Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL1

LUNA COMMERCIAL II, 

LLC

Demandante - Recurrido

v.

HOMERO GONZÁLEZ 

LÓPEZ; MARIE ELSIE 

LÓPEZ ADAMES T/C/C 

MARIE E. LÓPEZ ADAMES 

T/C/C MARIE LÓPEZ 

ADAMES, Y LA SOCIEDAD 

LEGAL DE BIENES 

GANANCIALES 

COMPUESTA POR AMBOS

Demandada - Peticionario

KLCE202400440

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

San Juan

Civil núm.:

K CD2013-1582 

(504)

Sobre: 

Cobro de Dinero 

y Ejecución de 

Hipoteca por la 

Vía Ordinaria

LUNA COMMERCIAL II, 

LLC

Demandante - Peticionario

v.

HOMERO GONZÁLEZ 

LÓPEZ; MARIE ELSIE 

LÓPEZ ADAMES T/C/C 

MARIE E. LÓPEZ ADAMES 

T/C/C MARIE LÓPEZ 

ADAMES, Y LA SOCIEDAD 

LEGAL DE BIENES 

GANANCIALES 

COMPUESTA POR AMBOS

Demandada - Recurrido

KLCE202400445

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

San Juan

Civil núm.:

K CD2013-1582 

(504)

Sobre: 

Cobro de Dinero

y Ejecución de 

Hipoteca por la 

Vía Ordinaria

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2024.

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), aunque adelantó su 

criterio de que una deuda hipotecaria era exigible, se abstuvo de 

1 Los recursos fueron asignados a este panel por virtud de lo dispuesto en la Orden 

Administrativa OAJP-2021-086, de 4 de noviembre de 2021, sobre Normas para 

la Asignación de Recursos Nuevos Previamente Presentados en el Tribunal de 

Apelaciones. Como consecuencia de la referida orden, estos recursos, así como 

todo recurso futuro que surja del caso de referencia, pendiente ante el Tribunal 

de Primera Instancia, será atendido por los integrantes de este panel, quienes 

adjudicaron el correspondiente recurso anterior (KLCE202300334).
KLCE202400440 consolidado con KLCE202400445 2

resolver la reclamación por la vía sumaria, ello al entender que el 

récord no le permitía determinar la cuantía exacta de la deuda. 

Según se explica en detalle a continuación, concluimos que no es 

necesario un juicio para determinar la cuantía de la deuda, aunque, 

por virtud del cumplimiento tardío del banco con su obligación de 

ofrecer el refinanciamiento del último pago de un préstamo tipo 

balloon, el deudor no responde por pago alguno adicional al 

correspondiente al balance pendiente del principal y el interés 

pactado.

I.

En julio de 2013, Doral Bank (“Doral”) presentó la acción de 

referencia, sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca, contra el 

Lcdo. Homero González López, su esposa, la Sa. Marie Elsie López 

Adames, y la sociedad de gananciales compuesta por ambos (los 

“Deudores”). En síntesis, alegó ser el tenedor de un pagaré que los 

Deudores suscribieron a su favor por la suma de $297,500.00, 

garantizado mediante una hipoteca constituida sobre un bien 

inmueble comercial sito en San Juan, Puerto Rico. Se alegó que los 

Deudores incumplieron con los términos de la obligación contraída. 

Los Deudores contestaron la Demanda. 

Al cabo de numerosos trámites procesales, en mayo de 2022, 

Luna Commercial II, LLC (la “Acreedora”), presentó una Moción Para 

Sustituir Parte Demandante. En síntesis, informó que había 

adquirido el préstamo objeto de la Demanda (el “Préstamo”),

mediante el endoso del correspondiente pagaré, por lo cual solicitó 

la sustitución de la parte demandante. 

Una vez finalizado el descubrimiento de prueba, el 8 de 

septiembre de 2023, los Deudores instaron una Solicitud de 

Sentencia Sumaria (la “Moción de los Deudores”). En esencia, 

alegaron que no existía controversia sustancial que le impidiera al 

TPI concluir por la vía sumaria que la Acreedora es una tenedora de 
KLCE202400440 consolidado con KLCE202400445 3

mala fe pues, al momento de adquirir el pagaré, tenía conocimiento 

de las exigencias contenidas en un “Balloon Rider”. Plantearon que 

la Acreedora conocía, o debía conocer, las obligaciones que 

incumplió Doral en cuanto al refinanciamiento del préstamo, según 

estipuladas en el “Balloon Rider” (el “Rider”). Los Deudores también 

señalaron que la Acreedora no tenía prueba de que estos hubiesen 

incumplido con sus obligaciones antes del vencimiento del pagaré. 

Así pues, sostuvieron que el pagaré no podía cobrarse, ni la hipoteca 

ejecutarse. Ante el alegado incumplimiento, afirmaron que el pagaré 

quedó inoperante y, por ende, no estaba vencido, líquido, ni era 

exigible, por lo cual, debía ser devuelto a los Deudores para su 

cancelación.

En igual fecha, la Acreedora también solicitó la resolución 

sumaria del pleito, mediante una Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria (la “Moción de la Acreedora”). Alegó que los Deudores 

incumplieron con el pago de su obligación y que no existía 

controversia de hechos materiales que le impidiese al TPI dictar 

sentencia a su favor. En cuanto al Rider, la Acreedora alegó que era 

nulo debido a que no se elevó a escritura pública. Señaló que, de la 

copia certificada simple de la hipoteca, no se desprendía que el Rider

hubiese sido incorporado a la escritura primaria, ni inscrito en el 

Registro de la Propiedad. En la alternativa, de ser válido el Rider, la 

Acreedora arguyó que este establecía ciertas condiciones que los 

Deudores debían cumplir antes de obtener el refinanciamiento. 

Añadió que, a la fecha del vencimiento del pagaré, Doral les ofreció 

a los Deudores alternativas de refinanciamiento que estos 

rechazaron. Sostuvo que los Deudores no había pagado la suma 

total del préstamo $277,107.09, según acordado. Por ende, solicitó 

que el TPI declarase la deuda vencida, líquida y exigible, y que

ordenase a los Deudores el pago de lo adeudado, las costas, gastos 
KLCE202400440 consolidado con KLCE202400445 4

y honorarios de abogado o, de no poder satisfacer la suma 

adeudada, la ejecución de la hipoteca.

Oportunamente, cada parte se opuso a la solicitud de 

sentencia sumaria de la parte contraria.

Mediante un escrito denominado Sentencia Parcial, notificado

el 7 de diciembre de 2023 (el “Dictamen”), el TPI determinó que no 

había controversia sobre los siguientes hechos:

1. Los esposos González López y López Adames 

suscribieron y emitieron un pagaré hipotecario a favor 

de Doral Bank o a su orden el día 21 de febrero de 2004, 

por la suma de $297,500.00 de principal, más intereses 

a razón de 7.95% anual.

2. Los esposos González López y López Adames 

constituyeron una hipoteca en garantía de] pagaré 

descrito en el párrafo anterior sobre las siguientes 

propiedades inmuebles: URBANA C-10; URBANA P-5; 

URBANA P-38: URBANA P-39 URBANA P-4 Y URBANA 

P-40.

3. La hipoteca fue constituida mediante escritura 

número 78, el día 21 de febrero de-2004 ante la Notario 

Teresita Navarro García, mediante la cual los esposos 

González López y López Adames se comprometieron a 

emitir pagos mensuales de $2,172.59 comenzando el 1 

de abril de 2004, con un pago final englobado por la 

cantidad de $277.107.15 con fecha de vencimiento de 1 

de marzo de 2011.

4. Al vencimiento del pagaré, los esposos González 

López y López Adames tenían un derecho condicionado 

de refinanciamiento del balance, según consta en el 

documento titulado “Balloon Rider”, otorgado el 21 de 

febrero de 2004, el mismo día de la firma del pagaré.

5. El “Balloon Rider” enmienda y suplementa la 

Hipoteca.

6. Conforme al “Balloon Rider”, a la fecha de 

vencimiento del pagaré los esposos González López y 

López Adames tenían el derecho de que el tenedor del 

pagaré les refinanciara la deuda si estos cumplían con 

ciertas condiciones allí expresadas.

7. Conforme a la sección 2 del “Balloon Rider”, las 

condiciones para que el tenedor del pagaré extendiera 

un refinanciamiento a los esposos González López y 

López Adames eran:

a. Los esposos González López y López Adames 

tendrían que ser los titulares de los inmuebles;

b. Estar al corriente en los pagos mensuales de la 

hipoteca y no podrán haber tenido un atraso de 
KLCE202400440 consolidado con KLCE202400445 5

más de 30 días en los 12 meses previos a la fecha 

del vencimiento del pagaré;

c. El interés en el nuevo pagaré no podría ser más 

de 5% por encima del interés en el pagaré 

vencido, o sea por encima de 7.95%.

d. Los esposos González López y López Adames 

tendrían que solicitarlo por escrito al tenedor del 

pagaré en la forma prevista en la sección 5 del 

“Balloon Rider”.

8. La sección 5 del “Balloon Rider” obligaba al tenedor 

del pagaré a:

a. Notificar a los esposos González López y López 

Adames con no menos de 60 días de anticipación 

al vencimiento del pagaré, cuánto sería el 

principal e intereses que tendrán que pagar al 

vencimiento del pagaré.

b. Orientar a los esposos González López y López 

Adames de que podían ejercer la opción del 

refinanciamiento condicionado al cumplimiento 

de las condiciones de la sección 2 del “Balloon 

Rider”.

c. Enviar a los esposos González López y López 

Adames la información de su récord de pagos, 

incluyendo el nombre, posición y dirección de la 

persona representante de! tenedor del pagaré a 

quien los esposos González López y López Adames 

tenían que notificar para ejercer su derecho 

condicionado a refinanciamiento.

d. Si los esposos González López y López Adames 

cumplían con los requisitos, entonces podían 

ejercer el derecho de refinanciamiento enviando 

notificación de ello con 45 días de anticipación al 

vencimiento del pagaré.

e. Antes de la fecha del vencimiento, el tenedor 

del pagaré debía avisar a los esposos González 

López y López Adames cuál sería la tasa de interés 

del nuevo préstamo, su nuevo pago mensual y la 

fecha, hora y lugar para la firma de los 

documentos que fuesen requeridos.

f. El tenedor del pagaré tendría derecho a cobrarle 

a los esposos González López y López Adames un 

“fee” de procesamiento de $250.00 más el costo 

de la nueva póliza de título.

9. El “Balloon Rider” identifica al tenedor del pagaré 

(“Note Holder”) como cualquier entidad a la que se le 

transfiera el pagaré y que tenga el derecho de recibir los 

pagos.

10. El “Note Holder” a la fecha en que venció el pagaré 

era el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR).
KLCE202400440 consolidado con KLCE202400445 6

11. En caso de litigio para el cobro del préstamo, los 

esposos estarían obligados a pagar el 10% del principal 

original al tenedor del pagaré, por concepto de costas y 

honorarios.

12. Los esposos González López y López Adames 

recibieron llamadas de Doral Bank donde les indicaron 

que su préstamo estaba atrasado y que tenían que 

refinanciar la propiedad.

13. Los esposos González López y López Adames no 

realizaron el último pago, por la suma de $277,107.09. 

según pactada en el pagaré, con fecha de vencimiento 

de 1 de marzo de 2011.

14. Los esposos González López y López Adames 

continuaron emitiendo pagos luego del vencimiento del 

Pagaré.

15. Los esposos González López y López Adames no 

solicitaron refinanciamiento por escrito a Doral Bank. 

Toda la comunicación fue verbal.

16. Doral Bank emitió una oferta de refinanciamiento 

mediante carta, el 26 de julio de 2013, dirigida a 

González López y López Adames, por el balance 

principal de $267,897.43, con un porciento de interés 

de 7.95% anual, mediante 248 pagos mensuales 

consecutivos de $2,199.75 al Banco Popular como 

“Investor Facility”.

17. Doral Bank emitió una oferta de refinanciamiento 

mediante carta, el 27 de septiembre de 2013, dirigida a 

González López y López Adames, por el balance 

principal de $267,897.43, con un porciento de interés 

de 6.25% anual, mediante 14 pagos mensuales 

consecutivos de $1,938.09 al Banco Popular como 

“Investor Facility”.

18. Los esposos González López y López Adames no 

aceptaron las ofertas de refinanciamiento, por estar en 

desacuerdo con los gastos de cierre estipulados en las 

distintas ofertas propuestas por Doral Bank.

19. Luna Commercial es el actual tenedor del pagaré 

debidamente endosado a su favor, por lo cual es la 

persona con derecho a exigir su cumplimiento.

20. La hipoteca que garantiza el pagare antes descrito 

se encuentra vencida, líquida y es exigible.

El TPI determinó que la Acreedora es la legítima tenedora del 

pagaré con garantía hipotecaria y que la deuda no ha sido 

satisfecha. Por consiguiente, concluyó que la reclamación de la 

Acreedora era legítima, y que la deuda estaba vencida, líquida y 

exigible. No obstante, aseveró que no podía todavía determinar la 
KLCE202400440 consolidado con KLCE202400445 7

cuantía de los pagos efectuados por los Deudores después del 

vencimiento del pagaré, por lo cual quedó en suspenso la cuantía 

por la cual responderían los Deudores. 

El 22 de diciembre, tanto los Deudores como la Acreedora 

solicitaron la reconsideración del Dictamen; ambas mociones fueron 

denegadas por el TPI mediante unas órdenes notificadas el 13 de 

marzo.

En desacuerdo, el 11 de abril, los Deudores interpusieron uno 

de los recursos que nos ocupa (KLCE202400440); plantearon que el 

TPI había cometido los siguientes errores:

Primer Error: Erró el Honorable TPI al denegar 

incorporar determinaciones de hechos y conclusiones 

de derecho que son Ley del Caso (mediante la 

Resolución del 2015), y/o sustentadas por evidencia 

incontrovertida, del incumplimiento de Luna como 

tenedor del pagaré, de las condiciones del “balloon 

rider” que es parte integral del pagaré, de los pagos 

hacia la deuda de la parte apelante sin acreditar; entre 

otros, que impedían dictar sentencia sumariamente.

Segundo Error: Erró el Honorable TPI al dictar 

sentencia parcial de ejecución de hipoteca y cobro de 

dinero declarando líquida y exigible la deuda, sin recibir 

evidencia admisible o adicional a la que fuera declarada 

insuficiente por el propio Tribunal mediante la 

Resolución de 2015, que constituye la Ley del Caso.

Por su parte, el 12 de abril, la Acreedora presentó el otro 

recurso que nos ocupa (KLCE202400445); formuló los siguientes 

señalamientos de error:

Primer Error

Erró el TPI al no determinar que el balloon rider es nulo 

ab initio por no cumplir con los requisitos de forma que 

exige nuestro ordenamiento jurídico.

Segundo Error

Erró el TPI al determinar que existe controversia en

torno al a procedencia de algún crédito por el dinero 

pagado por los apelados posterior al vencimiento del 

pagaré, cuando surge del expediente judicial que dichos 

pagos fueron aplicados a la deuda, por lo que debe 

dictarse sentencia final.

Subsiguientemente, se consolidaron los recursos y se 

acogieron los mismos como peticiones de certiorari, pues, mediante 

el Dictamen, el TPI no resolvió la totalidad de ninguna de las 
KLCE202400440 consolidado con KLCE202400445 8

reclamaciones del caso, por lo cual el mismo no constituye una 

sentencia apelable.2 Además, le ordenamos a los Deudores a que 

mostraran causa por la cual no debíamos expedir el auto de 

certiorari solicitado por la Acreedora y ordenar que se dicte sentencia 

sumaria en los términos solicitados por esta. Los Deudores 

comparecieron y reprodujeron lo planteado anteriormente ante el 

TPI. Resolvemos.

II.

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que se utiliza 

para lograr la solución justa, rápida y económica de una 

controversia donde resulta innecesario celebrar un juicio en su 

fondo. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 109 

(2015). Este mecanismo procede cuando no existe una controversia 

real sobre hechos materiales. Un hecho es material cuando puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 

(2010). La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, 

llama a estos hechos esenciales y pertinentes.

La Regla 36, supra, impone un número de requisitos tanto al 

proponente de la sentencia sumaria como al que se opone a la 

misma. La moción de sentencia sumaria debe contener: una 

exposición breve de las alegaciones de las partes, los asuntos 

litigiosos en controversia, la causa de acción sobre la cual se solicita 

la sentencia sumaria, una relación concisa y organizada en párrafos 

2 Adviértase que “[u]na sentencia es cualquier determinación que el Tribunal de 

Primera Instancia emita, la cual finiquite la cuestión litigiosa y de la que se pueda 

apelar”. Regla 42.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.1. Para 

que lo dispuesto por el TPI constituyese una “sentencia”, era necesario que lo 

único que faltase fuera ejecutarla. García v. Padró, 165 DPR 324, 332 (2005). Por 

su parte, hemos determinado expedir el auto de certiorari, pues, por la naturaleza 

medular de lo resuelto por el TPI, están presentes las circunstancias que justifican 

nuestra intervención en esta etapa. Véanse Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40; Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1; 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205 DPR 163, 186 (2020) 

(la Regla 52.1, supra, no impide expedir el auto de certiorari cuando el dictamen 

interlocutorio “puede[] afectar sustancialmente el resultado de un pleito” o 

“limit[ar] sustancialmente [una] reclamación”).
KLCE202400440 consolidado con KLCE202400445 9

enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los 

cuales no hay controversia, con indicación de los párrafos o páginas 

de la prueba documental donde se establecen los mismos, la 

argumentación del derecho aplicable y el remedio que se solicita. 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3(a).

De igual forma, el que se opone a la sentencia sumaria tiene 

que cumplir con las exigencias de la Regla 36. En particular, debe 

enumerar aquellos hechos materiales de buena fe controvertidos y 

aquellos sobre los cuales no hay controversia. En ambos casos, por 

cada hecho, se tiene que indicar los párrafos o páginas de la prueba 

documental que establecen o impugnan ese hecho. 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3(b). 

La parte que se opone a que se dicte sentencia sumariamente 

“no podrá descansar solamente en las aseveraciones o negaciones 

contenidas en sus alegaciones, sino que estará obligada a contestar 

en forma tan detallada y específica, como lo haya hecho la parte

promovente”. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c). Los hechos enumerados en 

la moción de sentencia sumaria que no sean debidamente 

controvertidos podrán considerarse admitidos. 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(d). De forma similar, “[e]l tribunal no tendrá la obligación de 

considerar aquellos hechos que no han sido específicamente 

enumerados”. Íd.

El tribunal podrá dictar sentencia sumariamente cuando, de 

las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y otra 

evidencia, no surja controversia real sustancial sobre algún hecho 

material y, además, proceda como cuestión de derecho. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3(e).

Por su parte, la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.4 y su jurisprudencia interpretativa, disponen 

que los jueces del foro primario están obligados, cuando deniegan, 
KLCE202400440 consolidado con KLCE202400445 10

parcial o totalmente una moción de sentencia sumaria, a hacer una 

determinación de los hechos que han quedado incontrovertidos y 

aquellos que aún están en controversia. Meléndez González et al., 

193 DPR a la pág. 113, citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, 2da. ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. III, 

págs. 1074-1075.

III.

Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Art. 1044 

del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 2994.3 De ahí nace la 

definición de un contrato, a saber, la obligación de dar, hacer o no 

hacer una cosa. Art. 1206 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 

3371. La obligación contractual se configura cuando concurren los 

siguientes requisitos: (1) consentimiento de los contratantes; (2) 

objeto cierto que sea materia del contrato; y (3) causa de la 

obligación. Art. 1213 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3391. 

Al concurrir lo anterior, se perfecciona el contrato y, desde entonces, 

este obliga al cumplimiento de lo pactado y a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, el uso y la ley. Es decir, los contratos existen desde que una o 

varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a 

dar alguna cosa o a prestar algún servicio. Art. 1206 del Código 

Civil de 1930, ante; García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 

886 (2008); Collazo Vázquez v. Huertas Infante, 171 DPR 84, 102 

(2007). Una vez concurren las condiciones esenciales para su 

validez, un contrato es obligatorio “cualquiera que sea la forma en 

que se haya celebrado”. Art. 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3451. 

Las partes contratantes pueden establecer los pactos, las 

cláusulas y las condiciones que tengan por convenientes, siempre 

3 Hacemos referencia al derogado Código Civil, aún vigente al momento de los 

hechos.
KLCE202400440 consolidado con KLCE202400445 11

que no sean contrarias a la ley, a la moral y al orden público. Art. 

1207 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3372; Pérez Rodríguez 

v. López Rodríguez et al., 210 DPR 163, 187 (2022); Coop. Sabaneña 

v. Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173 (2011); Guadalupe Solís v. 

González Durieux, 172 DPR 676, 683 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 

DPR 1, 17 (2005). Por ende, los tribunales no pueden relevar a una 

parte de cumplir con lo que se obligó a hacer mediante contrato 

cuando este es legal y válido, y no contiene vicio alguno. De Jesús 

González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999). 

Por otro lado, cuando una de las partes incumpla su 

obligación, las disposiciones de los Artículos 1054 y 1077 del Código 

Civil de 1930, 31 LPRA secc. 3018 y 3052, disponen las alternativas 

que tendrá la parte afectada. Al respecto, el Artículo 1054, ante,

dispone que cuando una parte contratante incumple con su 

obligación, la otra puede exigir el resarcimiento de los daños 

provocados por el incumplimiento. Por su parte, el Artículo 1077, 

ante, establece que “[l]a facultad de resolver las obligaciones se

entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los 

obligados no cumpliere lo que le incumbe.” En su segundo párrafo, 

el precitado Artículo 1077 añade que el “perjudicado podrá escoger 

entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el 

resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos”. 

Además, cuando existe un cumplimiento parcial o defectuoso 

también se puede ejercer el derecho a la resolución del contrato. No 

obstante, en estas situaciones el ejercicio del derecho de resolución 

no debe ser utilizado siempre porque la buena fe en la contratación 

puede imponer alguna moderación a este resultado. Solamente si 

el cumplimiento parcial o defectuoso implica la frustración del 

propósito contractual para la parte perjudicada, es que procederá la 

resolución del contrato. Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 20-23 (2005).
KLCE202400440 consolidado con KLCE202400445 12

Asimismo, si la parte que incurre en incumplimiento exige la 

satisfacción de la prestación debida, la otra parte puede aducir la 

defensa del contrato incumplido (exceptio non rite adimpleti 

contractus). Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 742 (1987). 

Esta defensa establece que ninguna parte puede exigir el 

cumplimiento de una obligación contraria sin antes cumplir o 

intentar cumplir su propia obligación. Martínez v. Colón Franco, 

Concepción, 125 DPR 15, 33 (1989). La excepción de cumplimiento 

defectuoso tiene el efecto o consecuencia de establecer que el 

demandado no está obligado a cumplir con su parte hasta tanto el 

demandante cumpla con su prestación totalmente o libre de 

defectos. Esta defensa no podrá invocarse con éxito en los casos en 

que su aplicación puede resultar contraria al principio de buena fe 

en la contratación o si la causa del incumplimiento parcial o 

defectuoso se debe a la conducta del demandado. Tampoco 

prevalecerá la defensa si el demandado admitió la contraprestación 

sin reserva ni protesta alguna cuando pudo comprobar los defectos. 

Álvarez v. Rivera, supra.

IV.

Examinado cuidadosamente el récord, a la luz del derecho 

esbozado, concluimos que no existe una controversia real sustancial 

sobre hechos materiales que le impidan al TPI dictar sentencia 

sumaria. 

Coincidimos con el TPI en cuanto a que la Acreedora es la 

legítima tenedora de un pagaré hipotecario cuya obligación principal 

no ha sido satisfecha por los Deudores. Asimismo, concurrimos con 

el TPI en que la deuda está vencida, y en que la misma es líquida y 

exigible. 

Ahora bien, contrario a lo concluido por el TPI, el récord no 

refleja controversia alguna en cuanto a la cuantía del principal e 

intereses adeudados. La Acreedora demostró cuáles fueron los 
KLCE202400440 consolidado con KLCE202400445 13

pagos realizados (incluidos aquellos que se hicieron luego del 

vencimiento del Préstamo), sin que los Deudores controvirtieran la 

prueba presentada4. Por tanto, el TPI está en posición de determinar 

la cuantía del principal no satisfecho, así como la cuantía de los 

intereses adeudados a la tasa pactada por las partes.

Por otra parte, coincidimos con el TPI en que el hecho de que 

el Rider no se hiciera formar parte de la hipoteca no afectó la validez 

y existencia de la garantía hipotecaria.

Ahora bien, contrario a lo que arguye la Acreedora, el Rider sí 

constituye un contrato que obligaba a Doral y sus sucesores. El 

hecho de que no se hiciera formar parte de la hipoteca no anula o 

hace desaparecer la existencia de esta obligación. El Rider cuenta 

con objeto, consentimiento y causa; por lo tanto, quedó constituido 

como un contrato privado en el cual cada parte tenía el deber de 

cumplir varias obligaciones con miras a refinanciar la deuda. Por 

un lado, los Deudores debían ser los titulares de los inmuebles 

(oficina y estacionamientos), estar al día en los pagos del préstamo 

original, el pagaré nuevo debía tener una tasa de interés a lo sumo 

5% mayor a la tasa del pagaré vencido y los Deudores debían 

solicitarlo por escrito al tenedor del pagaré, luego de recibir la 

notificación y orientación contemplada en el documento.

Por su parte, bajo los términos del Rider, el tenedor del pagaré 

debía notificar a los Deudores, antes del vencimiento del pagaré 

original, sobre cuánto sería el principal e intereses de la deuda,

orientarles en torno a la opción de refinanciamiento e informarles el 

récord de pagos. Asimismo, antes de la fecha de vencimiento, el 

tenedor del pagaré debía informar a los Deudores la tasa de interés 

4 Obra en autos copia de un desglose de los pagos en suspenso que efectuaron los 

Deudores y que fueron aplicados a los meses entre el 12/2011 y el 7/2012. Dicho 

documento formó parte de los anejos de la Oposición a la Solicitud de Sentencia 

Sumaria Presentada por la Demandante Doral Bank instada por los propios 

Deudores el 16 de junio del 2014. Apéndice 6 del recurso KLCE202400445, pág. 

123.
KLCE202400440 consolidado con KLCE202400445 14

del préstamo nuevo, el pago mensual y la fecha, lugar y hora para 

la firma de los documentos necesarios para perfeccionar el 

refinanciamiento.

No surge controversia del récord en torno al hecho de que 

Doral no cumplió con sus obligaciones bajo los términos del Rider. 

No fue hasta aproximadamente dos años luego de que venciera el 

último pago del Préstamo que Doral finalmente ofreció refinanciar el 

mismo, cosa que se suponía hiciera antes del referido vencimiento.

La naturaleza del referido incumplimiento no justifica que se 

anule la obligación de los Deudores de satisfacer el principal 

adeudado, más el interés pactado. No obstante, esta circunstancia 

sí justifica que se releve a los Deudores del pago de las penalidades 

adicionales contempladas en el Préstamo en caso de morosidad. Por 

tanto, al determinar la cuantía final de la deuda, el TPI deberá 

excluir de la misma cualquier concepto distinto al principal sin 

pagar y al interés pactado (por ejemplo, “cargos por demora”, 

“costas”, “gastos” u “honorarios de abogado”).

V.

Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de 

certiorari, se revoca el dictamen recurrido y se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para trámites ulteriores compatibles 

con lo aquí resuelto y expuesto.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones