Número Identificador

SEN2023___________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

ISLAND PORTFOLIO 

SERVICES, LLC COMO 

AGENTE DE FAIRWAY 

ACQUISITIONS FUND, 

LLC

DEMANDANTEAPELANTE

V. 

ANGÉLICA PINEDA 

VÉLEZ

DEMANDADA-APELADA

KLAN202300966

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Caguas

Caso núm.:

CG2023CV00706

(702)

Sobre: Cobro de 

Dinero, Regla 60

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera 

Torres y la jueza Rivera Pérez.

Rivera Torres, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2023.

Comparece ante este tribunal apelativo Island Portfolio, LLC 

como agente de Fairway Acquisitions Fund, LLC (IPS o la apelante) 

mediante el recurso de Apelación de epígrafe solicitándonos que 

revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI), el 5 de septiembre de 

2023, notificada al día siguiente. Mediante este dictamen, el foro 

primario ordenó el archivo de la demanda sin perjuicio.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos el dictamen apelado. 

I.

El 3 de marzo de 2023, Island Portfolio, LLC presentó una 

demanda sobre cobro de dinero al amparo de la Regla 60 de las de 

Procedimiento Civil, infra, en contra de la Sra. Angélica Pineda Vélez 

(señora Pineda Vélez). Adujo que esta tomó un préstamo de auto a 

Popular Auto LLC, crédito que fue posteriormente adquirido por 

Fairway Acquisitions Fund, LLC quien actúa como agente gestor. 
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Por lo que es el tenedor y dueño de los derechos del acreedor original 

y sucesor con interés para hacer valer los términos y condiciones de 

dicha cuenta. Agregó que, al momento de instar la demanda, la 

deuda ascendía a $4,408.39 la cual estaba vencida y era una líquida 

y exigible. Incluyó como anejos los siguientes documentos: Proyecto 

de Notificación y Citación sobre Cobro de Dinero; Contrato de Venta 

al Por Menor a Plazos Vehículos de Popular Auto; Estado de Cuenta; 

Aviso de Cobro del 13 de diciembre de 2022; USPS Tracking; Carta 

del United States Postal Service del 24 de enero de 2023; y 

Declaración Jurada suscrita por la Srta. Keyshla Enid Laureano 

Pérez, Representante de Island Portfolio Services, LLC; Licencia 

núm. 14618 a nombre de Island Portfolio Services, LLC para 

dedicarse al negocio de agencias de cobro expedida por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor 

Por lo anterior, le solicitó al TPI que ordenara a la señora 

Pineda Vélez a pagar la cantidad adeudada, intereses al tipo legal 

sobre el monto debido, más costas, gastos y la suma del diez (10%) 

por ciento por honorarios de abogado. 

El 30 de agosto de 2023, IPS presentó una Moción Sometiendo 

Documentos en la que acompañó “recibo de correo certificado que 

acredita el envío de la Notificación-Citación al demandado, así como 

hoja de rastreo que evidencia que esta no fue reclamada 

(UNCLAIMED) por la parte demandada.”1

El 5 de septiembre de 2023, se celebró la Vista de Regla 60 

mediante videoconferencia a la cual asistió solo el representante 

legal de la apelante. Surge de la Minuta que el Lcdo. Jorge Quiñones 

le informó al tribunal apelado que la Notificación-Citación “fue 

devuelta por no ser reclamada.”2 Asimismo, este solicitó el término 

de quince (15) días para notificar el curso a seguir. Ante esto, el TPI

1 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 23-26.

2 Íd., a la pág. 27. 
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esbozó que el plazo para notificar había transcurrido por lo que 

“desestima el caso sin perjuicio.”3

Así, ese mismo día, notificada el 8 de septiembre siguiente, el 

foro a quo emitió la Sentencia apelada en la que indicó: 

No habiéndose acreditado diligencias para emplazar a 

la parte demandada y transcurrido el término de 120 

días para emplazar conforme la Regla 4.3 de 

Procedimiento Civil, se dicta Sentencia ordenando el 

archivo de la presente causa de acción, sin perjuicio. 

[Énfasis nuestro]

Inconforme, IPS presentó una moción de reconsideración la 

cual fue denegada mediante la Resolución del 22 de septiembre de 

2023, notificada el 29 del mismo mes y año.

Todavía en desacuerdo, la parte apelante acude ante este foro 

intermedio imputándole al TPI haber incurrido en los siguientes 

errores: 

INCIDIÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DESESTIMAR EL CASO DE 

CONFORMIDAD CON LA REGLA 4.3 DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, PUES EL TÉRMINO DE 120 

DÍAS PARA EMPLAZAR A UNA PARTE DEMANDADA 

QUE ESTABLECE DICHA REGLA ES INCOMPATIBLE 

CON EL PROCEDIMIENTO SUMARIO GOBERNADO 

POR LA REGLA 60 DE PROCEDIMIENTO CIVIL, 

SEGÚN [SE] ESTABLECE EN ASOC. RES. COLINAS 

METRO V. S.L.G., 2002 TSPR 11. 

INCIDIÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DESESTIMAR EL CASO AL TRÁMITE 

ORDINARIO SEGÚN LO RESUELTO EN PRIMERA 

COOPERATIVA DE AHORRO V. HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, 205 D.P.R. 624 (2020), APLICANDO ASÍ 

LA SANCIÓN MÁS SEVERA POSIBLE. 

Analizado el recurso y el expediente apelativo; así como 

estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver. Además, 

prescindimos de cualquier trámite posterior según nos faculta la 

Regla 7(B)(5) del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones. 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5).

3 Íd. Énfasis en el original. 
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II.

La Regla 60 de las de Procedimiento Civil

La Regla 60 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 60, (Regla 60) establece un proceso sumario para resolver 

reclamaciones de deudas que no excedan los quince mil ($15,000) 

dólares de principal. El propósito primordial de esta regla es “agilizar 

y simplificar los procedimientos en acciones de reclamaciones de 

cuantías pequeñas, para así lograr la facilitación del acceso a los 

tribunales y una justicia más rápida, justa y económica en este tipo 

de reclamación”. Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., 156 DPR 88, 97 

(2002), reiterado en Cooperativa v. Hernández Hernández, 205 DPR 

624, 631 (2020).

En particular, la Regla 60, supra, dispone que la 

responsabilidad de diligenciar la Notificación-Citación recae sobre la 

parte demandante. Una vez la Secretaria o Secretario del Tribunal 

de Primera Instancia reciba el proyecto de Notificación-Citación, 

tiene el deber de expedirla inmediatamente para que se gestione el 

diligenciamiento, el cual puede llevarse a cabo por correo certificado 

o mediante entrega personal. Cooperativa v. Hernández Hernández, 

supra, a las págs. 634-635. “No importa cuál de estas dos 

opciones prefiera la parte demandante, lo transcendental es que 

la notificación-citación del promovente sea diligenciada, dentro 

de los 10 días de presentada la demanda y se acompañe copia 

de ésta dirigida a la última dirección conocida del deudor contra 

quien pesa una reclamación líquida y exigible. [nota al calce 

omitida].”

4 Íd., a la pág. 635. Dicha Notificación-Citación cumple 

una doble función, ya que notifica al demandado la reclamación en 

cobro de dinero presentada en su contra, a la vez que lo cita para la 

vista en su fondo. Íd.

4 Énfasis en el original. 
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Por otra parte, la Regla 60, supra, establece que, si se 

demuestra la existencia de una reclamación sustancial, o bien en el 

interés de que se haga justicia, “cualquiera de las partes tendrá 

derecho a solicitar que el pleito se continúe tramitando bajo el 

procedimiento ordinario prescrito por estas reglas o el tribunal 

podrá motu proprio ordenarlo, sin que sea necesario cancelar la 

diferencia en aranceles que correspondan al procedimiento 

ordinario.”

Cabe puntualizar que, previo a la enmienda a la Regla 60 

introducida por la Ley núm. 98-2012, el derecho a tal solicitud lo 

poseía únicamente la parte demandada. El lenguaje actual de la 

regla, en cambio, establece que todas las partes tiene un derecho a 

solicitar que el pleito se continúe ventilando por el trámite civil 

ordinario, además de que el foro judicial puede, motu proprio, así

disponerlo.

Ahora bien, en Cooperativa v. Hernández Hernández, supra, 

el Tribunal Supremo revisitó el trámite expedido de la Regla 60. 

Además, atendió una controversia sobre la procedencia de la 

desestimación de una reclamación al amparo de esta regla, ante el 

incumplimiento de la parte promovente con los términos provistos 

para diligenciar la notificación-citación, o si procede en cambio que 

la reclamación se ventile en un pleito ordinario. Así, nuestra más 

alta Curia reconoció que la Regla 60 no indica el término para que 

una parte solicite o que el tribunal ordene la transformación del 

proceso a uno ordinario ni dispone qué ocurre cuando se incumple 

con el término dispuesto para diligenciar la Notificación-Citación. 

Íd., a la pág. 638. Al respecto, decretó que, aunque el estatuto 

procesal guarda silencio, “sí podemos colegir que su redacción se 

inclina hacia la conversión ordinaria del procedimiento y no a 
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la desestimación del litigio”.

5 Íd. Por ende, aludiendo a la 

severidad que conlleva la desestimación, y teniendo en cuenta el 

término breve de ese mecanismo sumario, decretó que transcurridos 

los diez (10) días sin que la parte demandante hubiese diligenciado 

la Notificación-Citación a la parte demandada, no procede 

obligatoriamente la desestimación al amparo de la Regla 4.3(c) 

de las de Procedimiento Civil. Es más, claramente se estableció que 

la Regla 4.3(c) es incompatible con la Regla 60 en cuanto a la 

obligación del tribunal de instancia a dictar sentencia decretando la

desestimación sin perjuicio de la causa de acción una vez hayan 

transcurrido los 120 días sin que la parte demandante haya 

diligenciado el emplazamiento. Íd

Como resultado de este análisis, el más alto foro significó que:

[S]i a pesar de la diligencia del promovente de 

cumplir con las exigencias de la Regla 60 para 

ventilar sumariamente el pleito, esto no ha sido 

posible, lo que procede, en primer lugar, es la 

conversión del pleito al procedimiento civil 

ordinario, y no necesariamente la desestimación de 

la causa de acción. De modo que, siguiendo los 

pronunciamientos expuestos, queda en manos del 

foro de instancia asegurarse que la causa de acción 

amerite la conversión del procedimiento.

6 Íd., a la 

pág. 640.

III.

En esencia, IPS planteó que el TPI erró al desestimar la 

demanda al entender que se debió emplazar dentro del término 

dispuesto en la Regla 4.3 de las de Procedimiento Civil y al negarse 

a convertir el caso al trámite ordinario. Esto, en contravención a la 

jurisprudencia decretada por el Tribunal Supremo al respecto. 

Surge del trámite procesal esbozado, así como del expediente,

que la carta requiriendo el cobro del monto adeudado fue enviada 

por correo certificado con acuse de recibo y la apelada la recibió. Así, 

la apelante diligenció la Noficación-Citación, mediante el mismo 

5 Énfasis en el original. 

6 Énfasis en el original. 
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método, a la dirección postal exacta a la que se envió dicha misiva. 

No obstante, el certificado del United States Postal Service Tracking

demuestra que la Noficación-Citación fue devuelta por el servicio 

postal como no reclamada (Unclaimed) con la nota No Authorized 

Recipient Available. 

De la Minuta de la vista de Regla 60 celebrada el 5 de 

septiembre de 2023, surge que la representación legal de IPS 

informó que la Noficación-Citación fue devuelta al no ser reclamada.

Ante lo expresado, el TPI determinó que había transcurrido el 

término para notificar, por lo que desestimaba el caso sin perjuicio. 

Entonces, ese mismo día, notificada al día siguiente, el foro a quo

dictó la Sentencia apelada ordenando el archivo de la demanda, sin 

perjuicio aplicando el término de 120 días dispuesto en la Regla 4.3

de las de Procedimiento Civil. 

Como consignamos en el derecho precedente, la Regla 4.3(c) 

es incompatible con la Regla 60 en cuanto a la obligación del 

tribunal de instancia de dictar sentencia decretando la

desestimación sin perjuicio una vez transcurrido el término de 120 

días. Por lo que, acorde con la normativa establecida en Cooperativa 

v. Hernández Hernández, supra, resulta forzoso concluir que el foro 

apelado erró al aplicar, al caso de autos, la Regla 4.3 (c). 

Por otra parte, la información presentada por la apelante ante 

el TPI e incluida en el expediente apelativo, nos permite colegir que 

IPS fue diligente al enviar oportunamente, el 23 de marzo de 2023,

la Notificación-Citación por correo certificado con acuse de recibo, a 

la última dirección conocida de la señora Pineda Vélez. No obstante, 

la comunicación fue devuelta por el servicio postal como no 

reclamada por esta. Esto, aún cuando la carta requiriendo el cobro 

del monto adeudado fue recibida por ella en la misma dirección 

postal a la cual se remitió la Notificación-Citación. 
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En este sentido, concluimos que acorde con los 

pronunciamientos enunciados en Cooperativa v. Hernández 

Hernández, supra, procedía que el foro primario primariamente,

motu proprio, ordenara la conversión del procedimiento a uno 

ordinario previo a desestimar la causa de acción. Advertimos que en 

dicho caso el más alto foro diáfanamente decretó que la redacción 

de la norma procesal se inclina hacia la conversión ordinaria del 

procedimiento y no a la desestimación del litigio. Aún más, 

recalcamos lo antes citado de que, a pesar de la diligencia del 

promovente de cumplir con las exigencias de la Regla 60 para ventilar 

sumariamente el pleito, esto no ha sido posible, lo que procede, en 

primer lugar, es la conversión del pleito al procedimiento civil 

ordinario, y no necesariamente la desestimación de la causa de 

acción. En este punto, se hace menester enfatizar que lo que 

pretende precisamente la apelante es que el tribunal adquiera 

jurisdicción sobre la señora Pineda Vélez y continuar el proceso. 

En conclusión, los errores señalados fueron cometidos por el 

foro primario. 

IV.

Por los fundamentos expuestos, revocamos la Sentencia

apelada y devolvemos el caso al foro primario para la continuación 

de los procedimientos, según lo aquí resuelto, incluyendo la 

conversión del pleito de cobro de dinero al amparo de la Regla 60 de

las de Procedimiento Civil a uno ordinario.

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones