Número Identificador

SEN2024___________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

HERNAN A. IRENE 

BERLINGERI

Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DEL 

TRABAJO Y 

RECURSOS HUMANOS

Recurrida 

KLRA202400193

REVISION 

ADMINISTRATIVA

Procedente del 

Departamento del 

Trabajo y Recursos 

Humanos

Civil núm.: AC-22-89

Sobre: DESPIDO 

INJUSTIFICADO

Panel integrado por su presidenta la juez Domínguez Irizarry, la juez 

Grana Martínez y el juez Pérez Ocasio

Pérez Ocasio, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2024.

Comparece ante nos, Hernán Irene Berlingeri, en adelante, 

Irene Berlingeri o recurrente, solicitando que revisemos la 

“Resolución” emitida por la Oficina de Mediación y Adjudicación del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en adelante, OMA 

o recurrida. En la resolución recurrida, notificada el 7 de marzo de 

2024, el OMA dejó sin efecto la “Resolución y Orden” del 31 de enero 

de 2024, mediante la cual había declarado “Ha Lugar” la querella 

del recurrente en contra de su patrono, Puerto Rico Pizza, Inc., HNC 

Little Caesar’s, en adelante, Little Caesar’s.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.

I.

Irene Berlingeri comenzó a trabajar para Little Caesar’s en 

agosto del año 2008, hasta el 14 de julio de 2021, cuando fue 

despedido.1 El 10 de febrero de 2022, el OMA reclamó 

1 Apéndice del recurso, pág. 11.
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extrajudicialmente la suma de $18,495.00 a Little Caesar’s, a favor 

del recurrente, por concepto de despido injustificado.2

El 10 de mayo de 2022, OMA emitió una “Notificación de 

Cesión Inicial de Conciliación o Mediación” para el 17 de mayo de 

2022.3 El 15 de mayo del mismo año, Little Caesar’s notificó que 

comparecería por vía telefónica.4 Sin embargo, el 13 de julio de 

2022, Irene Berlingeri presentó una querella contra Little Caesar’s, 

ante OMA. La querellada alega que, el 25 de julio de 2022, presentó 

su contestación a la misma.5 El OMA ha sostenido durante el 

transcurso del caso de marras que nunca recibió esa contestación.6

Posteriormente, el 25 de agosto de 2022, OMA notificó un 

señalamiento de vista adjudicativa para el 19 de enero de 2023.7

Llegado el mes señalado para la mencionada vista, el 11 de enero de 

2023, Irene Berlingeri presentó una “Solicitud de Transferencia de 

Vista”,8 quedando la misma reseñalada para el 8 de junio de 2023.9

Esta última vista fue nuevamente reseñalada, esta vez para el 6 de 

noviembre de 2023,

10 luego de que Little Caesar’s solicitara su 

suspensión.11

Llegado el día de la vista pautada, Little Caesar’s no 

compareció, por lo que OMA emitió una “Resolución Interlocutoria” 

el 19 de diciembre de 2023.12 Mediante su dictamen, la recurrida 

indicó que, por no haberse justificado la ausencia, continuó con los 

procedimientos de manera ex parte, y que, a consecución de los 

mismos, concedería el remedio solicitado.13

2 Apéndice del recurso, pág. 202.

3 Id. pág. 153.

4 Id.

5 Id. pág. 61. 

6 Id. pág. 2.

7 Id. pág. 6.

8 Id. pág. 17.

9 Id. pág. 20.

10 Id. pág. 28.

11 Id. pág. 23.

12 Id. pág. 31.

13 Id.
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El 3 de enero de 2024, Little Caesar’s presentó una moción 

ante OMA, solicitando que reconsidere su último dictamen.14 Indicó 

que siempre ha comparecido, y que contestó oportunamente la 

querella. También, arguyó que la última notificación de 

reseñalamiento no la recibió por correo. El 10 de enero de 2024, la 

recurrente presentó su oposición a la solicitud de reconsideración.15

En su contestación, Irene Berlingeri señaló que nunca recibió la 

contestación a la querella de Little Caesar’s, y que el abogado de la 

querellada recibió las notificaciones por correo electrónico. 

Así las cosas, el 12 de enero de 2024, OMA emitió una 

“Resolución Interlocutoria” informando que nunca recibió la 

contestación a la querella por parte de Little Caesar’s, y que esta no 

compareció a la vista administrativa celebrada en el mes de 

noviembre del año 2023.16 El 29 de enero de 2024, Little Caesar’s 

presentó otra moción solicitando reconsideración.

No obstante, el 31 de enero de 2024, OMA emitió una 

“Resolución y Orden”, donde anotó la rebeldía y ordenó a Little 

Caesar’s a compensar al recurrente por la cantidad de $18,495.00, 

por concepto de despido injustificado, además de una suma de 

$2,774.25.00, para sufragar los honorarios de abogado.17

Posteriormente, el 5 de febrero de 2024, Little Caesar’s 

presentó una “Moción sobre Solicitud de Regrabación de los 

Procedimientos y Solicitando Acceso al Expediente” ante OMA.18 El 6 

de febrero de 2024, Irene Berlingeri replicó a esta última.19 En la 

misma, aduce la recurrente que Little Caesar’s insiste, de manera 

frívola, en dilatar la culminación de la controversia entre ambos.

14 Apéndice del recurso, pág. 34.

15 Id. pág. 39.

16 Id. pág. 45.

17 Id. pág. 105.

18 Id. pág. 110.

19 Id. pág. 114.
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En una nueva moción de reconsideración, Little Caesar’s 

plantea que del expediente de OMA surge que la notificación por 

correo electrónico para la vista del 6 de noviembre de 2023 rebotó, 

y que no consta en la misma prueba de que haya sido notificada de 

alguna otra forma.20 Ese mismo día, la recurrente presentó su 

contestación a la última reconsideración solicitada por la 

querellada.21 Finalmente, mediante “Resolución” del 7 de marzo de 

2024, OMA reconoce que, aunque no hay evidencia del recibo de la 

contestación a la querella, las notificaciones para la celebración de 

la vista el 6 de noviembre de 2023, no fueron adecuadas.

22 Por ello, 

OMA dejó sin efecto su “Resolución y Orden” del 31 de enero de 2024 

y señaló una nueva vista administrativa para el 20 de mayo de 

2024.23

Sin embargo, el 19 de marzo de 2024, Irene Berlingeri 

presentó una “Solicitud de Reconsideración”, la cual no fue 

contestada.24 Luego, el 12 de abril de 2024, Irene Berlingeri recurre 

ante esta Curia, mediante una “Solicitud en Auxilio de Jurisdicción”, 

solicitando que paralicemos los efectos de la “Resolución” emitida 

por la agencia el 7 de marzo de 2023. Mediante “Resolución” del 15 

de abril de 2024, declaramos “No Ha Lugar” a la solicitud en auxilio 

de jurisdicción del recurrente.

En el recurso de Revisión Judicial, que también presentó el 

12 de abril de 2024, el recurrente nos hace los siguientes 

señalamientos de error:

PRIMER ERROR: ERRÓ LA AGENCIA AL DEJAR SIN 

EFECTO LA RESOLUCIÓN EMITIDA EL 31 DE ENERO DE 

2024 POR UNA ALEGACIÓN DE FALTA DE NOTIFICACIÓN, 

CUANDO EL LCDO. ERNESTO DELGADO SOTO FUE 

EFECTIVAMENTE NOTIFICADO Y COMPARECIÓ 

20 Apéndice del recurso, pág. 121.

21 Id. pág. 143.

22 Id. pág. 2.

23 Id. pág. 3

24 Id. pág. 173.
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POSTERIORMENTE EN REPRESENTACIÓN DE LA PARTE 

RECURRIDA, SOLICITANDO TRANSFERENCIA DE VISTA.

SEGUNDO ERROR: ERRÓ LA AGENCIA AL DEJAR SIN 

EFECTO LA RESOLUCIÓN EMITIDA EL 31 DE ENERO DE 

2024 CUANDO SURGE DEL EXPEDIENTE QUE TODAS LAS 

NOTIFICACIONES DE LA AGENCIA FUERON 

DEBIDAMENTE NOTIFICADAS AL REPRESENTANTE

LEGAL DEL PATRONO A LA DIRECCIÓN QUE SURGE DE 

RUA.

II.

A. Jurisdicción

Como es conocido, la jurisdicción es el poder o la autoridad 

que tiene un Tribunal para considerar y decidir casos o 

controversias que tiene ante sí. R & B Power Inc. v. Junta Subastas 

Adm. Serv. Generales, 2024 TSPR 24, 213 DPR ___ (2024); Matos, 

Sostre v. Registradora, 2023 TSPR 148, 213 DPR ___ (2024); Pueblo 

v. Torres Medina, 211 DPR 950, 958 (2023); FCPR v. ELA et al, 211 

DPR 521, 529 (2023); Cobra Acquisitions v. Mun. de Yabucoa et al., 

210 DPR 384, 394 (2022); Pueblo v. Rivera Ortiz, 209 DPR 402, 414 

(2022); Adm. Terrenos v. Ponce Bayland, 207 DPR 586, 600 (2021). 

Además, es norma reiterada en nuestro ordenamiento, que “los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no 

tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la tienen”. 

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).

La jurisdicción se refiere a la capacidad que tiene un tribunal 

para atender y resolver controversias sobre determinado aspecto 

legal. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014). 

Ante la falta de jurisdicción, el tribunal debe así declararlo y 

proceder a la desestimación del recurso, toda vez que cualquier 

sentencia dictada sin jurisdicción es nula en derecho, pues la 

ausencia de jurisdicción es insubsanable. Pueblo v. Rios Nieves, 209 
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DPR 264, 273 (2022); Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 

254, 268 (2018); Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 123 (2012).

No es necesario que una o ambas partes cuestionen la 

jurisdicción de un tribunal, sino que es nuestro deber levantarlo

motu proprio. Así lo establece la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, la cual confiere 

facultad a este Tribunal para, a iniciativa propia o a petición de 

parte, desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional cuando este foro carece de jurisdicción. También, la 

precitada regla dispone que este Tribunal, a iniciativa propia, podrá 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional 

por cualquiera de los siguientes motivos: 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción;

(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 

cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista 

justa causa para ello;

(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia 

o de buena fe;

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no 

se ha presentado una controversia sustancial o que ha 

sido interpuesto para demorar los procedimientos, o

(5) que el recurso se ha convertido en académico.

B. Revisión de Agencias Administrativas

Sabido es, que los tribunales apelativos debemos otorgar 

amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, puesto que estas cuentan con vasta experiencia y 

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados 

por la Asamblea Legislativa. Capote Rivera y otros v. Voilí Voilá 

Corporation y otros, 2024 TSPR 29, 213 DPR ___ (2024); Hernández 

Feliciano v. Mun. Quebradillas, 211 DPR 99, 114 (2023); OEG v. 

Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88-89 (2022); Super Asphalt v. AFI y 
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otro, 206 DPR 803, 819 (2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla 

Verde, 202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 

201 DPR 26, 35 (2018). Es por ello, que, tales determinaciones 

suponen una presunción de legalidad y corrección que a los 

tribunales nos corresponde respetar, mientras la parte que las 

impugne no presente prueba suficiente para derrotarlas. Id.; 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 216 (2012). 

El Art. 4.006, de la Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 

24y, establece en su inciso (c) la competencia del Tribunal de 

Apelaciones. A esos efectos, dispone que este Foro conocerá 

mediante recurso de revisión judicial, las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias administrativas.

AAA v. UIA, 200 DPR 903, 910-911 (2018); Depto. Educ. v. Sindicato 

Puertorriqueño, 168 DPR 527, 543 (2006); Procuradora Paciente v. 

MCS, 163 DPR 21, 33-34 (2004).

Por su parte, la Sección 1.3 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, en adelante, 

LPAUG, 3 LPRA sec. 9601, define “orden o resolución” como 

“cualquier decisión o acción agencial de aplicación particular que 

adjudique derechos u obligaciones de una o más personas 

específicas, o que imponga penalidades o sanciones administrativas, 

excluyendo órdenes ejecutivas emitidas por el Gobernador”. 

Además, la precitada sección define “orden interlocutoria” como 

“aquella acción de la agencia en un procedimiento adjudicativo que 

disponga de algún asunto meramente procesal”. 

La Sec. 4.2 de la LPAUG, supra, sec. 9672, también establece 

que la revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones se 

hará respecto a las órdenes o resoluciones finales, luego de que 

el recurrente haya agotado “todos los remedios provistos por la 

agencia o por el organismo administrativo apelativo 

correspondiente”. Es decir, no serán revisables directamente a este 
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Tribunal las órdenes o resoluciones interlocutorias de una agencia, 

esto es, aquellas que se emitan durante los procesos administrativos 

que se desarrollan por etapas, y no sean finales. A esos efectos, esta 

misma sección provee que la disposición interlocutoria de la agencia 

podrá ser objeto de un señalamiento de error en el recurso de 

revisión de la orden o resolución final de la agencia.

A pesar de que la LPAUG no define el término “orden o 

resolución final”, esta contiene una descripción de lo que una tiene 

que incluir para ser considerada final. En su Sección 3.14, supra, 

sec. 9654, este cuerpo estatutario requiere que se incluyan 

determinaciones de hecho y las conclusiones de derecho que 

fundamentan la adjudicación, además de añadir la advertencia del 

derecho a solicitar una reconsideración o revisión, según sea el caso. 

J. Exam. Tec. Méd. V. Elías et al., 144 DPR 483, 489-490 (1997). 

Por su parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que para que una orden emitida por una agencia pueda 

ser revisada ante el Tribunal de Apelaciones, deben cumplirse dos 

requisitos: (i) que la parte adversamente afectada por la orden haya 

agotado los remedios provistos por la agencia y (ii) que la resolución 

sea final y no interlocutoria. Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 

supra, pág. 543; Procuradora Paciente v. MCS, supra, a las págs. 34-

35. Se entiende como final la orden o resolución emitida por la 

última autoridad decisoria o adjudicativa de la agencia 

administrativa. Bird Const. Corp. v. A.E.E., 152 DPR 928, 935 (2000). 

Nuestro Alto Foro lo ha descrito como una orden o resolución que 

“le ponga fin al caso ante la agencia y que tenga efectos sustanciales 

sobre las partes”. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804, 812-813 

(2008); Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR 21, 28-29 

(2006).
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III.

El recurrente en el caso de epígrafe nos solicita que revisemos 

la “Resolución” de la recurrida del 7 de marzo de 2024, por medio de 

la cual dejó sin efecto la “Resolución y Orden” del 31 de enero de 

2024. En esta última, OMA había declarado con lugar la querella de 

Irene Berlingeri. 

Sin embargo, por entender que sí se cometieron las faltas en 

las notificaciones alegadas por Little Caesar’s, la recurrida dejó sin 

efecto la determinación final del 31 de enero de 2024. Mediante su 

dictamen, la recurrida, ordenó una nueva vista, y en esencia, 

proveyó para la continuación de los procesos. Justipreciamos que, 

mediante la resolución recurrida, la controversia versada ante OMA 

no se adjudicó de manera final. 

Como explicáramos previamente, este Tribunal debe evaluar 

si se encuentra en posición para entender sobre las determinaciones 

administrativas, y si cuenta con jurisdicción para así hacerlo. 

Entendemos que la resolución recurrida es, conforme lo establecido 

en la LPAUG y la jurisprudencia, de carácter interlocutorio. La 

controversia en el caso de epígrafe continua viva en el foro 

administrativo, por lo que carecemos de jurisdicción para intervenir 

en esta etapa.

IV.

Por los fundamentos que antecede, desestimamos el recurso 

por falta de jurisdicción.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones