Número Identificador

RES2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

ERICK SHAUN 

HERNÁNDEZ FIGUEROA

Peticionario

v.

BETZAIDA RIVERA 

TRINIDAD

Recurrido

KLCE202400680

Certiorari

Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Bayamón

Sobre: Divorcio

Caso Núm.: 

D DI2019-0180

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el 

Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de julio de 2024. 

Comparece ante nos por derecho propio, el Sr. Erick Shaun 

Hernández Figueroa (en adelante, “señor Hernández Figueroa o 

peticionario”) mediante el recurso de certiorari. 

Inferimos que solicita la revisión de las Ordenes emitidas el 

16 de mayo de 2024 y el 28 de mayo de 2024, por el Tribunal de 

Primera Instancia de Bayamón, Sala de Familia y Asuntos de 

Menores (en adelante, “TPI”).1

Examinada la totalidad del expediente, resolvemos denegar la 

expedición del auto de certiorari solicitado.

Nos limitaremos a presentar los hechos del caso relacionados 

a esta controversia, sin especificar ciertos trámites cuya omisión no 

incide en nuestra determinación final.

Veamos.

1 Cabe señalar que, el peticionario hace referencia a una Resolución final y firme 

emitida el 23 de agosto de 2021, y señala que esta dio paso a la privación de la 

patria potestad. 
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-IDe los autos ante nuestra consideración surge que, el 9 de 

abril de 2019 fue disuelto el vínculo matrimonial habido entre el 

señor Hernández Figueroa y la Sra. Bethzaida Rivera Trinidad (en 

adelante, “señora Rivera Trinidad o recurrida”). De manera 

provisional, la custodia del hijo de las partes fue otorgada a la 

recurrida, no obstante, ambos padres compartirían la custodia del 

menor.

Varias incidencias procesales después, el 22 de noviembre 

de 2021, el TPI emitió una Resolución que,2 entre otros asuntos, 

aclaró: “[e]l padre no ha sido privado de patria potestad en el presente 

caso como alega, sino que el ejercicio exclusivo de la misma es lo que 

se le adjudicó a la madre, ello por las actuaciones del demandante”.

3

Luego, el señor Hernández Figueroa solicitó nuevamente la 

restitución de la patria potestad, sin embargo, el 23 de agosto de 

2022 el TPI mantuvo la Resolución del 22 de noviembre de 2021 

como final y firme, por lo que declaró: “No ha lugar a restitución de 

la patria potestad. [...]”.

4

El 14 de septiembre de 2022, el señor Hernández Figueroa 

presentó una reconsideración,5 no obstante, el 22 de septiembre 

de 2022 la misma fue declarada Sin Lugar,

6 mediante una 

Resolución que, entre otras cosas, expresó:

“[a]nte la grave y reiterada falta de comunicación efectiva para 

la toma de decisiones entre ambos se determinó que fuera la 

demandada quien tomara las mismas. El padre no ha sido 

privado de todos sus derechos, sino que le fueron limitados 

entendiendo redundaba en el mejor interés del menor en

atención del historial del caso y las controversias particulares 

que fueron presentadas al Tribunal”.7 

El 7 de mayo de 2024, el señor Hernández Figueroa presentó 

por derecho propio el documento intitulado: “Restitución de Patria 

2 Apéndice de la Recurrida, págs. 1 – 8. 

3 Ídem, pág. 8

4 Apéndice de la Recurrida, pág. 9. 

5 Apéndice de la Recurrida, págs. 10 – 12. 

6 Apéndice de la Recurrida, págs. 13 – 14.

7 Íd., pág.14.
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Potestad y Solicitud de Desacato”.

8 En respuesta, el 16 de mayo de 

2024 el TPI, expresó:

Por lo controversial que ha sido este proceso entre las 

partes y ante el historial del presente caso, el Tribunal no 

atenderá este asunto si la parte demandante se encuentra 

representándose por derecho propio. 

Dicho esto, proceda a la contratación de abogado y se 

seguirá el proceso correspondiente. Tiene 30 días para 

comparecer por abogado.

9

Inconforme, el 23 de mayo de 2024 el señor Hernández 

Figueroa presentó por derecho propio una “Solicitud de 

Reconsideración”.

10 Entre otras cosas, alegó que económicamente no 

podía contratar a un abogado, por lo que solicitó auto representarse 

ya que ello no causaba una dilación de los procesos. Además, adujo, 

sin mayor argumentación, que la determinación de la patria 

potestad era arbitraria y un abuso del derecho, por lo que solicitó la 

nulidad de la misma bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil y la 

restitución de la patria potestad. 

Examinada la solicitud, el 28 de mayo de 2024 el TPI la 

declaró “No ha lugar. Realice las gestiones en Pro Bono del Colegio de 

Abogados”.

11

Insatisfecho, el 20 de junio de 2024 el señor Hernández 

Figuera presentó por derecho propio el recurso de certiorari y alegó 

la comisión de cuatro (4) errores:

ERRÓ EL TPI Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL PRIVAR DE LA 

PATRIA POTESTAD AL AQUÍ PETICIONARIO AL RESOLVER 

SIN ESCUCHAR PRUEBA NI SEÑALAR VISTA.

ERRÓ EL TPI AL PRIVAR DE LA PATRIA POTESTAD 

OBVIANDO LA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO 

PROCESO DE LEY.

ERRÓ EL TPI AL NO RESTITUIR LA PATRIA POTESTAD.

ERRÓ EL TPI AL REQUERIR LA CONTRATACIÓN DE UN 

ABOGADO PARA ATENDER MI RECLAMO DE NULIDAD 

PRIVACIÓN DE PATRIA POTESTAD. 

8 Apéndice del Peticionario, págs. 1 – 5. 

9 Apéndice del Peticionario, pág. 8.

10 Apéndice del Peticionario, págs. 9 – 11. 

11 Apéndice del Peticionario, pág. 13.
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De su parte, el 3 de julio de 2024 compareció la señora Rivera 

Trinidad mediante el escrito intitulado: “MOSTRACIÓN DE CAUSA & 

SOLICITUD DE SANCIONES”. Habiendo comparecido ambas partes, 

damos por sometido el asunto.

-IIEl recurso de certiorari es un medio procesal de carácter 

discrecional, que a su vez, permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior.12 Así, se 

entiende por discreción como el poder para decidir en una forma u 

otra; esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción.

13

Por ello, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, delimita las 

instancias en que habremos de atender —vía certiorari— las 

resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de instancia:

[E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será́ expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá́ revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 

la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari 

en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. [...].14

Bajo el carácter de discrecionalidad, la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones establece los siguientes 

criterios para mostrar causa o para la expedición del auto de 

certiorari:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia.

12 Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019).; IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).

13 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).

14 Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.
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(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia.15

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

dispuesto que: 

[d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 

de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.16

De manera, que si la actuación del foro recurrido no está 

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales 

de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de instancia a 

quien le corresponde la dirección del proceso.17

-BLa Regla 49.2 de Procedimiento Civil establece el mecanismo 

procesal que se tiene disponible para solicitar al TPI el relevo de los 

efectos de una sentencia cuando esté presente alguno de los 

fundamentos allí expuestos.18 En ese sentido, la Regla 49.2 dispone:

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que sean 

justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 

representante legal de una sentencia, orden o procedimiento 

por las razones siguientes: 

(a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable; 

(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar 

de una debida diligencia, no pudo haber sido 

descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio 

de acuerdo con la Regla 48; 

(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha 

denominado ―intrínseco y el también llamado 

―extrínseco), falsa representación u otra conducta 

impropia de una parte adversa; 

(d) nulidad de la sentencia; 

(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 

15 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.

16 Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

17 SLG Zapata- Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 434 – 435 (2013).

18 García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010).
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cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 

fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 

efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe 

en vigor, o 

(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de 

un remedio contra los efectos de una sentencia.

[...] La moción se presentará dentro de un término razonable, 

pero en ningún caso después de transcurrido seis (6) meses 

de haberse registrado la sentencia u orden o haberse llevado 

a cabo el procedimiento. [...]19

En específico, el inciso (d) de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, otorga al Tribunal la facultad de relevar a una parte de los 

efectos de una sentencia —aun después de transcurrido el referido 

término de seis (6) meses— cuando se determine su nulidad. Bajo 

ese palio, una sentencia es nula cuando se ha dictado sin 

jurisdicción sobre la persona o la materia, o mediante fraude al 

tribunal, o cuando al dictarla se ha quebrantado el debido proceso 

de ley en el cual se privó a una parte de la notificación o de la 

oportunidad de ser oída.

20 Así, por ejemplo, se ha resuelto que la 

ausencia de una parte indispensable es una violación al debido 

proceso de ley que conlleva obligatoriamente el relevo de la 

sentencia.21

Así pues, si una sentencia es nula, tiene que dejarse sin efecto 

independientemente de que la solicitud a tales efectos se haga con 

posterioridad a haber expirado el plazo de seis (6) meses que 

establece la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.22

-IIIEn suma, el peticionario señala que el TPI erró y abusó de su 

discreción al privarlo de la patria potestad sin la oportunidad de ser 

oído ni presentar prueba a su favor, violando así el debido proceso 

de ley. De igual modo, alega el foro recurrido incidió al no restituirle 

la patria potestad, y requerirle la contratación de un representante 

legal. 

19 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.

20 García Colón et al. v. Sucn. González, supra, a la pág. 543.

21 HRS Erase v. CMT, 205 DPR 689, 699 (2020).

22 Íd.
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De entrada, resolvemos que el peticionario pretende utilizar 

como subterfugio la moción de relevo de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil para re litigar el asunto de la limitación de su 

patria potestad que ha sido reiterado por el TPI en varias ocasiones. 

Referente a las órdenes recurridas, somos del criterio que 

conforme a los hechos del caso y al derecho aplicable, las mismas 

constituyen una determinación dentro del claro ejercicio de 

discreción conferido a los tribunales de instancia y a su facultad 

para manejar los casos de la manera que entiendan más adecuada.

Todavía más, el 24 de junio de 2024 el peticionario presentó 

una “Moción asumiendo representación legal”,

23 la cual fue aprobada 

por el TPI el 25 de junio de 2024.

24 Por lo que en este momento

cuenta con representación legal.

Por lo tanto, estamos ante un caso que a todas luces, no 

presenta ninguna de las circunstancias contempladas en la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra, que nos motive expedir el auto 

solicitado. Tampoco encontramos justificación alguna para 

intervenir con las órdenes recurridas, a la luz de los criterios 

establecidos en la Regla 40 de este Tribunal de Apelaciones, supra.

Tampoco el peticionario señaló prueba en el expediente 

tendente a demostrar que el TPI abusó de su discreción o actuó con 

perjuicio, parcialidad o error manifiesto. Así, en el ejercicio de la 

sana discreción que nos permite la Regla 40 del Tribunal 

Apelaciones, supra, resolvemos denegar la expedición del auto de 

certiorari.

-IVPor lo fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado.

23 Apéndice de la Recurrida, pág. 15

24 Apéndice de la Recurrida, pág. 16.
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones