Número identificador 

RES2024_________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

ROBERTO VELÁZQUEZ 

TORRES

Recurrida

v.

DIANA O. LÓPEZ DEL 

POZO

Peticionaria

KLCE202301105

consolidado 

con el 

KLCE202301126

CERTIORARI

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de Ponce.

Caso núm.:

J DI2017-0331.

Sobre: Divorcio.

Panel integrado por su presidenta, la jueza Ortiz Flores, la jueza Romero 

García y el juez Rivera Torres.

Ortiz Flores, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2024.

Comparecen la peticionaria Stephanie Velázquez López 

(peticionaria Stephanie Velázquez), mediante un recurso de certiorari

identificado con el alfanumérico KLCE2023001105, y la peticionaria Diana 

O. López Del Pozo (peticionaria López del Pozo), en el recurso 

consolidado del epígrafe e identificado con el alfanumérico 

KLCE2023001126. Ambas peticionarias recurren de una Resolución 

emitida y notificada el 6 de septiembre de 2023 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Relaciones de Familia del Centro Judicial de Ponce 

(TPI).

Adelantamos que se deniega la expedición del auto de certiorari en 

los dos recursos consolidados.

I

El señor Roberto Velázquez Torres (recurrido Velázquez Torres)

contrajo matrimonio con la peticionaria López del Pozo el 12 de diciembre 

de 1987.

1 El 17 de mayo de 2017, el recurrido Velázquez Torres presentó 

una demanda de divorcio contra la peticionaria López del Pozo. 

2

El 30 de junio de 2017, en lo pertinente a los recursos consolidados 

ante nuestra consideración, el TPI emitió una Resolución que aprobó la 

1 Apéndice del recurso KLCE202301105, pág. 1.

2

Id.
KLCE202301126 consolidado con 2

KLCE202301105

recomendación del Examinador de Pensiones Alimentarias (EPA) para 

establecer una pensión provisional de mil dólares ($1,000.00) mensuales a 

favor de dos (2) hijas procreadas por el recurrido Velázquez y la peticionaria 

López del Pozo, menores de edad ambas a la fecha de la presentación de 

la demanda de divorcio (peticionaria Stephanie Velázquez y su hermana 

Natalia Velázquez), como sigue:

La recomendación del Oficial Examinador de Pensiones 

Alimentarias en su Acta-Informe de 20 de junio de 2017 se 

atiende, adopta y hace formar parte de la presente

Resolución.

A tenor con lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley Orgánica 

de la Administración para el Sustento de Menores, 8 LPRA 

Sec. 518, según enmendada, se declara Ha Lugar la 

solicitud de alimentos presentada.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 de la Ley 

Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, 

8 LPRA Sec. 516, se establece a la persona no custodia,

Roberto Velázquez Torres, una pensión alimentaria 

provisional de $1,000 mensuales. La pensión será efectiva al 

26 de mayo de 2017 y entregada directamente a las menores 

alimentistas.

El padre no custodio asumirá el pago de los estudios 

universitarios de las menores, el pago del hospedaje, y la 

cubierta médica. De igual forma, asume en su totalidad el 

gasto por concepto de transportación aérea en los meses de 

agosto, diciembre, enero y mayo.

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 19 (c) 8 LPRA Sec. 

518, esta pensión alimentaria no podrá ser revisada hasta 

transcurridos tres años, a menos de que ocurran

circunstancias extraordinarias o cambios sustanciales que 

ameriten la revisión de la pensión antes del término

establecido por Ley.

Se ordena a las partes llenar con la brevedad posible en la 

oficina de ASUME más cercana, una Solicitud de Servicios o 

una Renuncia a los Servicios conforme lo requiere el Título 

IV.D del Social Security Act.

Se apercibe a las partes que deberán informar al Tribunal, 

dentro de los 10 días siguientes a la ocurrencia de cualquiera 

de los siguientes eventos; cambio en su dirección residencial, 

de patrono o en la cubierta del seguro médico disponible.3

El 24 de mayo de 2018, se emitió la Sentencia de divorcio entre la 

peticionaria López del Pozo y el recurrido Velázquez Torres.4

Posteriormente, el 20 de junio de 2019, la peticionaria Stephanie Velázquez 

3 Apendice del recurso KLCE202301105, pág. 50.

4 Apendice del recurso KLCE202301105, pág. 1.
KLCE202301126 consolidado con

KLCE202301105

3

presentó una Demanda de Alimentos entre Parientes.

5 Luego, al advenir a 

la mayoría de edad, la joven Natalia Velázquez presentó una Solicitud de 

Alimentos entre Parientes el 23 de junio de 2020.6 Ambas peticiones de 

alimentos de parientes fueron acogidas por el TPI.

Luego de varios trámites ante el EPA, descritos en la resolución 

recurrida, que incluyen vistas sobre las solicitudes de alimentos de 

parientes solicitados por la peticionaria Stephanie y su hermana Natalia 

Velázquez, y señalamientos de Vista de Alimentos entre Parientes para 

determinar los gastos de la peticionaria Stephanie Velázquez y Natalia 

Velázquez, inhibición de jueces y recursos previos ante el Tribunal de 

Apelaciones, se llevó a cabo la Vista en su fondo para determinar alimentos 

entre parientes. El Tribunal de Instancia recibió el testimonio de la 

peticionaria Stephanie Velázquez, Natalia Velázquez, el testigo Lawrence

Veloudis, el recurrido Velázquez y la peticionaria López del Pozo.7

El TPI emitió y notificó, el 6 de septiembre de 2023, la resolución 

recurrida, en la cual hizo determinaciones de hechos de los reclamos de 

alimentos de la peticionaria Stephanie Velázquez y su hermana, Natalia 

Velázquez.8 Conforme a esas determinaciones de hechos, concluyó que 

procede adjudicar “las peticiones de alimentos entre parientes de las 

jóvenes alimentistas conforme a las disposiciones del Código Civil de 1930, 

vigentes a la fecha en que ambas jóvenes presentaron sus 

correspondientes solicitudes de alimentos entre parientes”9 y en detalle 

expuso sus fundamentos de derecho.

Finalmente, el foro recurrido adjudicó las solicitudes de alimentos 

entre parientes presentadas por la peticionaria Stephanie Velazquez y su 

hermana Natalia Velazquez, como sigue:

En cuanto a la joven Natalia Velázquez López:

De la prueba desfilada ante nuestra consideración se 

desprende que Natalia tiene un progreso académico 

5 Apendice del recurso KLCE202301105, pág. 1.

6 Apendice del recurso KLCE202301105, pág. 1.

7 Apendice del recurso KLCE202301105, pág. 13.

8 Apendice del recurso KLCE202301105, págs. 13-24

9 Apendice del recurso KLCE202301105, págs. 25-26.
KLCE202301126 consolidado con 4

KLCE202301105

satisfactorio, Como cuestión de hecho el propio demandante 

reconoció que esta es acreedora de una pensión de 

alimentos entre parientes, a pesar de que en su 

argumentación final se retractó. Los ingresos reportados por 

Natalia son mínimos por lo que el Tribunal está convencido 

de su necesidad. Este Tribunal determina mantener la 

pension alimentaria para el beneficio de la joven Natalia 

Velázquez López hasta el mes de mayo 2024, sujeto a que 

apruebe los tres cursos que estaba cursando a la fecha 

en que ofreció su testimonio. Se dispone expresamente 

que, de no aprobar todos los cursos, la pensión será 

efectiva hasta el mes de diciembre 2023.

Los gastos mensuales de Natalia, conforme su testimonio

incontrovertido, consisten en $1,166.00 de renta u hospedaje 

y $1,548.56 entre comida, artículos del hogar y de higiene 

personal, transportación y entretenimiento. Esto totaliza 

$2,714.56 mensuales, sin incluir los gastos extraordinarios de 

matrícula, libros y transportación aérea durante los meses de

agosto, diciembre, enero y mayo. Se dispone expresamente 

que los gastos extraordinarios deberán ser pagados a los 

cinco (5) días siguientes de presentarse por la joven la 

correspondiente factura y/o recibo a razón del porciento aquí 

establecido a cada alimentante.

En este punto compete establecer la capacidad y proporción 

de cada uno de los padres alimentantes. Compete establecer 

que este Tribunal no estará considerando los ingresos de la 

corporación para este ejercicio por ser un ente jurídico con 

personalidad separada del demandante y no se presentó 

prueba suficiente que nos permita descorrer el velo 

corporativo. Tras analizar la prueba desfilada ante nuestra 

consideración este Tribunal concluye que el [recurrido 

Velázquez] tiene la capacidad de generar al menos 

$20,000.00 mensuales y la [peticionaria López del Pozo]

tiene la capacidad de generar al menos $2,000.00 

mensuales. En términos de proporción corresponde al 

[recurrido Velázquez] asumir un 90% de las necesidades de 

las jóvenes alimentistas y a la [peticionaria López del Pozo]

le corresponde asumir el 10%.

Se determina que a partir del 23 de junio de 2020 al 

demandante le corresponde aportar el noventa por ciento 

(90%) de los gastos de la joven Natalia como pensión 

alimentaria mensual para un total de $2,443.10 mensuales, 

más el noventa por ciento (90%) de los gastos 

extraordinarios. Corresponde a la demandada aportar el diez 

por ciento (10%) de los gastos de la joven Natalia como 

pensión alimentaria mensual para un total de $271.46 

mensuales, más el 10% de los gastos extraordinarios.

En cuanto a la joven Stephanie Velázquez López:

La joven Stephanie Velázquez López no logró establecer que 

tuvo un aprovechamiento académico adecuado. La prueba 

desfilada ante nuestra consideración estableció que ello se 

debió a que le afectó emocionalmente los incidentes 

acaecidos tras la separación de sus padres. Para ello recibió 

ayuda profesional y se le brindaron acomodos razonables en 

la universidad. Un análisis sereno y sosegado de las 

circunstancias particulares de Stephanie nos lleva a
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KLCE202301105

5

mantener su pensión alimentaria hasta el mes de mayo de 

2023, fecha en que culmina el año académico universitario 

tras cumplir los veinticinco (25) años. En atención a la aptitud, 

actitud presentada y el periodo transcurrido desde que 

comenzó estudios la pensión alimentaria aquí dispuesta para 

el beneficio de la joven Stephanie comprenderá el periodo del 

20 de junio de 2019, fecha en que presentó la Demanda de 

Alimentos entre Parientes hasta el mes de mayo de 2023; 

esto equivale a 47 meses. El periodo previo se mantiene 

conforme la Resolución del 2017. Destacamos que no surge 

prueba admitida evidencia ni documentos en el expediente 

que establezcan que, posterior a la emisión de las

certificaciones médicas admitidas en evidencia, la joven 

Stephanie tuviese alguna condición que limitara de alguna 

forma su aptitud para los estudios.

Los gastos mensuales de Stephanie, según acreditados 

durante la Vista Evidenciaria ascienden a $3,323.14; lo que 

incluye $1,166.00 de hospedaje y $2,517.00 de gastos de 

comida, transportación, artículos de higiene y del hogar, entre 

otros. Esta suma no incluye los gastos extraordinarios de 

matrícula, libros, y transportación aérea durante los meses de 

agosto, diciembre, enero y mayo cuyo pago es procedente, 

tras presentarse los correspondientes recibos y/o facturas.

Se determina que para el periodo de junio 2019 hasta 

mayo 2023 al demandante le corresponde aportar el 

noventa por ciento (90%) de pension alimentaria mensual a 

la joven Stephanie para un total de $2,990.83 mensuales, 

más el noventa por ciento (90%) de los gastos extraordinarios 

de matrícula, libros y transportación aérea durante los meses 

de agosto, diciembre, enero y mayo que se hayan incurrido 

en este periodo. De igual forma, corresponde a la demandada 

aportar el diez por ciento (10%) de pension alimentaria 

mensual a la joven Stephanie para el periodo de junio 2019 

hasta mayo 2023 para un total de $332.31 mensuales, más 

el diez por ciento (10%) de los gastos extraordinarios 

matrícula, libros y transportación aérea durante los meses de 

agosto, diciembre, enero y mayo que se hayan incurrido en 

este periodo de junio 2019 a mayo de 2023.

En atención al planteamiento del [recurrido Velázquez] sobre 

los préstamos estudiantiles tomados por la joven Stephanie 

este Tribunal determina que los mismos no relevan a los 

alimentantes de la obligación del pago de las matrículas y 

demás gastos. La prueba desfilada y no controvertida 

estableció que la joven Stephanie se vió en la necesidad de 

tomar los aludidos préstamos ante la inconsistencia y demora 

del [recurrido Velázquez] en pagar, siendo este el entonces

responsable del pago total de los gastos de matrícula 

conforme la Resolución del 2017. Asimismo, determinamos 

como medida de equidad que los alimentantes no serán 

responsables del pago de la matrícula correspondiente a 

la baja total de la joven Stephanie.

Destacamos que nuestra determinación del 9 de agosto de 

2023 relevando del pago de alimentos entre parientes al Sr. 

Roberto Velázquez Torres con relación a la joven Stephanie 

Marie Velázquez López efectivo al 31 de julio de 2023 fue una

medida provisional ante el incumplimiento de las jóvenes 

alimentistas con las órdenes del Tribunal. La procedencia en 
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KLCE202301105

derecho de los alimentos era un asunto que estaba subjudice

el cual ha sido adjudicado en este escrito.10

Conforme a lo antes adjudicado, el TPI declaró Ha Lugar la Solicitud 

de Alimentos entre Parientes de la joven Natalia y Ha Lugar la Demanda 

de Alimentos entre Parientes de la joven Stephanie y dispuso lo siguiente:

Se ordena a las jóvenes alimentistas hacer la conciliación

de lo pagado y lo que debió pagar cada uno de los 

alimentantes en función de lo aquí dispuesto, estableciendo 

el total que reclaman como deuda a cada alimentante, si 

alguna. En este ejercicio, se ordena a las jóvenes 

alimentistas acreditar a la cuantía adeuda por los 

alimentantes, si alguna, la cantidad de $25,984.17 a razón 

de $23,385.75 al demandante, esto equivale al noventa por 

ciento (90%), y $2,598.42 a la demandada, esto equivale al 

diez porciento (10%), en partes iguales para cada joven. Es 

decir, cada joven alimentista deberá acreditarle $11,692.87 a 

la deuda, si alguna, del demandante y $1,299.21 a la deuda, 

si alguna, de la demandada.

Esta conciliación se notificará a las partes y al Tribunal 

mediante Moción en el término de diez (10) días contados a 

partir de la notificación de la presente Resolución. Recibida la 

misma, cada alimentante tendrá cinco (5) días para

presentar sus objeciones, si alguna. Se advierte que 

transcurrido dicho término sin recibirse oposición de algún 

alimentante el Tribunal dictará Resolución estableciendo la 

deuda, si alguna, según informada por las jóvenes 

alimentistas.

Se dispone expresamente que una vez establecida la deuda 

se emitirá Orden para que la misma sea pagada mediante el 

retiro de fondos de las cuentas de inversión de los 

alimentantes. Se ordena al [recurrido Velázquez] identificar

la cuenta disponible para tales fines e informarlo a este 

Tribunal en el término de diez (10) días.

Además, se dispone que la pensión alimentaria de la joven 

Natalia será pagada directamente a esta mediante depósito a 

su cuenta bancaria por ambos alimentantes, los primeros 

cinco (5) días de cada mes, hasta el mes de mayo 2024, 

sujeto a que aprueba los créditos matriculados para este 

semestre. Reiteramos que, de no aprobar todos los créditos, 

la pensión será efectiva hasta diciembre 2023.11

Inconforme, el 21 de septiembre de 2023, la peticionaria Stephanie 

Velázquez presentó Reconsideración.

12 El TPI emitió el 26 de septiembre 

de 2023 una Resolución, notificada el 29 de septiembre de 2023, que 

declaró no ha lugar la Reconsideración. 13

10 Apéndice del recurso KLCE202301105, págs. 29-31. (Énfasis y subrayado en original.)

11 Apéndice del recurso KLCE202301105, pags. 31-32. (Énfasis y subrayado en original.)

12 Apéndice del recurso KLCE202301105, pags. 33-42

13 Apéndice del recurso KLCE202301105, pags. 43-44.
KLCE202301126 consolidado con

KLCE202301105

7

También inconforme, el 19 de septiembre de 2023, la peticionaria 

López del Pozo, presentó una Moción de reconsideración.

14 El TPI emitió 

el 21de septiembre de 2023 una Resolución, notificada el 3 de octubre de 

2023, que declaró no ha lugar la Reconsideración.15

Aún inconformes, la peticionaria Stephanie Velázquez y la 

peticionaria Lopez del Pozo presentaron los recursos consolidados, como 

se expone a continuación:

El 6 de octubre de 2023, la peticionaria Stephanie Velázquez

presentó un recurso de certiorari, identificado con el 

alfanumérico KLCE202301105, en el cual nos solicita la 

expedición de un auto de certiorari y no solicita la revocación 

de la resolución emitida el 6 de septiembre de 2023 con 

relación a su reclamación de alimentos entre parientes.

Por su parte, el 12 de octubre de 2023, la peticionaria Lopez 

del Pozo presentó un recurso de certiorari, identificado con el 

alfanumérico KLCE202301126; en la misma fecha, presentó 

una Solicitud de orden en auxilio de jurisdicción, en la cual

nos solicitó la paralización de los efectos de la resolución 

dictada por el TPI, el 6 de septiembre de 2023, que dispuso 

para la liquidación de unas cuentas de inversión, con el fin de 

acceder a esos fondos para el pago del retroactivo adeudado 

en concepto de pensión alimentaria para beneficio de las 

hijas habidas en el matrimonio.

El 13 de octubre de 2023, emitimos una Resolución en la cual se 

consolidaron ambos recursos y ordenamos la paralización de aquella 

parte de la resolución del Tribunal de Primera Instancia que dispuso 

para la liquidación o apertura de las cuentas de inversión en 

controversia.

16

En el recurso KLCE202301105, la peticionaria Velázquez expone 

los siguientes señalamientos de errores:

1. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA DE PONCE, AL SOLO CONCEDER 

ALIMENTOS ENTRE PARIENTES POR CUESTIÓN DE 

ESTUDIO HASTA MAYO DE 2023.

14 Apéndice del recurso KLCE202301126, pags.34-38. 

15 Apéndice del recurso KLCE202301105, pags. 39-40.

16 Apéndice del recurso KLCE202301105 (resolución recurrida) a la página 32, párrafo 

segundo que lee como sigue: “Se dispone expresamente que una vez establecida la 

deuda se emitirá Orden para que la misma sea pagada mediante el retiro de fondos de las 

cuentas de inversión de los alimentantes. Se ordena al [recurrido Velázquez] identificar 

la cuenta disponible para tales fines e informarlo a este Tribunal en el término de diez (10) 

días.” (Énfasis en original.)
KLCE202301126 consolidado con 8

KLCE202301105

2. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA DE PONCE, AL NO TOMAR EN 

CONSIDERACIÓN RESOLUCIONES PREVIAS, 

FINALES Y FIRMES, QUE HABÍAN ESTABLECIDO EL 

DERECHO DE LA COMPARECIENTE A ALIMENTOS 

ENTRE PARIENTES, TENIENDO LA HONORABLE 

JUEZ LA [Ú]NICA ENCOMIENDA DE EVALUAR LOS 

GASTOS DE LA COMPARECIENTE E IMPONER UNA 

PENSI[Ó]N ALIMENTARIA.

3. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA DE PONCE, AL REALIZAR UN 

CÁLCULO INCORRECTO, EL CUAL SURGE DE LA 

RESOLUCI[Ó]N DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023, 

CÁLCULO QUE PUEDE SER CORREGIDO MEDIANTE 

UNA ENMIENDA NUNC PRO TUNC.

En el recurso KLCE202301126, la peticionaria López del Pozo

expone los siguientes señalamientos de errores:

1. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA DE PONCE, AL PASAR POR ALTO 

LA LEY DEL CASO, LA CUAL ESTABLECÍA QUE NO SE 

IBA A TOMAR EN CONSIDERACIÓN NI[N]GUNA 

PRUEBA SOBRE UNAS ALEGADAS CUENTAS DE 

INVERSIÓN, SUPUESTAMENTE PARA ESTUDIOS DE 

LOS HIJOS DEL MATRIMONIO.

2. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA DE PONCE, AL JUZGAR UN 

ASUNTO QUE NO ESTABA ANTE SU 

CONSIDERACIÓN, SIENDO LAS ÚNICAS 

CONTROVERSIAS PARA RESOLVER, CUAL ERA EL 

MONTO DE LAS PENSIONES ALIMENTARIAS, LA 

CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS PADRES Y LA 

PROPORCIÓN EN QUE CADA CUAL PAGARÍA LA PENSIÓN 

ALIMENTARIA.

El 2 de noviembre de 2023, el recurrido presentó su Alegato en 

oposición a petición de certiorari. Con el beneficio de los escritos de ambas 

partes, resolvemos.

II

El recurso de certiorari “es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 

637 (1999). Este es el recurso utilizado “para revisar tanto errores de 

derecho procesal como sustantivo”. Id. En nuestro ordenamiento procesal 
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civil, en lo pertinente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R.52.1 dispone lo siguiente: 

[...]

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 

bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, 

el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión.

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 

el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 

recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 

sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 

perjudiciales. (Énfasis nuestro).

La norma establecida es que el asunto que se nos plantee en el auto 

de certiorari debe tener cabida bajo alguna de las materias reconocidas en 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, toda vez que esta regla 

enumera taxativamente bajo que materias, solamente, se podrá expedir el 

auto de certiorari. Se ha reiterado que las partes deben abstenerse de 

presentar recursos de certiorari para revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias sobre materias que no están especificadas en la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra. En estos casos, en los cuales la materia no 

está comprendida dentro de la regla, el tribunal revisor debe negarse a 

expedir el auto de certiorari automáticamente. Ante la denegatoria de una 

moción de sentencia sumaria, el presente recurso tiene cabida bajo las 

materias comprendidas por la referida regla. 

Por consiguiente, debemos realizar un análisis dual para determinar 

si se expide o no un recurso de certiorari. Este examen consta de una parte 

objetiva y otra parte subjetiva. En primer lugar, debemos analizar si la 
KLCE202301126 consolidado con 10

KLCE202301105

materia contenida en el recurso de certiorari tiene cabida dentro de una de 

las materias específicas establecidas en la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra. Es norma reiterada que las partes deben abstenerse de 

presentar recursos de certiorari para revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias sobre materias que no están especificadas en la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra. En estos casos, en los cuales la materia no 

está comprendida dentro de la regla, el tribunal revisor debe negarse a 

expedir el auto de certiorari automáticamente. 

En segundo lugar, debemos analizar si bajo la Regla 40 del 

Reglamento de Tribunal de Apelaciones que nos concede discreción para 

autorizar la expedición y adjudicación en los méritos del auto de certiorari. 

A esos fines, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración para determinar si expedimos o no un auto de certiorari.

Éstos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Regla 40, supra, debemos evaluar 

“tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si es la más 

apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido [o] 
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una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008). Recordemos que la discreción judicial “no se da en 

un vacío ni en ausencia de otros parámetros”,17 sino que como Tribunal 

revisor debemos ceñirnos a los criterios antes señalados. Si luego de 

evaluar los referidos criterios, decidimos no expedir el recurso, 

podemos fundamentar nuestra determinación, pero no tenemos la 

obligación de así hacerlo.18

Los foros apelativos no debemos intervenir con las determinaciones 

de los tribunales de instancia, “salvo que se demuestre que hubo un 

craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que [la] 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. (Énfasis 

nuestro.) Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Por 

último, es pertinente enfatizar que se ha resuelto que el denegar la 

expedición de un auto de certiorari no constituye una adjudicación en 

los méritos, sino que “es corolario del ejercicio de la facultad 

discrecional del foro apelativo intermedio para no intervenir a destiempo 

con el trámite pautado por el foro de instancia”. (Énfasis nuestro.) Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 

III

En el presente caso se recurre de una Resolución emitida por el TPI, 

en la cual se adjudica el pago pensión de alimentos entre parientes, 

solicitada por dos hijas procreadas por la peticionaria López del Pozo y el 

recurrido Velazquez, a ser pagada por ambos padres. En ambos recursos 

se recurre de una Resolución relacionada con asuntos de familia. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos faculta la revisión 

de resoluciones dictadas por el TPI, a manera de excepción, si estas versan 

17 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012) que cita a Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 

18 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
KLCE202301126 consolidado con 12

KLCE202301105

sobre asuntos de casos de relaciones de familia. Sin embargo, es preciso

recalcar que nuestra discreción no se ejerce en el vacío. Por su parte, la 

Regla 40 de Procedimiento Civil, supra, establece los criterios para 

nosotros determinar si debemos ejercer nuestra facultad discrecional para 

expedir un auto de certiorari. Cónsono con lo anterior, no encontramos que 

el tribunal primario haya incurrido en un abuso de discreción o que haya 

actuado bajo prejuicio o parcialidad que acarree un fracaso de la justicia. 

Tampoco se demostró que el foro recurrido se haya equivocado en la 

interpretación o aplicación de una norma procesal ni que intervenir en esta 

etapa evitaría un perjuicio sustancial contra los peticionarios, razón por la 

cual denegamos la expedición del certiorari. 

Evaluados los recursos ante nosotros y la resolución recurrida, bajo 

los criterios de la Regla 40 de Procedimiento Civil, concluimos que 

debemos denegar la expedición de los autos de certiorari en esta etapa de 

los procedimientos.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición 

de los autos de certiorari en los recursos KLCE202301105 y 

KLCE202301126, consolidados y se deja sin efecto la Resolución 

emitida el 13 de octubre de 2023, en auxilio de jurisdicción, en cuanto 

a la orden de paralización de aquella parte de la resolución recurrida

del Tribunal de Primera Instancia que dispuso para la liquidación o 

apertura de las cuentas de inversión en controversia.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones