EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

McNeil Healthcare, LLC

Peticionario

v.

Municipio de Las Piedras y otros

Recurrido

Certiorari

2023 TSPR 135

213 DPR ___

Número del Caso: AC-2022-0077

Fecha: 14 de noviembre de 2023

Tribunal de Apelaciones:

Panel Especial

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Juan A. Marqués Díaz

Lcdo. Rubén Muñiz 

Lcda. Britt E. Arrieta Rivera

Abogados de la parte recurrida:

Lcdo. Eduardo H. Martínez Echeverría

Lcdo. Miguel Eliza Rivera

Lcda. Lourdes I. Morera Ledón

Lcdo. José A. Maysonet Marrero

Materia: Ley de Patentes Municipales - Efecto de una declaración 

falsa o fraudulenta con la intención de evadir el pago de patente; 

parte a quien le corresponde el peso de la prueba, y la declaración 

sobre volumen de negocio.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso 

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal 

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público 

a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

McNeil Healthcare, LLC

Peticionario

v.

Municipio de Las Piedras y 

otros

Recurridos

 AC-2022-0077

Rodríguez emitió un

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2023.

El presente recurso nos permite examinar la 

disposición correspondiente a la excepción del término 

prescriptivo para determinar una deficiencia en el pago 

de patentes municipales, según dispone la Ley de 

Patentes Municipales, infra. En específico, nos brinda 

la oportunidad de interpretar el efecto de una 

“declaración falsa o fraudulenta con la intención de 

evadir el pago de patente[s]” y a qué parte le 

corresponde el peso de la prueba. 

De otro lado, la controversia trabada nos permite 

analizar si una declaración sobre volumen de negocio 

puede juramentarse ante una persona autorizada a tomar 

juramentos por las leyes de los Estados Unidos.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió la Opinión del Tribunal
Luego de un estudio cuidadoso del expediente y tras 

realizar un análisis particularizado de las normas jurídicas 

sobre Derecho Tributario, tanto a nivel estatal como federal, 

determinamos que, ante una alegación de falsedad o fraude en 

una declaración de volumen de negocio, la municipalidad que 

levanta la deficiencia en el pago de sus patentes tiene el 

peso de probar que la persona contribuyente actuó con 

intención de evadir tal pago. A su vez, resolvemos que una 

declaración sobre volumen de negocio puede juramentarse ante 

una persona autorizada a tomar juramentos por las leyes de 

los Estados Unidos, según provee la Ley de Patentes 

Municipales, infra.

A continuación, exponemos los hechos génesis a la 

controversia ante nos.

I.

Como resultado de varios pleitos civiles presentados por 

OMJ Pharmaceuticals, Inc. (OMJ) y Johnson & Johnson 

Professional Co. (PR) Inc. (Johnson & Johnson) en contra del 

Municipio de Las Piedras (Municipio), este último quedó sujeto 

a reintegrar a ambas compañías las cantidades pagadas en 

concepto de patentes municipales en exceso.1 No obstante, en 

el ínterin del proceso judicial, las compañías codemandantes 

se habían fusionado entre sí, sobreviviendo únicamente OMJ. 

Consecutivamente, OMJ transfirió indirectamente todos sus 

1 Véase: Johnson & Johnson Professional Co. (PR) Inc. v. Hon. Ángel R. 

Peña Rosa, Alcalde de Las Piedras y otros, Civil Núm. HSCI200201170 

consolidado con OMJ Pharmaceuticals, Inc. v. Hon. Ángel R. Peña Rosa, 

Alcalde de Las Piedras y otros, Civil Núm. HSCI200201169.

AC-2022-0077 2
AC-2022-0077 3

activos y operaciones en el Municipio a McNeil Healthcare LLC 

(McNeil). Sin embargo, durante el pleito, nunca se incluyó ni 

se sustituyó a McNeil como parte de este.

Así las cosas, y por una alegada falta de recursos 

económicos de parte del Municipio para satisfacer la deuda 

con las codemandantes, estas últimas propusieron transar un 

por ciento de la deuda a cambio de una exención contributiva. 

En respuesta, el 18 de abril de 2008, la entonces alcaldesa 

del Municipio, Itzamar Peña Ramírez, cursó una misiva en la 

que expresó que su administración tenía la intención de 

otorgarle a Johnson & Johnson la exención solicitada “luego 

de la aprobación de una Ordenanza Municipal autorizando a la 

Alcaldesa para estos propósitos”.2 A cambio, esta compañía 

condonaría al Municipio del pago total de la deuda finalmente 

adjudicada por el Tribunal. 

Como resultado, el 30 de agosto de 2008 la Legislatura 

Municipal de Las Piedras adoptó la Resolución Número 12, Serie 

2008-2009 (Resolución Núm. 12), en la que se le concedió una 

exención contributiva a McNeil por un término de 15 años, a 

partir del 1 de julio de 2008. En específico, se le confirió 

una tasa preferencial del 0.025% del 1% sobre el volumen de 

negocios para el pago de patentes municipales. Por su parte, 

el Municipio quedaría eximido de pagar la deuda adjudicada en 

los casos civiles HSCI2002-01169 y HSCI2002-01170. 

De acuerdo con lo anterior, el Municipio preparó un

2 Apéndice de la Apelación, pág. 220. 
AC-2022-0077 4

documento titulado “CONCESIÓN DE EXENCIÓN CONTRIBUTIVA 

MUNICIPAL A MCNEIL HEALTHCARE LLC EN LO SUCESIVO DENOMINADO 

EL PETICIONARIO O CONCESIONARIO, CASO NÚM. _________ DE 

CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCIÓN NÚM 12 DEL 

30 DE AGOSTO DE 2008” (Concesión).3 En dicha Concesión se 

recogieron los acuerdos esbozados en la Resolución Núm. 12. 

Asimismo, se dispuso que McNeil vendría obligado a presentar 

su aceptación del acuerdo, mediante declaración jurada, luego 

de que se le expidiese una copia certificada del Decreto. En 

ese sentido, se dispuso que, una vez presentada la aceptación, 

“este Decreto se considerará como un contrato entre el 

Municipio de Las Piedras y el Peticionario”.4 Como cuestión 

de hecho, esta copia certificada nunca fue expedida por el 

Municipio y, como resultado, McNeil no presentó su aceptación 

bajo juramento. No obstante, a partir de entonces, McNeil 

utilizó la tasa preferencial para el cómputo de patentes 

municipales. 

El 9 de mayo de 2011 el Municipio cursó a McNeil una 

notificación preliminar de deficiencia para los años fiscales 

2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011.5 En la misiva, el Municipio 

aseveró que la Resolución aprobada no cumplía con las 

disposiciones de la Ley de Patentes Municipales, infra, y 

que, por tanto, la exención conferida era nula. De esta 

manera, concluyó que McNeil debía computar las patentes a 

3 Íd., pág. 226. 

4 Íd., pág. 228.

5 Fecha de depósito en correo certificado. 
AC-2022-0077 5

pagar a base del 0.5%, lo que constituía la tasa vigente en 

el Municipio. Empero, no fue hasta el 19 de febrero de 2013

que el Municipio remitió la notificación final de la 

deficiencia, la cual fijó en la suma total de $2,643,196, 

tras añadir penalidades, intereses y recargos. Entre estas 

penalidades, se incluyó un señalamiento de que McNeil no había 

presentado la declaración sobre volumen de negocio para el 

año fiscal 2010-2011, por haber sido juramentada ante una 

notaria del estado de Nueva Jersey. 

A raíz de esta notificación, el 21 de marzo de 2013, 

McNeil presentó una demanda en contra del Municipio al amparo 

de la Ley de Patentes Municipales, infra. En esta, impugnó la 

deficiencia notificada y reclamó la validez de la Concesión. 

Asimismo, arguyó que el Municipio estaba impedido de notificar 

y tasar deficiencias para el año fiscal de 2008-2009 por haber 

expirado el término prescriptivo que provee la ley para ello. 

Por otro lado, sostuvo que la penalidad impuesta para el año 

fiscal 2010-2011 sobre incumplimiento de la declaración 

jurada sobre el volumen de negocios es improcedente ya que 

rindió la referida declaración conforme a lo requerido en la 

ley. 

Ulteriormente, el Municipio notificó a McNeil dos 

notificaciones finales de deficiencia que incluían los años 

fiscales 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.6 En respuesta, 

6 La notificación final para los años 2011-2012 y 2012-2013 se realizó 

mediante carta fechada el 4 de abril de 2013. Por su parte, la notificación 

final para el año fiscal 2013-2014 se hizo a través de carta fechada el 

28 de mayo de 2014. 
AC-2022-0077 6

McNeil presentó dos demandas adicionales en las que impugnó 

tales notificaciones. Los tres pleitos fueron consolidados el 

5 de noviembre de 2014.

En lo pertinente, el 24 de febrero de 2015, el Municipio 

presentó una Moción de sentencia sumaria parcial en la que 

solicitó que: (1) se determinara si existía una legislación 

válida que autorizara la exención contributiva a la que aludía 

McNeil y (2) de existir tal legislación, si en efecto, McNeil 

poseía tal derecho. Arguyó que la Ley de Patentes Municipales, 

infra, no autorizaba al Municipio a conceder únicamente a 

McNeil una tasa contributiva sobre volumen de negocios 

preferencial del 0.025%. En la alternativa, argumentó que, de 

sostenerse la validez de la Concesión, el contrato no quedó 

perfeccionado pues no se presentó la aceptación bajo 

juramento, según disponía la Concesión.

Por su parte, McNeil presentó una oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria parcial del Municipio, y a su 

vez, solicitó que se dictase sentencia sumaria a su favor. En 

dicho escrito, reiteró la validez de la Resolución Núm. 12, 

así como la prescripción de la tasación de la deficiencia 

para el año fiscal 2008-2009. En la alternativa, expuso que, 

de determinarse que la Concesión era inválida, el Municipio 

venía obligado a pagarle la cantidad adeudada como resultado 

del pleito anterior. Asimismo, argumentó que presentó 

debidamente la declaración para los años 2010-2011 por lo que 

no procedía la penalidad impuesta.
AC-2022-0077 7

Sometidas las mociones, y tras varios trámites 

procesales, el 29 de abril de 2021, el Tribunal de Primera 

Instancia notificó una Sentencia mediante la cual desestimó 

las demandas de McNeil y confirmó las notificaciones de 

deficiencia levantadas por el Municipio. Coligió que la 

Resolución Núm. 12 no redujo válidamente el tipo contributivo 

vigente en el Municipio debido a que: (1) al ser aprobada 

para un propósito limitado, no se podía considerar como una 

ordenanza; (2) no incluyó una reducción a otros negocios y 

(3) no se hizo con el propósito de incentivar una industria. 

Por otra parte, aun si la Resolución Núm. 12 fuera válida, 

concluyó que no se perfeccionó el acuerdo entre las partes 

debido a que el Municipio no hizo una oferta mediante la 

expedición de una copia certificada, como tampoco McNeil 

materializó una aceptación mediante la presentación de una 

declaración jurada en la Oficina del Director de Finanzas del 

Municipio. 

En cuanto a la prescripción de la deuda para el año 2008-

2009, resolvió que el término no estaba prescrito pues 

aplicaba una de las excepciones recogidas en la ley.7 En ese 

7 La Sección 19 de la Ley de Patentes Municipales, Ley Núm. 113 de 10 de 

julio de 1974 (21 LPRA secs. 651-652y) (derogada) disponía que:

Excepto lo provisto en la Sección 20 de esta ley: 

(a)Regla general.— El monto de las patentes impuestas por 

autorización de esta ley será tasado dentro de los cuatro (4) 

años después de haberse rendido la declaración y ningún 

procedimiento en el tribunal sin tasación para el cobro de 

dichas patentes será comenzado después de la expiración de 

dicho período.

[. . .] 21 LPRA sec. 651r(a) (ed. 2014) (énfasis suplido).
AC-2022-0077 8

sentido, coligió que el término prescriptivo no aplicaba 

porque McNeil voluntariamente presentó información falsa al 

reclamar la tasa preferencial del 0.025% al momento de 

presentar la declaración sobre el volumen de negocios. Según 

el análisis esbozado por el foro primario, McNeil debió haber 

sabido que no tenía derecho a tal exención. Por tanto, el 

Tribunal de Primera Instancia determinó que McNeil produjo, 

deliberadamente, información falsa al presentar la 

declaración impugnada.

A su vez, la sala sentenciadora validó la penalidad por 

no presentar la declaración para el año 2010-2011 debido a 

que la declaración rendida no fue debidamente juramentada. En 

particular, sostuvo que la declaración que presentó McNeil, 

juramentada ante una notaria del estado de Nueva Jersey, no 

era válida pues la Ley de Patentes Municipales, infra, exigía 

que se hiciese ante un funcionario autorizado por el Estado 

Libre Asociado. Añadió que McNeil tan siquiera acreditó la 

autoridad legal de la referida notaria por los medios que 

dispone la legislación notarial.

Finalmente, en cuanto a la acreencia de la deuda por los 

casos HSCI2002-01169 y HSCI2002-01170, determinó que esta 

pertenecía a las entidades allí demandantes y no a McNeil. 

Por su parte, la Sección 20 de la referida ley apercibía que:

(a)En el caso de una declaración falsa o fraudulenta con la 

intención de evadir el pago de la patente o en el caso de que 

se dejare de rendir declaración, la patente podrá ser tasada, 

o un procedimiento en el tribunal sin tasación para el cobro 

de dicha patente podrá comenzarse, en cualquier momento. 21 

LPRA sec. 651s (ed. 2014) (énfasis suplido).
AC-2022-0077 9

Inconforme, el 16 de agosto de 2021, McNeil presentó un 

recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones en el 

que reiteró los planteamientos esbozados ante el foro 

inferior. El 2 de mayo de 2022, el Tribunal de Apelaciones 

notificó una Sentencia en la que confirmó el dictamen 

recurrido. En síntesis, el foro apelativo intermedio coincidió 

con el razonamiento esbozado por el foro primario. Así las 

cosas, el 17 de mayo de 2022, McNeil presentó una Moción de 

reconsideración. Esta fue denegada mediante una Resolución

notificada el 17 de junio de 2022. 

Insatisfecho aún, el 16 de agosto de 2022, McNeil 

presentó ante este Tribunal el presente recurso y señaló los 

errores siguientes:

Erró el TA al confirmar al TPI y concluir que McNeil 

no es la acreedora legal de la deuda del Municipio 

bajo los casos números HSCI20021169 y 

HSCI200201170.

Erró el TA al concluir que procede la penalidad por 

dejar de rendir la declaración de volumen de 

negocios del año fiscal 2010-2011.

Erró el TA al concluir que la deficiencia para el 

año fiscal 2008-2009 no está prescrita porque aquí 

no se probó que hubo la requerida intención del 

contribuyente para que medie una declaración 

[falsa] bajo la Ley de Patentes.

Erró el TA determinar la invalidez o inexistencia 

de la Resolución 12. 

Erró el TA determinar que no existe una concesión 

válida toda vez que aquí quedó perfeccionado el 

contrato, se cumplieron con los requisitos para que

exista un contrato y las partes que comparecieron 

son las partes correctas que se obligaron bajo el 

contrato. 
AC-2022-0077 10

Tras acoger el presente recurso como un certiorari, lo 

expedimos a los efectos de atender únicamente el segundo y el 

tercer error señalado. Contando con las comparecencias de las 

partes, resolvemos.

II.

A. Ley de Patentes Municipales

Nuestra Constitución dispone que el poder del Estado 

“para imponer y cobrar contribuciones y autorizar su 

imposición y cobro por los municipios se ejercerá según se 

disponga por la Asamblea Legislativa, y nunca será rendido o 

suspendido”. Art. VI, Sec. 2, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Por 

consiguiente, los municipios, por sí mismos, no cuentan con 

un poder inherente para imponer contribuciones. Lukoil Pan 

Americas v. Mun. Guayanilla, 192 DPR 879, 887 (2015); Interior 

Developers v. Mun. de San Juan, 177 DPR 693, 703 (2009); Levy, 

Hijo v. Mun. de Manatí, 151 DPR 292, 299 (2000). No obstante, 

en aras de que “los municipios tengan mecanismos para recaudar 

fondos y así poder brindarles más servicios a sus ciudadanos, 

la Asamblea Legislativa ha adoptado varios estatutos en donde 

se les delega la facultad de imponer contribuciones a nivel 

municipal”. Lukoil Pan Americas v. Mun. Guayanilla, supra, 

pág. 887 (escolios omitidos).

Uno de estos estatutos fue la Ley de Patentes 

Municipales, Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974 (21 LPRA 
AC-2022-0077 11

secs. 651-652y) (derogada).8 Entre otras cosas, esta 

legislación autorizó a todas las asambleas municipales del 

país “a imponer y cobrar, de acuerdo con las disposiciones de 

esta ley, a toda persona dedicada a la prestación de cualquier 

servicio, o a la venta de cualquier bien, negocio financiero 

o cualquier industria o negocio” el pago de patentes 

municipales. 21 LPRA sec. 651b (ed. 2014).9 En ese sentido, 

las patentes no son más que “‘un impuesto sobre el volumen de 

negocios de la empresa objeto del tributo’, el cual se calcula 

a base del volumen de negocios llevado a cabo por la empresa 

en ese municipio”. Lilly del Caribe, Inc. v. Municipio 

Autónomo de Carolina, 210 DPR 306, 321 (2022) (citando a 

Lukoil Pan Americas v. Mun. Guayanilla, supra, pág. 889; Muñiz 

Burgos, Inc. v. Mun. de Yauco, 187 DPR 665, 681 (2013)). 

B. La falsedad o fraude en la presentación de declaraciones 

sobre el volumen de negocios 

El poder delegado a los municipios de imponer y cobrar 

impuestos no es irrestricto. Como las acciones del Estado, 

está sujeto a la protección constitucional del debido proceso 

de ley, la validez y exigibilidad de la deuda reclamada y los 

términos prescriptivos que se recogen a través de los 

distintos estatutos. Mun. San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 

219, 231 (2007). Esto pues, se busca evitar que, al ejercer 

8 La legislación aquí citada comprende la normativa vigente al momento de 

los hechos del caso de autos. Esta quedó derogada al aprobarse el Código 

Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107-2020, 21 LPRA secs. 7001-8351. Sin 

embargo, cabe resaltar que el artículo citado de la ley derogada se 

mantiene intacto, a grandes rasgos, en el Código Municipal de Puerto Rico.

9 Véase, además: Código Municipal de Puerto Rico, supra, 21 LPRA sec. 8161.
AC-2022-0077 12

las facultades conferidas, los municipios actúen de forma 

arbitraria. Íd.

De esta manera, la Ley de Patentes Municipales, supra, 

provee el procedimiento a seguir para la tasación de una 

deficiencia con respecto a la contribución impuesta. En 

específico, se impone la obligación de notificar 

preliminarmente la deficiencia a la persona sujeta al tributo 

para que oportunamente, si así lo desea, pueda solicitar la 

reconsideración de esta. 21 LPRA sec. 651o (ed. 2014).10 Una 

vez transcurridos los términos aplicables que permiten la 

reconsideración, el Director de Finanzas notificará por correo 

certificado la notificación final de la deficiencia alegada. 

21 LPRA sec. 651o (ed. 2014).11 Tal notificación de deficiencia 

no es otra cosa que “el trámite administrativo mediante el 

cual el municipio le informa al contribuyente que se determinó 

una contribución mayor a la que éste declaró”. Mun. San Juan 

v. Prof. Research, supra, págs. 231-232 (citas omitidas). De 

otro lado, la tasación de la patente constituye el acto de 

requerir el pago de la deficiencia, acto que ocurre una vez 

se remiten las notificaciones y la persona contribuyente tiene 

la oportunidad de impugnarlas. Íd., pág. 232. 

De conformidad con las garantías procesales, el 

procedimiento de tasación está sujeto al término prescriptivo 

de 4 años después de haberse presentado la declaración sobre 

10 Véase, además: Código Municipal de Puerto Rico, supra, 21 LPRA sec. 

8175.

11 Véase, además: Código Municipal de Puerto Rico, supra, 21 LPRA sec. 

8175.
AC-2022-0077 13

el volumen de negocios. 21 LPRA sec. 651r(a) (ed. 2014).12 Por 

ende, “ningún procedimiento en el tribunal sin tasación para 

el cobro de dichas patentes será comenzado después de la 

expiración de dicho período”. 21 LPRA sec. 651r(a) (ed. 2014) 

(énfasis suplido).13 En el suceso de incumplimiento con el 

término prescriptivo señalado, el municipio se corre el riesgo 

de perder el derecho a recobrar la contribución no devengada. 

Mun. San Juan v. Prof. Research, supra, pág. 232. No obstante, 

lo anterior está sujeto a varias excepciones. 

En lo concerniente, la Ley de Patentes Municipales, 

supra, establece que, tanto el Director de Finanzas del 

municipio en cuestión como la persona contribuyente a la que 

se le atribuye la deficiencia, pueden pactar por escrito tasar 

la patente con posterioridad al vencimiento del plazo 

prescriptivo. 21 LPRA sec. 651s(b) (ed. 2014).14 Asimismo, la 

Sección 20 de la citada ley dispone que:

En el caso de una declaración falsa o 

fraudulenta con la intención de evadir el pago de 

la patente o en el caso de que se dejare de rendir 

declaración, la patente podrá ser tasada, o un 

procedimiento en el tribunal sin tasación para el 

cobro de dicha patente podrá comenzarse, en 

cualquier momento. 21 LPRA sec. 651s(a) (ed. 2014) 

(énfasis suplido).15

Esta Curia no ha tenido la oportunidad de interpretar la

12 Véase, además: Código Municipal de Puerto Rico, supra, 21 LPRA sec. 

8178(a).

13 Véase, además: Código Municipal de Puerto Rico, supra, 21 LPRA sec. 

8178(a).

14 Véase, además: Código Municipal de Puerto Rico, supra, 21 LPRA sec. 

8179(b).

15 Véase, además: Código Municipal de Puerto Rico, supra, 21 LPRA sec. 

8179(a).
AC-2022-0077 14

disposición anteriormente citada. Sin embargo, nótese que el 

texto reseñado es prácticamente idéntico al articulado 

correspondiente sobre las planillas o las declaraciones falsas 

que se recoge en el Código de Rentas Internas para un nuevo 

Puerto Rico, Ley Núm. 1-2011, 13 LPRA secs. 1010-6100.16 Por 

tanto, conviene aludir a ciertos pronunciamientos de este 

Tribunal que han interpretado las legislaciones tributarias a 

nivel estatal con el fin de darle contenido a la frase “la 

intención de evadir contribuciones”. 

En Soto Gras v. Domenech, 42 DPR 524 (1931) analizamos 

dos estatutos contributivos para esclarecer cuál era la ley 

aplicable del caso. Sobre el particular, se dispuso lo 

siguiente: 

La Ley de 1919 exigía para el caso de dejarse 

de rendir la declaración que lo fuera con el fin de 

evadir el pago de la contribución. La de 1925 fija 

escuetamente el hecho de dejarse de rendir la 

declaración. Esto en nada influye en la resolución 

de este caso. Lo que pudiera tener influencia es 

que la Ley de 1919 sólo exigía que la declaración 

fuera falsa, mientras que la de 1925 exige que la 

declaración sea ‘falsa o fraudulenta con la 

intención de evadir el pago de la contribución’, ya 

que falso tal como se usa en la Ley de 1919 ha sido 

definido e interpretado como incorrecto. Soto Gras 

v. Domenech, supra, pág. 528 (citando a Klein, 

Federal Income Taxation, pág. 1470; Seaman v. 

Bowers, 297 Fed. 375; 25 C. J. 435, 436). (Énfasis 

suplido).

16 Planilla o Declaración Falsa o Ausencia de Planilla o Declaración:

En el caso de una planilla o declaración requerida bajo 

cualquier Subtítulo de este Código que fuese rendida de una 

manera falsa o fraudulenta con la intención de evadir 

contribución o en el caso de que se dejare de rendir planilla 

o declaración, la contribución podrá ser tasada, o un 

procedimiento en corte sin tasación para el cobro de dicha 

contribución podrá comenzarse, en cualquier momento. 13 LPRA 

sec. 33006 (énfasis suplido).
AC-2022-0077 15

Por su parte, en Pueblo v. Pietersz, 61 DPR 237 (1943), 

tuvimos la oportunidad de expandir sobre el criterio de 

intención que introdujo la legislación del 1925, antes citada 

en Soto Gras v. Domenech, supra. Al respecto, establecimos 

que: 

Creemos propio agregar que del mismo modo no 

se probó que Pietersz preparase su planilla 

fradulentamente con intención de evadir el pago de 

la contribución. Si verdaderamente se rinde una 

planilla, el hecho de no incluir en ella una porción 

del ingreso neto no la hace fraudulenta ipso facto. 

Convenir con esa contención nos obligaría a resolver 

que una planilla incorrecta es, sin más, una hecha 

con la intención de evadir la contribución. Los 

casos [f]ederales, interpretando una sección 

idéntica, desaprueban esa contención (Duffin v. 

Lucas, 55 F. (2d) 786 (C. C. A. 6to. Cir., 1932); 

Griffiths v. Commissioner of Internal Revenue, 50 

F. (2d) 782 (C. C. A. 7mo. Cir. 1931); Moore v. 

Commissioner of Internal Revenue, 37 B. T. A. 378 

(1938); Delone v. Commissioner of Internal Revenue, 

supra; Paul & Mertens, Law of Federal Income 

Taxation, Vol. 5, secciones 48.03, 48.09). Cf. 

Helvering v. Mitchell, 303 U. S. 391. En verdad, 

nuestra ley reconoció en su sección 58(a) que una 

planilla incorrecta, aun cuando se prepare 

negligentemente, no conlleva necesariamente la 

comisión de fraude. Pueblo v. Pietersz, supra, pág. 

241 (énfasis suplido).17

Es de notar que, en ese momento, no hicimos distinción 

alguna entre una declaración falsa o fraudulenta. Ahora bien, 

al enfrentarnos a dicha disposición, recurrimos a la 

casuística federal, a modo persuasivo, por la semejanza entre 

el esquema tributario federal y el nuestro; similitud que

subsiste en la actualidad. Ortiz Chévere v. Srio. Hacienda, 

186 DPR 951, 971 (2012). En lo concerniente, la Sección 

17 Cabe resaltar que la conducta imputada al contribuyente constaba en 

haber mentido sobre la cantidad final de ingresos devengados para el año 

1924. 
AC-2022-0077 16

6501(c) del Código Federal de Rentas Internas establece que: 

“In the case of a false or fraudulent return with the intent 

to evade tax, the tax may be assessed, or a proceeding in 

court for collection of such tax may be begun without 

assessment, at any time”. Internal Revenue Code, 26 U.S.C. 

sec. 6501(c) (énfasis suplido). 

Al examinar los términos falso y fraudulento, se ha 

interpretado que no existe una distinción significativa entre 

ambos. Brister v. U.S., 35 Fed. Cl. 214, 219 (1996). Sin 

embargo, puede entenderse que una declaración es falsa “si no 

era verdadera cuando se prestó y si la persona que la hizo 

sabía que era falsa”. Íd. (Traducción suplida) (énfasis 

suplido). Por tanto, al imputarse falsedad en la declaración 

impugnada, se requiere la presentación de prueba que 

establezca que hubo más que un mero error o negligencia. Íd. 

Asimismo, se ha expresado que el Gobierno debe probar que la 

declaración impugnada por alegada falsedad se hizo con la 

intención de evadir el pago de contribuciones. Feller v. 

C.I.R., 135 T.C. 497, 501 (2010). 

También, el término “fraude” se ha analizado de la forma 

siguiente: 

Fraud is defined as an intentional wrongdoing 

designed to evade tax believed to be owing. 

Professional Services v. Commissioner, 79 T.C. 888, 

930 (1982). Respondent's burden of proving fraud is 

met if it is shown that the taxpayer intended to 

evade taxes known to be owing by conduct intended 

to conceal, mislead[,] or otherwise prevent the 

collection of taxes. DiLeo v. Comm'r, 96 T.C. 858, 

874 (1991), affd., 959 F.2d 16 (2d Cir. 1992) 
AC-2022-0077 17

(citando a Stoltzfus v. United States, 398 F.2d 

1002, 1004 (3d Cir 1968); Rowlee v. Commissioner, 

80 T.C. 1111, 1123 (1983)). (Énfasis suplido).

A su vez, la existencia de fraude ha de ser determinada 

a la luz de la totalidad del expediente. DiLeo v. Comm'r, 

supra, pág. 874; Gajewski v. Commissioner, 67 T.C. 181, 199 

(1976). Sobre este particular, la casuística indica que el 

“fraude puede ser probado mediante prueba circunstancial”. 

DiLeo v. Comm'r, supra, pág. 874, Rowlee v. Commissioner, 

supra, pág. 1123 (traducción suplida). Como guía, la Corte de 

Apelaciones federal para el Noveno Circuito en Bradford v. 

Commissioner, 796 F.2d 303, 307 (9th Cir. 1986), proveyó una 

lista numerus apertus sobre el tipo de evidencia 

circunstancial que puede hacer más probable la intención de 

evadir el pago de impuestos en la declaración impugnada. Entre 

ellas se encuentran: (1) reportar ingresos menores a los 

devengados, (2) manejar inadecuadamente los libros de 

contabilidad, (3) ocultar activos y (4) participar en 

actividades ilegales. Bradford v. Commissioner, supra, pág. 

307.

C. Declaración sobre volumen de negocios

La Sección 10 de la Ley de Patentes Municipales, supra, 

establece que “[t]oda persona sujeta al pago de la patente o 

su agente autorizado estará obligada a rendir una declaración 

de volumen de negocio [. . .] bajo juramento prestado ante 

cualquier funcionario municipal o del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico autorizado para ello”. 21 LPRA sec. 651h(a)
AC-2022-0077 18

(ed. 2014) (énfasis suplido).18

Empero, sobre la facultad para tomar juramentos y 

declaraciones, de la Sección 41 de la referida ley se 

desprende que: 

Cualquier juramento o afirmación exigido o 

autorizado por esta ley o por cualesquiera 

reglamentos bajo autoridad de las mismas podrá ser

tomado por cualquier persona autorizada a tomar 

juramentos de carácter general por las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados 

Unidos, o del Distrito de Columbia donde se tomare 

dicho juramento o afirmación o por cualquier 

funcionario consular de los Estados Unidos. Este 

inciso no se interpretará como una enumeración 

exclusiva de las personas que podrán tomar dichos 

juramentos o afirmaciones. 21 LPRA sec. 652m(b) (ed. 

2014) (énfasis suplido).19

Por su parte, la Sección 22 impone el cargo de intereses 

y penalidades cuando se dejare de rendir la declaración sobre 

volumen de negocios, a no ser que se demuestre la existencia 

de causa razonable para la omisión y que esta no se debe a un 

descuido voluntario. 21 LPRA sec. 651u (ed. 2014). 

A su vez, el Reglamento para la Administración Municipal, 

Reglamento Núm. 7539 de 18 de julio de 2008, establece los 

requisitos a cumplir al presentarse la declaración sobre 

volumen de negocios. En lo pertinente, ordena que la 

declaración debe rendirse “bajo juramento prestado ante el 

18 Es meritorio enfatizar que, en el Código Municipal de Puerto Rico, 

supra, la Asamblea Legislativa eliminó lo relacionado con “el juramento 

prestado ante cualquier funcionario municipal o del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico autorizado para ello”, según citado en la Ley de Patentes 

Municipales, supra. Véase: Código Municipal de Puerto Rico, supra, 21 LPRA 

sec. 8169(a)(2). 

19 La facultad que tienen las personas autorizadas a tomar juramentos de 

carácter general por las leyes de Estados Unidos, según se recoge en el 

artículo citado, se preserva en el Código Municipal de Puerto Rico, supra. 

Véase: Código Municipal de Puerto Rico, supra, 21 LPRA sec. 8200(b).
AC-2022-0077 19

notario autorizado para tomarlo [. . .]”. Reglamento para la 

Administración Municipal, supra, pág. 171 (énfasis suplido). 

“La declaración que no cumpla con los requisitos mencionados 

se considerará como no [presentada]”. Íd., pág. 172.

Esbozado el marco jurídico aplicable a la controversia 

ante nos, disponemos de este asunto. 

III.

A.

Procedamos a atender primero el tercer error señalado en 

el recurso ante nos.

McNeil alegó que el Tribunal de Apelaciones erró al 

confirmar el dictamen del foro primario que determinó que la 

deficiencia sobre el año fiscal 2008-2009 no estaba prescrita. 

Alegó que los foros a quo le imputaron equivocadamente la 

excepción sobre declaración falsa o fraudulenta con la 

intención de evadir el pago de patentes “[s]in que el 

Municipio hubiese presentado prueba alguna que así lo 

demostrara [. . .]”.20 De esta manera, para los foros 

inferiores, McNeil “deliberadamente utilizó una tasa de 0.025% 

a la cual sabía que no tenía derecho”, lo que constituyó 

prueba suficiente para evitar la declaración de 

prescripción.21 No obstante, McNeil advierte que esta 

conclusión es problemática porque, de no tener que probarse 

el elemento subjetivo de intención que exige la ley, “se 

20 Apelación, pág. 25.

21 Íd.
AC-2022-0077 20

llegaría al absurdo de que toda declaración que contenga un 

error sería una declaración falsa automáticamente[,] 

[eliminando] así, para todo fin práctico, los términos 

prescriptivos dispuestos por el legislador”.22

El Municipio, por su parte, arguyó que la Sección 20 de 

la Ley de Patentes Municipales, supra, distingue entre una 

declaración falsa y una declaración fraudulenta con la 

intención de evadir el pago de patentes. En cuanto a la 

primera, sostuvo que “[b]asta con que se demuestre la falsedad 

de lo declarado a sabiendas de que lo que se declara es falso 

para que no aplique el periodo ordinario de cuatro años”.23 En 

ese aspecto, alegó que la peticionaria es una compañía 

multinacional sofisticada, por lo que le imputó conocimiento 

de que no existía acuerdo válido alguno que le concediera la 

tasa preferencial que reclamaba. De otro lado, indicó que, en 

el supuesto de estar llamado a probar la intención de evadir

el pago de patentes por parte de McNeil, del expediente surgía 

la prueba necesaria para establecer que esta, de forma clara 

y deliberada, tenía tal intención al declarar que le cobijaba 

la tasa preferencial del 0.025% cuando no le correspondía. No 

nos convence.

Hoy, resolvemos que para que aplique la excepción de 

declaración falsa o fraudulenta al término prescriptivo sobre 

deficiencias en el pago de patentes municipales, es 

22 Alegato de la parte peticionaria, pág. 28. 

23 Alegato de la parte recurrida, pág. 36 (énfasis en el original). 
AC-2022-0077 21

imprescindible demostrar que el acto imputado es uno 

intencional. A estos efectos, se requiere prueba de que hubo 

algo más que un mero error o negligencia al rendir la 

declaración de volumen de negocios. Por consiguiente, es 

insuficiente una mera alegación por parte del municipio en 

cuestión sobre una declaración con información falsa, sin 

establecer que la persona contribuyente tenía la intención de 

evadir el pago de la patente. 

En ambos supuestos –falsedad o fraude-, determinamos que 

son los municipios los llamados a establecer la intención de 

la persona contribuyente de defraudar al erario para rebatir 

la defensa de prescripción. Esto es indispensable pues, de 

otra forma, estaríamos ante un escenario en donde la misma 

limitación que intenta proteger a las personas contribuyentes 

del levantamiento de deficiencias tributarias por un término 

indefinido, constituiría letra muerta para todos los efectos 

reales. 

Como cualquier otro asunto probatorio, la intención de 

evadir contribuciones a la que nos referimos puede ser 

demostrada mediante prueba circunstancial. Es decir, a través 

de la totalidad de los hechos y la prueba que obra en el 

expediente, que tiendan a probar de forma indirecta lo 

alegado. Ante un planteamiento de aplicación de la excepción 

a la defensa de prescripción, les corresponde a los municipios 

el peso de la prueba de demostrar que, en efecto, las 

declaraciones presentadas fueron realizadas de manera falsa o 
AC-2022-0077 22

fraudulenta con el motivo de no pagar las patentes adeudadas.

Asimismo, por resultar persuasiva, y a tono con lo aquí 

pronunciado, adoptamos en nuestro ordenamiento jurídico la 

lista no taxativa adoptada por la Corte de Apelaciones federal 

para el Noveno Circuito en el marco de contribuciones sobre 

ingresos por entender que sirve como punto de partida para 

identificar aquella prueba circunstancial que puede 

establecer la intención de evadir el pago de patentes 

municipales. Véase Bradford v. Commissioner, supra, pág. 307. 

A saber: (1) reportar ingresos menores a los devengados; (2) 

manejar inadecuadamente los libros de contabilidad; (3) 

ocultar activos, y (4) participar en actividades ilegales. 

Íd.

Al aplicar la norma aquí acogida a los hechos 

particulares del caso, observamos que McNeil -al momento de 

rendir la declaración sobre el volumen de negocios en octubre 

de 2008- debió haber sabido que no tenía derecho a la tasa 

preferencial que reclamaba. Esto pues de la Concesión emitida 

el 30 de agosto de 2008 surge que para que dicho decreto se 

considerase un contrato entre las partes, McNeil venía llamado 

a presentar su aceptación del acuerdo mediante una declaración 

jurada. Ello, luego de que se le expidiera una copia 

certificada de la Concesión. Sin embargo, y como surge del 

expediente ante nos, lo anterior nunca ocurrió. Así pues, y 

al tomar en consideración la sofisticación de McNeil, 

concluimos que este presentó una declaración falsa al reclamar 
AC-2022-0077 23

una tasa preferencial al amparo de un contrato que nunca se 

perfeccionó. Sin embargo, esto no es suficiente para disponer 

de la controversia que nos ocupa.

Como aquí pautamos, son los municipios los llamados a 

demostrar la intención de evadir el pago de patentes cuando 

se pretenda utilizar la excepción de declaración falsa o 

fraudulenta al término prescriptivo sobre deficiencias en el 

pago de patentes municipales. Sin embargo, en este caso, el 

Municipio se limitó únicamente a imputarle a McNeil la 

falsedad de su declaración al sostener que esto era suficiente 

para que se levantara la prescripción de la deficiencia 

reclamada para el año 2008-2009. Al así actuar, el Municipio 

no cumplió con el estándar que aquí se establece. A estos 

efectos, es forzoso concluir que el tercer error señalado se 

cometió. No obstante, al adoptar en nuestro ordenamiento esta 

interpretación, entendemos prudente impartirle un efecto 

prospectivo.

Las decisiones emitidas por esta Curia, como norma 

general, tienen carácter retroactivo. Rosario Domínguez v. 

ELA, 198 DPR 197, 216 (2017); Datiz v. Hosp. Episcopal, 163 

DPR 10, 17 (2004). “No obstante, en el ejercicio de nuestra 

discreción judicial, hemos emitido opiniones con efecto 

prospectivo en consideración a las circunstancias fácticas 

del caso, la justicia, la equidad, la mejor convivencia social 

o para evitar dislocaciones severas en nuestro sistema 

económico”. Rosario Domínguez v. ELA, supra, pág. 216. Véanse 
AC-2022-0077 24

también: López v. Porrata Doria, 169 DPR 135 (2006); Isla 

Verde Rental v. García, 165 DPR 499 (2005).

A tono con lo anterior, hemos enumerado aquellos 

criterios que se han de considerar al momento de determinar 

si un nuevo precedente tendrá aplicación retroactiva o 

prospectiva, a saber: (1) la confianza depositada en la norma 

antigua o precedente; (2) el propósito que persigue la nueva 

regla para determinar si su retroactividad lo adelanta, y (3) 

el efecto de la nueva medida en la administración de la 

justicia. Rosario Domínguez v. ELA, supra, pág. 216; Fraguada 

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 393 (2012); Datiz 

v. Hospital Episcopal, supra, pág. 18.

Dicho esto, sostenemos que ante la controversia que nos 

ocupa, y al pronunciar la interpretación que hoy adoptamos, 

es apropiado que se le brinde una oportunidad al Municipio de 

demostrar mediante el desfile de prueba que McNeil -al 

presentar una declaración falsa- tuvo la intención de evadir 

el pago de las patentes. 

B.

En lo atinente al segundo error señalado, McNeil alega 

que los foros inferiores erraron al imponerle una penalidad a 

la declaración para los años 2010-2011 por entenderse como no 

presentada al ser juramentada ante una notaria del estado de 

Nueva Jersey. Para ello, se amparó en la Sección 41 de la Ley 

de Patentes Municipales, supra.24 Por otro lado, arguyó que no 

24 Véase: Alegato de la parte peticionaria, págs. 15-16.
AC-2022-0077 25

podía imputársele haber incumplido con los medios de 

acreditación que provee la legislación notarial en Puerto Rico 

para protocolización de los documentos otorgados fuera del 

país, pues lo anterior no constaba como requisito en la Ley 

de Patentes Municipales, supra.25 Sin embargo, de entenderse 

que sí era necesario el cumplimiento con el requisito de 

certificación que dispone la legislación notarial, sostuvo 

que a través del pleito en el foro primario, sí cumplió con 

tales requisitos.26

Por su parte, el Municipio arguyó que no se cometió tal 

error, puesto que la Sección 10 la Ley de Patentes 

Municipales, supra, establece que el juramento debe prestarse 

ante un funcionario municipal o del Estado Libre Asociado 

autorizado a estos efectos. A su vez, manifestó que el trato 

recíproco que se pueda ofrecer a los testimonios legitimados 

fuera de Puerto Rico no se rige por la Ley de Patentes 

Municipales, supra, sino por la Regla 41 del Reglamento 

Notarial, infra.27 Asimismo, indicó que en este caso no se 

acreditó siquiera la autoridad de la notaria de Nueva Jersey 

sino hasta una etapa avanzada del pleito.28

La Regla 41 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 

LPRA XXIV, dispone el procedimiento a seguir para la 

protocolización de los documentos notariales otorgados fuera 

de Puerto Rico. Se establece que, para que tengan la eficacia 

25 Íd., pág. 15.

26 Véase: Apéndice de la apelación, pág. 1796.

27 Alegato de la parte recurrida, pág. 16.

28 Íd., en la pág. 18.
AC-2022-0077 26

de instrumentos públicos en Puerto Rico, estos documentos 

deben ser protocolizados. Regla 41 del Reglamento Notarial, 

supra. En síntesis, se requiere que estos documentos sean 

legalizados, que no es otra cosa que presentar el documento 

que certifique por medio de la autoridad competente que, al 

momento de la legitimación, el notario o la notaria que la 

realizó estaba autorizada a ello. Regla 41 del Reglamento 

Notarial, supra. 

Como mencionamos anteriormente, la Sección 10 de la Ley 

de Patentes Municipales, supra, establece que la declaración 

de volumen de negocio deberá ser juramentada “ante cualquier 

funcionario municipal o del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico autorizado para ello [. . .]”. 21 LPRA sec. 651h(a). Sin 

embargo, la Sección 41 de la referida ley dispone que 

“cualquier juramento o afirmación exigido o autorizado por 

esta ley o por cualesquiera de los reglamentos [. . .] podrá 

ser tomado por cualquier persona autorizada a tomar juramentos 

de carácter general por las leyes del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico [o] de los Estados Unidos [. . .]”. 21 LPRA 

sec. 652m(b) (ed. 2014) (énfasis suplido). 

De un examen integral de la legislación citada no 

atisbamos impedimento alguno que evite que las personas 

contribuyentes rindan su declaración sobre volumen de negocios 

debidamente juramentadas por personas autorizadas a tomar 

juramentos al amparo de las leyes de los Estados Unidos. Al 

disponer sobre la facultad para tomar juramentos y 
AC-2022-0077 27

declaraciones exigidos a través de la legislación, la Sección 

41 no provee una excepción para las declaraciones aquí 

impugnadas, de modo que solamente puedan ser juramentadas ante 

un funcionario autorizado en el Estado Libre Asociado.29 En 

ese aspecto, resolvemos que la Ley de Patentes Municipales, 

supra, permite que las declaraciones sobre volumen de negocios 

sean juramentadas en los Estados Unidos o en el Distrito de 

Columbia ante funcionarios autorizados.

Ahora bien, es de notar que la Ley de Patentes 

Municipales, supra, no hace alusión alguna a la legislación 

notarial con respecto a la legalización del documento 

notarizado ante funcionario autorizado a ejercer fuera de 

Puerto Rico.30 En esta coyuntura, es imprescindible resaltar 

que la Regla antes citada corresponde al proceso para 

protocolizar estos documentos; es decir, para darles eficacia 

de instrumento público y que tengan acceso al Registro de la 

Propiedad de Puerto Rico. Este procedimiento no es el que 

pretende realizar el Municipio. 

En lo pertinente a la controversia trabada, McNeil 

presentó válidamente su declaración sobre volumen de negocios 

para el año fiscal 2010-2011, juramentada oportunamente ante 

29 Este análisis es cónsono, incluso, con las enmiendas realizadas por la 

Legislatura al promulgar el Código Municipal de Puerto Rico, supra. Véase 

el escolio número 16 de esta Opinión. Véase, además: Código Municipal de 

Puerto Rico, supra, 21 LPRA sec. 8200(b). 

30 Ciertamente, la práctica deseable sería que, de juramentarse las 

declaraciones ante funcionario autorizado en los Estados Unidos, al 

momento de presentarse tal declaración también se produzca la debida 

certificación según enmarcada en la Regla 41 del Reglamento Notarial, 

supra. De esta forma, los municipios tendrían mayor certeza de que el 

funcionario que realizó la juramentación goza de las facultades en ley 

para ello.
AC-2022-0077 28

la notaria Diane Zielinski, en el estado de Nueva Jersey. A 

su vez, durante el trámite procesal del pleito, McNeil 

presentó la debida certificación emitida por el mencionado 

estado en la que se acreditó que la comisión de la referida 

notaria estaba vigente a la fecha en que legitimó la firma de 

la declaración impugnada.31 En consecuencia, el segundo error 

señalado se cometió. No procede la penalidad impuesta puesto 

que McNeil sí presentó la declaración para el año 2010-2011 

conforme a derecho. 

IV.

Por los fundamentos expuestos, se modifica la Sentencia 

del Tribunal de Apelaciones respecto a los errores aquí 

atendidos. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que se celebre la vista evidenciaria pertinente 

a los efectos de determinar la existencia de una intención de 

evadir el pago de patentes por parte de McNeil. Asimismo, se 

ordena la eliminación de la penalidad adjudicada al año fiscal 

2010-2011 de conformidad con lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta

31 Véase: Apelación, pág. 23; Apéndice de la apelación, pág. 1796.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

McNeil Healthcare, LLC

Peticionario

v.

Municipio de Las Piedras y 

otros

Recurridos

AC-2022-0077

Rodríguez emitió en parte y disidente en parte

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2023.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que 

antecede, la cual se hace formar parte de la 

presente Sentencia, se modifica la Sentencia del 

Tribunal de Apelaciones respecto a los errores aquí 

atendidos. Se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para que se celebre la vista

evidenciaria pertinente a los efectos de determinar 

la existencia de una intención de evadir el pago de 

patentes por parte de McNeil Healthcare, LLC. 

Asimismo, se ordena la eliminación de la penalidad 

adjudicada al año fiscal 2010-2011 de conformidad 

con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica 

la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. El Juez 

Asociado señor Kolthoff Caraballo no intervino.

Bettina Zeno González

Secretaria del Tribunal Supremo Interina