Número Identificador RES 20 2 4

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

ERICK SHAUN HERNÁNDEZ FIGUEROA

Peticionario

v.
BETZAIDA RIVERA TRINIDAD
Recurrido KLCE202 400 680 Certiorari Procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón

Sobre: Divorcio

Caso Núm. : D DI2019

- 0180
Panel integrado por su president e , el Juez Rodríguez Casillas, el Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

. Rodríguez Casillas, juez ponente

.
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 1 5 de julio de 2024. Comparece ante nos por derecho propio, el Sr. Erick Shaun Hernández Figueroa (en adelante , “ señor Hernández Figueroa o peticionario”) mediante el recurso de certiorari

. Inferimos que solicita la revisión de las Ordenes emitidas el 16 de mayo de 2024 y el 28 de mayo de 2024 , por el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, Sala de Familia y Asuntos de Menores (en adelante , “TPI”). 1

Examinad a la totalidad del expediente , resolvemos denegar l a

e xpedición del auto de certiorari solicitado. Nos limitaremos a presentar los hechos del caso relacionados a esta controversia, sin especificar ciertos trámites cuya omisión no

incide en nuestra determinación final.

Veamos.

1 Cabe señalar que, el peticionario hace referencia a una Resolución final y firme emitida el 23 de agosto de 2021 , y señala que esta dio paso a la privación de la patria potestad.KLCE202400680 2

- I
De los autos ante nuestra consideración surge que, e l 9 de
abril de 2019 fue disuelto el vínculo matrimonial habido entre el señor Hernández Figueroa y la Sra. Bethzaida Rivera Trinidad (en

adelante , “ señora Rivera Trinidad o recurrida”). De manera provisional, la cus todia del hijo de las partes fue otorgada a la

recurrida , no obstante , ambos padres compartirían la custodia del

menor. Varias incidencias procesales después, el 22 de noviembre
de 2021 , el TPI emitió una Resolución que, 2 entre otros asuntos,
aclaró : “[e]l padre no ha sido privado de patria potestad en el presente caso como alega, sino que el ejercicio exclusivo de la misma es lo que se le adjudicó a la madre, ello por las actuaciones del demandante”

. 3 Luego, el señor Hernández Figueroa solici tó nuevamente la restitución de la patria potestad, sin embargo, el 23 de agosto de

2022 el TPI mantuvo la Resolución del 22 de noviembre de 2021 como final y firme, por lo que declaró : “No ha lugar a restitución de la patria potestad. [...]”

. 4

El 14 de sep tiembre de 2022 , el señor Hernández Figueroa presentó una reconsideración, 5 no obstante , el 22 de septiembre
de 2022 la misma fue declarada Sin Lugar , 6 mediante una Resolución que, entre otras cosas , expresó: “[a]nte la grave y reiterada falta de comunicación efectiva para la toma de decisiones entre ambos se determinó que fuera la demandada quien tomara las mismas. El padre no ha sido privado de todos sus derechos, sino que le fueron limitados entendiendo redundaba en el mejor interés del menor en atención del historial del caso y las controversias particulares que fueron presentadas al Tribunal”. 7
El 7 de mayo de 2024 , el señor Hernández Figueroa presentó por derecho propio el documento intitulado: “Restitución de Patria

2 Apéndice de la Recurrida, págs. 1

– 8. 3 Ídem , pág. 8 4 Apéndice de la Recurrida, pág. 9. 5 Apéndice de la Recurrida, págs. 10

– 12. 6 Apéndice de la Recurrida, págs. 13

– 14. 7 Íd. , pág.14.KLCE202400680 3

Potestad y Solicitud d e Desacato”

. 8 En respuesta, el 16 de mayo de

2024 el TPI , expresó:

Por lo controversial que ha sido este proceso entre las partes y ante el historial del presente caso, el Tribunal no atenderá este asunto si la parte demandante se encuentra representándos e por derecho propio

. Dicho esto, proceda a la contratación de abogado y se seguirá el proceso correspondiente. Tiene 30 días para comparecer por abogado

. 9 Inconforme, el 23 de mayo de 2024 el señor Hernández Figueroa presentó por derecho propio una “Solicitud de
Reconsideración”

. 10 Entre otras cosas, alegó que económicamente no podía contratar a un abogado, por lo que solicitó auto representarse

y a que ello no causaba una dilación de los procesos. Además, adujo, sin mayor argumentación, que la de terminación de la patria potestad e ra arbitraria y un abuso del derecho, por lo que solicitó la

nulidad de la misma bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil y la restitución de la patria potestad. Examinada la solicitud, el 28 de mayo de 2024 el TPI la

d eclaró “ No ha lugar . Realice las gestiones en Pro Bono del Colegio de Abogados ”

. 11 Insatisfecho, el 20 de junio de 2024 el señor Hernández Figuera presentó por derecho propio el recurso de certiorari y alegó la comisión de cuatro (4) errores:
ERRÓ EL TPI Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL PRIVAR DE LA PATRIA POTESTAD AL AQUÍ PETICIONARIO AL RESOLVER SIN ESCUCHAR PRUEBA NI SEÑALAR VISTA. ERRÓ EL TPI AL PRIVAR DE LA PATRIA POTESTAD OBVIANDO LA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO DE LEY. ERRÓ EL TPI AL NO RESTITUIR LA PATRIA POTESTAD. ERRÓ EL TPI AL REQUERIR LA CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO PARA ATENDER MI RECLAMO DE NULIDAD PRIVACIÓN DE PATRIA POTESTAD.

8 Apéndice del Peticionario , págs. 1

– 5. 9 Apéndice del Peticionario , pág. 8. 10 Apéndice del Peticionario , págs. 9

– 11. 11 Apéndice del Peticionario , pág. 13.KLCE202400680 4

De su parte, el 3 de julio de 2024 compareció la señora Rivera

Trinidad mediante el escrito intitulado: “MOSTRACIÓN DE CAUSA &

SOLICITUD DE SANCIONES” . Habiendo comparecido ambas partes, damos por sometido el asunto.

- II
El recurso de certiorari es un medio procesal de carácter discrecional, que a su vez, permite a un tribunal de mayor jerarquía

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. 12 Así, se entiende por discreción como el poder para decidir en una forma u otra; esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción

. 13 Por ello, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, delimita las instancias en que habremos de at ender

— vía certiorari

— las resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de instancia: [E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, solamente ser á

́ expedido por el Tribun al de Apelaciones cuando se recurra de una resoluci ó n u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moci ó n de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podr á ́ revisar ó rdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la ad misibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la a

pelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. [...]. 14 Bajo el carácter de discrecionalidad, la Regla 40 d el Reglamento de este Tribunal de Apelaciones establece los siguientes criterios para mostrar causa o para la expedición del auto de

certiorari:
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a dere cho. (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema. (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

12 Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019).; IG Builders et al. v. BBVAPR , 185 DPR 307, 337

– 338 (2012). 13 García v. Asociación , 165 DPR 311, 321 (2005).
14 Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.KLCE202400680 5
(D) Si el asunto planteado exige con sideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración. (F) Si la expedición del auto o de la or den de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio. (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 15 En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que:
[d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreci ó n de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivoc ó en la interpretaci ó n o aplicaci ó n de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervenci ó n en esa etapa evitar á un perjuicio sustancial. 16 De manera, que si la actuación del foro recurrido no está desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de instancia a quien le corresponde la dirección del proceso. 17

- B
La Regla 49.2 de Procedimiento Civil establece el mecanismo procesal que se tiene disponible para solicitar al TPI el relevo de los efectos de una sentencia cuando esté presente alguno de los fundamentos allí expuestos. 18 En ese sentido, la Regla 49.2 dispone:
Mediante una moción y bajo aquellas condic iones que sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su representante legal de una sentencia, orden o procedimiento por las razones siguientes: (a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable; (b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48; (c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado ―intrínseco y el también llamado ―extrínseco), falsa re presentación u otra conducta impropia de una parte adversa; (d) nulidad de la sentencia; (e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha

15 R egla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII

- B, R.40. 16 Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co. , 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. Espa ñ a Service Sta. , 117 DPR 729, 745 (1986). 17 SLG Zapata

- Rivera v. JF Montalvo , 189 DPR 414, 434

– 435 (2013). 18 García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010).KLCE202400680 6
cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o n o sería equitativo que la sentencia continúe en vigor, o (f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia. [...] La moción se presentará dentro de un término razonable, pero en ningún caso después de transcu rrido seis (6) meses de haberse registrado la sentencia u orden o haberse llevado a cabo el procedimiento. [...] 19 En específico, el inciso (d) de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, otorga al Tribunal la facultad de relevar a una parte de los

efectos de u na sentencia

— aun después de transcurrido el referido término de seis (6) meses

— cuando se determine su nulidad. Bajo ese palio, una sentencia es nula cuando se ha dictado sin jurisdicción sobre la persona o la materia, o mediante fraude al tribunal, o cuando al dictarla se ha quebrantado el debido proceso de ley en el cual se privó a una parte de la notificación o de la oportunidad de ser oída

. 20 Así, por ejemplo, se ha resuelto que la ausencia de una parte indispensabl e es una violación al debido proceso de ley que conlleva obligatoriamente el relevo de la

sentencia. 21 Así pues, si una sentencia es nula, tiene que dejarse sin efecto independientemente de que la solicitud a tales efectos se haga con posterioridad a habe r expirado el plazo de seis (6) meses que establece la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. 22

- III
En suma, el peticionario señala que el TPI erró y abus ó de su discreción al privarlo de la patria potestad sin la oportunidad de ser oído ni presentar prueba a su favor, violando así el debido proceso de ley. De igual modo, alega el foro recurrido incidió al no restituirle la patria potestad, y requerirle la contratación de un representante legal.

19 32 LPRA Ap. V, R. 49.2. 20 García Colón et al. v. Sucn. González , supra , a la pág. 543. 21 HRS Erase v. CMT, 205 DPR 689, 699 (2020). 22 Íd.KLCE202400680 7 De entrada, resolvemos que el peticionario pretende utilizar como subterfugio la moción de relevo de la Regla 49.2 de

Procedimiento Civil para re litigar el asunto de la limitación de su patria potestad que ha sido reiterado por el TPI en varias ocasiones.
Referente a las ó rdenes recurridas, somos del criterio que conforme a los hechos del caso y al derecho aplicable, las mismas constituye n una determinación dentro del claro ejercicio de

discreción conferido a los tribunales de instancia y a su facultad para manejar los casos de la manera que entiendan más adecuada. Todavía más, el 24 de junio de 2024 el peticionario presentó

una “Moción asumiendo representación legal” , 23 la cual fue aprobada por el TPI el 25 de junio de 2024

. 24 Por lo que en este momento cuenta con representación legal.

Por lo tanto , estamos ante un caso que a todas luces, no presenta ninguna de las circunstancias contempladas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, que nos motive expedir el auto

solicitado. Tampoco encontramos ju stificación alguna para

intervenir con la s órdenes recurrida s , a la luz de los criterios establecidos en la Regla 40 de este T ribunal de Apelaciones , supra
. Tampoco el peticionario señaló prueba en el expediente tendente a demostrar que el TPI abusó de su discreción o actuó con perjuicio, parcialidad o error manifiesto. Así, en el ejercicio de la sana discreción que nos permite la Regla 40 del Tribunal Apelaciones, supra, resolvemos denegar la expedición del auto de

certiorari

.

- IV
Por lo fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición d el auto de certiorari solicitado.

23 Apéndice d e la R ecurrida , p á g
. 15 24 Apéndice d e la R ecurrida , p á g
. 16.KLCE202400680 8 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones