Número Identificador

SEN(RES)2024____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

JONATHAN MURGA 

RODRÍGUEZ

Recurrente

v.

DEPARAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Recurrido

KLRA202400239

REVISIÓN JUDICIAL

Procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Álvarez Esnard, jueza ponente

SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2024.

Comparece Jonathan Murga Rodríguez (“señor Murga 

Rodríguez” o “Recurrente”) mediante un escrito intitulado Solicitud 

de Revisión Administrativa recibido el 13 de mayo de 2024. Nos 

solicita la revisión de la Resolución emitida el 4 de abril de 2024 y 

notificada 22 de abril del mismo año, por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(“DCR”). Por medio de este dictamen, el DCR determinó que la 

persona autorizada para disponer de las solicitudes de remedios es 

el superintendente de la institución.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen recurrido.

I.

Conforme surge del expediente ante nos, el 8 de enero de 

2024, el Recurrente, quien es miembro de la población correccional 

en la institución Bayamón 501, presentó una Solicitud de Remedio 
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Administrativo (“Solicitud”).

1 En esta, alegó que llevaba más de cinco

(5) meses llenando sick calls pues cada vez que se afeitaba le salía 

un rash que dejaba la piel de su cara en “carne viva”. Adujo que esto 

le había traído problemas, ya que para afeitarse necesitaba una 

crema que se le agotaba con frecuencia. Sostuvo que el 

superintendente del Anexo 501 exigía que todos los confinados

debían estar afeitados para salir del módulo y poder realizar 

actividades tales como asistir a terapias psicológicas, terapias con 

trabajadora social, citas médicas entre otros asuntos. Por ello,

solicitó que se le permitiera tener barba, y, además, tener una 

máquina de afeitar. Del mismo modo, solicitó que, en la alternativa, 

le autorizaran a un familiar a proveerle una crema depiladora para 

así no tener problemas con los oficiales. Cabe resaltar, que esta 

Solicitud fue dirigida al “Director Médico Marcos Devarie”.

En respuesta, el 10 de enero de 2024, el DCR emitió una 

Respuesta del Área Concernida/Superintendente (Respuesta).

2

Mediante esta, se le informó al Recurrente que debía pasar por el 

área médica para ser evaluado. Asimismo, se le notificó que, de 

tener alguna condición médica, debía tener un certificado 

expedido por el galeno para poder realizar las gestiones 

referentes a medicamentos. 

Inconforme, el 29 de enero de 2024, el señor Murga Rodriguez 

presentó una Solicitud de Reconsideración.

3 En esencia, adujo que 

la Solicitud estaba dirigida al director médico y la persona que emitió 

la Respuesta fue el superintendente Victor Maldonado Vázquez. 

Agregó que este último no tenía facultad para emitir dicha decisión

pues “no tiene la facultad en ley para ejercer una profe[s]ión de la 

cual no tienen preparación académica ni licen[c]iatura”.4

1 Véase, Anejo I de la Moción de Reconsideración de la parte Recurrente.

2 Íd., Anejo II.

3 Íd., Anejo III.

4 Íd.
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El 4 de abril de 2024, notificado el 22 de abril del mismo año, 

el DCR emitió Resolución.

5 Mediante esta formuló las siguientes 

determinaciones de hechos:

1. El recurrente presento Solicitud de Remedios 

Administrativos el 8 de enero de 2024 ante el Evaluador 

de Remedios Administrativos, Maribel García Charriez de 

la Oficina de Bayamón. En su escrito alega que tiene una 

situación medica; en la cual no puede afeitarse por tener 

la piel de la cara sensitiva. Solicita que se le permita tener 

una máquina de afeitar para poder recibir los servicios 

institucionales debidamente acicalado. 

2. El 9 de enero de 2024 se hizo Notificación dirigida al Sr. 

Victor [sic] Maldonado Vazquez [sic] , Superintendente, 

Institución Correccional Bayamón 501. 

3. El 10 de enero de 2024 se recibió respuesta por parte del 

Sr. Victor [sic] Maldonado Vazquez [sic], 

Superintendente, Institución Correccional Bayamón 501. 

4. El 24 de enero de 2024 se hace la entrega al recurrente 

del Recibo de Respuesta. 5. El 29 de enero de 2024, el 

recurrente inconforme con la respuesta emitida, presentó 

Solicitud de Reconsideración ante el Coordinador 

Regional de Remedios Administrativos. En síntesis, 

arguye que sometía el recurso a la División de Remedios 

Administrativos ya que la contestación del Sr. Maldonado 

es improcedente ya que iba dirigida al Director Médico.

6

Consonó con estas, el DCR concluyó que el superintendente

era la única persona que podía autorizar máquinas de afeitar a los 

miembros de la población correccional. Inconforme, el 13 de mayo 

de 2024, el Recurrente presentó una Solicitud de Revisión 

Administrativa ante esta Curia. En síntesis, sostuvo que llevaba más 

de diez (10) meses llenando el formulario de sick call a raíz de la 

Orden Administrativa que exigía a los miembros de la población 

correccional estar afeitado y acicalado, por lo que le recetaron “una 

crema para el rash que le ocasiona afeitarse” en lugar de permitirle 

el uso de una “barba provisional”. Además, reiteró que “el Sr. 

Maldonado V[á]zquez no es Doctor por lo que es improcedente Dar 

Autorización M[é]dica en relación de estos Hechos”.

El 31 de mayo de 2024, esta Curia emitió una Resolución. Por 

virtud de esta, desestimamos el recurso por incumplir con la Regla 

5 Véase, Anejo I, Moción en Cumplimiento de Resolución de la parte Recurrida, 

págs. 11-13.

6 Id., pág. 11.
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83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R.83. Ello obedeció a que el señor Murga Rodríguez no demostró que 

recurría de una resolución final lo cual nos privaba de jurisdicción. 

Inconforme, el 24 de junio de 2024, el Recurrente presentó un 

documento intitulado Moción de Reconsideración [...]. Mediante esta,

anejó los documentos concernientes a su caso. Así pues, el 30 de 

julio de 2024, esta Curia emitió una Resolución en la cual 

declaramos Ha Lugar la solicitud de reconsideración.

De conformidad con la Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento, 

prescindiremos de la comparecencia de la parte recurrida, a los fines 

del lograr el más justo y eficiente despacho del caso ante nos. Por 

tanto, procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable a la 

controversia objeto del recurso de epígrafe. 

II.

A. Revisión Administrativa

Toda determinación administrativa está cobijada por una 

presunción de regularidad y corrección, por ende, la revisión judicial 

de este tipo de decisiones se circunscribe a determinar si la 

actuación de la agencia es arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que la 

misma constituye un abuso de discreción. Véase, Otero v. Toyota, 

163 DPR 716 (2005). Los tribunales no deben sustituir el criterio de 

la agencia o junta concernida, excepto si se demuestra que la 

decisión se tomó de forma arbitraria o caprichosa, o mediante fraude 

o mala fe. Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 978, 

1006 (2009). De igual forma, los tribunales deben dar deferencia a 

las determinaciones de las agencias sobre asuntos que se 

encuentren dentro del área de especialidad de éstas. UPR v. Unión 

Oficiales UPR, 206 DPR 140, 155 (2021).

Dicha deferencia, emana del reconocimiento de que de 

ordinario las agencias administrativas están en mejor posición para 

hacer determinaciones de hechos al tratar con una materia sobre la 
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cual tienen un conocimiento especializado. Metropolitana SE v. 

ARPE, 138 DPR 200, 213 (1995); Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275 

(1992). Más aún, cuando la determinación de una agencia esté 

apoyada por evidencia sustancial que obre en el expediente del caso, 

los tribunales deben abstenerse de sustituir el criterio de la agencia 

por el judicial. Otero v. Toyota, supra, págs. 727-728.

La Sección 4.5 de la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, 

según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 

9675, establece que la revisión judicial de una resolución 

administrativa se extiende exclusivamente a evaluar: (1) si el 

remedio concedido es el adecuado; (2) si las determinaciones de 

hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la 

totalidad de expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son 

correctas, para cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora 

alguna. Mejor dicho, la intervención del tribunal revisor se limita a 

evaluar si la decisión administrativa es razonable y conforme a 

derecho.

Para impugnar la razonabilidad de la determinación o 

demostrar que la evidencia que obra en el expediente administrativo 

no es sustancial, es necesario que la parte recurrente señale la 

prueba en el récord que reduzca o menoscabe el peso de tal 

evidencia. OEG v. Santiago Guzmán, 188 DPR 215, 227 (2013).

B. Procedimiento para Atender Solicitudes de Remedios 

Administrativos

Cónsono con lo anterior, el DCR adoptó el Reglamento para 

Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por 

los Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm. 8583, 

4 de mayo de 2015 (Reglamento Núm. 8583) en virtud del Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación del 

2011, Núm. 2-2011. El precitado cuerpo reglamentario dispone que 
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el miembro de la población correccional tendrá quince (15) días 

calendario, contados a partir de advenir en conocimiento de los 

hechos que motivan su solicitud, salvo que medie justa causa o caso 

fortuito que impidan su presentación. Regla XII (2), Reglamento 

Núm. 8583, supra

Al presentarse una solicitud de remedio administrativo, un 

Evaluador estará a cargo de recopilar, recibir, evaluar y contestar la 

solicitud de remedio administrativo conforme a la respuesta emitida 

por el superintendente de la institución correccional. Regla IV (11), 

Reglamento Núm. 8583, supra. La respuesta administrativa 

consiste en un “[e]scrito emitido por el Evaluador, en el cual se 

contesta la solicitud del remedio administrativo radicada por el 

miembro de la población correccional”. Regla IV (20), Reglamento 

Núm. 8583, supra. Si el confinado resulta inconforme con la 

respuesta del Evaluador, le corresponde presentar una Solicitud de 

Reconsideración dentro del término de veinte (20) días contados a 

partir del recibo de la notificación según dispone el cuerpo 

reglamentario agencial. Regla XIV (1), Reglamento Núm. 

8583, supra. En tal caso, el Coordinador de la División emitirá 

una Respuesta de Reconsideración. Dicha resolución comprende un 

“[e]scrito emitido por el Coordinador, en el cual se contesta la 

solicitud de reconsideración acogida, radicada por el miembro de la 

población correccional”. Regla IV (21), Reglamento Núm. 

8583, supra. Ese dictamen “deberá contener un (1) breve resumen

de los hechos que motivaron la solicitud, (2) el derecho aplicable y 

(3) la disposición o solución a la controversia planteada”. Íd. 

III.

En el presente recurso, el señor Murga Rodríguez sostiene que 

el DCR emitió una Respuesta a su Solicitud de manera

improcedente, ya que quien emitió dicha Respuesta no era un 

médico. No le asiste la razón. El Reglamento Núm. 8583, supra, es
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diáfano en cuanto a quien tiene la responsabilidad de emitir las 

respuestas de las solicitudes de remedios administrativos en el DCR. 

Específicamente, son los evaluadores los que están a cargo de 

recopilar, recibir, evaluar y contestar la solicitud de remedio 

administrativo conforme a la respuesta emitida por el 

superintendente de la institución correccional. Regla IV (11), 

Reglamento Núm. 8583, supra.

En el presente caso, la Respuesta de Área

Concernida/Superintendente que se emitió el 10 de enero de 2024 y 

se notificó el 22 de enero de 2024 fue dictada conforme a derecho. 

Ello pues, fue el superintendente Victor Maldonado Vázquez quien

suministró la respuesta y la evaluadora, la señora Maribel García 

Charriez, fue quien la trabajó. En ese sentido, el Recurrente viene 

obligado a acatar dicha Respuesta [...]. De esta manera, colegimos 

que no existe una actuación del DCR arbitraria, ilegal, o tan 

irrazonable que la misma constituya un abuso de discreción, por lo 

cual corresponde confirmar el dictamen recurrido. 

IV.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen recurrido.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones