Número Identificador

SEN2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII-ESPECIAL

MUNICIPIO DE RÍO GRANDE,

REPRESENTADO POR SU

ALCALDE, ÁNGEL B. 

GONZÁLEZ DAMUDT

APELADA

V.

ADQUISICIÓN DE FINCA 

27.661 DE LA URBANIZACIÓN 

INDUSTRIAL, LAS FLORES, 

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

RÍO GRANDE

CONCILIO DE SALUD 

INTEGRAL DE LOIZA, 

INC., ET ALS

APELANTE

KLAN202300276

KLCE202300360

Apelación procedente 

del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Fajardo

Caso Núm.:

RG2022CV00284

Sobre: Expropiación 

Forzosa

MUNICIPIO DE RÍO GRANDE,

REPRESENTADO POR SU

ALCALDE, ÁNGEL B. 

GONZÁLEZ DAMUDT

RECURRIDO

V.

ADQUISICIÓN DE FINCA 

27.661 DE LA URBANIZACIÓN 

INDUSTRIAL, LAS FLORES, 

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

RÍO GRANDE

CONCILIO DE SALUD 

INTEGRAL DE LOIZA, 

INC., ET ALS

PARTES CON INTERÉSPETICIONARIOS

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Fajardo

Caso Núm.:

RG2022CV00284

Sobre: Expropiación 

Forzosa

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni 

Mártir y el Juez Candelaria Rosa

Ortiz Flores, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de enero de 2024.

Comparece el Concilio de Salud Integral de Loíza, Inc. (CSILO) 

mediante una Apelación, correspondiente al recurso KLAN202300276,

sobre la Sentencia Parcial emitida el 10 de marzo de 2023 y notificada 

el 13 de marzo de 2023 que desestima una reconvención presentada 
KLAN202300276 cons. con el

KLCE202300360 

2

por CSILO en un caso de expropiación forzosa y, sobre cuatro (4) 

órdenes interlocutorias emitidas en la misma fecha de la sentencia 

parcial antes mencionada. Además, CSILO también comparece ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante una Petición de certiorari, 

correspondiente al recurso KLCE202300360, sobre una Resolución 

emitida y notificada el 15 de marzo de 2023 que declaró no ha lugar 

una solicitud de desestimación de una petición de expropiación por 

falta de jurisdicción sobre la materia.

Adelantamos, por los fundamentos que vamos a exponer, que se 

confirma la Sentencia Parcial apelada en el recurso KLAN202300276 y se 

deniega la expedición del auto de certiorari en cuanto a las cuatro órdenes 

recurridas en el recurso KLAN202300276; y, se deniega la expedición del 

auto de certiorari en cuanto a la la Resolución recurrida en el recurso

KLCE202300360.

I

El Municipio de Rio Grande (Municipio; recurrido) presentó ante el 

TPI, el 6 de julio de 2022, una Petición sobre expropiación forzosa

relacionada a los dos recursos ante nuestra consideración, sobre el 

siguiente inmueble:1

FINCA: 27,661 Inscrita al Tomo Karibe de Río Grande, 

Registro de la Propiedad de Puerto Rico, Sección III Carolina, 

con número de catastro 090-086-054-08-000, la cual ubica en 

la URBANIZACIÓN INDUSTRIAL LAS FLORES de Río 

Grande.2

Surge de la Ordenanza Núm. 2 Serie 2020-2021 y de la Ordenanza 

Núm. 28 Serie 2021-2022 que en la finca objeto de la petición de 

expropiación, enclava la estructura que fue la sede del Centro Judicial de 

Rio Grande.

3

 El Municipio identificó, en el inciso IV del Exhibit A de la 

Petición de expropiación, que las entidades CSILO, SZ Development, S.E. 

(SZ) y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales(CRIM) son 

1 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 1-106.

2 Alegación #2 de la Petición de Expropiación Forzosa.

3 Véase Exhibit C de la Petición, Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 11-23.
KLAN202300276 cons. con el

KLCE202300360 

3

partes con interés. Acompañaron como Exhibit D24 una Certificación 

Registral, de la cual surge que la propiedad está inscrita a favor del 

CSILO, quien adquirió por compraventa mediante la Escritura Pública 

número 4 del 3 de febrero de 2020, otorgada ante el notario Víctor M. 

Rivera Torres.

El 6 de julio de 2022, conjuntamente con la Petición de expropiación 

forzosa, el Municipio de Rio Grande presentó una Moción sobre adquisición 

y entrega material de la propiedad,

5 en la cual se solicitó la entrega 

inmediata de la posesión material de la propiedad objeto de la expropiación 

y su inscripción a favor del Municipio de Rio Grande, por parte del 

Registrador de la Propiedad, Sección III de Carolina.

El 7 de julio de 2022, el TPI emitió una Resolución, notificada el 

13 de julio de 2022

6 que decretó la investidura del título de la 

propiedad objeto de la petición de expropiación en el Municipio de Rio 

Grande y ordenó su incripción en el Registro de la Propiedad a favor del 

Municipio, libre de cargas, gravámenes, menciones, y reservas.

En cuanto a los incidentes posteriores pertinentes ante el TPI,

relacionados a lo reclamado en el recurso KLAN202300276, el 26 de 

agosto de 2022, el CSILO presentó una Contestación a petición de 

expropiación y reconvención.

7 Alegó que el Municipio, con sus acciones y 

omisiones, ocupó el inmueble expropiado desde el momento en que 

denegó recibir el pago de los arbitrios de construcción y/o eximir del pago, 

al privar al CSILO del uso de la propiedad.

El Municipio de Rio Grande presentó, el 11 de octubre de 2022, una

Solicitud de desestimación de la reconvención por resultar improcedente e 

inaplicable al procedimiento in rem de expropiación forzosa.

8 Expuso que 

la reconvención presentada por CSILO resulta incompatible e inaplicable al 

procedimiento in rem de expropiación forzosa y que no está reconocida, ni 

4 Apéndice del recurso KLAN202300276, pág. 24.

5 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 107-113.5

6 Apéndice del recurso KLAN202300276, pags 114-118.

7 Apéndice del recurso KLAN202300276, pags 114-118.

8 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 675-682.
KLAN202300276 cons. con el

KLCE202300360 

4

autorizada por la Ley de Expropiación Forzosa, ni por el Código Municipal, 

ni por la Regla 58.5 de las de Procedimiento Civil. En consecuencia, solicitó 

la desestimación de la reconvención como cuestión de derecho. El 4 de 

noviembre de 2022, CSILO presentó una Oposición a “Solicitud de 

desestimación de la reconvención por resultar improcedente e inaplicable 

al procedimiento in rem de expropiación forzosa”.

9

 

El TPI emitió, el 10 de marzo de 2023, una Sentencia Parcial

notificada el 13 de marzo de 2023, que desestimó la reconvención 

presentada, por resultar “incompatible e inaplicable al procedimiento in rem

de la expropiación forzosa y no está reconocida, ni autorizada por la Ley 

de Expropiación Forzosa, ni por el Código Municipal, ni por la Regla 58.5 

de las de Procedimiento Civil”.

10

 

El 26 de agosto de 2022, el CSILO presentó un escrito titulado 

Solicitud de reconsideración y para que se deje sin efecto orden de 

investidura de título dictada por este tribunal mediante su resolución del 7

de julio de 2022.

11 El 11 de octubre de 2022, el Municipio presentó su 

Oposición del Municipio de Río Grande a "Solicitud de reconsideración y 

para que se deje sin efecto orden de investidura de título dictada por este 

tribunal mediante su resolución del 7 de julio de 2022.

12 El 3 de noviembre 

de 2022, el CSILO presentó una Réplica a "Oposición del municipio de Río 

Grande a solicitud de reconsideración y para que se deje sin efecto orden 

de investidura de título dictada por este tribunal mediante su resolución del 

7 de julio de 2022.

13

 

El TPI emitió una Orden (primera orden recurrida en el recurso de 

apeacion KLAN202300276) que declaró no ha lugar la Solicitud de

reconsideración y para que se deje sin efecto orden de investidura de título 

dictada por este tribunal mediante su resolución del 7 de julio de 2022 antes 

9 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 683-687.

10 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 688-689.

11 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 800-805.

12 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 806-813.

13 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 814-820.
KLAN202300276 cons. con el

KLCE202300360 

5

citada y le ordenó al Municipio de Rio Grande a enmendar el Exhibit A para 

incluir al Gobierno Federal.14 

El 23 de febrero de 2023, se presentó una Moción del Municipio de 

Río Grande en solicitud de desalojo e imposición de canon de 

arrendamiento. 

15 CSILO presentó, el 27 de febrero de 2023, un escrito 

titulado Oposición a “Moción del Municipio de Rio Grande en solicitud de 

desalojo e imposición de canon de arrendamiento" y para reiterar solicitud 

de desestimación presentada por el CSILO".16

El TPI emitió, el 10 de marzo de 2023, una Orden (segunda orden

recurrida) al CSILO para que desaloje inmediatamente la finca expropiada,

notificada el 13 de marzo de 2023, y le impuso un canon de arrendamiento 

mensual de $24,000.00 a partir del 10 de septiembre de 2022 y hasta que 

acredite haber desalojado la propiedad municipal.17

El 23 de febrero de 2023, también se presentó una Moción del

Municipio de Río Grande solicitando que se ordene al CSILO que informe 

los datos del Perito Tasador que utilizará para litigar la justa 

compensación.

18 El 27 de febrero de 2023, el CSILO presentó su Oposición

a "Moción del Municipio de Rio Grande solicitando que se ordene al CSILO 

que informe los datos del Perito Tasador que utilizará para litigar la justa 

compensación" y para reiterar su solicitud de desestimación presentda por 

el CSILO.

19

 

El TPI dictó el 10 de marzo de 2023 una Orden (tercera orden 

recurrida), notificada el 13 de marzo de 2023, que le concede al CSILO 

el término de veinte (20) días para informar nombre, cualificaciones, 

número de teléfono y dirección del perito tasador que estará utilizando para 

litigar la justa compensación.20

14 Apéndice del recurso KLAN202300276, pág. 821.

15 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 822-823.

16 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 824-826.

17 Apéndice del recurso KLAN202300276, pág. 827.

18 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 828-829.

19 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 830-832.

20 Apéndice del recurso KLAN202300276, pág. 833.
KLAN202300276 cons. con el

KLCE202300360 

6

Finalmente, el 26 de agosto de 2022, CSILO también presentó una 

Moción solicitando eliminación de SZ Development por ser una parte 

indebidamente acumulada.

21 SZ Development presentó, el 13 de 

septiembre de 2022, una Moción en torno a moción solicitando eliminación 

de SZ Development por ser una parte indebidamente acumulada y a la 

oposicion a comparecencia de la parte con interes SZ Development.

22 El 

11 de octubre de 2022, el Municipio presentó el escrito titulado Oposición

del Municipio de Rio Grande a "Moción solicitando eliminación de SZ 

Development por ser una parte indebidamente acumulada". 

23

 Por su parte, 

el 3 de noviembre de 2022, CSILO presentó una Réplica a "Oposición a 

moción solicitando eliminación de SZ Development por ser una parte 

indebidamente acumulada". 

24

El TPI emitió una Orden (cuarta orden recurrida), el 10 de marzo de 

2023, la cual fue notificada el 13 de marzo de 2023, la cual declaró no ha 

lugar la solicitud de eliminación de SZ como parte con interés.25

Inconforme con lo dispuesto en cuanto a la Sentencia Parcial y las 

cuatro(4) órdenes recurridas, el CSILO presentó, el 10 de abril de 2023, un 

recurso de apelación ante este el Tribunal de Apelaciones identificado 

como el caso número KLAN202300276, el cual fue consolidado con el 

recurso KLCE202300360, mediante una Resolucion emitida el 26 de abril 

de 2023 por este Tribunal de Apelaciones. 

En cuanto a los incidentes procesales y adjudicativos,

pertinentes ante el TPI relacionados a lo reclamado en el recurso 

KLCE202300260, el 26 de agosto de 2022, se presentó por CSILO un 

escrito titulado Urgente solicitud de desestimación por falta de jurisdicción 

sobre la materia e impugnación de fin público.

26 Se reclamó que la 

expropiación de la propiedad solicitada por el Municipio de Rio Grande no 

21 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 690-786.

22 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 787-789.

23 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 790-795.

24 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 796-799.

25 Apéndice del recurso KLAN202300276, pág. 833.

26 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 149-189.
KLAN202300276 cons. con el

KLCE202300360 

7

procede y debe ser desestimada, conforme a los siguientes tres

fundamentos:

a. Falta de Jurisdicción sobre la materia según establece el 

28 U.S.C.S Sec. 2409(a)(a). Se sostiene que la ley federal 

(28 U.S.C.S. Sec. 1346(f) y su jurisprudencia 

interpretativa disponen que las cortes de distrito federales

tienen jurisdicción exclusiva sobre las acciones civiles 

bajo las cuales se reclame el título de una propiedad en la 

cual los Estados Unidos tenga interés. En el escrito de 

desestimación, el CSILO acompañó la certificación

registral de la propiedad, de la cual surge inscrito el 

"Federal Interest" del Gobierno Federal en la propiedad 

objeto de expropiación de este caso.

b. La propiedad no está sujeta a ser expropiada por la 

doctrina del Campo Ocupado. No hay ley estatal, ni 

municipal, que pueda ir por encima del destino y propósito 

de esa propiedad según le fue conferido a consecuencia

del "Federal Interest" y la ley federal.

c. La Petición deja de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio por la aplicación de 

la doctrina del Fin Público Previo, el cual a su vez resulta 

ser un uso público de mayor supremacía.

El Municipio de Rio Grande presentó el 9 de noviembre de 2023 una 

Oposición del Municipio de Rio Grande a la “Urgente solicitud de 

desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia e impugnación de 

fin público”.

27 El 5 de diciembre de 2022, el CSILO presentó un escrito 

titulado Réplica a "Oposición del Municipio de [Rio] Grande a la [‘]Urgente

solicitud de desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia e 

impugnación de fin público[’]’’.

28 El mismo día, 5 de diciembre de 2022, el 

CSILO presentó una Moción para suplementar “Réplica a "Oposición del 

Municipio de Rio Grande a la "Urgente solicitud de desestimación por falta 

de jurisdicción sobre la materia e impugnación de fin público".

29

El 13 de marzo de 2023, el CSILO presentó una Moción para reiterar 

"Urgente solicitud de desestimación por falta de .jurisdicción sobre la 

materia e impugnación de fin público".

30 El 13 de marzo de 2023 se emitió 

una Orden por el TPI, notificada el 14 de marzo de 2023, la cual concedió 

al Municipio de Rio Grande el término de veinte (20) días para presentar su 

27 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 190-644.

28 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 645-657.

29 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 658-665.

30 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 666-669.
KLAN202300276 cons. con el

KLCE202300360 

8

posición sobre la moción para reiterar la solicitud de desestimación 

presentada por el CSILO.31

El 14 de marzo de 2023, el Municipio de Rio Grande presentó una 

Moción del Municipio de Rio Grande en cumplimiento a orden del 14 de 

marzo de 2023.

32 Se expone en esa moción que el Municipio de Rio Grande 

se une a la solicitud del CSILO para que el TPI adjudicara la Urgente

solicitud de desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia e 

impugnación de fin público.

Así las cosas, el 15 de marzo de 2023, el TPI emitió una Resolución 

notificada el mismo día,33 en la cual el TPI declaró no ha lugar la solicitud 

de desestimación por falta de jurisdicción y campo ocupado presentada por 

el CSILO.

Inconforme, el 5 de abril de 2023, el CSILO presentó un recurso de 

certiorari ante este el Tribunal de Apelaciones identificado como el caso 

número KLCE202300360, consolidado con el recurso KLAN202300276.

Los señalamientos de errores expuestos en los recursos 

consolidados son los siguientes:

KLCE202300276

1. Incurrió en error el TPI al desestimar la reconvención 

presentada en este caso por el CSILO a pesar de que 

nada en la normativa lo prohibe y a pesar de que se 

trata de acciones y defensas reconocidas en nuestra 

jurisdicción a una parte cuya propiedad le es 

expropiada y/o se trate de una tenencia y/u ocupación 

temporera.

2. El TPI incurrió en error al no dejar sin efecto la orden 

de investidura de título y ordenar que se inscribiera la 

misma a favor del municipio y libre de cargas, 

gravamnes, menciones y reservas, a pesar de que 

tenía conocimiento de que la propeidad está afecta al 

"Federal Interest" y de que el gobierno federal no se 

ha incluído como parte en este caso. además, el TPI

incurrió en error al no dejar sin efecto la investidura 

de título hasta tanto se resolviera de forma final y 

firme la controversia sobre la jurisdicción.

3. Incurrió en error el TPI al ordenar al CSILO a desalojar 

inmediatamente la propiedad a pesar de que aun no 

31 Apéndice del recurso KLAN202300276, pág. 670.

32 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 671-672.

33 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 673-674.
KLAN202300276 cons. con el

KLCE202300360 

9

se ha resuelto de forma final ni firme el asunto de la 

jurisdicción del TPI para atender la petición de 

epígrafe.

4. Incurrió en error el TPI al imponerle al CSILO un canon 

de arrendamiento mensual de $24,000.00 a partir del 

10 de septiembre de 2022 y hasta que el csilo desaloje 

la propiedad a pesar de que dicha suma fue sugerida 

por el propio municipio como una mera alegación y 

sin que esté apoyada en informe pericial o prueba 

alguna.

5. Incurrió en error el TPI al dictar orden concediendole 

al CSILO 20 dias para informar nombre, 

cualificaciones, número de teléfono y dirección del 

perito tasador que estará utilizando a pesar de que 

aun no se ha resuelto de forma final ni firme el asunto 

de la jurisdicción del tpi para atender la petición de 

epígrafe.

6. Incurrió en error el TPI al no eliminar a la parte con 

interés SZ, a pesar de que se trata de una parte 

indebidamente acumulada.

KLCE202300360

1. Incurrió en error el TPI al declarar sin lugar la solicitud 

de desestimación sin considerar los antecedentes de 

la propiedad objeto de la peticion de expropiación, la 

cual está gravada por un “Federal Interest” del 

gobierno federal que impide no sólo la expropiación 

de epígrafe, sino que ademas, priva de ju[ris]dicción 

al TPI para atender la petición de expropiación.

2. Erró crasamente el TPI al asumir jurisdicción a pesar 

de que conforme a lo establecido en 28 U.S.C.S. Sec. 

2499(a)(a), el TPI carece de jurisdicción sobre la 

materia ya que existe jurisdicción exclusiva del 

Tribunal Federal.

3. Erró el TPI al asumir jurisdicción a pesar de que la

propiedad no está sujeta a ser expropiada por la 

doctrina del campo ocupado. El TPI al dictar la 

Resolución recurrida pasó por alto que no hay ley 

Estatal, ni Municipal, que pueda ir por encima del 

destino y propósito de la propiedad según le fue 

conferido a consecuencia del “Federal Interest” y la

Ley Federal.

4. Erró el TPI al declarar sin lugar la solicitud de 

desestimación a pesar de que la Petición de 

Expropiación deja de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio por la 

aplicación de la doctrina del fin público previo, el cual 

a su vez resulta ser un uso público de mayor 

supremacía.

5. Incurrió (sic) el TPI al no desestimar la petición a pesar 

de que el Municipio de Rio Grande no pudo levantar 

un argumento en derecho para oponerse.

Con el beneficio de los escritos presentados por las partes, 

resolvemos.
KLAN202300276 cons. con el

KLCE202300360 

10

II

A. Expropiación forzosa

El Artículo II, sección 9 de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico dispone lo siguiente:

No se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso 

público a no ser mediante el pago de una justa compensación 

y de acuerdo con la forma provista por ley. No se aprobará 

ley alguna autorizando a expropiar imprentas, maquinarias o 

material dedicados a publicaciones de cualquier índole. Los 

edificios donde se encuentren instaladas solo podrán 

expropiarse previa declaración judicial de necesidad y utilidad 

publicas mediante procedimientos que fijara la Ley, y solo 

podrán tomarse antes de la declaración judicial, cuando se 

provea para la publicación un local adecuado en el cual pueda 

instalarse y continuar operando por un tiempo razonable.

Al presentarse ante el TPI la petición de expropiación forzosa, con 

arreglo a lo dispuesto en 32 L.P.R.A. §§2901 et seq., el Estado deposita la 

compensación debida “a favor del dueño y de cualquier persona que tenga 

derecho, conforme las normas aplicables, a participar de ella.” 

Administración de Terrenos de P.R. v. Nerashford Development Corp., 136 

D.P.R. 801, 807 (1994), que cita a: Ley de 12 de marzo de 1903, p. 50, sec. 

4 & 5(a) (32 L.P.R.A. sec. 2905 & 2907); Reglas 58.3 y 58.9 de las de 

Procedimiento Civil de P.R. (32 L.P.R.A. Ap. III R. 58.3 & 58.9). 

Se ha reiterado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo siguiente:

"[e]l derecho del gobierno a expropiar propiedad privada para uso 

público ‘es un atributo inherente y necesario de la soberanía... y es 

superior a todos los derechos de propiedad.’... El título que se adquiere 

mediante la expropiación no se deriva del título del anterior dueño, sino que 

es un título nuevo, independiente y absoluto." Administración de 

Terrenos de P.R. v. Nerashford Development Corp., supra, a la página 808, 

que cita a: Pueblo v. 632 Metros Cuadrados, 74 D.P.R. 961, 970 (1953); 

ELA v. Registrador, 111 D.P.R. 117,119 (1981). (Énfasis nuestro.) 

A la fecha de radicación del legajo de expropiación forzosa ante el 

TPI que incluya la “declaración de adquisición y entrega y se haga el 

depósito en el tribunal, para beneficio y uso de la persona o personas 

naturales o jurídicas que tengan derecho al mismo, de la cantidad estimada 
KLAN202300276 cons. con el

KLCE202300360 

11

como compensación y especificada en la declaración, el título absoluto de 

dominio de dicha propiedad, o cualquier derecho o interés menor en la 

misma según quede especificado en la declaración, quedará investido en 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o Gobierno Estatal, o en la 

agencia o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

que hubiere requerido la expropiación [...].” (Énfasis nuestro.) 32 

L.P.R.A. §2907.

Además, “[e]n términos generales se ha sostenido que como la 

facultad de expropiar es un atributo inherente a la soberanía del Estado, 

las únicas limitaciones que pueden reconocerse a su ejercicio son 

que la propiedad se dedique a un uso o fin público y se le satisfaga al 

demandado una justa compensación por ella.” (Énfasis nuestro.) M. 

Mercado e Hijos v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 370 (1962).

Por lo tanto, “[e]l poder de expropiación forzosa del Estado Libre 

Asociado es consustancial mismo con su existencia como Estado, e 

inseparable de su poder político” y “[l]a Constitución de Puerto Rico se lo 

reglamenta en el sentido de que lo ejerza para utilidad pública, y como 

hemos concluido, beneficio e interés o utilidad social y del bien común, 

sujeto al pago de una justa compensación [...].” E.L.A. v. Rosso, 95 D.P.R. 

501, 536 (1967). En consecuencia, “[c]uando la Asamblea Legislativa 

misma, quien ejerce el poder de expropiación forzosa del Estado bien por 

sí o en forma delegada, hace ella la determinación de utilidad pública o 

interés público, resulta poco menos que imperceptible la facultad de 

los tribunales para contradecir esa determinación.” Id. (Énfasis 

nuestro.) Asimismo, “[u]na vez que la declaración legislativa o del 

organismo delegado sea de utilidad pública, en el significado presente del 

concepto, no incumbe a las cortes intervenir con la manera y medios 

que la Legislatura o sus organismos delegados escogen para ejercer 

el poder de expropiar, ni con la selección que hace de los bienes a ser 

expropiados.” Id., que cita a McCormick v. Marrero, 64 D.P.R. 260 (1944) 

y otros casos. (Énfasis nuestro.) 
KLAN202300276 cons. con el

KLCE202300360 

12

Por otro lado, la sección 5(d) de la Ley de Marzo 12 de 1903, según 

enmendada, 32 L.P.R.A. §2910, dispone lo siguiente:

En cualquier procedimiento entablado o que se entable por y 

a nombre y bajo la autoridad del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico o Gobierno Estadual, bien actúe en tales 

procedimientos el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 

Gobierno Estadual por propia iniciativa y para su propio uso, 

o bien a requerimiento y para fines de cualquier agencia o 

instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y 

en todo procedimiento entablado o que se entable por y a 

nombre de la Autoridad de Hogares de Puerto Rico, de 

cualquier Autoridad Municipal de Hogares o de cualquier 

municipio de Puerto Rico el Secretario de Justicia de Puerto 

Rico, o la representación legal de la Autoridad de Hogares de 

Puerto Rico, de cualquier Autoridad Municipal de Hogares, de 

cualquier municipio de Puerto Rico y de cualquier agencia o 

instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

quedan autorizados para desistir total o parcialmente, a 

nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de las 

agencias, instrumentalidades o subdivisiones del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico que representan, de la

adquisición de cualquier propiedad o parte de la misma o 

cualquier interés que en la misma haya sido o sea expropiado 

por o para la entidad expropiante por declaración de 

adquisición o de otro modo, y el título de dicha propiedad 

revertirá total o parcialmente, según sea el caso de 

desistimiento, a sus antiguos dueños; [...].

[...]

La facultad antes conferida para el desistimiento total o 

parcial de propiedades adquiridas mediante expropiación y 

en la forma anteriormente dispuesta podrá ser ejercida por 

las personas así autorizadas mediante convenio o 

estipulación. --Marzo 12, 1903, p. 50, adicionada como sec. 

5(d) en Mayo 12, 1949, Núm. 286, p. 845, sec. 1.

La petición de expropiación forzosa incluye, entre otros documentos, 

una declaración sobre adquisición y entrega material la cual deberá 

contener y estar acompañada de lo siguiente:

1. Una relación de la autoridad bajo la cual se pretende 

adquirir la propiedad y el uso público para el cual se 

pretenda adquirirla.

2. Una descripción de la propiedad que sea suficiente para 

identificarla.

3. Una relación del título o interés que se pretende adquirir 

de la propiedad para fines públicos.

4. Un plano en caso de propiedad que pueda ser así 

representada.

5. Una fijación de la suma de dinero estimada por la 

autoridad adquirente como justa compensación de la 

propiedad que se pretende adquirir. 32 L.P.R.A. sec. 

2907; Mun. de Guaynabo v. Adquisición M2, 180 D.P.R. 
KLAN202300276 cons. con el

KLCE202300360 

13

206, 217(2010) que cita a A.C.T. v. Iñesta, 165 D.P.R. 

891,902 (2005).

La Ley de Expropiación Forzosa y la Regla 58 de Procedimiento Civil 

reconocen el derecho al dueño de la propiedad expropiada como parte con 

interés para “formular sus defensas y objeciones, tanto en el carácter 

público del uso a que se destinara la propiedad como a la cuantía declarada 

como justa compensación.” A.C.T. v. 780.6141m2, supra, pág. 133. Por otro 

lado, al arrendatario del inmueble objeto de expropiación ordinariamente le 

asiste el derecho a participar de la compensación que el Estado 

deposite. Adm. de Terrenos de P.R. v. Nerashford Dev. Corp., supra, pág. 

815. La renuncia a ese derecho debe constar de una manera clara y 

expresa. Id. 

En cuanto a la justa compensación, de ser impugnada la cuantía 

originalmente consignada con la petición de expropiación forzosa, 

corresponde al TPI su adjudicación final. Luego, “[l]a compensación fijada 

por el tribunal sustituye los bienes inmuebles y los dueños de cada interés 

sobre los mismos recobran de dicha compensación el mismo interés 

proporcional que tenían en la propiedad expropiada.” Adm. de Terrenos de 

P.R. v. Nerashford Dev. Corp., supra, págs. 811-812 que cita a Pueblo v. 

McCormick, Alcaide & Co., 78 D.P.R. 939, 945-946(1956). No obstante, le 

corresponde al dueño de la propiedad “cuestionar la cantidad depositada 

como justa compensación y presentar la evidencia correspondiente sobre 

el valor en el mercado del inmueble expropiado.” A.C.T. v. 780.6141M2, 

supra, pág. 133.

III

En el recurso KLAN202300276, CSILO señaló que el TPI erró como 

sigue: (1) al desestimar su reconvención en un pleito de expropiación 

forzosa, contrario al derecho aplicable; (2) al no dejar sin efecto la orden 

de investidura de título sobre la propiedad inmueble expropiada y

ordenar que se inscribiera la misma a favor del municipio y libre de 

cargas, gravámenes, menciones y reservas, con conocimiento de que 

la propiedad está afecta(sic) al "federal interest" y de que el gobierno 
KLAN202300276 cons. con el

KLCE202300360 

14

federal no se ha incluído como parte en este caso y al no dejar sin 

efecto la investidura de título hasta tanto se resolviera de forma final y 

firme la controversia sobre la jurisdicción; (3) al ordenar el desalojo 

inmediato de CSILO de la propiedad expropiada sin haberse resuelto de 

forma final ni firme el asunto de la jurisdicción del TPI para atender la 

petición de expropiación forzosa; (4) al imponerle a CSILO un canon de 

arrendamiento mensual de $24,000.00 a partir del 10 de septiembre de 

2022 y hasta que desaloje la propiedad, sin que la cantidad este apoyada 

en informe pericial o prueba alguna; (5) al dictar orden que concede a 

CSILO 20 días para informar nombre, cualificaciones, número de 

teléfono y dirección del perito tasador que estará utilizando en el caso; 

y, (6) al no eliminar a la parte con interés identificada como SZ 

Development, a pesar de que se trata de una parte indebidamente

acumulada.

El primer señalamiento de error se refiere a la solicitud de 

desestimación de la petición de expropiación forzosa presentada por 

CSILO en la Constestación a petición de expropiación y reconvención

presentada el 26 de agosto de 2022. Conforme al derecho aplicable antes 

esbozado, el procedimiento civil en los casos de expropiación forzosa es in 

rem, es decir, contra la propiedad y no le aplica lo dispuesto sobre 

alegaciones responsivas reguladas en las Reglas de Procedimiento Civil 

que incluyen las reconvenciones. La causa de acción sobre expropiación 

forzosa es un procedimiento civil regulado por la Regla 58 de 

Procedimiento Civil y no un procedimiento civil ordinario, por lo que el TPI 

no cometió error al emitir la Sentencia Parcial apelada, que desestimó la 

reconvención.

En cuanto a los restantes cinco señalamientos de errores, se 

refieren cuatro órdenes interlocutorias emitidas el 10 de marzo de 2023 y 

notificadas el 13 de marzo de 2023, a las que identificamos como la 

primera, segunda, tercera y cuarta orden recurrida en el recurso de 
KLAN202300276 cons. con el

KLCE202300360 

15

apelación KLAN202300276, es decir, se recurre de órdenes de manejo del 

caso.

En cuanto a la primera orden [...], el TPI, en atención a la Solicitud 

de reconsideración y para que se deje sin efecto orden de investidura de 

título dictada por este tribunal mediante su resolución del 7 de julio de 2022 

y con el beneficio de los escritos de las partes, declaró no ha lugar la 

solicitud de reconsideración para que se dejara sin efecto la investiduta de 

título, y ordenó al Municipio a enmendar el Exhibit A para incluir al Gobierno 

Federal y presentar el Proyecto de emplazamiento. CSILO no tiene razón 

al señalar que el TPI erró al emitir la primera orden recurrida. 

Al presentarse la Petición de Expropiación, el 6 de julio de 2022, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió el 7 de julio de 2022 y notificó el 13 

de julio de 2022, la resolución que decretó la investidura del título de la 

propiedad expropiada a favor del Municipio, libre de cargas, gravámenes, 

menciones y reservas.

A partir de la fecha de presentación de la petición, las partes con 

interés tienen el término de 20 días para impugnar el fin público.

Transcurrido ese término sin que se impugne el fin público, las partes con 

interés solo pueden solicitar una suma adicional a la depositada como justa 

compensación sobre el valor de la propiedad expropiada. Al presentar el 

reclamo de suma adicional, la parte con interés deberá anunciar 

oportunamente su perito tasador, que deberá ser escuchado en una vista 

para dirimir si procede el reclamo de suma adicional. Por otro lado, de 

forma paralela al proceso sobre el reclamo de suma adicional y de no 

haberse desalojado la propiedad expropiada, el Tribunal puede adjudicar 

sobre el reclamo de imposición de canones de arrendamiento. 

La segunda orden [...], declaró ha lugar la Moción del Municipio de 

Río Grande en solicitud de desalojo e imposición de canon de 

arrendamiento presentada el 23 de febrero de 2023, y le impuso un canon 

de arrendamiento mensual de $24,000.00 a CSILO a partir del 10 de 

septiembre de 2022 y hasta que acredite haber desalojado la propiedad 
KLAN202300276 cons. con el

KLCE202300360 

16

municipal. El TPI dispuso conforme a derecho en el manejo del caso, bajo 

lo dispuesto en la Ley de Expropiacion Forzosa, la Regla 58 de 

Procedimiento Civil y la jurisprudencia aplicable antes reseñada.

La tercera orden [...], le concede al CSILO el término de veinte (20) 

días para informar nombre, cualificaciones, número de teléfono y dirección 

del perito tasador que estará utilizando para litigar la justa compensación, 

en atención a la Moción del Municipio de Río Grande solicitando que se 

ordene al CSILO que informe los datos del Perito Tasador que utilizará para 

litigar la justa compensación, presentada el 23 de febrero de 2023.

Igualmente, el TPI dispuso conforme a derecho en el manejo del caso, bajo 

lo dispuesto en la Ley de Expropiacion Forzosa, la Regla 58 de 

Procedimiento Civil y la jurisprudencia applicable antes reseñada.

La cuarta orden [...], declaró no ha lugar la Moción solicitando 

eliminación de SZ Development por ser una parte indebidamente, 

presentada el 26 de agosto de 2022. CSILO señala que el TPI se equivocó 

porque SZ no es parte con interés. Somos del criterio que el no se justifica 

nuestra intervención en el manejo del caso.

En el recurso KLCE202300360, CSILO señaló que el TPI se 

equivocó por lo siguiente: (1) al declarar sin lugar la solicitud de 

desestimación sin considerar que la propiedad expropiada está gravada 

por un “federal interest” del gobierno federal que impide la expropiación de 

epígrafe y priva de jurisdicción al TPI para atender la petición de 

expropiación; (2) al asumir jurisdicción a pesar de que conforme a lo 

estabecido en 28 USCS sec. 2499(a)(a), el TPI carece de jurisdicción sobre 

la materia ya que existe jurisdicción exclusiva del tribunal federal; (3) al 

asumir jurisdicción porque la propiedad no está sujeta a ser expropiada por 

la doctrina del campo ocupado y la resolución recurrida no procede en 

derecho, porque no hay ley estatal, ni municipal, que pueda ir por encima 

del destino y propósito de la propiedad según le fue conferido a 

consecuencia del “federal interest” y la ley federal; (4) al declarar sin lugar 

la solicitud de desestimación pues la petición de expropiación deja de 
KLAN202300276 cons. con el

KLCE202300360 

17

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio por la 

aplicación de la doctrina del fin público previo, un uso público de mayor 

supremacía; y (5) al no desestimar la petición de expropiación forzosa 

porque el Municipio no presentó fundamento en derecho para oponerse.

Los cinco errores señalados se relacionan a un escrito titulado 

Urgente solicitud de desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia 

e impugnación de fin público,

34 presentado por CSILO el 26 de agosto de 

2022. Se reclama que la expropiación de la propiedad solicitada por el 

Municipio de Rio Grande no procede y debe ser desestimada, conforme a 

los siguientes tres fundamentos: 

a. Falta de Jurisdicción sobre la materia según establece el 

28 U.S.C.S Sec. 2409(a)(a). Se sostiene que la ley federal 

(28 U.S.C.S. Sec. 1346(f) y su jurisprudencia 

interpretativa disponen que las cortes de distrito federales 

tienen jurisdicción exclusiva sobre las acciones civiles 

bajo las cuales se reclame el título de una propiedad en la 

cual los Estados Unidos tenga interés. En el escrito de 

desestimación, el CSILO acompafió la certificación 

registral de la propiedad, de la cual surge inscrito el 

"Federal Interest" del Gobierno Federal en la propiedad 

objeto de expropiación de este caso.

b. La propiedad no está sujeta a ser expropiada por la 

doctrina del Campo Ocupado. No hay ley estatal, ni 

municipal, que pueda ir por encima del destino y propósito 

de esa propiedad según le fue conferido a consecuencia 

del "Federal Interest" y la ley federal.

c. La Petición deja de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio por la aplicación de 

la doctrina del Fin Público Previo, el cual a su vez resulta 

ser un uso público de mayor supremacía.

CSILO reitera, en el recurso KLCE202300360, sus planteamientos 

y argumentos ya presentados en mociones previas y discutidos en relación 

al recurso KLAN202300276. No tiene razón. Hemos examinado 

detenidamente los escritos de las partes y el apéndice presentado, y 

estamos convencidos que el TPI no ha cometido los errores señalados en 

el recurso KLCE202300276 y en el recurso KLCE202300360. CSILO no ha 

demostrado la existencia del aludido gravamen federal y sus reclamos se 

alejan del derecho aplicable como reiteradamente resolvió el TPI en ambos 

34 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 149-189.
KLAN202300276 cons. con el

KLCE202300360 

18

recursos consolidados. La Certificación Registral que expidió el Registrador 

sobre la propiedad expropiada no incluyó mención alguna de un interés 

federal. No se cometieron los errores señalados.

Con el beneficio de los escritos de las partes, el foro recurrido emitió 

y notificó el 15 de marzo de 2023 una Resolución que declaró no ha lugar 

la solicitud de desestimacion por falta de jurisdicción y campo ocupado, 

presentadas por CSILO. No se justifica nuestra intervención, bajo lo 

dispuesto en la Regla 52.1 de Procedimeinto Civil.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, disponemos lo siguiente: (1) 

en cuanto al recurso KLAN202300276, se confirma la Sentencia parcial

emitida el 10 de marzo de 2023 y notificada el 13 de marzo de 2023, y 

se deniega la expedición del auto de certiorari en cuanto a las cuatro 

órdenes recurridas también emitidas el 10 de marzo de 2023 y 

notificadas el 13 de marzo de 2023; y, (2) en cuanto al recurso 

KLCE202300360 se deniega la expedición del auto de certiorari en 

cuanto a la Resolución emitida y notificada el 15 de marzo de 2023.

Notifíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones