Número Identificador

 RES2024__________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL II

EL PUEBLO DE PUERTO RICO

Peticionario

v.

JAIME R. RAMIREZ FIGUEROA

Recurrido

KLCE202400550

Certiorari

procedente del

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Mayagüez

Caso Núm.

ISCR202300504

Sobre:

Art. 404 A Ley 4

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de julio de 2024.

I.

El 27 de junio de 2023 el Ministerio Público radicó acusación 

contra el Sr. Jaime R. Ramírez Figueroa por el delito grave de 

Posesión de la sustancia controlada conocida como “cocaína en su 

modalidad de crack”.1 Subsiguientemente, el 4 de diciembre de 

2023, Ramírez Figueroa fue declarado culpable y sentenciado a 

cumplir tres (3) años bajo la pena alterna de restricción domiciliaria.

En la referida Sentencia, el Tribunal de Primera Instancia le 

impuso varias condiciones, incluyendo, no incurrir en conducta 

delictiva, no asociarse con personas reconocidas por su 

participación en actividades ilegales, y abstenerse de hacer uso de 

drogas narcóticas y/o estupefacientes. A su vez, como condición 

especial le requirió, entre otras cosas, que completara la evaluación 

ofrecida por la clínica APS, que se sometiera a tratamiento de ser 

necesario y que completara el mismo. Por último, se le requirió que 

1 Tipificado por el Art. 404 (a) de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, conocida 

como Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4-1971. 24 LPRA 

§ 2101 et seq.
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observara fielmente las condiciones del convenio de restricción 

domiciliaria y las normas del programa de supervisión electrónica.

Así las cosas, el 20 de marzo de 2024, la Técnico de Servicios 

Sociopenal, Ginelle Báez Morales, rindió Informe de Violación de 

Condiciones (Informe), reportando que Ramírez Figueroa violó las 

condiciones de su Sentencia. Además, el Informe planteó que 

Ramírez Figueroa arrojó resultado positivo a marihuana y cocaína, 

sustancias a las cuales aceptó estar activamente usando. Así 

también, el Informe estableció que se le entregaron cuatro referidos 

a las clínicas de APS.

2

A raíz de dicho Informe, el 2 de abril de 2024, el Ministerio 

Público presentó Moción Solicitando Revocación de Libertad a 

Prueba. Al día siguiente, el Foro primario emitió una Resolución y 

Orden en la cual determinó que existía causa probable para creer 

que Ramírez Figueroa había violado las condiciones de libertad a 

prueba. Consecuentemente, ordenó su arresto sin derecho a fianza 

y que fuese llevado ante su presencia para celebrarse la vista 

sumaria inicial el 11 de abril de 2024.

Celebrada la vista sumaria inicial el 19 de abril de 2024, el 

Foro primario determinó que no había causa en ese momento para 

continuar el procedimiento de revocar la sentencia suspendida. De 

esta manera, ordenó la excarcelación de Ramírez Figueroa bajo 

supervisión electrónica y señaló vista de seguimiento para el 14 de 

mayo de 2024. Aunque el mismo día de la vista el Ministerio Público 

solicitó, sin éxito, que el Foro juzgador reconsiderara su 

determinación, el 3 de mayo de 2024 insistió en su pedido mediante 

Moción de Reconsideración. Basó la misma en que presentó 

evidencia de que el acusado había violentado al menos cuatro de las 

2 A preguntas de la defensa en la vista celebrada el 19 de abril de 2024, la Técnico 

de Servicios Sociopenal admitió que uno de los referidos se le perdió a APS y no a

Ramírez Figueroa.
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condiciones impuestas en la Sentencia, las cuales no fueron 

impugnadas por la Defensa. El 6 de mayo de 2024 el Foro primario 

declaró No Ha Lugar la solicitud de Reconsideración.

Inconforme, el 20 de mayo de 2024, el Ministerio Público 

recurrió ante nos mediante Petición de Certiorari. Arguye que, “[e]l 

Tribunal de Primera Instancia erró y abusó de su discreción al 

determinar que no existía causa para iniciar el proceso de revocación 

de sentencia suspendida, a pesar de que se probó que el señor 

Ramírez Figueroa incumplió con varias de las condiciones que le 

fueron impuestas en su sentencia para poder cumplirla en 

restricción domiciliaria”.

El 22 de mayo de 2024 concedimos un término de veinte (20) 

días a Ramírez Figueroa para mostrar causa por la cual no debíamos 

expedir y revocar el dictamen recurrido. En cumplimiento con ello, 

el 4 de junio de 2024, Ramírez Figueroa compareció mediante 

Memorando al Amparo de la Regla 37 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones en Oposición a que se Expida el Certiorari Solicitado. 

Argumenta que el Informe fue escueto e impreciso, y que, entre los 

datos vertidos al Tribunal de Primera Instancia no se aportó un 

testigo con conocimiento personal de los hechos. Sostuvo que, se 

afectó su derecho a confrontarse con la prueba. Así también, añadió 

que el Foro a quo formuló su criterio responsablemente al hacerle 

preguntas a la Técnico de Servicios Sociopenal.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, el Derecho 

y la jurisprudencia aplicable, procedemos a resolver.

II.

El Art. 48 (b) del Código Penal de 2012, Ley 146 del 30 de julio 

de 2012,3 establece la restricción domiciliaria como una de las penas 

3 Ley Núm. 146-2012, 33 LPRA § 5001 (b).
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a imponerse a las personas naturales. A su vez, el Art. 50 de la Ley 

Núm. 146-2012, delimita la referida pena como sigue: 

La pena de restricción domiciliaria consiste en la 

restricción de la libertad por el término de la sentencia, 

para ser cumplida en el domicilio de la persona o en otra 

residencia determinada por el tribunal, bajo las 

condiciones que propicien la rehabilitación social del 

convicto y no pongan en riesgo la seguridad de la 

comunidad. 

Esta pena es sustitutiva a la pena de reclusión señalada 

en el delito tipo, sujeta a las condiciones establecidas 

en esta sección. La misma puede combinarse con la 

pena de reclusión y otras penas sustitutivas de la 

misma. En el caso de que el juez combine esta pena con 

una o más de las penas sustitutivas de reclusión o con 

la pena de reclusión, deberá asegurarse de que el total 

de años de duración de las penas que combinó no 

exceda el término estatutario del delito tipo por el que 

resultó convicto. 

Al imponer esta pena se considerarán, entre otros, los 

siguientes factores: si la persona convicta está 

empleada o estudia, la condición de salud, la 

estabilidad del grupo familiar, el compromiso de que no 

volverá a delinquir, la posibilidad de rehabilitación, el 

riesgo y beneficio para la comunidad y la disponibilidad 

de recursos familiares o de otras personas para 

colaborar con la consecución de los objetivos de esta 

pena y con el cumplimiento de las condiciones 

impuestas.

. . . . . . . .

Quien incumpla las condiciones de su restricción 

domiciliaria cumplirá reclusión por la totalidad de la 

sentencia, salvo que, en la vista de revocación, el Juez 

a su discreción podrá abonarle parte del tiempo ya 

cumplido. 

Esta pena no está disponible para personas convictas 

por delitos graves cuyo término de reclusión señalado 

en el tipo sea mayor de ocho (8) años, excepto se trate 

de un delito cometido por negligencia.

No obstante, lo anterior, esta pena estará disponible 

para personas convictas por delitos graves, en los 

siguientes casos, certificados por prueba médica a 

satisfacción del tribunal: 

(a) Personas convictas que sufran de una 

enfermedad terminal o condición 

incapacitante degenerativa, previa 

certificación médica a tales efectos. 

(b) Personas convictas que no puedan 

valerse por sí mismos. 

En cualquier otro caso, esta pena podrá ser aplicada a 

delitos graves, a juicio del tribunal, de conformidad con 

la Ley de Sentencias Suspendidas, según enmendada.4

4 33 LPRA § 5083.
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Según Dora Nevares Muñiz, “[l]a última oración del artículo 

permite la aplicación de esta pena de restricción domiciliaria en un 

delito grave en el contexto de una libertad a prueba bajo la Ley de 

Sentencias Suspendidas. En ese caso se impone la libertad a prueba 

del Art. 51, que sigue, conforme la Ley de Sentencias Suspendidas 

y se le añade un componente de restricción domiciliaria”.5

La aludida Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, 

Ley Núm. 259 del 3 de abril de 1946, según enmendada,6 hace viable 

la implantación de la política pública enunciada en la Sec. 19 del 

Art. VI de la Constitución del Estado Libre Asociado, a los fines de 

“propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento 

adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación 

moral y social”.7 Por lo cual, dispone de un sistema que confiere al 

convicto la oportunidad de cumplir su sentencia o parte de ella en 

libertad, mientras observe buena conducta y cumpla las condiciones 

impuestas por el tribunal sentenciador.8 El propósito rehabilitador 

de esta Ley, es convertir al convicto de delito en un miembro útil de 

la sociedad.9 Ciertamente, el beneficio de la sentencia suspendida 

constituye un privilegio, por lo que su concesión reposa 

preponderantemente en el sano ejercicio de la discreción judicial.

10

Al conceder este privilegio, la Ley de Sentencia Suspendida y 

Libertad a Prueba faculta al Tribunal de Primera Instancia a 

imponerle condiciones al convicto.11 De igual forma, podrá revocar 

una sentencia suspendida y ordenar su ejecución para el 

5 D. Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico Comentado por Dora Nevares 

Muñiz, 4ta ed. rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2019, 

pág. 102.

6 34 LPRA § 1026 et seq.

7 Pueblo v. Vega Vélez, 125 DPR 188, 200 (1990).

8 Pueblo v. Vázquez Carrasquillo, 174 DPR 40, 46 (2008); Pueblo v. Negrón Caldero, 

157 DPR 413, 418 (2002); Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 535 (1999); 

Pueblo v. Molina Virola, 141 DPR 713, 718 (1996).

9 Pueblo v. Texidor Seda, 128 DPR 578, 582 (1991).

10 Pueblo, 174 DPR, págs. 46-47; Pueblo, 147 DPR, pág. 536; Pueblo, 141 DPR pág. 

719; Pueblo v. Álvarez Maurás, 100 DPR 620, 624 (1972); Pueblo v. Rivera, 79 DPR 

880, 881 (1957).

11 34 LPRA § 1027a; Pueblo, 125 DPR, pág. 201.
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cumplimiento en cárcel cuando un probando incumpla con las 

condiciones impuestas.12 En tal sentido, el Art. 4 de dicho estatuto 

establece: 

El tribunal sentenciador podrá en cualquier momento 

en que a su juicio la libertad a prueba de una persona 

fuere incompatible con la debida seguridad de la 

comunidad o con el propósito de rehabilitación del 

delincuente, revocar dicha libertad y ordenar la 

reclusión de la persona por el período de tiempo 

completo señalado en la sentencia cuya ejecución 

suspendió para ordenar la libertad a prueba, sin 

abonarle a dicha persona el período de tiempo que 

estuvo en libertad a prueba. El tribunal sentenciador 

podrá en cualquier momento solicitar de la 

Administración de Corrección un informe periódico de 

la conducta de la persona puesta a prueba. 

Asimismo, el tribunal que hubiese resuelto conceder la 

libertad a prueba a una persona bajo la sec. 2404 (b)(1) 

del Título 24, parte de la “Ley de Sustancias 

Controladas” o bajo la Regla 247.1 de Procedimiento 

Criminal, Ap. II de este título, podrá dejar sin efecto la 

libertad a prueba y proceder a dicha sentencia cuando 

el probando hubiere incumplido una condición para 

dicha libertad.13 [...]

En la dimensión procesal, en la revocación de sentencias 

suspendidas o libertad a prueba o probatoria, la norma es que, si 

bien el probando no es una persona enteramente libre, una vez el 

Estado le confiere el derecho limitado a estar en libertad, no puede 

cancelarlo en violación al debido proceso de ley.14 Para revocar una 

sentencia suspendida o probatoria, el debido proceso de ley exige, al 

menos: 1) una vista preliminar para determinar si hay causa 

probable para creer que el probando ha violado las condiciones de 

su probatoria; y, 2) una vista final antes de la decisión definitiva 

12 Pueblo, 125 DPR, págs. 201-202.

13 34 LPRA § 1029 (Estamos conscientes de que dicha disposición hace referencia 

a la figura de libertad a prueba, la cual es distinguible de la restricción 

domiciliaria. No obstante, como mencionamos anteriormente, el Art. 50 de la Ley 

Núm. 146-2012, 33 LPRA § 5083, nos dirige a la Ley de Sentencia Suspendida en 

el caso de los delitos graves no excluidos del privilegio de la sentencia suspendida 

como sucede en el caso ante nos. A ello, le añadimos que la Ley de Sentencia 

Suspendida no provee un procedimiento independiente para revocar los efectos 

de la sentencia suspendida. En fin, entendemos que el Art. 4 de la Ley Núm. 259-

1946 rige el procedimiento de revocación de la pena alterna de restricción 

domiciliaria.)

14 Álamo Romero v. Administración de Corrección, 175 DPR 314, 332 (2009).
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sobre si la probatoria será revocada.15 Con el propósito de que el 

probando pueda preparase adecuadamente para la celebración de 

dicha vista y estar representado por abogado, la Ley exige que se le 

notifique por escrito las alegadas violaciones a la probatoria.16

Distinto a la vista inicial, en la que por su carácter informal y 

sumario solo se auscultan probabilidades,17 en la vista final, 

además de contar con garantías constitucionales mínimas, tales 

como notificación y vista, el procedimiento estatutario para la 

revocación de la libertad a prueba requiere exista motivo justificado 

y dar al convicto la oportunidad de ser oído.18 Por ello, la decisión 

del juez será por escrito y reflejará las determinaciones de hechos 

básicos, la prueba en que se basó y las razones que justifican la 

revocación.19 En este punto, conviene destacar las siguientes 

expresiones del Tribunal Supremo referentes a la discreción del 

tribunal empleada en los procedimientos de libertad a prueba: 

[a]unque un tribunal en el ejercicio de su amplia 

discreción, bajo los términos de ley, puede conceder la 

libertad a prueba, hemos decidido que tal discreción no 

es absoluta. Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197 

(1964); Pueblo v. Pérez Bernard, 99 DP. 834 (1971). 

Menos puede ser arbitrario al revocarla. Pueblo v. Vélez, 

76 DPR 142, 148 (1954).20

Para alcanzar el propósito antes expuesto es necesario que 

nuestro sistema de justicia criminal sea uno flexible y adaptable a 

15 Véase: E. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados 

Unidos, Ed. Forum, 1991, Vol. I, pág. 519. Véase; también: Martínez Torres v. 

Amaro Pérez, 116 DPR 717, 725 (1985); Gagnon v. Scarpelli, 411 US 778, 786 

(1973).

16 34 LPRA § 1029 (c) (1).

17 Martínez Torres, 116 DPR, págs. 725-726 (en esta vista inicial, el probando tiene 

derecho a conocer las alegadas violaciones a las condiciones de la probatoria, la 

oportunidad de comparecer y presentar evidencia a su favor, así como confrontar 

a los testigos adversos). 

18 Martínez Torres, 116 DPR, pág. 726. (En dicha vista se le garantiza al probando 

al menos: a) una notificación escrita de las alegadas violaciones a la probatoria; 

b) un examen de la prueba en su contra; c) la oportunidad de ser oído 

personalmente y presentar testigos y evidencia documental a su favor; d) el 

derecho a confrontar y contrainterrogar los testigos adversos, a menos que el 

juzgador examinador determine por razones de seguridad del informante justa 

causa para no permitir tal confrontación; e) un juzgador neutral e independiente 

que puede ser uno solo o un cuerpo pluralista, aunque no el oficial sociopenal 

encargado de la suspensión del convicto; y, f) determinaciones escritas de los 

hechos hallados probados, así como de la evidencia en que la decisión se basó, 

y las razones para revocar la probatoria).

19 Íd., pág. 729.

20 Íd., pág. 723.
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las necesidades de la sociedad puertorriqueña. Acorde con ello, en 

Pueblo v. Vega Vélez, 125 DPR 188, (1990) el Tribunal Supremo 

expresó que:

[d]e una lectura integral de las disposiciones de la Ley 

de Sentencia Suspendida se desprende, con meridiana 

claridad, que la discreción es parte o eje vital del 

esquema teórico de la misma. La razón es sencilla: 

para lograr los objetivos de este sistema resulta 

indispensable que los jueces de instancia tengan una 

gran flexibilidad, o discreción, en la administración 

de la misma. El logro del objetivo de la rehabilitación 

del convicto que persigue este sistema depende en gran 

medida de la facultad del juez de poder 

individualizar cada caso.

21 [...] 

Con este marco conceptual de fondo, atendamos el reclamo 

que nos hace el Ministerio Público.

III.

El Ministerio Público imputa al Tribunal de Primera Instancia 

abusar de su discreción al determinar que no existía causa para 

iniciar el proceso de revocación de sentencia suspendida, a pesar de 

que se probó que Ramírez Figueroa incumplió con varias de las 

condiciones que le fueron impuestas en su Sentencia. Veamos.

Son precisamente las particularidades de este caso, las que 

nos conminan a reconocer y apoyar la amplia flexibilidad y 

discreción que detenta el Foro primario en este tipo de 

procedimientos. Nuestro aval al proceder del Foro primario 

responde, principalmente, a: 1) la naturaleza del delito cometido por

Ramírez Figueroa; 2) que este se encontraba al inicio de su proceso 

rehabilitación por el uso de sustancias controladas; 3) Ramírez 

Figueroa se encontraba cumpliendo satisfactoriamente con el 

horario de restricción domiciliaria y con el empleo; 4) la calidad de 

la prueba vertida en contra de Ramírez Figueroa.

En específico, enfatizamos en que a través de la Sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia dictada el 4 de diciembre de 2023, 

21 Pueblo, 125 DPR, pág. 201 (Énfasis suplido).
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Ramírez Figueroa quedó citado para vista de seguimiento el día 10 

de junio de 2024. Al momento en que el Ministerio Público peticionó 

que se revocara la libertad a prueba, esto es, el 2 de abril de 2024, 

Ramírez Figueroa apenas se encontraba en el inicio de su proceso 

de rehabilitación. No tan solo eso, sino que, a preguntas de la 

Defensa, la Técnico de Servicios Sociopenal, admitió que Ramírez 

Figueroa estaba cumpliendo satisfactoriamente con el horario de 

restricción domiciliaria y con el empleo.

A la luz de estas circunstancias particulares e 

individualizadas de este caso, creemos que el Foro recurrido empleó 

responsablemente su discreción al determinar que en ese momento 

no había causa para continuar con los procedimientos de revocación 

luego de escuchar el testimonio vertido en la vista sumaria inicial. 

En un ejercicio prudente para formular un juicio debidamente 

fundamentado, dicho Foro realizó las siguientes preguntas a la 

Técnico de Servicios Sociopenal:

Juez: Él tiene un problema de uso de sustancias. 

Obviamente los vecinos se han dado cuenta. Por eso, lo 

relacionan al uso de sustancias y está dando positivo 

porque tiene un problema. Todos están relacionados.

Testigo: Un problema que no ha trabajado.

Juez: Sí. Yo le pregunto, ¿es extraño que una persona 

que tiene una adicción le tenga una respuesta 

inmediata a trabajar esa adicción inmediatamente 

cuando ustedes se lo piden, de la primera, de la 

segunda vez?

Testigo: No, no es extraño que ellos inicialmente se 

resistan y, posiblemente, verdad, en citas futuras sí, 

entonces, se centren y asistan al tratamiento.22

Estas respuestas permitieron que el Foro de instancia 

entendiera que todos los incumplimientos de Ramírez Figueroa 

estaban relacionados al uso de sustancias controladas, por lo que 

concluyó que, en ese momento de los procedimientos, no había 

causa para revocar la sentencia suspendida. Su actuación fue 

22 Vista oral, en 20:10-20:52, en Caso núm. ISCR202300504.
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cónsona con el mandato del Tribunal Supremo en cuanto a que las 

leyes deben ser aplicadas conjuntamente al propósito social que las 

inspira, sin desvincularlas de la realidad y del problema humano 

que persiguen resolver.23

IV.

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la 

expedición del recurso de certiorari.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

23 Pueblo, 147 DPR, pág. 537.