Número Identificador

 SEN2024__________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL II

JUDITH ANN COLÓN CHARDÓN

CÉSAR COLÓN CHARDÓN

Apelados

v.

JULISSA LÓPEZ SANTIAGO

Apelante

KLAN202400044

Apelación

procedente del

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Ponce

Caso Núm.

PO2023CV01949

Sobre:

Desahucio en 

Precario

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2024.

I.

El 5 de julio de 2023, el Sr. César Colón Chardón y la Sra. 

Judith Ann Colón Chardón instaron Demanda de desahucio y cobro 

de dinero contra la Sra. Julissa López Santiago. Alegaron mediante 

el procedimiento sumario, que, otorgaron un Contrato de 

Arrendamiento sobre una propiedad sita en Ponce1 con la señora 

López Santiago. El contrato de doce (12) meses, inició el 1 de 

septiembre de 2021 y venció el 1 de octubre de 2022. Sostuvieron 

que, el 10 de diciembre de 2022 le notificaron por escrito a la señora 

López Santiago que no le renovarían el contrato porque deseaban 

vender la propiedad, y le ofrecieron la primera opción para 

adquirirla. Ante la respuesta de la señora López Santiago de que no 

podía adquirir la propiedad, y el deseo de los hermanos Colón 

Chardón de vender la propiedad, continuaron el contrato de 

arrendamiento de la propiedad mes a mes. Eventualmente, los 

1 La propiedad está ubicada en la Urb. Santa María, Calle Divina Providencia 7174 

en Ponce, Puerto Rico. 
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hermanos Colón Chardón solicitaron, sin éxito, a la señora López 

Santiago que la desalojara la propiedad.

Seguido el trámite judicial, el 19 de julio de 2023, los 

hermanos Colón Chardón informaron al Foro primario que no 

habían podido diligenciar el emplazamiento de la señora López 

Santiago. Tras ser emplazada el 26 de julio de 2023, la señora López 

Santiago compareció por derecho propio a la Vista de Desahucio que 

se celebró el 8 de agosto de 2023. Allí, se limitó a informar que 

deseaba comprar la propiedad en controversia y que, se encontraba 

realizando las gestiones a esos fines. Evaluados los planteamientos, 

el Foro primario le concedió término a la señora López Santiago para 

que acudiera a una institución bancaria a solicitar un préstamo.

Tras varias incidencias procesales sin que las partes llegaran 

a un acuerdo sobre la venta de la propiedad, el 3 de diciembre de 

2023 la señora López Santiago solicitó, sin éxito, que el 

procedimiento se convirtiera a uno ordinario. Ello así, el 5 de 

diciembre de 2023 se celebró la Vista de Desahucio. El 20 de 

diciembre de 2023, notificada el 26, el Foro primario declaró “Ha 

Lugar” la Demanda y ordenó el desalojo de la propiedad.

Inconforme, el 2 de enero de 2024, la señora López Santiago 

presentó Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia [40], Regla 

47, Reglas de Procedimiento Civil, 2009. Mediante Resolución emitida 

el 8 de enero de 2024, notificada el 9, el Tribunal de Primera 

Instancia declaró No Ha Lugar la aludida Moción. Aún insatisfecha, 

el 16 de enero de 2024, la señora López Santiago acudió ante nos 

mediante Apelación Civil. Sostiene:

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA DE PONCE, COMO CUESTIÓN DE 

HECHO Y DE DERECHO AL NEGAR LA SOLICITUD 

DE CONVERSIÓN A ORDINARIO Y SEGÚN 

REITERADO EN LA RECONSIDERACIÓN DE LA 

SENTENCIA. 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA DE PONCE, COMO CUESTIÓN DE 
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HECHO Y DE DERECHO AL IMPONERLE 

HONORARIOS DE ABOGADOS A LA APELANTE POR 

ACTUAR TEMERARIA Y FRÍVOLAMENTE. 

El 26 de enero de 2023, los hermanos Colón Chardón 

presentaron Alegato en Oposición a Apelación. Evaluados los escritos 

y amparados en el ejercicio de la facultad discrecional que nos 

concede la Regla 7 (B)(5) de nuestro Reglamento,2 preterimos todo 

trámite ulterior y, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, desestimamos el presente Recurso.

II.

A.

Sabemos que los tribunales debemos ser celosos guardianes 

de nuestra jurisdicción.3 Cabe puntualizar que “[l]a jurisdicción es 

el poder o autoridad que tiene un tribunal para considerar y decidir 

casos o controversias”.4 Las cuestiones relativas a la jurisdicción, 

por ser privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia a 

cualesquiera otras.5 Por lo que, los tribunales tienen el deber 

indelegable de verificar su propia jurisdicción a los fines de poder 

atender los recursos presentados ante éstos.6 Los tribunales no 

pueden atribuirse jurisdicción si no la tienen, ni las partes en litigio 

pueden otorgársela.7

2 La Regla 7(B)(5) dispone: 

El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para prescindir de términos no 

jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier 

caso ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho y proveer el más amplio acceso al tribunal, de forma que no se impida 

impartir justicia apelativa a los ciudadanos. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B)(5).

3 Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019); Vázquez v. ARPE, 128 

DPR 513, 537 (1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); 

Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976).

4 Torres, 202 DPR, págs. 499-500; Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 

(2012); Asoc. Punta Las Marías v. ARPE, 170 DPR 253, 263 [nota al calce núm. 3] 

(2007); Cordero et al. v. ARPE et al., 187 DPR 445, 456 (2012).

5 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 267 (2018); S.L.G. SzendreyRamos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364 

(2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002).

6 Torres, 202 DPR, págs. 499-500; Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005); 

Vázquez, 128 DPR, pág. 537.

7 Allied Management Group Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020); Maldonado

v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); Vázquez, 128 DPR, pág. 537.
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Así, cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad 

para atender un recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el 

caso.8 Debido a que la ausencia de jurisdicción es insubsanable.9

Las disposiciones reglamentarias sobre los recursos a presentarse 

ante este Tribunal de Apelaciones deben observarse 

rigurosamente.10 Conforme a ello, la Regla 83 de nuestro 

Reglamento sobre desistimiento y desestimación, nos concede 

facultad para desestimar por iniciativa propia un recurso, entre 

otras razones, por falta de jurisdicción.11

B.

El desahucio es un procedimiento especial de naturaleza 

sumaria cuyo fin es recuperar la posesión de una propiedad 

inmueble mediante el lanzamiento o expulsión del arrendatario o 

precarista que la detente.12 Cuando se presenta una demanda de 

desahucio el promovente puede escoger entre un proceso ordinario 

o un proceso sumario. El desahucio sumario, reglamentado por los 

Arts. 620–634 del Código de Enjuiciamiento Civil,13 responde al 

interés del Estado en atender expeditamente la reclamación del 

dueño de un inmueble, cuyo derecho a poseer y disfrutar su 

propiedad ha sido interrumpido.14 Nuestro ordenamiento jurídico 

dispone que, las sentencias que el Tribunal de Primera Instancia 

emite como parte de este procedimiento de desahucio sumario, son 

apelables.15 Sin embargo, el término que se tiene para ello, es uno 

8 Allied Management Group Inc., 204 DPR; Carattini v. Collazo Systems Analysis 

Inc., 158 DPR 345, 355 (2002); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002)

9 Allied Management Group Inc., 204 DPR; Maldonado, 171 DPR, pág. 55; 

Souffront, 164 DPR, pág. 674; Vázquez, 128 DPR, pág. 537. 

10 Isleta, LLC v. Inversiones Isleta Marina, Inc., 203 DPR 585 (2019); García Morales 

v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 

84 (2013); Hernández v. The Taco Maker, 181 DPR 281 (2011); Lugo v. Suárez, 

165 DPR 729 (2005); Pellot v. Avon, 160 DPR 125 (2003).

11 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.

12 Acosta et al. v. S.L.G. Ghigliotti, 186 DPR 984, 989 (2012); Mora Dev. Corp. v. 

Sandín, 118 DPR 733 (1987).

13 32 LPRA §§ 2821-2838.

14 Administración de Vivienda v. Vega Martínez, 200 DPR 235 (2018); ATPR v. SLG 

Volmar–Mathieu, 196 DPR 5, 9 (2016).

15 Art. 628 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA § 2830; Administración de 

Vivienda, 200 DPR, pág. 240.
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jurisdiccional de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de 

archivo en autos de la notificación de la sentencia.16

Es preciso señalar que, en procedimientos de desahucio, por 

su naturaleza sumaria o expedita, está vetada la presentación de

mecanismos post-sentencia, como lo son las mociones de 

reconsideración y determinaciones de hecho adicionales, por estas 

ser incompatibles con la naturaleza sumaria de dicho proceso. Es 

norma reiterada que, aceptar una moción de reconsideración en 

procedimientos sumarios, representaría una extensión del trámite, 

incompatible con la finalidad de estos.17

III.

En el caso objeto de este recurso, luego de que los hermanos 

Colón Chardón presentaran Demanda sobre desahucio por falta de 

pago contra la señora López Santiago, el 26 de diciembre de 2023, 

el Foro primario notificó Sentencia declarando “Con Lugar” la 

Demanda con su consecuente orden de desalojo de la propiedad. 

Inconforme con dicha Sentencia, el 2 de enero de 2024, la señora 

López Santiago presentó Moción de Reconsideración ante el 

Tribunal de Primera Instancia.

Como sabemos, esta Moción no interrumpió el término de 

cinco (5) días con los que la señora López Santiago contaba para 

recurrir ante nos para impugnar la Sentencia dictada 26 de 

diciembre de 2023. Notificada la Sentencia, la señora López Santiago 

tenía un plazo jurisdiccional de cinco (5) días -esto es, hasta el tres 

(3) de enero de 2024- para recurrir. Sin embargo, no fue hasta el 16 

de enero de 2024, que la señora López Santiago presentó su 

Apelación Civil. Evidentemente, la presentación de su recurso fue 

16 32 LPRA § 2831; Administración de Vivienda, 200 DPR, pág. 240; ATPR, 196 

DPR, pág. 11.

17 Patiño Cirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439 (2016); Medina Nazario v. 

McNeill Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016).
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indefectiblemente tardía, privándonos de jurisdicción. Ello así, 

procede su desestimación.

IV.

Por los fundamentos anteriormente esbozados, desestimamos 

el recurso por falta de jurisdicción al ser tardío. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones