Número Identificador

SEN2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

ÁNGEL F. COLÓN VEGA, 

su esposa ROSALÍA 

VELÁZQUEZ OCASIO y la 

SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES que ambos 

componen; PEDRO LUIS 

COLÓN VEGA

Apelantes

v.

ÁNGEL ANTONIO MEDINA 

COLÓN, su esposa 

MATILDE ROSARIO 

ALICEA y la SOCIEDAD 

LEGAL DE GANANCIALES 

que ambos componen

Apelados

KLAN202300849

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Mayagüez 

Caso Núm.:

MZ2022CV01192

Sobre:

Incumplimiento de 

Contrato, Daños y 

Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero. 

Martínez Cordero, jueza ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2024.

Comparece el señor Ángel F. Colón Vega (en adelante, señor 

Ángel Colón), su esposa, la señora Rosalía Velázquez Ocasio (en 

adelante, señora Velázquez Ocasio) y la Sociedad Legal de 

Gananciales (en adelante, SLG) que ambos componen, y el señor 

Pedro Luis Colón Vega (en adelante, señor Pedro Colón y en 

conjunto, parte apelante) para solicitarnos la revisión de la 

Sentencia emitida el 19 de julio de 2023, notificada el 20 de julio de 

2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez (en adelante, TPI).1 Mediante el dictamen apelado, el foro 

primario declaró Ha Lugar una moción de desestimación y en 

consecuencia, al amparo de la Regla 10.2(5) de las Reglas de 

1 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 1-7.
KLAN202300849 2

Procedimiento Civil, 2 desestimó la Demanda presentada en este 

caso.3

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada.

I

El 5 de agosto de 2022, la parte apelante presentó una 

Demanda sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios

contra el señor Ángel Antonio Medina Colón (en adelante, señor 

Medina Colón), su esposa Matilde Rosario Alicea (en adelante, 

señora Rosario Alicea) y la SLG compuesta por ambos (en conjunto, 

parte apelada).4 Se adujo que se llegó a un acuerdo verbal con la 

parte apelada consistente en que la parte apelante adquiriría de 

Monte Carlo Development dos (2) predios de terreno, de los cuales 

segregarían un espacio de 816.335 metros cuadrados para el señor 

Ángel Colón y la señora Velázquez Ocasio. La parte apelante alegó 

que la parte apelada se le adelantó en el proceso de compra de los 

solares; y, que, sin previo aviso, perfeccionó la compraventa y 

otorgaron la correspondiente Escritura el 15 de marzo de 1997.

5 

Presuntamente, conforme al acuerdo verbal, la parte apelante

construyó una verja dividiendo la colindancia de los 816.335 metros 

cuadrados, colocó un “trailer camp” para que una de sus hijas 

residiese allí, y la parte apelada no se quejó. De igual forma, se 

desprende que construyó un pozo séptico y un baño de madera. 

La parte apelante solicitó al foro primario el cumplimiento 

específico del acuerdo verbal celebrado entre las partes y la 

indemnización por daños y perjuicios por la cantidad de $15,000.00 

dólares.6 Además, solicitaron que el foro primario dictaminara que: 

(i) la parte apelada tiene el pleno dominio de la propiedad de 816.335 

2 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5).

3 Apéndice 1 de la parte apelante, a la pág. 7.

4 Apéndice 5 de la parte apelante, a las págs. 16-19.

5 Apéndice 4 de la parte apelante, a las págs. 39-47.

6 Apéndice 1 de la parte apelante, a la pág. 3.
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metros cuadrados según descrito en la Demanda; (ii) se dictara una 

orden a la parte apelada para que cumpla la obligación de entrega 

del predio de 816.335 metros cuadrados que le impuso el acuerdo 

verbal existente entre las partes; (iii) se condenara a la parte apelada 

al pago de los daños ocasionados a la parte apelante y que aún le 

estaba causando, por la suma de $15,000.00 dólares o la cantidad 

que se hubiese acumulado al momento de dictar sentencia; y, (iv) 

condenara a la parte apelada al pago de las costas, gastos y 

honorarios de abogado.7

El 25 de enero de 2023, la parte apelada presentó escrito 

intitulado Desestimación al Amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil Vigentes [sic].

8 A tenor con lo anterior, solicitó al 

foro primario que desestimara la Demanda de autos. En síntesis, la 

parte apelada planteó que, aun si se tomara como cierta la alegación 

sobre el acuerdo verbal, la Escritura de Compraventa se otorgó el 15 

de marzo de 1997, por lo que la acción estaba prescrita tras haber 

transcurrido en exceso del término de quince (15) años dispuesto 

por ley sin haber sido interrumpido.

9 Además, expusieron que el día 

que se otorgó la Escritura Núm. 8 de Compraventa la parte apelante 

estuvo presente.

En respuesta, la parte apelante presentó Moción en Oposición 

a Desestimación Presentada por la Parte Demandada.

10 La parte 

apelante opuso que, la acción no estaba prescrita puesto a que se 

había enterado de la existencia de la Escritura un año antes de la 

presentación de la Demanda.

11 En virtud de lo expuesto, solicitó al 

tribunal a quo que declarara no ha lugar la moción de desestimación 

presentada por la parte apelada y ordenara la continuación de los 

procedimientos, mediante la contestación a la demanda.

7 Apéndice 4 de la parte apelante, a las págs. 18-19.

8 Apéndice 6 de la parte apelante, a las págs. 22-29.

9 Id., a las págs. 27-28.

10 Apéndice 7 de la parte apelante, a las págs. 30-34.

11 Id., a la pág. 32.
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De ahí, mediante Orden,

12 el foro primario señaló una vista 

argumentativa a celebrarse de manera virtual. En la referida Orden, 

instruyó a las partes a que previo a la vista debían reunirse para 

organizar y presentar la prueba que pretendían utilizar en la misma. 

En cumplimiento, el 10 de julio de 2023, las partes presentaron una 

Moción en Cumplimiento de Orden sobre Vista Argumentativa a la 

cual le unieron la prueba documental que pretendían utilizar en la 

vista, así como el detalle sobre los testimonios que presentarían.13

El 14 de julio de 2023, se celebró la correspondiente vista 

evidenciaria.14 Conforme se desprende de la Minuta de la vista,15 la 

prueba testifical de la parte apelante consistió en el testimonio del 

señor Pedro Colón, mientras que, por la parte apelada, consistió en 

el testimonio del señor Medina Colón. De la TPO se desprende que 

el propósito de la vista era que las partes argumentaran sobre la 

moción de desestimación y su correspondiente oposición, y para 

establecer si hubo o no un acuerdo verbal. El único documento 

presentado y estipulado por las partes fue la Escritura Núm. 8 de 

Compraventa del 15 de marzo de 1997. Desfilada la prueba, el caso 

quedó sometido.

De ahí, el 19 de julio de 2023, notificada el 20 de julio de 2023, 

el foro primario emitió la Sentencia apelada. 16 Mediante su 

Sentencia, la primera instancia judicial declaró Con Lugar la 

solicitud de desestimación presentada por la parte apelada y 

desestimó la Demanda de autos, al amparo de la Regla 10.2 (5) de 

las Reglas de Procedimiento Civil.17 Producto de la vista celebrada, 

el foro primario emitió siete (7) determinaciones de hechos 

12 Apéndice 8 de la parte apelante, a la pág. 35.

13 Id., a las págs. 36-37.

14 Apéndice 15 de la parte apelante, a la pág. 130.

15 Id.

16 Apéndice 1 de la parte apelante, a las págs. 1-7.

17 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5).
KLAN202300849 5

probados,18 así como que, incluyó sus conclusiones de derecho.19 

Para un cabal entendimiento, las determinaciones de hecho 

emitidas por el TPI fueron las siguientes:

1. En el año 1997, el demandado Ángel Antonio 

Medina Colón acordó con el Sr. Federico Carlo Aymat 

y el ingeniero Bryan King la compra de dos solares 

ubicados en Cabo Rojo.

2. El 15 de marzo de 1997, en Cabo Rojo, Puerto 

Rico, se otorgó la escritura número 8 sobre 

Compraventa ante el Notario Público Osvaldo Ortiz 

Medina. Comparecieron como parte vendedora 

Monte Carlo Development Corporation y como parte 

compradora el Sr. Ángel Antonio Medina Colón y su 

esposa, la Sra. Matilde Rosario Alicea.

3. En virtud de la escritura número 8, descrita en el 

hecho anterior, los demandados adquirieron dos 

solares ubicados en el Barrio Boquerón de Cabo 

Rojo, Puerto Rico. Los referidos solares, identificados 

como parcela A y parcela B, tienen una cabida de 

1,408.167 m/c y 1,408.168 m/c, respectivamente, 

para un total de 2,816.33 m/c, siendo estos 

segregados de una finca de mayor cabida.

4. El precio de venta de la parcela A fue de $15,000 

dólares y el de la parcela B fue $10,000 dólares para 

un total de $25,000 dólares los cuales pagó la parte 

demandada con dinero de su propio peculio.

5. El demandante Pedro Luis Colón Vega no formó 

parte de la compraventa de los solares, así como 

tampoco aportó cantidad de dinero alguna a la parte 

demandada para la compra de estos.

6. El demandante Pedro Luis Colón Vega no 

materializó ningún acuerdo verbal con el demandado 

Ángel Antonio Medina Colón en relación con la 

compra de los solares.

7. El demandante Pedro Luis Colón Vega testificó 

que el acuerdo sobre segregación del solar 816.335 

m.c. a ser segregado no se realizó con los 

demandados.20

En la Sentencia apelada, el tribunal a quo concluyó lo 

siguiente:

Como quedó claramente demostrado por los 

testimonios ofrecidos, el acuerdo verbal cuyo 

incumplimiento reclama la parte demandante en su 

demanda no fue perfeccionado con la parte demandada. 

Con su propio testimonio, el demandante Pedro Luis 

Colón Vega reveló que su acuerdo verbal fue con el 

18 Apéndice 1 de la parte apelante, a las págs. 3-4.

19 Id., a las págs. 4-5.

20 Id., a las págs. 3-4.
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entonces dueño de los solares, Federico Carlo, y con el 

ingeniero Bryan King. Dicha declaración, de hecho, 

sostiene lo declarado por el demandado Ángel A. Medina 

Colón, quien firmemente negó haber llegado a ningún 

acuerdo con el demandante en cuanto a la compra de 

los solares.

Como dicta el derecho aplicable, un acuerdo verbal es 

válido si se prueba que se llevó a cabo por las partes 

concernidas, en este caso el demandante Pedro Luis 

Colón Vega y el demandado Ángel Antonio Medina 

Colón, cosa que aquí no ocurrió. Por lo que, ante la 

inexistencia del alegado acuerdo verbal entre las partes, 

no nos resta más que concluir que la causa de acción 

aquí presentada no justifica la concesión de un remedio 

a favor de la parte demandante.21

Inconforme, el 31 de julio de 2023, la parte apelante presentó

una Moción sobre Enmiendas o Determinaciones Iniciales o 

Adicionales (Regla 43) Procedimiento Civil.

22 Tal y como reza el título, 

la parte apelante solicitó al tribunal a quo, que se enmendaran o se 

incluyeran determinaciones de hecho adicionales a la Sentencia

apelada. En virtud de lo anterior, suplicaron que se reconsiderara el 

dictamen emitido al amparo de la Regla 47 de las Reglas de 

Procedimiento Civil.

23 En respuesta, mediante Resolución emitida el 

21 de agosto de 2023, y notificada el 24 de agosto de 2023, el foro 

primario declaró la misma No Ha Lugar.24

En desacuerdo, el 22 de septiembre de 2023, la parte apelante 

presentó un recurso de Apelación mediante el cual esgrimieron la 

comisión de los siguientes tres (3) errores por el foro primario:

A. Erró el tribunal inferior al declarar Con Lugar la 

solicitud de desestimación del demandado y declarar 

que la demanda se encontraba prescrita y no 

consideró la posición del demandante de la fecha en 

que se enteraron de los hechos relacionados a la 

demanda.

B. Erró el Tribunal inferior al declarar Sin lugar la 

Solicitud de determinaciones de hechos adicionales 

y la reconsideración de la sentencia.

C. El tribunal erró al hacer la determinación de la 

moción solicitando hechos adicionales, ya que, esta 

21 Id., a la pág. 7.

22 Apéndice 2 de la parte apelante, a las págs. 8-13 y Apéndice 9 de la parte 

apelante, a las págs. 113-118. 32 LPRA Ap. V, R. 43.

23 32 LPRA Ap. V, R. 47.

24 Apéndice 3 de la parte apelante, a la pág. 14 y Apéndice 4 de la parte apelante,

a la pág. 15.
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solicitud estuvo bien fundamentada en la prueba 

desfilada en la vista celebrada para dilucidar este 

asunto, según se desprende de la transcripción de la 

correspondiente vista.

El 2 de octubre de 2023, la parte apelante presentó escrito 

informando que contaba con la transcripción de la prueba oral (en 

adelante, TPO). Por tanto, mediante Resolución del 5 de octubre de 

2023, se le ordenó notificar la misma a la parte apelada y de ahí, 30 

días para presentar la TPO debidamente estipulada con la parte 

apelada. Así las cosas, mediante Resolución del 8 de noviembre de 

2023, se concedió a la parte apelada hasta el 16 de noviembre de 

2023, para informar si estipulaba la prueba oral y que decursado el 

término sin que se cumpliera con lo ordenado, la parte apelante 

debía presentar la TPO, la cual se acogería como estipulada. Luego, 

el 27 de noviembre de 2023, la parte apelante presentó Moción en 

Cumplimiento de Resolución y para Someter la Transcripción de la 

Prueba Oral. En respuesta, el 29 de noviembre de 2023, este

Tribunal emitió una Resolución, en la cual acogió como estipulada 

la TPO presentada. 

De ahí, el 26 de diciembre de 2023, la parte apelante presentó 

su Alegato Suplementario; mientras que, el 22 de enero de 2024, la 

parte apelada presentó Alegato en Oposición Parte Apelada. Con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes y la transcripción de 

la prueba oral, procederemos a exponer el derecho aplicable.

II

A. Recurso de Apelación

La Regla 52.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil 25 , 

dispone que los recursos de apelación tienen que presentarse dentro 

de un término jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en 

autos de copia de la notificación de la sentencia recurrida. Como es 

conocido, un plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere 

25 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).
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decir que no admite justa causa, es improrrogable, y que su 

incumplimiento es insubsanable.26 La correcta notificación de una 

sentencia es una característica imprescindible del debido proceso 

judicial. 27 Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del 

Reglamento de este Tribunal establece que: 

Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos 

civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se 

presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta 

días contados desde el archivo en autos de una copia de 

la notificación de la sentencia.28

[...]

No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en 

alzada puede quedar interrumpido mediante la presentación 

oportuna de una moción de reconsideración fundamentada.29 En tal 

caso, el curso del término para apelar comienza a partir del archivo 

en autos copia de la notificación de la resolución que resuelve la 

moción.30 Esto, a pesar de que se haya declarado la moción No Ha 

Lugar.

B. Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil

La Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil regula la 

presentación de defensas y objeciones a una reclamación judicial.31

La moción de desestimación al amparo de esta regla es una defensa 

especial que formula el demandado en la que solicita que se 

desestime la demanda presentada en su contra, aun sin necesidad 

de formular una alegación previa.32

La regla establece que:

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 

siguientes defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada: 

26 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145 

DPR 122, 131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).

27 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).

28 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).

29 32 LPRA Ap. V, R. 47.

30 Id.

31 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

32 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). Colón v. 

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). 
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(1) falta de jurisdicción sobre la materia; 

(2) falta de jurisdicción sobre la persona; 

(3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; 

(5) dejar de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio;

(6) dejar de acumular una parte indispensable. 33

(Énfasis suplido).

El tribunal interpretará las alegaciones de la demanda 

conjuntamente, de forma liberal y de la manera más favorable 

posible a la parte demandante para determinar si la misma es 

suficiente para constituir una reclamación válida.34 No obstante, 

procederá la desestimación cuando existan circunstancias que 

permitan a los tribunales determinar, sin ambigüedades, que la 

demanda carece de todo mérito o que la parte demandante no tiene 

derecho a obtener algún remedio.

35

C. Determinaciones de Hecho Adicionales

La Regla 43 de las Reglas de Procedimiento Civil aborda lo 

relativo a las enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales.36

A esos efectos, la Regla 43.1 de las Reglas de Procedimiento Civil lee 

como sigue:

No será necesario solicitar que se consignen 

determinaciones de hechos a los efectos de una 

apelación, pero a moción de parte, presentada a más 

tardar quince (15) días después de haberse archivado 

en autos copia de la notificación de la sentencia, el 

tribunal podrá hacer las determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho iniciales correspondientes si 

éstas no se hubiesen hecho por ser innecesarias, de 

acuerdo con la Regla 42.2, podrá enmendar o hacer 

determinaciones adicionales o podrá enmendar la 

sentencia en conformidad. Si una parte interesa 

presentar una moción de enmiendas o determinaciones 

iniciales o adicionales, reconsideración o de nuevo 

juicio, éstas deberán presentarse en un solo escrito y el 

tribunal resolverá de igual manera. En todo caso, la 

suficiencia de la prueba para sostener las 

determinaciones podrá ser suscitada posteriormente 

aunque la parte que formule la cuestión no las haya 

objetado en el tribunal inferior, no haya presentado una 

moción para enmendarlas o no haya solicitado 

sentencia.

33 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

34 Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010). Pressure Vessels PR v. 

Empire Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994). 

35 González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 235 (2016). 

36 32 LPRA Ap. V, R. 43.
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La moción de enmiendas o determinaciones iniciales o 

adicionales se notificará a las demás partes en el pleito 

dentro de los quince (15) días establecidos por esta regla 

para presentarla ante el tribunal. El término para 

notificar será de cumplimiento estricto.37

D. Solicitud de Reconsideración

Una parte adversamente afectada por una orden o una 

resolución del TPI podrá presentar una moción solicitando la 

reconsideración de la orden o la resolución, dentro del término de 

cumplimiento estricto de quince (15) días, contados a partir de la 

fecha de la notificación de la orden o resolución. Así lo dispone la 

Regla 47 de las Reglas de Procedimiento Civil.38

Al presentar una moción de reconsideración ante el TPI de 

manera oportuna, los términos concedidos para acudir en revisión 

judicial quedarán paralizados, siempre y cuando su contenido 

cumpla con los requisitos expuestos en la Regla 47 de las Reglas de 

Procedimiento Civil.39 “[S]alvo mociones escuetas y sin fundamentos 

de clase alguna, una moción que razonablemente cuestiona la 

decisión y la cual fundamente su planteamiento, será suficiente 

para cumplir con la regla”.40 A tales efectos, expone la referida Regla 

47:

[...] 

La moción de reconsideración debe exponer con 

suficiente particularidad y especificidad los hechos y el 

derecho que el promovente estima que deben 

reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales 

relacionadas con las determinaciones de hechos 

pertinentes o conclusiones de derecho materiales.

La moción de reconsideración que no cumpla con las 

especificidades de esta regla será declarada “sin lugar” 

y se entenderá que no ha interrumpido el término para 

recurrir.41

37 32 LPRA Ap. V, R. 43.1.

38 32 LPRA Ap. V, R. 47.

39 Id. Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, 201 DPR 330, 338 (2018). Rivera 

Marcucci et al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 167 (2016). Mun. Rincón v. Velázquez 

Muñiz y otros, 192 DPR 989, 999 (2015). Morales y otros v. The Sheraton Corp., 

191 DPR 1, 8–9 (2014).

40 J.A. CUEVAS SEGARRA, TRATADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL 1366 (2011). Colón 

Burgos v. Marrero Rodríguez, Id.

41 32 LPRA Ap. V, R. 47.
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En dichas instancias, los términos para recurrir en alzada al 

Tribunal de Apelaciones quedarán suspendidos para todas las 

partes.42 El término comenzará a decursar nuevamente a partir de 

la fecha en que se archive en autos copia de la notificación de la 

resolución para resolver la moción de reconsideración.43

E. Apreciación de la Prueba, Deferencia Judicial y Discreción 

Judicial

Como es sabido, el ejercicio discrecional de la apreciación de 

la prueba que ejerce el TPI y las determinaciones que realiza están 

revestidas de confiabilidad y merecen respeto y deferencia.44 Por 

ello, la valoración que lleva a cabo el foro primario se presume 

correcta, toda vez que es este quien tiene la oportunidad de ver, 

escuchar y valorar las declaraciones de los testigos, así como sus 

lenguajes no verbales. 45 Por su parte, un foro apelativo cuenta 

solamente con “récords mudos e inexpresivos”, por lo que se le debe 

respeto a la adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador 

primario de los hechos.46 En ese sentido, y como regla general, no 

debemos intervenir con las determinaciones que este haya efectuado 

en virtud de la presunción de corrección de la que gozan.47

En vista de lo anterior, nuestro máximo foro ha resuelto que 

un tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de 

instancia, salvo cuando estén presentes circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto, o cuando un análisis integral de la prueba así lo 

42 Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, supra.

43 Id. Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 719 (2011). Insular 

Highway v. A.I.I. Co., 174 DPR 793, 805 (2008). Lagares v. ELA, 144 DPR 601, 

613 (1997).

44 Pueblo v. Pérez Nuñez, 208 DPR 511, 514 (2022). Argüello v. Argüello, 155 DPR 

62, 79 (2001) citando a Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987). Trinidad 

v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001).

45 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219 (2021). Meléndez Vega v. 

El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013). Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133, 148 

(2009). Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). 

46 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, 177 DPR 345, 356 

(2009). Trinidad v. Chade, supra, 291.

47 Pueblo v. Pérez Nuñez, supra, 529.
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justifique.48 El Alto Foro ha determinado que un juzgador incurre en 

pasión, prejuicio o parcialidad si actúa movido por inclinaciones 

personales de tal intensidad que adopta posiciones, preferencias o 

rechazos con respecto a las partes o sus causas que no admiten 

cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e incluso 

antes de que se someta prueba alguna.49 En consecuencia, al este 

tribunal apelativo enfrentarse a la tarea de revisar las 

determinaciones del foro de instancia, no debe intervenir con las 

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba ni con 

la adjudicación de credibilidad efectuadas por el mismo, excepto en 

aquellas situaciones en que se demuestre que este último: (i) actuó 

con prejuicio o parcialidad, (ii) incurrió en un craso abuso de 

discreción, o (iii) se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.50

Con relación al error manifiesto, un juzgador incurre en este 

cuando de un análisis de la totalidad de la evidencia, este Tribunal 

queda convencido de que las conclusiones están en conflicto con el 

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

evidencia recibida.51 Por tanto, debe existir base suficiente en la 

prueba admitida que apoye la determinación del foro.52

De igual forma, se podrá intervenir con la determinación del 

TPI cuando la referida valoración se aparte de la realidad fáctica o 

resulte inherentemente imposible o increíble; de lo contrario, el 

tribunal apelativo deberá abstenerse de intervenir con la apreciación 

de la prueba hecha por el juzgador de los hechos.53

48 Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996). Coop. Seguros Múltiples 

de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 

8, 14 (1987). Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).

49 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013).

50 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011). Ramírez 

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009). Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 789 (2002). 

Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 62-63 (1991).

51 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 772.

52 Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018). Pueblo v. Irizarry, supra.

53 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra. Pueblo v. Arlequín Vélez, 204 DPR 

117, 148 (2020). Pueblo v. Martínez Landrón, 202 DPR 409, 424 (2019) citando a 
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A esos efectos, aunque no está exenta de la posibilidad de toda 

revisión, si la actuación del tribunal a quo no está desprovista de 

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, 

lo lógico es que prevalezca el criterio del TPI a quien corresponde la 

dirección del proceso.54 Los foros apelativos podremos intervenir con 

tal apreciación luego de realizar una evaluación rigurosa y que, de 

esta, surjan serias dudas, razonables y fundadas.55

Las decisiones discrecionales que toma el TPI no serán 

revocadas a menos que se demuestre que ese foro abusó de su 

discreción. 56 Un tribunal de justicia incurre en un abuso de 

discreción cundo el juez: (i) no toma en cuenta e ignora en la decisión 

que emite, sin fundamento para ello, un hecho material importante 

que no podía ser pasado por alto; (ii) por el contrario, sin 

justificación ni fundamento alguno, concede gran peso y valor a un 

hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en 

éste; o, (iii) no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 

hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, los 

sopesa y calibra livianamente.

57

A su vez, es una norma bien establecida de nuestro sistema 

de justicia que la discreción judicial permea la evaluación de la 

evidencia presentada en los casos y controversias.58 No obstante, 

una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal revisor.59 A 

esos efectos, conviene destacar que, la intervención del foro 

apelativo con la prueba desfilada tiene que estar basada en un 

Pueblo v. Maisonave, supra, 63. González Hernández v. González Hernández, 

supra, 777. Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584 (2009). Pueblo v. Irizarry, 

supra. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra. 

54 Sierra v. Tribunal Superior, supra.

55 Pueblo v. Pérez Núñez, supra. 

56 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).

57 Pueblo v. Rivera Santiago, Id.

58 González Hernández v. González Hernández, supra, 776.

59 Rivera Pérez v. Cruz Corchado, supra.
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análisis independiente y no a base de los hechos que exponen las 

partes.

60

F. Teoría General de los Contratos

Bajo nuestro crisol doctrinario, “[l]as obligaciones nacen de la 

ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones 

ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia”.61 Dichas obligaciones contractuales tienen fuerza de 

ley entre las partes y deben cumplirse según lo pactado. 62 En 

nuestro ordenamiento jurídico, rige el principio de libertad de 

contratación.63 En lo que respecta a el contrato, este existe desde 

que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra 

u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio.64 Las partes 

contratantes, bajo el principio de autonomía contractual, pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

convenientes, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral, ni 

al orden público.65

Por lo tanto, una vez perfeccionado un contrato con el mero 

consentimiento, las partes que lo suscriben están sujetas, a hacer 

valer el cumplimiento de lo pactado, y a todas las consecuencias que 

según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.66 

Para que se considere que existe un contrato se requiere que 

concurran tres (3) requisitos: (i) consentimiento de los contratantes, 

(ii) un objeto cierto que sea materia del contrato, y (iii) la causa de 

la obligación que se establezca.67 En lo que concierne al requisito de 

60 Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 (2001). 

61 31 LPRA § 2992, Art. 1042. El Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue derogado 

por el Código Civil de Puerto Rico de 2020 aprobado mediante la Ley Núm. 55 de 

1 de junio de 2020. Para fines de la presente, se hace referencia únicamente al 

Código Civil derogado por ser la ley vigente y aplicable a la controversia que nos 

ocupa.

62 31 LPRA § 2994, Art. 1044.

63 Oriental Finance v. Nieves, 172 DPR 462, 470 (2007).

64 31 LPRA § 3371, Art. 1206.

65 31 LPRA § 3372, Art. 1207. Oriental Finance v. Nieves, Id., 470-471. Vélez v. 

Izquierdo, 162 DPR 88, 98 (2004).

66 31 LPRA § 3375, Art. 1210. Banco Popular de P.R. v. Sucn. Talavera, 174 DPR 

686, 693 (2008). 

67 31 LPRA § 3391, Art. 1213.
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consentimiento, este se manifiesta por el concurso de la oferta y de 

la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el 

contrato.68 Así, pues, los contratos serán obligatorios, cualquiera 

que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos 

concurran las condiciones esenciales para su validez.69

La intención de las partes será el criterio fundamental para 

fijar el alcance de las obligaciones contractuales.70 A raíz de ello, al 

momento de analizar la intención de los contratantes, los tribunales 

deben atender, no solo los actos anteriores, coetáneos y posteriores 

al contrato, sino también las circunstancias indicativas de la 

voluntad de las partes.71 A tales efectos, al examinar la intención 

contractual, resulta importante considerar quiénes son las partes, 

sus experiencias particulares y conocimientos especializados sobre 

la materia sobre la cual versa el contrato.72 La interpretación final 

debe ser cónsona con el principio de la buena fe y no llevar a 

resultados incorrectos, absurdos e injustos para las partes.73

III

En el recurso de Apelación ante nuestra consideración, la 

parte apelante nos ha solicitado la revisión de una Sentencia

mediante la cual se desestimó la causa de acción incoada tras el 

Tribunal a quo haber juzgado que la misma no justifica la concesión 

de un remedio. La parte apelante nos plantea que el foro primario 

incidió al desestimar la Demanda bajo el fundamento de que la 

misma se encontraba prescrita. Además, esboza que el foro primario 

se equivocó al denegar su solicitud sobre determinaciones de hechos 

adicionales y la reconsideración de la Sentencia. Por considerar que 

68 31 LPRA § 3401, Art. 1214.

69 31 LPRA § 3451, Art. 1230.

70 Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 DPR 64, 69 (1983).

71 31 LPRA § 3472, Art. 1234. Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., Id. Blas v. 

Hospital Guadalupe, 167 DPR 439, 451 (2006).

72 Unysis v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 853 (1991).

73 Guadalupe Solis v. González Durieux, 172 DPR 676, 684-685 (2007).
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los errores señalados pueden ser discutidos de manera conjunta, 

obraremos como tal. Veamos.

Es claro que el recurso ante nuestra consideración versa y se 

fundamenta en la apreciación de la prueba ante el foro primario. 

Nótese que, cónsono a lo que se desprende de los autos y según fue 

corroborado de la TPO, las partes renunciaron a presentar prueba 

documental, por lo que descansaron exclusivamente en el 

testimonio de los testigos que fueron presentados. Por un lado, la 

parte apelada presentó al señor Medina Colón; mientras que, por el 

otro, la parte apelada presentó al señor Pedro Colón. Con esta 

prueba, el Tribunal a quo adjudicó la controversia que atendió 

durante la vista evidenciaria, entiéndase, si procedía o no la 

desestimación de la Demanda instada.

Como tribunal revisor, venimos llamados a disponer si el foro 

primario incidió al ordenar la desestimación del presente caso. 

Sabido es que, en materia de derecho procesal, ordenar la 

desestimación de un pleito constituye una actuación excepcional. 

Ello, no obstante, procede la desestimación cuando existan 

circunstancias que permitan a los tribunales determinar, sin 

ambigüedades, que la Demanda carece de todo mérito o que la parte 

demandante no tiene derecho a obtener algún remedio.

74 En otras 

palabras, y salvo que quede evidenciado que el reclamante carece de 

amparo legal a la luz de los hechos alegados, la causa de acción debe 

ser ventilada en sus méritos. Un examen de los autos revela que en 

la solicitud de desestimación presentada por la parte apelada se 

planteó que, aun si se tomara como cierto el acuerdo verbal, la 

acción estaba prescrita. Por otro lado, en la oposición presentada 

por la parte apelante se opuso al planteamiento de prescripción; 

además, señaló que, la solicitud de desestimación presentada 

74 González Méndez v. Acción Social et al., supra. 
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estaba dirigida a los méritos de la controversia. Estando el asunto 

controvertido, el Tribunal a quo dispuso dirimirlo mediante la 

celebración de una vista. En la vista celebrada, el foro apelado 

recibió la prueba que cada parte determinó presentar para que se 

resolviera la moción dispositiva. 

Nótese que, contrario a lo expresado por la parte apelante, el 

TPI no dispuso la desestimación por prescripción. El foro primario, 

como cuestión de umbral evaluó la controversia, la cual se 

circunscribía a determinar si, en efecto, se perfeccionó o no 

el acuerdo verbal entre las partes y si éste produjo una obligación 

en derecho. Evaluada detenidamente la TPO, coincidimos con el TPI 

a los efectos de que no surge evidencia que demuestre la existencia 

de un acuerdo verbal que constituyera un contrato y que obligara a 

las partes. Además, el expediente está huérfano de documentación 

que sostenga el presunto perfeccionamiento de un acuerdo verbal, 

más allá de las meras alegaciones al efecto. Era a la parte apelante 

a quien le correspondía probar la existencia de un acuerdo verbal 

que obligara a las partes contratantes. Demás está decir, que, 

basado en lo anterior, se hacía hasta innecesario entrar en 

consideraciones sobre la defensa de prescripción.

Reiteramos que el dictamen emitido por el foro primario fue 

desestimar la acción presentada al amparo de la Regla 10.2 (5) de 

las Reglas de Procedimiento Civil.75 El tribunal apelado, a base de la 

prueba recibida y justipreciada, razonó que no se perfeccionó un 

acuerdo verbal entre las partes, por tanto, no se justificaba la 

concesión de un remedio. Acentuamos que, para que se considere 

que existe un contrato se requiere que concurran tres (3) requisitos: 

(i) consentimiento de los contratantes, (ii) un objeto cierto que sea 

materia del contrato; y, (iii) la causa de la obligación que se 

75 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5).
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establezca.76 Por tanto, los contratos serán obligatorios, cualquiera 

que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos 

concurran las condiciones esenciales para su validez.77

El foro de instancia le dio entera credibilidad a la parte 

apelada, sobre el hecho que las partes no habían llegado a 

un acuerdo verbal sobre la segregación del terreno. Como es sabido, 

de ordinario, los tribunales apelativos aceptamos como correctas las 

determinaciones de hechos de los tribunales de instancia, al igual 

que su apreciación sobre la credibilidad de los testigos y el valor 

probatorio de la prueba presentada en sala.78 Respecto a la tarea de 

adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente ocurrió, esta 

depende en gran medida de la exposición del juez a la prueba 

presentada, lo cual incluye, ver el comportamiento del testigo 

mientras ofrece su testimonio y escuchar su voz.79 Ahora bien, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que un tribunal 

revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo 

cuando estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, o cuando un 

análisis integral de la prueba así lo justifique.80 Por consiguiente, 

aunque no está exenta de la posibilidad de toda revisión, si la 

actuación del Tribunal a quo no está desprovista de base razonable 

ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, lo lógico es que 

prevalezca el criterio del TPI a quien corresponde la dirección del 

proceso.81 Quiérase decir, las decisiones discrecionales que toma el 

TPI no serán revocadas a menos que se demuestre que ese foro 

abusó de su discreción.82

76 31 LPRA § 3391, Art. 1213.

77 31 LPRA § 3451, Art. 1230.

78 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 771.

79 Id.

80 Pueblo v. Calderón Álvarez, supra. Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 

supra. Rivera Pérez v. Cruz Corchado, supra. Sierra v. Tribunal Superior, supra.

81 Sierra v. Tribunal Superior, Id.

82 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Pueblo v. Rivera Santiago, supra.
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Por otro lado, la parte apelante nos invita a concluir que el 

foro apelado incidió al denegar la solicitud de determinaciones de 

hechos adicionales, así como la solicitud de reconsideración 

presentada. La Regla 42.2 de las Reglas de Procedimiento Civil 

dispone que:

En todos los pleitos, el tribunal especificará los hechos 

probados, consignará separadamente sus conclusiones 

de derecho y ordenará que se registre la sentencia que 

corresponda. [...] Las determinaciones de hechos 

basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a 

menos que sean claramente erróneas, y se dará la 

debida consideración a la oportunidad que tuvo el 

tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de los 

testigos. [...]83

Tras un análisis detenido y sereno de la TPO, vis a vis las 

determinaciones de hecho emitidas por el foro primario, es nuestra 

apreciación que no hubo un abuso de discreción al no haber acogido 

la moción sobre determinaciones de hechos adicionales. 

Destacamos que, las determinaciones de hechos no son a base de la 

prueba testifical vertida en la vista, sino que hace falta que la misma 

sea justipreciada con el correspondiente valor probatorio merecido 

al Tribunal a quo. Por lo anterior, mucho menos, incidió el TPI al 

denegar la moción de reconsideración. Por lo anterior, colegimos que 

no existe razón para intervenir con las determinaciones de hechos 

emitidas por el foro primario ni tampoco con la denegatoria de la 

reconsideración presentada. De igual forma, no vemos razón para 

descartar la apreciación de prueba que realizó el foro primario, 

cuando determinó que la prueba desfilada no era suficiente para 

probar la existencia de un acuerdo verbal que diera lugar a una 

obligación contractual. Actuó correctamente la primera instancia 

judicial. 

Por último, puntualizamos que, en el presente caso el 

juzgador de los hechos adjudicó el valor probatorio de los dos (2)

83 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.
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testimonios ofrecidos durante la vista. Nótese, además, que, los 

abogados de las partes tuvieron amplia oportunidad de hacer 

preguntas a ambos testigos. Abona a lo anterior que, en el presente 

caso, el juzgador de los hechos también formuló preguntas para 

cada testigo y al concluir el Tribunal dio oportunidad para hacer 

preguntas adicionales.84 En fin, un examen del expediente en su 

totalidad, incluyendo la TPO, revela que los procedimientos ante el 

foro primario marcharon de manera adecuada y no surge que haya 

habido alguna desviación. A la luz de la discusión y los fundamentos 

en derecho que anteceden, juzgamos que los errores esbozados no 

fueron cometidos. Cónsono a todo lo anterior, consideramos que no 

existe razón alguna para intervenir con el dictamen apelado, por lo 

que procede confirmar el mismo.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

84 En la TPO, a las págs. 47-50 y 87-91.