Número Identificador

SEN2023 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

FERNANDO A. PACHECO 

TEJADA DE POR SI Y EN 

REPRESENTACION DE LA 

SOCIEDAD DE BIENES 

GANANCIALES COMPUESTA 

POR EL Y SU ESPOSA Y 

OTROS

Apelante

v.

MUNICIPIO DE SAN JUAN Y 

OTROS

Apelados

KLAN202200894

APELACIÓN 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Civil número:

SJ2021CV06006

Sobre:

Daños y 

Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, y el 

juez Bonilla Ortiz y el juez Pagan Ocasio.

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

Comparece Fernando A. Pacheco, de por sí y en 

representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por él y su esposa Cristina Guzmán Marte (en adelante, “parte 

apelante” o “apelantes”) y nos solicitan que revisemos una 

Sentencia emitida y notificada el día 1 de septiembre de 2022 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan

(“TPI”). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

REVOCA la Sentencia apelada. 

-ILos hechos que motivan el recurso de epígrafe se originan 

el 16 de septiembre de 2021 cuando la parte apelante entabló una 
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demanda sobre daños y perjuicios.

1 En síntesis, alegó que el 17 

de enero de 2021 sufrió una caída debido a que su motora resbaló 

en gravilla como consecuencia de que la Autoridad de Acueductos 

y Alcantarillados (AAA) reparó un tubo roto y en lugar de echar 

brea para tapar el hoyo, lo cubrió con tierra y piedras por lo que 

alegó que se creó una situación de peligro. Además, añadió que 

después de resbalar en la gravilla cayó en un hoyo cercano 

lastimándose manos, codos, cara, cuello y cabeza. Así las cosas, 

ese mismo día fue al Hospital Doctors Hospital de Santurce donde 

le dieron medicamentos y le realizaron estudios que revelaron que 

tenía fracturas de hueso en la órbita del ojo derecho y en sus dos 

codos. A renglón seguido, alegó que, el Doctor que lo atendió lo 

refirió a un maxilofacial pero no a un ortopeda por lo que no pudo 

operarse de su fractura de los codos a tiempo. El apelante 

argumenta que no advino en conocimiento hasta que, al continuar

el dolor, decidió ir a IPA de Santurce (Health Pro Med) donde al 

examinarlo resultó con fracturas en su muñeca derecha y ambos 

codos. Ante esto, alegó que lo refirieron a un ortopeda que le 

expresó que ya no podía operarlo de sus fracturas porque había 

pasado mucho tiempo del accidente. 

Por último, solicitó $100,000.00 por los daños y perjuicios 

causados como consecuencia del incidente y $15,000.00 por las 

angustias mentales sufridas por el demandante como 

consecuencia del incidente.

El 24 de marzo de 2022, la parte apelada presentó Moción 

en Solicitud de Orden en torno a la Administración de 

Compensación por Accidentes de Automóviles, mediante la cual 

solicitaron una orden dirigida a la parte apelante para que, en un 

1 Apéndice de la Apelación, págs. 1-3 
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término de diez días, informaran el estado procesal del caso ante 

la ACAA, si alguno, y acreditaran el cumplimiento con el requisito 

de la notificación de la Demanda a ACAA, según lo dispone la ley.2

El 25 de marzo de 2022, el TPI declaró con lugar la solicitud de 

orden antes mencionada.3

El 14 de abril de 2022, el Municipio de San Juan y Optima 

Seguros, Inc. (en adelante “Apelados” o “parte apelada”)

presentaron una moción de desestimación. 4 En síntesis, 

solicitaron la desestimación sin perjuicio de la demanda por haber 

la parte apelante incumplido con el requisito de notificación de la 

demanda a la ACAA, según lo exige la sección 7(B) de la Ley de 

Protección Social por Accidentes de Vehículos de Motor.

El 22 de abril de 2022, el TPI le impuso a la parte apelante 

una sanción por $50.00 por su incumplimiento con la notificación 

de la demanda a ACAA y por incumplir con la orden de así hacerlo5. 

También, le dio 10 días perentorios para pagar la sanción y 

cumplir con lo ordenado so pena de desestimación. 

El 12 de mayo de 2022, la parte Apelante presentó su 

Oposición a Desestimación.6 En síntesis, arguyó que no se habían 

percatado de la orden, ni de la sanción por lo que al recibir la 

moción de desestimación cumplieron con la orden. Por lo tanto, 

solicitaron que se denegara la moción de desestimación por ser 

académica. El mismo día, 12 de mayo de 2022, la parte apelada 

presentó su contestación a la demanda.

7 En síntesis, se opuso a 

los reclamos del apelante y solicitó al TPI que desestimara con 

perjuicio la causa de acción. 

2 Apéndice de Alegato de las partes Apeladas, págs. 1-5 

3

Id. pág. 6

4 Apéndice de la Apelación, págs. 4-5

5

Id. pág. 6

6

Id. págs. 9-12

7

Id. págs. 13-21
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Tras varios trámites procesales, los apelados presentaron 

una demanda contra tercero contra la AAA. 8 En la misma, 

argumentaron que en caso de que se dicte en su día sentencia en 

contra de los apelados, condene a AAA a indemnizar total o 

parcialmente a la parte apelante debido a la alegación de la parte 

apelante sobre la creación de una situación de peligro al realizar 

un trabajo de reparar un tubo roto de la AAA. El 14 de junio de 

2022, el TPI declaró ha lugar la Demanda contra tercero.9

Así las cosas, el 15 de junio de 2022, el TPI ordenó 

nuevamente a la parte apelante a presentar la resolución firme y

ejecutoria de la administración, (ACAA) so pena de 

desestimación.10 Ante este panorama, la parte apelante sometió 

una moción solicitando tiempo adicional.11 En esta, argumentó

que la División Legal de la ACAA le habían prometido entregarle la 

resolución, pero cuando llamó le mencionaron que la empleada 

que trabajaba con la resolución faltó al trabajo. Por lo tanto, 

solicitó diez (10) días adicionales para proveer dicha resolución. 

El 5 de julio de 2022, la parte demandante sometió una 

moción de reconsideración.12 En síntesis, argumentó que nunca 

recibió tratamiento de la ACAA por lo que esta no había incurrido 

en ningún gasto. Posteriormente, el 7 de julio de 2022, presentó

una moción donde sometió prueba documental en la que incluyó 

un correo electrónico que recibió de la división legal de ACAA, en 

la cual indicaban que estaban llevando a cabo una búsqueda en el 

sistema para determinar si la apelante tenía algún caso radicado 

en la ACAA. Ante esto, la parte apelante presentó una Moción en 

cumplimiento de orden en la cual anejó un correo electrónico de 

8

Id. págs. 26-28

9

Id. pág. 29

10 Id. pág. 30

11 Id. págs. 31-32

12 Id. págs. 33-36
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la división legal de ACAA en el cual le indicaban que después de la 

búsqueda en el sistema de ACAA, no aparecía que la parte 

apelante hubiera radicado un caso en la ACAA.13

Así las cosas, mediante orden del 8 de agosto de 2022, el 

TPI emitió una orden indicando que la moción de cumplimiento de 

orden no cumplió con lo ordenado.14 Ese mismo día emitió otra 

orden en la que le dio a la parte apelante diez (10) días más para 

informar la fecha del último servicio y/o tratamiento médico

recibido por el apelante.

15

El 1 de septiembre de 2022, el TPI dictó sentencia 

desestimando el presente caso bajo la Ley Núm. 111-2020, Ley 

de Protección Social por Accidente de Vehículo de Motor, por

entender que era prematura la demanda.16

El TPI basó su decisión en la nueva legislación, Ley Núm.

111, supra, al establecer que ésta estableció una acción de 

subrogación de la ACAA en los derechos de un lesionado o sus 

beneficiarios para entablar una acción judicial contra terceros 

responsables del accidente. 

Así las cosas, el TPI citó la Exposición de Motivos de dicha 

ley que lee como sigue: 

“Establece la acción de subrogación de la ACAA en los 

derechos de un lesionado o sus beneficiarios a 

entablar una reclamación judicial por daños y 

perjuicios contra terceros responsables del accidente 

tal como se le concede a la Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado.” Énfasis suplido. 

De igual manera, basó su decisión en lo dispuesto en el Art. 7 

(A)(4)(c) de la susodicha Ley: 

“El lesionado ni sus beneficiarios podrán entablar 

demanda ni transigir ninguna causa de acción que 

tuvieren contra el tercero responsable de los danos, 

13 Id. págs. 37-38

14 Id. págs. 45

15 Id. págs. 46

16 Id. págs. 51-52
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hasta después de transcurridos noventa (90) días a 

partir de la fecha en que la resolución de la 

administración fuere firme y ejecutoria.”

Ante este panorama, el TPI entendió relevante para la 

disposición del caso lo resuelto por nuestro Tribunal Supremo en 

Saldaña Torres v Municipio de San Juan, 198 DPR 934 (2017), en

cuanto a la acción de subrogación de la CFSE y los términos 

dispuestos para que el obrero pueda presentar su causa de acción 

en daños contra un tercero. Nuestro Tribunal Supremo en este 

caso resolvió que “una acción presentada por un obrero lesionado 

que ha acudido al Fondo antes que transcurran los noventa días 

de ser firme la decisión del Administrador del Fondo es 

prematura”. 

En desacuerdo con la referida Sentencia, los apelantes 

solicitaron —sin éxito— su reconsideración, la cual fue declarada 

no ha lugar.

17 Aún inconformes, los apelantes acudieron ante nos 

mediante el recurso de título y señalaron los siguientes errores:

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL EXIGIRLE A LA PARTE APELANTE QUE 

PRODUZCA UNA RESOLUCIÓN DE LA ACAA QUE 

FUERE FIRME Y EJECUTORIA SO PENA DE 

DESESTIMACIÓN CUANDO EL APELANTE NUNCA 

RECURRIÓ A LA ACAA PARA RECIBIR TRATAMIENTO, 

POR LO TANTO, ERA IMPOSIBLE QUE EL APELANTE 

PUDIERA PRESENTAR LA RESOLUCIÓN QUE ESTABA

ORDENANDO EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

INSTANCIA. 

El 13 de diciembre de 2022, la parte apelada y tercero 

demandado presentó su alegato. El 15 de diciembre de 2022, la 

parte apelada presentó su alegato en oposición. Tras recibir el 

mismo, decretamos perfeccionado el recurso, por lo que 

procedemos con su adjudicación. 

17 Id. págs. 54-57
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-II-

-AEl Artículo 1536 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 

LPRA § 10801, dispone que “la persona que por culpa y 

negligencia causa daño a otra, viene obligada a repararlo”. Para

que prospere una reclamación por daños y perjuicios al amparo 

del referido precepto legal, se requiere la concurrencia de tres 

elementos, los cuales tienen que ser probados por la parte 

demandante: (1) el acto u omisión culposa o negligente; (2) la 

relación causal entre el acto u omisión culposa o negligente y el 

daño ocasionado; y (3) el daño real causado al reclamante. Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010). El daño constituye 

el menoscabo material o moral que sufre una persona, ya sea en 

sus bienes vitales naturales, en su propiedad o en su patrimonio, 

causado en contravención a una norma jurídica y por el cual ha 

de responder otra persona. En nuestro ordenamiento jurídico se 

reconoce la existencia de dos tipos de daños: los especiales, que 

pueden ser daños físicos, patrimoniales, pecuniarios o 

económicos, y los generales, conocidos como daños 

morales. Nieves Díaz v. González Massas, supra.

-BLa Ley Núm. 111-2020, 9 LPRA sec. 3161, et seq., mejor 

conocida como la Ley de Protección Social por Accidentes de 

Vehículos de Motor se adoptó con el propósito de atemperar a 

tiempos vigentes las disposiciones de la derogada Ley Núm. 138 

de 26 de junio de 1968, según enmendada. El objetivo de esta 

medida es proveer un seguro obligatorio y compensar a los 

asegurados por accidentes de tránsito, ya sea por daños 

corporales, enfermedad o muerte que surja como consecuencia 
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del accidente. Mediante la aprobación de este estatuto, se 

reconoció la existencia e importancia de la ACAA, por lo que se 

propicia la agilidad y modernización de dicha institución, con el fin 

de proveer servicios de calidad y promover la prevención de 

accidentes de vehículos de motor.

En lo pertinente, el Art. 7 de la Ley Núm. 111-2020, 9 LPRA 

sec. 3167, dispone lo siguiente:

La Administración tendrá derecho a ser indemnizada 

solidariamente por la persona responsable del accidente 

o por el titular registral del vehículo de motor conducido 

por el responsable del accidente por todos los gastos en 

que incurra la Administración en relación con dicho 

accidente si los daños fueron causados:

a. intencionalmente;

b. por una persona que sin ser conductor o lesionado 

provoca un accidente;

c. por un conductor involucrado en un accidente que no 

se detiene inmediatamente y abandona el lugar del 

accidente;

d. por el desprendimiento de objetos cargados en 

aditamentos o accesorios instalados en el vehículo de 

motor, o por el desprendimiento de aditamentos o 

accesorios agregados al vehículo de motor que no sean 

de fábrica, tales como, y sin que se considere una 

limitación, canastas de carga o portabicicletas, 

portamaletas o porta kayaks; o

e. en todos los casos contemplados en el Artículo 6 de 

exclusiones de cubierta.

La ACAA tendrá derecho a ser indemnizada por todos los 

gastos incurridos en relación con accidentes. Para ello, el inciso 

(A)(4) del Art. 7 de la Ley Núm. 111-2020, supra, le reconoce a 

la ACAA una acción de subrogación en los derechos de un 

lesionado o sus beneficiarios. En otras palabras, la ACAA posee el 

derecho de presentar una reclamación judicial por daños y 

perjuicios contra terceros, siempre y cuando ésta tenga la 

obligación de compensar a un lesionado o sus beneficiarios. Se 

trata de uno de los cambios fundamentales incluídos en el 

precitado estatuto, pues se le otorga a la ACAA una facultad que 

no poseía bajo la legislación anterior. Según reconoce la propia 
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ley, es un procedimiento análogo al concedido a la Corporación 

del Fondo del Seguro del Estado. Por consiguiente, “el lesionado o 

sus beneficiarios podrán reclamar y obtener daños y perjuicios del 

tercero responsable de dicha lesión, enfermedad, incapacidad 

o muerte dentro del año subsiguiente a la fecha en que fuere firme 

la resolución del caso por la Administración”. 

La acción de subrogación se rige por el siguiente 

procedimiento:

a. Cuando un lesionado, o sus beneficiarios en casos de muerte, 

tuvieren derecho a entablar acción por daños contra terceros, 

en los casos en que la Administración, de acuerdo con los términos 

de esta Ley, estuviere obligado a compensar en alguna forma o a 

proporcionar tratamiento, la Administración se subrogará en los 

derechos del lesionada o de sus beneficiarios, y podrá entablar 

procedimientos en contra del tercero en nombre del lesionado 

o de sus beneficiarios, dentro de los noventa (90) días siguientes 

a la fecha en que la decisión fuere firme y ejecutoria, y cualquier 

cantidad que como resultado de la acción, o a virtud de 

transacción judicial o extrajudicial se obtuviere en exceso de los 

gastos incurridos en el caso, se entregará al lesionado o a sus 

beneficiarios con derecho a la misma. El lesionado o sus 

beneficiarios serán parte en todo procedimiento que estableciere 

la Administración bajo las disposiciones de esta Ley, y será 

obligación de la Administración notificar por escrito al lesionado o 

sus beneficiarios de tal procedimiento dentro de los cinco (5) días 

laborables de iniciada la acción.

b. Si la Administración dejare de entablar demanda contra la 

tercera persona responsable, según se ha expresado en el 

párrafo anterior, el lesionado o sus beneficiarios quedarán en 

libertad completa para entablar tal demanda en su beneficio, sin 
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que vengan obligados a resarcir a la Administración por los gastos 

incurridos en el caso.

c. El lesionado ni sus beneficiarios podrán entablar demanda ni 

transigir ninguna causa de acción que tuvieren contra el tercero 

responsable de los daños, hasta después de transcurridos 

noventa (90) días a partir de la fecha en que la resolución de la 

Administración fuere firme y ejecutoria.

Por su parte, el inciso B del Art. 7 de la Ley Núm. 111-

2020, supra, provee que la ACAA tendrá derecho a intervenir “en 

todo caso en que se solicite ante los tribunales 

indemnización a base de la aplicación del principio de 

negligencia, por razón de daños o lesiones por los cuales se 

proveyeron beneficios bajo esta Ley”. En tales instancias, la parte 

demandante deberá notificar a la ACAA copia de la demanda, y 

deberá incluirse el número de caso de su reclamación como parte 

del epígrafe o en una de las alegaciones de la demanda. Si se 

incumple con lo anterior, el tribunal le concederá a la parte 

apelante un término no menor de treinta (30) días para 

subsanarlo. De no cumplir con ello, se desestimará, sin perjuicio, 

de la reclamación.

-IIIEn el caso de autos, la parte apelante sufrió un accidente en 

el que alega sufrió daños debido a la negligencia de la parte 

apelada. Así las cosas, decidió presentar su acción de daños y 

perjuicios ante el TPI. Tras varios trámites procesales, el TPI 

desestimó la demanda ante la negativa de la parte apelante de no 

entregar una resolución final y firme de parte de ACAA o informar 

el último servicio médico recibido ante la agencia. Ante el 

incumplimiento de esta orden, el TPI entendió que la acción era 

prematura. Adelantamos que no le asiste la razón. 
KLAN202200894 11

Si bien es cierto que La Ley Núm. 111-2020, supra, en su 

exposición de motivos establece la creación de una acción de 

subrogación para la ACAA similar a la de la Corporación del Fondo 

del Seguro de Estado en casos donde un tercero con negligencia 

haya causado daños, esto no significa que un demandante que 

haya decidido no recurrir a ACAA en primera instancia se quedara 

desprovisto de remedio alguno. 

De igual manera, el Art. 7 (A)(4)(c) de dicha Ley establece 

el término de noventa (90) días en el cual ningún lesionado podrá 

entablar una demanda contra un tercero hasta que la Resolución 

de la ACAA sea final, firme y ejecutoria. 

Es importante distinguir los hechos del caso ante nos con 

los de Saldaña Torres v Municipio de San Juan, supra. En Saldaña, 

a diferencia del presente caso, los empleados si presentaron sus 

reclamaciones ante el CFSE. Por lo tanto, nuestro Tribunal 

Supremo al tomar en cuenta la acción de subrogación y los 

términos dispuestos en la ley determinó que la acción de los 

empleados era prematura. En el caso ante nos, la parte apelante 

nunca comenzó una acción ante la ACAA e incluso anejo 

Certificación de No deuda con la ACAA, por lo que dicha agencia 

no iba a tener interés en subrogarse. 

Después de un análisis del expediente y de la legislación 

aplicable, entendemos que en ningún momento dicha legislación 

establece que una persona que sufrió daños tiene que recurrir de 

manera obligatoria a la ACAA y no puede acudir en primera 

instancia al TPI. Si el legislador hubiese querido limitar la 

jurisdicción de este Honorable Tribunal así mismo lo hubiera 

expresado. En ausencia de expresión del legislador al respecto, 

entendemos que el agraviado debe tener la libertad de acudir al 

foro que entienda correcto, como ocurrió en este caso. 
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Por lo tanto, entendemos que el TPI erró al desestimar por 

prematura la acción de la parte apelante. No cabe duda, que el 

TPI ordenó a la parte apelante a cumplir con lo imposible, y que 

esta actuó conforme a derecho. 

-IVPor los fundamentos antes expuestos, se REVOCA la 

Sentencia apelada y se ordena a cumplir con lo aquí resuelto.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones.

El Juez Bonilla Ortiz disiente sin opinión escrita.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones