Número Identificador

 RES2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

CORPORACIÓN PARA LA 

DEFENSA DEL 

POSEEDOR DE LICENCIA 

DE ARMAS DE PUERTO 

RICO, INC. (CODEPOLA)

PETICIONARIA

v.

ACCIÓN SOCIAL Y 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

(ASPA, INC.) Y OTROS 

RECURRIDOS

KLCE202300291

Certiorari procedente 

del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Guayama

Caso Núm.: 

SA2022CV00024 

(303)

Sobre: Injunction

Preliminar y 

Permanente

Caso Núm.: 

SA2022CV00025 

(303)

Sobre: Difamación y 

Libelo; Daños y 

Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores

Grana Martínez, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

Comparece la Corporación para la Defensa del Poseedor de 

Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc. (Peticionario o CODEPOLA) 

mediante recurso de Certiorari y nos solicita que revoquemos la

Resolución que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Guayama, el 21 de febrero de 2023.

1 En el referido 

dictamen, el foro de instancia decretó No Ha Lugar la Moción 

Solicitando Desestimación de Reconvención y Solicitud de 

Paralización de Descubrimiento de Prueba que presentó CODEPOLA. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos expedir el auto solicitado.

1 La Resolución fue notificada y archivada en autos el mismo día 21 de febrero 

de 2023.
KLCE202300291 2

I.

El 30 de enero de 2022, CODEPOLA presentó una Demanda 

de Interdicto Preliminar contra la Corporación Acción Social y 

Protección Ambiental, Inc. (ASPA), su presidente, José Juan Cora 

Collazo, Rafael Díaz Casiano, su esposa y la Sociedad Legal de 

Gananciales que ambos componen y otros codemandados.

2 En su 

escrito, el Peticionario expuso que la empresa y sus miembros han 

hecho manifestaciones difamatorias en varios medios de 

comunicación, redes sociales y lugares públicos en contra del 

proyecto de polígono de tiro que la parte peticionaria se propone 

construir en Salinas, Puerto Rico. A su vez, arguyó que los 

portavoces de la Comunidad Rancho Guayama de Salinas también 

se han unido a la campaña difamatoria que ha sostenido la ASPA en 

su contra, al manifestar que CODEPOLA no está construyendo un 

polígono, sino un vertedero de neumáticos que causa contaminación 

al Acuífero del Sur. El Peticionario sostiene que estas 

manifestaciones públicas, así como las protestas que se han llevado 

a cabo le han causado daño a su reputación, además de interrumpir 

la construcción del polígono de tiro. Ante ello, solicitó al TPI que 

celebrara una vista, le concediera el interdicto preliminar solicitado 

o permanente y emitiera una orden de cesar y desistir contra la parte 

recurrida.

El mismo día, 30 de enero de 2022, CODEPOLA presentó otra 

Demanda sobre Difamación y Libelo, Daños y Perjuicios en contra 

de ASPA.

3 En su reclamo, CODEPOLA esgrime nuevamente las 

alegaciones sobre difamación que esbozó contra ASPA en su 

Solicitud de Interdicto Preliminar.

2 Véanse las páginas 11 a la 19 en el Apéndice del Recurso de Certiorari. A este 

caso se le asignó el alfanumérico SA2022CV00024.

3 Íd., págs. 20-28. A este caso el TPI le asignó el alfanumérico SA2022CV00025.
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Mediante Orden emitida el 22 de abril de 2022, el TPI 

consolidó los casos SA2022CV00024 y SA2022CV00025 y decretó 

que los procedimientos continuarían bajo el caso de mayor 

antigüedad, SA2022CV00024.

4

La parte recurrida presentó su Contestación a Solicitud de 

Injuction Preliminar y Permanente, en la que negó la totalidad de las 

alegaciones en su contra5. Levantó como defensas afirmativas, entre 

otras, que los actos imputados se encuentran protegidos por el 

Artículo II, Sección 4 de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico y la Primera Enmienda de la Constitución de Estados 

Unidos, que garantizan la libertad de expresión de sus ciudadanos. 

A su vez, levantaron como defensa que acoger lo pretendido por 

CODEPOLA en su solicitud de interdicto, constituiría censura previa 

a las expresiones que los residentes de Ranchos Guayama hicieran 

sobre el proyecto de polígono de tiro. También, adujeron que las 

expresiones y manifestaciones de los opositores al proyecto se han 

llevado a cabo en lugares protegidos que han sido catalogados por 

la jurisprudencia como foros públicos.

Arguyeron, además, que el mecanismo de injuction preliminar 

o permanente no puede utilizarse para privar a un ciudadano de 

ejercer su derecho a comparecer ante las agencias del Estado para 

presentar su oposición a proyectos de construcción sin permiso y en 

violación a normas ambientales, como tampoco se puede utilizar 

para suspender un procedimiento judicial.

6

Los Recurridos también presentaron una Reconvención, en la 

que sostuvieron que la finca en donde se está construyendo el 

polígono de tiro contiene un gravamen sobre condiciones restrictivas 

y servidumbres de equidad que impiden que el Peticionario 

4 Véase la Entrada Núm. 30 en SUMAC.

5 Véanse las páginas 29 a la 46 en el Apéndice del Recurso de Certiorari.

6 Íd.
KLCE202300291 4

construya el proyecto propuesto.

7 Además, sostuvieron que éstas 

no pueden ser modificadas por ningún foro administrativo, por lo 

que procede que el TPI ordene la paralización total del proyecto y 

desestime el proceso de permiso, si alguno, que CODEPOLA, el señor 

Ariel Torres Meléndez y el señor Roberto Ramos Colón estén 

gestionando.

Por otro lado, afirmaron que el Peticionario pretende modificar 

la zonificación de las fincas protegidas según el Plan de 

Ordenamiento Territorial de Salinas, pero que hasta el momento 

CODEPOLA no ha iniciado el proceso de consulta de ubicación que 

se requiere a esos fines.

Finalmente, los recurridos solicitaron al TPI que emitiera un 

Interdicto Permanente ordenando la paralización del proyecto en 

controversia y que, a su vez, se prohibiera cualquier tipo de 

construcción que violente las condiciones restrictivas y 

servidumbres de equidad que posee la finca en pugna. Asimismo, 

solicitaron que se desestime la petición de CODEPOLA contra los 

Recurridos por su improcedencia.

8

Después de innumerables trámites procesales, CODEPOLA 

presentó una Moción Solicitando Desestimación de Reconvención y 

Solicitud de Paralización de Descubrimiento de Prueba el 11 de enero 

de 2023.

9 En su escrito, solicitó la desestimación de la Reconvención

que presentó ASPA por falta de jurisdicción al no agotarse los 

remedios administrativos ante el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA), falta de parte indispensable y 

prescripción de la causa de acción. Sobre la procedencia de la 

desestimación al amparo de la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos, CODEPOLA argumentó que en el DRNA se inició 

7 Íd.

8 Íd.

9 Íd., págs. 3-10.
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un procedimiento administrativo sobre la controversia de autos que 

debía ser agotado. Por otro lado, sostuvo que la parte recurrida, en 

su Solicitud de Intervención ante el DRNA reconoció que el 

promovente del polígono no es CODEPOLA, por lo que su alegación 

contra CODEPOLA debe ser desestimada por ausencia de parte 

indispensable. Ante ello, argumentó que estaría prescrita cualquier 

acción que ASPA se propusiera presentar para traer al pleito a otras 

personas o entidades en esta etapa del proceso.

La parte recurrida se opuso a lo solicitado por CODEPOLA

mediante Oposición a Segunda Solicitud de Desestimación de 

Reconvención Presentada por el Demandante Reconvenido.

10

Después de evaluar las posiciones de las partes, el 21 de 

febrero de 2023, el TPI emitió una Resolución, en la que decretó no 

ha lugar la alegación de desestimación al amparo de la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos.

11 Sobre la alegación de 

partes indispensables, determinó que el señor Roberto Ramos Colón 

y Ariel Torres Meléndez son partes indispensables en el pleito, por 

lo que concedió un término de 30 días a los Recurridos para que 

enmendaran sus alegaciones. En cuanto al reclamo de prescripción 

de la acción contra CODEPOLA, el TPI determinó que el Peticionario 

no elaboró con claridad sus alegaciones. No obstante, decidió acoger 

su petición como una solicitud de sentencia sumaria y denegó por 

no cumplir con los requisitos procesales que establece la Regla 36 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.

Inconforme con lo resuelto, CODEPOLA acudió ante nosotros 

mediante el recurso de epígrafe, en el que señaló los siguientes dos 

errores:

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DETERMINAR NO HA LUGAR DE PLANO A NUESTRA SOLICITUD DE 

DESESTIMACIÓN DE RECONVENCIÓN RESPECTO A LA FALTA DE 

AGOTAMIENTO DE REMEDIOS ADMINISTRATIVOS.

10 Íd., págs. 62-74.

11 Íd., págs. 1-2.
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SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL DETERMINAR QUE LOS SEÑORES ROBERTO RAMOS COLÓN Y 

ARIEL TORRES MELÉNDEZ SON PARTES INDISPENSABLES EN EL 

PLEITO SIN HABERSE PRESENTADO PRUEBA SOBRE EL 

PARTICULAR.

II.

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su discreción, una 

decisión de un tribunal inferior. 32 LPRA sec. 3491; Caribbean 

Orthopedics Products of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR 

994, 1004 (2021); IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012);

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). La discreción judicial se 

ha definido como la autoridad para elegir entre diversas opciones 

sin enajenarnos del derecho. Los tribunales deben ejercer su 

discreción de forma razonable al momento de pasar juicio sobre una 

controversia para así poder llegar a una condición justiciera. IG 

Builders v. BBVAPR, supra, pág. 338; Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); García v. Padró, supra, 

págs. 334-335.

Por otro lado, la autoridad del Tribunal de Apelaciones para 

expedir un recurso de certiorari está limitada por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que dispone lo siguiente:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 

apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 

o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 

certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene que fundamentar su decisión. Cualquier otra 

resolución u orden interlocutoria expedida por el 
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Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 

recurso de apelación que se interponga contra la 

sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los 

errores no perjudiciales. 32 LPRA Ap. V.

Nuestro análisis conlleva una segunda revisión al amparo de 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B. La Regla 40 dispone:

El tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

III.

En su recurso, CODEPOLA nos argumenta que su solicitud 

de desestimación cumplió con los fundamentos jurídicos bajo la 

doctrina de agotamiento de remedios administrativos. Entiende que 

el foro de instancia tiene los elementos suficientes para desestimar 

la Reconvención y detener los trámites ante el TPI, incluyendo el 

descubrimiento de prueba. A su vez, alega que procede la 

desestimación de la Reconvención por falta de parte indispensable. 

Sobre este particular, argumenta que la parte recurrida sometió la 

Reconvención contra CODEPOLA, entidad jurídica que, según alega, 
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no es parte del proyecto de polígono de tiro, ya que no figura como 

titular de la propiedad ni como proponente del proyecto en 

controversia.

Después de examinar con detenimiento las alegaciones de las 

partes y la totalidad del expediente en autos, no encontramos razón 

alguna para ejercer nuestra discreción en esta etapa de los 

procedimientos e intervenir con la determinación emitida por el foro 

a quo. Los argumentos esbozados por CODEPOLA en su recurso no 

se ajustan a los criterios que establece nuestra Regla 40, supra, y 

que limita nuestra discreción.

IV.

En mérito de lo anterior, denegamos expedir el auto de 

certiorari presentado.

Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones