Número Identificador

SEN2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

B. FERNÁNDEZ & HNOS., 

INC.; PAN PEPÍN, INC.; 

MARVEL INTERNATIONAL, 

INC.; B. FERNÁNDEZ 

INVESTMENT, CORP. 

Apelante

v.

INTEGRAND ASSURANCE 

COMPANY; OFICINA DEL 

COMISIONADO DE 

SEGUROS DE PUERTO 

RICO; COMPAÑÍA

ASEGURADORA ABAC Y 

DEF; CORPORACIONES 

UVW Y XYZ; FULANO DE 

TAL; MENGANO DE TAL 

Apelados 

KLAN202200737

Apelación 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Bayamón 

Caso núm.: 

BY2019CV02415

Sobre: 

Cobro de Dinero; 

Prácticas Desleales 

en el Ajuste de 

Reclamaciones; 

Violación Código de 

Seguros 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 

Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores

Rodríguez Flores, juez ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

Comparecen la parte apelante, compuesta por las empresas 

B. Fernández & Hnos., Inc. (B. Fernández), Pan Pepín, Inc. (Pepín), 

B. Fernández Investment, Corp. (BFI) y Marvel International, Inc. 

(Marvel), en conjunto los Apelantes, mediante Recurso de Apelación 

en el que solicitan que revoquemos la Sentencia que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 25 de 

julio de 2022, notificada el 29 de julio de 2022. En el referido 

dictamen, el foro primario condenó a la Asociación de Garantía de 

Seguros Misceláneos de Puerto Rico (Asociación) al pago global de 

$300,000.00, a favor de los Apelantes, en virtud del Artículo 38.080 

del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 3808.

Evaluados los autos del caso a la luz del derecho aplicable, 

confirmamos la Sentencia dictada por el tribunal apelado.
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I.

Las cuatro corporaciones apelantes iniciaron una reclamación 

ante la compañía de seguros, Integrand Assurance Company 

(Integrand) por los daños causados a sus propiedades como 

consecuencia del paso del Huracán María por Puerto Rico el 20 de 

septiembre de 2017.

Según expusieron, éstos suscribieron con Integrand una 

póliza de seguro número CP-028098050-01, que cubría las pérdidas 

sufridas que ascendieron a $8,962,142.00. Tras un proceso de 

negociación, las partes apelantes decidieron transigir la reclamación 

por la suma de $7,500,202.00. No obstante, Integrand condicionó el 

pacto transaccional a la firma de un documento intitulado 

Acceptance of Payment and Full Release of Liability. Mediante el

referido acuerdo, suscrito por las partes el 25 de octubre de 2018, 

Integrand pagó a los Apelantes la cantidad de $3,500,000.00. A su 

vez, se dedujo la suma de $1,022,941.00, por concepto de deducible 

de la póliza, quedando un balance pendiente de pago por la cantidad 

de $2,977,262.00. Integrand se obligó a hacer un pago expedito por 

la cantidad de $2,102,871.00, en o antes del 25 de noviembre de 

2018. En tanto, las partes apelantes, accedieron a posponer el pago 

restante por la suma de $874,391.00, hasta que se completaran 

determinadas obras de reparación en los bienes afectados.

Sin embargo, la compañía aseguradora no cumplió con el 

pago acordado dentro del término pactado. No obstante, la 

aseguradora comenzó a hacer pagos parciales que fueron objetados 

por los Apelantes. Ante ello, el 8 de mayo de 2019, las empresas 

apelantes presentaron una Demanda contra Integrand, la Oficina 

del Comisionado de Seguros de Puerto Rico y otros, en cobro de 

dinero, prácticas desleales en el ajuste de reclamaciones y violación 

al Código de Seguros. Reclamaron el pago por la cantidad de 
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$1,477,262.00, más los intereses que ha devengado desde el 25 de 

noviembre de 2018 hasta el presente.

Mientras, el 31 de mayo de 2019, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, ordenó el Procedimiento de 

Rehabilitación en cuanto a Integrand, conforme a las disposiciones 

del capítulo 40 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 

4001 et seq1. A tenor, el 14 de junio de 2019, el foro a quo emitió 

Sentencia Administrativa en la que ordenó la paralización de los 

procedimientos por 90 días y decretó el archivo administrativo del 

caso de autos, según determinado por el artículo 40.120 del Código 

de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 40122.

El 23 de septiembre de 2019, el TPI de San Juan ordenó la 

conversión del procedimiento de rehabilitación de Integrand a uno 

de liquidación al amparo del Artículo 40.140 del Código de Seguros 

de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 40143. En consecuencia, el 25 de 

septiembre de 2019, el foro de instancia de San Juan declaró 

insolvente a Integrand y emitió una Orden de Liquidación contra la 

aseguradora. Asimismo, el TPI inició el procedimiento de liquidación 

y designó como Liquidador al Comisionado de Seguros de Puerto 

Rico4.

Después de varios trámites procesales, el 22 de julio de 2020, 

los Apelantes presentaron una Moción en Solicitud de Reapertura y 

Continuación de los Procedimientos, en la que solicitaron al tribunal 

a quo la reapertura del caso de epígrafe, la continuación de los 

procedimientos y la dilucidación de las controversias presentadas. 

Además, solicitaron la comparecencia inmediata de la Asociación de 

Garantía de Seguros Misceláneos como representante de Integrand5.

1 Véase el Caso Civil Núm. SJ2019CV05526. 

2 Véase la página 34 en el Apéndice del Recurso de Apelación.

3 Véase Orden de Liquidación de 23 de septiembre de 2019, notificada el 25 de 

septiembre de 2019, Caso Civil Núm. SJ2019CV05526, en el Sistema SUMAC.

4 Véase la página 44 en el Apéndice del Recurso de Apelación.

5 Véase la página 55 en el Apéndice del Recurso de Apelación.
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El 25 de agosto de 2020, la Asociación presentó una Moción 

de Desestimación en la que expuso que, ante la liquidación de 

Integrand y ante la inexistencia de un deber en ley que vinculara a

la Asociación con lo reclamado por los Apelantes en la Demanda, 

procedía la desestimación de la causa6. La parte apelante se opuso 

a la petición de la Asociación. Adujo que la Asociación estaba 

obligada a pagar el reclamo incoado, independiente del ajuste que 

se llevó a cabo y conforme dispone el Artículo 38.050(6) del Código 

de Seguros, 26 LPRA sec. 3805(6). La Asociación replicó. Evaluadas 

las solicitudes de las partes, el 22 de octubre de 2020, el TPI dictó 

Sentencia en la que decretó la desestimación sin perjuicio del pleito7. 

No obstante, este dictamen fue revocado por este Tribunal mediante 

Sentencia emitida el 29 de octubre de 20218. En el referido 

dictamen, este foro intermedio resolvió que la reclamación instada 

por los Apelantes estaba cubierta por la Asociación, por tratarse de 

una reclamación incoada bajo la póliza de seguro de propiedad y que 

no ha sido pagada en su totalidad.

El 2 de junio de 2022, los Apelantes presentaron una Moción 

de Sentencia Sumaria, en la que alegaron que ante la inexistencia de 

una controversia sustancial sobre el incumplimiento del pago 

pactado por Integrand procedía que se dictara sentencia sumaria a 

su favor. El 30 de junio de 2022, la Asociación presentó su Oposición 

Juramentada a Moción de Sentencia Sumaria9. 

Después de evaluar las posiciones de ambas partes, el 25 de 

julio de 2022, el TPI dictó Sentencia en la que condenó a la 

Asociación al pago global de $300,000.00, a favor de los Apelantes, 

conforme al Artículo 38.080 del Código de Seguros, supra.

6 Véase la página 59 en el Apéndice del Recurso de Apelación.

7 Véase la página 78 en el Apéndice del Recurso de Apelación.

8 Véase la página 82 en el Apéndice del Recurso de Apelación.

9 Véase la página 418 en el Apéndice del Recurso de Apelación.
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Inconformes, los Apelantes presentaron una Moción de 

Reconsideración y Solicitud de Vista Argumentativa que fue 

declarada No Ha Lugar por el TPI el 16 de agosto de 2022. 

Aún insatisfechos, los Apelantes acudieron ante nosotros, 

mediante Recurso de Apelación, en el que señalaron los siguientes 

dos errores:

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

NEGARSE A ACOGER TODOS LOS HECHOS INCONTROVERTIDOS Y 

MEDULARES ADELANTADOS POR LOS DEMANDANTES EN SU MOCIÓN 

DE SENTENCIA SUMARIA, A PESAR DE QUE NINGUNO DE ESOS

HECHOS -SUSTENTADOS CADA CUAL CON EVIDENCIA ATINENTE- FUE 

PROPIAMENTE CONTROVERTIDO POR LA PARTE DEMANDADA Y A 

PESAR DE QUE CADA UNO DE ESTOS HECHOS CONSTA FIELMENTE 

EVIDENCIADO.

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

EN SU INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 38.080, SEGÚN 

ENMENDADO POR LA LEY NÚM. 262 DE 13 DE AGOSTO DE 2008, Y 

AL DETERMINAR QUE LA ASOCIACIÓN DE GARANTÍA DE SEGUROS 

MISCELÁNEOS DE PUERTO RICO DEBÍA RESPONDER FRENTE A LOS 

CUATRO DEMANDANTES HASTA EL LÍMITE DE $300,000.

II.

A.

El Art. 1042 del Código Civil de Puerto Rico de 193010, según 

enmendado, 31 LPRA sec. 2992, (“Código Civil”), enumera las 

fuentes de las obligaciones reconocidas por nuestro ordenamiento 

jurídico. Así, el referido artículo dispone que “[l]as obligaciones 

nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y 

omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia”. Íd. En particular, sobre las obligaciones de naturaleza 

contractual, el Art. 1206 establece que un “contrato existe desde que 

una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u 

otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio”.11

10 El referido Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, fue derogado 

por el Código Civil de Puerto Rico de 2020, aprobado mediante la Ley Núm. 55 de 

1 de junio de 2020, según enmendada, 31 LPRA sec. 5311 et seq. Para fines de la 

presente controversia, se hace referencia únicamente al Código Civil derogado por 

ser la ley vigente y aplicable a la controversia ante nuestra consideración.

11 31 LPRA sec. 3371.
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Ahora bien, para que un contrato sea fuente de obligaciones 

es necesario que concurran los siguientes requisitos: (1)

consentimiento de los contratantes; (2) objeto cierto que sea materia 

del contrato, y (3) causa de la obligación que se establezca. Arts. 

1213 y 1230 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3451 y 3391; Díaz Ayala 

et al. v. E.L.A., 153 DPR 675, 690-691 (2001). De manera que, al 

concurrir los referidos elementos nace una obligación; desde el 

punto de vista del acreedor, existe un derecho a exigir su 

cumplimiento y, desde la perspectiva del deudor, existe el deber de 

cumplirla.

Uno de los contratos regulados por nuestro Código Civil es el 

de transacción. El contrato de transacción es un “acuerdo mediante 

el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna 

cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen fin a uno ya 

comenzado, con el propósito de evitar los pesares que conllevaría un 

litigio”. (Citas omitidas.) López Tristani v. Maldonado, 168 DPR 838, 

846 (2006). Véase, además: Art. 1709 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 4821; Mun. San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 

219 (2007); Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 193 (2006); 

Igaravidez v. Ricci, 147 DPR 1, 5 (1998).

Por su parte, los elementos constitutivos de un contrato de 

transacción son: (1) una relación jurídica incierta y litigiosa; (2) la 

intención de los contratantes de componer el litigio y sustituir la 

relación dudosa por otra cierta e incontestable, y (3) las recíprocas 

concesiones de las partes. Art. 1709 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 4821. Véase, además: Mun. San Juan v. Prof. Research, 

supra; López Tristani v. Maldonado Carrero, supra; Neca Mortg. Corp. 

v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860, 870 (1995). En términos generales, 

toda transacción supone que las partes tienen dudas sobre la validez 

o corrección jurídica de sus respectivas pretensiones y optan por 

resolver dichas diferencias mediante mutuas concesiones. Citibank 
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v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 DPR 503, 512 (1988); Sucn. Román 

v. Shelga Corp., 111 DPR 782, 791 (1981).

Como todo contrato, un acuerdo transaccional debe contener 

objeto, consentimiento y causa. Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3391. Sobre la causa de un contrato de transacción, nuestro 

Alto Foro ha expresado que “[e]n conjunto, el litigio y las recíprocas 

concesiones constituyen los elementos de la causa”. López Tristani 

v. Maldonado Carrero, supra, pág. 857, citando a E. López de Barba, 

El contrato de transacción, su resolución por incumplimiento, Murcia, 

Eds. Laborum, 2001, pág. 78.

En armonía con lo anterior, en todo contrato de transacción, 

“[e]s necesario que cada uno de los contratantes reduzca y sacrifique 

a favor de otro una parte de sus exigencias a cambio de recibir una 

parte de aquello objeto del litigio”. S. Tamayo Haya, El Contrato de 

Transacción, Madrid, Ed. Thomson/Civitas, 2003, pág. 141. Véase, 

además: López de Barba, op. cit., pág. 89.

El Máximo Foro en Mun. San Juan v. Prof. Research, supra, 

citando a Santos Briz, indica que la “reciprocidad en las 

prestaciones es la base indispensable de este contrato”. J. Santos 

Briz y otros, Tratado de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2003, 

T. IV, pág. 583. Por lo tanto, es necesario que las partes en este tipo 

de contrato “sacrifiquen y concedan al mismo tiempo alguna cosa 

en función de la superación del litigio sobre la cosa controvertida”. 

Tamayo Haya, op. cit., pág. 210. Véase: López Tristani v. Maldonado 

Carrero, supra, pág. 857. Es por ello que, “[l]a consecuencia 

inmediata será que a falta de recíprocas concesiones no estaremos 

ante una transacción por falta de causa”. Tamayo Haya, op. cit., pág. 

144.

B.

La Ley Núm. 72-1991, creó la Asociación de Garantías de 

Seguros Misceláneos de Puerto Rico y añadió el Capítulo 38 al 
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Código de Seguros de Puerto Rico. 26 LPRA secs.3801-3820. Este 

capítulo comprende las disposiciones referentes a dicha entidad 

legal, sin fines de lucro, que está compuesta por todos los 

aseguradores autorizados a tramitar seguros en Puerto Rico, 

excepto aquellos expresamente excluidos por la ley. 26 LPRA sec. 

3806.

El propósito principal del Capítulo 38 es crear un mecanismo 

para el pago de las reclamaciones cubiertas bajo determinadas 

pólizas de seguro, como resultado de la insolvencia de un 

asegurador. 26 LPRA sec. 3802. Además, se pretende evitar 

dilaciones excesivas en el pago y evitar las pérdidas financieras a los 

reclamantes o tenedores de pólizas. Íd; San José Realty SE v. El 

Fénix de PR, 157 DPR 427, 448 (2002). Para lograr dicho propósito, 

el Capítulo 38 se interpretará liberalmente. 26 LPRA sec. 3804.

Como base para las disposiciones incluidas en dicho capítulo 

se utilizó la legislación modelo redactada y promovida por la 

Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus 

siglas en inglés), conocida como el Property and Casualty Insurance 

Guaranty Association Model Act. Exposición de motivos, Ley 

Núm.72-1991.

Este capítulo cubre toda clase de seguro, excepto reaseguro y 

aquellos incluidos a modo taxativo en el Art. 38.030 del Código de 

Seguros, 26 LPRA sec. 3803. Rodríguez v. Longhorn Steakhouse, 202 

DPR 158, 164 (2019). Los poderes y deberes de la Asociación están 

determinados en el Artículo 38.080 de la referida legislación que 

dispone como sigue:

(a) La Asociación:

(1) Vendrá obligada a pagar reclamaciones cubiertas 

existentes antes de la determinación de la insolvencia

y las que surjan antes de la más temprana de las 

siguientes fechas:

(A) El final del período de treinta (30) días después 

de la determinación de insolvencia;

(B) la fecha de expiración de la póliza; 

(C) la fecha en que el asegurado sustituya la póliza u 

ocasione su cancelación.
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Independientemente de otras disposiciones de 

este capítulo, una reclamación cubierta no incluirá 

una reclamación radicada con la Asociación después 

de la fecha final que fije el tribunal para la radicación 

de reclamaciones contra el liquidador o administrador 

del asegurador insolvente. La Asociación sólo pagará 

aquella cantidad de cada reclamación cubierta que 

exceda de cien (100) dólares. Dicha cantidad será un 

deducible del cual no responderá el caudal del 

asegurador insolvente.

(2) Satisfará sus obligaciones con respecto a las 

reclamaciones cubiertas de conformidad con los 

términos, condiciones y límites de la póliza del 

asegurador insolvente. Disponiéndose, sin embargo, 

que en ningún caso la Asociación pagará en exceso de 

trescientos mil dólares (300,000) por evento 

independientemente del número de reclamantes, ni 

más de un millón de dólares (1,000,000) como 

agregado anual, independientemente del número de 

eventos cubiertos bajo esa póliza. La Asociación se 

considerará como el asegurador hasta el límite de su 

obligación con respecto a las reclamaciones cubiertas 

y hasta tal límite tendrá todos los derechos, poderes y 

obligaciones del asegurador insolvente como si éste no 

estuviere insolvente.

(3) [...]

(4) Investigará las reclamaciones presentadas a la 

Asociación y ajustará, negociará, transigirá y pagará 

las reclamaciones cubiertas hasta el límite de la 

obligación de la Asociación, y desestimará todas las 

otras reclamaciones y podrá revisar las transacciones, 

los relevos y sentencias en las cuales fueron partes el 

asegurador insolvente o sus asegurados para 

determinar hasta qué punto dichas transacciones, 

relevos y sentencias puedan ser propiamente 

objetadas. La Asociación sólo tramitará aquellas 

reclamaciones que se hayan presentado dentro del 

período establecido conforme a las disposiciones del 

Artículo 40.190 de este Código, aun cuando se haya 

reclamado por la vía judicial. 

[...]. 26 LPRA sec. 3808(1).

En resumen, la referida norma establece que la Asociación

vendrá obligada a pagar reclamaciones cubiertas existentes antes 

de la determinación de insolvencia de un asegurador. Además, 

sufragará tal obligación conforme a los términos, condiciones y 

límites de la póliza del asegurador insolvente. 26 LPRA sec. 3808 (2); 

Montañez v. U.P.R., 156 DPR 395, 416 (2002). 

Una reclamación cubierta por la Asociación está definida en 

el Artículo 38.050(6) como: 

(6) [...] una reclamación no pagada, incluyendo una de 

primas no devengadas que surja de, y esté dentro de la 

cubierta y esté sujeta a los límites aplicables de una póliza 

de seguro a la cual aplique este capítulo que haya sido 

emitida por un asegurador conforme a lo dispuesto en este 

Código, si tal asegurador se convierte en asegurador 
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insolvente luego de la fecha de vigencia de este capítulo y 

donde:

(a) El reclamante o el asegurado sea un residente de 

Puerto Rico al momento en que ocurra el suceso contra 

el cual se asegura. Para entidades que no sean un 

individuo, la residencia de un reclamante o de un 

asegurado es el estado donde radica su sitio principal 

de negocio al momento de ocurrir el evento asegurado; 

o

(b) la propiedad de la cual surge la reclamación está 

permanentemente localizada en Puerto Rico. 26 LPRA 

sec. 3805(6).

De ordinario, los pleitos pendientes contra el asegurador 

insolvente deben ser desestimados y remitidos al foro que 

administra el procedimiento de liquidación. Rodríguez v. Longhorn 

Steakhouse, supra, pág.163. No obstante, a manera de excepción, 

existen reclamaciones que no tienen que ser desestimadas y 

remitidas al foro de liquidación. Esto sucede cuando, por virtud de 

ley, la Asociación está obligada a responder por la aseguradora 

insolvente. Íd. En estos casos, la Asociación opera como una 

aseguradora de la aseguradora insolvente y responderá por el pago 

de la sentencia que en su día se emita, de conformidad con los 

términos, condiciones y límites de la póliza del asegurador 

insolvente. Íd.; Artículo 38.080 del Código de Seguros, supra.

C.

El mecanismo de sentencia sumaria, regulado por la Regla 36 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, permite al tribunal 

disponer de un caso sin celebrar vista en su fondo. Abrams Rivera 

v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

213 (2010). 

A tales efectos, la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil provee 

que, para que proceda dictar sentencia sumaria, es necesario que 

de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las 

hubiere, surja que no hay controversia real sustancial en cuanto a 
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ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, debe 

dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3(e); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

430 (2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 

(2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214; González Aristud 

v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006).

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que un 

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129-130 (2012); Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. De modo que, ante la clara 

ausencia de certeza sobre todos los hechos materiales en 

controversia, no procede dictar sentencia sumaria. Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. 

Purcell, 117 DPR 714 (1986).

Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir dicha 

moción por vía de declaraciones juradas u otra documentación que 

apoye su posición, pues si bien el no hacerlo no significa 

necesariamente que ha de emitirse el dictamen sumario 

automáticamente en su contra, tal omisión lo pone en riesgo de que 

ello ocurra. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Toro Avilés v. 

P.R. Telephone Co., 177 DPR 369, 383-384 (2009).

De acuerdo con la Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 

cuando se presenta una moción de sentencia sumaria, la parte 

contraria no puede descansar solamente en las aseveraciones o 

negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que se encuentra 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo 

haya hecho la parte promovente, ya que, si no lo hace de esta forma, 

se dictará la sentencia sumaria en su contra, si así procede. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3(c).
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Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte 

que se opone a la misma. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

pág. 300; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 

721. No obstante, “cualquier duda no es suficiente para derrotar 

una moción de sentencia sumaria. Tiene que ser una duda que 

permita concluir que existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes”. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214.

Resulta menester precisar que:

[A]l dictar sentencia sumaria el tribunal deberá: (1) analizar 

los documentos que acompañan la solicitud de sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción en 

oposición, así como aquellos que obren en el expediente del 

tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción 

controvirtió algún hecho material y esencial, o si hay 

alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o 

refutadas en forma alguna por los documentos. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 167 

(2011); que cita a Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 

(2004). Véase, además, López v. Miranda, 166 DPR 546, 562-

563 (2005). 

A tales efectos, el juzgador no está limitado por los hechos o 

documentos que se aduzcan en la solicitud, sino que debe 

considerar todos los documentos del expediente, sean o no parte de 

la solicitud de sentencia sumaria, de los cuales surjan admisiones 

hechas por las partes. Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra; 

Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 280-281 

(1990).

En el caso de un foro apelativo, este debe utilizar los mismos 

criterios que el tribunal sentenciador al determinar si procede dictar 

sentencia sumaria, sin embargo: (1) sólo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia; y 

(2) sólo puede determinar si existe o no alguna controversia genuina 

de hechos materiales y si el derecho se aplicó de forma correcta. 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 129.
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Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia 

sumaria, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un estándar 

específico, que, como foro apelativo, debemos utilizar. A tales 

efectos, en Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 

(2015), el Tribunal Supremo indicó que, de entrada, debemos revisar 

que tanto la moción de sentencia sumaria, así como su oposición, 

cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil. Íd., pág. 118. Subsecuentemente, si existen 

hechos materiales controvertidos, “el foro apelativo intermedio tiene 

que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil 

y debe exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró 

que están en controversia y cuáles están incontrovertidos”. Íd., pág. 

119. Por el contrario, si encontramos que los hechos materiales del 

caso son incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro 

primario aplicó correctamente la norma jurídica aplicable a la 

controversia que tuvo ante sí. Íd.

Claro está, lo anterior en nada altera la reiterada normativa 

en cuanto a que, cuando se utiliza la sentencia sumaria, “el sabio 

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de su día en 

corte, principio elemental del debido proceso de ley”. Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra; MGMT. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 

DPR 599, 611 (2000).

III.

Los Apelantes alegan que el foro de instancia erró al acoger 

solamente 15 hechos como incontrovertidos e ignorar los otros 

hechos esenciales que esbozaron en su petición sumaria, sin que la 

parte apelada los controvirtiera conforme a la Regla 36.3(b)(c) de

Procedimiento Civil, supra. Aducen que esta omisión provocó que el 

tribunal apelado errara en su análisis, al equiparar las 
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reclamaciones de cada una de las corporaciones como una sola 

cuando en realidad no lo son. Insisten en que la póliza multilínea

aseguraba a los Apelantes y sus propiedades de manera individual. 

Como fundamento para su argumentación, los Apelantes afirman 

que el huracán María provocó múltiples eventos que afectaron a los 

Apelantes de manera separada e independiente. Por ello, entienden

que el TPI erró al interpretar el Artículo 38.080 del Código de 

Seguros, supra, y determinar que los Apelantes solamente tienen 

derecho a cobrar una suma total de $300,000.00. Según éstos, el 

evento al que hace referencia el precitado artículo es aquel que 

causa un solo daño, en un lugar, a una parte, y que puede ser 

fácilmente separado de otros daños y eventos. Por ende, razonaron 

que, ante la existencia de múltiples eventos cubiertos bajo una sola 

póliza, el límite de $300,000.00 se aplica a cada evento. 

Por su parte, la Asociación arguye que la pretensión de los 

Apelantes, en definir un evento como el reclamo del daño de cada 

apelante, atenta contra los principios básicos de hermenéutica que 

establecen que cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, 

su letra no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir con 

su espíritu12. Por ello, asegura que un evento, en el contexto del 

Código de Seguros, es el suceso que causa el reclamo. Por 

consiguiente, la Asociación puntualiza que, según la redacción del 

Artículo 38.080, el límite de responsabilidad de la Asociación 

respecto a las reclamaciones cubiertas por ésta es de $300,000.00.

Primeramente, debemos atender el planteamiento esbozado 

por los Apelantes sobre el supuesto error que cometió el TPI, al no 

acoger todos los hechos esenciales alegados por éstos en su petición 

sumaria y que esto, presuntamente, causó que el foro de instancia 

incidiera en el análisis de la controversia. Veamos.

12 Véase el Artículo 19 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5341.
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Después de revisar con detenimiento la Moción de Sentencia 

Sumaria, presentada por los Apelantes, y su oposición, sometida por 

la Asociación, no podemos coincidir con el señalamiento de los 

Apelantes. De la Sentencia surge con claridad que el tribunal a quo

determinó que no existe controversia sobre los hechos esenciales 

alegados por los Apelantes, y que la Asociación los aceptó como 

ciertos. Así pues, luego de examinar las peticiones de las partes, 

decretamos que los hechos materiales determinados por el foro 

primario no están controversia. Ahora bien, el TPI determinó que la 

controversia en el caso de marras más bien se limitaba a la 

interpretación dada por las partes sobre el Artículo 38.080 del 

Código de Seguros, supra. Ante esto, corresponde revisar de novo si, 

en efecto, el foro sentenciador aplicó correctamente el derecho a la 

controversia ante nuestra consideración. Meléndez González, et al. 

v. M. Cuebas, supra.

El inciso 2 del Artículo 38.080 del Código de Seguros, según 

enmendado, dispone como sigue:

(a) La Asociación:

[...]

(2) Satisfará sus obligaciones con respecto a las 

reclamaciones cubiertas de conformidad con los términos, 

condiciones y límites de la póliza del asegurador insolvente. 

Disponiéndose, sin embargo, que en ningún caso la 

Asociación pagará en exceso de trescientos mil dólares 

($300,000) por evento independientemente del número 

de reclamantes, ni más de un millón de dólares 

($1,000,000) como agregado anual, independientemente del 

número de eventos cubiertos bajo esa póliza. La Asociación 

se considerará como el asegurador hasta el límite de su 

obligación con respecto a las reclamaciones cubiertas y hasta 

tal límite tendrá todos los derechos, poderes y obligaciones 

del asegurador insolvente como si éste no estuviere 

insolvente. (Énfasis suplido). 26 LPRA sec. 3808(2).

Al interpretar las leyes, nuestro ordenamiento jurídico ha 

establecido ciertas normas de hermenéutica legal, que sirven de guía 

al momento de ejercer nuestra función adjudicativa. Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 126. Como principio rector,

destaca el dispuesto en el Artículo 19 del Código Civil de Puerto Rico, 
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31 LPRA sec. 5341, que establece que “[c]uando la ley es clara y libre 

de toda ambigüedad, su texto no debe menospreciarse bajo el 

pretexto de cumplir su espíritu”.

A tenor, al examinar el texto de la norma en pugna surge con 

meridiana claridad que la Asociación no podrá pagar en exceso de 

$300,000.00 por evento. Ello, independiente del número de 

reclamantes. En el caso de marras, es un hecho incontrovertido que 

el evento que causó los daños que reclaman los Apelantes fue el 

huracán María. Interpretar que cada uno de los daños sufridos por 

las distintas corporaciones constituye un evento independiente para 

cada uno de los reclamantes, es otorgarle un significado distinto a 

la letra clara del estatuto. Asimismo, resulta irrazonable concluir 

que cada una de las corporaciones apelantes debe ser compensada 

con un pago de $300,000.00. Ello es contrario a lo establecido en el 

referido Art. 38.080, supra, pues el estatuto limita el pago de 

$300,000, independiente del número de reclamantes. Resolver lo 

contrario daría al traste con la intención del precitado artículo de 

limitar la responsabilidad de la Asociación en cuanto al pago de las 

reclamaciones cubiertas por ésta13. 

Conforme a lo anterior, concluimos que el foro de instancia no 

incidió al determinar que la responsabilidad de la Asociación con 

respecto al pago reclamado por los Apelantes se limita al pago total 

por la cantidad de $300,000.00.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón.

Notifíquese.

13 Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 262-2008.
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Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones