Número Identificador

RES2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL II

TOYOTA CREDIT DE 

PUERTO RICO

Peticionario

v.

ESTADO LIBRE ASOCIADO 

DE PUERTO RICO Y OTROS

Recurridos

KLCE202301443

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Mayagüez 

Caso número:

HU2023CV00446

Sobre:

Impugnación de 

Confiscación 

(Ley Núm. 119-2011)

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez 

Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

R E S O L U C I Ó N

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2024.

Comparece la parte peticionaria, Toyota Credit de Puerto Rico, 

mediante el recurso de epígrafe y nos solicita que revoquemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez, el 24 de octubre de 2023, notificada el 30 del mismo mes y año. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

solicitud de sentencia sumaria promovida por la parte peticionaria.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se deniega 

la expedición del auto solicitado.

I

El 30 de marzo de 2023, Universal Insurance Company (Universal)1

y Toyota Credit de Puerto Rico (Toyota Credit o peticionaria) incoaron una 

Demanda sobre impugnación de confiscación en contra del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (ELA o recurrido), el Secretario del Departamento 

de Justicia de Puerto Rico y el Superintendente del Negociado de la Policía 

1 Cabe destacar que, el 14 de agosto de 2023, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Sentencia Parcial de Archivo por Desistimiento sin Perjuicio, a favor de Universal. Véase, 

Anejo 12 del recurso, pág. 52.
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de Puerto Rico.

2

Indicaron que les habían notificado sobre la confiscación 

de un vehículo marca Toyota, modelo Corolla, del año 2021, con tablilla 

JPQ-313. Alegaron que Toyota Credit poseía interés en dicho bien mueble 

ya que había suscrito con el titular del vehículo, Kenneth N. Arroyo 

Rodríguez (Arroyo Rodríguez), un contrato de venta condicional. Arguyeron 

que dicho gravamen se encontraba debidamente inscrito en el Registro de 

Automóviles del Departamento de Transportación y Obras Públicas. De 

otro lado, adujeron que el interés de Universal en el referido automóvil 

surgía de una póliza de seguros expedida a favor de Toyota Credit para 

cubrir el riesgo de confiscaciones.

Universal y Toyota Credit sostuvieron en la acción de epígrafe que 

la confiscación en cuestión era nula e ilegal por las siguientes razones: (1) 

no haberse cumplido con los requisitos exigidos por la Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119-2011, según enmendada, 34 LPRA

sec. 1724 et seq. (Ley de Confiscaciones); (2) no haberse notificado a todas 

las partes dentro del término legal aplicable; (3) el vehículo descrito no 

había sido utilizado en violación a ley alguna que justificara la confiscación 

de este; (4) no se había violado ninguna disposición de la Ley para la 

Protección de la Propiedad Vehicular, Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, 

según enmendada, 9 LPRA sec. 3201 et seq.; (5) violaba la Enmienda 

Octava de la Constitución de los Estados Unidos. En la alternativa, 

esbozaron varios planteamientos sobre la inconstitucionalidad de la Ley de 

Confiscaciones. En vista de ello, solicitaron que se decretara la invalidez 

de la confiscación. 

Por su parte, el 2 de mayo de 2023, el ELA presentó su alegación 

responsiva, en la cual, en esencia, negó los planteamientos esbozados en 

su contra.

3 En particular, negó la falta de notificación de la confiscación en 

controversia y aseguró que esta se llevó a cabo conforme a la Ley de 

Confiscaciones. Señaló que la confiscación del automóvil descrito se llevó 

2 Anejo 4 del recurso, págs. 26-28.

3 Anejo 5 del recurso, págs. 33-40.
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a cabo el 24 de enero de 2023, toda vez que dicho vehículo fue utilizado 

en violación a los Artículos 404 y 412 de la Ley de Sustancias Controladas

de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, 24 

LPRA secs. 2404 y 2412 (Ley de Sustancias Controladas), el Artículo 246 

del Código Penal de Puerto Rico de 2012, 33 LPRA sec. 5336, y el Artículo 

5.07 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22-2000, 

según enmendada, 9 LPRA sec. 5127. Por otro lado, sostuvo que se debía 

celebrar una vista de legitimación en donde Toyota Credit y Universal 

demostraran que poseían el dominio y control sobre el bien confiscado 

antes de los hechos que motivaron la confiscación; o un interés propietario 

sobre el bien confiscado; o una cesión valida de tal derecho cónsono con 

la Ley de Confiscaciones. 

Celebrada la vista de legitimación activa,

4 el 31 de agosto de 2023, 

Toyota Credit instó una Moción Solicitando Sentencia Sumaria por 

Notificación Tardía.

5 En síntesis, sostuvo que la notificación de la 

confiscación fue tardía, toda vez que se realizó fuera del término de treinta 

(30) días dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico para ello. Especificó 

que la confiscación en cuestión se realizó el 24 de enero de 2023, mientras 

que esta fue notificada el 8 de marzo de 2023; es decir, vencido el término 

para ello. Arguyó que, al así actuar, el ELA incumplió con los requisitos 

jurisdiccionales establecidos bajo la Ley de Confiscaciones. Por otro lado, 

citó el Artículo 13 de dicho estatuto, 34 LPRA sec. 1724j, con énfasis en la 

primera oración del último párrafo, el cual reza como sigue: “En aquellos 

casos en los que se incaute y retenga cualquier propiedad para alguna 

investigación relacionada con cualquier acción penal, civil, administrativa o 

cuando el bien es indispensable para la investigación o como evidencia en 

el caso, el término para culminar la investigación y emitir la orden de 

4 El 14 de agosto de 2023, el foro primario emitió una Resolución y Orden. En esta, indicó 

que el ELA se allanó a que se dictara el referido dictamen confiriéndole la legitimación 

activa a Toyota Credit, conforme a la prueba presentada y admitida en evidencia. Véase, 

Anejo 13 del recurso, pág. 53.

5 Anejo 14 del recurso, págs. 54-59. Junto a su escrito, Toyota Credit presentó el siguiente 

documento: copia de la misiva número M23A0375, con fecha del 7 de marzo de 2023, 

sobre notificación de confiscación diligenciada el 24 de enero de 2023, enviada a Toyota

Credit, con mata sello de correo certificado del 8 de marzo de 2023. Véase, Anejo 14 del 

recurso, págs. 60-63.
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confiscación no excederá de noventa (90) días”. Planteó que, en ausencia 

de que el ELA demostrara que el automóvil previamente descrito se 

confiscó para fines de una investigación relacionada con cualquiera de las 

circunstancias contempladas en la precitada oración de la Ley de 

Confiscaciones, aplicaba el término de treinta (30) días jurisdiccionales a 

partir de la ocupación del vehículo para notificarla. En virtud de ello, adujo 

que la confiscación en controversia era nula, por lo que procedía que se 

declarara Ha Lugar la acción de epígrafe y, en su consecuencia, el vehículo 

confiscado fuera devuelto.

Por su parte, el 20 de septiembre de 2023, el ELA se opuso.6 En

esencia, sostuvo que la notificación de la confiscación no fue una tardía, 

conforme lo establecía la Ley de Confiscaciones. Argumentó que el término 

aplicable al caso de autos era el excepcional de noventa (90) días desde la 

ocupación de la propiedad. Ello, según adujo, dado a que el vehículo 

confiscado estaba siendo utilizado en la comisión de delitos tipificados en

la Ley de Sustancias Controladas y, por tal razón, se había llevado a cabo

una investigación relacionada al trasiego de sustancias controladas. Alegó

que tenía hasta el 25 de abril de 2023 para completar la investigación 

correspondiente y expedir la orden de confiscación. Indicó que, contrario a 

lo propuesto por Toyota Credit, el término aplicable no se contaba a partir 

de 24 de enero de 2023, sino desde el 14 de febrero de 2023 cuando la 

confiscación en el caso de autos fue ordenada. Sobre ello, arguyó que la 

notificación de confiscación fue depositada en el correo postal el 8 de 

marzo de 2023, a los veintidós (22) días de ordenada la confiscación en 

cuestión, por lo que se notificó dentro del término establecido por ley.

Planteó que, por lo anterior, el procedimiento de ocupación, investigación,

6 Anejo 15 del recurso, págs. 64-72. El ELA acompañó su moción con los siguientes 

documentos: (1) copia del Inventario de Vehículo, con fecha del 24 de enero de 2023; (2) 

copia de la Orden de Confiscación del 14 de febrero de 2023, con firma de recibo y 

tasación del 1 de marzo de 2023; (3) cuatro copias de la misiva número M23A0375, con 

fecha del 7 de marzo de 2023, sobre notificación de confiscación diligenciada el 24 de 

enero de 2023, enviada a Toyota Credit, Sasha A. Rivera Volmar y a Arroyo Rodríguez, 

este último a dos direcciones; (4) copia del acuse de recibo de las misivas enviadas a 

Toyota Credit y a Arroyo Rodríguez, con fecha del 10 de marzo de 2023; (5) copia de las 

misivas enviadas a Sasha A. Rivera Volmar y a Arroyo Rodríguez, con sello de Return to 

Sender; Unclaimed; Unable to Forward ponchado el 26 de marzo de 2023. Véase, Anejo 

15 del recurso, págs. 73-91.
KLCE202301443 5

confiscación y notificación de la confiscación se hizo conforme a Derecho 

y dentro de los términos establecidos por el citado estatuto.

Evaluadas las posturas de las partes, el 24 de octubre de 2023, 

notificada el 30 del mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió la Resolución que nos ocupa.

7 En síntesis, determinó que el vehículo 

objeto del presente pleito fue incautado y retenido hasta culminar una 

investigación realizada por el ELA, por presuntamente ser utilizado en 

violación a la Ley de Sustancias Controladas, entre otras infracciones, y fue 

confiscado el 14 de febrero 2023. Concluyó que, ante dicha investigación 

de índole penal, al caso de epígrafe le era de aplicación una de las 

excepciones a la regla general. Particularmente, resolvió que el ELA 

contaba con el término máximo de noventa (90) días para culminar la 

investigación y emitir la orden de confiscación, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Confiscaciones, supra. Expresó 

que, culminada la investigación, la parte recurrida contaba con el término 

de treinta (30) días para notificar la confiscación, contados a partir de la 

orden de esta última. Sobre ello, dictaminó que la carta de notificación de 

la confiscación en el caso de autos fue redactada el 7 de marzo de 2023 y 

depositada mediante correo certificado al día siguiente, en otras palabras, 

a los veintidós (22) días de emitida la orden de confiscación. En vista de 

ello, declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria promovida por 

Toyota Credit.

En desacuerdo, el 9 de noviembre de 2023, Toyota Credit presentó 

una Moción de Reconsideración,

8

la cual fue declarada No Ha Lugar por el 

foro a quo el 17 y notificada el 22 del mismo mes y año.9

Inconforme con dicha determinación, el 19 de diciembre de 2023, la 

parte peticionaria acudió ante nos mediante el recurso de epígrafe y realizó 

el siguiente señalamiento de error:

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez, al determinar que la notificación de la confiscación 

se realizó dentro del término jurisdiccional dispuesto en la Ley 

7 Anejo 2 del recurso, págs. 4-17.

8 Anejo 3 del recurso, págs. 18-21.

9 Anejo 1 del recurso, págs. 1-2.
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Uniforme de Confiscaciones de 2011, 34 L.P.R.A[.] sec. 1724

et seq.

En cumplimiento con nuestra Resolución del 9 de enero de 2024, y 

luego de una prórroga a esos efectos, la parte recurrida compareció 

mediante Escrito en Cumplimiento de Orden el 1 de febrero de 2024.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a 

resolver.

II

A

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal 

de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una decisión de un 

tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 2023 TSPR 65, 212 

DPR ___ (2023); Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 

(2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 

(2021). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con respecto a 

lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios del Tribunal de 

Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1, dispone, en su parte pertinente, lo siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión.

[. . .]

Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, cuando 

se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
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peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia o que revistan 

interés público, o en aquellas circunstancias en las que revisar el dictamen 

evitaría un irremediable fracaso de la justicia, entre otras contadas 

excepciones.

A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios a considerar 

para ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las 

controversias ante sí. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-

97 (2008). Véase, además, Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón 

y otros, 2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023; Rivera et al. 

v. Arcos Dorados et al., supra; Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 

372 (2020). Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, funge como complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. La precitada Regla 

dispone lo siguiente:

El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán 

ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa de los procedimientos en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202301443 8

Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es determinante, 

por sí solo, para este ejercicio y no constituye una lista exhaustiva. García 

v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005). Por lo que, de los factores 

esbozados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará tanto la 

corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en 

que es presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para 

intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación 

injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

(Énfasis omitido).

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de ordinario, 

el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los 

tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso 

de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 

170, 181 (1992), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). Véase, además, Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 

(2000).

B

El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, es un vehículo para 

asegurar la solución justa, rápida y económica de un caso. Serrano Picón 

v. Multinational Life Ins., 2023 TSPR 118, 212 DPR ___ (2023); Oriental 

Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103, 212 DPR ___ (2023); González 

Meléndez v. Mun. San Juan et al., 2023 TSPR 95, 212 DPR ___ (2023);

Acevedo y otros v. Depto. Hacienda y otros, 2023 TSPR 80, 212 DPR ___ 

(2023); Universal Ins. y otro v. ELA y otros, 211 DPR 455 (2023). Dicho 

mecanismo permite a los tribunales disponer, parcial o totalmente, de 

litigios civiles en aquellas situaciones en las cuales no exista controversia 

material de hecho que requiera ventilarse en un juicio plenario y el derecho 
KLCE202301443 9

así lo permita. Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., 208 DPR 964 (2022). 

Este mecanismo lo puede utilizar la parte reclamante o aquella parte que 

se defiende de una reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y 36.2.

Mediante el mecanismo de sentencia sumaria, se procura 

profundizar en las alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos 

ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 

20, 42 (2020). Este cauce sumario resulta beneficioso tanto para el tribunal, 

como para las partes en un pleito, pues se agiliza el proceso judicial, 

mientras simultáneamente se provee a los litigantes un mecanismo 

procesal encaminado a alcanzar un remedio justo, rápido y económico. 

Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra. Como se sabe, en aras de 

prevalecer en una reclamación, la parte promovente debe presentar prueba 

incontrovertible sobre todos los elementos indispensables de su causa de 

acción. Íd. 

Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa impone 

unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al momento de 

presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber: (1) una exposición 

breve de las alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en 

controversia; (3) la causa de acción sobre la cual se solicita la sentencia 

sumaria; (4) una relación concisa, organizada y en párrafos enumerados 

de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 

establecen estos hechos, así como de cualquier otro documento admisible 

en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las razones 

por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el derecho 

aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3;

Oriental Bank v. Caballero García, supra, pág. 8; Pérez Vargas v. Office 

Depot, 203 DPR 687 (2019). Si la parte promovente de la moción incumple 

con estos requisitos, “el tribunal no estará obligado a considerar su pedido”. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111 (2015).
KLCE202301443 10

Por otro lado, “la parte que desafía una solicitud de sentencia 

sumaria no puede descansar en las aseveraciones o negaciones 

consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 

43. Por el contrario, quien se opone a que se declare con lugar esta solicitud 

viene obligado a enfrentar la moción de su adversario de forma tan 

detallada y específica como lo ha hecho la parte promovente puesto que, 

si incumple, corre el riesgo de que se dicte sentencia sumaria en su contra, 

si la misma procede en derecho. Íd. 

Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria, la 

parte promovida debe puntualizar aquellos hechos propuestos que 

pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales 

adicionales que alega no están en disputa y que impiden que se dicte 

sentencia sumaria en su contra. León Torres v. Rivera Lebrón, supra. Claro 

está, para cada uno de estos supuestos deberá hacer referencia a la 

prueba específica que sostiene su posición, según exigido por la Regla 36.3 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. Íd. En otras palabras, la 

parte opositora tiene el peso de presentar evidencia sustancial que apoye 

los hechos materiales que alega están en disputa. Íd. De lo anterior, se 

puede colegir que, ante el incumplimiento de las partes con las 

formalidades de la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, supra, la 

consideración de sus posiciones descansa en la sana discreción del 

Tribunal.

Al atender la solicitud, el Tribunal deberá asumir como ciertos los 

hechos no controvertidos que se encuentren sustentados por los 

documentos presentados por la parte promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda surgir de los hechos 

y de los documentos se debe interpretar en contra de quien solicita la 

sentencia sumaria, pues solo procede si bajo ningún supuesto de hechos 

prevalece la parte promovida. Íd., pág. 625. Además, al evaluar los méritos 

de una solicitud de sentencia sumaria, el juzgador o juzgadora debe actuar 

guiado por la prudencia y ser consciente, en todo momento, que su 
KLCE202301443 11

determinación puede conllevar el que se prive a una de las partes de su 

“día en corte”, componente integral del debido proceso de ley. León Torres 

v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44.

Sin embargo, la sentencia sumaria generalmente no procederá 

cuando existan controversias sobre hechos esenciales materiales, o si la 

controversia del caso está basada en elementos subjetivos como intención, 

propósitos mentales, negligencia o credibilidad. Acevedo y otros v. Depto. 

Hacienda y otros, supra; Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra. Un 

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación 

de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Oriental Bank v. Caballero 

García, supra, pág. 7; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 

(2012); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Ahora bien, 

el Foro de última instancia ha reiterado que cualquier duda no es suficiente 

para derrotar una moción de sentencia sumaria, pues debe tratarse de una 

incertidumbre que permita concluir que existe una controversia real sobre 

hechos relevantes y pertinentes. Íd. Además, existen casos que no se 

deben resolver mediante sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la 

verdad de los hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. 

Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no 

es apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o casos que 

involucren cuestiones de interés público”. Íd. No obstante, la sentencia 

sumaria procederá si atiende cuestiones de derecho. Universal Ins. y otro 

v. ELA y otros, supra.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios que 

este Tribunal de Apelaciones debe considerar al momento de revisar una 

sentencia dictada sumariamente por el foro de instancia. Roldán Flores v. 

M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679-680 (2018); Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. Sobre ese particular, nuestro más Alto 

Foro señaló que: 

[E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo el 

expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro 

primario; (2) revisar que tanto la Moción de Sentencia 
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Sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de 

forma codificados en la referida Regla 36; (3) revisar si en 

realidad existen hechos materiales en controversia y, de 

haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró que están 

en controversia y cuáles están incontrovertidos, y (4) de 

encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 

supra, pág. 679. 

Conforme a lo anterior, nos encontramos en la misma posición que 

el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia de una 

sentencia sumaria. Birriel Colón v. Econo y otros, 2023 TSPR 120, 213 

DPR ___ (2023); Serrano Picón v. Multinational Life Ins., supra; González 

Meléndez v. Mun. San Juan et al., supra; González Santiago v. Baxter 

Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019). Por ello, nuestra revisión es una de 

novo y nuestro análisis debe regirse por las disposiciones de la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra, así como de su jurisprudencia interpretativa. 

González Meléndez v. Mun. San Juan et al., supra. A tenor con la referida 

normativa, dicha revisión se realizará de la manera más favorable hacia la 

parte que se opuso a la solicitud de sentencia sumaria en el foro de origen 

y realizando todas las inferencias permisibles a su favor. Birriel Colón v. 

Econo y otros, supra; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 

118. De esta manera, si entendemos que los hechos materiales realmente 

están incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro primario aplicó 

correctamente el derecho. González Meléndez v. Mun. San Juan et al., 

supra.

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso ante 

nos.

III

En síntesis, la parte peticionaria plantea que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al determinar que la notificación de la confiscación del 

vehículo previamente descrito se realizó dentro del término jurisdiccional 

dispuesto en la Ley de Confiscaciones. Reitera que el término aplicable al 

caso de autos para efectuar la notificación de la confiscación es de treinta 
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(30) días y que la notificación correspondiente se realizó fuera de dicho 

término, por lo que era tardía. Argumenta que, contrario a lo propuesto por

la parte recurrida, no había evidencia alguna de que el automóvil en 

cuestión fue ocupado con el propósito de llevar a cabo una investigación 

criminal, pues ello no se indicó en la notificación de la confiscación. Alega 

que, debido a lo anterior, no aplicaba el término excepcional de noventa 

(90) días contemplado en la Ley de Confiscaciones y, por tanto, la 

confiscación era nula.

Hemos evaluado el recurso de epígrafe conforme exige la normativa 

antes expuesta con particular atención a los criterios que le corresponde 

utilizar al Tribunal de Apelaciones al momento de revisar determinaciones 

del foro de instancia, según Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 

Luego de un examen sosegado del expediente ante nos, colegimos que no 

existe criterio jurídico que amerite nuestra intervención con lo resuelto por 

el Tribunal de Primera Instancia. Al entender sobre el planteamiento que la 

parte peticionaria propone ante este Foro, concluimos que la sala de origen 

no incurrió en error de derecho ni en abuso de discreción al declarar No Ha 

Lugar la solicitud de sentencia sumaria promovida por la parte peticionaria,

ello a fin de que podamos soslayar la norma de abstención judicial que, en 

dictámenes como el de autos, regula el ejercicio de nuestras funciones.

Al evaluar de novo los documentos que nos ocupan, coincidimos con 

que, al adjudicar el asunto, el Tribunal de Primera Instancia actuó de 

conformidad con las normas que prevalecen en la materia que atendemos. 

Ello, nos hace concluir que nuestra intervención, en esta etapa de los 

procedimientos, no resulta oportuna. Siendo así, y en ausencia de prueba 

que nos permita resolver en contrario, denegamos expedir el auto de 

certiorari que nos ocupa, al amparo de lo dispuesto en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, y la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra.

IV

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición del

recurso de certiorari solicitado.
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones