Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL1

WM CAPITAL PARTNERS, LLC

Apelante

V.

GOLDEN TRIANGLE REALTY,

S.E., ET AL.

Apelados

PEARL HOLDINGS, LLC.

Interventor-Apelado

KLAN202400019

Apelación

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Caso Núm. 

K CD2011-2109

Sobre: 

Cobro de Dinero; 

Ejecución De 

Hipoteca

Panel integrado por su presidente, el Juez Bonilla Ortiz, 

el Juez Pagán Ocasio, y el Juez Rivera Torres. 

Pagán Ocasio, juez ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de marzo de 2024.

I.

El 8 de enero de 2024, WM Capital Partners 53, LLC (WM 

Capital o parte apelante) presentó una Apelación Civil (Apelación) 

ante esta Curia en la que solicitó que revoquemos una Resolución

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (TPI, foro primario o foro a quo), el 7 de diciembre de 2023, y 

notificada y archivada el 8 de diciembre de 2023.

2 En su dictamen, 

el TPI declaró a Pearl Holdings, LLC (Pearl Holdings o parte 

interventora-apelada) como la parte con derecho preferente sobre los 

fondos depositados el 26 de junio de 20183 en la Unidad de Cuentas 

1 Véase Orden Administrativa OATA 2024-004, del 11 de enero de 2024.

2 Apéndice de la Apelación, Anejo 14, págs. 212-228. Dicha determinación 

dispuso de las solicitudes de sentencia sumaria y sus respectivas oposiciones, y 

declaró con lugar la Demanda Enmendada de Intervención. Consecuentemente, 

declaró a Pearl Holdings como la parte preferente sobre los fondos consignados 

en el TPI y ordenó a la Unidad de Cuentas del foro primario a liberar un cheque a 

favor de la parte interventora-apelada por una suma de $3,183,426.82. 

3 Íd., Anejo 8, pág. 155.
KLAN202400019 2

del TPI por Golden Triangle Realty, S.E. (Golden Triangle o parte 

apelada), y consecuentemente ordenó a la Unidad de Cuentas a

liberar un cheque a favor de la parte interventora-apelada por una 

suma de $3,183,426.82.

El 12 de enero de 2024, emitimos una Resolución en la que le 

concedimos a la parte apelada y la parte interventora-apelada hasta 

el 7 de febrero de 2024 para presentar su alegato en oposición a la 

Apelación.

El 6 de febrero de 2024, la parte interventora-apelada

presentó una Urgente Moción de Prórroga para Someter Alegato de la 

Parte Apelada en la que solicitó una prórroga de veinte (20) días para 

presentar su alegato en oposición al recurso de apelación. 

Ese mismo día, emitimos una Resolución en la que le 

concedimos a Pearl Holdings una prórroga final hasta el 16 de 

febrero de 2024.

El 16 de febrero de 2024, Pearl Holdings presentó un Alegato 

en Oposición a Recurso de Apelación en el que solicitó que se 

confirmara la Resolución apelada.

Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

damos por perfeccionado el recurso de epígrafe, y, en adelante, 

pormenorizaremos los hechos procesales atinentes a la Apelación.

II.

El caso de marras tiene su génesis el 21 de diciembre de 2011 

cuando Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank) presentó una 

Demanda en contra de Golden Triangle, VSJ Realty, S.E., Full House 

Development, Inc., Convention Center Parking, Inc., Caribbean Sea 

View, Inc., David Santiago Martínez, Diana Ortiz Borges y la 

Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por ambos, Fulano de 

Tal y Sutano más Cual (en conjunto, co-demandados) en reclamo de 
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cobro de dinero, ejecución de prenda y de hipoteca.4 En lo específico, 

Scotiabank solicitó al TPI que les ordenara a los co-demandados a 

satisfacer la cantidad de $24,163,575.10 en concepto de principal 

adeudado, $4,001,901.88 por intereses, y recargos por mora y 

honorarios de abogado. Además, solicitó la ejecución simultánea de 

todas las prendas, garantías e hipotecas sobre el préstamo otorgado 

a favor de Golden Triangle.

Tras varios trámites procesales, Scotiabank le cedió a la parte 

apelante el crédito reclamado en la Demanda, y consecuentemente,

el 13 de octubre de 2015, WM Capital compareció y presentó una 

Moción de Sustitución de Parte y Asumiendo Representación Legal,

en la que solicitó a la parte apelante como nueva parte demandante.

5

El 14 de octubre de 2015, los co-demandados reclamaron su 

derecho al retracto de crédito litigioso.6 No obstante, luego de varios 

trámites procesales, el 3 de diciembre de 2020, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico emitió una Sentencia por la cual dictaminó que la 

figura de retracto de crédito litigioso no procede y no aplica en el 

presente caso por versar sobre la cesión o venta de varios 

instrumentos negociables, a tenor con la Ley de Transacciones 

Comerciales, Ley Núm. 208 del 17 de agosto de 1995, 19 LPRA secs. 

401 et seq. (Ley Núm. 208-1995).

7 Por lo que revocó la 

determinación del foro apelativo intermedio, que confirmó al TPI, y 

devolvió el caso al foro primario para la continuación de los 

procedimientos de cobro de dinero y la ejecución de las garantías 

correspondientes. 

4 Véase la Sentencia emitida el 3 de diciembre de 2020 por el Tribunal Supremo

de Puerto Rico en este caso, AC-2019-0087, de la cual tomamos conocimiento 

judicial de este hecho procesal, a tenor con la Regla 201 de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 201; Apéndice de la Apelación, Anejo 1, págs. 4-5.

5 Véase la Sentencia emitida el 3 de diciembre de 2020, supra, de la cual tomamos 

conocimiento judicial de estos hechos procesales, a tenor con la Regla 201 de 

Evidencia, supra; Apéndice de la Apelación, Anejo 1, pág. 6.

6 Véase la Sentencia emitida el 3 de diciembre de 2020, supra, de la cual tomamos 

conocimiento judicial de este hecho procesal, a tenor con la Regla 201 de 

Evidencia, supra; Apéndice de la Apelación, Anejo 1, pág. 6.

7 Apéndice de la Apelación, Anejo 1, págs. 1-15.
KLAN202400019 4

Como resultado de ello, el 5 de abril de 2021, Pearl Holdings 

presentó una Demanda Enmendada de Intervención alegando 

específicamente haber perfeccionado un contrato de préstamo con 

los co-demandados, por el cual les facilitó la suma de $4 millones 

para ejercer el derecho de retracto de crédito litigioso contra WM

Capital en el caso de marras.8 Sin embargo, las partes contratantes, 

mediante ese contrato, pactaron una cláusula resolutoria por la cual 

se estableció que la devolución de ese dinero consignado en la 

Unidad de Cuentas del foro primario estaba condicionado a dos (2) 

eventos; a saber: (1) que el tribunal no reconociera el derecho al 

retracto litigioso o (2) que el ejercicio de ese derecho fuese mayor a 

los $4 millones.

El 24 de junio de 2021, el foro primario denegó esa Demanda 

Enmendada de Intervención.

9 No obstante, un Panel hermano de 

este Tribunal emitió una Sentencia el 12 de enero de 2022, en el 

caso KLAN202100500, por la que revocó la determinación del foro 

primario e inmediatamente, ordenó la admisión de la participación 

de Pearl Holdings como la parte interventora. Específicamente

determinó que Pearl Holdings ostenta un interés propietario sobre 

los fondos depositados en el foro a quo y que se configuró un 

gravamen mobiliario sobre ese dinero consignado.

10

Luego de varios trámites procesales, el foro primario emitió 

una Sentencia el 4 de noviembre de 2021, notificada y archivada el 

10 de noviembre de 2021, mediante la cual declaró con lugar la 

Demanda en su totalidad.11 Además, determinó, en parte, que los 

co-demandados le adeudan a WM Capital una suma de 

$23,569,530.00 por concepto de principal; $17,435,913.85 

8 Íd., Anejo 2, págs. 16-24. 

9 Véase la Sentencia emitida el 10 de abril de 2023 por este Tribunal en el caso

KLAN202200915 de la cual tomamos conocimiento judicial de este hecho 

procesal, a tenor con la Regla 201 de Evidencia, supra.

10 Apéndice de la Apelación, Anejo 4, págs. 59-78.

11 Íd., Anejo 3, págs. 25-58.
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correspondientes a intereses, los cuales continúan acumulándose 

diariamente, a razón de $3,067.24; $59,793.65, en concepto de las 

cantidades pactadas en las hipotecas y adelantos; y otra partida que 

asciende a $4,224,248.00, correspondiente a costas, gastos y 

honorarios de abogados.

El 16 de septiembre de 2022, WM Capital presentó una 

Contestación a Demanda Enmendada de Intervención.

12

Subsiguientemente, el foro primario emitió una Orden el 24 de 

febrero de 2023, notificada y archivada el 27 de agosto de 2023, por 

la que declaró con lugar la solicitud de anotación de rebeldía en 

contra de los co-demandados por no haber contestado la Demanda 

Enmendada de Intervención.

13

El 19 de julio de 2022, WM Capital radicó una Moción para 

Enmendar Sentencia y Dejar sin Efecto la Paralización.

14 Después de 

examinar la oposición presentada por los co-demandados, el foro a 

quo emitió una Sentencia Enmendada el 29 de agosto de 2022, 

notificada y archivada el 1 de septiembre de 2022, por la cual 

eliminó la determinación sobre preferencia de WM Capital 

respecto a los fondos consignados en la Unidad de Cuentas del 

TPI.

15 El 10 de abril de 2023, este Tribunal emitió una Sentencia

mediante la cual confirmó la Sentencia Enmendada.

16

Luego de varios trámites procesales, el 24 de mayo de 2023, 

WM Capital y Pearl Holdings presentaron una Moción Conjunta para 

Permitir Estipulación de Hechos Materiales en Apoyo a que se dicte 

Sentencia Sumaria y Solicitud de Prórroga para presentar Mociones 

Dispositivas.

17 Por medio de esta, informaron los hechos materiales 

12 Íd., Anejo 6, págs. 113-115.

13 Íd., Anejo 7, págs. 116-119.

14 Véase la Sentencia emitida el 10 de abril de 2023 en el caso KLAN202200915

de la cual tomamos conocimiento judicial de este hecho procesal, a tenor con la

Regla 201 de Evidencia, supra.

15 Apéndice de la Apelación, Anejo 5, págs. 79-112.

16 Véase la Sentencia emitida el 10 de abril de 2023 en el caso KLAN202200915

de la cual tomamos conocimiento judicial de este hecho procesal, a tenor con la

Regla 201 de Evidencia, supra.

17 Apéndice de la Apelación, Anejo 8, págs. 120-155.
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esenciales e incontrovertidos para resolver la Demanda Enmendada 

de Intervención de forma rápida, económica y justa, y para estar en 

posición de presentar sus respectivas sentencias sumarias. A esos 

efectos, los hechos materiales incontrovertidos estipulados fueron:

1. El 25 de junio de 2018 Pearl Holdings, LLC. 

("Pearl") y Golden Triangle Realty, SE. ("Golden 

Triangle"), otorgaron un Term Sheet for Funding 

Acquisition of Mortgage Notes on Real Property Located 

at 602 ave. Manuel Fernández, San Juan, PR 00907 (en 

adelante "Term Sheet").

2. El Term Sheet se firmó en preparación para un 

futuro contrato de préstamo a otorgarse entre las 

partes. 

3. La cantidad acordada para el préstamo fue 

hasta la suma de $4,000,000.00. 

4. En el Term Sheet Pearl y Golden Triangle 

acordaron en la cláusula 19 como sigue: 

19. The Developers and Owners shall 

continue to vigorously defend any case related 

the administration of the property by the 

developers and existing action that has an 

impact on the property in order to protect Pearl's 

interests. In the event of an adverse result 

during the appellate process, including from the 

Supreme Court of Puerto Rico, any funds 

deposited as part of the transaction shall be 

promptly returned to Pearl counsel's escrow 

account. Pearl or its counsel shall have the right 

to intervene during the proceedings to enforce 

the terms of the Ruling. Pearl's counsel should 

always prepare first any draft of any legal action 

to be taken, with further review and evaluation 

to follow by Developers' Counsel. Pearl's counsel 

shall have the right to withdraw from the Court 

any funds deposited in the event of an adverse 

result in the legal action. 

5. El 26 de junio de 2018 Golden depositó 

$3,183,426.82 en la Unidad de Cuentas del Tribunal en 

cumplimiento con la decisión judicial del 18 de junio de 

2018. 

6. El 26 de junio de 2018 la Unidad de Cuentas 

del Tribunal expidió el recibo oficial #31962 por la 

cantidad depositada de $3,183,426.82. 

7. El 27 de julio de 2018 Pearl y Golden Triangle

otorgaron un contrato de préstamo (Loan Agreement) 

según acordado en el Term Sheet. En la cláusula 11 del 

referido contrato incorporaron el Term Sheet como parte 

de este. 
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8. El propósito del préstamo de Pearl a Golden 

Triangle fue para que esta última pudiese ejercer el 

derecho de retracto de crédito litigioso en el caso de 

autos según la decisión judicial del 18 de junio de 2018.

9. En el contrato de préstamo se acordó, en la 

cláusula 3 que: “This loan is guaranteed by a 

promissory note, a UCC lien on the amounts deposited 

at the Clerk's Office of the San Juan Court of First 

Instance, the rents obtained from the rental agreements 

disclosed in Appendix I and the real property described 

in Public Deed 21 granted on July 27, 2018 before 

public notary. In addition to this collateral, the 

forthcoming land transfer from the Puerto Rico Highway 

Authority shall be included as part of the collateral and 

the appropriate documents shall be executed once the 

land transfer is completed.”

10. El 8 de mayo de 2020 se presentó la 

declaración de financiamiento ante el Departamento de 

Estado. En dicha declaración, Pearl es el "Secured 

Party" y Golden el "Debtor" así como otras entidades. 

Como "Collateral Description" se expresó: "Principal 

amount disbursed on June 24, 2018 at the San Juan 

Court of First Instance was $3,183,426.82". 

11. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante 

sentencia no publicada, determinó posteriormente que 

en el caso de autos no procedía el ejercicio del retracto 

de crédito litigioso.18

En ese extremo, el foro primario emitió una Orden el 26 de 

mayo de 2023, notificada y archivada el 30 de mayo de 2023, por la 

cual declaró con lugar la moción conjunta.19

El 9 de junio de 2023, la parte apelante presentó una Moción 

de Sentencia Sumaria para Desestimar Demanda de Intervención 

Enmendada.

20

Por su parte, ese mismo día, la parte interventora-apelada 

presentó una Moción de Sentencia Sumaria por dos (2) razones 

principales: (1) que tiene derecho preferente a los fondos 

consignados en la Unidad de Cuentas del foro primario, los cuales 

fueron producto de una transacción asegurada, a tenor con la Ley 

Núm. 208-1995, supra; y (2) en la alternativa, esos fondos 

depositados son propiedad de Pearl Holdings, a tenor con la cláusula 

18 Íd., págs. 121-122. (Énfasis en el original). 

19 Íd., Anejo 9, págs. 156-157.

20 Íd., Anejo 10, págs. 158-170. 
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resolutoria incluida en el contrato de préstamo celebrado con

Golden Triangle.21

El 27 de junio de 2023, WM Capital presentó una Oposición a 

Moción de Sentencia Sumaria del Interventor reiterando su 

argumento de que la parte interventora-apelada perdió control sobre 

el dinero en cuestión cuando la parte apelada los consignó en el 

tribunal.

22 También alegó que la cláusula resolutoria no activa 

derechos reales sino personales, por lo que esa condición resolutoria 

no surte efecto contra WM Capital como ente tercero al contrato 

suscrito por Pearl Holdings y Golden Triangle. 

El 29 de junio de 2023, Pearl Holdings presentó una Oposición 

a Moción de Sentencia Sumaria por la cual sostuvo que la 

transacción celebrada con la parte apelada cumplió con todos los 

requisitos de la Ley Núm. 208-1995, supra, para la configuración 

del gravamen mobiliario y WM Capital, mediante su solicitud de 

sentencia sumaria, añade requisitos a la perfección de gravámenes 

mobiliarios.23 Arguyó en la alternativa que, Pearl Holdings tiene 

derecho preferente a los referidos fondos por haberse cumplido uno 

de los dos (2) eventos para activar la condición resolutoria; a saber, 

no aplica el derecho de retracto de crédito litigioso en el caso de 

epígrafe. 

En vista de ello, el TPI emitió una Resolución el 7 de diciembre 

de 2023, notificada y archivada el 8 de diciembre de 2023, mediante 

la cual dictaminó que Pearl Holdings tiene derecho preferente a los 

fondos depositados en el foro primario por tener un gravamen

mobiliario con eficacia jurídica sobre esos fondos. En la alternativa, 

Pearl Holdings posee mejor derecho sobre esos fondos a tenor con la 

cláusula resolutoria.

21 Íd., Anejo 11, págs. 171-192.

22 Íd., Anejo 12, págs. 193-199.

23 Íd., Anejo 13, págs. 200-211.
KLAN202400019 9

Inconforme, WM Capital acudió ante nos mediante el presente 

recurso y le imputó al TPI la comisión de los siguientes errores:

PRIMER ERROR: El Tribunal de Primera Instancia erró 

al conceder sumariamente la demanda enmendada de 

intervención de Pearl Holdings LLC. Este interventor no 

perfeccionó una garantía sobre los fondos consignados 

al carecer del control necesario mediante un Deposit 

Account Control Agreement ("DACA").

SEGUNDO ERROR: El Tribunal de Primera Instancia 

erró al decidir que Pearl Holdings LLC tenía un 

gravamen mobiliario válido porque los demandados 

nunca perdieron el control sobre los fondos 

consignados.

TERCER ERROR: El Tribunal de Primera Instancia erró 

al concluir que era suficiente para perfeccionar una 

garantía mobiliaria el contrato de préstamo, sin que 

Pearl y los demandados tuvieran que otorgar 

separadamente un contrato de garantía mobiliaria.

CUARTO ERROR: El Tribunal de Primera Instancia erró 

al concluir, en la alternativa, que Pearl Holdings LLC 

tenía un mejor derecho que WM Capital sobre los fondos 

consignados al estipular con su deudor una alegada 

cláusula resolutoria que requería que el deudor 

devolviera el dinero consignado judicialmente de no 

prevalecer en el ejercicio del derecho de retracto de 

crédito litigioso.

QUINTO ERROR: El Tribunal de Primera Instancia erró 

al ordenar que la unidad de cuentas desembolse el 

dinero depositado a favor de Pearl. La controversia entre 

WM Capital y Pearl era quién tenía el derecho preferente 

sobre los fondos consignados judicialmente. Pearl 

nunca probó en su moción de sentencia sumaria que 

tenía una deuda líquida, vencida, y exigible y tampoco 

produjo copia del pagaré.

El 16 de febrero de 2024, Pearl Holdings presentó un Alegato 

en Oposición a Recurso de Apelación en el que solicitó que se 

confirmara la Resolución apelada, al ser conforme a Derecho.

Consecuentemente, el caso quedó perfeccionado para 

determinación judicial. 

III.

A.

El mecanismo procesal de la sentencia sumaria surge de la 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. El 

propósito de esta regla es facilitar la solución justa, rápida y 

económica de litigios civiles en los cuales no existe controversia real
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y sustancial de hechos materiales que no requieren ventilarse en un 

juicio plenario. Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 

(2018); Bobé et al. v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 20 

(2017); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013). Mediante este mecanismo, una parte puede solicitar que el 

tribunal dicte sentencia sumaria de la totalidad de la reclamación o 

de parte de esta. De esta forma se promueve la descongestión de 

calendarios, así como la pronta adjudicación de controversias 

cuando una audiencia formal resulta en una dilación innecesaria. 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004). 

Ahora bien, el mecanismo de sentencia sumaria solo está 

disponible para la disposición de aquellos casos que sean claros; 

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos 

esenciales alegados en la demanda; y que solo reste por disponer las 

controversias de derecho existentes. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994). Asimismo, al evaluarse los 

méritos de una solicitud de sentencia sumaria, el juzgador debe 

actuar guiado por la prudencia, consciente en todo momento de que 

su determinación puede privar a una de las partes de su día en 

corte. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 44 (2020). De la 

mano con este precepto del debido proceso de ley, el juzgador deberá 

utilizar el principio de liberalidad a favor del opositor de la moción, 

lo cual implica que, de haber dudas sobre la existencia de 

controversias de hechos materiales, entonces deberán resolverse a 

favor de la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 138 (2015); 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 216-217 (2010).

Para prevalecer en una moción de sentencia sumaria, su 

promovente tiene que establecer su derecho con claridad y debe 

demostrar que no existe controversia en cuanto a ningún hecho 

material, o sea, ningún elemento de la causa de acción. Meléndez 
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González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110. Por hechos 

materiales se entienden aquellos que pueden afectar el resultado de 

una reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. La controversia sobre el hecho 

material debe ser real. Íd. A saber:

[U]na controversia no es siempre real o 

sustancial, o genuina. La controversia debe ser de una 

calidad suficiente como para que sea necesario que un 

juez la dirima a través de un juicio plenario. La fórmula, 

debe ser, por lo tanto, que la moción de sentencia 

sumaria adecuadamente presentada sólo puede 

negarse si la parte que se opone a ella presenta una 

oposición basada en hechos que puedan mover a un 

juez a resolver a su favor. Si el juez se convence de que 

no existe una posibilidad razonable de que escuchar lo 

que lee no podrá conducirlo a una decisión a favor de 

esa parte, debe dictar sentencia sumaria. Íd., págs. 213-

214 citando a P. E. Ortiz Álvarez, Hacia el uso óptimo de 

la sentencia sumaria, 3 (Núm. 2) Forum 3, 8 (1987).

En suma, deberá demostrar que: (1) no es necesario celebrar 

una vista; (2) el demandante no cuenta con evidencia para probar 

algún hecho sustancial; y (3) procede como cuestión de derecho. R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal 

Civil, 2017, pág. 317. 

En contraste, el oponente a la moción de sentencia sumaria 

está obligado a establecer que existe una controversia que sea real 

en cuanto a algún hecho material a la controversia y, en ese sentido, 

no es cualquier duda la suficiente para derrotar la solicitud. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. En efecto, la duda 

debe ser tal que permita concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre los hechos materiales. Íd., citando a Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, pág. 214. De esta manera, central entre las 

responsabilidades de la parte promovida se encuentra que debe 

puntualizar los hechos propuestos que pretende controvertir, 

haciendo referencia a la prueba específica que sostiene su posición. 

León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44. Es decir, “la parte 

opositora tiene el peso de presentar evidencia sustancial que apoye 
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los hechos materiales que alega están en disputa”. Íd. De esta forma, 

no puede descansar en meras aseveraciones o negaciones de sus 

alegaciones, sino que debe proveer contradeclaraciones juradas y 

documentos que sustenten los hechos materiales en disputa. SLG 

Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra; Ramos Pérez v. Univisión,

supra, pág. 215; Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 

526, 550 (2007). Lo anterior, además, es cónsono con los 

requerimientos establecidos por las Reglas de Procedimiento Civil, 

supra, en lo pertinente a este mecanismo procesal.

En síntesis, ha quedado establecido que los tribunales no 

podrán dictar sentencia sumaria en cuatro situaciones: (1) cuando 

existan hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) cuando 

existen alegaciones afirmativas en la demanda sin refutar; (3) 

cuando surge de los propios documentos que acompañan la moción 

en solicitud de sentencia sumaria que existe una controversia sobre 

algún hecho material o esencial; o (4) cuando no procede como 

cuestión de Derecho. Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 26-27 

(2014).

De otra parte, en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, el Tribunal Supremo delineó el estándar que el Tribunal de 

Apelaciones debe utilizar para revisar una denegatoria o una 

concesión de una moción de sentencia sumaria. 

En primer lugar, reafirmó que el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición que el TPI al momento de revisar 

solicitudes de sentencia sumaria, siendo su revisión una de novo y 

teniendo la obligación de regirse por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y los criterios que la jurisprudencia le exige al foro 

primario. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 115. 

Asimismo, deberá examinar el expediente de la manera más 

favorable hacia la parte promovida, llevando a cabo todas las 

inferencias permisibles a su favor. Íd. Ahora bien, reconoció que el 
KLAN202400019 13

foro apelativo esta limitado, toda vez que no podrá tomar en 

consideración evidencia que las partes no presentaron ante el foro 

primario, ni podrá adjudicar los hechos materiales en controversia. 

Íd.

En segundo lugar, prescribió que el Tribunal de Apelaciones 

deberá revisar que tanto la moción en solicitud de sentencia 

sumaria, como la oposición, cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118.

En tercer lugar, mandató que, ante la revisión de una 

sentencia dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones deberá 

revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia y, 

de haberlos, estará obligado a exponer específicamente cuáles 

hechos materiales están en controversia y cuáles no, en 

cumplimiento con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, R. 

36.4. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118.

En cuarto lugar, dispuso que, si encuentra que los hechos 

materiales realmente no están en controversia, entonces el Tribunal 

de Apelaciones deberá revisar de novo si el foro primario aplicó 

correctamente el Derecho. Íd., pág. 119.

B.

Los acreedores garantizados son “persona[s] en cuyo favor se 

crea una garantía mobiliaria o se provee bajo un acuerdo de garantía 

mobiliaria, indistintamente si la obligación que será garantizada 

está o no pendiente de pago”. Ley Núm. 208-1995, supra, sec. 2212. 

En ese extremo, la Ley Núm. 208-1995, supra, sec. 451 define las 

garantías mobiliarias como “un derecho real sobre propiedad 

mueble o inmueble por su destino que garantiza el pago o 

cumplimiento de una obligación”. En PR Asset Portfolio 2013-1 

International, LLC v. Tropical Heifers, Inc., 206 DPR 559, 571 

(2021), el Tribunal Supremo de Puerto Rico particularizó dos (2) 
KLAN202400019 14

eventos fundamentales por los cuales los gravámenes mobiliarios 

adquieren eficacia jurídica; a saber: la constitución o attachment y 

el perfeccionamiento. 

Por un lado, la constitución es cuando los gravámenes 

mobiliarios son exigibles contra el deudor con relación a la 

propiedad gravada. Ley Núm. 208-1995, supra, sec. 2233. Para la 

aludida constitución se requieren tres (3) elementos:

(1) se haya dado valor; 

(2) el deudor tenga derechos sobre la propiedad 

gravada o el poder de transferir derechos en la 

propiedad gravada al acreedor garantizado; y 

(3) que una de las siguientes condiciones se 

cumpla:

(A) el deudor haya autenticado un acuerdo de 

garantía mobiliaria que contenga una descripción 

de la propiedad gravada y, (i) si la garantía 

mobiliaria cubre una póliza de seguro de vida, la 

condición establecida en la Sección 9-107.1(b) 

haya sido cumplida, y (ii) si la garantía mobiliaria 

cubre madera en pie, una descripción de la finca 

correspondiente; . . . . Íd. (Énfasis en el original).

Por otro lado, un acreedor garantizado podrá perfeccionar las 

garantías mobiliarias “sobre documentos negociables, bienes, 

instrumentos, dinero o papel financiero tangible” y, por ende, 

hacerlas oponibles frente a terceros tomando posesión de la 

propiedad gravada. Íd., sec. 2263; véase, además, PR Asset 

Portfolio 2013-1 International, LLC v. Tropical Heifers, Inc., 

supra, pág. 572; Des. Caribe v. Ven-Lour Enterprises, 198 DPR 

290, 303 (2017). En esa misma línea, la sección 9-310 de la Ley 

Núm. 208-1995, supra, sec. 2260, establece en lo pertinente que, 

“[e]xcepto que de otro modo se disponga en la subsección (b) y 

Sección 9-312 (b), una declaración de financiamiento deberá ser 

radicada para perfeccionar todas las garantías mobiliarias. . .”.

C.

Según disponía el derogado Código Civil de Puerto Rico del 

1930 (Código Civil de 1930), 31 LPRA ant. sec. 2992, las obligaciones 

nacen de la ley, los contratos, cuasicontratos, y actos y omisiones 
KLAN202400019 15

ilícitos en donde intervenga culpa o negligencia. Véase, además, 

López v. González, 163 DPR 275, 281 (2004). Aquellas obligaciones 

nacidas de los contratos ostentan fuerza de ley entre las partes 

contratantes. Código Civil de 1930, supra, ant. sec. 2994. Incluso, 

los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde 

entonces “obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente 

pactado, sino también a todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Código 

Civil de 1930, supra, ant. sec. 3375 (Énfasis suplido); Véase, 

además, Pérez Rodríguez v. López Rodríguez, 210 DPR 163, 186-

187 (2022).

Es norma conocida que la existencia de los contratos depende 

de la concurrencia de tres (3) requisitos; estos son, el 

consentimiento de los contratantes; objeto cierto que sea materia del 

contrato; y causa de la obligación que se establezca. Código Civil de 

1930, supra, ant. sec. 3391; Véase, además, Pérez Rodríguez v. 

López Rodríguez, supra, pág. 186. Igualmente, las partes 

contratantes podrán “establecer los pactos, cláusulas y condiciones 

que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las 

leyes, a la moral, ni al orden público”. Código Civil de 1930, supra, 

ant. sec. 3372; Véase, además, Pérez Rodríguez v. López 

Rodríguez, supra, pág. 187. Como norma general, el cumplimiento 

de una obligación constituida mediante contrato es desde que esta 

se constituye. López v. González, supra, pág. 282. Sin embargo, 

existen tres (3) modalidades en las relaciones jurídicas. Estas son

las obligaciones puras, condicionales y a plazo. Íd. 

En López v. González, Íd., nuestro máximo foro expresó 

cuando aplica cada una:

...[las obligaciones] Puras son las exigibles desde el 

instante mismo de quedar constituida la relación 

obligatoria; las condicionales son aquéllas cuya eficacia 

depende de un acontecimiento incierto, y a plazo o 

a término las que dejan establecida en firme la 
KLAN202400019 16

prestación sin que pueda exigirse todavía en el 

momento de quedar constituida la relación obligatoria. 

Íd. (Subrayado en el original) (citando a J. Puig Brutau, 

Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed. rev., Barcelona, 

Ed. Bosch, 1985, T. I, Vol. II, pág. 81). 

En cuanto a las obligaciones condicionales, estas se dividen 

en obligaciones resolutorias y obligaciones suspensivas. En lo 

pertinente al caso de marras, las obligaciones con condiciones 

resolutorias serán exigibles, sin perjuicio de los efectos de la 

resolución. Código Civil de 1930, supra, ant. secs. 3041-3042.

Contrario a las obligaciones con condiciones suspensivas, aquellas 

obligaciones sujetas a condiciones resolutorias “surte[n] efecto legal 

desde el preciso momento en que surge el concurso de voluntades. 

Desde ese instante la obligación existe en su integridad como si la 

condición no se hubiera pactado”. Atocha Thom McAn, Inc. v. 

Registrador, 123 DPR 571, 579 (1942). Sin embargo, tan pronto 

ocurre el hecho resolutorio, la obligación se extingue de forma 

automática. J.M. Lete del Río & J. Lete Achirica, Derecho de 

Obligaciones, Navarra, Editorial Aranzadi, 2007, Vol. I, pág. 190. 

IV.

En el caso ante nos, el TPI emitió una Resolución por la cual 

declaró con lugar la Demanda Enmendada de Intervención y 

consecuentemente, determinó que Pearl Holdings es la parte con 

derecho preferente sobre los fondos depositados por Golden Triangle 

en la Unidad de Cuentas del TPI. Asimismo, ordenó a la Unidad de 

Cuentas a liberar dichos fondos a favor de la parte interventoraapelada por una suma de $3,183,426.82. El foro primario realizó tal 

determinación al reconocer que la parte interventora-apelada tiene 

constituido y perfeccionado un gravamen sobre los fondos 

depositados, lo cual es oponible a WM Capital. En la alternativa, 

Pearl Holdings tiene derecho preferente a esos fondos a tenor con la 

cláusula resolutoria incluida en el contrato de préstamo constituido 

entre Pearl Holdings y Golden Triangle. 
KLAN202400019 17

En desacuerdo, WM Capital le imputó al TPI la comisión de 

cinco (5) errores. 

Como primero y segundo error, se alegó que el TPI erró al 

conceder sumariamente la Demanda Enmendada de Intervención

cuando Pearl Holdings no tenía control sobre esos fondos, condición 

necesaria para perfeccionar una garantía mobiliaria sobre los 

mismos. Lo anterior, según WM Capital, fue causado por no haber 

constituido un DACA y por el propio acto de consignar los fondos en 

la Unidad de Cuentas del TPI. Por su parte, la contención de Pearl 

Holdings es que poseer un DACA no es uno de los requisitos

impuestos por la sección 9-203 de la Ley Núm. 208-1995, supra,

sec. 2233 para la constitución de un gravamen mobiliario sobre 

dinero, sino una práctica de la industria. Además, alegó no haber 

perdido control sobre esos fondos por su consignación, pues al 

Tribunal Supremo de Puerto Rico resolver la improcedencia del 

derecho de retracto en el caso de marras, la consignación realizada 

para ejercer tal derecho no surtió efecto alguno. 

Por otro lado, y como tercer error, la parte apelante alegó que 

el foro a quo erró al concluir que el contrato de préstamo era 

suficiente para perfeccionar una garantía mobiliaria sin haber 

otorgado un contrato de garantía mobiliaria. Sin embargo, la parte 

interventora-apelada argumentó que ese contrato era innecesario 

por haber cumplido con los tres (3) requisitos de garantía mobiliaria, 

a tenor con la Ley Núm. 208-1995, supra: (1) Pearl Holdings y 

Golden Triangle otorgaron un valor al instrumento mediante el Loan 

Agreement, (2) Golden Triangle tenía derecho sobre la propiedad 

gravada, y (3) Golden Triangle firmó un acuerdo de constitución con 

una descripción de la propiedad gravada por medio del Term Sheet

y Loan Agreement.

En su cuarto error, la parte apelante sostuvo que el foro 

primario erró al concluir en la alternativa que la parte interventora-
KLAN202400019 18

apelada tenía un mejor derecho a los fondos depositados a tenor con 

la cláusula resolutoria del contrato de préstamo cuando los

contratos son entre las partes y no surten efecto contra terceros 

como WM Capital. La contención de Pearl Holdings fue, sin embargo,

que, al no aplicar el derecho de retracto, se activó la cláusula 

resolutoria. Además, arguyó que, ante el cumplimiento de la 

condición resolutoria supone volver al estado jurídico preexistente 

como si el negocio no se hubiera concluido y que las partes se 

devuelvan las cosas o prestaciones, siendo estas el dinero 

consignado.

En su último error, WM Capital argumentó que el foro 

primario erró al ordenar a la Unidad de Cuentas del TPI a 

desembolsar el dinero a favor de Pearl Holdings cuando esta nunca 

probó, mediante moción de sentencia sumaria, haber tenido una 

deuda líquida, vencida y exigible, y por no haber producido copia del 

pagaré. Por su parte, Pearl Holdings sostuvo que la propia cláusula 

resolutoria establecía que de no proceder el derecho de retracto 

quedaba resuelta la obligación de restitución. 

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente, 

en correcta práctica apelativa adjudicativa, resulta forzoso concluir 

que el TPI no incidió en los errores señalados. Todo lo contrario. 

Resulta evidente que el foro a quo no se apartó del dictamen emitido 

por este foro respecto al gravamen mobiliario sobre los fondos 

consignados y la cláusula resolutoria en cuestión, sino que actuó 

conforme a la ley del caso. Consecuentemente, la determinación 

apelada es correcta en derecho. 

Como cuestión de umbral, de los cinco (5) errores señalados 

por la parte apelante se desprenden dos (2) controversias 

principales; estas son: (i) si se constituyó un gravamen mobiliario 

sobre esos fondos y (ii) quién tiene derecho preferente sobre los 

fondos consignados en la Unidad de Cuentas del TPI.
KLAN202400019 19

Adviértase que la controversia sobre si se perfeccionó una 

garantía mobiliaria sobre los fondos consignados es académica. Un 

Panel hermano de este Tribunal emitió una Sentencia el 12 de enero 

de 2022, en el caso KLAN202100500, mediante la cual se estableció

que de la cláusula resolutoria surgía claramente el interés 

propietario de Pearl Holdings para intervenir en el caso de marras, 

conforme a la Regla 21.2 de Procedimiento Civil, supra, R. 21.2, y 

que se constituyó un gravamen mobiliario sobre los fondos 

consignados. Específicamente, este Tribunal resolvió:

En su escrito ante nosotros la parte apelada 

insiste en que Pearl Holdings no podía constituir un 

gravamen mobiliario sobre los fondos consignados en 

[la] Unidad de Cuentas del TPI, pues tales fondos ya no 

se encontraban en su patrimonio, por el acto mismo de 

la consignación, y por este haber perdido el control y 

posesión sobre los mismos. No tiene razón. 

Ello por cuanto, mientras el acreedor no haya 

aceptado la consignación, o no haya recaído la 

declaración judicial de la suficiencia del pago, el deudor 

puede retirar la cosa o la cantidad consignada, dejando 

subsistente la obligación. 31 LPRA sec. 9186. Es decir, 

la consignación per se no cuarta la facultad jurídica del 

propietario. Ver, Margarita García Cárdenas, Derecho de 

Obligaciones y Contratos, San Juan, MJ Editores, 

2012.

Es un hecho incontrovertido que la consignación 

no surtió efecto alguno en este caso pues, por sentencia 

final y firme, el Tribunal Supremo resolvió que no 

procedía el ejercicio del retracto de crédito litigioso. Por 

tanto, no existiendo escenario alguno en el que pueda 

considerarse bien hecha la consignación, y que pudiera 

surtir efectos extintivos sobre la obligación en cuestión, 

nos es forzoso concluir que el deudor demandante 

nunca perdió el uso, control y posesión civil de los 

fondos consignados en la Unidad de Cuentas del TPI. 

En consecuencia: (1) se desembolsó el dinero 

consignado a cambio del gravamen mobiliario; (2) el 

deudor tenía derecho sobre la propiedad gravada; (3) se 

cumplió con la condición de que el deudor firmó un 

acuerdo de constitución de gravamen mobiliario que 

contiene una descripción de la propiedad gravada.

De conformidad, concluimos que la petición de 

Pearl Holdings para comparecer como parte 

interventora descansa en el interés propietario que tiene 

sobre los fondos que están consignados en la Unidad de 

Cuentas del tribunal, por lo que se debió permitir su 

participación en el pleito original como tal. (Énfasis 

suplido).24

24 Íd., Anejo 4, págs. 76-77.
KLAN202400019 20

En otras palabras, la determinación sobre la existencia del 

gravamen mobiliario se convirtió en final y firme. Por lo tanto, el foro 

primario no incidió en su determinación al reafirmar nuestro 

dictamen respecto a la existencia de un gravamen mobiliario sobre 

los fondos consignados.

Por último, el TPI actuó correctamente al concederle a Pearl 

Holdings el derecho preferente sobre los fondos depositados, a tenor 

con la cláusula resolutoria. Del expediente del caso de autos se 

desprende que tanto la parte apelante como la parte interventoraapelada estipularon como hecho incontrovertido que:

10. El 8 de mayo de 2020 se presentó la 

declaración de financiamiento ante el Departamento de 

Estado. En dicha declaración, Pearl es el "Secured 

Party" y Golden el "Debtor" así como otras entidades. 

Como "Collateral Description" se expresó: "Principal 

amount disbursed on June 24, 2018 at the San Juan 

Court of First Instance was $3,183,426.82". (Énfasis en 

el original). 

En otras palabras, la parte apelante admitió que la parte 

asegurada de los fondos consignados en el TPI es Pearl Holdings.

Además, tal y como fue determinado por este Tribunal, en el 

caso KLAN202100500, Pearl Holdings y Golden Triangle acordaron 

una cláusula resolutoria mediante el contrato de préstamo. A tenor 

con dicha determinación, esta condición resolutoria indica que, si se 

determinaba que el crédito litigioso no procedía en el caso de 

epígrafe, los fondos depositados en la Unidad de Cuentas del TPI 

debían ser retirados por Pearl Holdings. Específicamente, el Loan 

Agreement establece en lo pertinente que:

LOAN AGREEMENT

. . . .

RECITALS:

WHEREAS: On June 24, 2018, the parties to this 

Agreement executed a Term Sheet where Pearl would 

provide to Golden Triangle Realty S.E., Convention 

Center Parking, Inc. and Full House Development, Inc. 

represented by their sole owners, Dr. David Santiago 

and Mrs. Diana Ortiz, a loan of up to $4,000,000 to 
KLAN202400019 21

exercise their litigious credit rights in WM Capital 

Partners 53, LLC v. Golden Triangle Realty, S.E. et 

al, KCD2011-2109 (506). 

. . . .

1. SCOPE. Pursuant to the Term Sheet executed on June 

24, 2018, the entities and their principal owners 

obtained a financing structure that will offer it up to 

$4,000,000 in collateralized financing. As the Term 

Sheet states, the amount disbursed will held by the 

Clerk at the San Juan Court of First Instance until the 

highest court of competent jurisdiction issues a ruling 

favorable to the defendant Entities. Once said ruling is 

issued, the Entities will be able to exercise their litigious 

credit rights as established under the laws of the 

Commonwealth of Puerto Rico. . . .

. . . .

3. COLLATERALIZATION OF THE LOAN. This loan is 

guaranteed by a promissory note, a UCC lien on the 

amounts deposited at the Clerk’s office of the San Juan 

Court of First Instance, the rents obtained from the 

rental agreements disclosed in Appendix I and the real 

property described in Public Deed 21 granted on July 

27, 2018 before public notary. In addition to this 

collateral, the forthcoming land transfer from Puerto 

Rico Highway Authority shall be included as part of the 

collateral for this loan and the appropriate documents 

shall be executed once the land transfer is completed. . 

. .

25 (Énfasis suplido y subrayado en el original). 

En ese extremo, este Tribunal, en el caso KLAN202100500,

resolvió, en cuanto a estas cláusulas, que:

De este modo, no hay duda de que en el referido 

contrato se estableció expresamente, en lo pertinente, 

que los fondos que Pe[ar]l Holdings prestó a los 

demandados se utilizarían únicamente para el ejercicio 

del retracto de crédito litigioso. Es decir, el 

incumplimiento y la devolución del dinero consignado 

en la Unidad de Cuentas del Tribunal quedó 

condicionado a dos eventos: (1) que no se reconociera 

el ejercicio del retracto del crédito litigiosos por el 

tribunal o, (2) que el ejercicio de dicho derecho 

excediese los $4,000,000. Por tanto, como condición 

lógica de una obligación con condición resolutoria, el 

efecto de que no se le reconociera el derecho al ejercicio 

del retracto de crédito litigioso es la reversión del título 

de la cosa que se encontraba consignada, pues así fue 

expresamente pactado. (Énfasis en el original). 

25 Íd., Anejo 8, págs. 140-141.
KLAN202400019 22

Consecuentemente, no hay duda de que, a tenor con la 

cláusula resolutoria, Pearl Holdings es la parte con preferencia a los 

fondos depositados.

Por todo lo anterior, resulta imperativo concluir que el TPI no 

cometió los errores señalados por la parte apelante, que el dictamen 

es correcto en derecho y, por lo tanto, corresponde la confirmación 

de la determinación del TPI. 

V.

Por los fundamentos pormenorizados precedentemente, se 

confirma la Resolución apelada.

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones