Civil, supra. 

Hemos reiterado que los honorarios de abogado no forman 

parte de las costas como norma general. Sucn. Arroyo v. 

Municipio, 81 DPR 434, 438-439 (1959); García v. Sucn. 

Rodríguez, 61 DPR 612, 616 (1943). No obstante, una vez el 

 

2 Valga resaltar que, debido a que la Ley Núm. 29-2009, según enmendada, 

conocida como Ley de Alianzas Público-Privadas y su Reglamento guardan silencio 

en cuanto al término específico para la presentación del memorando de costas, 

la Autoridad de Alianzas Público-Privadas recurrió por analogía al término 

jurisprudencial de diez (10) días, según dispuesto en la Regla 44.1(b) y (c) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1(b) y (c). 
CC-2022-764 13

tribunal determina que se incurrió en temeridad, está 

obligado a imponer el pago de los honorarios de abogado a 

favor de la parte que prevaleció en el pleito. Torres 

Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760, 779 (2016). 

En cuanto a las costas, la Regla 44.1(a) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1(a), dispone lo siguiente:

Las costas le serán concedidas a la parte a cuyo 

favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia 

en apelación o revisión, excepto en aquellos casos 

en que se disponga lo contrario por ley o por 

estas reglas. Las costas que podrá conceder el 

tribunal son los gastos incurridos necesariamente 

en la tramitación de un pleito o procedimiento que 

la ley ordena o que el tribunal, en su discreción, 

estima que una parte litigante debe reembolsar a 

otra. (Énfasis nuestro). 

 

Cónsono con lo anterior, hemos resuelto que no todos los 

gastos del litigio son recobrables como costas. J.T.P. Dev.

Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456, 460 (1992);

Andino Nieves v. A.A.A., 123 DPR 712, 716 (1989); Garriga,

Jr. v. Tribunal Superior, 88 DPR 245, 253 (1963). Sólo son 

recobrables aquellos gastos necesarios y razonables para la 

tramitación del pleito, procedimiento o apelación que un 

litigante debe reembolsar a otro. ELA v. El Ojo de Agua 

Development, 205 DPR 502, 527 (2020); Rodríguez Cancel v. 

A.E.E., 116 DPR 443, 461 (1985); Garriga, Jr. v. Tribunal 

Superior, supra, pág. 249. 

A modo de ejemplo, no son recobrables como costas los 

honorarios de abogado, salvo que una ley especial disponga 

para ello; los gastos ordinarios de oficina (tales como, 

pero sin limitarse a sellos de correo postal, materiales de 

oficina, servicios telefónicos y de mensajería sin 
CC-2022-764 14

justificar su necesidad para el caso, y compra de 

mobiliario); la transportación de los abogados durante una 

inspección ocular, las transcripciones de récords de vista 

cuando se soliciten por ser convenientes, pero no 

necesarias; los servicios paralegales, entre otros. Íd., 

pág. 248; Andino Nieves v. A.A.A., supra, págs. 718-719; 

Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28, 78 (1967). Cabe señalar que 

hemos reconocido como costas los gastos de fotocopias del 

escrito de apelación y sus respectivos legajos, siempre y 

cuando se incurran en el cumplimiento de los requisitos de 

presentación que impone el Tribunal de Apelaciones. 

Sánchez v. Sylvania Lighting, 167 DPR 247, 254 (2006). No 

obstante, si el gasto de fotocopias surge como resultado del 

trámite ordinario de oficina, no es recobrable como costas. 

Como bien plantea la PRFF, el uso del término 

“honorarios” en el título del Art. 20(f) de la Ley de APP, 

supra, no puede leerse aisladamente. Al examinar el texto 

del artículo de forma integral, nos hemos convencido, al 

igual que lo hizo el foro apelativo intermedio, de que la 

palabra “gastos”, sin más, se refiere a las costas 

necesarias y razonables para la tramitación de un pleito o 

procedimiento, según se reconoce en nuestro ordenamiento.3

 

3 En Vázquez v. Comisión Industrial, 55 DPR 719, 723-725 (1939), establecimos 

lo siguiente:

No puede argüirse que la frase “gastos” (expenses) incluye 

“honorarios de abogado”, pues tanto en la Ley Común que 

impera en los Estados Unidos como en nuestro Derecho, las 

palabras “costas” (costs), “gastos o desembolsos” (expenses 

or disbursements), y “honorarios de abogado” (attorney's 

fees), expresan tres conceptos distintos. 
CC-2022-764 15

Por otro lado, si consideramos que la aprobación de la 

Ley de APP obedeció primordialmente a la crisis fiscal y 

económica del Gobierno, no resulta lógico ni persuasivo que 

la intención del legislador haya sido reconocer como gastos 

el pago de honorarios de abogado. Ello implicaría que, en 

caso de la AAPP no prevalecer en un proceso de revisión 

judicial, tenga que sufragar tanto las costas como los 

 

En el caso de Rivera v. Gerardino, 53 D.P.R. 107, 

112 [(1938)], se cita con aprobación de Veve v. 

[El] Municipio de Fajardo, 18 D.P.R. 764, 770 [(1912)]:

Los artículos 327 y 339 que dejamos transcritos hacen 

referencia a costas, desembolsos y honorarios de 

abogados y[,] por tanto, nosotros debemos aceptar esta 

misma distinción, sin que podamos comprender en el 

concepto de costas, desembolsos y honorarios.

........

Bajo el concepto de costas vienen comprendidos los 

derechos y las indemnizaciones que consistan en 

cantidades fijas e inalterables, determinadas 

anticipadamente por las leyes, reglamentos o aranceles, 

entendiéndose por desembolsos los demás gastos del 

juicio, o sean las indemnizaciones y derechos, que no 

estén comprendidos en el concepto expresado. Bajo la 

denominación de honorarios de abogado viene comprendida 

la remuneración de sus servicios profesionales.

En los casos de Swartzel v. Rogers, 3 Kan. 380, 382, y Ball 

v. Vason, 50 Ga. 254, se sostiene que la frase “costs and 

expenses” no incluye honorarios de abogado.

En el mismo caso de Rivera v. Gerardino, supra, se cita de 

Corpus Juris:

Las costas son cierta concesión autorizada por el 

estatuto para reembolsar a la parte victoriosa los 

gastos incurridos en la prosecu[c]ión o defensa de un 

recurso o procedimiento especial.

........

Las palabras ‘honorarios' y ‘costas' son usadas con 

frecuencia indistintamente como si tuvieran el mismo 

significado. No obstante costas y honorarios son 

esencialmente distintos. Las primeras son una concesión 

hecha a una de las partes por los gastos incurridos en 

la prosecución o defensa de un litigio -un incidente de 

la sentencia; mientras que los últimos son una 

compensación a los funcionarios públicos por los 

servicios prestados a individuos, en el desarrollo de 

la causa. (15 Corpus Juris, págs. 19 y 20.)

A nuestro juicio, la Comisión Industrial, de acuerdo con los 

artículos 11, 15 y 35 de la Ley de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo, carece de jurisdicción para condenar 

al patrono no asegurado a pagar los honorarios del abogado 

del obrero lesionado o sus beneficiarios. 
CC-2022-764 16

honorarios de abogado de las demás partes involucradas en 

el pleito. Abona a la interpretación que adoptamos, el 

silencio que guardó el legislador al respecto y su deseo de 

propiciar mayor participación ciudadana y de empresas 

locales para el establecimiento de alianzas públicoprivadas. 

En consideración a lo expresado, resolvemos que el 

término “gastos” según utilizado por el legislador en el 

Art. 20(f) de la Ley de APP, supra, se refiere a las costas 

o gastos razonables y necesarios para la tramitación de un 

caso, según la normativa establecida por este Tribunal. 

Esto, sin duda alguna, no contempla la concesión de 

honorarios de abogado. 

Ciertamente, el Tribunal de Apelaciones actuó de manera 

correcta al proveer no ha lugar a la concesión de los 

honorarios de abogado reclamados por la AAPP, y al utilizar 

por analogía la norma establecida en nuestro ordenamiento 

sobre la imposición de honorarios de abogado cuando una 

parte incurra en temeridad o una ley especial lo establezca

expresamente. Asimismo, determinamos que el foro apelativo 

intermedio actuó acertadamente al: (1) conceder la partida 

de gastos por fotocopias, y (2) denegar los gastos 

reclamados por mensajería. 

Resolver lo contrario implicaría la imposición de una 

sanción a una parte que ha litigado un asunto de forma 

genuina y de buena fe. Especialmente, ante el silencio del 
CC-2022-764 17

legislador de imponerle honorarios de abogado a la parte 

perdidosa. 

IV

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones el 12 de 

octubre de 2022, en la que se declaró ha lugar el Memorando 

de costas presentado por la AAPP en cuanto al gasto de 

fotocopias y no ha lugar en cuanto al gasto de mensajería y 

honorarios de abogado.

Se dictará Sentencia en conformidad.

 

 ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN

 Juez Asociado 
 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 

Puerto Rico Fast Ferries, 

LLC

 Recurrido

 v.

Autoridad de Alianzas 

Público-Privadas

 

Peticionaria

Autoridad de Transporte 

Marítimo

 Recurrida

HMS Ferries, Inc.; HMSI 

Ferries Puerto Rico, LLC

 Recurridos

CC-2022-764 Certiorari

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 3 de octubre de 2023.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, 

la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, 

se confirma la Resolución emitida por el Tribunal de 

Apelaciones el 12 de octubre de 2022, en la que se declaró ha 

lugar el Memorando de costas presentado por la Autoridad de 

Alianzas Público-Privadas en cuanto al gasto de fotocopias y 

no ha lugar en cuanto al gasto de mensajería y honorarios de 

abogado.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del 

Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no 

interviene. 

Javier O. Sepúlveda Rodríguez 

 Secretario del Tribunal Supremo