Número Identificador

SEN2024 ________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN

PANEL X

MARIANITA SOLIVÁN 

TORRES

Apelado

V.

COOPERATIVA DE 

SEGUROS DE VIDA DE 

PUERTO RICO

Apelante

KLAN202300804

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

San Juan 

Caso Núm.:

SJ2021CV02145

Sobre:

Incumplimiento 

de Contrato de 

Póliza de Seguro de 

Vida, Daños y 

Perjuicios

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez 

Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2024.

El 11 de septiembre de 2023, compareció ante este Tribunal 

de Apelaciones, la Cooperativa de Seguros de Vida de Puerto Rico 

(en adelante, parte apelante o COSVI), por medio de Apelación. 

Mediante esta nos solicita que, revisemos la Sentencia Parcial 

emitida el 24 de abril de 2023, y notificada el 25 de abril de 2023, 

por el Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de San Juan. En 

virtud del aludido dictamen, el foro a quo declaró Ha Lugar la Moción 

en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial e Imposición de Honorarios 

de Abogado por Temeridad, presentada por la señora Marianita 

Solivan Torres (en adelante, parte apelada o señora Solivan Torres), 

y declaró No Ha Lugar la Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria 

y Solicitud de Desestimación bajo la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil, presentada por COSVI.
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Por los fundamentos que adelante se esbozan, se confirma el 

dictamen apelado. 

I

Los hechos que propiciaron el recurso de epígrafe, se 

remontan a una Demanda sobre incumplimiento de contrato de 

póliza de seguro de vida, y daños y perjuicios, presentada por la 

señora Solivan Torres, en contra de COSVI. Según se desprende de 

la Demanda, para el 2 de junio de 2004, la parte apelante emitió la 

póliza de seguro de vida individual número 3403135 a un término 

de treinta años, donde, la dueña y asegurada de esta lo era la hija 

de la parte apelada, la señora Marie Santiago Solivan (en adelante, 

señora Santiago Solivan). En la aludida póliza, la señora Santiago 

Solivan designó como beneficiario a su esposo, el señor William 

Davis Rodríguez (en adelante, señor Davis Rodríguez), y como 

beneficiarios contingentes al señor William P. Davis y a la señora 

Gladys Rodríguez, y se reservó el derecho de cambiar tales 

designaciones. La parte apelada sostuvo que, el 7 de enero de 2016, 

la señora Santiago Solivan compareció a las oficinas de COSVI con 

el propósito de solicitar un servicio sobre cambios de beneficiarios y 

de dirección postal. Arguyó que, en dicho cambio de beneficiarios, 

la señora Santiago Solivan nombró a su hijo William Joseph Davis 

Santiago (menor de edad en ese entonces), a la señora Solivan 

Torres, y como beneficiaria contingente a su hermana, la señora 

Lisandra Santiago. Posteriormente, para el 12 de noviembre de 

2020, la señora Santiago Solivan falleció, mientras se encontraba 

vigente la póliza de seguro de vida número 3403135. La parte 

apelada adujo que, al cumplir con acreditar el fallecimiento de la

señora Santiago Solivan, había originado por derecho propio una 

reclamación contra COSVI para el pago de importe correspondiente 

que le asistía, por la suma de cincuenta mil dólares ($50,000.00), 

en carácter de beneficiaria designada en la póliza de seguro de vida 
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número 3403135. Alegó que, mediante una carta con fecha del 5 de 

febrero de 2021, se le informó a la señora Solivan Torres que no 

procedía el pago a su favor de los beneficios cubiertos en la póliza. 

Lo anterior, debido a que, el 28 de diciembre de 2020, tales 

beneficios fueron pagados al “beneficiario designado” en la póliza, el 

señor Davis Rodríguez. A estos efectos, sostuvo que, la negativa de 

COSVI constituía un incumplimiento de contrato, y por ello, entre 

otras cosas, le solicitó al foro primario que le ordenara el pago de la 

póliza. 

En respuesta, COSVI presentó la Contestación a Demanda. 

Por medio de esta, alegó que, el solicitante del seguro de vida 

individual fue el señor Davis Rodríguez y que, conforme a la política 

de COSVI, era el dueño de la póliza. Aseguró que, como 

consecuencia de lo anterior, la señora Santiago Solivan no estaba 

autorizada a realizar cambios de beneficiarios. Finalmente, adujo 

que, COSVI había actuado conforme a sus políticas y las cláusulas 

de la póliza número 3403135, de modo que, entendía que la 

alegación de incumplimiento de contrato era inmeritoria. 

Posteriormente, la parte apelada presentó la Demanda 

Enmendada. De las alegaciones de esta surge que, luego de la fecha 

de efectividad de la póliza de seguro individual número 3403135, 

COSVI le envió un duplicado de la misma a la señora Santiago 

Solivan. De la página de cubierta de dicha póliza, surgía que, esta 

fue registrada a nombre de la señora Santiago Solivan. Arguyó que, 

la copia de la póliza contenía una tabla de información donde se 

reflejaba a la señora Santiago Solivan como asegurada y dueña de 

la póliza. La Demanda Enmendada reiteraba el trámite reseñado en 

la Demanda, respecto al cambio de beneficiarios en la póliza número 

3403135. Indicó, además que, en ningún momento COSVI le remitió 

comunicación escrita donde le informara que el cambio de 

beneficiarios solicitado le hubiese sido denegado. Al contrario, la 
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parte apelante, el 23 de diciembre de 2020 le remitió una misiva 

suscrita por el señor Abdel Meléndez, Supervisor del Departamento 

de Selección y Emisión, donde le notificó a la señora Santiago 

Solivan que, el “cambio de beneficiarios solicitado en su póliza fue 

realizado”. Alegó incumplimiento de contrato por parte de COSVI, 

al no honrar el pago a los beneficiarios designados.

Por su parte, COSVI negó lo alegado por la parte apelada en 

su Contestación a Demanda Enmendada. Acotó que, a pesar de que 

la Hoja de Información reflejaba y confirmaba el cambio de 

beneficiarios, como cuestión de derecho de seguros, el dueño de la 

póliza es quien adquiere la póliza y quien paga la prima. Conforme 

a ello, alegó afirmativamente que, la señora Santiago Solivan no 

tenía derecho a realizar un cambio de beneficiarios, y que, cualquier 

cambio de beneficiarios hecho a solicitud de esta era nulo e inválido. 

Subsiguientemente, COSVI presentó la Contestación 

Enmendada a Demanda Enmendada, donde, entre otras cosas, 

expresó que, lo indicado en la Tabla de Información Básica era un 

error, ya que, el dueño de la póliza es la persona o entidad que firma 

como solicitante, y quien en este caso, era el señor Davis Rodríguez. 

Alegó, además que, no hubo un cambio de beneficiarios, sino, una 

solicitud de información y que por eso, se había originado la carta 

enviada a la señora Santiago Solivan. 

Luego de varios incidentes procesales innecesarios 

pormenorizar, el 31 de mayo de 2022, la parte apelada presentó la 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial e Imposición de 

Honorarios de Abogado por Temeridad. Mediante esta, propuso 

cincuenta y nueve hechos que, a su juicio, no estaban en 

controversia. Asimismo, alegó que, procedía que se dictara 

sentencia sumaria debido a que, la señora Santiago Solivan se 

consideraba dueña y asegurada de la póliza. Lo anterior, debido a 

que las primas mensuales de la póliza eran pagadas con fondos 
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pertenecientes a la sociedad legal de gananciales que estaba 

constituida con el señor Davis Rodríguez. Además, por las siguientes 

razones: porque la señora Santiago Solivan aparecía nombrada 

como dueña en el contrato redactado por COSVI; porque la señora 

Santiago Solivan había realizado el cambio de beneficiarios con la 

anuencia de COSVI, sin que esta última le hubiese notificado en 

ningún momento que no tenía derecho a realizar el cambio y por 

último, debido a que COSVI realizó el aludido cambio solicitado por 

la señora Santiago Solivan y fue acreditado mediante una carta 

firmada por el supervisor del Departamento de Emisión Individual.

Así las cosas, COSVI presentó la Oposición a Solicitud de 

Sentencia Sumaria y Solicitud de Desestimación bajo la Regla 10.2 

de las de Procedimiento Civil. Adujo que, había cumplido con el pago 

de los beneficios de la póliza como correspondía en derecho al señor 

Davis Rodríguez. De igual manera, acotó que, nunca recibió una 

solicitud de cambio de beneficiario del dueño o titular de la póliza, y 

que como consecuencia, cualquier solicitud de cambio de 

beneficiarios realizada por la señora Santiago Solivan era ilegal. 

Finalmente, solicitó al foro a quo que denegara la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por la parte apelada y que 

desestimara la demanda con perjuicio. 

Por otro lado, la parte apelada presentó la Réplica a “Oposición 

a Solicitud de Sentencia Sumaria y Solicitud de Desestimación bajo la 

Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil”. Acotó que, la oposición 

presentada por la parte apelante no cumplía con los criterios 

establecidos por la Regla 36 de Procedimiento Civil. Reiteró que, 

COSVI había demostrado temeridad, al no asumir responsabilidad

y al haberle pagado al señor Davis Rodríguez el importe total de la 

cubierta de la póliza. Sostuvo que, COSVI incurrió en múltiples 

prácticas que demostraron temeridad. 
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Finalmente, la primera instancia judicial emitió la Sentencia 

Parcial cuya revisión nos atiene. En virtud de esta, declaró Ha Lugar 

la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial e Imposición de 

Honorarios de Abogado por Temeridad presentada por la parte 

apelada. De igual manera, dispuso las siguientes determinaciones 

de hechos: 

1. La señora Marianita Solivan Torres es mayor de 

edad, soltera y vecina de Bayamón, Puerto Rico.

2. COSVI es una cooperativa de seguros organizada al 

tenor del Capítulo 34 del Código de Seguros de 

Puerto Rico.

3. La Sra. Santiago y el Sr. Davis contrajeron 

matrimonio entre sí el 26 de agosto de 1992 en 

Bayamón, Puerto Rico.

4. La Sra. Santiago y el Sr. Davis constituyeron su 

matrimonio bajo el régimen económico de sociedad 

legal de gananciales.

5. Durante su matrimonio, la Sra. Santiago y el Sr. 

Davis rindieron “Planillas de Contribución Sobre 

Ingresos de Individuos” ante el Departamento de 

Hacienda de Puerto Rico de forma conjunta como 

casados, bajo la categoría “estado personal al 

finalizar el año contributivo”.

6. Durante su matrimonio, la Sra. Santiago y el Sr. 

Davis procrearon un hijo, de nombre William 

Joseph Davis Santiago, nacido el 24 de septiembre 

de 1998.

7. El 2 de junio de 2004, la Sra. Santiago y el Sr. Davis 

presentaron ante COSVI la solicitud de seguro de 

vida individual número 107778, a término de 

treinta (30) años, siendo cien mil dólares 

($100,000.00) la cantidad asegurada.

8. El interés objeto de asegurabilidad en la solicitud 

de seguro de vida individual, número 107778, era 

la vida de la Sra. Santiago.

9. En la solicitud de seguro de vida individual número 

107778, la Sra. Santiago y el Sr. Davis informaron 

una sola dirección postal suya para el envío de 

avisos a ellos por COSVI: P.O. Box 675, Bayamón, 

PR 00960.

10. Según se informó en la solicitud de seguro de vida 

individual, número 107778, para el 2 de junio de 

2004, la Sra. Santiago se desempeñaba como 

secretaria del Sr. Davis en la oficina que, ejerciendo 

como quiropráctico, este operaba.
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11. En la solicitud de seguro de vida individual, 

número 107778, la Sra. Santiago designó como 

beneficiario al Sr. Davis; y, como beneficiarios 

contingentes, a los progenitores de este, el Sr. 

William P. Davis y la Sra. Gladys Rodríguez.

12. En la solicitud de seguro de vida individual número 

107778, se hizo reserva de derecho para el cambio 

de beneficiarios.

13. Con anterioridad al espacio disponible para las 

firmas de la Sra. Santiago y el Sr. Davis, el 

formulario de solicitud de seguro de vida 

individual, número 107778 provisto por COSVI, no 

incluyó en algunas de sus partes para identificar 

clara y explícitamente por nombre y apellidos a la 

persona que se consideraría como “solicitante” de 

la póliza.

14. Con anterioridad al espacio disponible para las 

firmas de la Sra. Santiago y el Sr. Davis, el 

formulario de solicitud de seguro de vida 

individual, número 107778, provisto por COSVI no 

incluyó una definición explicativa del término 

“solicitante” de la póliza, así como tampoco en 

cuanto a si tal “solicitante” podía ser persona 

distinta de la propuesta asegurada y las 

consecuencias legales que ello conllevaba de ser tal 

cosa posible. 

15. Con anterioridad al espacio disponible para las 

firmas de la Sra. Santiago y el Sr. Davis, en el 

formulario de solicitud de seguro de vida individual 

número 107778 provisto por COSVI, se hizo 

constar en negrillas que “[s]olo un oficial 

autorizado tiene autoridad para contratar o alterar 

un contrato de seguro o para comprometer a la 

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico en 

forma alguna”.

16. La Sra. Santiago firmó el formulario de solicitud de 

seguro de vida individual número 107778 provisto 

por COSVI, en el espacio titulado “Firma del 

propuesto asegurado principal”.

17. El Sr. Davis firmó el formulario de solicitud de 

seguro de vida individual número 107778 provisto 

por COSVI, en el espacio titulado “Firma del 

solicitante si no es el propuesto asegurado”.

18. Con posterioridad al espacio disponible para las 

firmas de la Sra. Santiago y el Sr. Davis, en el 

formulario de solicitud de seguro de vida individual 

número 107778 provisto por COSVI, fue que se 

hizo constar en negrillas que “[c]uando el 

solicitante no sea el propuesto Asegurado, dicho 

solicitante será el dueño de la póliza”.
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19. Con anterioridad al espacio disponible para las 

firmas de la Sra. Santiago y el Sr. Davis, el 

formulario de solicitud de seguro de vida individual 

número 107778 provisto por COSVI, no incluyó en 

algunas de sus partes para identificar clara y 

explícitamente, por nombre y apellidos, a la 

persona que se consideraría como “dueño” de la 

póliza.

20. Con anterioridad al espacio disponible para las 

firmas de la Sra. Santiago y el Sr. Davis, el 

formulario de solicitud de seguro de vida individual 

número 107778 provisto por COSVI, no incluyó 

una definición explicativa del término “dueño” de 

la póliza, así como tampoco en cuanto a si tal 

“dueño” podía ser una persona distinta de la 

propuesta asegurada y las consecuencias legales 

que ello conllevaba, de ser posible.

21. Luego de la fecha de efectividad de la póliza de 

seguro de [vida] individual a término #3403135, a 

solicitud de la Sra. Santiago, COSVI le envió un 

duplicado de esta, acompañada de una carta.

22. La carta y duplicado de la póliza de seguro de [vida] 

individual a término #3403135 que COSVI envió a 

la Sra. Santiago, según solicitado por ella, consiste 

de veintiséis (26) páginas.

23. COSVI envió a la Sra. Santiago la carta y duplicado 

de la póliza de seguro de [vida] individual a término 

#3403135 a la dirección postal P.O. Box 675,

Bayamón, PR 00960-0675.

24. La cubierta de la póliza de seguro de [vida] 

individual a término #3403135 aparece registrada 

a nombre de la Sra. Santiago.

25. La póliza de seguro de [vida] individual a término 

#3403135 contiene un índice indicativo de que en 

la página tres (3) aparece una tabla de información 

básica de la misma.

26. Según la tabla de información básica de la póliza 

de seguro de [vida] individual a término #3403135, 

la cantidad asegurada por COSVI fue cien mil 

dólares ($100,000.00).

27. Según la tabla de información básica de la póliza 

de seguro de [vida] individual a término #3403135, 

aparece la Sra. Santiago como asegurada de la 

póliza.

28. Según la tabla de información básica de la póliza 

de seguro de [vida] individual a término #3403135 

aparece la Sra. Santiago como dueña de la póliza.

29. El Sr. Davis no aparece nombrado en página 

alguna de la póliza de seguro de [vida] individual a 
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término #3403135, incluyendo su portada y la 

tabla de información básica de la misma.

30. En el historial de pagos mensuales de primas de 

seguro realizados a COSVI, relacionados a la póliza 

de seguro de [vida] individual a término #3403135, 

aparece identificada la Sra. Santiago como 

“pagador”.

31. Dada su entonces condición delicada de salud, el 5 

de enero de 2016, la Sra. Santiago suscribió bajo 

juramento ante notario público una “Declaración 

Previa de Voluntad (Directrices Adelantadas) y 

Nombramiento de Mandatario(a)” en la que designó

como tal a su hermana Lisandra Santiago y, como 

mandataria alterna, a su madre, la Sra. Solivan.

32. Con respecto a la póliza de seguro de [vida] 

individual a término #3403135, el 7 de enero de 

2016, la Sra. Santiago compareció personalmente, 

acompañada por Lisandra Santiago, a la Oficina 

Central de COSVI, [D]epartamento de Servicios al 

Cliente, a fin de solicitar un servicio sobre cambios 

de beneficiarios y de dirección postal en la misma, 

según se detalla a continuación:

a. Cambio de beneficiarios añadiendo a Solivan 

Torres y William Joseph Davis Santiago como 

primarios; y, como beneficiaria contingente, a 

Lisandra. Esto, a su vez, eliminados a “todos los 

anteriores” beneficiarios; y

b. Cambio de dirección postal a P.O. Box 3428, 

Guaynabo, PR 00970.

33. Conforme al procedimiento establecido por el 

[D]epartamento de Servicios al Cliente de COSVI, 

para el 7 de enero de 2016, una solicitud de 

cambios a la póliza no podía ser tramitada sin que 

antes un representante de dicho departamento 

corroborase quién era el dueño de la póliza, pues 

solo esa persona estaría autorizada para realizar 

cambios a la misma.

34. Conforme al procedimiento establecido por COSVI 

para el 7 de enero de 2016, su [D]epartamento de 

Servicios al Cliente tenía facultad para aprobar 

cambios de dirección postal a una póliza solamente 

si tal solicitud era realizada por el dueño de esta.

35. El 7 de enero de 2016, la representante del 

Departamento de Servicios al Cliente de COSVI que 

atendió personalmente a la Sra. Santiago con 

relación a su solicitud de cambios de dirección 

postal y beneficiarios en la póliza corroboró, antes 

de proceder con tal solicitud, que ella aparecía 

registrada como dueña de esta.

36. La corroboración de que la Sra. Santiago era la 

dueña de la póliza, que realizó la representante del 
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Departamento de Servicios al Cliente de COSVI el 

7 de enero de 2016, consistió en que, al atenderla 

inicialmente, le preguntó en qué la podía ayudar, a 

lo cual la Sra. Santiago le informó su deseo de 

hacer cambios de dirección y beneficiarios en la 

póliza. Seguido de ello, la empleada procedió a 

identificar a la Sra. Santiago solicitándole un 

documento de identidad con foto, el cual proveyó. 

Luego, la empleada revisó la póliza y le comentó 

que podía hacer cambios de beneficiarios porque 

así se hizo constar en la solicitud de la póliza y que, 

como ella aparecía registrada como dueña de esta, 

podía solicitar los cambios que deseaba realizar. 

37. El 7 de enero de 2016, luego de que la 

representante del [D]epartamento de Servicios al 

Cliente de COSVI corroboró que la Sra. Santiago 

aparecía registrada como dueña de la póliza, le 

facilitó un formulario oficial para formalizar su 

solicitud de cambios de dirección postal y 

beneficiarios en la misma.

38. El 7 de enero de 2016, luego de la Sra. Santiago 

entregar la solicitud de cambios de dirección postal 

y beneficiarios debidamente completada y firmada 

a la representante del [D]epartamento de Servicios 

al Cliente de COSVI, le fue entregada copia de la 

misma, así como de una “Hoja de Servicio” 

acreditativa del trámite que allí completó en esa 

fecha.

39. Con relación a la póliza de seguro de [vida] 

individual a término #3403135, no existe 

comunicación escrita alguna expedida por COSVI 

a la Sra. Santiago, acreditativa de que le informó 

que el cambio de dirección postal a P.O. Box 3428, 

Guaynabo, PR 00970, solicitado por ella 

personalmente en sus oficinas el 7 de enero de 

2016, le fuese denegado.

40. Con relación a la póliza de seguro de [vida] 

individual a término #3403135, la solicitud de 

servicio realizada personalmente el 7 de enero de 

2016 en las oficinas de COSVI por [l]a Sra. Santiago 

a los fines del cambio de dirección postal a P.O. Box 

3428, Guaynabo, PR 00970, le fue aprobada en esa 

misma fecha.

41. Con relación a la póliza de seguro de [vida] 

individual a término #3403135, con posterioridad 

al 7 de enero de 2016, COSVI, en efecto, envió 

correspondencia a la Sra. Santiago, a la nueva 

dirección postal solicitada por ella: P.O. Box 3428, 

Guaynabo, PR 00970.

42. Conforme al procedimiento establecido por COSVI 

al 7 de enero de 2016, una solicitud de cambio de 

beneficiarios a una póliza tenía que ser referida al 

[D]epartamento de Emisión Individual para 

evaluación de esta y, una vez recibida por dicho 

[D]epartamento, era su responsabilidad validar si 
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la persona que la solicitó era la dueña de la póliza. 

De ser la dueña de la póliza, se realiza el cambio 

solicitado y, de no serlo, se rechaza la solicitud. 

Para ambos casos se envía una carta informando 

la determinación.

43. Con relación a la póliza de seguro [de vida]

individual a término #3403135, COSVI no expidió 

comunicación alguna a la Sra. Santiago, que 

informara que la comunicación escrita alguna 

expedida por COSVI a la Sra. Santiago, acreditativa 

solicitud de cambio de beneficiario fuese denegada.

44. Para el 23 de diciembre de 2020, el Sr. Abdel 

Meléndez ocupaba el puesto de Supervisor del 

Departamento de Selección y Emisión Individual de 

COSVI.

45. Con relación a la póliza de seguro de [vida] 

individual a término #3403135, mediante carta 

fechada 23 de diciembre de 2020, suscrita por el 

Sr. Abdel Meléndez, Supervisor del Departamento 

de Selección y Emisión Individual de COSVI, se 

notificó a la Sra. Santiago, a su nueva dirección 

postal (P.O. Box 3428, Guaynabo, PR 00970), que 

“[e]l cambio de beneficiarios solicitado en su póliza 

fue realizado. Favor de incorporar este documento 

al contrato de su póliza, para facilitar el proceso en 

caso de reclamación”.

46. Con relación a la póliza de seguro de [vida] 

individual a término #3403135, en la carta fechada 

23 de diciembre de 2020 suscrita por el Sr. Abdel 

Meléndez, Supervisor del Departamento de 

Selección y Emisión Individual de COSVI, aparecen 

los nombres y apellidos de los beneficiarios 

originalmente nombrados con un cero por ciento 

(0.00%).

47. Como Supervisor del Departamento de Selección y 

Emisión Individual de COSVI, el Sr. Abdel 

Meléndez es un oficial autorizado con autoridad 

para contratar o alterar un contrato de seguro o 

para comprometer a COSVI.

48. En su contestación al “Primer Requerimiento de 

Admisiones” del presente caso, personal de COSVI 

afirmó bajo juramento que “la solicitud de 

enmienda completada por la Sra. Santiago nunca 

llegó al Departamento de Selección y Emisión” y 

que “por tal razón, esa solicitud nunca se trabajó y 

por ende no fue aprobada”.

49. La Sra. Santiago falleció el 12 de noviembre de 

2020 en San Juan, Puerto Rico, estando 

legalmente casada con el Sr. Davis.

50. El 16 de diciembre de 2020, el Sr. Davis presentó 

electrónicamente ante COSVI una solicitud de 

beneficios por la muerte de la Sra. Santiago, 
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relacionada a la póliza de seguro de [vida] 

individual a término #3403135.

51. En respuesta a la “Solicitud de Beneficios Seguro 

Individual e Hipotecario” por muerte de la Sra. 

Santiago, el 28 de diciembre de 2020, COSVI emitió 

a favor del Sr. Davis el cheque número 192931, por 

la suma de cien mil dólares ($100,000.00) por 

concepto de pago de beneficio relacionado a la 

póliza de seguro de [vida] individual a término 

#3403135.

52. El 28 de enero de 2021, la Sra. Solivan, 

acompañada por Lisandra, presentó 

personalmente ante COSVI una solicitud de 

beneficios por muerte de la Sra. Santiago, 

relacionada a la póliza de seguro de [vida] 

individual a término #3403135.

53. Mediante carta fechada 5 de febrero de 2021, 

firmada electrónicamente por la señora Graciela N. 

Arce Hernández, Analista de Reclamaciones de 

COSVI, se le informó a la Sra. Solivan que no 

procedía el pago a su favor de los beneficios por 

muerte mencionados en la póliza de seguro de 

[vida] individual a término #3403135, porque tal 

pago había sido realizado “al beneficiario designado 

por la señora Marie la Sra. [sic] Santiago”.

54. El 3 de marzo de 2021, la Sra. Solivan contrató al 

Lcdo. Rafael A. Rivera Rivera para que le 

representara legalmente con relación a la 

reclamación de beneficio por muerte relacionado a 

póliza de vida que le fue denegada por COSVI.

55. Los honorarios de abogado pactados por la Sra. 

Solivan con el Lcdo. Rafael A. Rivera Rivera fueron 

establecidos sobre una base de contingencia de un 

veinticinco por ciento (25%) extrajudicialmente o 

un treinta y tres por ciento (33%) judicialmente, de 

cualquier oferta y/o compensación que se 

obtuviera de la aseguradora COSVI.

56. El 9 de marzo de 2021, la Sra. Solivan, por 

conducto de su abogado, Lcdo. Rafael A. Rivera 

Rivera, notificó electrónicamente a la señora Miriel 

Bermúdez, Supervisora del Departamento de 

Servicios al Cliente y Reclamaciones de COSVI, una 

carta en solicitud de reconsideración a la 

determinación de denegarle su reclamación de 

beneficios por muerte.

57. Mediante carta fechada 31 de marzo de 2021, sin 

la firma de ejecutivo(a) alguno(a) COSVI, por 

conducto de su [D]epartamento de Operaciones de 

Seguros, Selección y Emisión Individual, se denegó 

la solicitud de reconsideración de la Sra. Solivan.

58. Durante la vigencia la póliza de seguro de [vida] 

individual a término #3403135, la única solicitud 

de cambio de beneficiarios fue la realizada por la 
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Sra. Santiago el 7 de enero de 2016. El Sr. Davis 

nunca solicitó cambio de beneficiarios.

De igual forma, determinó que, los actos llevados a cabo por 

COSVI, tuvieron el efecto de convalidar el cambio de beneficiarios 

realizado por la señora Santiago Solivan, y que por ello, la parte 

apelada era beneficiaria de la póliza número 3403135, con pleno 

derecho a exigir la satisfacción del importe pagadero dado a que se 

cumplió la condición estipulada en dicha póliza. 

Consecuentemente, entre otras cosas, el foro primario le ordenó a 

COSVI que satisficiera la suma de $50,000.00 (cincuenta mil 

dólares) a favor de la señora Solivan Torres, equivalentes al 

cincuenta por ciento de la cantidad asegurada en la póliza, por 

concepto de resarcimiento de los daños producto de su 

incumplimiento contractual. Adicional, le impuso el pago de 

honorarios por temeridad. 

Inconforme con la determinación del foro a quo, el 10 de mayo 

de 2023, la parte apelante presentó la Moción de Reconsideración de 

Sentencia Parcial Archivada en Autos el 25 de abril de 2023. El 11 

de mayo de 2023, la parte apelante presentó la Moción de 

Reconsideración de Sentencia Parcial Archivada en Autos el 25 de 

abril de 2023 (Revisada). Mediante Orden notificada el 15 de mayo 

de 2023, el foro de primera instancia ordenó que la moción del 10 

de mayo de 2023 fuera tomada por no puesta. No obstante, 

subsiguientemente, mediante Resolución, determinó tomar en 

consideración la moción de reconsideración presentada el 10 de 

mayo de 2023, y dejó sin efecto la Orden emitida el 15 de mayo de 

2023.

Luego de varias incidencias innecesarias pormenorizar, la 

primera instancia judicial mediante Resolución emitida el 8 de 

agosto de 20231, declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración 

1 Notificada el 11 de agosto de 2023.
KLAN202300804 14

de Sentencia Parcial Archivada en Autos el 25 de abril de 2023, 

presentada por la parte apelante. 

Aun inconforme con la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, la parte apelante acudió ante este foro y esgrimió los 

siguientes señalamientos de error: 

• Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar 

Ha Lugar la moción en solicitud de sentencia

sumaria parcial e imposición de honorarios de

abogado por temeridad presentada por la parte 

demandante cuando existen hechos sustanciales 

[en] controversia desde el punto de vista de la 

reclamación de la demandante que justifican 

revocar la sentencia. 

• Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que COSVI “ocultó” una carta y que por 

tanto obró de “mala fe”, y al resolver que COSVI 

está obligada a responder por daños y perjuicios a 

la demandante incluyendo los honorarios de 

abogado pactados entre la demandante y su 

abogado cuando dicha carta formaba parte del 

récord y sin evidencia fáctica admisible que 

establezca la referida mala fe.

• Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

imponerle a COSVI el pago de $5,000 en concepto 

de honorarios por temeridad. No existe evidencia 

en el récord para establecer mala fe y/o temeridad.

• Erró el Tribunal al declarar No Ha Lugar la moción 

bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil de COSVI 

cuando no existe relación jurídica alguna entre la 

demandante y COSVI, y habiendo cumplido COSVI 

con su deber de pagar al beneficiario nombrado por 

el dueño o tomador de la póliza. 

Por su parte, la señora Solivan Torres presentó el Alegato de 

la Parte Apelada. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes procedemos 

a resolver. 

II

A. Sentencia Sumaria

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal disponible 

en nuestro ordenamiento que nos permite resolver controversias sin 
KLAN202300804 15

que se requiera llegar a la etapa de juicio.2 Segarra Rivera v. Int’l

Shipping et al., 208 DPR 964 (2022); Serrano Picón v. Multinational 

Life Ins., 2023 TSPR 118, 212 DPR ___ (2023); González Meléndez v. 

Mun. San Juan, 2023 TSPR 95, 212 DPR ___ (2023); Birriel Colón v. 

Econo y Otros, 2023 TSPR 120, 213 DPR ___ (2023); Delgado Adorno 

v. Foot Locker Retail, 208 DPR 622 (2022). La sentencia sumaria está 

regida por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36, la cual desglosa los requisitos específicos con los que debe 

cumplir esta norma procesal. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 

194 DPR 209, 224 (2015); Rosado Reyes v. Global Healthcare, supra, 

pág. 808.

Ante la ausencia de una controversia sustancial y real sobre 

hechos materiales, sólo resta aplicar el derecho pertinente a la 

controversia. Serrano Picón v. Multinational Life Ins., supra. Cuando 

se habla de hechos materiales, nos referimos a aquellos que pueden 

determinar el resultado de la reclamación, de conformidad con el 

derecho sustantivo aplicable. Así pues, el propósito de la sentencia 

sumaria es facilitar la pronta, justa y económica solución de los 

casos que no presenten controversias genuinas de hechos 

materiales.3 Alicea Pérez v. Coop. Seg. Múlt. et al., 210 DPR 71 

(2022); Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., supra, pág. 5; Rosado 

Reyes v. Global Healthcare., supra, pág. 808; González Meléndez v. 

Mun. San Juan, supra. Procede dictar sentencia sumaria si de las 

alegaciones, deposiciones y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia admisible, se acredita 

la inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún 

hecho esencial y material y, además, si procede en derecho. SLG 

2 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010); SLG Fernández-Bernal v. 

RAD-MAN et al., 208 DPR 310 (2021); Rosado Reyes v. Global Healthcare, 205 DPR 

796, 808 (2020). 

3 Velázquez Ortiz v. Gobierno Mun. De Humacao, 197 DPR 656, 662-663 (2017); 

SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra, pág. 13; Roldán Flores v. M. Cuebas, 

Inc., 199 DPR 664, 676 (2018).
KLAN202300804 16

Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra, pág. 13; Segarra Rivera v. Int’l

Shipping et al., supra, pág. 6; Birriel Colón v. Econo y Otros, supra; 

González Meléndez v. Mun. San Juan, supra.

4 De la prueba adjunta 

a la solicitud de sentencia sumaria, deberá surgir

preponderadamente la inexistencia de controversia sobre los hechos 

medulares del caso. Birriel Colón v. Econo y Otros, supra. 

Cónsono con esto, en el pasado el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha afirmado que -utilizado ponderadamente- el mecanismo de 

sentencia sumaria es un vehículo idóneo para descongestionar los 

calendarios de los tribunales y evitar el derroche de dinero y tiempo 

que implica la celebración de un juicio en su fondo. Véase Carpets 

& Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615 (2009); Padín v. Rossi, 100 

DPR 259 (1971); Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019).

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, detalla 

el procedimiento que deben seguir las partes al momento de solicitar 

que se dicte una sentencia sumaria a su favor. A esos efectos, 

establece que una solicitud al amparo de ésta deberá incluir: (1) una 

exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los asuntos 

litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción, reclamación o 

parte respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; (4) una 

relación concisa, organizada y en párrafos enumerados de todos los 

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se establecen estos hechos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del 

tribunal; (5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, 

argumentando el derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser 

concedido. 32 LPRA Ap. V. R. 36.3. Rodríguez García v. UCA, 200 

4 Véase Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra, pág. 225; SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 
KLAN202300804 17

DPR 929, 940 (2018); SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra, 

pág. 14.

Cumplidos estos requisitos, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico expresó además en Pérez Vargas v. Office Depot, supra, pág. 

699, que el inciso (e) de la Regla 36.3 establece lo siguiente: 

La sentencia solicitada será dictada 

inmediatamente si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, 

en unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra 

evidencia demuestran que no hay controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y 

pertinente y que, como cuestión de derecho, el tribunal 

debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente. El tribunal podrá dictar sentencia sumaria 

de naturaleza interlocutoria para resolver cualquier 

controversia entre cualesquiera partes que sea 

separable de las controversias restantes. Dicha 

sentencia podrá dictarse a favor o contra cualquier 

parte en el pleito. Si la parte contraria no presenta la 

contestación a la sentencia sumaria en el término 

provisto en esta regla, se entenderá que la moción de 

sentencia sumaria queda sometida para la 

consideración del tribunal. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e).

La sentencia sumaria no procederá en las instancias que: 1) 

existan hechos materiales y esenciales controvertidos; 2) haya 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

3) surja de los propios documentos que se acompañan con la moción 

una controversia real sobre algún hecho material y esencial; o 4) 

como cuestión de derecho, no proceda. SLG Fernández-Bernal v. 

RAD-MAN, supra, pág. 14; Serrano Picón v. Multinational Life Ins., 

supra. 

Cónsono con lo antes indicado, nuestra Máxima Curia ha 

expresado que, el oponente debe controvertir la prueba presentada 

con evidencia sustancial y no puede simplemente descansar en sus 

alegaciones. Birriel Colón v. Econo y Otros, supra; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, págs. 215-216. Las meras afirmaciones no bastan. 

Íd. “Como regla general, para derrotar una solicitud de sentencia 

sumaria la parte opositora debe presentar contradeclaraciones 

juradas y contradocumentos que pongan en controversia los hechos 
KLAN202300804 18

presentados por el promovente”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 215. (Cita omitida). Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 

677. Además, se le exige a la parte que se oponga ciertas exigencias 

adicionales. Primeramente, deberá presentar una relación concisa 

y organizada de los hechos esenciales y pertinentes que, a su juicio, 

estén en controversia, citando específicamente los párrafos según 

fueron enumerados por el promovente de la moción. SLG 

Fernández-Bernal v. RAD-MAN, pág. 15 679 193 DPR 100 (2015). 

También, deberá enumerar los hechos que no estén en controversia, 

con indicación de los párrafos o páginas de las declaraciones juradas 

u otra prueba admisible donde se establezcan estos. Íd. En adición, 

deberá esbozar las razones por las cuales no se debe dictar sentencia 

sumaria, argumentando el derecho aplicable. Íd. 

Si el oponente no controvierte los hechos propuestos de la 

forma en la que lo exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, 

se podrán considerar como admitidos y se dictará la Sentencia 

Sumaria en su contra, si procede. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 

supra, pág. 677.

Respecto a la revisión de las sentencias sumarias, el foro 

apelativo deberá utilizar los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 

115 (2015); González Meléndez v. Mun. San Juan, supra. Nuestro 

Máximo Foro ha sido claro en que, [l]os tribunales apelativos 

estamos limitados a: (1) considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia; (2) determinar si 

existe o no alguna controversia genuina de hechos materiales y 

esenciales, y (3) comprobar si el derecho se aplicó de forma correcta. 

Birriel Colón v. Econo y Otros, supra. De acuerdo a lo anterior, el 

foro apelativo está obligado a examinar de novo la totalidad de los 

documentos incluidos en el expediente de la forma más favorable al 
KLAN202300804 19

promovido. Íd. Serrano Picón v. Multinational Life Ins., supra; 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 116. 

B. Regla 44.1-Honorarios de Abogados

La concesión de honorarios de abogado está regulada por la 

Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 

44.1 (d). La misma autoriza al Tribunal a imponer honorarios de 

abogado cuando una parte o su abogado procede con temeridad o 

frivolidad. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et al., 210 DPR 163 

(2022); SLG González-Figueroa v. SLG et al., 209 DPR 138, 147

(2022). 

La temeridad se define como aquella conducta que hace 

necesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolonga 

innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en gestiones 

evitables. Íd; Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et al., supra, pág. 

193; Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 (2010). 

Sobre este particular, nuestro más Alto Foro ha expresado también 

que “[l]a temeridad es una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la 

administración de la justicia.” Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 

764, 779 (2001).

Por otro lado, la frivolidad se define como “aquello que no tiene 

razón de ser, sin méritos, sin peso ni lógica alguna.” Depto. Rec. v. 

Asoc. Rec. Round Hill, 149 DPR 91, 100 (1999). Sólo lo claramente

irrazonable o inmeritorio debe dar paso a una determinación de 

frivolidad por un tribunal apelativo. Id.

En Feliciano Polanco v. Feliciano González, 147 DPR 722, 730 

(1999), el Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que “[a] modo de 

ejemplo, constituyen actos temerarios los siguientes: 

cuando el demandado contesta la demanda y niega su 

responsabilidad total, aunque la acepte posteriormente; 

cuando se defiende injustificadamente de la acción que 

se presenta en su contra; cuando no admite 

francamente su responsabilidad limitada o parcial, a 
KLAN202300804 20

pesar de creer que la única razón que tiene para 

oponerse a la demanda es que la cuantía es exagerada; 

cuando se arriesga a litigar un caso del que prima facie 

se desprende su negligencia; o cuando niega un hecho 

que le consta ser cierto.”

El propósito de la imposición de honorarios de abogado en 

casos de temeridad es “establecer una penalidad a un litigante 

perdidoso que por su terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo 

e inconveniencias de un pleito.” Andamios de PR v. Newport Bonding, 

179 DPR 503, 520 (2010); Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et al., 

supra, pág. 193; SLG González-Figueroa v. SLG et al., supra, págs. 

148-149; Fernández v. San Juan Co., Inc., 118 DPR 713, 718 

(1987). 

Además, la imposición de honorarios de abogado, tiene como 

objetivo disuadir la litigación innecesaria y alentar las transacciones 

mediante la imposición de sanciones a la parte temeraria para 

compensar los perjuicios económicos y las molestias sufridas por la 

otra parte. Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 

718-719 (1987). Nuestro más Alto Foro ha dispuesto que, la 

facultad de imponer honorarios de abogados es la mejor arma que 

ostentan los tribunales para gestionar de forma eficaz los 

procedimientos judiciales y el tiempo de la administración de la 

justicia, así como para proteger a los litigantes de la dilación y los 

gastos innecesarios. SLG González-Figueroa v. SLG et al., supra, pág. 

149.

La determinación sobre si una parte ha procedido con 

temeridad descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador 

y no será variada en apelación a menos que se demuestre que éste 

ha abusado de su discreción. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et 

al., supra, pág. 193; SLG González-Figueroa v. SLG et al, supra, pág. 

150. Tampoco será variada la partida concedida a menos que 
KLAN202300804 21

resulte ser excesiva, exigua o constituya un abuso de 

discreción. Feliciano Polanco v. Feliciano González, supra, a las 

págs. 728-729.

C. Regla 10.2 de Procedimiento Civil

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2, faculta a la parte contra la cual se presente una alegación 

en su contra a presentar una moción de desestimación, por los 

fundamentos siguientes: 1) falta de jurisdicción sobre la materia; 2) 

falta de jurisdicción sobre la persona; 3) insuficiencia del 

emplazamiento; 4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; 5) dejar de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio, y 6) dejar de acumular una parte 

indispensable. Cobra Acquisitions, LLC v. Municipio de Yabucoa et 

al., 210 DPR 384 (2022); Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 

193 DPR 38, 49 (2015); Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 

1049 (2013). La precitada regla permite a la parte demandada 

presentar una moción de desestimación debidamente 

fundamentada previo a contestar la demanda instada en su contra. 

Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 205 DPR 1043 (2020); Casillas 

Carrasquillo v. ELA, 209 DPR 240 (2022).

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido 

que, al momento de considerar una moción de desestimación, los 

tribunales están obligados a tomar como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda y, a su vez, considerarlos de la forma 

más favorable a la parte demandante. Cobra Acquisitions, LLC v. 

Municipio de Yabucoa et al., supra, pág. 396; Casillas Carrasquillo v. 

ELA, supra, pág. 247; Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, supra, 

pág. 49; Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez, 206 DPR 261, 267 (2021);

Colón Rivera et al. v. ELA, supra, pág. 1049. Es por lo que, para que 

proceda una moción de desestimación, “tiene que demostrarse de 

forma certera en ella que el demandante no tiene derecho a remedio 
KLAN202300804 22

alguno bajo cualquier estado de [D]erecho que se pudiere probar en 

apoyo a su reclamación, aun interpretando la demanda lo más 

liberalmente a su favor”. Cobra Acquisitions, LLC v. Municipio de 

Yabucoa et al., supra, pág. 396; Casillas Carrasquillo v. ELA, supra, 

pág. 247; Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez, supra, págs. 267-268;

Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, supra, pág. 49; Ortiz Matías et 

al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013); López García v. 

López García, 199 DPR 50, 69-70 (2018).

D. El Contrato de Seguro

En ocasiones recientes, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha reconocido el alto interés público con el que está investido el 

negocio de seguros en Puerto Rico, “debido al papel que juega en la 

protección de los riesgos que amenazan la vida o el patrimonio de 

los ciudadanos” y “la extraordinaria importancia que juegan los 

seguros en la estabilidad de nuestra sociedad”. RJ Reynolds v. Vega 

Otero, 197 DPR 699, 706 (2017) (citando a Natal Cruz v. Santiago 

Negrón et al., 188 DPR 564, 575 (2013)). Por esas razones, los 

seguros cumplen la función social de atenuar los riesgos inherentes 

de las relaciones comerciales, al amortiguar los giros violentos de 

incertidumbre propios del mercado, aminorar sus efectos y propiciar 

el crecimiento estable de la economía. Rivera Matos, et als. v. TripleS, et al., 204 DPR 1010 (2020). 

A este contrato de gran complejidad e importancia se le 

define como aquel por el que una persona se obliga a indemnizar 

a otra o a pagarle o a proveerle un beneficio específico o 

determinable si se produce un suceso incierto previsto en el 

mismo. 26 LPRA sec. 1025. Por lo tanto, su propósito es 

indemnizar y proteger al asegurado transfiriendo el riesgo a la 

aseguradora si ocurre el evento especificado en el contrato. 

5 Ley 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, Código de Seguros de Puerto 

Rico. 
KLAN202300804 23

Integrand Assurance v. CODECO et al., 185 DPR 146, 161 (2012). 

Los términos del contrato de seguro están contenidos en la póliza. 

Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880 (2012). La

póliza es el instrumento escrito en que se expresa un contrato de 

seguro y es ley entre las partes. Id.; 26 LPRA sec. 1114(1).

Se denomina póliza el documento donde se consignan los 

términos que rigen el contrato de seguro. Art. 11.140(1) del Código 

de Seguros, 26 LPRA sec. 1114(1). Conforme dispone el propio 

Código de Seguros, en primera instancia las cláusulas de una póliza 

se interpretarán de manera global, examinando el conjunto total de 

las disposiciones, términos y condiciones vigentes a la fecha que se 

juzgue relevante. Art. 11.250 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 

1125. Rivera Matos, et als. v. Triple-S, et al., supra, pág. 1020 

citando con aprobación a R.J. Reynolds v. Vega Otero, supra pág. 

707; y Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, 194 DPR 271 (2015). 

En consecuencia, corresponde interpretar el lenguaje 

plasmado en la póliza en su acepción de uso común general, sin 

ceñirse demasiado al rigor gramatical. Jiménez López et al. v. 

SIMED, 180 DPR 1 (2010); SLG Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 

372 (2009); Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355 (2008). De 

igual forma se examinarán las cláusulas desde la óptica de una 

persona normal de inteligencia promedio que fuese a adquirir el 

seguro. SLG Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48 (2011). 

De este modo, se garantiza que el asegurado que adquiere una póliza 

reconoce el alcance de la protección del producto que ha comprado. 

Rivera Matos, et als. v. Triple-S, et al., supra, pág. 1020. 

Los términos del contrato de seguro se consideran claros 

cuando su lenguaje es específico, sin que dé lugar a dudas, 

ambigüedades o sea susceptible de diferentes interpretaciones. RJ 

Reynolds v. Vega Otero, supra, pág. 708; Echandi Otero v. Stewart 
KLAN202300804 24

Title, supra, pág. 370; SLG Francis-Acevedo v. SIMED, supra, pág. 

387.

Respecto a la vigencia de una póliza de seguro de vida, nuestro 

Máximo Foro ha expresado que esta, se desarrolla en dos etapas: 1) 

durante la vida del asegurado y 2) a la muerte de este. Pilot Life Ins. 

Co. v. Crespo Martínez, 136 DPR 624, 636 (1994). En la primera 

etapa, quien aparece como dueño es el titular de la póliza, y por 

ende, tiene todos los derechos que esta le confiere. El Tribunal 

Supremo ha dispuesto que, “[l]a determinación de a quién pertenece 

la póliza durante la primera etapa cobra importancia en cuanto a 

los derechos que se tienen sobre ella. Únicamente el titular o dueño 

de la póliza podrá ejercerlos.” Íd. Entre tales derechos se encuentra 

el poder de realizar cambios en la designación de beneficiario. Íd. 

pág. 637. El aludido derecho, se rige por lo establecido en el 

contrato de seguro. El mismo puede ser reservado, condicionado o 

renunciado. Íd. 

En cuanto a la segunda etapa, esta comienza cuando muere 

el asegurado. Es desde entonces que, el beneficiario adquiere un 

derecho propio y distinto al perteneciente al tomador del seguro 

sobre el producto de la póliza. Íd. pág. 636.

Nuestra más Alta Curia ha reseñado que, no empece el modo 

de adquisición de la póliza, el derecho sobre la titularidad de una 

póliza de seguro de vida es personalísimo. Cónsono con ello, “será 

titular aquel sobre la vida del cual se haya tomado el seguro por 

razón de la relación tan íntima entre su persona y la existencia del 

contrato.” Íd. págs. 636-637.

III

En el caso de epígrafe, en esencia, nos corresponde evaluar si 

incidió el foro primario al dictar sentencia sumaria a favor de la 

señora Solivan Torres, puesto que, la parte apelante en su primer

señalamiento de error, aduce que, existen hechos materiales en 
KLAN202300804 25

controversia que justifican revocar la sentencia apelada. En el 

ejercicio de nuestra función revisora nos corresponde: 1) examinar 

de novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro 

primario; 2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como 

su oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en la 

referida Regla 36, supra; 3) revisar si en realidad existen hechos 

materiales en controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia 

de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró que están en 

controversia y cuáles están incontrovertidos; y 4) de encontrar que 

los hechos materiales realmente están incontrovertidos, debe 

proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia6. 

De un ponderado análisis del expediente ante nuestra 

consideración, surge que, la parte apelada cumplió sustancialmente 

con las formalidades dispuestas por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra. Puesto que esta, incluyó las alegaciones de las partes, 

realizó una enumeración de hechos que entendía incontrovertidos, 

de manera detallada, separada y sustentada, con indicación de las 

páginas de las declaraciones juradas y de otra prueba admisible en 

evidencia, así como las razones por las cuales el foro de primera 

instancia debía dictar sentencia sumaria7. 

Por otro lado, colegimos que, la parte apelante no cumplió con 

las formalidades dispuestas por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra. Lo anterior, debido a que no presentó prueba con el propósito 

de impugnar varios hechos propuestos por la parte apelada. 

Recordemos que, nuestro ordenamiento jurídico dispone que la 

6 Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 679.

7 32 LPRA Ap. V. R. 36.3; Rodríguez García v. UCA, supra, pág. 940; SLG 

Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra, pág. 14.
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parte que se oponga a la sentencia sumaria deberá controvertir la 

prueba presentada con evidencia sustancial y no puede 

simplemente descansar en sus alegaciones.

8

En cumplimiento con la normativa vigente sobre la sentencia 

sumaria, evaluamos de novo las determinaciones de hechos 

esbozadas por el foro primario y las acogemos, por no estar en 

controversia y estar basadas en evidencia suficiente. Además, 

determinamos que no existen controversias adicionales.

Superada esta primera etapa, ahora nos corresponde 

determinar si el foro de primera instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia de epígrafe. 

En su cuarto señalamiento de error, la parte apelante sostiene 

que, el foro primario incidió al declarar No Ha Lugar la moción donde 

solicitó la desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

supra, cuando a su juicio, no existe relación jurídica entre las 

partes, y debido a que, COSVI cumplió con su deber de pagar al 

beneficiario nombrado por el dueño o tomador de la póliza. 

Adelantamos que, no le asiste la razón. Veamos. 

Según expuesto, el 2 de junio de 2004, la señora Santiago 

Solivan y el señor Davis Rodríguez, presentaron ante COSVI una 

solicitud de seguro de vida individual, donde la asegurada lo era la 

señora Santiago Solivan a término de treinta años, con la cantidad 

asegurada de $100,000.00. En su solicitud, la señora Santiago 

Solivan designó como beneficiario al señor Davis Rodríguez y como 

beneficiarios contingentes al señor William P. Davis y a la señora 

Gladys Rodríguez, y se reservó el derecho de cambiar tales 

designaciones.

Posteriormente, la señora Santiago Solivan se presentó junto 

a su hermana, la señora Lisandra Santiago Solivan, a la Oficina 

8 Birriel Colón v. Econo y Otros, supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 215-

216. 
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Central de COSVI, al Departamento de Servicios al Cliente. Lo 

anterior, con el propósito de solicitar un cambio de beneficiarios y 

de dirección postal en la póliza. En su solicitud de cambio de 

beneficiarios correspondiente a la póliza de seguro de vida individual 

número 3403135, designó como beneficiarios a su madre, la señora 

Solivan Torres, y a su hijo William Joseph Davis Santiago. El 7 de 

enero de 2016, luego de que la señora Santiago Solivan 

cumplimentara la solicitud de cambio de dirección postal y 

beneficiarios, la representante del Departamento de Servicios al 

Cliente de COSVI, le entregó copia de esta, y una copia de “Hoja de 

Servicio” que acreditaba el trámite allí realizado. 

No fue hasta el 23 de diciembre de 2020, que se le notificó a 

la señora Santiago Solivan mediante misiva con igual fecha firmada 

por el supervisor del Departamento de Selección y Emisión 

Individual de COSVI, el señor Abdel Meléndez, que el cambio de 

beneficiarios solicitado en la póliza de vida individual número 

3403135 había sido realizado. Cabe destacar que, a la fecha de la 

carta recibida a la dirección postal P.O. Box 3428, Guaynabo, PR 

00970, la señora Santiago Solivan había fallecido. 

Para el 28 de enero de 2021, la parte apelada presentó 

personalmente ante COSVI una solicitud de beneficios por muerte 

de la señora Santiago Solivan, en relación a la póliza de seguro de 

vida individual número 3403135. Así las cosas, mediante carta con 

fecha del 5 de febrero de 2021, firmada electrónicamente por la 

señora Graciela N. Arce Hernández, Analista de Reclamaciones de 

COSVI, se le notificó a la parte apelada que no procedía el pago a su 

favor de los beneficios por muerte esbozados en la póliza de seguro 

de vida individual número 3403135, en la medida en que, tal pago 

había sido realizado “al beneficiario designado por la señora 

Santiago Solivan”. De acuerdo al expediente, el pago fue realizado 

al señor Davis Rodríguez, luego de que el 16 de diciembre de 2020, 
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este presentara una solicitud de beneficios por la muerte de la 

señora Santiago Solivan. 

Subsiguientemente, la señora Solivan Torres presentó una 

solicitud de reconsideración ante la denegatoria de la reclamación 

de beneficios por muerte. Esta fue denegada mediante carta fechada 

31 de marzo de 2021.

Conforme el derecho reseñado, el contrato de seguro es 

definido como aquel por el que una persona se obliga a indemnizar 

a otra o a pagarle o a proveerle un beneficio específico o 

determinable si se produce un suceso incierto previsto en el mismo.

9

Este tiene como propósito el indemnizar y proteger al asegurado 

transfiriendo el riesgo a la aseguradora si ocurre el evento 

especificado en el contrato.10 Los términos del contrato de seguro 

están contenidos en la póliza.11 La póliza es el instrumento escrito 

en que se expresa un contrato de seguro y es ley entre las partes.12

De acuerdo al Código de Seguros, en primera instancia, las 

cláusulas de una póliza se interpretarán de manera global, 

examinando el conjunto total de las disposiciones, términos y 

condiciones vigentes a la fecha que se juzgue relevante.13 Asimismo 

se examinarán las cláusulas desde la óptica de una persona normal 

de inteligencia promedio que fuese a adquirir el seguro.

14 De este 

modo, se garantiza que el asegurado que adquiere una póliza 

reconoce el alcance de la protección del producto que ha 

comprado.15

En cuanto a la vigencia de una póliza de seguro de vida, el 

Tribunal Supremo ha dispuesto que esta se desarrolla en dos 

9 Ley 77 de 19 de junio de 1957, supra. 

10 Integrand Assurance v. CODECO et al., supra, pág. 161.

11 Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 897. 

12 Íd.; 26 LPRA sec. 1114(1).

13 Art. 11.250 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1125. Rivera Matos, et als. v.

Triple-S, et al., supra, pág. 1020

14 SLG Ortiz-Alvarado v. Great American, supra, pág. 73.

15 Rivera Matos, et als. v. Triple-S, et al., supra, pág. 1020. 
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etapas, a saber: 1) durante la vida del asegurado y 2) a la muerte de 

este. En la primera etapa, quien aparece como dueño es el titular

de la póliza, y por ende, tiene todos los derechos que esta le confiere. 

Nuestro Máximo Foro ha expresado que, “[l]a determinación de a 

quién pertenece la póliza durante la primera etapa cobra 

importancia en cuanto a los derechos que se tienen sobre ella. 

Únicamente el titular o dueño de la póliza podrá ejercerlos.”16 

Dentro de estos derechos se encuentra el poder realizar cambios en 

la designación de beneficiarios. Tal derecho se rige por lo 

establecido en el contrato de seguro, y puede ser reservado, 

condicionado o renunciado.17 Nuestra más Alta Curia ha reseñado 

que, no empece el modo de adquisición de la póliza, el derecho sobre 

la titularidad de una póliza de seguro de vida es personalísimo. 

Cónsono con ello, “será titular aquel sobre la vida del cual se haya 

tomado el seguro por razón de la relación tan íntima entre su 

persona y la existencia del contrato”.

18

Respecto a la segunda etapa, esta comienza cuando muere el 

asegurado. Es desde entonces que, el beneficiario adquiere un 

derecho propio y distinto al perteneciente al tomador del seguro 

sobre el producto de la póliza.19 

De acuerdo al derecho expuesto, la señora Santiago Solivan 

estaba facultada para modificar los beneficiarios de la póliza de 

seguro de vida número 3403135, puesto que, esta era la asegurada 

y consecuentemente, dueña de la póliza.

20 Destacamos que, quien 

aparece como dueña de la póliza es la titular, y por ello, tiene todos 

los derechos que esta le confiere.

21 Además, en la Tabla de 

Información Básica de la póliza de seguro de vida, quien aparece 

16 Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, supra, pág. 636. 

17 Íd. pág. 637. 

18 Íd. págs. 636-637.

19 Íd. pág. 636.

20 Véase Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, supra, págs. 636-637.

21 Íd. 
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como asegurada y dueña de la póliza es la señora Santiago Solivan.

22 

De igual forma, en el momento en que la señora Santiago Solivan se 

presentó en las oficinas de COSVI con el propósito de solicitar el 

cambio de beneficiarios y de dirección, una representante del 

Departamento de Servicios al Cliente de COSVI corroboró que esta 

aparecía registrada como dueña de la póliza.

23

Basado en lo anterior, la señora Santiago Solivan ejerció la 

facultad otorgada por nuestro ordenamiento jurídico, y realizó el 

cambio de beneficiarios donde nombró a su madre, la señora Solivan 

Torres, y a su hijo William J. Davis Santiago como nuevos 

beneficiarios. Queda claro que el aludido cambio fue avalado por 

COSVI, ya que, la solicitud de cambio fue aprobada por el 

Departamento de Selección y Emisión Individual. Así se hizo 

constar mediante carta fechada 23 de diciembre de 2020, y firmada 

por el señor Abdel Meléndez, quien era el supervisor del 

Departamento de Selección y Emisión Individual de COSVI, es decir, 

un oficial con autoridad para contratar o alterar un contrato de 

seguro24. La referida misiva fue notificada a la nueva dirección 

postal de la señora Santiago Solivan, esta le informó que “[e]l cambio 

de beneficiarios solicitado en su póliza fue realizado. Favor de 

incorporar este documento al contrato de su póliza para facilitar el 

proceso en caso de reclamación”.25 Además, en la carta aparecieron 

los nombres de los beneficiarios originalmente nombrados con un 

cero por ciento (0.00%) asignado26. Al examinar el expediente, no 

surge la existencia de comunicación escrita alguna expedida por 

COSVI donde denegara el cambio de beneficiarios solicitado por la 

señora Santiago Solivan.

22 Véase determinaciones de hechos núm. 27 y 28. 

23 Véase determinaciones de hechos núm. 35, 36 y 37.

24 Véase determinaciones de hechos núm. 45 y 47.

25 Véase determinación de hecho núm. 45. 

26 Véase determinación de hecho núm. 46.
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Establecido lo anterior, pasamos a la segunda etapa de la 

vigencia de una póliza de seguro de vida. Primeramente, diferimos 

respecto planteamiento de COSVI sobre que no existe relación 

jurídica entre esta y la parte apelada. Lo anterior, por motivo de 

que sí existe una relación jurídica entre las partes ya que, al 

momento en que murió la señora Santiago Solivan, es cuando la 

señora Solivan Torres, por ser beneficiaria designada, adquirió un 

derecho propio y distinto al perteneciente al tomador del seguro 

sobre el producto de la póliza.27 Este derecho le brinda la facultad 

de reclamar el beneficio pactado, al ser la beneficiaria designada por 

la dueña y asegurada de la póliza. 

Por lo tanto, no procedía la desestimación de la demanda bajo 

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. 

En su segundo y tercer señalamiento de error, la parte 

apelante sostiene que, incidió el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que COSVI ocultó una carta y que por ello, obró de mala 

fe y al imponerle honorarios de abogado por temeridad. 

Por encontrarse intrínsecamente relacionados, discutiremos 

ambos señalamientos de error de forma conjunta. Adelantamos 

que, no le asiste la razón. Veamos. 

Como es sabido, la imposición de honorarios de abogados 

recae en la sana discreción del tribunal sentenciador. Examinado 

el expediente ante nuestra consideración, no podemos concluir que 

la actuación del foro de primera instancia constituyó un abuso de 

su discreción que amerite nuestra intervención con la imposición de 

honorarios de abogado. Consecuentemente, los errores antes 

señalados no fueron cometidos por el Tribunal de Primera Instancia.

27 Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, supra, pág. 636.
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IV

Por los fundamentos que anteceden, se confirma el dictamen 

apelado.

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones