Número Identificador

RES2023______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

FEDERAL NATIONAL 

MORTGAGE 

ASSOCIATION T/C/C 

FANNIE MAE

Peticionario

v.

JAVIER LÓPEZ BUDET

Recurrido

KLCE202301119

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Caguas

Caso Núm.:

CG2022CV01910

Sobre:

Cobro de Dinero y 

Ejecución de 

Hipoteca

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero. 

Martínez Cordero, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2023.

Comparece Federal National Mortgage Association t/c/c 

Fannie Mae (en adelante, parte peticionaria y/o Fannie Mae) para 

solicitarnos la revisión de la Orden emitida el 17 de julio de 2023, y 

notificada al día siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Caguas (en adelante, TPI).1 Mediante el dictamen recurrido, el 

foro primario denegó una solicitud de enmienda a una Orden de 

retiro de fondos emitida el 18 de mayo de 2023 y notificada el 22 de 

mayo de 2023.2 

I

El 13 de junio de 2022, First Bank Puerto Rico presentó una 

Demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el señor 

Javier López Budet (en adelante, parte recurrida o señor López 

Budet).

3 Adujo que Federal National Mortgage Association t/c/c 

1 Apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 143.

2 Id., a las págs. 138.

3 Id., a las págs. 1-11.
KLCE202301119 2

Fannie Mae era la dueña del pagaré objeto de la Demanda

presentada. No obstante, lo anterior, expresó que se encargaban de 

proveer el servicio de administración del préstamo y que tenían 

derecho a instar la acción en virtud del artículo 2 de la Ley de 

Instrumentos Negociables4. First Bank Puerto Rico alegó que, el 15 

de noviembre de 2012, se otorgó ante un notario:

un pagaré a favor de Banco Santander de Puerto Rico o 

a su orden, por la suma principal de $319,619.00, más 

intereses desde esa fecha hasta el pago total del 

principal a razón de 3.625% de interés anual sobre el 

balance adeudado (“el pagaré o instrumento”). 

Además, el pagaré provee para pagar recargos por 

demora equivalentes al 5.000% de la suma de aquellos 

pagos con atrasos en exceso de 15 días calendarios de 

la fecha [de] vencimiento; y una cantidad equivalente a 

$31,961.90 por concepto de costas, gastos y honorarios 

de abogados en caso de reclamación judicial.5 

Expresó, además, que, para garantizar el pago de dicho 

pagaré se constituyó una hipoteca voluntaria mediante escritura y 

que, tanto el inmueble como la escritura pública en cuestión,

constaban inscritos en el Registro de la Propiedad.6 El inmueble se 

describe de la siguiente forma:

URBANA: Solar número 404 de la Urbanización Ciudad 

Jardín de Bairoa, Fase II, localizada en el Barrio Bairoa 

del Municipio de Caguas, Puerto Rico, con una cabida 

superficial de 627.16 metros cuadrados. En lindes por 

el Norte, en una distancia de 27.438 metros, con el solar 

número 405; por el Sur, en una distancia de 27.303 

metros, con el solar número 403; por el Este, en un arco 

de longitud de 23.163 metros, con la calle Valencia de 

dicha urbanización; y por el Oeste, en dos alineaciones 

distintas, en una distancia de 9.046 metros, con el solar 

número 410 y otra distancia de 14.090 metros, con el 

solar número 411, todos estos solares y la calle 

pertenecientes al referido desarrollo urbano. Enclava 

una casa de concreto diseñada para una sola familia, 

construida de acuerdo con los planos y especificaciones 

sometidos y aprobados por las agencias e 

instrumentalidades gubernamentales pertinentes.7

4 19 LPRA sec. 451.

5 Id., a la pág. 2.

6 Id., a la pág. 2.

7 Id., a la pág. 2.
KLCE202301119 3

En la Demanda, First Bank Puerto Rico adujo que la parte 

demandada adeudaba $294,143.82 y desglosó de dónde surgía la 

suma de dinero.8

Luego de varios incidentes procesales innecesarios 

pormenorizar, 17 de febrero de 2023, el foro primario emitió una 

Sentencia en Rebeldía (en adelante, Sentencia).9 La misma fue 

notificada el 22 de febrero de 2023.10 En ella, condenó a la parte 

demandada a pagar a First Bank Puerto Rico lo siguiente:

la suma de $294,143.82 la cual se desglosa de la 

siguiente manera: la suma de $233,358.39 en 

principal, más los intereses al 3.625% anual desde el 

día 1 de diciembre de 2019, así como los intereses 

acumulados y por acumularse a partir de esa fecha y 

hasta el total y completo repago de la deuda; cargos por 

demora equivalentes al 5.000% de todos aquellos pagos 

con atrasos en exceso de 15 días calendarios de la fecha 

de vencimiento hasta el total y completo repago de la 

deuda; los créditos accesorios y adelantos hechos en 

virtud de la escritura de hipoteca; $31,961.90, para el 

pago de costas, gastos y honorarios de abogado como 

suma pactada a dichos efectos en el pagaré. La suma 

de $60,785.43 denominado como balance diferido, no 

generará intereses y sería pagadera a la fecha de 

vencimiento de 1ro de octubre de 2059.11

De la Sentencia se desprende, además, que, de no hacer 

efectivo el pago de las sumas adeudadas, se ordenaría la venta en 

pública subasta del inmueble objeto del caso del título. Allí, se 

expresó que el tipo mínimo para la primera subasta sería la suma 

de $319,619.00 y que de no haber remate ni adjudicación en la 

primera subasta, se celebraría una segunda subasta, para la cual 

serviría de tipo mínimo las dos terceras partes (2/3) del precio 

pactado en la primera subasta, es decir, la suma de $213,079.33. 

Por último, se desprende que, si no había remate ni adjudicación en 

la segunda subasta, se celebraría una tercera subasta para la cual 

serviría de tipo mínimo la mitad (1/2) del precio pactado para el caso 

de ejecución, o sea, la suma de $159,809.50.

8 Id., a la pág. 3.

9 Id., a las págs. 99-101.

10 Id., a la pág. 98.

11 Id., a la pág. 101.
KLCE202301119 4

Así las cosas, la parte peticionaria presentó una Moción en 

Solicitud de Sustitución de Parte, de que se Enmiende el Epígrafe del 

Caso y Solicitando Ejecución de Sentencia.

12 De ahí, en lo pertinente, 

el 31 de marzo de 2023, el tribunal a quo emitió una Orden de 

Ejecución de Sentencia y Venta de Bienes.

13 Como parte de los 

trámites procesales, el Mandamiento de Ejecución fue expedido.

14 

Luego, la parte peticionaria presentó un escrito intitulado Trámite al 

Expediente del Tribunal Sometiendo Evidencia de Haber Cumplido 

con la Regla 51.7 de Procedimiento Civil.

15 

Así las cosas, el 17 de mayo de 2023, la parte peticionaria 

presentó una Moción en Solicitud de Confirmación de Venta 

Judicial.

16

El 17 de mayo de 2023, la parte peticionaria también 

presentó una Moción en Solicitud de Retiro de Fondos.

17 Alegó que,

durante la celebración de la venta en pública subasta del inmueble 

objeto de ejecución, el licitador a quien se le adjudicó la buena pro

de la subasta ofreció la cantidad de $325,600.00 y que el Alguacil le 

adjudicó el inmueble en dicho precio.18 Arguyó que la propiedad 

objeto de ejecución se encontraba garantizada por el pagaré objeto 

de la presente acción a favor de Banco Santander de Puerto Rico o 

a su orden por la suma de $319,619.00, cuyo balance al día de la 

venta judicial presuntamente era de $368,645.81. En virtud de lo 

12 Id., a la pág. 102-110. Véase, además, entrada Núm. 21 del Sistema Unificado 

de Manejo y Administración de Caso (SUMAC): El 3 de marzo de 2023, el foro 

primario emitió y notificó una Orden en la cual aceptó la sustitución de parte y 

ordenó a enmendar el epígrafe. Dicha Orden se notificó a Javier López Budet, el 

Centro de Mediación de Conflictos Centro Judicial de Caguas y Vanessa M. Torres 

Quiñones. 

13 Id., a las págs. 111-112. Véase, además, entrada Núm. 22 del SUMAC.

14 Id., a las págs. 113-115.

15 Id., a las págs. 116-130. Véase, además, entrada Núm. 25 del SUMAC: La 

moción Trámite al Expediente del Tribunal Sometiendo Evidencia de haber 

cumplido con la Regla 51.7 de Procedimiento Civil se notificó al Centro de 

Mediación de Conflictos del Centro Judicial de Caguas, a Jorge Bird Serrano y a 

Vanessa M. Torres Quiñones. No obstante, no se notificó al señor López Budet. 

16 Id., a las págs. 131-134.

17 Id., a las págs. 135-137. Véase, además, entrada Núm. 26 del SUMAC: La 

Moción en Solicitud de Retiro de Fondos se notificó al Centro de Mediación de 

Conflictos Centro Judicial de Caguas, a Jorge Bird Serrano y Vanessa M. Torres 

Quiñones. No obstante, no se notificó al señor López Budet. 

18 Id., a la pág. 135.
KLCE202301119 5

alegado, solicitó que se emitiera un cheque a nombre de Federal 

National Mortgage Associacion t/c/c Fannie Mae por la cantidad de 

$325,600.00. 

 En lo que sigue, el 18 de mayo de 2023, el tribunal a quo

emitió una Orden, notificada el 22 de mayo de 2023, mediante la 

cual dispuso que la Unidad de Cuentas emitiera un cheque a favor 

de la parte peticionaria por la suma de $294,143.82.19 

Por su parte, en respuesta a la solicitud de confirmación de 

venta judicial, el foro primario emitió una Orden el 17 de mayo de 

2023, notificada el 1 de junio de 2023. En ella dispuso confirmar el 

procedimiento de ejecución de hipoteca, el remate, venta y, por 

consiguiente, la adjudicación del bien hipotecado, celebrado el 17 

de mayo de 2023, concluyendo que se cumplieron todas las 

formalidades requeridas en el trámite judicial.20

Posteriormente, el 17 de julio de 2023, la parte peticionaria, 

inconforme con la Orden emitida el 18 de mayo de 2023 y notificada 

el 22 de mayo de 2023, presentó una Moción en Solicitud de 

Enmienda a Orden de Retiro de Fondos.

21 En ella, expresó que la 

suma de dinero por la cual el foro primario ordenó que se expidiera 

el cheque a su favor era el equivalente a la suma reclamada en la 

Demanda por concepto de principal, pero no cubría la totalidad de 

la deuda la cual adujo, a la fecha de la subasta era de $368,645.81. 

Basado en lo anterior, solicitó que se enmendara la Orden y que el 

cheque fuese expedido por una suma mayor, es decir, por la suma 

19 Id., a la pág. 138. Véase, además, entrada Núm. 29 del SUMAC: El 18 de mayo 

de 2023, notificada el 22 de mayo de 2023, el foro primario emitió una Orden la 

cual se notificó a Jorge Bird Serrano y a Vanessa M. Torres Quiñones. No 

obstante, no se notificó al señor López Budet. 

20 Id., a las págs. 139-140. Véase, además, entrada Núm. 30 del SUMAC: El 17 

de mayo de 2023 el foro primario una Orden que se notificó el 1 de junio de 2023, 

la cual se notificó a Jorge Bird Serrano, a Vanessa M. Torres Quiñones y al Centro 

de Mediación de Conflictos Centro Judicial de Caguas. No obstante, no se notificó 

al señor López Budet. 

21 Id., a las págs. 141-142. Véase, además, entrada Núm. 35 del SUMAC: La 

Moción en Solicitud de Enmienda a Orden de Retiro de Fondos se notificó a Jorge 

Bird Serrano, a Vanessa M. Torres Quiñones, al Centro de Mediación de Conflictos 

Centro Judicial de Caguas y a Jesús Alberto Aldarondo. No obstante, no se notificó 

al señor López Budet. 
KLCE202301119 6

de $325,600.00, equivalente a la cantidad que pagó el licitador que 

obtuvo la buena pro en la subasta. En respuesta, el 17 de julio de 

2023, el foro primario emitió una Orden mediante la cual denegó la 

solicitud de la parte peticionaria, notificando la misma el 18 de julio 

de 2023.22

Inconforme, el 19 de julio de 2023, la parte peticionaria

presentó una Moción de Reconsideración.

23 En respuesta, mediante 

Orden emitida el 6 de septiembre de 2023, notificada el 12 de 

septiembre de 2023, el foro primario dispuso: “[v]éase sentencia”.24

Insatisfecha aún, el 11 de octubre de 2023, la parte 

peticionaria presentó un escrito intitulado Certiorari Civil, mediante 

el cual esgrimió la comisión de un (1) error por el foro primario, a 

saber: 

PRIMER ERROR: Err[ó] el TPI al denegar la solicitud de 

enmienda a la Orden de Retiro de Fondos indicando que 

se vea la Sentencia, cuando la propia Sentencia provee 

para el pago de las sumas de balance de principal y 

otras partidas[.]

Mediante Resolución emitida por este Tribunal el 13 de 

octubre de 2023, se concedió a la parte peticionaria hasta el 20 de 

octubre de 2023, para acreditar haber notificado copia del recurso 

presentado al foro primario, así como para acreditar haber 

notificado copia del recurso a la parte recurrida. Igual término 

concedimos para que la parte peticionaria mostrara causa por la 

cual el recurso ante nos no debía ser desestimado por falta de 

jurisdicción.

22 Id., a la pág. 143. Véase, además, entrada Núm. 36 del SUMAC: El 17 de julio 

de 2023, notificada al día siguiente el foro primario emitió una Orden la cual se 

notificó a Jorge Bird Serrano, a Vanessa M. Torres Quiñones, al Centro de 

Mediación de Conflictos Centro Judicial de Caguas y a Jesús Alberto Aldarondo 

Torres. No obstante, no se notificó al señor López Budet.

23 Id., a las págs. 144-148. Véase, además, entrada Núm. 38: La Moción de 

Reconsideración se notificó a Jorge Bird Serrano, a Vanessa M. Torres Quiñones, 

al Centro de Mediación de Conflictos Centro Judicial de Caguas y a Jesús Alberto 

Aldarondo Torres. No obstante, no se notificó al señor López Budet.

24 Id., a la pág. 149. Véase, además, entrada Núm. 40 del SUMAC: El 6 de 

septiembre de 2023, el foro primario emitió una Orden que se notificó el 12 de 

septiembre de 2023, la cual se notificó a Jorge Bird Serrano, a Vanessa M. Torres 

Quiñones y a Jesús Alberto Aldarondo Torres. No obstante, no se notificó al señor 

López Budet.
KLCE202301119 7

El 20 de octubre de 2023, la parte peticionaria presentó 

Moción en Cumplimiento de Orden. En su escrito, acreditó haber 

cumplido con nuestra Resolución en términos de la notificación a la 

parte recurrida, así como al foro primario. Con relación a la 

mostración de causa por la cual el recurso no debía ser desestimado 

por falta de jurisdicción expresó que el mismo fue presentado en 

término, habida cuenta de que la Orden recurrida fue emitida el 17 

de julio de 2023, que el 19 de julio se solicitó la reconsideración de 

la Orden y que 6 de septiembre de 2023, notificándose el 12 de 

septiembre de 2023, el foro primario resolvió la solicitud de 

reconsideración expresando “[v]éase Sentencia”.

Considerando que la regla 7 (B)(5) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones,25 nos confiere la facultad para prescindir de 

escritos, en cualquier caso, con el propósito de lograr su más justo 

y eficiente despacho, hemos acordado disponer del presente recurso 

sin requerir mayor trámite. 

II

A. Jurisdicción y Recurso Prematuro

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para resolver las controversias presentadas ante su 

consideración.26 Los tribunales adquieren jurisdicción por virtud de 

ley, por lo que no pueden arrogársela ni las partes pueden 

otorgársela.27 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento, que: 

“los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que 

no tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la 

tienen”.28 Es norma reconocida que las cuestiones relativas a la 

jurisdicción de los tribunales para atender los recursos ante su 

25 4 LPRA Ap. XXII-B, R.7 (B)(5).

26 AAA v. Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA, 199 DPR 638, 

651-52.

27 Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289, 296 (2016).

28 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012). S.L.G. SzendreyRamos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. 

CLE, Id.
KLCE202301119 8

consideración constituyen materia privilegiada.29 De manera que, 

debido a su naturaleza privilegiada, las cuestiones de jurisdicción 

deben ser resueltas con preferencia, ya sea porque fuera 

cuestionada o motu proprio, pues, por su naturaleza, incide 

directamente sobre el poder que tiene para adjudicar las 

controversias.30

Por tal motivo, cuando un tribunal carece de jurisdicción, 

debe declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus 

méritos.31 De lo contrario, cualquier dictamen en los méritos será 

nulo y, por ser ultra vires, no se puede ejecutar.32 Es decir, una 

sentencia, dictada sin jurisdicción por un tribunal, es una sentencia 

nula en derecho y, por lo tanto, inexistente.33

Como corolario de lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha desarrollado el principio de la justiciabilidad, el cual recoge 

una serie de doctrinas de autolimitación basadas en 

consideraciones prudenciales que prohíben al foro judicial emitir 

opiniones consultivas, y fue incorporado jurisprudencialmente a 

nuestro ordenamiento jurídico mediante el caso de ELA v. Aguayo, 

80 DPR 552, 595 (1958).34 La doctrina de justiciabilidad persigue 

evitar emitir decisiones en casos que realmente no existen o dictar 

una sentencia que no tendrá efectos prácticos sobre una 

controversia.35 En ese contexto, un asunto no es justiciable cuando: 

se trata de resolver una cuestión política, una de las partes carece 

de legitimación activa para promover un pleito, después de 

comenzado el litigio hechos posteriores lo tornan en académico, las 

29 AAA v. Unión Abo. AAA, 158 DPR 273, 279 (2002).

30 Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 372 (2018).

31 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 

855 (2009).

32 Bco. Santander v. Correa García, 196 DPR 452, 470 (2016). Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).

33 Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917, 921-922 (2000).

34 R. Elfrén Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las 

leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Ed. Pubs. JTS, 1987, pág. 147.

35 Moreno Orama v. UPR, 178 DPR 969, 973 (2010).
KLCE202301119 9

partes pretenden obtener una opinión consultiva y cuando se 

pretende promover un pleito que no está maduro.36

Entre las referidas doctrinas, se encuentra la doctrina de 

madurez.37 De acuerdo con esta doctrina, los tribunales debemos 

examinar si la controversia sustantiva planteada en el recurso ante 

nuestra consideración está definida concretamente, de manera que 

nos permita evaluarla en sus méritos, y si el daño aducido es 

suficiente para requerir adjudicación.38 En nuestra función revisora, 

un recurso judicial es prematuro cuando el asunto del cual se trata 

no está listo para adjudicación; esto es, cuando la controversia no 

está debidamente delineada, definida y concreta.39 Como ha 

pronunciado reiteradamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

un recurso prematuro adolece del insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre.40 Como tal, su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, 

pues no hay autoridad judicial para acogerlo.41

III

Este tribunal intermedio tiene ante su consideración un 

recurso de Certiorari. Precisa destacar que, en el presente caso, 

contra la parte recurrida se emitió una Sentencia en Rebeldía, la 

cual, luego de ser notificada a las partes, advino final y firme. De ahí 

y luego de varios incidentes procesales, tras confirmarse la venta 

judicial de la propiedad objeto del presente litigio, la parte 

peticionaria compareció ante el foro primario para solicitar el retiro 

de una suma específica de dinero, producto de la venta judicial. El 

foro primario emitió una Orden para que se expidiera un cheque por 

36 Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 298 (2003).

37 J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y relaciones 

constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis, 2009, pág. 89.

38 Com. de la Mujer v. Srio de Justicia, 109 DPR 715, 722 (1980).

39 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001).

40 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., Id., en la pág. 365.

41 Id., en la pág. 366.
KLCE202301119 10

una suma menor a la solicitada por la parte peticionaria. Fue ahí

que tuvo su génesis la inconformidad de la parte peticionaria, que 

provocó la presentación del recurso ante nos. Ahora bien, es 

menester destacar que, de un estudio del expediente ante nuestra 

consideración, incluyendo el expediente judicial ante el TPI en el 

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) 

revela que, debido a la falta de notificación adecuada a las partes, 

carecemos de autoridad para intervenir en el presente caso puesto 

a que el recurso de Certiorari fue presentado de forma prematura. 

Nos explicamos.

 En el presente caso, los escritos relacionados a la controversia 

de autos no fueron notificados a la parte recurrida. Es de ver, que el 

caso ante nuestra consideración fue presentado ante el TPI 

mediante el SUMAC y que la parte recurrida no cuenta con 

representación legal. Por tanto, la radicación de escritos a través del 

SUMAC no le confiere una notificación simultánea a partes por 

derecho propio a través de dicho sistema, y tampoco consta en los 

escritos en cuestión, que la parte peticionaria haya certificado el 

envío a dicha parte. Empero, más importante aún, el foro primario 

comenzó a preterir del volante de notificación de sus 

determinaciones desde la Orden notificada a la Entrada Núm. 21 en 

el SUMAC, que constituye la última notificación al señor López 

Budet en dicho expediente judicial. Esta notificación de Orden es,

inclusive, previa a la controversia de autos. Veamos.

En lo pertinente, y según hemos detallado en la relación de 

hechos, la primera instancia judicial emitió una Orden allá para el 

18 de mayo de 2023, con fecha de notificación del 22 de mayo de 

2023.42 Dicha Orden no fue notificada a la parte recurrida. Luego,

el TPI emitió una Orden el 17 de julio de 2023, con fecha de 

42 Véase, además, Entrada Núm. 29 del SUMAC.
KLCE202301119 11

notificación del 18 de julio de 2023.43 Esta Orden tampoco fue 

notificada a la parte recurrida. Por último, y en atención a la 

solicitud de reconsideración presentada por la parte peticionaria, el 

tribunal a quo emitió una Orden (en reconsideración) el 6 de 

septiembre de 2023, con fecha de notificación del 12 de septiembre 

de 2023.44 Siguiendo el mismo curso de acción, el Tribunal de 

Primera Instancia tampoco notificó la Orden a la parte recurrida. 

En esencia, y como cuestión de umbral, los tribunales 

venimos llamados a auscultar nuestra propia jurisdicción. Es norma 

reiterada en nuestro ordenamiento, que: “los tribunales deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción y que no tienen discreción 

para asumir jurisdicción allí donde no la tienen”.45 Es norma 

reconocida que las cuestiones relativas a la jurisdicción de los 

tribunales para atender los recursos ante su consideración 

constituyen materia privilegiada.46

Según hemos expuesto, en nuestra función revisora, un 

recurso judicial es prematuro cuando el asunto del cual se trata no 

está listo para adjudicación; esto es, cuando la controversia no está 

debidamente delineada, definida y concreta.47 Como ha 

pronunciado reiteradamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

un recurso prematuro adolece del insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre.48 Como tal, su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, 

pues no hay autoridad judicial para acogerlo.49 En el recurso ante 

nuestra consideración, la falta de notificación adecuada a todas las 

partes acarrea que el asunto ante nuestra consideración sea uno 

43 Véase, además, Entradas Núm. 36 y 37 del SUMAC.

44 Véase, además, Entrada Núm. 40 del SUMAC.

45 Torres Alvarado v Madera Atiles, supra, 500. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 

supra. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra. Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. 

CLE, supra.

46 AAA v. Unión Abo. AAA, supra.

47 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001).

48 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., Id., en la pág. 365.

49 Id., en la pág. 366.
KLCE202301119 12

prematuro, por lo que razonamos que no contamos con autoridad 

para entender en el mismo. Lo anterior no impide que una vez el foro 

primario subsane las deficiencias aquí señaladas, y se produzca una 

notificación adecuada a las partes, cualquiera de estas pueda 

presentar un recurso apelativo, de entenderlo necesario.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso 

presentado por falta de jurisdicción, por haberse presentado de 

forma prematura.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones