Número Identificador

SEN(RES)2024____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

ALFREDO FACUNDO 

ROSADO, MARÍA S. 

LAUREANO DE ÁNGEL y 

la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta 

por ellos

Recurridos

v.

MUNICIPIO AUTÓNOMO 

DE SAN JUAN p/c 

Honorable Alcalde

MIGUEL ROMERO LUGO, 

ESTADO LIBRE 

ASOCIADO DE PUERTO 

RICO por conducto del 

Honorable Secretario de 

Justicia DOMINGO 

EMANUELLI 

HERNÁNDEZ; 

UNIVERSAL INSURANCE 

COMPANY, FULANO DE 

TAL, CORPORACIONES 

ABC, ASEGURADORAS 

XYZ y otros 

Peticionarios 

KLCE202400668

CERTIORARI

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Civil Núm.:

SJ2023CV07689

(806)

Sobre: Daños y 

Perjuicios

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Álvarez Esnard, jueza ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de julio de 2024.

Comparece ante nos Universal Insurance Company

(“Universal” o “Peticionaria”) mediante Certiorari presentado el 17 de 

junio de 2024. Nos solicita que revoquemos la Resolución y Orden

que se emitió y notificó el 16 de mayo de 2024 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (“foro primario” o “foro a 

quo”). Por virtud de esta, el foro primario declaró Ha Lugar la Moción 

de Reconsideración [...] que presentaron Alfredo Facundo Rosado

(“señor Rosado”), María Laureano de Ángel (“señora Laureano”) y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (en conjunto,

“esposos Rosado-Laureano” o “Recurridos”). En consecuencia, el 
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foro a quo dejó sin efecto la Sentencia Sumaria Parcial que emitió y 

notificó el 7 de diciembre de 2024, la cual desestimó con perjuicio el 

pleito contra la Peticionaria.

Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos 

la expedición del auto de certiorari.

I.

El 10 de agosto de 2023, los esposos Rosado-Laureano 

instaron una Demanda sobre daños y perjuicios contra el Municipio 

Autónomo de San Juan, MAPFRE-PRAICO Insurance Company y 

otros demandados de nombre desconocido.1 Alegaron que, el 24 de 

febrero de 2024, el señor Rosado resbaló en una rampa de 

impedidos que había sido pintada recientemente por empleados del 

Municipio de San Juan, la cual aún se encontraba húmeda y 

resbalosa. Adujeron que este resbalo ocasionó que el señor Rasado 

cayera de espalda, golpeándose así varias partes de su cuerpo. 

Arguyeron que, como consecuencia de ello, tuvo que someterse a 

varios tratamientos médicos. De la misma forma, argumentaron

que al momento de la caída no habían empleados del Municipio de 

San Juan en los alrededores, la rampa no estaba clausurada al 

público, pese a su condición de peligrosidad y no había ningún tipo 

de letrero que alertara a los peatones.

Ante esto, los Recurridos solicitaron una indemnización no 

menor de $150,000.00 por los daños físicos y angustias mentales 

sufridos por el señor Rosado. Además, solicitaron $50,000.00 por 

los daños sufridos por la señora Laureano, $1,500.00 por los gastos

médicos incurridos por la Sociedad Legal de Gananciales y

$15,000.00 por la pérdida de ingresos que ha sufrido el señor 

Rosado ya que este no ha podido desempeñarse en su empleo por 

las lesiones ocasionadas producto de la caída. Posteriormente, el 22 

1 Apéndice certiorari, págs. 1-6.
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de agosto de 2023, los Recurridos presentaron una Demanda 

Enmendada.

2 En esencia, incluyeron en su reclamación al Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico por conducto del Departamento de 

Transportación Publica (“DTOP”) y su aseguradora, Universal.

Así las cosas, el 15 de noviembre de 2023, la Peticionaria 

presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial por Inexistencia 

de Cubierta.

3 Mediante esta, esgrimió que de la póliza emitida se 

desprendía cuáles eran los predios específicos que esta cubría. De 

igual modo, informó que la Avenida Ponce de León, lugar donde 

ocurrieron los hechos, no conformaba parte de los predios 

enumerados en la cubierta de General Liability. Aclaró que conforme 

surge de la clasificación número 131 dentro de la póliza, se 

desprendía el lenguaje “anywhere in the island of Puerto Rico” y que 

esto únicamente aplicaba a productos de fumigación y jardinería.

Por ello, la Peticionaria solicitó que el foro primario dictara sentencia 

sumaria parcial y desestimara toda reclamación en su contra.

Evaluado este escrito, el 7 de diciembre de 2023, el foro 

primario dictó y notificó Sentencia Sumaria Parcial.

4 Por virtud de 

esta, el foro a quo declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria 

instada por la Peticionaria. Concluyó que de los hechos probados y 

no controvertidos surgía que, al momento de que ocurrieran los 

hechos, Universal tenía expedida una póliza en beneficio del DTOP 

la cual especificaba los predios cubiertos por esta. Razonó que, de 

la lista de dichos predios, no se encontraba el lugar donde ocurrió 

la caída por lo cual, Universal no tenía obligación de indemnizar los 

daños de los Recurridos. Cabe aclarar, que conforme surge de la 

propia Sentencia Sumaria Parcial, los esposos Rosado-Laureano no 

2 Íd, págs. 7-12.

3 Íd, págs. 13-22.

4 Íd, págs. 474.480.
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presentaron ningún escrito de oposición en el término que el foro 

primario le concedió.

Inconforme con tal determinación, el 11 de diciembre de 2023, 

los Recurridos presentaron una Moción de Reconsideración (Entrada 

Núm. 23).5 En esta, admitieron que no presentaron su escrito de 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria, pero pese a esto, 

entendían que la misma se debió haber rechazado de plano. 

Sostuvieron que la razón de ello obedecía a que la póliza de seguro

en cuestión era una póliza de responsabilidad pública o 

responsabilidad comercial general. Enfatizaron en que el 

planteamiento de Universal en cuanto a interpretar dicha póliza de 

responsabilidad general como una póliza de responsabilidad por 

locales, requería que el endoso de predios designados debía ser claro 

en inequívoco. Así pues, recalcó que las tablas de Cubiertas 

Misceláneas de los predios del DTPO que utilizó la Peticionaria para 

sostener su postura, no limitaban la cubierta de responsabilidad

general comercial de la póliza. 

En respuesta, el 16 de enero de 2024, Universal presentó una 

Oposición a Moción de Reconsideración de Sentencia.6 En lo 

pertinente, reiteró su posición en cuanto a que la cubierta de 

General Liability contenía una lista de predios de los cuales el DTOP

era dueño, alquilaba u ocupaba. Sostuvo que la expresión

“Anywhere in the Island, San Juan Puerto Rico 00924” únicamente

aplicaba a productos de fumigación y productos de jardinería y los 

recurridos no reclamaron bajo ninguna de estas dos categorías. 

Por su parte, el 17 de enero de 2024, los esposos RosadoLaureano, presentaron una Réplica a Oposición a Moción de 

Reconsideración.

7 En síntesis, destacó que existía una cubierta 

5 Íd, págs. 481-491.

6 Íd, págs. 505-519.

7 Íd, págs. 520-526.
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general aplicable a todo el territorio de Puerto Rico y existía otra 

cubierta miscelánea para cubrir daños relacionados a productos o 

trabajos de fumigación o jardinería.

Tras evaluar la postura de las partes, el foro primario dictó y 

notificó una Resolución y Orden el 16 de mayo de 2024.8 Por virtud 

de esta, declaró Ha Lugar la solicitud de reconsideración de los 

Recurridos. En esencia, determinó que era un hecho incontrovertido 

que la póliza número 09-560-000668833-7/000 había sido emitida 

por Universal a su asegurado, el DTOP, con vigencia desde el 30 de 

junio de 2022 al 30 de junio de 2023, la cual incluía una cubierta 

de Comercial General Liability (“CGL”). Asimismo, subrayó que la 

aludida póliza contenía unas tablas que detallaban los límites de lo 

que la Peticionaria estaba obligada pagar. Agregó que seguido a 

dichas tablas había otra tabla de dos (2) columnas intitulada

Miscellaneous Coverage Policy. Así pues, el foro primario adjudicó lo 

siguiente:

En primer lugar, el lenguaje del CGL provee que su cubierta 

aplica a “bodily injury” y “property damage” solamente si la 

ocurrencia sucede dentro del periodo de vigencia de la Póliza 

y si ocurre en “coverage territory”. El CGL define el término 

“coverage territory” como los Estados Unidos de América, 

Puerto Rico, y Canadá. No hace referencia a los listados de 

localizaciones específicas. Esta contradicción señala a que la 

Cubierta Miscelánea debe de considerarse separada a la 

cubierta por responsabilidad general comercial. 

En segundo lugar, la Póliza no define el término 

“miscellaneous coverage”, lo cual crea una ambigüedad 

sobre el efecto de este término. La Cubierta Miscelánea se 

menciona dentro del CGL, pero separado de la tabla que 

desglosa los límites del seguro. Existe una controversia 

material si la Cubierta Miscelánea se dirige a proveer una 

cubierta adicional, extender partes del CGL o a limitar la 

cubierta. 

En tercer lugar, en ausencia de una disposición expresa, la 

mera asignación de clasificaciones específicas a ciertas 

localizaciones no tiene el efecto de modificar la cubierta. La 

clasificación es un sistema de codificación que, en práctica, 

es una herramienta que se utiliza con la intención de agrupar 

a los asegurados dentro de clasificaciones para que la tasa 

de cada clasificación refleje los riesgos comunes de dichos 

asegurados.9

8 Íd, págs. 535-544.

9 Íd, págs. 541-542.
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Ante este escenario, el foro a quo declaró Ha Lugar la Moción

de Reconsideración, dejó sin efecto la Sentencia Sumaria Parcial que 

se dictó el 7 de diciembre de 2023 y en consecuencia se declaró No 

Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria parcial de la Peticionaria. 

Igualmente, ordenó a Universal a contestar la Demanda en un 

término de veinte (20) días.

Insatisfecho aun, el 17 de junio de 2024, Universal compareció

ante nos mediante el recurso de epígrafe y formuló los siguientes 

señalamientos de error:

Erró el honorable tribunal de instancia al declarar ha lugar 

la moción de reconsideración de la parte demandante y dejar 

sin efecto la sentencia sumaria parcial de 7 de diciembre de 

2023 desestimando la reclamación contra universal. 

Erró el honorable tribunal de instancia al no dar 

cumplimiento a la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y no 

incluir cuales de los hechos sometidos por universal como 

que no estan en controversia fueron controvertidos y cuáles 

no.

El 24 de mayo de 2024, emitimos Resolución en la que, entre 

otros asuntos, le concedimos un término de diez (10) días a los 

Recurridos para que mostrara causa por la cual no debíamos 

expedir al auto de certiorari y revocar la determinación impugnada. 

Oportunamente, los esposos Rosado-Laureano presentaron su 

Oposición a Recurso de Certiorari. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a exponer la normativa aplicable a la controversia ante 

nuestra consideración. 

II.

A. Certiorari

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205 
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DPR 163, 174 (2020). Véase, además, Torres González v. Zaragoza 

Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023).

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1, 

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se 

recurra de (1) una resolución u orden sobre remedios provisionales 

o injunction o (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. Por excepción, se puede recurrir también de (1) 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos 

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones 

de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual 

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd. 

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como 

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de 

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del 

recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 

486-487 (2019).

Es importante destacar que, al interpretar la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, el Tribunal Supremo resolvió que “las 

resoluciones atinentes a asuntos postsentencia [como la que 

tenemos ante nuestra consideración] no se encuentran 

comprendidas entre aquellas determinaciones de naturaleza 

interlocutoria categóricamente sujetas a escrutinio mediante el 

recurso de certiorari”. IG Builders et. al. v. BBVAPR, 185 DPR 307,

339 (2012). En otros términos, al determinar si procede expedir o 

denegar un recurso de certiorari en el cual se recurre de un asunto 

postsentencia, debemos evaluar únicamente los criterios 

enmarcados en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Estos criterios son:
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(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713. No obstante, “[a]l denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1.

III.

Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos 

presentados por las partes, resolvemos que no se han producido las 

circunstancias que exijan nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos. Aun cuando la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, nos faculta, por vía de excepción, para atender asuntos sobre 

relaciones de familia, al amparo de los criterios que guían nuestra 

discreción no intervendremos en la determinación recurrida. En el 

presente caso, la Peticionaria no ha demostrado que el foro de 

instancia se excedió en el ejercicio de su discreción, ni que erró en 

la interpretación del derecho. Tampoco constató que el abstenernos 

de interferir en la determinación recurrida constituiría un fracaso 
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irremediable de la justicia en esta etapa de los procesos, procede 

que se deniegue el recurso de certiorari de epígrafe.

IV.

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones