Número Identificador

SEN2023_______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

MARIMAR PÉREZ 

RIERA

Recurrida

v.

CONSEJO DE 

TITULARES Y JUNTA 

DIRECTORES COND. 

MARYMAR, ET ALS.

Recurrentes

KLRA202300480

Revisión Administrativa

procedente del 

Departamento de 

Asuntos del

Consumidor (DACO)

Oficina Regional de 

San Juan

Querella Núm. 

C-SAN-2022-0010431

Sobre:

Ley de Condominios

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera 

Torres y la Jueza Rivera Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2023.

Comparece la parte recurrente del título, denominada en conjunto 

Condominio Marymar, mediante un recurso de revisión judicial, y nos 

solicita la revocación de la Resolución Sumaria, dictada y notificada por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO o Agencia) el 20 de julio 

de 2023.1 En la determinación administrativa, el DACO declaró “ha lugar” 

la Querella número C-SAN-2022-0010431 instada por la parte recurrida, la 

licenciada Marimar Pérez Riera (Lcda. Pérez Riera). Como consecuencia, 

ordenó al recurrente a convocar al Consejo de Titulares para llevar 

nuevamente a votación los mismos asuntos atendidos en la Asamblea 

Ordinaria celebrada el 17 de noviembre de 2021,2 ocasión en que, sin 

derecho a ello, se privó a la recurrida de voz y voto. Además, intimó al 

Condominio Marymar a producir para la Lcda. Pérez Riera el historial de 

pago de todos los titulares y la eximió de contribuir a los honorarios y gastos 

legales incurridos.

1 Apéndice, págs. 1-16.

2 Véase, Apéndice, págs. 109-111; además, págs. 124-128; 129-132.
KLRA202300480 2

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, confirmamos el dictamen recurrido.

I

Surge del expediente ante nosotros que, el 14 de diciembre de 2021, 

la Lcda. Pérez Riera, titular del PH del condominio, presentó la Querella del 

epígrafe.3 Alegó, en esencia,4 que el 17 de noviembre de 2021, el 

Condominio Marymar celebró una Asamblea Ordinaria, en la que se le 

prohibió participar plenamente a través de su voz y voto, al amparo del 

Artículo 51 de la Ley de Condominios, infra. Es decir, se le imputó a la 

recurrida albergar deudas de mantenimiento de más de tres meses. No 

obstante, la recurrida explicó que, a esa fecha, se encontraba pendiente de 

resolución la Querella C-SAN-2021-0009712 ante el DACO.

5 En esta, entre 

otras cosas, la Lcda. Pérez Riera denunció la negativa del Condominio 

Marymar a acordar un plan de pago razonable, según solicitado.

6 Aun 

cuando al momento de incoar dicha reclamación administrativa, la Lcda.

Pérez Riera estaba al día con el pago de las mensualidades que le 

correspondían, la recurrida anticipó que tendría deudas por concepto de 

mantenimiento y derramas. Dicho pleito culminó el 20 de mayo de 2022, 

cuando el DACO emitió una Resolución en Reconsideración,

7 a favor de la 

Lcda. Pérez Riera, en la que instruyó a las partes a producir el referido plan 

de pago. Por consiguiente, como a la fecha de la Asamblea Ordinaria de 

17 de noviembre de 2021 el procedimiento administrativo se encontraba 

3 Apéndice, págs. 244-249; 250-258, con anejo a la pág. 259. El DACO notificó la Querella 

el 5 de enero de 2022.

4 La Lcda. Pérez Riera renunció a cuatro causas de acción; a saber: [...] (ii) “Le imponga 

sanciones al presidente de la Junta de Directores por prohibirle a la Querellante que 

participe y vote a sabiendas de que esta estaba impugnando la deuda en DACO y de que

la consecuencia de la impugnación a DACO era que no tenía que pagar hasta finalizar el

caso en DACO; (iii) Le imponga sanciones al administrador por prohibirle a la Querellante 

que participe y vote, a sabiendas de que esta estaba impugnando la deuda en DACO; 

[...] (v) Le imponga sanciones por temeridad a la Junta de Directores por negarle la 

información que la Querellante solicita, a sabiendas de que es información administrativa 

perteneciente a todos los titulares; (vi) Ordene la imposición de daños por angustias y 

humillación en la suma de $5,000.00; [...]” (Énfasis en el original.)

5 Apéndice, págs. 628-374, presentada el 12 de agosto de 2021. Refiérase también a las 

págs. 641-644, Contestación a Querella C-SAN-2021-0009712.

6 Apéndice, pág. 362. El plan de pago fue solicitado el 27 de mayo de 2021. Véase, 

además, págs. 415-416; 417-418.

7 Apéndice, págs. 658-664.
KLRA202300480 3

pendiente, en la Querella de autos, la recurrida solicitó que el cónclave se 

declarara nulo, ya que no podía impedírsele ejercer su derecho al voto.

Relacionado a lo anterior, de la Convocatoria se desprende la 

siguiente expresión: “Al PH impugnar en DACO los planes de pago de las 

derramas del 26 de mayo de 2021 y 20 de julio de 2021 y los pagos de 

mantenimiento, la unidad PH no tiene que pagar su porción de las derramas 

y mantenimiento hasta que DACO tome una determinación final.”8 Además, 

ante la fundada sospecha de que se le trató selectivamente, la Lcda. Pérez 

Riera solicitó al DACO que se le ordenara al recurrente la entrega del 

historial de pago de los titulares, así como el desglose de los gastos legales 

incurridos y la exención de contribuir a estos, conforme a lo dispuesto en el

Artículo 65 de la Ley de Condominios, infra.

El Condominio Marymar presentó su alegación responsiva, fechada 

el 10 de febrero de 2022.

9 Negó que hubiera un caso de impugnación de 

deuda ni una resolución administrativa o judicial que eximiera a la recurrida 

de la obligación continua de contribuir a los gastos del inmueble, según 

establece el Artículo 59 de la Ley de Condominios, infra. Afirmó que la 

recurrida adeudaba tres plazos de cuota de mantenimiento y cinco de 

derramas. Reconoció que no existía un plan de pago, por lo que aseguró 

que actuó conforme a la ley al proscribir la participación de la Lcda. Pérez 

Riera en la Asamblea Ordinaria. Además, indicó que, el 20 de enero de 

2022, envió por correo electrónico la información peticionada sobre los 

pagos de los titulares.10

Luego de varios trámites interlocutorios, innecesarios de 

pormenorizar, el Condominio Marymar11 y la Lcda. Pérez Riera12

8 Véase, Apéndice, pág. 110, acápite (j) (3).

9

 Apéndice, págs. 260-271, con anejos a las págs. 272-274.

10 Igualmente, los querellados Javier Méndez y Mara Marcos, en conjunto, instaron una 

Moción de Desestimación. Apéndice, págs. 275-285. El otro querellado, Momentum 

Management Group Corp., por su parte, incoó su Contestación a Querella. Apéndice, 

págs. 286-294. Posteriormente, este último presentó una Moción de Desestimación por 

Academicidad, en la que acotó que, desde marzo de 2022, no fungía como Agente 

Administrador del condominio. Apéndice, págs. 602-605. Refiérase también a la nota al 

calce número 4 de este dictamen.

11 Apéndice, págs. 301-310, con anejos a las págs. 311-340. 

12 Apéndice, págs. 606-627, con anejos a las págs. 628-759.
KLRA202300480 4

presentaron sendas peticiones sumarias para la resolución abreviada del 

pleito. Asimismo, la recurrida se opuso al pedimento del recurrente;

13 y este 

reiteró su solicitud, así como la desestimación de la Querella.

14

Justipreciados los escritos, el DACO dictó la Resolución Sumaria 

recurrida,15 en la cual consignó los siguientes hechos probados e 

incontrovertidos, a los que hemos impartido énfasis:

1. La Querellante es la titular del apartamento PH del 

Condominio Marymar Condado el cual está sometido al 

régimen de propiedad horizontal y le aplica la Ley de 

Condominios, Ley 129 de 16 de agosto de 2020, conocida 

como la Ley de Condominios de Puerto Rico (en adelante 

“Ley de Condominios” o “Ley Núm. 129-2020”).

2. La Querellante solicitó un plan de pago a la Junta de 

Directores el 27 de mayo de 2021 el cual le fue 

denegado.

3. El 12 de agosto de 2021 la Querellante impugnó ante 

este Departamento la negativa de la Junta de 

Directores de otorgarle un plan de pago mediante la 

Querella presentada número C-SAN-2021-0009712.

4. Al momento de presentar la Querella C-SAN-2021-

0009712, la Querellante estaba al día con el pago de 

las mensualidades que le correspondía.

5. La Querella C-SAN-2021-0009712 fue resuelta mediante 

Resolución en Reconsideración emitida el 20 de mayo de 

2022 por este Departamento resolviendo Ha Lugar a la 

moción de reconsideración presentada por la Querellante.

6. El 3 de noviembre de 2021, el presidente de la Junta de 

Directores envió Convocatoria al Consejo de Titulares 

para una Asamblea Ordinaria a celebrarse el 17 de 

noviembre de 2021.

7. En la Convocatoria, el presidente de la Junta de 

Directores, Raphael Ramseyer, expuso que “Al [la 

Querellante] impugnar en DACO los planes de pago... la 

unidad PH no tiene que pagar su porción de las derramas 

y mantenimiento hasta que DACO tome una 

determinación final.”

8. La Junta de Directores admitió que, como consecuencia 

de haber impugnando (sic) ante el DACO la negativa de 

aprobarle el plan de pago solicitado, la Querellante iba a 

13 Apéndice, págs. 343-361, con anejos a las págs. 362-430.

14 Apéndice, págs. 485-495, con anejos a las págs. 496-601.

15 Véase nota al calce número 1 de esta Sentencia.
KLRA202300480 5

tener deudas pendientes por concepto de mantenimiento 

acumulando desde el final de agosto 2021. La Junta de 

Directores admitió lo mismo con relación a deudas 

pendientes por concepto de derramas.

9. El 17 de noviembre de 2021 se celebró la Asamblea 

Ordinaria del Consejo de Titulares. La Querellante asistió.

10.En la Asamblea Ordinaria, el presidente de la Junta de 

Directores, Raphael Ramseyer, le prohibió a la 

Querellante su derecho de voz y voto aduciendo a que 

la Sra. Pérez-Riera adeudaba más de 3 meses de 

mantenimiento.

11.Desde el 2 de diciembre de 2021, y en múltiples ocasiones 

posteriores, la Querellante solicitó al presidente y 

tesorero de la Junta de Directores el “aging” o 

historial de pago de todos los titulares para conocer 

cuántos meses de atraso habían tenido en determinado 

momento los demás titulares.

12.El 17 de diciembre de 2021 se le niega a la Querellante 

acceso al “aging” o historial de pago de todos los 

titulares sustentando su decisión en que esa era la 

recomendación de la abogada del Consejo de Titulares, la 

licenciada Sandra Velilla, donde esta indicó que: “... El 

historial de pago de un titular es un reporte interno 

(subsidiario) de la contabilidad del Condominio que ilustra 

de manera cronológica la conducta de pago de un titular. 

Por tratarse de información cuya divulgación no lo 

requiere la Ley ni los documentos constitutivos del 

Condominio, el titular tiene la expectativa de que su 

historial de pago no será divulgada [sic] a terceros y solo 

será usada para la preparación de los estados y reportes 

principales que sí deben estar a la disposición de los

titulares.”

16

13.El 6 de mayo de 2022 la Junta de Directores aceptó que 

le iba a dar acceso a la Querellante a la información 

solicitada, pero que iba a tomar tiempo. Según el correo 

electrónico de la parte Querellada a la Querellante, se le 

informó que “se está trabajando en el cierre de los 

primeros tres meses del 2022, hasta el 31 de marzo de

2022. Al tener la misma, se podrá proveer la información 

solicitada.”

14.Los querellados nunca proveyeron acceso a la 

información solicitada.

15.Este Departamento toma conocimiento administrativo de

[la] Querella C-SAN-2020-0006352 resuelta en 

Resolución [Sumaria] del 9 de julio de 2021 declarada Ha 

16 Véase, Apéndice, págs. 408-409.
KLRA202300480 6

Lugar por falta de proveerle información a la Querellante. 

Tras incumplimientos de los Querellados post Resolución

[Sumaria] del DACO, este Departamento demandó a la 

Junta de Directores y Consejo de Titulares de Marymar 

Condado en el Tribunal de Primera Instancia el 21 de abril 

de 2022 en caso SJ2022CV03113. Tras Sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia el 28 de junio de 2022, el 3 

de noviembre de 2022 el Tribunal de Primera Instancia 

emitió Orden y concedió 5 días a los Querellados para 

producir la información de estados bancarios so pena de 

arresto por desacato civil.17

16.El 14 de diciembre de 2021, la Querellante presentó la 

Querella de epígrafe.

17.El Departamento toma conocimiento administrativo 

de que esta Querella marca la cuarta ocasión en que 

la Querellante se ve obligada a radicar querellas en 

contra de los Querellados para que le provean acceso 

a información financiera o administrativa 

perteneciente a todos los titulares. En todos los 

casos, la Querellante ha prevalecido.

Estas querellas son las siguientes:

• En el año 2020 la Junta de Directores le negó 

información financiera, información relacionada con los 

cobros del seguro del huracán María, informes del 

contratista de las áreas comunales, Resolución 

Corporativa de un titular, entre otra. EI DACO emitió 

Resolución Sumaria del 9 de julio de 2021 en Querella

número C-SAN-2020-0006352 ordenando a la Junta de 

Directores del Condominio entregarle a la [Q]uerellante la 

información solicitada.

• El DACO demandó a los Querellados en Petición de 

Hacer Cumplir Orden ante el Tribunal de Primera 

Instancia el 21 de abril de 2022 en caso SJ2022CV03113. 

A su vez, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Sentencia el 28 de junio de 2022 ordenando a producir la 

información que alegaron los Querellados que estaba en 

el “Dropbox”, particularmente, en lo relevante, los estados 

bancarios de las cuentas del [C]ondominio.

• En el año 2017 la Junta de Directores le negó a la 

Querellante copia de las actas de reuniones de Junta de 

Directores. El DACO emitió Resolución el 23 de abril de 

2018 en Querella número C-SAN-2017-0000442 

ordenando a la Junta de Directores del Condominio 

entregarle a la [Q]uerellante la información solicitada.

• En el año 2016 la Junta de Directores le negó 

información sobre una inspección hecha en área comunal 

del Condominio a la Querellante. El DACO emitió 

Resolución el 27 de abril de 2016 en Querella número 

SJ0015164 ordenando a la Junta de Directores del 

17 Véase, Apéndice, págs. 714-720; además, a las págs. 721-722; 723-725; 726.
KLRA202300480 7

Condominio a entregarle a la Querellante la información 

solicitada.

Al tenor de los enunciados citados, el DACO concluyó que a la 

recurrida la albergaban las protecciones del Artículo 65 de la Ley de 

Condominios, infra, el cual prevalecía sobre las disposiciones del Artículo 

51 del estatuto, infra. En consecuencia, justipreció que la prohibición de la 

participación y el voto de la Lcda. Pérez Riera en la Asamblea Ordinaria 

impugnada era contrario a la Ley de Condominios, lo que tornó el cónclave 

en uno nulo. De igual modo, el DACO favoreció a la recurrida y ordenó al 

Condominio Marymar a producir el historial de pago de todos los titulares. 

Finalmente, en atención al ordenamiento atinente, eximió a la Lcda. Pérez 

Riera de contribuir a los gastos legales incurridos en el procedimiento.

Inconforme, el Condominio Marymar solicitó a la Agencia que 

reconsiderara su decisión.18 El DACO denegó de plano la petición, por lo 

que, el 12 de septiembre de 2023, la parte recurrente acudió ante este foro 

intermedio y señaló la comisión de los siguientes errores:

PRIMER ERROR: Estamos ante un caso que es Académico.

SEGUNDO ERROR: Resulta inconsecuente volver a celebrar 

la asamblea ordinaria de 2021 cuando el voto de la 

querellante no tendrá el efecto de alterar el resultado de los 

acuerdos adoptados por el Consejo de Titulares, resultando 

inconsecuente y fútil el remedio ordenado por el DACO.

TERCER ERROR: La Resolución Sumaria del DACO es 

contraria a su propia orden dictada en el caso C-SAN-2021-

0009712, a la más reciente decisión del Tribunal [de 

Apelaciones] en el caso Kiara Vélez Figueroa v. Junta de 

Directores del Condominio Balcones de Carolina II, Caso 

KLRA202100676 y al Artículo VI, Sección 1, del Reglamento 

del Condominio Marymar, todos los cuales fueron ignorados 

por el DACO en su Resolución Sumaria.

CUARTO ERROR: El DACO dictó una resolución que obra 

en contra de la política pública de la Ley de Condominios, del 

Reglamento del Condominio Marymar y la jurisprudencia 

dictada por nuestro Tribunal Supremo [al] resolver que las 

disposiciones del Artículo 65 de la Ley de Condominios 

prevalecen sobre las disposiciones del Artículo 51 por lo que 

un titular que adeuda 3 o más plazo de obligaciones 

comunales y que impugna ante el DACO la negativa de la 

Junta de Directores de concederle un plan de pago, no pierde 

su derecho al voto.

18 Apéndice, págs. 17-39, con anejos a las págs. 40-132. Véase, Oposición a 

Reconsideración de la recurrida en el Apéndice, págs. 133-155, con anejos a las págs. 

156-243.
KLRA202300480 8

QUINTO ERROR: Erró el DACO al adjudicar como una 

admisión de la Junta de Directores y del Presidente lo 

consignado en la convocatoria de la asamblea de liberar a la 

querellante de su obligación de pago y, apoyado en ello, 

resolver que la querellante tenía derecho a votar en la

asamblea.

SEXTO ERROR: El DACO ignoró prueba sustancial que 

presentó la Recurrente y que obra en el expediente 

administrativo que, de haberla considerado, habría 

desestimado la querella de la Recurrida sobre solicitud de 

documentos. En su lugar, el DACO incluyó determinaciones 

de hecho ajenas a las alegaciones 42 a 45 de la querella y 

procedió, de forma arbitraria, ultra vires y en violación al 

debido proceso de ley, a[l] determinar hechos y a[l] resolver, 

vía este caso, una controversia que se encuentra sub judice

en el caso C-SAN-2022-0010479.

SÉPTIMO ERROR: No procede conceder a la querellante el 

remedio que establece el Artículo 65 por cuanto corresponde 

revocar en su totalidad la Resolución Sumaria dictada por la 

agencia.

El 12 de octubre de 2023, la Lcda. Pérez Riera presentó su alegato. 

Con el beneficio de ambas posturas, resolvemos.

II

A

Es norma asentada que las decisiones de los organismos

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son

encomendados. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821

(2012). Al momento de “revisar una decisión administrativa, el criterio

rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la

agencia.” González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).

Luego, “[e]n caso de que exista más de una interpretación razonable de los 

hechos, el tribunal debe sostener la que seleccionó la agencia, y no sustituir 

su criterio por el de esta.” Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003). 

A su vez, “[e]l expediente administrativo constituirá la base exclusiva para 

la decisión de la agencia en su procedimiento adjudicativo y para la revisión 

judicial ulterior. Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004).
KLRA202300480 9

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), 3 LPRA sec. 9675, establece el alcance de la revisión judicial de

una determinación administrativa, como sigue:

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina

que el recurrente tiene derecho a un remedio.

Las determinaciones de hechos de las decisiones de las

agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en

evidencia sustancial que obra en el expediente

administrativo.

Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus

aspectos por el tribunal.

Se ha pautado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que “los

procesos administrativos y las determinaciones de hechos de las

agencias est[á]n cobijados por una presunción de regularidad y

corrección”, por lo que “la revisión judicial se limita a determinar si hay

evidencia sustancial en el expediente para sostener la conclusión de la

agencia o si esta actuó de manera arbitraria, caprichosa o ilegal.” (Énfasis

nuestro.) Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 (2006). Es decir, si quiere

prevalecer, la parte recurrente está obligada a presentar la evidencia 

necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar la presunción 

de corrección de la determinación administrativa. Camacho Torres v. 

AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006). En ese sentido, la parte que recurre

judicialmente una decisión administrativa tiene el peso de la prueba para

demostrar que las determinaciones de hechos no están basadas en el

expediente o que las conclusiones a las que llegó la agencia son

irrazonables. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004). La presunción 

de corrección de la decisión administrativa cederá en las siguientes 

circunstancias: (1) cuando no está basada en evidencia sustancial; (2) 

cuando el organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley, y 

(3) cuando ha mediado una actuación irrazonable o ilegal. Otero v. Toyota, 

163 DPR 716, 729 (2005).

Acerca de la interpretación de los estatutos que ejecutan las 

agencias, aun cuando las conclusiones de derecho se revisan en todos sus 

aspectos, los tribunales no podemos descartar libremente las conclusiones 
KLRA202300480 10

e interpretaciones de la agencia. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 

177 DPR 177, 187 (2009), que cita a Martínez v. Rosado, 165 DPR 582 

(2005). “Igualmente, merece gran deferencia y respeto la interpretación 

razonable de un estatuto que hace el organismo que lo administra y 

del cual es responsable.” (Énfasis nuestro.) Íd. La Máxima Curia ha opinado 

que incluso en casos dudosos, en los que la interpretación de la agencia 

no sea la única razonable, la determinación de esta merece deferencia 

sustancial. De Jesús v. Depto. Servicios Sociales, 123 DPR 407, 417-418 

(1989). Esta deferencia solo cederá cuando la decisión afecte derechos 

fundamentales, resulte irrazonable o conduzca a la comisión de una 

injusticia. Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 DPR 881, 889

(1999), refrendado en JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra; 

Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 DPR 226, 233 (1983).

B

La Ley Núm. 129 de 16 de agosto de 2020, Ley de Condominios de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1921 et seq. (Ley de Condominios), prima el 

ordenamiento jurídico sobre la gobernanza de los inmuebles sujetos al 

régimen de propiedad horizontal. A este estatuto, le siguen la escritura 

matriz y el reglamento del condominio de que se trate. Con Tit. Centro Int’l 

Torre II v. PRCI, 210 DPR 403, 413-414 (2022). La primacía del estatuto 

implica que cualquier cláusula o regla claramente contraria a sus 

disposiciones sería nula. Íd., pág. 414; Brown III v. J.D. Cond. Playa 

Grande, 154 DPR 225, 238-239 (2001). Del mismo modo, nuestro Tribunal 

Supremo ha resuelto que las disposiciones del estatuto especial son de 

carácter mandatorio y no supletorio. Con Tit. Centro Int’l Torre II v. PRCI, 

supra; Condominio First Federal Savings v. LSREF2 Island Holdings, 202 

DPR 934, 940 (2019).

De otro lado, es conocida la obligación de todo titular de un 

apartamento de contribuir con los gastos comunes para el adecuado 

sostenimiento del inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal. 

D.A.Co. v. Cond. Castillo del Mar, 174 DPR 967, 973 (2008). El Artículo 59 
KLRA202300480 11

de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1923d, establece la obligatoriedad 

de los condóminos de contribuir para cubrir los gastos de administración y 

conservación. Añade lo siguiente:

Ningún titular podrá librarse de contribuir a tales gastos

por renuncia al uso o disfrute de los elementos comunes, ni 

por abandono del apartamento que le pertenezca, ni por 

haber incoado una reclamación administrativa o judicial 

contra el Consejo de Titulares o la Junta de Directores 

por asuntos relacionados con la administración o el 

mantenimiento de las áreas comunes, salvo que el 

tribunal o foro competente así la autorice. (Énfasis 

nuestro.) Id.

La inobservancia de esta obligación repercute incluso en la voz y 

voto del titular. En armonía con lo anterior, el Artículo 51 de la Ley de 

Condominios, 31 LPRA sec. 1922w, estatuye, en lo pertinente, lo siguiente:

La representación en las asambleas del Consejo de 

Titulares en los que exista por lo menos un apartamento 

dedicado a vivienda, la podrán ejercer solamente personas 

mayores de edad que, a su vez, sean titulares que no 

adeuden tres (3) o más cuotas de mantenimiento, y/o 

derramas y/o multas vencidas por más de sesenta (60) 

días, y/o primas del seguro matriz [...] 

. . . . . . . .

Aquellos titulares que adeuden tres (3) o más plazos de 

cuotas, y/o derramas y/o cuotas especiales y/o multas con 

pago vencido de sesenta (60) días o más, y/o alguna prima 

vencida del seguro comunal por cualquiera de los 

apartamentos de los que sea titular, quedarán 

temporalmente privados de ejercer su derecho al voto, 

prestar su consentimiento o expresarse en las asambleas 

del Consejo de Titulares hasta tanto satisfagan la deuda 

en su totalidad o el Tesorero certifique que el titular está al 

día en el plan de pago aprobado por la Junta de Directores 

con anterioridad a la asamblea en cuestión. (Énfasis nuestro.)

Id.

De otra parte, el Artículo 65 de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 

1923j, provee las causas de acción necesarias y los términos para que los 

titulares de apartamentos puedan impugnar las acciones y omisiones de 

Junta de Directores, del Administrador Interino, del Agente Administrador o 

del Consejo de Titulares. El término prescriptivo dependerá de la causa en 

sí, como sigue:

Para todo tipo de impugnación se tendrán treinta (30) 

días contados a partir de la fecha en que se tomó dicho 

acuerdo o determinación, si se hizo en su presencia, o 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que 

recibe la notificación del acuerdo, si el titular afectado no 
KLRA202300480 12

estuvo presente en el momento en que se llegó a tal 

acuerdo o determinación. 

En el caso de que la acción de impugnación de acuerdos, 

acciones u omisiones de la Junta de Directores, del 

Administrador Interino, del Agente Administrador o del 

Consejo de Titulares, constituyan violaciones a las 

disposiciones de esta Ley, de la escritura matriz o del 

reglamento del condominio, prescribirá a los dos (2) 

años. El término se computará a partir de la fecha en que se 

tomó la acción, omisión o acuerdo si fue en la presencia del 

titular o a partir de la notificación de este si no fue en su 

presencia. El acuerdo tiene que haberse notificado conforme 

a las disposiciones de esta Ley. (Énfasis nuestro.) 31 LPRA 

sec. 1923j.

Cónsono con la importancia de prestar las cuotas de mantenimiento 

y otras cargas comunales, la disposición establece que el titular que 

impugne tendrá que demostrar que no tiene ningún tipo de deuda. Sin 

embargo, el estatuto consigna, a su vez, la salvedad del requisito de no 

deuda, “cuando la impugnación sea para cuestionar la deuda que 

alegadamente tiene.” (Énfasis nuestro.) Id. Además, adjudicada la pugna, 

el Artículo 65 de la Ley de Condominios, supra, provee también que “[e]l 

titular que prevalezca en cualquier reclamación de su querella no tendrá 

que contribuir a los honorarios o gastos legales en que incurra la Junta 

o el Consejo de Titulares, ni a la multa que, en su caso, pudiera imponérsele 

a la parte querellada.” (Énfasis nuestro.) Id.

C

Es norma reconocida que la academicidad es una de las doctrinas 

que acotan los límites de la función judicial, toda vez que el dictamen 

emitido no surtiría efecto práctico entre las partes. Bhatia Gautier v. 

Gobernador, 199 DPR 59, 73 (2017). Este precepto legal exige que exista 

una controversia real en todas las etapas del proceso judicial, tanto en la 

inicial como en la apelativa. Siendo así, una vez se determina que la 

controversia es académica, los foros judiciales debemos abstenernos de 

considerarla en sus méritos, ya sea por imperativo constitucional (ausencia 

de caso o controversia) o por autolimitación judicial. Bhatia Gautier v. 

Gobernador, supra, pág. 73; Asoc. de Periodistas v. González, 127 DPR 

704, 719 (1991). Por ello, se requiere el examen de los eventos anteriores, 
KLRA202300480 13

próximos y futuros, para auscultar si la controversia subsiste con el 

transcurso del tiempo. Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167 DPR 

149, 157 (2006). 

Sin embargo, se han reconocido un puñado de excepciones de la 

doctrina de academicidad; a saber: (1) cuando se plantea una cuestión 

recurrente o susceptible de volver a ocurrir y que tienda a evadir la 

revisión judicial; (2) cuando la situación de hechos ha sido modificada por 

el demandado, pero el cambio no aparenta ser permanente; (3) cuando se 

tornan académicos aspectos de la controversia, pero subsisten 

consecuencias colaterales vigentes; y (4) cuando la controversia se torna 

académica para un miembro en un pleito de clase certificado, mas no para 

los otros miembros de la misma clase. Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, 

págs. 73-74; Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 933 

(2011); U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 281 (2010).

Con respecto a la primera excepción antes citada, nuestro Alto Foro 

ha opinado lo siguiente:

[L]a “excepción de recurrencia” es utilizada cuando estamos 

ante una controversia o polémica que tiene la probabilidad de 

repetirse y de evadir la revisión judicial. Esto incluye 

situaciones donde la controversia se ha vuelto 

académica debido a circunstancias de tiempo 

relacionadas con la naturaleza de la acción o los 

procesos. Cónsono con lo anterior, la excepción de 

recurrencia trata sobre aquellas instancias en las que es 

razonable pensar que la misma controversia puede surgir 

en el futuro y que nuevamente se tornará académica 

antes de que algún tribunal pueda adjudicarla.

Para determinar si se configura la excepción de recurrencia 

deben considerarse los factores siguientes: (1) la 

probabilidad de recurrencia de la controversia; (2) la 

identidad de las partes involucradas en el procedimiento, 

y (3) la probabilidad de que el asunto eluda revisión 

judicial. La probabilidad de recurrencia es el factor primario 

para evaluar si una determinación del tribunal promoverá 

finalidad. Si hay una probabilidad razonable de que una 

controversia se repita el tribunal debe considerar el asunto 

planteado. Sobre la identidad de las partes, no es 

necesario que al repetirse la controversia se vean 

afectadas las mismas partes, sino que puede surgir entre 

distintos protagonistas. A su vez, para determinar si el asunto 

es propenso a continuar evadiendo la revisión judicial, se 

considera la naturaleza de la controversia. Este requisito 

se cumple en aquellas controversias que por su índole son 

de corta duración, aunque pudiera haber otras razones, 

además de brevedad cronológica. (Énfasis nuestro y citas 
KLRA202300480 14

omitidas.) Pueblo v. Díaz, Rivera, 204 DPR 472, 482-483 

(2020).

III

En los primeros tres señalamientos de error, el Condominio Marymar 

plantea, en esencia, que la causa de acción es académica. Arguye que el 

remedio provisto es inconsecuente, toda vez que, en el cónclave anulado, 

los acuerdos adoptados se ejecutaron, el presupuesto aprobado se 

extinguió y la directiva electa culminó su término; así como que el voto de 

,la Lcda. Pérez Riera no cambiaría los resultados obtenidos en la votación.

Añade que la determinación es contraria a las normas del régimen.19

En este proceso, uno de los remedios concedidos por DACO a la 

Lcda. Pérez Riera consistió en la declaración de nulidad de la Asamblea 

Ordinaria de 17 de noviembre de 2021 y, en consecuencia, la orden de 

celebrar una nueva Asamblea Ordinaria para dirimir los mismos asuntos 

que se discutieron en aquella ocasión. Ello así, porque el Condominio 

Marymar privó ilegalmente a la recurrida de su derecho a expresarse y a 

votar. 

Si bien el paso del tiempo puede aparentar que el asunto es 

académico, como esbozamos antes, la doctrina de academicidad 

comprende una excepción muy importante para este caso: la excepción de 

recurrencia. En la causa de autos, estamos ante una controversia con la 

patente probabilidad de repetirse y, por su naturaleza, lograr evadir la 

revisión administrativa. Las asambleas ordinarias se celebran anualmente 

y es razonablemente probable que un condómino tenga pendiente de 

resolución un caso de impugnación de cuota, derrama, multa o, como en 

este caso, un plan de pago por encontrarse en morosidad, y a quien se le 

prive de su derecho inalienable de voz y voto. Recuérdese que la identidad 

de las partes no tiene que ser igual, basta que los protagonistas de la 

disputa sean la junta de directores de turno y un condómino en las mismas 

19 En específico, el Condominio Marymar plantea que la decisión es contraria al Artículo 

VI, Obligations of the Unit Owners, Sección 1, Assessments, de los “By-Laws of the 

Marymar Condado Condominium”; véase, Apéndice, págs. 550-552.
KLRA202300480 15

circunstancias que la recurrida. Precisamente, debido a la probabilidad de 

recurrencia, corresponde al juzgador considerar el asunto y finiquitarlo.

Tampoco es académica la solicitud de información en poder del 

Condominio Marymar, cuya petición puede caer nuevamente en oídos 

sordos. Por consiguiente, resolvemos que el caso ante nuestra 

consideración no es académico, por virtud de la excepción de recurrencia.

Nótese, también, que el decreto de nulidad implica la inexistencia 

del acto y conlleva un impedimento de producir efecto alguno. Por lo tanto, 

las decisiones adoptadas en la Asamblea Ordinaria de 2021 adolecen de 

eficacia, por lo que deben sujetarse a un nuevo proceso de votación, para

que, como mínimo, sean objeto de ratificación o reversión. Advertimos que 

la negativa del Condominio Marymar a acatar el mandato del DACO, lo 

expondría a la imposibilidad de aplicar ninguno de los acuerdos allí 

adoptados contra la recurrida, independientemente de que esta los haya o 

no cumplido. Ello así, porque la determinación del DACO redunda en que 

la Asamblea Ordinaria de 17 de noviembre de 2021 es nula ab initio y, por 

tanto, la Lcda. Pérez Riera no tendría que estar obligada a someterse a 

ninguna de las decisiones adoptadas mediante un proceso inexistente y sin

el beneficio de sus aportaciones ni su voto. 

Por igual, no coincidimos con la apreciación del recurrente sobre que 

el DACO contravino decisiones administrativas y apelativas. El recurrente

alude a una determinación del DACO en el caso C-SAN-2021-0009712,

20

tomada por otro funcionario de la Agencia, y una Sentencia de un panel 

hermano en un caso entre otras partes,

21 cuyos hechos son distinguibles 

de los que nos conciernen. En todo caso, ambas determinaciones son 

meramente persuasivas, no vinculantes. En cuanto al reglamento del 

20 Apéndice, págs. 581-585; 590-591. 

21 Kiara Vélez Figueroa v. Junta de Directores del Cond. Balcones de Carolina II, 

KLRA202100676, consolidado con KLRA202100681, Sentencia de 28 de febrero de 2022, 

Apéndice, págs. 453-462. En ese caso, el panel fraterno revocó la declaración de nulidad 

del DACO de la asamblea de 3 de marzo de 2021, en que no se permitió la participación 

de la Sra. Vélez Figueroa debido a la morosidad de esta en el pago de una multa. Cabe 

señalar que, si bien la condómina impugnó la multa ante la Agencia, esta presentó 

tardíamente el recurso administrativo por lo que ya su causa de acción estaba prescrita.

No habiendo un caso de impugnación pendiente ni satisfecho el pago, la Junta de 

Directores podía privar a la Sra. Vélez Figueroa de su participación en el cónclave.
KLRA202300480 16

condominio, este se encuentra en una jerarquía inferior a la Ley de 

Condominios. Por ende, cualquier disposición contraria al estatuto es nula.

En los señalamientos de error cuarto y quinto, el Condominio 

Marymar sostiene que el DACO incidió al resolver que las disposiciones del 

Artículo 65 de la Ley de Condominios prevalecen sobre las del Artículo 51 

del estatuto especial. Indica que la Lcda. Pérez Riera no impugnó la deuda 

en el caso C-SAN-2021-0009712. A su vez, arguye error en las 

determinaciones de hechos 6 y 7 de la Resolución Sumaria. En particular, 

niega las admisiones que allí se le imputan, las cuales, por ser 

presuntamente contrarias al ordenamiento legal, deben tenerse por no 

puestas.

Reproducimos una de las alegaciones de la Lcda. Pérez Riera en su 

Querella de 12 de agosto de 2021, C-SAN-2021-0009712, como sigue: “La 

[recurrida] va a tener deudas pendientes por concepto de mantenimiento 

acumulado al final de agosto [de] 2021 lo cual está impugnando por la 

negativa de la Junta de Directores de aprobarle el plan de pago 

solicitado.”22 Entonces, el 3 de noviembre de 2021 se convocó a la 

Asamblea Ordinaria. Entre la información incluida en el documento, en el 

párrafo (j) (3), se aludió al referido procedimiento administrativo y se 

apostilló que, en virtud de este, la recurrida no tenía que realizar los pagos 

correspondientes hasta que el DACO adjudicara las controversias de las 

partes. Llegado el día del cónclave, a la Lcda. Pérez Riera se le impidió 

ejercer su derecho a voz y voto, bajo el fundamento de que tenía atrasos 

en el pago de derramas y mantenimiento en exceso de tres meses.

Según reseñado, en la determinación impugnada, el DACO decretó

la nulidad de la Asamblea Ordinaria de 17 de noviembre de 2021, debido a

la privación de los derechos de voz y voto de la recurrida. La Agencia 

razonó que el Artículo 65 del estatuto otorgaba unas protecciones 

excepcionales al titular que impugnaba legítimamente una deuda de 

22 Véase, Apéndice, pág. 365, acápite 12. (Énfasis y subrayado en el original.)
KLRA202300480 17

cuotas, derramas o multas. Así, pues, debido a la importancia del derecho 

al voto en asamblea, coligió que dicho amparo se extendía a este. 

Somos del criterio que la negativa de la Junta de Directores a 

proveer el plan de pago solicitado por la recurrida, obligación que emana 

de la propia Ley de Condominios,

23 incidió en que la Lcda. Pérez Riera 

incurriera en morosidad, la cual impugnó oportunamente, por lo que el 

asunto se encontraba sub judice al tiempo en que se celebró la Asamblea 

de noviembre de 2021. Es razonable concluir que la recurrida se 

encontraba protegida por la excepción del requisito de no deuda del 

Artículo 65 de la Ley de Condominios, no solo a los efectos del 

procedimiento administrativo en sí, sino también en el ejercicio de su 

derecho de voz y voto en las asambleas, ya que la deuda imputada era

precisamente la controversia en un proceso de impugnación. Asimismo, el 

Artículo 59 del estatuto claramente dispone que un titular no podrá librarse 

de contribuir a los gastos de mantenimiento o derramas por haber incoado 

una reclamación administrativa o judicial “por asuntos relacionados con la 

administración o el mantenimiento de las áreas comunes, salvo que el 

tribunal o foro competente así la autorice”, mas no a casos de impugnación 

de dichas cuotas o derramas, a los que específicamente aplica la excepción 

del Artículo 65 de la Ley de Condominios.

Ciertamente, al realizar un análisis integral de la Ley de 

Condominios, estimamos correcta la interpretación del estatuto impartido 

por el DACO, la cual, además, goza de deferencia sustancial. No 

encontramos razones para variar el examen hermenéutico realizado por la 

Agencia, ya que el mismo protege derechos fundamentales, es razonable 

y evita la comisión de una injusticia.

Con respecto al sexto error, sobre que el DACO impropiamente 

incursionó en otro caso en trámite, en referencia al C-SAN-2022-0010479, 

23 Refiérase al inciso (l) del Artículo 53, Poderes y Deberes del Director o Junta de 

Directores, de la ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1922y (l), que reza: “Establecer un 

plan de pago para aquellos titulares que demuestren no tener la capacidad económica 

para cumplir con los plazos de cuotas, cuotas especiales, derramas, y/o multas con pago 

vencido de sesenta (60) días o más.”
KLRA202300480 18

no le asiste la razón al recurrente. Independientemente de las alegaciones 

en el caso aludido, lo cierto es que, en la causa del epígrafe, la Lcda. Pérez 

Riera solicitó remedios al DACO para que el Condominio Marymar 

proveyera la información solicitada, en torno al historial de pago de todos

los titulares. La Lcda. Pérez Riera expresó en su Querella, lo siguiente: “Le 

ordene al presidente y [al] administrador darle a la [recurrida] la información 

relacionada con los pagos de los titulares, para poder constatar si hubo 

trato selectivo al prohibirle el derecho al voto solamente a la [recurrida] 

cuando otros titulares puede que hayan estado morosos el 17 de noviembre 

de 2021.”24

Contrario a lo alegado por el Condominio Marymar, el 20 de enero 

de 2022, este no cumplió a cabalidad con la petición de la recurrida.25 Los 

escuetos documentos anejados distan en extremo de los provistos el 31 de 

julio de 2023.26 En esa ocasión, un nuevo administrador, finalmente, 

proveyó la información detallada sobre el historial de pago y las 

penalidades impuestas a los titulares en el periodo desde enero de 2019 a 

mayo de 2023. Cabe señalar que no fue hasta la presentación de la

Oposición a Reconsideración de la Lcda. Pérez Riera, fechada el 14 de 

agosto de 2023, que el DACO pudo advenir en conocimiento del 

cumplimiento de lo compelido. No obstante, la Agencia denegó de plano 

ponderar los méritos o deméritos de la petición de reconsideración del 

Condominio Marymar, así como de la oposición de la recurrida. El error no 

se cometió.

Por último, tampoco tiene razón el recurrente en su séptimo 

señalamiento de error. En este caso, toda vez que la Lcda. Pérez Riera ha 

prevalecido en todas las controversias planteadas y no renunciadas del 

procedimiento administrativo del título, la Ley de Condominios la exime de 

contribuir a los honorarios y gastos legales. Procede confirmar el dictamen 

administrativo en todas sus partes.

24 Véase, Apéndice, pág. 258, acápite (iv).

25 Véase, Apéndice, págs. 77; 78-80.

26 Véase, Apéndice, págs. 156; 157-158; 159-243.
KLRA202300480 19

IV

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Resolución

Sumaria recurrida.

Notifíquese.

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones