Número Identificador

RES2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

ANA YVETTE CACHO 

GONZÁLEZ

RECURRIDA

v.

VLADIMIR ILICHT VÁZQUEZ 

CLAUDIO

PETICIONARIO

KLCE202400692

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Bayamón, 

Sala de Familia y 

Menores

Caso Núm. 

BY2021RF00765

Sobre: 

CustodiaMonoparental o 

Compartida, 

Alimentos-Menores de 

Edad

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

Pagán Ocasio, juez ponente

RESOLUC IÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de julio de 2024.

I.

El 24 de junio de 2024, el señor Vladimir Ilich Vázquez 

Claudio (señor Vázquez Claudio o peticionario) presentó un recurso 

de Certiorari ante nos en el que solicitó que revisemos una Orden1

emitida por el Tribunal de Primaria Instancia, Sala Superior de 

Bayamón, Sala de Familia y Menores (TPI o foro primario) el 8 de 

abril de 2024, notificada y archivada en autos ese mismo día. 

Mediante el dictamen, el TPI le anotó la rebeldía al señor Vázquez 

Claudio y ordenó la continuación de los procedimientos ante la 

Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA) con la celebración de 

la vista final de alimentos en rebeldía, luego de determinar que el 

peticionario incumplió con la Orden emitida el 11 de marzo de 2024, 

1 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 26.
KLCE202400692 2

notificada y archivada en autos al siguiente día,2 y, posteriormente, 

aclarada mediante la Orden del 27 de marzo de 2024, notificada y 

archivada en autos el mismo día.3

El 26 de junio de 2024, emitimos una Resolución en la que le 

concedimos a la señora Ana Yvette Cacho González (señora Cacho 

González o recurrida) un término de diez (10) días, contados a partir 

de la notificación de dicha Resolución, para exponer su posición 

sobre los méritos del recurso de Certiorari, según ordenado. 

No obstante, aunque se le brindó la oportunidad de 

comparecer, la señora Cacho González no presentó su posición en 

torno a los méritos del recurso de Certiorari, según ordenado.

Por ende, damos por perfeccionado el recurso de epígrafe, y, 

en adelante, pormenorizaremos los hechos procesales atinentes a al 

recurso de Certiorari.

II.

El caso de marras tiene su génesis el 2 de mayo de 2021 

cuando la señora Cacho González presentó una Urgente Petición de 

Custodia Monoparental y Alimentos (Urgente Petición)4 en contra del 

señor Vázquez Claudio en concepto de custodia monoparental. 

Según arguyó, ella sostuvo una relación consensual con el señor 

Vázquez Claudio y procrearon a los mellizos SDLVC y MCVC, 

quienes nacieron el 26 de junio de 2017 en el estado de 

Massachusetts. Expuso que, en o cerca de abril de 2018, ella solicitó 

y obtuvo una orden de protección en contra del señor Vázquez 

Claudio, la cual fue expedida por un tribunal en Hull, 

Massachusetts. Arguyó, sin embargo, que, continúo viviendo un 

patrón de violencia doméstica y se vio obligada a ser la cuidadora 

principal y única protectora de sus hijos. 

2 Íd., pág. 13. 

3 Íd., págs. 16-17.

4 Entrada Núm. 1 del expediente digital del caso en el Sistema Unificado de Manejo 

y Administración de Casos (SUMAC).
KLCE202400692 3

Según se desprende de la Urgente Petición, desde el 24 de 

junio de 2020, fecha en la que alegadamente el señor Vázquez 

Claudio arrojó a la calle a la recurrida y sus gemelos, el peticionario 

incumplió con su obligación de alimentar y cubrir las necesidades 

de sus hijos. Al día de la presentación de la Urgente Petición, sostuvo 

la recurrida que el señor Vázquez Claudio solo había enviado 

$700.00 dentro de un término de diez (10) meses, y los abuelos 

maternos tuvieron que sufragar las necesidades de los menores. 

Expuso además que, el padre de los gemelos también incumplió con 

el horario determinado para la entrega y/o recogido de los niños; y 

carece de las capacidades protectoras, y las cualidades y la aptitud 

para satisfacer las necesidades biosociales de sus hijos y ejercer la 

custodia de los menores de forma responsable y libre de maltrato 

psicológico. 

Por todo lo anterior, la señora Cacho González solicitó del foro 

primario (i) mantener la custodia monoparental de facto mientras se 

dilucidaban los procedimientos; (ii) referir a las partes a la Unidad 

Social para establecer relaciones filiales provisionales supervisadas, 

hasta la culminación de la investigación social; (iii) establecer un 

plan definido de relaciones paterno filiales para evitar y no perpetuar 

la violencia doméstica, una vez referidos a la Unidad Social y 

determinada la viabilidad y deseabilidad de las relaciones filiales; 

(iv) referir a las partes ante el EPA; y (v) conceder la custodia 

monoparental a la señora Cacho González. 

Luego de varios trámites procesales, el 8 de junio de 2021, el 

señor Vázquez Claudio presentó una Contestación a la Demanda.

5

Por medio de esta, negó muchas de las alegaciones presentadas por 

la recurrida incluyendo que no incurrió en violencia doméstica, y 

que ambos padres eran los cuidadores y encargados de los menores. 

5 Entrada Núm. 16 del expediente digital del caso en el SUMAC.
KLCE202400692 4

Incluso alegó no haber incumplido con el horario de las relaciones 

filiales, y sostuvo que poseía la capacidad protectora, las cualidades 

y la aptitud para satisfacer las necesidades biopsicosociales de sus 

hijos y ejercer la custodia y patria potestad de los menores. Además, 

alegó que el caso había sido referido a la EPA y ya se había 

establecido una pensión provisional durante una vista celebrada. 

Por último, solicitó que el caso fuese referido a la Unidad Social para 

la otorgación de custodia compartida de los menores o, en su 

defecto, se le concedieran a él relaciones filiales amplias. Además, 

solicitó que se prohibiera el traslado de los menores fuera del país 

sin previa autorización del tribunal. 

Posteriormente, el 7 de septiembre de 2022, el TPI emitió una 

Orden,

6 notificada y archivada en autos al siguiente día. En lo 

pertinente, el foro primario le apercibió al señor Vázquez Claudio 

que no permitiría su representación por derecho propio. 

Luego de este apercebimiento, el señor Vázquez Claudio 

compareció mediante una serie de mociones pro se.

7

El 18 de noviembre de 2022, el foro primario emitió una 

Orden,

8 notificada y archivada en autos el 21 de noviembre de 2022, 

por la que advirtió que la determinación del 7 de septiembre de 2022 

era final y firme. Por ello, el foro a quo indicó que el señor Vázquez 

Claudio debía comparecer representado por abogado aun en los 

procesos post sentencia, como en los que se encontraban, y le 

apercibió que las mociones presentadas por derecho propio se 

tendrían por no presentadas. 

A pesar de la advertencia del TPI, nuevamente, el señor 

Vázquez Claudio radicó una moción por derecho propio.

9

6 Entrada Núm. 161 del expediente digital del caso en el SUMAC.

7 Entrada Núm. 163 del expediente digital del caso en el SUMAC; Entrada Núm. 

168 del expediente digital del caso en el SUMAC; Entrada Núm. 170 del expediente 

digital del caso en el SUMAC; Entradas Núm. 186-188 del expediente digital del 

caso en el SUMAC.

8 Entrada Núm. 190 del expediente digital del caso en el SUMAC.

9 Entrada Núm. 194 del expediente digital del caso en el SUMAC.
KLCE202400692 5

Posteriormente, el 19 de diciembre de 2022, el TPI emitió una 

Orden, notificada y archivada en autos el 20 de diciembre de 2022. 

Por medio de esta, el foro primario le apercibió al señor Vázquez 

Claudio que, de continuar incumpliendo con las órdenes del 

Tribunal, podría ser sancionado.10

El 16 de enero de 2023, el TPI emitió una Orden, notificada y 

archivada en autos el 17 de enero de 2023, donde le apercibió al 

señor Vázquez Claudio que, de no comparecer dentro de un término 

de diez (10) días mediante su representante legal, le suspendería las 

relaciones paternofiliales como medida cautelar en protección de los 

menores de edad.11

A pesar de las reiteradas órdenes que lo impedían, el señor 

Vázquez Claudio continuó radicando mociones por derecho propio, 

en total desatención a lo ordenado por el foro recurrido.

12

Posteriormente, el 8 de febrero de 2023, el foro primario emitió 

una Orden, notificada y archivada en autos el 9 de febrero de 2023. 

A través de esta, el TPI le advirtió al señor Vázquez Claudio que ya 

había tomado la determinación de no permitirle que se represente 

por derecho propio y que, de continuar con dicha práctica, le 

comenzaría a imponer severas sanciones por incumplimiento con 

las determinaciones del foro.13

Sin embargo, el señor Vázquez Claudio persistió en su 

conducta de presentar mociones sin representación legal.14

El 8 de marzo de 2023, el foro a quo emitió una Orden,

15

notificada y archivada en autos al siguiente día, por la cual resolvió

que el señor Vázquez Claudio, conforme apercibido y debido a su 

10 Entrada Núm. 195 del expediente digital del caso en el SUMAC.

11 Entrada Núm. 197 del expediente digital del caso en el SUMAC.

12 Entrada Núm. 198 del expediente digital del caso en el SUMAC; Entrada Núm. 

200 del expediente digital del caso en el SUMAC.

13 Entrada Núm. 201 del expediente digital del caso en el SUMAC.

14 Entrada Núm. 204 del expediente digital del caso en el SUMAC.

15 Entrada Núm. 205 del expediente digital del caso en el SUMAC.
KLCE202400692 6

incumplimiento con la Orden del 8 de febrero de 2023, se le impuso 

$100.00 en sanciones. 

Nuevamente, el señor Vázquez Claudio continuó radicando 

mociones sin representación legal.16

El 16 de marzo de 2023, TPI emitió una Orden, notificada y 

archivada en autos el 17 de marzo de 2023, donde resolvió lo 

siguiente:

El Tribunal emitió al menos cuatro (4) órdenes en las 

cuales se le apercibió al Sr. Vladimir I. Vázquez Claudio 

que no permitiría escritos presentados por derecho 

propio sobre los méritos del presente caso y en al menos 

dos (2), de dichas órdenes, se le apercibió al Sr. 

Vladimir I. Vázquez Claudio que de continuar 

incurriendo en dicha práctica sería sancionando. 

Además de dichas determinaciones, en al menos seis (6) 

órdenes adicionales el Tribunal le había concedido 

término al Sr. Vladimir I. Vázquez Claudio para que 

anunciara representación legal, ya que no permitiría 

que se representara por derecho propio, luego de 

realizar el correspondiente análisis de la Regla 9.4 de 

Procedimiento Civil.

Todas dichas órdenes fueron incumplidas, a pesar de 

los apercibimientos realizados, y el Sr. Vladimir I. 

Vázquez Claudio ha continuado incurriendo en una 

conducta obstinada en abierto menosprecio a la 

autoridad y a las determinaciones de este Tribunal. 

Es por ello que el Tribunal entiende que la sanción 

impuesta no resulta ser excesiva, sino todo lo contrario, 

por lo que mantiene la misma. No obstante, se le 

concede al Sr. Vladimir I. Vázquez Claudio hasta el 

viernes, 16 de junio de 2023 para el pago de la misma.

. . . .

(Énfasis en el original).17

No obstante, el señor Vázquez Claudio presentó otra moción

pro se.18

El 22 de junio de 2023, el TPI emitió una Orden, notificada y 

archivada en autos al siguiente día, por la cual le concedió al señor 

Vázquez Claudio un término final de veinte (20) días para pagar la 

sanción de $100.00 impuesta por medio de la Orden del 8 de marzo 

16 Entradas Núm. 206-207 del expediente digital del caso en el SUMAC.

17 Entrada Núm. 208 del expediente digital del caso en el SUMAC.

18 Entrada Núm. 216 del expediente digital del caso en el SUMAC.
KLCE202400692 7

de 2023. Además, le apercibió que el incumplimiento con ello podría 

conllevar la imposición de sanciones adicionales.19

El 28 de junio de 2023, el foro a quo emitió una Orden, 

notificada y archivada digitalmente ese mismo día, por la que tomó 

conocimiento sobre el pago de la sanción impuesta y dio por 

cumplida la Orden del 22 de junio de 2023.

20

A pesar de los apercibimientos realizados, el señor Vázquez 

Claudio nuevamente incumplió con las órdenes del tribunal.21

El 5 de octubre de 2023, el foro primario emitió una Orden, 

notificada y archivada digitalmente en autos el mismo día, donde 

resolvió que había emitido varias órdenes y que no le iba a permitir

al señor Vázquez Claudio representarse por derecho propio.22

Posteriormente, el 18 de octubre de 2023, el foro primario 

emitió una Resolución, notificada y archivada digitalmente en autos 

al siguiente día, donde, en lo pertinente, le concedió al señor 

Vázquez Claudio hasta el 26 de octubre de 2023 para anunciar su 

nueva representación legal, y le advirtió que ya había tomado una 

determinación final y firme a los efectos de no permitirle 

representarse por derecho propio. Concluyó el foro primario que se 

sostenía en dicha determinación, pues las razones expresadas en 

aquel entonces y el comportamiento inadecuado de éste en sus 

comparecencias escritas y presenciales en la sala lo precisaban.23

Aun así, el señor Vázquez Claudio presentó una moción por 

derecho propio, incumpliendo nuevamente lo ordenado por el foro 

primario.

24

El 23 de octubre de 2023, el TPI emitió una Orden, notificada 

y archivada en autos el mismo día, por la cual le concedió al señor 

19 Entrada Núm. 220 del expediente digital del caso en el SUMAC.

20 Entrada Núm. 223 del expediente digital del caso en el SUMAC.

21 Entrada Núm. 239 del expediente digital del caso en el SUMAC; Entrada Núm. 

241 del expediente digital del caso en el SUMAC.

22 Entrada Núm. 244 del expediente digital del caso en el SUMAC.

23 Entrada Núm. 250 del expediente digital del caso en el SUMAC.

24 Entrada Núm. 252 del expediente digital del caso en el SUMAC.
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Vázquez Claudio hasta el 10 de noviembre de 2023 para anunciar 

su representante legal. Le apercibió también que, de no cumplir con 

lo anterior, además de las sanciones apercibidas, el tribunal no le 

permitirá representarse por derecho propio, y estaría impedido de 

presentar prueba a su favor durante la vista de desacato.25

Sin embargo, a pesar de los apercibimientos realizados, el 

peticionario continuó radicando mociones sin representante legal.26

El 9 de noviembre de 2023, el TPI emitió una Orden, notificada 

y archivada digitalmente en autos, mediante la cual le concedió al 

señor Vázquez Claudio hasta el 10 de noviembre de 2023 para 

anunciar su representante legal con las consecuencias y 

apercibimientos realizados en la Orden del 23 de octubre de 2023.27

El foro primario emitió una Resolución el 13 de noviembre de 

2023, notificada y archivada en autos el 15 de noviembre de 2023. 

Por medio de esta y en lo pertinente, el tribunal encontró al señor 

Vázquez Claudio incurso en desacato por incumplimiento con el 

pago de la proporción correspondiente de los gastos suplementarios 

o escolares, los cuales ascienden a $9,467.97. Sin embargo, 

conforme a los remedios disponibles en nuestro ordenamiento 

jurídico y no existiendo reparo de la señora Cacho González, el foro 

primario dejó en suspenso la emisión de la orden de arresto y le 

concedió al señor Vázquez Claudio un plan de pago de $394.50 

mensuales por un término de 24 meses, comenzando a partir de 

diciembre del año 2023. También le impuso $300.00 en concepto de 

honorarios de abogados, a tenor con el Artículo 22 de la Ley 

Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, Ley

Núm. 5 del 30 de diciembre de 1986, 8 LPRA sec. 521.28

25 Entrada Núm. 253 del expediente digital del caso en el SUMAC.

26 Entrada Núm. 254 del expediente digital del caso en el SUMAC.

27 Entrada Núm. 255 del expediente digital del caso en el SUMAC.

28 Entrada Núm. 258 del expediente digital del caso en el SUMAC.
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El 14 de noviembre de 2023, el foro primario emitió una 

Orden, notificada y archivada digitalmente en autos el 15 de 

noviembre de 2023, mediante la cual, ante el incumplimiento con 

las órdenes del 23 de octubre de 2023 y 9 de noviembre de 2023, le 

impuso al señor Vázquez Claudio $150.00 en sanciones 

económicas.29

A pesar de lo resuelto por el TPI y las advertencias realizadas, 

el señor Vázquez Claudio presentó mociones pro se.30

Luego de varios trámites procesales, el 11 de marzo de 2024, 

el TPI emitió una Orden, notificada y archivada digitalmente en 

autos al siguiente día, por la cual aceptó la representación legal, y 

le concedió al representante legal del peticionario un término de 

veinte (20) días para que se familiarizara con el expediente y para 

que ambos representantes legales se reunieran para ponerse al 

tanto en cuanto a los asuntos pendientes y para auscultar la 

posibilidad de alcanzar acuerdos razonables que permitieran la 

continuación del caso de epígrafe y se pudieran adelantar los 

intereses y el mejor bienestar de los menores. De igual modo, 

advirtió que, de alcanzar algún acuerdo, se le debía informar al 

tribunal mediante moción conjunta.31

El 27 de marzo de 2024, el TPI emitió una Orden, notificada y 

archivada en autos digitalmente el mismo día. Mediante esta, el foro 

a quo aclaró que el aludido término de veinte (20) días concedido al 

representante legal del peticionario a través de la Orden del 11 de 

marzo de 2024 era para contestar cualquier asunto pendiente en el 

expediente judicial y para que ambos representantes legales se 

reunieran para auscultar la posibilidad de alcanzar acuerdos 

razonables permitiendo la continuación del caso de epígrafe, 

29 Entrada Núm. 259 del expediente digital del caso en el SUMAC.

30 Entrada Núm. 261 del expediente digital del caso en el SUMAC; Entrada Núm. 

263 del expediente digital del caso en el SUMAC.

31 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 13. 
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adelantando los intereses y el bienestar de los menores. Por el 

contrario, advirtió dicho foro que, de no llegar a un acuerdo, el 

peticionario debía expresar su postura dentro del referido término.32

El 5 de abril de 2024, la señora Cacho González radicó una 

Moción en Solicitud de Anotación de Rebeldía, por la que, en lo 

pertinente, y a tenor con la Regla 45 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 45, y la Regla 34.3 (b) de Procedimiento Civil, supra, R. 

34.3 (b), solicitó del TPI que le anotara la rebeldía del peticionario. 

Apoyó su solicitud en que el representante legal del señor Vázquez 

Claudio incumplió con la Orden del 11 de marzo de 2024, y el 

peticionario pidió otra prórroga y se le concedió. Aun así, incumplió, 

según expresó la señora Cacho González.33

El 5 de abril de 2024, el señor Vázquez Claudio presentó una 

Moción e[n] Oposición a Solicitud de Anotación de Rebeldía y Solicitud 

de Breve T[é]rmino Adicional para Oponernos a la Solicitud de Fianza. 

Mediante esta, expresó, en lo pertinente, que el incumplimiento con 

el término de veinte (20) días se debió a que, como había informado, 

se encontraría fuera de la jurisdicción hasta el 1 de abril de 2024, 

fecha en la cual venció el aludido término.

34

El 8 de abril de 2024, el TPI emitió una Orden, notificada y 

archivada digitalmente en autos el mismo día, por la que denegó la 

solicitud de prórroga por incumplir con las disposiciones de la Regla 

68.2 de Procedimiento Civil, supra, R. 68.2.35

El mismo 8 de abril de 2024, el foro primario también emitió 

una Orden, notificada y archivada digitalmente en autos el mismo 

día, por la que le anotó la rebeldía al señor Vázquez Claudio por 

incumplir con la Orden del 11 de marzo de 2024, aclarada mediante 

la Orden del 27 de marzo de 2024.36 Por lo que ordenó la 

32 Íd., págs. 16-17. 

33 Íd., págs. 18-25.

34 Entrada Núm. 294 del expediente digital del caso en el SUMAC.

35 Entrada Núm. 295 del expediente digital del caso en el SUMAC.

36 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 26-27. 
KLCE202400692 11

continuación de los procedimientos ante la EPA con la celebración 

de la vista final de alimentos en rebeldía. 

El 23 de abril de 2024, el señor Vázquez Claudio presentó una 

Moción Solicitando Reconsideración sobre Anotación de Rebeldía.

37 A 

través de esta, el peticionario apoyó su petición en que (i) contrató a 

varios representantes legales para cumplir con lo ordenado; (ii) la

representante legal de la señora Cacho González no se encontraba 

dentro de nuestra jurisdicción, sino cuidando a su nieto; (iii) la 

recurrida nunca realizó gestión alguna para cumplir con la Orden

del 11 de marzo de 2024; (iv) y que no le beneficiaba a los menores 

que a su papá se le anotara la rebeldía, pues ello impediría que se 

pueda presentar prueba a su favor creando un resultado injusto al 

momento de computar la pensión, y poniendo en riesgo al 

peticionario de no poder cumplir con la misma por el 

encarcelamiento. 

Posteriormente, el 20 de mayo de 2024, la señora Cacho 

González presentó una Oposición a Solicitud de Reconsideración.

38

En lo pertinente, solicitó que se mantuviese la anotación de rebeldía 

del peticionario porque incumplió con múltiples órdenes y términos;

se negó a descubrir lo solicitado; agotó el término para descubrir 

prueba; causó suspensiones; y recurrió a procesos de inhibición e 

indigencia para retrasar la contratación de representantes legales, 

entre otras razones. 

Ante ello, el 21 de mayo de 2024, el TPI emitió una Resolución, 

notificada y archivada en autos el 24 de mayo de 2024, por la cual 

denegó la solicitud de reconsideración del peticionario.39

37 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 28-35.

38 Entrada Núm. 309 del expediente digital del caso en el SUMAC.

39 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 36-37.
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Inconforme con esta determinación, el 24 de junio de 2024, el 

señor Vázquez Claudio presentó un recurso de Certiorari y le imputó 

al TPI la comisión del siguiente error:

ERR[Ó] EL TPI AL EJERCER SU DISCRECIÓN, LAS 

EXPRESIONES DE LA REPRESENTACI[Ó]N LEGAL 

DE LA PARTE DEMANDANTE– RECURRIDA 

PROPICIARON CONFUSI[Ó]N. LO QUE LLEV[Ó] AL 

PADRE NO PODER CUMPLIR CON LA ORDEN 

EMITIDA EN EL CASO. LO ANTERIOR DEMUESTRA 

QUE EL ALIMENTANTE NO ACTU[Ó] CON LA 

INTENCIÓN DE DILATAR EL PROCESO O CAUSAR 

UN PERJUICIO INDEBIDO. 

En síntesis, arguyó que, luego de la solicitud de anotación de 

rebeldía presentada por la recurrida, el foro primario emitió unas 

órdenes, empero no apercibió al señor Vázquez Claudio sobre las 

consecuencias ante un posible incumplimiento. Sostuvo además 

que, la inobservancia con el término prescrito por el foro a quo a 

través de la Orden del 11 de marzo de 2024 se debió a la falta de 

entendimiento y confusión entre los representantes legales de 

ambas partes, y que surgió una equivocación en la interpretación de 

un mensaje y una moción informativa presentada por la señora 

Cacho González. Añadió el señor Vázquez Claudio que levantar la 

anotación de rebeldía ayudaría a agilizar el proceso en pro del 

bienestar el menor, y que la prueba que aporte él es pertinente e 

insustituible para el establecimiento de la pensión alimentaria. Por 

último, expuso el señor Vázquez Claudio que la recurrida no 

presentó prueba para demostrar que él actuó con la intención de 

dilatar el proceso de marras. 

El 26 de junio de 2024, emitimos una Resolución en la que le 

concedimos a la señora Cacho González un término de diez (10) días, 

contados a partir de la notificación de dicha Resolución, para 

exponer su posición sobre los méritos del recurso. 

A pesar de brindarle la oportunidad de comparecer, la señora 

Cacho González no presentó su posición en torno a los méritos del 

recurso de Certiorari.
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Consecuentemente, el caso quedó perfeccionado para 

determinación judicial. 

III.

A. 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016); IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). A diferencia de una 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 52.1,

40

establece las instancias en las que el foro revisor posee autoridad 

para expedir un auto de certiorari sobre materia civil. Scotiabank 

v. ZAF Corporation, et als., 202 DPR 478, 486-487 (2019). La 

citada regla delimita el alcance jurisdiccional del Tribunal de 

Apelaciones para atender un recurso de certiorari que trate sobre la 

revisión de dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera 

Instancia. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 

40 Esta Regla dispone en lo pertinente que:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y 

por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 

su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 

por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 

recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto 

a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 
KLCE202400692 14

709-710 (2019). Nuestro rol al atender recursos de certiorari 

descansa en la premisa de que es el foro de instancia quien está en 

mejor posición para resolver controversias interlocutorias, o de 

manejo del caso, y en la cautela que debemos ejercer para no 

interrumpir injustificadamente el curso corriente de los pleitos que 

se ventilan ante ese foro. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008).

Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está 

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, debemos pasar entonces a un 

segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción que 

ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, expedir 

y adjudicar en sus méritos el caso.

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los 

criterios que debemos tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de un auto de certiorari.

41 

41 Esta Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden 

de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para 

el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 

luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o 

de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración.
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Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es “[e]l 

más poderoso instrumento para hacer justicia reservado a los jueces 

es la discreción”. Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004)

(citando a Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 725 

(1981)). La discreción se refiere a “la facultad que tiene [el tribunal] 

para resolver de una forma u otra, o de escoger entre varios cursos 

de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 735 (2018); 

García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371 (2012). En ese sentido, 

ha sido definida como “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729 

(citando a Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001)). Lo 

anterior “no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. Hietel v. PRTC, 182 DPR 451, 

459 (2011) (citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 

144 DPR 651, 658 (1997)); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 

559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, supra, pág. 91). Ello, 

ciertamente, constituiría un abuso de discreción. 

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que “la discreción que cobija al Tribunal de Primera 

Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo 

que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v. 

ACBI et al., supra, pág. 735. Cónsono con ello, es norma reiterada 

que este tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas por 

el foro primario y sustituir el criterio utilizado éste en el ejercicio de 

su discreción, salvo que se pruebe que actuó con prejuicio o 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia. 
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parcialidad o incurrió en craso abuso de discreción o en error 

manifiesto”. Íd., pág. 736 (énfasis en el original eliminado). Véase, 

además, Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 

709 (2012); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986).

B.

La rebeldía es aquella posición procesal en donde se coloca a 

la parte que ha dejado de ejercitar su derecho a defenderse o de 

cumplir con su deber procesal. Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, supra, pág. 587 (citando a R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 5a ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, pág. 287). Es 

por ello que el propósito del procedimiento de la anotación de 

rebeldía es desalentar la dilación como estrategia de litigio. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 587 (citando a J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2a ed., San Juan, 

Pubs. J.T.S., 2011, T. IV, pág. 1340). Asimismo, es eminente resaltar 

que “es nota constitutiva de la justicia el tiempo oportuno, por lo 

que una dilación en la respuesta judicial puede ser una fuente de 

injusticia”. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 

587 (R.L. Vigo, Ética y responsabilidad judicial, Buenos Aires, 

Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 38).

A esos efectos, la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 

45.1, gobierna la anotación de rebeldía disponiendo los 

fundamentos bajo los cuales una parte puede ser declarada en 

rebeldía. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 

587; Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc. v. Lunor, Inc., 

212 DPR 807, 823 (2023). En lo pertinente, la Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone que, “[e]l tribunal, a iniciativa 

propia o a moción de parte, podrá anotar la rebeldía a cualquier 

parte conforme a la Regla 34.3(b)(3)”. (Énfasis suplido). A tenor 
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con la Regla 34.3 (b) (3) de Procedimiento Civil, supra, R. 34.3 (b) 

(3):

(b) Otras consecuencias. Si una parte o un funcionario 

o agente administrador de una parte, o una persona 

designada para testificar a su nombre según disponen 

las Reglas 27.6 ó 28, deja de cumplir una orden para 

llevar a cabo o permitir el descubrimiento de prueba, 

incluyendo una orden bajo las Reglas 32 y 34.2, el 

tribunal podrá dictar, con relación a la negativa, todas 

aquellas órdenes que sean justas; entre ellas las 

siguientes:

. . . .

(3) Una orden para eliminar alegaciones o parte de ellas, 

o para suspender todos los procedimientos posteriores 

hasta que la orden sea acatada, para desestimar el 

pleito o procedimiento, o cualquier parte de ellos, o para 

dictar una sentencia en rebeldía contra la parte que 

incumpla. 

. . . .

En otras palabras, bajo la Regla 34.3 (b)(3), supra, el TPI está 

autorizado a anotar la rebeldía como sanción “cuando una parte se 

niega a descubrir su prueba después de habérsele requerido 

mediante los métodos de descubrimiento de prueba, o simplemente 

cuando una parte ha incumplido con alguna orden del tribunal”.

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 588.

(Énfasis suplido); Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc. v. 

Lunor, Inc., supra, págs. 823-824.

Finalmente, la anotación de rebeldía “tendrá el efecto de que 

se den por admitidas las aseveraciones de las alegaciones 

afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2(b)”. Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, supra; Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, 

Inc. v. Lunor, Inc., supra, pág. 824; Banco Popular v. Andino 

Solís, 192 DPR 172, 179 (2015). 
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IV.

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del recurso de 

Certiorari, en correcta práctica adjudicativa apelativa, y a la luz de 

los criterios esbozados en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, y en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, resolvemos que debemos abstenernos de ejercer nuestra 

función revisora y rechazar intervenir con la determinación del TPI. 

Un examen sosegado del expediente del caso ante nuestra 

consideración, de la determinación recurrida, así como el trámite 

procesal ante el TPI, no arroja error alguno que amerite nuestra 

intervención. Tampoco surge de los autos que el TPI haya incurrido 

en error, prejuicio, parcialidad o que haya abusado de su discreción.

Por el contrario, la determinación del foro primario fue

esencialmente correcta en derecho cuando le anotó rebeldía al señor 

Vázquez Claudio ante sus continuos y repetidos incumplimientos 

con las órdenes del foro a quo. Su proceder denota una total 

inobservancia de las reiteradas órdenes del foro recurrido. 

Consecuentemente, no intervendremos con su discreción en esta 

etapa de los procedimientos.

V.

Por las razones anteriormente esbozadas, se deniega la 

expedición del auto de Certiorari.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones