Número Identificador

RES2023 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

PHOENIX 

ACQUISITIONS, LLC

Recurrida 

v.

FRANCISCO J. RIVERA 

FERNÁNDEZ 

AURORA SOFÍA 

VALLADARES DÍAZ 

Peticionaria

KLCE202301100

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de

San Juan

Caso número:

K AC2015-0885

Sobre:

Sentencia en 

consentimiento en 

cobro de dinero

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente 

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

Comparece ante nos la Sra. Aurora S. Valladares Diaz (Sra. 

Valladares o Peticionaria) y nos solicita que se deje sin efecto la 

Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Superior de 

San Juan emitida el 21 de septiembre de 2023 y notificada el 22 de 

septiembre de 2023. Mediante dicho dictamen, el Tribunal declaró 

No Ha Lugar la moción de la Sr. Valladares por la cual solicitaba la 

paralización de la ejecución de la Sentencia por Consentimiento que 

habían acordado las partes. 

Por los fundamentos discutidos a continuación, se deniega la 

expedición del recurso. 

I.

Para el 23 de marzo de 2017, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó sentencia en conformidad con la Moción de Sustitución de Parte 

y para que se dicte sentencia por consentimiento presentada el 9 de 
KLCE202301100 2

marzo de 2017.

1 En esta, las partes se sometieron voluntariamente 

a la jurisdicción del Tribunal y quedaron obligados al cumplimiento 

de sus términos, incluyendo la venta del inmueble objeto de este 

pleito. Luego de varios incidentes procesales, dentro de los cuales 

estuvo una Moción para que se le ordenase a la Peticionaria el 

cumplimiento del acuerdo,2 y una Moción de Relevo de Sentencia

instada por la Peticionaria,3 el TPI emitió una Orden de Ejecución de 

Sentencia y Venta de Bienes y un Mandamiento de Ejecución de 

Sentencia el 23 de febrero de 2023.4 Ya para el 14 de abril de 2023 

el TPI había emitido un Mandamiento de Embargo para proceder con 

el embargo de los bienes muebles e inmuebles perteneciente a la Sr. 

Valladares por la suma mínima de $12,223,211.91.5 Luego de que 

se presentara dicho mandamiento en el Registro de la Propiedad y 

de que el TPI expidiera el edicto para la subasta, la Peticionaria 

recurrió al TPI para presentar una URGENTE MOCIÓN DE RELEVO 

Y/O PARALIZACIÓN DE “Orden de Ejecución de Sentencia y Venta de 

Bienes” Y LAS ÓRDENES DICTADAS Y MANDAMIENTOS EXPEDIDOS 

SUBSIGUIENTEMENTE. La referida moción fue declarada No Ha 

Lugar el 21 de septiembre, por lo cual la Peticionaria presentó una 

Urgente Moción de Reconsideración, la cual fue denegada el 28 de 

septiembre de 2023 y notificada al siguiente día. 

Inconforme, la Sr. Valladares, recurre ante este Tribunal y 

solicita que dejemos sin efecto la Orden de Ejecución y el 

Mandamiento de Ejecución, así como cualquier orden o 

mandamiento posterior dictado por el Tribunal, y esboza los 

siguientes señalamientos de error:

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL TPI AL 

DENEGAR EL RELEVO DE LA ORDEN DE 

EJECUCIÓN Y DE LA ORDEN DE EMBARGO 

1 Anejo Pet. P.48-49.

2 Anejo pet. P. 17-49 (21/feb/2017).

3 Anejo pet. P. 55-76 (24/mar/2022).

4 Anejo pet. P. 159-168.

5 Anejo pet. P 182-186.
KLCE202301100 3

CUANDO SON NULAS, YA QUE NI LAS 

MOCIONES SOLICITANDO LOS REMEDIOS, NI 

LAS ORDENES FUERON NOTIFICADAS A LA 

PETICIONARIA

ERRÓ EL HONORABLE TPI AL DENEGAR LA 

SOLICITUD DE CORREGIR EL TIPO MÍNIMO 

ESTABLECIDO, EL CUAL NO CORRESPONDE 

AL PACTADO

ERRÓ EL HONORABLE TPI AL DENEGAR LA 

SOLICITUD DE MEDIACIÓN COMPULSORIA 

CUANDO LA PROPIEDAD SE ENCUENTRA 

PROTEGIDA POR LA LEY DE HOGAR SEGURO, 

SIENDO LA RESIDENCIA DE LA 

PETICIONARIA Y SU HIJO MENOR DE EDAD 

El 19 de octubre de 2023, la parte recurrida presentó su 

Alegato en Oposición a Recurso de Certiorari. Con el beneficio de 

contar con las comparecencias de las partes, procedemos a 

resolver.

II.

a. Certiorari

El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el 

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su 

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Torres González v. 

Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023). Véase, 

además, 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). En particular, es 

un recurso mediante el cual se solicita la corrección de un error 

cometido por un foro inferior. Torres González v. Zaragoza Meléndez, 

supra. Así pues, la determinación de expedir o denegar un recurso 

de certiorari está enmarcada en la discreción judicial. 800 Ponce de 

León Corp. v. AIG, supra. No obstante, la discreción judicial para 

expedir o no el auto de certiorari solicitado no ocurre en un vacío ni 

en ausencia de unos parámetros. Torres González v. Zaragoza 

Meléndez, supra.

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 
KLCE202301100 4

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que 

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un 

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En 

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo 

siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una 

orden de mostrar causa: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a 

diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio. 

 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 

Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de 

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con 

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág. 

918. 

Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder 

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado 

ejercicio de la discreción judicial está “inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal 
KLCE202301100 5

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de 

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por 

este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v. 

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, 

173 DPR 843 (2008).

III.

Luego de examinar minuciosamente el expediente del recurso 

ante nuestra consideración, no encontramos indicio de que el foro 

recurrido haya actuado de forma arbitraria, caprichosa, haya 

abusado al ejercer su discreción o cometido algún error de 

derecho. Véase, Pueblo v. Rivera Santiago, supra; Rivera Gómez y 

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra. En el presente 

caso, la peticionaria solicitó al Tribunal bajo juramento que dictara 

Sentencia y mediante el cual renunciaba a toda defensa que tuviera 

para negar el pago de la deuda. Así pues, no identificamos 

fundamentos jurídicos que nos motiven a expedir el auto 

de certiorari solicitado, conforme a los criterios que guían nuestra 

discreción para ejercer nuestra facultad revisora en este tipo de 

recurso. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, los que hacemos formar 

parte del presente dictamen, denegamos la expedición del auto 

de certiorari solicitado. En consecuencia, devolvemos el asunto al 

foro de instancia para la continuación de los procedimientos. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones