Número Identificador

SEN2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL II

FERNANDO COLÓN 

SERRANO

Recurrido

v.

MAURO IRANZO GONZÁLEZ 

Y OTROS

Peticionarios

KLCE202301423

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Arecibo

Caso número:

MT2023CV00471

Sobre:

Impericia Médica

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez 

Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2024.

Comparece ante esta Curia la parte peticionaria, Mauro Iranzo 

González, y nos solicita que revoquemos la Resolución emitida y notificada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, el 14 de 

noviembre de 2023. Mediante su dictamen, el foro a quo declaró No Ha 

Lugar la solicitud de desestimación promovida por la parte peticionaria.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se expide el 

auto solicitado, se modifica y, así modificada, se confirma la Resolución

recurrida. Veamos.

I

El 10 de julio de 2023, Fernando Colón Serrano (Colón Serrano o 

recurrido) incoó una Demanda sobre daños y perjuicios por impericia 

médica en contra del doctor Mauro Iranzo González (Iranzo González o 

peticionario), Doctors’ Center Hospital, Inc. (Doctors’ Center), entre otros.

1

Señaló que, el 29 de marzo de 2018, se sometió a una operación con el 

doctor Iranzo González en Doctors’ Center, la cual originó complicaciones 

en la herida producto de la operación hasta el 6 de febrero de 2020. En 

esencia, alegó que tanto Iranzo González como Doctors’ Center eran 

1 Apéndice I del recurso, págs. 1-6.
KLCE202301423 2

responsables por haberse desviado del estándar aplicable a la profesión 

médica al no brindarle el tratamiento adecuado luego de dejarle varios 

objetos extraños dentro de su cuerpo, el último de ellos por casi dos (2)

años. Arguyó que ello le causó dolores, daños continuos, constantes, 

innecesarios, infección, supuración diaria en la herida, uso de antibióticos 

en exceso, una intervención quirúrgica innecesaria y una hospitalización de 

diez (10) días que pudo ser evitada. Por otro lado, indicó en una nota al

calce que había radicado una demanda original el 5 de febrero de 2021 en 

el Caso Núm. MT2021CV00061, la cual fue desestimada sin perjuicio 

mediante Sentencia del 15 de diciembre de 2022, notificada al día 

siguiente.

2 Sostuvo que presentó la acción de epígrafe nuevamente dentro 

del año de haberse desestimado la primera.

Luego de varios trámites procesales, el 16 de octubre de 2023, 

Iranzo González instó una Moción en Solicitud de Desestimación por 

Prescripción, al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 10.2, a la cual se unió Doctors’ Center posteriormente.3 Especificó 

que la demanda inicial incoada el 5 de febrero de 2021, se desestimó sin 

perjuicio porque no se diligenciaron los emplazamientos correspondientes

dentro del término de ciento veinte (120) días, según requerido por las 

Reglas de Procedimiento Civil. Adujo que dicha acción interrumpió el 

término prescriptivo aplicable. No obstante, arguyó que el término aplicable 

de un (1) año comenzó a decursar el 10 de junio de 2021, fecha en que 

culminó de forma automática el proceso judicial al haber transcurrido el 

término para emplazar sin hacerlo. Planteó que el dictamen emitido en 

diciembre de 202[2] por el foro primario era una mera formalidad y no tenía 

efecto alguno con relación al plazo para volver a presentar la reclamación, 

ya que la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c), 

establecía que la causa de acción dejaba de existir automáticamente con 

el transcurso del término para emplazar. Abundó que dicho argumento 

2 Véase, Apéndice II y IV del recurso, págs. 7-12, 17-18.

3 Apéndice V del recurso, págs. 19-28. Véase, además, Entrada Núm. 19 del Caso Núm. 

MT2023CV00471 en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos

(SUMAC).
KLCE202301423 3

encontraba su analogía con la Regla 39.1(a) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 39.1, en la medida en que, ante un desistimiento voluntario,

el término prescriptivo comenzaría a transcurrir en la fecha en la cual se 

presentara tal aviso y no cuando el tribunal emitiera la correspondiente 

sentencia a esos efectos. Sobre tal postura, argumentó que Colón Serrano 

tenía hasta el 10 de junio de 2023 para presentar nuevamente su causa de 

acción. En virtud de ello, sostuvo que, toda vez que la demanda de epígrafe 

se había incoado el 10 de julio de 2023, procedía la desestimación con 

perjuicio de la demanda de epígrafe por prescripción.

En desacuerdo, el 13 de noviembre de 2023, Colón Serrano se 

opuso.4 Alegó que, contrario a lo propuesto por Iranzo González, la primera 

demanda fue desestimada sin perjuicio mediante sentencia notificada el 16 

de diciembre de 2022, fecha en la cual comenzó a transcurrir el año para 

presentar nuevamente la acción, vencedero el 16 de diciembre de 2023. 

Sostuvo que la acción de epígrafe no estaba prescrita, ya que se instó el 

10 de julio de 2023, aproximadamente siete (7) meses después de

notificada la Sentencia desestimatoria del caso original. Argumentó que la 

Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, disponía que, una vez 

transcurriera el término de ciento veinte (120) días para diligenciar el 

emplazamiento, el tribunal deberá dictar sentencia decretando la 

desestimación. Planteó que dicha regla no dispuso nada sobre la 

desestimación automática –sin la intervención del tribunal– pasado dicho 

término. 

Asimismo, Colón Serrano adujo en su oposición que no existía 

interpretación jurisprudencial que sustentara las posturas de Iranzo 

González. Sobre ese particular, especificó que Iranzo González citó a 

Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018), en su 

solicitud de desestimación y se limitó a indicar que nuestro más Alto Foro 

había dejado claro que, una vez transcurrido el referido término sin 

diligenciar los emplazamientos, el foro de origen venía obligado a 

4 Apéndice VI del recurso, págs. 29-36.
KLCE202301423 4

desestimar la demanda de forma automática, sin concesión de prórroga 

alguna. Por el contrario, alegó que el citado caso sencillamente reiteró el 

contenido de la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, a los efectos de 

que el foro a quo venía obligado a desestimar pasados los ciento veinte 

(120) días sin diligenciar el emplazamiento, mas no establecía en ninguna 

parte que dicha desestimación era automática y surtía efectos desde que 

pasaba dicho término sin diligenciar. Señaló que tanto la regla como su 

jurisprudencia interpretativa dejaban claro el papel protagónico que tenía el 

tribunal sentenciador a los fines de implementar la desestimación. En 

cuanto a la analogía realizada por Iranzo González sobre el desistimiento 

voluntario, argumentó que era inaplicable porque el elemento de 

voluntariedad estaba ausente en el caso de autos, pues el no diligenciar el 

emplazamiento provenía de una falta de proactividad a pesar de existir un 

deseo de continuar con la demanda.

Evaluadas las posturas de las partes, el 14 de noviembre de 2023, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió y notificó la Resolución que nos 

ocupa, mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación 

promovida por Iranzo González y Doctors’ Center.

5 En esta, determinó que 

la acción de epígrafe no estaba prescrita, toda vez que el nuevo término 

prescriptivo había comenzado a decursar el 16 de diciembre de 2022, fecha 

en la cual se dictó sentencia en el Caso Núm. MT2021CV0006. En vista de 

ello, ordenó la continuación de los procedimientos.

Inconforme con el referido dictamen, el 14 de diciembre de 2023, la 

parte peticionaria compareció ante esta Curia mediante el presente recurso 

de certiorari y le imputó al foro primario la comisión de los siguientes 

errores:

Erró el Tribunal de Primera Instancia, que amerita su revisión 

y revocación[,] al negarse a dictar Sentencia Parcial 

desestimatoria en cuanto al Dr. Mauro Iranzo González.

Erró el Tribunal de Primera Instancia, que amerita su revisión 

y revocación[,] al declarar No Ha Lugar a la solic[i]tud de 

desestimación y determinar que no es hasta que el Tribunal 

5 Apéndice VII del recurso, pág. 37.
KLCE202301423 5

de Instancia emite Sentencia es que [sic] comienzan a

decursar los términos para acciones ulteriores.

En cumplimiento con nuestra Resolución del 18 de diciembre de 

2023, y luego de solicitar una prórroga a esos efectos, la parte recurrida 

compareció mediante Oposición a Petición de Certiorari el 4 de enero de 

2024.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos en 

posición de resolver.

II

A

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal 

de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una decisión de un 

tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 2023 TSPR 65, 212 

DPR ___ (2023); Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 

(2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 

(2021). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con respecto a 

lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios del Tribunal de 

Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1, dispone, en su parte pertinente, lo siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión.

[. . .]

Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, cuando 
KLCE202301423 6

se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia o que revistan 

interés público, o en aquellas circunstancias en las que revisar el dictamen 

evitaría un irremediable fracaso de la justicia, entre otras contadas 

excepciones.

A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios a considerar 

para ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las 

controversias ante sí. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-

97 (2008). Véase, además, Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón 

y otros, 2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023; Rivera et al. 

v. Arcos Dorados et al., supra; Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 

372 (2020). Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, funge como complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. La precitada Regla 

dispone lo siguiente:

El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán 

ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa de los procedimientos en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202301423 7

Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es determinante, 

por sí solo, para este ejercicio y no constituye una lista exhaustiva. García 

v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005). Por lo que, de los factores 

esbozados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará tanto la 

corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en 

que es presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para 

intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación 

injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

(Énfasis omitido).

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de ordinario, 

el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los 

tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso 

de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 

170, 181 (1992), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). Véase, además, Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 

(2000).

B

Nuestro ordenamiento jurídico promueve el interés de que todo 

litigante tenga su día en corte. Esta postura responde al principio 

fundamental y política judicial de que los casos se ventilen en sus méritos 

y se resuelvan de forma justa, rápida y económica. Regla 1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1; Banco Popular v. S.LG. Negrón, 

164 DPR 855, 874 (2005); Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 

DPR 115, 124 (1992); Amaro González v. First Fed. Savs., 132 DPR 1042, 

1052 (1993). No obstante, nuestro ordenamiento permite la presentación 

de mociones dispositivas con el propósito de que todos o algunos de los 

asuntos en controversia sean resueltos sin necesidad de un juicio en su 

fondo. Los tribunales tienen el poder discrecional, bajo las Reglas de 
KLCE202301423 8

Procedimiento Civil, de desestimar una demanda o eliminar las alegaciones 

de una parte; sin embargo, ese proceder se debe ejercer juiciosa y 

apropiadamente. Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 

(1982). Es decir, la desestimación de un pleito constituye el último recurso 

al cual se debe acudir. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738 (2005).

La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, es aquella que formula la parte demandada 

antes de presentar su alegación responsiva, mediante la cual solicita que 

se desestime la demanda presentada en su contra. Aut. Tierras v. Moreno 

& Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008); Colón v. Lotería, 167 DPR 

625, 649 (2006). Dicho petitorio deberá basarse en uno de los siguientes 

fundamentos: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de 

jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) 

insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer 

una reclamación que justifique la concesión de un remedio; y (6) dejar de 

acumular una parte indispensable. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2; Cobra 

Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384 (2022); Conde Cruz v. 

Resto Rodríguez et al., 205 DPR 1043, 1065-1066 (2020).

C

La prescripción es un asunto de derecho sustantivo y no procesal. 

García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147 (2008); Padín v. Cía. 

Fom. Ind., 150 DPR 403, 410 (2000). En ese sentido, el Artículo 1830 del 

Código Civil de Puerto Rico de 1930,6 31 LPRA sec. 5241, establece que 

los derechos y las acciones se extinguen por medio de la prescripción. 

Santos de García v. Banco Popular, 172 DPR 759, 766 (2007). A tales

efectos, el Artículo 1861 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5291, dispone que “[l]as acciones prescriben por el mero lapso del tiempo 

fijado por la ley”. Nevárez Agosto v. United Surety et al., 209 DPR 346 

(2022); Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 205 DPR 1043, 1067 (2020). 

6 El derecho aplicable en el caso de autos se remite al Código Civil de Puerto Rico de 

1930, 31 LPRA sec. 1 et seq. (derogado), toda vez que nos encontramos ante hechos 

ocurridos con anterioridad a la aprobación y vigencia del Código Civil de Puerto Rico de 

2020, Ley Núm. 55-2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq.
KLCE202301423 9

El propósito de la figura de la prescripción extintiva es ponerles certidumbre 

a las relaciones jurídicas y castigar la inacción de quien no ejerce sus 

derechos de manera oportuna. Birriel Colón v. Econo y otros, 2023 TSPR 

120, 213 DPR __ (2023); Santos de García v. Banco Popular, supra. Así,

pues, esta figura busca evitar la extensión indefinida e innecesaria de la 

protección del poder público, dando paso a que opere una presunción legal 

de abandono, cuando el término legal dispuesto para una acción en 

específico transcurra sin que medie gestión alguna por parte de su 

acreedor.

Los términos prescriptivos varían según el tipo de derecho o acción. 

En lo pertinente al caso de autos, el Código Civil de Puerto Rico establece 

que las acciones de responsabilidad civil extracontractual prescriben por el 

transcurso de un (1) año. 31 LPRA sec. 5298; Birriel Colón v. Econo y otros, 

supra. Dicho término prescriptivo se computa de conformidad con la teoría 

cognoscitiva del daño adoptada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 243-247 (1984).

El estado de derecho permite la interrupción de los términos 

prescriptivos mediante tres mecanismos expresamente determinados por 

ley. Nevárez Agosto v. United Surety et al., supra; Conde Cruz v. Resto 

Rodríguez et al., supra. A estos fines, el Artículo 1873 del Código Civil de 

1930, 31 LPRA sec. 5303, dispone que la prescripción de las acciones se 

interrumpe por el ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial 

de la persona acreedora y por cualquier otro acto de reconocimiento de la 

deuda por la persona deudora. Íd.; Ross Valedón y otro v. Hospital Dr. 

Susoni Health Community Services, Corp. y otros, 2024 TSPR 10, resuelto 

el 7 de febrero de 2024; Díaz Santiago v. International Textiles, 195 DPR 

862 (2016). 

En lo aquí atinente, cuando se produce una interrupción judicial, el 

efecto cronológico primordial es que el término se congela por completo, 

“de manera que el nuevo término prescriptivo iniciará cuando culmine 

efectivamente el proceso judicial” iniciado. Díaz Santiago v. International 
KLCE202301423 10

Textiles, supra, pág. 869. Es decir, el momento crucial en el cual ocurre la 

reactivación y el transcurso del término prescriptivo es cuando termina 

definitivamente el reclamo ejercido originalmente. Ross Valedón y otro v. 

Hospital Dr. Susoni Health Community Services, Corp. y otros, supra. En 

específico, en aquellos casos en que la culminación efectiva requiere la 

intervención del tribunal, el nuevo término comenzará a contarse desde que 

el foro judicial emite una sentencia y esta adviene final y firme. Íd.; Durán 

Cepeda v. Morales Lebrón, 112 DPR 623 (1982).

D

El Artículo II, Sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1, prohíbe que cualquier persona sea privada 

de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Esta garantía está 

consagrada también en las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los 

Estados Unidos. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881 

(1993). De conformidad con la cláusula constitucional del debido proceso 

de ley, un tribunal solo actuará sobre la persona de un demandado o 

demandada cuando haya adquirido jurisdicción sobre este o esta. SLG 

Rivera-Pérez v. SLG Díaz-Doe et al., 207 DPR 636 (2021); Bernier 

González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 644 (2018). Véase, además, 

Pérez Quiles v. Santiago Cintrón, 206 DPR 379 (2021). 

Reiteradamente, nuestro Alto Foro ha expresado que, como regla 

general, nuestro ordenamiento jurídico reconoce el emplazamiento como 

el mecanismo procesal mediante el cual un tribunal adquiere jurisdicción in 

personam. Ross Valedón y otro v. Hospital Dr. Susoni Health Community 

Services, Corp. y otros, 2024 TSPR 10, resuelto el 7 de febrero de 2024; 

Martajeva v. Ferré Morris y otros, 210 DPR 612 (2022); SLG Rivera-Pérez 

v. SLG Díaz-Doe et al., supra; Bernier González v. Rodríguez Becerra, 

supra; Torres Zayas v. Montano Gómez et als., 199 DPR 458, 467 (2017). 

El propósito del emplazamiento es notificarle a la parte demandada que se 

ha presentado una acción judicial en su contra, a la vez que se le llama 

para que ejerza su derecho a ser oída y defenderse. Íd. En virtud de ello, y 
KLCE202301423 11

por estar revestido de una de las mayores garantías constitucionales, 

nuestro sistema de derecho exige que, tanto su forma como su 

diligenciamiento, cumplan estrictamente con los requisitos legales 

provistos. De este modo, si se prescinde de los mismos, la sentencia que 

en su día recaiga carecerá de validez. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 

DPR 855, 863 (2005); Quiñones Román v. Cía ABC, 152 DPR 367, 374 

(2000).

En lo pertinente, la Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 4, regula lo relacionado a los emplazamientos. Específicamente, su 

inciso (c) dispone un término improrrogable de ciento veinte (120) días para 

diligenciar el emplazamiento, a partir del momento en que se presenta la 

demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento por edicto. En 

particular, dicha regla establece lo siguiente:

[...]

(c) El emplazamiento será diligenciado en el término de ciento 

veinte (120) días a partir de la presentación de la demanda o 

de la fecha de expedición del emplazamiento por edicto. El 

Secretario o Secretaria deberá expedir los emplazamientos el 

mismo día en que se presenta la demanda. Si el Secretario o 

Secretaria no los expide el mismo día, el tiempo que demore 

será el mismo tiempo adicional que los tribunales otorgarán 

para diligenciar los emplazamientos una vez la parte 

demandante haya presentado de forma oportuna una 

solicitud de prórroga. Transcurrido dicho término sin que 

se haya diligenciado el emplazamiento, el tribunal deberá 

dictar sentencia decretando la desestimación y archivo 

sin perjuicio. Una subsiguiente desestimación y archivo por 

incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá el efecto 

de una adjudicación en los méritos. 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c). 

(Énfasis nuestro).

Surge del citado inciso que, si el Secretario o Secretaria no expide 

los emplazamientos el mismo día en que se presenta la demanda, el tiempo 

que demore será el mismo término adicional que los tribunales otorgarán 

para diligenciar los emplazamientos, una vez la parte demandante 

oportunamente haya presentado una solicitud de prórroga. Ello, constituye 

la única ocasión de excepción en la cual el tribunal competente proveerá 

para una extensión del plazo legal establecido. Al respecto, nuestro 

Tribunal Supremo explicó en Bernier González v. Rodríguez Becerra, 

supra, pág. 650, que:
KLCE202301423 12

[L]a propia [R]egla [4.3(c) de Procedimiento Civil, supra,] 

establece que el tiempo que se demore la Secretaría en 

expedir los emplazamientos será el mismo tiempo adicional 

que otorgarán los tribunales, nos lleva a concluir que no se 

trata de solicitar una prórroga como tal. Más bien, se trata del 

deber de presentar una moción al tribunal solicitando la 

expedición de los emplazamientos. En consecuencia, una 

vez la Secretaría expide el emplazamiento, entonces 

comenzará a transcurrir el término de 120 días. Por eso, no 

se trata en realidad de una prórroga debido a que, en ninguna 

de estas circunstancias, la parte contará con más de 120 

días. 

De transcurrir el término de los ciento veinte (120) días, el tribunal 

deberá dictar sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio. 

32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c). Sobre ello, nuestro Tribunal Supremo ha 

manifestado que “[e]ste término es improrrogable, [por lo que], si en 120 

días [la parte] demandante no ha podido diligenciar el emplazamiento 

automáticamente[,] se desestimará su causa de acción”. Bernier González 

v. Rodríguez Becerra, supra, pág. 649. Ello resulta a manera de sanción 

por no haberse desplegado una diligencia razonable en adquirir jurisdicción 

sobre la persona de la parte demandada en el pleito, eventualidad que 

incide en el principio rector de resolver las controversias de forma justa, 

rápida y económica de nuestro ordenamiento procesal civil. 32 LPRA Ap. 

V, R. 1. A su vez, implica que, como consecuencia, el tribunal no adquiere 

jurisdicción sobre la persona. Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra.

Ahora bien, en cuanto a lo dispuesto en Bernier González en torno 

a la desestimación automática, nuestro más Alto Foro especificó 

recientemente en Ross Valedón y otro v. Hospital Dr. Susoni Health 

Community Services, Corp. y otros, supra, que ello se relacionó en el 

contexto de la no concesión de prórroga para diligenciar el emplazamiento. 

En Ross Valedón, el Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró el 

lenguaje de la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, en cuanto a que 

“el tribunal deberá dictar sentencia decretando la desestimación y archivo 

sin perjuicio”. Sobre ese particular, expresó que de la propia regla:

se desprende claramente que la desestimación aludida cobra 

eficacia en aquella instancia en la que [la parte] demandante 

no diligenció los emplazamientos dentro del término de 120 

días. No obstante, enfatizamos que eso no significa que 

desde el momento en que no se emplazó la acción se 
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desestima por sí sola, ya que es claro que es indispensable 

la intervención judicial así dictaminándolo. Dicho de otro 

modo, la desestimación y el archivo sin perjuicio 

contenidos en la regla antes aludida exige 

necesariamente que el foro judicial en cuestión emita la 

correspondiente sentencia con esa finalidad. Ross 

Valedón y otro v. Hospital Dr. Susoni Health Community 

Services, Corp. y otros, supra, pág. 11. (Énfasis nuestro).

Asimismo, en una nota al pie de página, el último Foro revisor hizo 

hincapié en que la intervención judicial en dicho escenario se acuñó con la 

aprobación de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, toda vez que, 

mediante el cuerpo reglamentario civil anterior se disponía que, una vez 

transcurrido el término sin que los emplazamientos hubieren sido 

diligenciados, se tendría a la parte actora por desistida, con perjuicio. Por 

consiguiente, dicho Foro pautó sin ambages que, ante un primer 

incumplimiento con el término de ciento veinte (120) días para diligenciar 

los emplazamientos, los tribunales están obligados a dictar prontamente 

una sentencia decretando la desestimación y el archivo sin perjuicio de la 

reclamación judicial. Ross Valedón y otro v. Hospital Dr. Susoni Health 

Community Services, Corp. y otros, supra, pág. 12. Es decir, la 

desestimación mandatoria por incumplir con los requisitos de la Regla 

4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, no cobra eficacia automáticamente, 

sino que requiere que el tribunal de origen intervenga prontamente y emita 

una sentencia desestimando y archivando el caso, después de cerciorarse 

que así proceda. Íd., pág. 15.

Por otro lado, en Ross Valedón nuestro Tribunal Supremo determinó 

cuándo comienza a transcurrir nuevamente el término prescriptivo 

interrumpido por una reclamación original en el contexto antes descrito. En 

particular, resolvió que cuando una reclamación judicial interruptora se 

archiva sin perjuicio, debido al incumplimiento con el emplazamiento 

de conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.3(c) de Procedimiento 

Civil, supra, el término prescriptivo para incoar un reclamo judicial 

comenzará a decursar nuevamente cuando tal determinación advenga 

final y firme. Ross Valedón y otro v. Hospital Dr. Susoni Health Community 

Services, Corp. y otros, supra, pág. 18.
KLCE202301423 14

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso ante 

nos.

III

La parte peticionaria sostiene, como primer señalamiento de error,

que el Tribunal de Primera Instancia incidió al no desestimar la acción de 

epígrafe a su favor. En su segundo y último señalamiento de error, plantea 

que el foro a quo erró al determinar que el término prescriptivo para 

acciones ulteriores comienza a decursar cuando se emite la sentencia. En 

esencia, argumenta que dicho término comenzó a transcurrir nuevamente 

cuando venció el plazo de ciento veinte (120) días para emplazar en la 

primera demanda, por lo que el caso de autos está prescrito y procede

desestimarlo.

Hemos evaluado cuidadosamente el expediente ante nuestra 

consideración y entendemos que, conforme a la normativa aplicable, 

tenemos autoridad para atender el asunto ante nuestra consideración en 

aras de evitar un fracaso a la justicia. De igual forma, el recurso ante nos 

cumple con los criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, por lo que procede expedir el auto de certiorari y 

modificar el dictamen recurrido. Nos explicamos.

Según detallado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico recientemente 

pautó sin ambages en Ross Valedón y otro v. Hospital Dr. Susoni Health 

Community Services, Corp. y otros, supra, que ante un primer 

incumplimiento con el término de ciento veinte (120) días para diligenciar 

los emplazamientos, los tribunales están obligados a dictar prontamente 

una sentencia decretando la desestimación y el archivo sin perjuicio de 

la reclamación judicial. Es decir, la desestimación mandatoria por 

incumplir con los requisitos de la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, 

supra, no cobra eficacia automáticamente, sino que requiere que el 

tribunal de origen intervenga prontamente y emita una sentencia 

desestimando y archivando el caso, después de cerciorarse que así 

proceda. Por otro lado, resolvió que cuando una reclamación judicial 
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interruptora se archiva sin perjuicio, debido al incumplimiento con el 

emplazamiento de conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.3(c) de 

Procedimiento Civil, supra, el término prescriptivo para incoar un 

reclamo judicial comenzará a decursar nuevamente cuando tal 

determinación advenga final y firme.

Surge del expediente ante nos que, el foro de origen notificó su 

Sentencia archivando sin perjuicio la primera acción, Caso Núm. 

MT2021CV00061, el 16 de diciembre de 2022. De esta determinación no 

se recurrió a Foro revisor alguno. Por tanto, tal determinación advino final 

y firme el 16 de enero de 2023.

7 Habiéndose incoado la segunda Demanda

el 10 de julio de 2023, concluimos que esta se presentó dentro del término 

de un (1) año desde que la primera acción advino final y firme. Es decir, la 

acción de epígrafe instada por el recurrido no está prescrita, según lo 

resuelto correctamente por el foro a quo.

Ahora bien, en el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia 

fundamentó la determinación recurrida en que el nuevo término prescriptivo 

había comenzado a decursar el 16 de diciembre de 2022, fecha en la cual 

se dictó sentencia en la primera demanda, contrario a lo recientemente 

resuelto por nuestro Tribunal Supremo en Ross Valedón y otro v. Hospital 

Dr. Susoni Health Community Services, Corp. y otros, supra. Ante dicho 

escenario, y de conformidad con el estado de derecho actual, procede 

expedir el auto de certiorari, al amparo de lo dispuesto en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, y la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, y 

modificar la determinación recurrida a los únicos efectos de aclarar que, 

según lo pautado por nuestro más Alto Foro en Ross Valedón, el término 

prescriptivo en cuestión comenzó a decursar cuando la primera acción 

advino final y firme. Así modificada, procede confirmar la Resolución

recurrida.

7 Cabe destacar que el término de treinta (30) días para apelar venció el domingo, 15 de 

enero de 2023, por lo que el próximo día hábil para ello fue el lunes, 16 de enero de 2023.
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IV

Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto solicitado y 

modificamos el dictamen recurrido, a los únicos fines de aclarar que el 

término prescriptivo en cuestión comenzó a decursar cuando la primera 

acción advino final y firme. Así modificada, confirmamos la Resolución

recurrida.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones