Número Identificador

SEN2024 _________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

ISRAEL MARTÍNEZ 

GUTIERREZ

Recurrido

v.

SUN AIR 

PHOTOVOLTAIC, LLC.; 

CARLOS CÁCERES 

MAURY; COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO 

LOS HERMANOS

Recurrente

KLRA202400178

REVISIÓN

procedente del 

Departamento de 

Asuntos al 

Consumidor

Caso Núm:

SAN-2021-0009501

Sobre: Ley Núm. 5 

del 23 de abril de 

1973

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2024.

Sunair Photovoltaic LLC y el señor Carlos Cáceres Maury 

solicitan la revisión de la Resolución emitida el 25 de enero de 2024, 

por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Mediante 

dicha determinación, el DACo pautó ciertas directrices que las 

partes deberán cumplir y condicionó la resolución del contrato de 

compraventa pactado entre las partes a que el proceso de 

interconexión a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la 

medición neta rindiera resultados satisfactorios.

Por las razones que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.

I.

Según surge del expediente, el 16 de agosto de 2021, el señor 

Israel Martínez Gutiérrez y la señora Carmen M. Hernández Rosa

instaron una Querella contra Sunair Photovoltaic, el señor Cáceres 

Maury y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Hermanos. El 

remedio solicitado en la querella era que la aludida entidad
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culminara los trabajos por los cuales se le pagó, específicamente, la 

instalación de generación distribuida fotovoltaico, sistema 11KW, 

con 34 módulos solares, sistema de anclaje, interface “web” conector 

con la conexión para la planta eléctrica (“transfer switch”), entre 

otras cosas. En la alternativa, solicitaron la devolución del dinero en 

su totalidad, más los intereses pagados a la Cooperativa

coquerellada. Sunair Photovoltaic y el señor Cáceres Maury 

contestaron la querella el 31 de mayo de 2022.

Luego de múltiples incidentes procesales, los cuales 

incluyeron una inspección y vista ocular realizada el 19 de diciembre 

de 2022, se notificó el informe de los hallazgos a las partes. La vista 

se celebró el 7 de diciembre de 2023, a la cual comparecieron todas 

las partes representadas por sus respectivos abogados. Desfilada la 

prueba documental y testifical, el 25 de enero de 2024, el DACo dictó 

la Resolución recurrida, en la cual formuló las siguientes 

determinaciones de hechos:

1. La parte querellante se identifica en la querella de 

epígrafe como Israel Martínez Gutiérrez y Carmen H. 

Hernández Rosa, casados entre sí y residentes de 

Toa Alta, Puerto Rico.

2. La parte coquerellada Sun Air Photovoltaic, LLC. es 

una compañía de responsabilidad limitada, que fue 

inscrita en el Departamento de Estado el 24 de 

septiembre de 2015 y cancelada el 31 de diciembre 

de 2019, por no rendir sus informes anuales. Su 

agente residente y pesada autorizada es el 

coquerellado Carlos A. Cáceres Maury.

3. La parte coquerellada Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Los Hermanos fue la entidad que brindó el 

financiamiento del equipo objeto de la querella.

4. El 25 de marzo de 2017, la parte querellante 

suscribió con la parte coquerellada Sun Air 

Photovoltaic, LLC., un contrato para la instalación 

de generación distribuida fotovoltaico, sistema 1KW, 

con treinta y cuatro (34) módulos solares, sistema de 

anclaje, interface "web" conector, que incluía la 

conexión para la planta eléctrica ("transfer switch").

5. El contrato entre las partes incluía, además, los 

planos certificados, las certificaciones eléctricas, los 

permisos, instalación e interconexión con la AEE 

(medición neta). La garantía era de diez (10) años en 

la instalación y diez (10) años de mantenimiento 

incluidos.
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6. El sistema no fue vendido con respaldo de baterías, 

pero sí con un generador de energía.

7. El costo total del contrato fue financiado a través de 

la parte coquerellada Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Los Hermanos.

8. Realizada la instalación de las placas, la parte 

querellante reclamó a la coquerellada que el equipo 

no estaba funcionando. La querellada adeudaba a 

los querellantes dos tanques de gas.

9. La parte querellada no respondió satisfactoriamente 

a los reclamos de la parte querellante, por lo que el 

16 de agosto de 2021, radicaron la querella de autos.

10. Luego de varios incidentes procesales, durante una 

de las inspecciones, las partes llegaron a un 

acuerdo, a los fines de que la querellada evaluara la 

producción del equipo y gestionara los permisos para 

la interconexión a la AEE y la medición neta, con el

Ingeniero José M. Soto.

11. El Ingeniero José M. Soto requirió a la parte 

querellante información personal que dicha parte 

proveyó y le indicó que su propósito era someter los 

permisos correspondientes.

12. El Sr. Luis F. Vega Fernández, Investigador de 

Querellas del Departamento durante veintiocho (28) 

años, declaró durante la vista que "no pudo 

determinar de manera tangible" si el equipo estaba 

funcionando o no y si estaba produciendo energía. 

El técnico declaró que sólo había treinta y tres (33) 

placas instaladas.

13. La prueba desfilada y creída durante la vista no fue 

concluyente a los fines de establecer, que una vez se 

realice la interconexión a la AEE, el equipo 

funcionará satisfactoriamente, por lo que no 

podemos determinar si se cumplió o no con el 

acuerdo.

El DACo concluyó lo siguiente:

[...]

En el presente caso, la prueba desfilada no nos 

convenció de que se cumplió cabalmente con el acuerdo 

asumido durante la inspección. Es pertinente señalar, 

que, a tenor con el contrato suscrito entre las partes, la 

responsabilidad de obtener las certificaciones 

eléctricas, los permisos, la instalación e interconexión 

con la AEE (medición neta), era de la parte coquerellada 

Sun Air Photovoltaic y/o Carlos A. Cáceres Maury. A 

base de lo antes expresado, este Departamento debe 

ordenar a la parte coquerellada Sun Air Photovoltaic, 

LLC. culminar con las gestiones antes mencionadas, 

con la debida cooperación que a esos efectos la parte 

querellante deberá brindarle.

La parte querellada deberá, además, entregar a la parte 

querellante los dos tanques de gas y la placa solar 

faltante.
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Una vez se finalice el proceso de interconexión con la 

AEE y de medición neta, el Departamento llevará a cabo 

una inspección para determinar si el equipo instalado 

por la querellada está funcionando satisfactoriamente. 

Si el equipo funciona satisfactoriamente, el 

Departamento procederá al cierre y archivo de la 

querella. De determinar el Departamento que el equipo 

no está funcionando satisfactoriamente, se decretará la 

resolución del contrato de compraventa, y la parte 

querellada deberá reembolsar a la parte querellante las 

cuantías pagadas a la Cooperativa y saldar el balance 

del contrato financiamiento, que a esos efectos deberá 

certificar la Cooperativa.

En cuanto a la coquerellada Sun Air Photovoltaic, LLC., 

dicha entidad fue cancelada en diciembre de 2019, por 

no rendir sus informes anuales ante el Departamento 

de Estado, pero no surge del Registro de Corporaciones 

que dicha entidad haya comenzado el proceso de 

disolución de la corporación. Por tal razón, procede 

imponerle responsabilidad a dicha entidad.

Inconforme, el 20 de febrero de 2024, Sunair Photovoltaic 

incoó una Moción Solicitando Enmiendas y Determinaciones 

Adicionales de Hechos y Determinaciones de Derecho, y 

Reconsideración. Transcurrido el término de rigor, sin que la agencia 

recurrida actuara sobre su petitorio, Sunair Photovoltaic acude ante 

nos y señala que el DACo cometió los siguientes errores:

Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al 

apreciar la prueba y al omitir hacer determinaciones de 

hechos adicionales.

Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al no 

acoger enmiendas a las determinaciones de hechos 

según solicitadas.

A tenor con la Regla 7 (B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, este Foro puede “prescindir de 

términos no jurisdiccionales, específicos,” escritos, notificaciones o 

procedimientos adicionales, “con el propósito de lograr su más justo 

y eficiente despacho...”. Ante ello, prescindimos de la comparecencia 

de los recurridos. 

II.

A.

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, Ley Núm. 201–2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24 et. 
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seq., instituye la facultad revisora del Tribunal de Apelaciones. En 

asuntos de índole administrativo, dicha Ley nos circunscribe a 

examinar órdenes o resoluciones finales. Particularmente, el 

Artículo 4.006 (c), 4 LPRA sec. 24y de la Ley Núm. 201–2003, 

dispone que el Tribunal de Apelaciones conocerá de los siguientes 

asuntos: 

[...]

“[m]ediante recurso de revisión judicial, que se acogerá 

como cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes 

y resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas ...” (Énfasis nuestro).

[...]

Cónsono con lo anterior, la Regla 56 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 56, dispone que 

nuestra jurisdicción revisora se limita a determinaciones 

administrativas de carácter final. También la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley 

Núm. 38 del 30 de junio de 2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 

9601 et seq., establece que una parte adversamente afectada por 

una orden o resolución final de una agencia y que haya agotado 

todos los remedios provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una 

solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Sec. 4.2 de la 

LPAU, 3 LPRA sec. 9672. Asimismo, dicha Sección expone, en lo 

pertinente:

[...]

Una orden o resolución interlocutoria de una 

agencia, incluyendo aquellas que se emitan en 

procesos que se desarrollen por etapas, no serán 

revisables directamente. La disposición interlocutoria 

de la agencia podrá ser objeto de un señalamiento de 

error en el recurso de revisión de la orden o resolución 

final de la agencia. (Énfasis nuestro).

La revisión judicial aquí dispuesta será el recurso 

exclusivo para revisar los méritos de una decisión 

administrativa sea ésta de naturaleza adjudicativa o de 

naturaleza informal emitida al amparo de este capítulo.
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Una orden o resolución final es aquella que culmina el 

procedimiento administrativo, tiene efectos sustanciales sobre las 

partes y resuelve todas las controversias ante la agencia; les pone 

fin, sin dejar pendiente una para ser decidida en el futuro. Es decir, 

es aquella que dispone del caso ante la agencia y tiene efectos 

adjudicativos y dispositivos sobre las partes. Esta culmina en forma 

final el procedimiento administrativo respecto a todas las 

controversias. Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR 21, 29-

30 (2006). 

Ahora bien, una situación clara de falta de jurisdicción de la 

agencia es una excepción a la norma de que sólo serán revisables 

ante el Tribunal de Apelaciones las resoluciones finales de una 

agencia administrativa. Íd., citando a J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et 

al., 144 DPR 483 (1997). Véase, además, Procuradora Paciente v. 

MCS, 163 DPR 21 (2004) y la Sección 4.3 de la LPAU, 3 LPRA sec. 

9673. No obstante, en Comisionado Seguros v. Universal, supra, 

págs. 30-31, el Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró lo siguiente:

[N]o toda alegación de ausencia de jurisdicción va a 

tener el efecto de liberar a la parte de culminar sus 

gestiones en la agencia” ni implicará una aplicación 

automática de la excepción. Sólo en aquellos casos en 

los que la agencia administrativa carece realmente de 

jurisdicción, el proceso administrativo se convierte en 

final por no quedar asuntos o controversias pendientes 

de dilucidar por la agencia; sólo entonces sería revisable 

por el Tribunal de Apelaciones.

B.

Como es sabido, los tribunales deben ser guardianes celosos 

de su jurisdicción. Este asunto debe ser resuelto con preferencia, 

pues la falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada. El 

foro judicial carece de discreción para asumir jurisdicción donde no 

la hay. Si un tribunal se percata que no la tiene, debe así declararlo 

y desestimar el caso. Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., 200 DPR 254, 

268 (2018); Hernández Colón v. Policía de Puerto Rico, 177 DPR 121, 
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135 (2009); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). 

III.

Analizado el expediente con detenimiento, colegimos que 

carecemos de jurisdicción para ejercer nuestra facultad revisora en 

la presente causa. Nótese que, a través del pronunciamiento 

recurrido, el DACo no dilucidó, ni adjudicó derechos, obligaciones o 

privilegios de clase alguna. Mediante esta, el DACo condicionó la 

querella presentada por los recurridos a ciertos trámites que debían 

realizarse, incluyendo, pero sin limitarse a gestiones para obtener 

las certificaciones eléctricas y los permisos correspondientes, así

como el proceso de interconexión del equipo objeto de la querella 

con la AEE o Luma. De la Resolución objetada resulta evidente que 

no estamos ante un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia.

Por ende, dicho dictamen no es uno final, sino interlocutorio. 

Cualquier intervención de nuestra parte en esta etapa de los 

procedimientos sería inadecuada, toda vez que aun la agencia 

administrativa no ha adjudicado finalmente la querella instada por 

los recurridos. Por ende, la determinación del DACo no es 

ejecutable. Recordemos que nuestra función revisora solo procede 

ante determinaciones administrativas de carácter final.

En fin, toda vez que el recurso de referencia no versa sobre 

una resolución final del DACo, carecemos de jurisdicción para 

intervenir y adjudicarlo en los méritos. Una vez la agencia tome su 

determinación final, las partes podrán recurrir ante este Foro 

mediante recurso de revisión judicial, de entenderlo necesario. 

Según dispone la Sec. 4.2 de la LPAU, supra, la disposición 

interlocutoria del DACo podrá ser objeto de un señalamiento de 

error en el recurso de revisión de la orden o resolución final.

IV.
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Por las consideraciones que anteceden, desestimamos el

recurso de revisión judicial de epígrafe por falta de jurisdicción.

Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83(C). Se devuelve el caso al DACo para la continuación 

de los procedimientos.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones