Número Identificador

RES2024_______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

ANA I. GONZÁLEZ 

GUTIÉRREZ

Recurrida

V.

DR. MIGUEL RAMÍREZ 

RIPOLL Y SU ESPOSA, 

MARY DE RAMÍREZ, AMBOS 

DE POR SÍ Y EN 

REPRESENTACIÓN DE LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

BIENES GANANCIALES 

COMPUESTA POR AMBOS, 

DR. WILLIAM ARTURO 

TOWNSEND PICÓ Y SU 

ESPOSA, JANE TOWNSEND, 

AMBOS DE POR SÍ Y EN 

REPRESENTACIÓN DE LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

BIENES GANANCIALES 

COMPUESTA POR AMBOS, 

CLÍNICA VISTA 

OPHTHALMOLOGY 

AMBULATORY CENTER, A,

B, C PERSONAS 

NATURALES Y JURÍDICAS, 

X, Y, Z COMPAÑÍA DE 

SEGUROS

Peticionarios

KLCE202400262

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, 

Sala Superior 

de San Juan

Caso núm.: 

SJ2021CV00219

Sobre:

Impericia 

Médica, Daños 

y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa 

Cabán, el juez Bonilla Ortiz, la jueza Mateu Meléndez y 

la jueza Prats Palerm

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

Comparecen el doctor Miguel Ramírez Ripoll, en 

adelante el Dr. Ramírez o el peticionario, y otros, en 

conjunto los peticionarios, quienes nos solicitan que

revoquemos una Resolución emitida el 29 de diciembre de 

2023 y notificada el 2 de enero de 2024. Mediante la 

misma, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, 
KLCE202400262 2

en adelante TPI, declaró no ha lugar la Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por el Dr. 

Ramírez.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se deniega la expedición del recurso de certiorari.

-IEl presente caso tiene su génesis en una acción sobre 

impericia médica, daños y perjuicios, instada por la 

señora Ana I. González Gutiérrez, en adelante la señora 

González o la recurrida, contra el Dr. Ramírez y otros.1

La señora González alegó que el peticionario le practicó 

una cirugía de catarata y, que posterior a la intervención 

médica, “quedó dramáticamente afectada de dicho ojo”. En 

su opinión, el Dr. Ramírez y el Dr. William Arturo 

Townsend Picó, no procedieron conforme a la mejor 

práctica prevaleciente en la medicina en el manejo y 

tratamiento de su condición. Arguyó que estos no le 

realizaron los exámenes necesarios porque no “agota[ron]

los medios de diagnóstico diferencial que el estado del 

conocimiento pone a disposición de la profesión médica”.

En consecuencia, la recurrida afirmó que existe un nexo 

causal entre el daño y la actuación negligente de los 

médicos, razón por la cual les exigió una compensación de 

$500,000.

Por su parte, los peticionarios presentaron una 

Contestación a Demanda, en la que admitieron unos hechos, 

negaron otros e incluyeron como defensas afirmativas la 

aplicabilidad de la doctrina de error de juicio honesto 

y razonable porque cumplieron con los estándares 

reconocidos por la comunidad médica.2

1 Apéndice de los peticionarios, págs. 1-5.

2 Id., págs. 6-9.
KLCE202400262 3

Posteriormente, los peticionarios presentaron una 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, mediante la 

cual alegaron que, conforme a la opinión del perito de la 

señora González, el tratamiento brindado por el Dr. 

Ramírez fue correcto y la recurrida firmó un 

consentimiento informado en el que se le informaron los 

riesgos y beneficios de la operación.3 Del mismo modo, el 

perito indicó que las visitas postoperatorias fueron 

adecuadas y cumplieron con el estándar de la mejor 

práctica de la medicina. Específicamente, abundó que el 

progreso presentado por la recurrida, posterior a la 

queratometría y la tomografía, “es lo que se esperaría en 

términos del progreso de la condición” y que la corrección 

de la vista 20/40 “es buena para un paciente que tenía 

cataratas”. También, explicó que después de presentar la 

complicación, el Dr. Ramírez refirió a la señora González 

a un retinólogo, conforme a los estándares de la práctica 

profesional. En tanto el propio perito de la recurrida

estableció que el tratamiento fue adecuado y, en la medida 

en que la recurrida no presentó prueba sobre la

negligencia, ni demostró que los alegados daños 

respondieron a un acto u omisión durante la intervención 

médica, el Dr. Ramírez solicitó la desestimación de la 

demanda en su contra.

En cambio, la señora González presentó una Oposición 

a Solicitud de Sentencia Sumaria, Conforme la Regla 

36.3(b) de Procedimiento Civil, en la que adujo que “la 

mejor práctica de la medicina” es un fundamento general 

que no puede convertirse en una salida airosa para la 

clase médica.4 Opinó que los médicos siempre deben proveer 

3 Id., págs. 10-29.

4 Id., págs. 156-165.
KLCE202400262 4

su experiencia, conocimiento e inteligencia para tratar 

los casos. Arguyó que el Dr. Ramírez no cumplió con las 

expectativas en el desempeño de su profesión, por lo que 

debe responder. Finalmente, solicitó la continuidad del 

caso y que se obligue a los peticionarios a nombrar un 

perito y a proveer un informe pericial.

Después de varios trámites procesales que resulta 

innecesario pormenorizar para la resolución de la 

controversia ante nos, el TPI declaró no ha lugar la 

solicitud de sentencia sumaria y acogió los siguientes 

hechos incontrovertidos: (1) La Sra. Ana González 

Gutiérrez fue a la oficina del Dr. Miguel Ramírez Ripoll 

porque estaba teniendo pérdida de visión en el ojo 

izquierdo por catarata, (2) el 2 de marzo de 2017, la 

Sra. González Gutiérrez fue sometida a una cirugía de 

cataratas del ojo izquierdo por el Dr. Ramírez Ripoll y

(3) la Sra. González Gutiérrez sufrió una ruptura de 

cápsula, una complicación que ocurre con una incidencia 

del 1 al 6% en las cirugías de cataratas.5 Del mismo modo, 

identificó los siguientes hechos en controversia: (1) Si 

el Dr. Ramírez Ripoll le ofreció a la demandante un 

cuidado médico conforme al estado de conocimiento de la 

ciencia y la práctica prevaleciente de la medicina, que 

satisface las exigencias generalmente reconocidas por la 

profesión, (2) si la demandante ofreció un consentimiento 

informado para el procedimiento médico-quirúrgico, (3) si 

la alegada falta de consentimiento informado fue la causa 

próxima de los daños alegados, (4) la negligencia y/o 

culpa del Dr. Ramírez Ripoll, si alguna, (5) la 

negligencia contribuyente incurrida por la parte 

5 Id., págs. 190-203.
KLCE202400262 5

demandante, si alguna y (6) el valor de los daños 

alegados.6

En síntesis, el foro inferior determinó:

...que las controversias presentadas contienen 

elementos subjetivos de intención, propósitos 

mentales o negligencia, y credibilidad que, según 

la jurisprudencia aplicable, no deben ser 

dirimidos mediante el mecanismo extraordinario de 

sentencia sumaria. La prueba documental presentada 

por la parte promovente en su solicitud de 

sentencia sumaria consiste principalmente en

fragmentos tomados de la deposición del perito de 

la parte demandante, Dr. Andújar Alejandro... No 

obstante, determinamos que, para dirimir 

adecuadamente las alegaciones de negligencia

presentadas por la parte demandante, así como 

también la credibilidad de los testimonios de las 

partes y las opiniones periciales del Dr. Andújar 

Alejandro vertidas en su informe pericial, es 

menester la celebración de una vista evidenciaria. 

Por esto, determinamos que existen hechos en 

controversia que en estos momentos impiden a este 

foro de resolver por la vía sumaria el caso a favor 

de alguna de las partes.7

Insatisfecho, el Dr. Ramírez presentó una Moción 

Solicitando Reconsideración8, la señora González se opuso9

y el TPI declaró no ha lugar la solicitud10.

Aun inconformes, los peticionarios recurren ante nos 

mediante una Petición de Certiorari en la que alegan que 

el TPI cometió el siguiente error:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria y al 

considerar que: 1) existían elementos subjetivos 

en controversia; 2) la prueba documental consistió 

en fragmentos de la deposición tomada al perito de 

la parte recurrida; y 3) entender que era necesaria 

una vista evidenciaria.

Conforme la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal puede “prescindir 

de términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones 

o procedimientos específicos ... [ello] con el propósito de 

lograr su más justo y eficiente despacho...”.11 En 

6 Id.

7 Id.

8 Id., págs. 204-209.

9 Id., págs. 210-216.

10 Id., pág. 218.

11 Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 7(B)(5).
KLCE202400262 6

consideración a lo anterior, eximimos a la parte recurrida 

de presentar su alegato en oposición.

Luego de revisar el escrito de los peticionarios y 

los documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver.

-IIA.

Como cuestión de umbral, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil establece el alcance de la revisión 

discrecional de las resoluciones u órdenes 

interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia en los siguientes términos: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones 

u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia, solamente será expedido por 

el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 

apéndice o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, y por excepción 

a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación en la 

cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia[...].12

1.

Rebasado el umbral establecido en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, corresponde a este tribunal 

intermedio determinar si procede revisar la determinación 

interlocutoria recurrida.

A esos efectos, el auto de certiorari es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal 

de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

12 Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
KLCE202400262 7

cometido por un tribunal inferior.13 Distinto al recurso 

de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.14 Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr 

una solución justiciera.15

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de certiorari. Sobre el particular dispone:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la 

prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su 

consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable 

en la solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia.16

13 Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023); 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

14 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 847; Medina

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729; García v. Padró,

supra, pág. 334. 

15 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 847; Municipio 

v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711-712 (2019); IG Builders et al. 

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).

16 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 848; Municipio 

v. JRO Construction, supra; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202400262 8

B.

En nuestro ordenamiento jurídico el mecanismo de 

sentencia sumaria procura, ante todo, aligerar la 

tramitación de aquellos casos en los cuales no existe una 

controversia de hechos real y sustancial que exija la 

celebración de un juicio en su fondo.17 Así pues, para 

adjudicar en los méritos una controversia de forma 

sumaria, es necesario que de las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios, 

admisiones, declaraciones juradas y de cualquier otra 

evidencia ofrecida, surja que no existe controversia real 

y sustancial en cuanto a algún hecho material y que, como 

cuestión de derecho, procede dictar sentencia sumaria a 

favor de la parte promovente.18

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, estableció el 

estándar específico que debe utilizar el Tribunal de 

Apelaciones para revisar una sentencia sumaria, a saber:

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. 

Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de 

Apelaciones se encuentra en la misma posición del 

Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar 

Solicitudes de Sentencia Sumaria. En ese sentido, 

está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

... y aplicará los mismos criterios que esa regla y 

la jurisprudencia le exigen al foro primario. 

Obviamente, el foro apelativo intermedio estará 

limitado en el sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia 

y no puede adjudicar los hechos materiales en 

controversia, ya que ello le compete al foro 

primario luego de celebrado un juicio en su fondo. 

La revisión del Tribunal de Apelaciones es una de 

novo y debe examinar el expediente de la manera más 

favorable a favor de la parte que se opuso a la 

Moción de Sentencia Sumaria en el foro primario, 

llevando a cabo todas las inferencias permisibles 

a su favor. 

17 Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010 (2020);

Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018).

18 Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019); González Santiago 

v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281 (2019); Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation, 194 DPR 209, 224-225 (2015).
KLCE202400262 9

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar 

que tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 

Oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil 

... y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo.... 

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones 

debe revisar si en realidad existen hechos 

materiales en controversia. De haberlos, el foro 

apelativo intermedio tiene que cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil 

y debe exponer concretamente cuáles hechos 

materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos. Esta determinación 

puede hacerse en la Sentencia que disponga del caso 

y puede hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el foro primario 

en su Sentencia. 

Cuarto, y, por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el 

foro apelativo intermedio procederá entonces a 

revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia 

aplicó correctamente el Derecho a la controversia.19

C.

Según dispone el Art. 1802, la responsabilidad civil 

extracontractual por impericia médica se impone por la 

culpa o negligencia de un facultativo médico.20 Esta 

doctrina civilista es aplicable cuando un profesional de 

la salud actúa contrario a la norma mínima de cuidado 

médico exigible a la luz de los modernos medios de 

comunicación y enseñanza, y conforme al estado de 

conocimiento de la ciencia y la práctica prevaleciente de 

la medicina, que satisfacen las exigencias generalmente 

reconocidas por la profesión.21

Así pues, toda persona que inste una acción en daños 

por impericia médica está obligada a demostrar: (1) la 

ocurrencia de un acto médico culposo o negligente; (2) la 

19 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 118-119, 122 

(2015). (Énfasis en el original) (citas omitidas).

20 Cruz Flores et. al. v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465, 486-487 

(2022); López v. Dr. Canizares, 163 DPR 119, 132 (2004); 31 LPRA 

sec. 5141. Cabe destacar que el Código Civil de Puerto Rico de 1930, 

vigente al momento en que surgieron los hechos del presente caso, 

fue derogado y sustituido mediante la Ley Núm. 55-2020, aprobada el 

1 de junio de 2020, conocida como Código Civil de Puerto Rico de 

2020.

21 Cruz Flores et. al. v. Hosp. Ryder et al., supra, pág. 487; Arrieta 

v. De la Vega, 165 DPR 538, 549 (2005). 
KLCE202400262 10

producción de un daño real y (3) la relación causal entre 

el acto médico y el daño sufrido.22 Es decir, para que el 

demandante prospere en su causa de acción, debe demostrar 

mediante preponderancia de la prueba que la acción 

negligente del médico fue el factor que con mayor 

probabilidad ocasionó el daño.23 Además, debe establecer 

el vínculo causal a tenor con el Artículo 1802 del Código 

Civil, supra.

Finalmente, el TSPR ha reconocido, que el médico 

posee discreción para formular un juicio profesional en 

cuanto al diagnóstico y tratamiento de cada paciente.24

Lo anterior implica que, el médico está exento de 

responsabilidad civil si el tratamiento brindado, aun 

cuando erróneo, está enmarcado dentro de los linderos de 

lo razonable y es aceptado por la comunidad médica.25

D.

Por otro lado, es norma firmemente establecida que 

el consentimiento informado y expreso del paciente es 

indispensable, previo a llevar a cabo un procedimiento 

médico invasivo al cuerpo humano.26 Este precepto surge

como corolario del derecho a la intimidad consagrado 

expresamente en la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico.27 De modo que, los médicos tienen la 

obligación de ofrecer a sus pacientes toda la información 

que sea indispensable para comprender la naturaleza de 

ciertos procedimientos; como mínimo, deben revelar los

22 Soto Cabral v. ELA, 138 DPR 298, 309 (1995).

23 Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 322 (1998); Rodríguez Crespo 

v. Hernández, 121 DPR 639, 650 (1988); Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 

816 (1987).

24 Arrieta v. De la Vega, supra, pág. 549

25 Santiago Otero v. Méndez, 135 DPR 540, 550 (1994); Pérez Torres 

v. Bladuell Ramos, 120 DPR 295, 302 (1988).

26 Cruz Flores et. al. v. Hosp. Ryder et al., supra, pág. 492; Martínez 

Marrero v. González Droz, 180 DPR 579, 593 (2011); Rodríguez Crespo 

v. Hernández, supra, pág. 664; Rojas v. Maldonado, 68 DPR 818, 827 

(1948).

27 Art. II, Sec. 8, Const. PR, LPRA, Tomo 1.
KLCE202400262 11

datos de sus beneficios, los riesgos y las posibles 

complicaciones.28

Conforme a lo anterior, el TSPR especificó que la 

clase médica está obligada a “informar aquellos riesgos, 

conforme lo establecido por la práctica prevaleciente de 

la medicina”.29

Así pues, los elementos esenciales en una 

reclamación por daños y perjuicios basados en una 

alegación de impericia médica, por no obtener el médico 

un consentimiento informado, antes de efectuar una 

operación o un tratamiento, son: (1) si el médico tenía 

el deber de divulgar determinada información, (2) la 

información específica que debió ser divulgada y (3) si 

la causa próxima del daño alegado fue la falta de 

divulgación de los riesgos implícitos en dicha operación 

o tratamiento.30

E.

Por otro lado, es norma firmemente establecida que 

los tribunales apelativos no intervienen con el manejo 

de los casos por parte del Tribunal de Primera Instancia, 

“salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”.31 Conviene destacar que 

28 Martínez Marrero v. González Droz, supra.

29 Cruz Flores et. al. v. Hosp. Ryder et al., supra, pág. 493; 

Sepúlveda de Arrieta v. Barreto, 137 DPR 735, 753 (1994).

30 Cruz Flores et. al. v. Hosp. Ryder et al., supra; Sepúlveda de 

Arrieta v. Barreto, supra, págs. 756-757.

31 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase, 

además, Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón, 2023 TSPR 145, 

213 DPR __ (2023);Cruz Flores v. Hospital Ryder Memorial Inc., supra, 

pág. 497; SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., 208 DPR 310, 338 

(2021);VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., 207 DPR 253, 273 (2021); 

Umpierre Matos v. Juelle, Mejía, 203 DPR 254, 276 (2019); Citibank 
KLCE202400262 12

“la discreción se fundamenta [,entre otras,] en el 

contacto con los litigantes y la prueba que se haya 

presentado”32 ante el foro sentenciador. Por esta razón, 

se presume que el Tribunal de Primera Instancia conoce 

mejor las particularidades del caso y está en mejor 

posición para tomar las medidas necesarias que permitan 

cimentar el curso a trazar para llegar eventualmente a 

una disposición final.33

De modo que, el ejercicio de las facultades 

discrecionales por el foro de instancia merece nuestra 

deferencia salvo que incurra en algunas de las conductas 

previamente mencionadas y si a la luz de la prueba 

admitida, “no exista base suficiente que apoye su 

determinación”.34 Específicamente, el TSPR ha delimitado 

las instancias en las que un tribunal abusa de su 

discreción de la siguiente manera:

[C]uando no toma en cuenta e ignora en la 

decisión que emite, sin fundamento para ello, un 

hecho material importante que no podía ser pasado 

por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 

justificación ni fundamento alguno, concede gran 

peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y 

basa su decisión exclusivamente en éste; o cuando, 

[...] [tras] considerar y tomar en cuenta todos los 

hechos materiales e importantes y descartar los 

irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 

livianamente.35

-IIIEl peticionario alega que la recurrida no cumplió 

con los requisitos de forma de la regla 36.3 de las de 

Procedimiento Civil, supra. Además, el TPI no determinó 

et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018); SLG Torres-Matundan 

v. Centro Patología, 193 DPR 920, 933 (2015).

32 Citibank v. ACBI et al., supra, pág. 736.

33 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013); Mejías 

et al. v. Carrasquillo et al, 185 DPR 288, 306-307 (2012). Véase, 

además, Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón, supra.

34 Gómez Márquez et al. v. El Oriental, 203 DPR 783, 794 (2020).

35 Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón, supra. Véase, además,

Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., 2023 TSPR 65 (2023);

SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013) (citando a

Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009)).
KLCE202400262 13

por qué los hechos propuestos por aquel estaban en 

controversia. Finalmente, como no se controvirtieron los 

hechos presentados en la solicitud de sentencia sumaria, 

procedía desestimar la demanda con perjuicio, porque la 

recurrida carece de prueba pericial “para demostrar su 

causa de acción de impericia médica”.

Por tratarse de una moción dispositiva, tenemos

facultad para atender el recurso. Sin embargo, luego de 

revisar el escrito de los peticionarios y los documentos 

que obran en autos, resolvemos que no medió prejuicio,

parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por el foro recurrido, Regla 40 (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, y que la 

etapa en que se presenta el recurso no es la más propicia 

para su consideración porque la determinación recurrida 

es provisional, por lo que la controversia ante nos no 

está madura para su propia adjudicación. Regla 40 (E) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

Como si lo anterior fuera poco, no se configura 

ninguna de las circunstancias que justifican la 

expedición del auto bajo cualquier otro de los 

fundamentos de la Regla 40 de nuestro Reglamento.

Finalmente, luego de evaluar el recurso, no

encontramos indicios de pasión, prejuicio, arbitrariedad 

o error manifiesto en la determinación del foro 

recurrido. La misma cae dentro de su sabia discreción y 

no abusó de ella, al denegar la solicitud de sentencia 

sumaria.

-IVPor los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del recurso de certiorari.
KLCE202400262 14

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones