Número Identificador

SEN2024 ___________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

Alejandro “Bimbo”

Carmona Sánchez y 

Sherlil Orellana Gutiérrez

por sí y en representación

de su hijo menor de edad, 

Alejandro Carmona 

Orellana; y Héctor Joel 

Negrón Pagán y Lizmarie

Gutiérrez de Jesús por sí 

y en representación de su 

hijo menor de edad, Joel 

Alejandro Negrón 

Gutiérrez

Apelados

 vs.

Baloncesto Superior 

Nacional Corp.; Gigantes 

de Carolina; Osos de 

Manatí; y otros.

Apelante

KLAN202400135

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Civil Núm.:

SJ2023CV11017

Sobre: 

Interdicto Preliminar 

y Permanente; 

Sentencia 

Declaratoria; Daños 

y Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez

Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

Comparece ante nos, Baloncesto Superior Nacional Corp.

(BSN o apelante), quien presenta recurso de apelación en el que 

solicita la revocación de la “Sentencia” emitida el 2 de febrero de 

2024,

1 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan. Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró Ha 

Lugar la solicitud de injunction permanente presentada por 

Alejandro “Bimbo” Carmona Sánchez y Sherlil Orellana Gutiérrez 

por sí y en representación de su hijo menor de edad, Alejandro 

1 Notificada en igual fecha.
KLAN202400135 2

Carmona Orellana; y Héctor Joel Negrón Pagán y Lizmarie 

Gutiérrez de Jesús por sí y en representación de su hijo menor de 

edad, Joel Alejandro Negrón Gutiérrez (en conjunto, apelados), y le 

ordenó al BSN a cesar y desistir de aplicar retroactivamente la 

enmienda al Art. 20.1 del Reglamento General del BSN.

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

revocamos el dictamen mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación.

I.

El 28 de noviembre de 2023, los apelados presentaron una 

“Demanda” contra el BSN solicitando, entre otros remedios, un 

interdicto preliminar y permanente. En esencia, alegaron que, el 

13 de octubre de 2023, el BSN enmendó, de forma retroactiva, el 

Art. 20.1 de su reglamento, y eliminó la capacidad de las 

franquicias para reservar jugadores como “hijos de franquicia”. 

Aducen que, tras esta enmienda, todos los jugadores elegibles al 

BSN tendrán que ser partícipes del sorteo de jugadores de nuevo 

ingreso. Arguyen que, la aplicación retroactiva de esta enmienda 

laceraría derechos adquiridos al amparo de la reglamentación 

vigente al momento en que estos ingresaron a las ligas menores, la 

cual establecía que los “hijos de franquicia” no tendrían que 

participar en el sorteo de jugadores de nuevo ingreso, una vez sean

elegibles al BSN. De esta forma, podían ser reclamados por sus 

respectivos equipos (Gigantes de Carolina/Osos de Manatí), y 

firmar contrato sin la necesidad de ser partícipes en el sorteo. Por 

entender que la aplicación retroactiva de la enmienda les 

ocasionaría daños irreparables, solicitaron la expedición de un 

injunction preliminar y permanente.

Por su parte, el 11 de diciembre de 2023, el BSN presentó 

una “Oposición Jurada a Solicitud de Interdicto Preliminar y 
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Moción de Desestimación”, y solicitó la desestimación de la 

reclamación bajo los siguientes argumentos, a saber: (1) conforme 

el Art. 3.7 del Reglamento General del BSN y el Art. 20 de la Ley 

Núm. 8-2004, infra, el tribunal no posee jurisdicción para atender 

la controversia; (2) por falta de parte indispensable, debido a que la 

regla enmendada no confiere derecho alguno a los jugadores sino a 

las franquicias, y éstas no fueron incluidas en el pleito; y (3) no

concurren los elementos necesarios para conceder el remedio 

interdictal solicitado.

Al día siguiente, entiéndase, el 12 de diciembre de 2023, los 

apelados presentaron una “Moción en Cumplimiento de Orden y 

Oposición a Desestimación”. En lo relativo al planteamiento sobre 

ausencia de jurisdicción, afirmaron que el Art. 3.7 del Reglamento

General del BSN es inaplicable al caso, toda vez que éste no

incluye a los “hijos de franquicia” ni a los jugadores de categorías 

menores. A su vez, indicaron que el término de “jugador”, según 

definido en el reglamento, no incluye a los apelados. Lo anterior, 

debido a que éstos no han firmado contrato con equipo alguno y, 

según el reglamento, un “jugador” es “cualquier persona que 

advenga a firmar contrato con una de las franquicias del BSN para

participar en calidad de jugador en los Torneos del BSN”. Bajo esa 

misma premisa (que no han firmado contrato), expresaron que 

tampoco han aceptado la cláusula de selección de foro. 

Adicionalmente, negaron la falta de parte indispensable, y 

esgrimieron la procedencia del injunction solicitado.

Posteriormente, el 21 de diciembre de 2023, el BSN presentó 

“Réplica a la Oposición a la Moción de Desestimación Presentada 

por los Demandantes” y, en síntesis, enfatizó que, de una lectura a 

las alegaciones contenidas en la “Demanda”, surge que los 

apelados se han identificado como “jugadores” de franquicias del 

BSN, las cuales participan en torneos BSN-D (novicios y juvenil).
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Expuso que, por ser el BSN-D y las categorías menores criaturas 

reglamentarias del BSN, su funcionamiento está sujeto a las 

disposiciones reglamentarias del BSN, incluyendo la cláusula de 

selección de foro dispuesta en la Regla 3.7 del Reglamento General 

del BSN. Ante ello, reiteró que, el caso debe presentarse, en 

primera instancia, ante los foros deportivos correspondientes.

El 29 de diciembre de 2023, los apelados presentaron “Breve 

Dúplica a Réplica a Nuestra Oposición a Desestimación”, y 

reiteraron que: (1) la única razón por la cual se les denominó como 

“jugadores” en la reclamación es porque ellos juegan baloncesto en 

categorías juveniles. No obstante, tal designación no les convierte 

en “jugadores” del BSN porque los apelados no han firmado 

contrato con algún equipo y, conforme el Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del BSN, un “jugador” es aquél que 

ha firmado un contrato con alguna de las franquicias del BSN; y 

(2) como ninguno de los apelados ha firmado contrato, no se puede 

concluir que se sometieron y aceptaron la cláusula de selección de 

foro dispuesta en la Regla 3.7 del Reglamento General del BSN.

Por último, el 2 de enero de 2024, el BSN presentó “Moción 

Reiterando Solicitud de Desestimación en Atención a la Cláusula 

de Selección de Foro Contenida en el Reglamento del BSN”, e 

insistió en que el foro a quo carecía de jurisdicción para atender la 

controversia debido a la cláusula de selección de foro recogida en 

la Regla 3.7 del Reglamento General del BSN.

Evaluados los escritos presentados por ambas partes, el 18 

de enero de 2024,2 el Tribunal de Primera Instancia emitió 

“Resolución y Orden” mediante la cual declaró No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación presentada por el BSN. Aunque 

determinó que, los apelados pueden considerarse como “jugadores”

para propósitos de la definición provista en el Reglamento de 

2 Notificada ese mismo día.
KLAN202400135 5

Procedimientos Adjudicativos del BSN, sostuvo que éstos sólo han 

participado en las ligas menores y no en la “Liga Superior 

Nacional”. En ese contexto, razonó que la controversia estaba 

fuera de los límites del alcance textual de la Regla 3.7 del 

Reglamento General del BSN. Por otro lado, determinó que, el 

remedio a concederse no afectaría a las demás franquicias del 

BSN, por lo que éstas no debían considerarse partes 

indispensables en el pleito. Finalmente, determinó que, como los 

apelados presentaron una reclamación plausible, procedía la 

celebración de una vista de injunction preliminar.

Luego de que el BSN presentara su contestación a la

“Demanda”,

3 el 30 de enero de 2024, se celebró la vista de

injunction preliminar a la cual comparecieron ambas partes. 

Considerada la prueba desfilada, el 2 de febrero de 2024,4 el foro 

primario declaró Ha Lugar la petición de interdicto permanente 

presentada por los apelados. Concluyó que, la aplicación 

retroactiva de la enmienda al Art. 20.1 del Reglamento General del 

BSN les causaría un daño irreparable a los apelados, toda vez que 

frustraría sus esperanzas de ingresar a la liga superior del BSN.

Asimismo, reiteró que, como los apelados no son jugadores en la 

“Liga Superior Nacional”, no les aplica la cláusula de selección de 

foro contenida en la Regla 3.7 del Reglamento General del BSN.

En términos análogos, resolvió que tampoco le puede ser oponible 

a los apelados la disposición que permite a la Junta de Directores 

del BSN modificar unilateralmente y “de tiempo en tiempo” la 

relación contractual entre las partes, la cual surge de la misma 

Regla 3.7 del Reglamento General del BSN. En fin, por entender 

que la concesión del remedio interdictal es necesaria para hacer 

valer la obligación entre las partes, ordenó al BSN a cesar y desistir 

3 Presentada el 23 de enero de 2024; véase, apéndice pág. 347.

4 Notificada en igual fecha.
KLAN202400135 6

de aplicar retroactivamente la enmienda al Art. 20.1 del 

Reglamento General del BSN.

Inconforme con el dictamen, el BSN recurre ante esta 

segunda instancia judicial y señala la comisión de los siguientes 

errores, a saber:

1. Erró el TPI al conceder un interdicto en un litigio en el 

cual no tenía jurisdicción conforme dispuesto en la 

Ley, la constitución de la FBPR y en la cláusula de 

selección de foro contenida la Regla 3.7 del 

Reglamento General del BSN.

2. Erró el TPI al reconocer acción legitimada a los 

demandantes para presentar una reclamación bajo 

una disposición reglamentaria que no le confiere 

derecho alguno a los jugadores sino a las 

franquicias y por tanto no había jurisdicción.

3. Erró el TPI al negarse a reconocer que las franquicias 

del BSN son partes indispensables sin las cuales no 

podía tramitarse el litigio debido a que invalidar [sic]

la Regla 20.1 les priva de sus derechos a reclamar 

jugadores en el sorteo de nuevo ingreso.

4. Erró el TPI al intervenir indebidamente con la 

determinación del BSN de enmendar su Reglamento 

de manera cónsona con sus fines y propósitos 

sustituyendo su criterio por el criterio del organismo 

rector del BSN sin que mediase error, fraude, 

colusión o arbitrariedad.

5. Erró el TPI al aplicar el Artículo 1249 del Código Civil 

de 2020 como fundamento para anular la Regla 3.7 

del Reglamento General que autoriza al BSN a 

enmendar su Reglamento de tiempo en tiempo.

6. Erró el TPI al determinar que los demandantes se 

exponen a sufrir daños irreparables por no existir un 

remedio en Ley a sus reclamos, y que se cumplen 

con los requisitos del balance de equidades y el 

interés público.

II.

-ALa jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias. Allied Mgmt. Group v. 

Oriental Bank, 204 DPR 374, 385 (2020). Tanto los foros de 

instancia como los foros apelativos tienen el deber de, 

primeramente, analizar en todo caso si poseen jurisdicción para 

atender las controversias presentadas. JMG Investment v. ELA et 
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al., 203 DPR 708, 714 (2019). Esto es así, pues, los tribunales 

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, y no 

tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. 

Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR 264, 273 (2022). Por consiguiente, 

las cuestiones jurisdiccionales son materia privilegiada y deben 

resolverse con preferencia a los demás asuntos. Mun. de San 

Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014). Cuando no

tenemos jurisdicción sobre un recurso, debemos así declararlo y 

desestimar la causa de acción sin entrar en los méritos de la 

controversia. Íd. En otras palabras, los foros judiciales de Puerto 

Rico tienen autoridad para atender cualquier causa de acción, 

salvo que no tengan jurisdicción sobre la materia. Rodríguez 

Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014).

La jurisdicción sobre la materia “se refiere a la capacidad del 

tribunal para atender y resolver una controversia sobre un aspecto 

legal”. J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 

[s.l.], [ed. del autor], 2010, pág. 25. “[P]ara privar a un ‘tribunal de 

jurisdicción general’ de su actividad para entender en algún asunto 

en particular, es necesario que así se haya dispuesto expresamente 

en algún estatuto o que ello surja del mismo por implicación 

necesaria”. D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme 582 (3ra ed. 2013). La 

ausencia de jurisdicción sobre la materia da lugar a las

consecuencias siguientes:

(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las 

partes no pueden voluntariamente conferírsela a un 

tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3) 

conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4) 

impone a los tribunales el ineludible deber de 

auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los 

tribunales apelativos el deber de examinar la 

jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y 

(6) puede presentarse en cualquier etapa del 

procedimiento, a instancia de las partes o por el 

tribunal motu proprio. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et 

al., 204 DPR 89, 101-102 (2020).
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Por ende, como foro apelativo intermedio nos corresponde 

evaluar la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento 

en que es presentada, con el propósito de determinar si es la más 

apropiada para intervenir. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 97 (2008).

-BNuestro ordenamiento jurídico reconoce varias normas de 

autolimitación judicial, entre éstas, la doctrina de jurisdicción 

primaria. MCS Advantage v. Fossas Blanco et al., 211 DPR 135,

146 (2023). Se trata de una norma de origen jurisprudencial, cuyo 

propósito es precisar el foro que atendería la controversia en 

primera instancia. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., supra, a la 

pág. 102. En palabras sencillas, se refiere a la tarea de examinar

si es el tribunal o una agencia quien debe entender, de forma 

inicial, el caso que se está presentado. Lo anterior, pues, existen 

instancias en las cuales un tribunal debe abstenerse de ejercer su 

jurisdicción hasta tanto la agencia administrativa resuelva la 

controversia. MCS Advantage v. Fossas Blanco, supra, a la pág. 

146. Por lo que, ante un planteamiento de jurisdicción primaria, 

debemos hacernos la siguiente interrogante: ¿A qué foro -el 

administrativo o el judicial- le corresponde adjudicar inicialmente 

la controversia? Íd. Al contestar dicha interrogante, el tribunal 

deberá “examinar los alcances de la ley habilitadora de una 

agencia y determinar si el asunto cae estrictamente dentro de su 

ámbito. Además, le exige que ponderen y determinen si es 

imprescindible y necesario que se resuelva en favor de que 

intervenga inicialmente la agencia”. Consejo Titulares v. Gómez

Estremera et al., 184 DPR 407, 430 (2012).

La doctrina de jurisdicción primaria tiene dos vertientes, a 

saber: (1) la concurrente, y (2) la exclusiva. CBS Outdoor v. 

Billboard One, Inc. et al., 179 DPR 391, 404 (2010). La primera 
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vertiente, entiéndase la jurisdicción primaria concurrente, 

presupone que tanto el foro judicial como el administrativo 

ostentan jurisdicción para resolver la controversia planteada. 

Empero, a pesar de que ambos foros poseen jurisdicción legal, en 

la mayoría de las ocasiones, debido a la pericia y el conocimiento 

especializado que posee el organismo administrativo, “ocurre un 

aplazamiento de interacción del Tribunal hasta que se proceda a 

resolver finalmente por la agencia”. Rodríguez Rivera v. De León

Otaño, supra, a la pág. 710, citando a D. Fernández Quiñones, 

Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, pág. 563 (3ra ed. 2013). Ahora bien, la doctrina de 

jurisdicción primaria concurrente no aplica automáticamente.

CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., supra, a la pág. 406.

Sobre este particular, nuestro Máximo Foro ha expresado lo 

siguiente:

No existe una fórmula precisa para determinar cuándo 

aplicar o no alguna excepción de la doctrina de 

jurisdicción primaria concurrente. Por ello, los tribunales 

deben hacer una evaluación pragmática y ‘sopesar 

todos los factores y circunstancias que apuntan o no a 

la conveniencia de permitir que la reclamación se 

dilucide inicialmente en el foro administrativo’. Entre los 

factores que han de ponderarse para aplicar o no la 

doctrina de jurisdicción primaria se encuentran los

siguientes: (a) el peritaje de la agencia sobre la 

controversia; (b) la complejidad técnica o especializada

de la controversia; (c) la conveniencia o necesidad de 

una adjudicación rápida; (d) la conveniencia de utilizar 

técnicas más flexibles de adjudicación; (e) lo adecuado 

del remedio administrativo. En fin, la aplicación o no de

esta segunda vertiente ‘impone que se pondere y 

determine si es imprescindible y necesario que se 

resuelva [a] favor de que intervenga inicialmente la 

agencia’. Íd., a la pág. 407.

Por ende, dicha norma no es de aplicación cuando la 

cuestión a resolverse es de estricto derecho o puramente judicial. 

Íd., a la pág. 406.

En cambio, la segunda vertiente, entiéndase la jurisdicción 

primaria exclusiva o estatutaria, está presente cuando la ley le 

confiere jurisdicción inicial exclusiva a la agencia administrativa
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para entender en la reclamación. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et 

al., supra, a la pág. 102. Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto 

que, aunque la designación de la jurisdicción exclusiva debe 

hacerse de forma clara y precisa, no es necesario que surja 

expresamente del estatuto, sino que, corresponde evaluar si surge 

por implicación necesaria. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 

supra, a la pág. 709, citando a D. Fernández Quiñones, op. cit., a

la pág. 582. Claro está, si se determina que, en efecto, se realizó 

una designación de jurisdicción exclusiva a la agencia, le 

corresponde a esta última atender, como cuestión de prioridad, el 

caso. Ante tal mandato legislativo, la jurisdicción primaria 

concurrente no es de aplicación, y el tribunal está impedido de 

resolver, en primera instancia, la controversia. Sin embargo, ello

“no soslaya la revisión judicial posterior de la decisión del 

organismo”. SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657, 677 

(2009). A fin de cuentas, es el tribunal quien posee la facultad de 

resolver la cuestión jurisdiccional. Íd.

-CLa Ley Núm. 8-2004, 3 LPRA sec. 444 et seq., conocida como 

la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes, según 

enmendada, se aprobó con el propósito de regular y fiscalizar toda 

actividad de recreación y deportes, incluyendo sus organizaciones.

Véase, Art. 2 (f) de la Ley Núm. 8-2004, 3 LPRA sec. 444. En lo 

que nos concierne, este estatuto reconoce la creación de 

organizaciones que tengan el fin de desarrollar el deporte, tales 

como el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) y sus

federaciones deportivas afiliadas. Véase, Art. 2 (m) de la Ley Núm. 

8-2004, supra. Asimismo, estableció la clara política pública de 

que tales organizaciones funcionarán “con tal autonomía de la 

gestión gubernamental y rigiéndose por sus propios reglamentos y 
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determinaciones, de acuerdo con la política del Olimpismo 

Internacional”. Íd.

En ese contexto, el Art. 20 de la Ley Núm. 8-2004, 3 LPRA 

sec. 444p, dispone que, el COPUR y las federaciones deportivas 

nacionales poseen autonomía “para dirigir el deporte olímpico y 

para regirse por sus propios reglamentos y determinaciones 

exentos de la intervención del Estado en los asuntos de 

jurisdicción olímpica y federativa”. Esto, en cumplimiento con el 

Capítulo 4 de la Carta Olímpica del Comité Olímpico Internacional 

(Carta Olímpica), el cual dispone que los Comités Olímpicos 

Nacionales, uno de los cuales es el COPUR, deben preservar su 

autonomía libre de presiones que le impidan ajustarse a la Carta 

Olímpica.

Por esta razón, el Art. 20 de la Ley Núm. 8-2004, supra, 

clarifica que el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) “no 

interferirá con el cumplimiento de la Carta Olímpica por el

[COPUR]”, y que nada de lo establecido en la ley se aplicará al 

“deporte Olímpico”, las actividades del COPUR y sus federaciones 

afiliadas reiterando así “la autonomía de las organizaciones 

olímpicas puertorriqueñas para dirigir el deporte olímpico sin la

intervención, control o supervisión del Gobierno de Puerto Rico o 

de los gobiernos municipales”. Íd.

Como parte de las federaciones afiliadas al COPUR se 

encuentra la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPR), 

organismo rector del baloncesto en nuestro País. Según la propia 

Constitución de la FBPR, esta organización “es la única autoridad 

competente para organizar y regular el baloncesto en Puerto Rico”

y, como tal, posee la función, autoridad y obligación de “[c]ontrolar, 

reglamentar, supervisar y dirigir el deporte del baloncesto en 

Puerto Rico, tanto masculino como femenino, en todas las formas y 

para todas las edades”. Véase, Art. 1 sec. 1.2 y Art. 5 sec. 5.1 de la 
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Constitución de la FBPR. En ese contexto, las “instituciones 

afiliadas y avaladas a la Federación están obligadas a cumplir con 

[su] Constitución, los Reglamentos Internos y otras reglas, 

determinaciones y decisiones de la FBPR”. Véase, Art. 1 Sec. 1.4 

de la Constitución de la FBPR.

El Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico (BSN) es una 

entidad afiliada a la FBPR, según lo reconoce el Art. 1.1 de su 

Reglamento General,

5 el cual lee como sigue:

[E]sta entidad está afiliada a la Federación de 

Baloncesto de Puerto Rico. Cuenta con personalidad 

jurídica propia y goza de autonomía para su 

organización interna y funcionamiento. Tiene como 

propósito organizar, promover y desarrollar una liga de 

alto rendimiento que cumpla con el propósito de estar a 

la par con el desarrollo mundial del deporte de 

baloncesto.

Como entidad afiliada, el BSN es miembro de la FBPR. 

Véase, Art. 11 de la Constitución de la FBPR. Los miembros de la 

FBPR deben cumplir una serie de obligaciones, entre estas, las 

siguientes:

a. Cumplir en todo momento con las reglas de FIBA, del 

COPUR, las establecidas en esta Constitución, 

Reglamentos, normas y decisiones de la FBPR. 

[...]

d. Participar en el territorio nacional de Puerto Rico en 

ligas, clubes, con jugadores y oficiales en competencias 

oficialmente reconocidas por la FBPR y en competencias 

internacionales reconocidas por FIBA, según 

corresponda, y conforme a las normas aplicables.

[...]

f. Cumplir con todas las reglamentaciones establecidas 

en la presente Constitución.

A su vez, el Art. 13.2 de la Constitución de la FBPR provee 

que sus miembros:

[D]eberán canalizar cualquier protesta u objeción 

conforme establecido en la Constitución y Reglamentos 

de FBPR, mantenerlos dentro de los canales deportivos

establecidos en esta federación, el COPUR, la FIBA, el 

Comité Olímpico Internacional (COI) y los Tribunales 

Deportivos reconocidos por éstos. La membresía en esta 

federación significa que el miembro renuncia a 

5 Según enmendado, hasta el 13 de octubre de 2023.
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presentar un caso ante cualquier organismo que no 

sean los antes enumerados incluyendo que renuncia a 

presentarlos ante los tribunales de justicia reconociendo 

que las determinaciones del órgano deportivo de más 

alta jerarquía con jurisdicción en cada caso serán final, 

firme y definitiva.

Debido a que el BSN está afiliado a la FBPR, dicha entidad 

deberá “asegurarse que sus reglas, reglamentos y decisiones 

cumplan en su totalidad con [la] Constitución y los reglamentos de 

la FBPR”. Véase, Art. 13.4 de la Constitución de la FBPR. En

cumplimiento con dicha obligación, el BSN adoptó el Art. 3.7 del 

Reglamento General del BSN, el cual reconoce su autoridad 

reglamentaria y la renuncia sobre los foros no deportivos. En

términos literales, el antedicho artículo establece que:

Todo aquel que asuma el cargo de apoderado o 

coapoderado, Gerente General, personal administrativo 

del BSN, Árbitros, Oficiales de Mesa, Dirigentes, 

Jugadores, de cualquier equipo de la LIGA SUPERIOR 

NACIONAL DE BALONCESTO DE PUERTO RICO, 

reconocen que se someten a las disposiciones 

reglamentarias de cualquier tipo que rijan el organismo 

y sus torneos, que estén vigentes o que sean aprobadas 

de tiempo en tiempo por la Junta de Directores de la 

Liga y que darán fiel cumplimiento a las mismas.

En consecuencia, reconocen que asumir dichos cargos 

constituirá una renuncia expresa a recurrir a foros no 

deportivos para dilucidar cualquier controversia que 

surja por la aplicación de tales disposiciones 

reglamentarias sin agotar remedios administrativos 

previamente. Violentar las disposiciones de este artículo 

será razón suficiente para la expulsión de la persona 

que así incumpla de toda función en la Liga.

Finalmente, el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos 

del BSN,6 el cual aplica a todo procedimiento o querella ante el 

BSN,7 define el término de “jugador” como “cualquier persona que 

advenga a firmar contrato con una de las franquicias del BSN para 

participar en calidad de jugador en los Torneos del BSN”.8 Por su 

parte, el Art. 15.1 de la Constitución de la FBPR dispone que “se 

considerarán jugadores y jugadoras de baloncesto las personas 

naturales que practiquen esta especialidad deportiva”.

6 Aprobado el 15 de marzo de 2023.

7 Véase, parte III del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del BSN.

8 Véase, parte IV del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del BSN.
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Finalmente, debemos resaltar que el Art. 13.4 de la 

Constitución de la FBPR hace la siguiente aclaración:

Esta Constitución y los reglamentos de la FBPR deberán 

ser reconocidos como que forman parte de las reglas y 

reglamentos de las organizaciones afiliadas a esta 

Federación. En caso de duda y conflicto entre dichas 

disposiciones y las disposiciones de esta Constitución y 

los Reglamentos de la Federación, estos prevalecerán.

III.

Conforme el trámite procesal ya discutido, los apelados 

presentaron una “Demanda” ante el foro recurrido, solicitando se 

le ordenase al BSN a cesar y desistir de aplicar retroactivamente la 

enmienda al Art. 20.1 del Reglamento General del BSN. La parte 

apelante argumentó que, el foro de instancia carecía de 

jurisdicción para atender el pleito, toda vez que la disputa, por 

estar cobijada por autonomía deportiva, está reservada a los foros 

deportivos. Empero, el Tribunal de Primera Instancia concluyó 

que poseía jurisdicción para atender la controversia. Para llegar a

esta conclusión, el foro primario analizó el lenguaje de la Regla 3.7 

del Reglamento General del BSN, y determinó que la cláusula de 

selección de foro no les aplica a los apelados, toda vez que la regla

hace referencia a jugadores de cualquier equipo de la “Liga 

Superior Nacional”. Por entender que los apelados solo han 

participado en las ligas menores y no en la “Liga Superior 

Nacional”, se negó a desestimar el caso bajo este fundamento.

En su escrito, el BSN señala que el foro a quo erró al 

conceder el injunction, aun cuando este carecía de jurisdicción 

para ello. Como es sabido, las cuestiones relativas a la jurisdicción 

del tribunal deben resolverse con preferencia a cualesquiera otras.

Báez Figueroa v. Adm. Corrección, 209 DPR 288, 298 (2022). Por

consiguiente, atendemos este aspecto primeramente.

Según el derecho discutido en el acápite anterior, los 

Comités Olímpicos Nacionales, uno de los cuales es el COPUR, 
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preservarán su autonomía sin la intervención, control o 

supervisión del gobierno, y libre de presiones jurídicas. En 

sintonía con ello, la Ley Núm. 8-2004, supra, expresamente 

reconoce que el COPUR y sus federaciones deportivas afiliadas, 

como lo es la FBPR, funcionarán con autonomía propia, rigiéndose 

por sus propios reglamentos y determinaciones, conforme la 

política del Olimpismo Internacional. En resumen, tanto el COPUR 

como la FBPR poseen autonomía “para dirigir el deporte olímpico y 

para regirse por sus propios reglamentos y determinaciones 

exentos de la intervención del Estado en los asuntos de 

jurisdicción olímpica y federativa”. Véase, Art. 20 de la Ley Núm.

8-2004, supra.

Como entidad autorizada por el COPUR para organizar y 

regular el baloncesto en Puerto Rico, la FBPR posee su propia 

Constitución y demás reglas, las cuales deberán cumplirse por 

aquellas instituciones afiliadas a la FBPR como, por ejemplo, el 

BSN. Esto implica que, como entidad afiliada, el BSN es miembro 

de la FBPR y, como tal, está sujeto al cumplimiento de ciertas 

obligaciones, entre ellas, cumplir con las reglas del COPUR, y con 

la Constitución, reglamentos, normas y decisiones de la FBPR.

Por ende, el BSN está sujeto al cumplimiento del Art. 13.2 de 

la Constitución de la FBPR, el cual dispone lo siguiente:

Los miembros de la Federación deberán canalizar 

cualquier protesta u objeción conforme establecido

en la Constitución y Reglamentos de FBPR, 

mantenerlos dentro de los canales deportivos

establecidos en esta federación, el COPUR, la FIBA, 

el Comité Olímpico Internacional (COI) y los 

Tribunales Deportivos reconocidos por éstos. La 

membresía en esta federación significa que el 

miembro renuncia a presentar un caso ante 

cualquier organismo que no sean los antes 

enumerados incluyendo que renuncia a 

presentarlos ante los tribunales de justicia 

reconociendo que las determinaciones del órgano 

deportivo de más alta jerarquía con jurisdicción 

en cada caso serán final, firme y definitiva.

(Énfasis nuestro).
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Como ya explicamos, el BSN está afiliado a la FBPR y, como 

su miembro, no tan solo está sujeto al cumplimiento de la 

precitada disposición, sino que, además, deberá asegurarse que 

sus propias reglas y reglamentos sean cónsonas con aquellas de la 

FBPR.

El BSN posee un Reglamento General, el cual reconoce su 

autoridad reglamentaria y la renuncia sobre los foros no 

deportivos. Específicamente, la Regla 3.7 del antedicho reglamento 

provee que:

Todo aquel que asuma el cargo de apoderado o 

coapoderado, Gerente General, personal administrativo 

del BSN, Árbitros, Oficiales de Mesa, Dirigentes, 

Jugadores, de cualquier equipo de la LIGA SUPERIOR 

NACIONAL DE BALONCESTO DE PUERTO RICO, 

reconocen que se someten a las disposiciones 

reglamentarias de cualquier tipo que rijan el 

organismo y sus torneos, que estén vigentes o que 

sean aprobadas de tiempo en tiempo por la Junta de 

Directores de la Liga y que darán fiel cumplimiento a las 

mismas.

En consecuencia, reconocen que asumir dichos 

cargos constituirá una renuncia expresa a 

recurrir a foros no deportivos para dilucidar 

cualquier controversia que surja por la aplicación 

de tales disposiciones reglamentarias sin agotar 

remedios administrativos previamente. Violentar 

las disposiciones de este artículo será razón suficiente 

para la expulsión de la persona que así incumpla de 

toda función en la Liga.

(Énfasis suplido).

Como puede observarse, la Regla 3.7 del Reglamento General

del BSN aplica a “jugadores” que pertenezcan a cualquier equipo 

de la Liga Superior Nacional de Baloncesto. Lo cierto es que, 

según las alegaciones de la “Demanda” y las determinaciones de 

hecho efectuadas por el foro recurrido, los apelados están 

afiliados a los equipos fincas de ciertas franquicias del BSN

(Gigantes de Carolina/Osos de Manatí), y han participado en 

los torneos de categorías menores del Baloncesto Superior 

Nacional (BSN-D).

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9 Véase, determinaciones de hecho 4 y 5 de la “Sentencia” recurrida, y alegación número 

13 de la “Demanda”.
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Estas fincas de desarrollo son criaturas reglamentarias 

del BSN, creadas en virtud del Art. 20.1 de su Reglamento 

General. Surge de este artículo que: (1) el torneo de desarrollo 

del BSN-D estará compuesto por las franquicias del BSN, (2) La 

organización y participación en el torneo no puede delegarse a 

clubes o equipos no pertenecientes a las franquicias del BSN, 

(3) las franquicias trabajarán sus categorías menores con los 

recursos de su organización superior, y (4) la franquicia que 

falle en tener equipos fincas estará sujeta a sanciones 

económicas.

Esta estrecha correlación entre las franquicias del BSN y 

el torneo BSN-D solo nos puede llevar a una conclusión: los 

apelados son jugadores de equipos pertenecientes a la Liga 

Superior Nacional de Baloncesto, en sus categorías menores 

del BSN-D. Siendo estos jugadores de equipos participantes en

la “Liga Superior Nacional”, están sujetos al cumplimiento de la 

Regla 3.7 del Reglamento General del BSN. Por ende, deberán 

dilucidar su reclamo dentro de los canales deportivos, y están 

impedidos de recurrir a foros judiciales sin antes agotar los 

remedios administrativos disponibles.

Aunque los apelados argumentan que no son “jugadores”

debido a que no han firmado contrato alguno con una de las 

franquicias del BSN, lo cierto es que, el Art. 15.1 de la 

Constitución de la FBPR dispone que “se considerarán jugadores y 

jugadoras de baloncesto las personas naturales que practiquen 

esta especialidad deportiva”. Esta definición forma parte de los 

reglamentos de las organizaciones afiliadas a la FBPR, incluyendo 

al BSN. Esta definición debe predominar sobre aquella dispuesta 

en el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del BSN. Lo 

anterior, no tan solo por su supremacía, sino porque deberá 
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prevalecer en caso de duda o conflicto. Véase, Art. 13.4 de la

Constitución de la FBPR.

Finalmente, hacemos hincapié en que la autonomía 

deportiva está ampliamente reconocida tanto en la Ley Núm. 8-

2004, supra, así como en la Constitución del COPUR,10 en la 

Constitución del FBPR, y en el Reglamento General del BSN. Por 

ende, no albergamos duda de que, por virtud de la propia 

Asamblea Legislativa, se reconoció la autonomía del deporte 

para regirse por sus propios reglamentos y determinaciones, 

de acuerdo con la política del Olimpismo Internacional.

De hecho, de la propia Ley Núm. 8-2004, supra, surge que el 

COPUR posee competencia para atender, en primera instancia, 

controversias en materia deportiva. Véase, por ejemplo, los Arts. 

24 y 25 de la Ley Núm. 8-2004, 3 LPRA secs. 444t y 444u. Por 

todo lo antes expuesto, concluimos que, tal y como sostiene el 

BSN, el foro a quo carecía de jurisdicción para atender la presente 

controversia. Por virtud de la autonomía deportiva, corresponde a 

los foros deportivos adjudicar, en primera instancia, el caso en sus 

méritos.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, los que hacemos formar 

parte de este dictamen, revocamos la “Sentencia” apelada, emitida

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, por éste 

carecer de jurisdicción para atender este asunto.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

10 El Art. 103 (H) provee que “[e]l Movimiento Olímpico es de orden universal, permanente 

y con una organización concertada bajo la autoridad suprema del COI [Comité Olímpico 

Internacional]. En virtud de ello, el COPUR debe actuar de forma autónoma libre de 

presiones de toda índole y armonía con la Carta Olímpica”.