Número Identificador

SEN2024________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

PEDRO GONZÁLEZ

Peticionario 

v.

JUNTA DE DIRECTORES 

DE LA COOPERATIVA 

DE VIVIENDA LOS 

ROBLES

Recurrido

KLAN202400613

Recurso de 

Apelación acogido 

como Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Caso Núm. 

SJ2023CV10546

Sobre:

Revisión 

Administrativa

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2024.

Comparece Pedro González (Sr. González o peticionario) y nos 

solicita la revocación de una Sentencia dictada el 22 de mayo de 

2024 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI o 

foro primario).1 Mediante el referido dictamen, el TPI desestimó la 

revisión administrativa instada por el Sr. González contra la Junta 

de Directores de la Cooperativa de Vivienda Los Robles (Junta o 

recurrido).

De otra parte y tomando en consideración que la parte 

peticionaria interesa la revisión de una Sentencia fundamentada en 

la Ley Núm. 239 de 1 de septiembre de 2004, según enmendada, 

mejor conocida como la “Ley General de Sociedades Cooperativas de 

Puerto Rico de 2004”, 5 LPRA sec. 4381 et seq., (Ley de Cooperativas 

o Ley 239-2004) acogemos el recurso de epígrafe como un certiorari.

2

Ante ello conservaremos el número alfanumérico asignado para 

propósitos administrativos.

1 La Sentencia fue notificada el 24 de mayo de 2023.

2 Véase en particular el Artículo 35.8 de la Ley 239-2004, supra, sobre Revisión 

Judicial, 5 LPRA sec. 4588.
KLAN202400613 2

Adelantamos que, conforme expondremos más adelante, 

procede expedir el auto de certiorari y modificar el dictamen 

impugnado. Veamos.

I.

El Sr. González era socio de la Cooperativa de Vivienda Los 

Robles y ocupa el apartamento número 310-B sito en la Ave. 

Américo Miranda #401 en San Juan, Puerto Rico. Por razón de 

presuntos incumplimientos con sus obligaciones de pago, la Junta 

emitió una Resolución Final dándole de baja como socio y ordenando 

el pago del saldo total de la deuda más cargos por mora y gastos 

incurridos. Inconforme, el Sr. González instó una primera Petición 

de Revisión Judicial el 10 de noviembre de 2023 contra la Junta ante 

el TPI, según autoriza la Ley Núm. 239-2004, supra. En esta solicitó 

que se dictara una sentencia sumaria para dejar sin efecto una 

resolución/citación del 16 de agosto de 2023 emitida por la Junta, 

así como ordenar la suspensión de cualquier resolución que se emita 

con relación a otra citación de 16 de octubre de 2023. Luego el Sr. 

González presentó una Petición de Revisión Judicial Enmendada el 

14 de noviembre de 2023. En esta ocasión reiteró su solicitud en 

cuanto a la resolución/citación de 16 de agosto de 2023, así como 

la de 16 de octubre de 2023 y añadió que interesaba la revocación 

de la Resolución Final de 2 de noviembre de 2023 emitida por la 

Junta. 

Como parte de sus alegaciones, el peticionario adujo que,

recibió la citación a una vista para dilucidar su alegada falta de 

pago, 49 días después de la fecha indicada para celebrar la misma. 

Imploró al foro primario que, dejara sin efecto la determinación final 

ante la notificación defectuosa. Junto a su Petición de Revisión 

Judicial Enmendada, presentó copia de la Citación a vista de 

morosidad por falta de pago y por historial de morosidad, así como 

copia de la Resolución Final de 2 de noviembre de 2023 en la cual se 
KLAN202400613 3

ordena su expulsión como socio de la Cooperativa y pago de lo 

adeudado. Surge del expediente que, a petición del Sr. González, el 

14 de noviembre de 2023, el TPI expidió un emplazamiento dirigido 

a la Junta de Directores de la Cooperativa de Vivienda Los Robles. 

Con posterioridad, mediante moción presentada el 22 de diciembre 

de 2023, el peticionario informó sobre el diligenciamiento del 

referido emplazamiento efectuado el 8 de diciembre de 2023.

En reacción, la Junta acreditó su alegación responsiva y 

solicitó la desestimación de la causa. En esta clarificó que, la 

citación anejada al recurso por el peticionario versa sobre una etapa 

procesal correspondiente a una vista anterior, la cual no fue 

celebrada y dio lugar a la emisión de la segunda citación que 

corresponde a otra vista señalada para el 25 de octubre de 2023. 

Esta última fue enviada al peticionario el 13 de octubre de 2023.

Sostuvo que, las notificaciones de la Junta al Sr. González fueron 

enviadas correctamente por lo que negó las alegaciones expuestas 

en su contra. Asimismo, suplicó al foro judicial que desestimara la 

Petición de Revisión Judicial Enmendada por ausencia de 

jurisdicción, ante la falta de notificación del recurso a la Junta en 

claro incumplimiento con el Artículo 35.8 de la Ley 239-2004, supra. 

En atención a lo anterior y luego de autorizar la 

representación legal del Sr. González, así como conceder una 

prórroga, el peticionario se opuso a la moción dispositiva. En su 

escrito abundó sobre los asuntos relacionados al trámite procesal 

ante la Junta, previo a la notificación de la Resolución Final y la

presentación de su caso ante el TPI. En cuanto a la falta de 

notificación de la copia de la Petición a la Junta, arguyó que, la Regla 

35.8, supra, contempla como adversarios tanto a la Junta y a otras 

partes envueltas, por lo que la notificación a una parte envuelta debe 

ser realizada conforme las Reglas de Procedimiento Civil. Puntualizó 

que, “aquí el compareciente figura como el determinado socio 
KLAN202400613 4

querellante y CVLR y su Junta de Directores el puesto procesal de 

la otra “parte envuelta”.3 El Sr. González arguyó que, no procedía la 

desestimación, toda vez que, emplazó a la Junta mediante 

emplazamiento personal el 8 de diciembre de 2023, conforme a 

derecho. 

Evaluadas las posturas de las partes, el foro primario emitió

la Sentencia apelada en la que concluyó que, el Sr. González cumplió 

con el requisito de presentar su Petición de Revisión Administrativa 

Enmendada ante el TPI oportunamente, pero obvió el requisito de 

notificar copia de la misma a la Junta. Como parte de su análisis 

determinó que, el peticionario no perfeccionó su recurso ante el foro 

primario, conforme exige los términos dispuestos en la Ley 239-

2004, supra. Consignó que, el emplazamiento fue diligenciado el 8 

de diciembre de 2023, fecha cuando ya había transcurrido el 

término de treinta días jurisdiccionales contados desde la 

notificación de la Resolución Final impugnada. En su 

pronunciamiento consignó que, el diligenciamiento del 

emplazamiento a la Junta, el 8 de diciembre de 2023, no curó el 

defecto porque el plazo jurisdiccional para perfeccionar el recurso 

expiró el 4 de diciembre de 2023. En virtud de lo anterior, el TPI

declaró no ha lugar la Petición de Revisión Judicial Enmendada del 

Sr. González y ha lugar la Solicitud de Desestimación presentada por 

la Junta. En su consecuencia, desestimó el caso con perjuicio.

Insatisfecho, el Sr. González acude ante esta Curia y señala 

los siguientes errores: 

Erró el TPI en su estándar de revisión al adjudicar una 

moción dispositiva conforme a la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil. 

Erró el TPI al interpretar que la parte recurrente no 

cumplió con el Artículo 35.8 de la Ley 239 para fines de 

notificación. 

3 Véase inciso 22 de la Oposición a Moción de Desestimación [SUMAC#13].
KLAN202400613 5

El 27 de junio de 2024, emitimos una Resolución, en la cual 

ordenamos a la parte peticionaria evidenciar el cumplimiento de la 

Regla 13(B) y 14(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones y 

concedimos término adicional para presentar el apéndice del 

recurso.

4 Acreditado lo anterior, apercibimos a la parte recurrida a 

cumplir estrictamente con la Regla 22 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones.5 En cumplimiento con ello, el 18 de julio de 2024, 

compareció la parte recurrida y presentó su Alegato en Oposición a 

Apelación. Con el beneficio de las posturas de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

II.

A. Certiorari

El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por 

el cual un peticionario le solicita a un tribunal de mayor jerarquía 

que revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. 

Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 212 DPR 194 (2023); Torres 

González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023). Es 

norma reiterada que, una resolución u orden interlocutoria, 

contrario a una sentencia, es revisable ante el Tribunal de 

Apelaciones mediante auto de certiorari. Rivera et al. v. Arcos 

Dorados et al., supra. A diferencia del recurso de apelación, el 

tribunal revisor tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. 

Por su parte, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro 

apelativo intermedio para revisar las resoluciones u órdenes 

interlocutorias que emite el foro primario. Caribbean Orthopedics v.

Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021). Esa regla establece que el 

recurso de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una 

4 4 LPRA Ap. XXII-B, R.13(B) y R.14(B). 

5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 22. 
KLAN202400613 6

resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, 

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. 

No obstante, la citada Regla 52.1, también dispone que el 

tribunal apelativo, en su ejercicio discrecional y por excepción, 

podrá expedir un recurso de certiorari cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, en 

casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, 

en casos revestidos de interés público o en cualquier otra situación 

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso 

irremediable a la justicia. Íd. El delimitar la revisión a instancias 

específicas tiene como propósito evitar las “dilaciones innecesarias, 

el fraccionamiento de causas y las intervenciones a destiempo.” Íd.; 

Véase, además, Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-

487 (2019).

Por otro lado, la discreción para expedir o no el auto de 

certiorari presentado no ocurre en un vacío ni en ausencia de unos 

parámetros. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 848.

A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que 

debemos tomar en consideración al evaluar si procede expedir el 

auto de certiorari. Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y 

otros, 2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023. La citada 

Regla dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 
KLAN202400613 7

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos en los cuales se demuestre que el dictamen 

emitido por el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso 

de discreción. Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 

supra. 

B. Ley Núm. 239-2004, mejor conocida como Ley General de 

Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004

La Ley Núm. 239-2004, supra, fue promulgada con el 

propósito de facilitar el manejo adecuado de las cooperativas en 

Puerto Rico. Su exposición de motivos define el cooperativismo como 

“un sistema socioeconómico que busca la liberación, y facilita el 

perfeccionamiento integral del ser humano, mediante la justicia 

económica y la cooperación social.” Exposición de Motivos de la Ley 

Núm. 239-2004, supra. El cooperativismo, en su acepción más 

simple, se refiere a “la asociación voluntaria y solidaria de personas 

que persiguen un fin común”. Cooperativa v. Colón Lebrón, 203 DPR 

812, 821 (2020). Este sistema socioeconómico se caracteriza, entre 

otras cosas, por: (1) el control democrático de sus personas socias; 

(2) la participación económica de éstas últimas en las ganancias de 

la entidad; y por (3) el compromiso o responsabilidad de la entidad 

con el desarrollo de su comunidad. Art. 3.1 de la Ley Núm. 239-

2004, 5 LPRA sec. 4388. 
KLAN202400613 8

Conforme el Artículo 35.5 de la Ley 239-2004, supra, la junta 

de directores tiene la facultad de amonestar, imponer penalidades, 

suspender cualquier servicio y separar de sus derechos y requerir el 

desalojo de todo socio que incumpla con sus obligaciones de pago o 

que incurra en conducta indebida. 5 LPRA sec. 4585.

Ahora bien, toda persona que resulte perjudicada por la 

determinación emitida por la junta de directores tendrá derecho a 

presentar una petición de revisión ante el TPI. Al respecto, el Artículo 

35.8 de la Ley Núm. 239-2004 dispone: 

[...] Los procedimientos para la revisión judicial habrán 

de iniciarse radicando en la sala con competencia del 

Tribunal de Primera Instancia la petición 

correspondiente dentro de los treinta (30) días de 

haberse notificado por correo certificado la decisión 

final de la Junta. Este término será de carácter 

jurisdiccional. Copia de la petición se enviará a la 

Junta y a las partes envueltas.

[...]

Cualquier parte que resulte perjudicada por la 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá 

solicitar la revisión de dicho fallo mediante 

certiorari, dentro de los treinta (30) días del archivo 

en autos de la decisión del Tribunal de Primera 

Instancia. Este término será de carácter jurisdiccional. 

5 LPRA sec. 4588. (Énfasis nuestro). 

Como vemos, dicha disposición versa tanto sobre el término 

de presentación ante el foro primario, así como el requisito de 

notificación a la otra parte. En el caso J. Directores v. Ramos, 157 

DPR 818 (2002), el Tribunal Supremo estableció que, la notificación 

del recurso a la Junta y a las partes involucradas, debe hacerse de 

manera simultánea a la presentación del escrito y dentro del término 

establecido. En específico, el Alto Foro dispuso que:

[...] [a]un cuando no existe controversia con respecto al 

término para notificar, y en vista de la filosofía que 

permea todo proceso judicial, la cual “auspicia que 

todas las partes del pleito estén plenamente enteradas 

de todo lo que allí acontece y puedan expresarse sobre 

todos los desarrollos en éste”, (Cita omitida) resulta 

forzoso concluir que la notificación debe ser 

realizada de manera simultánea a la presentación 

del escrito[...] Íd., pág. 823. (Énfasis nuestro). 
KLAN202400613 9

Ahora bien, al entender sobre la presunta falta de una 

expresión clara del legislador sobre la naturaleza del término para 

notificar a la parte contraria, el Tribunal Supremo determinó que la 

presentación del recurso ante el foro primario dentro del término de 

treinta días es uno de naturaleza jurisdiccional.6 Sin embargo tanto 

la notificación a la Junta y las partes envueltas debe ser realizada 

de forma simultánea con la radicación del recurso ante el TPI, pero 

dicho requisito de notificación, es de cumplimiento estricto. Así 

pues, “[e]l término para notificar a las partes es de cumplimiento 

estricto y, de no cumplirse, la parte deberá acreditar las razones que 

justifiquen dicha dilación. De no justificarse la tardanza, el recurso 

será desestimado.” Íd., pág. 825. 

Cabe destacar que, al ser un término de cumplimiento 

estricto, no supone la desestimación automática del recurso. 

Montañez Leduc v. Robinson Santana, 198 DPR 543 (2017). Sobre 

este particular, el Tribunal Supremo ha resuelto que este Tribunal 

carece de discreción para prorrogar un término de cumplimiento 

estricto de forma automática. Íd. Es decir, se requiere que la parte 

haya demostrado justa causa para su incumplimiento. Íd. De modo

que, ante el incumplimiento de un término de cumplimiento estricto 

sin justa causa procede la desestimación del recurso según 

presentado. Íd.

Con respecto a la acreditación de justa causa, en Soto Pino v. 

Uno Radio Group, 189 DPR 84, 93 (2013), el Tribunal Supremo 

reiteró que; 

[...] [l]a acreditación de justa causa se hace con 

explicaciones concretas y particulares —debidamente 

evidenciadas en el escrito— que le permitan al tribunal 

concluir que hubo una excusa razonable para la 

tardanza o la demora. Las vaguedades y las excusas o 

los planteamientos estereotipados no cumplen con el 

requisito de justa causa. (Énfasis suprimido)

6 Aunque el Tribunal Supremo resolvió utilizando la ley anterior, Ley Núm. 50 de 

4 de agosto de 1994, conocida como la Ley General de Sociedades Cooperativas 

de Puerto Rico, el lenguaje del Art. 35.8 de la ley vigente (Ley Núm. 239-2004), es 

similar al Art. 35.8 de la Ley Núm. 50-1994, con excepción del término para acudir 

en revisión ante el TPI ahora es de treinta días.
KLAN202400613 10

En ese sentido, para que un tribunal pueda eximir a una parte 

del requisito de observar fielmente un término de cumplimiento 

estricto, deben estar presentes las siguientes condiciones: (1) que en 

efecto exista justa causa para la dilación; y (2) que la parte le 

demuestre detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene 

para la dilación; es decir, que la parte interesada acredite de manera 

adecuada la justa causa aludida. Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 

132 (1998).

C. Reglas de Hermenéutica

Por último, es norma reiterada que, cuando una ley es clara y 

libre de toda ambigüedad, surge del texto expresamente cuál fue la 

intención legislativa tras su aprobación. Rivera Torres v. UPR et al., 

209 DPR 539, 549 (2022). Ahora bien, es un principio trillado y 

altamente arraigado la regla de hermenéutica que establece que una 

ley especial debe prevalecer sobre cualquier otro precepto aplicable 

que sea de carácter general. Véase D.A.Co. v. Fcia San Martin, 175 

DPR 198 (2009); A.I.I.Co. v. San Miguel, 161 DPR 589, 597-598 

(2004); París v. Canety, 73 DPR 403, 406 (1952).

III.

En su recurso ante nos, el Sr. González señala que, el foro 

primario incidió al desestimar su Petición de Revisión Judicial 

Enmendada. Por una parte, plantea ciertos asuntos y controversias 

suscitadas durante el proceso desarrollado ante la Junta, previo a 

ser expulsado como socio de la Cooperativa, los cuales, a su 

entender, propiciaron su falta de comparecencia a la vista celebrada. 

Por otra parte, en su segundo señalamiento indica que, el TPI erró 

al no asumir jurisdicción en su caso. Aduce que, el Art. 35.8 de la 

Ley 239-2004, supra, contempla potenciales adversarios como 

partes envueltas y estas podrán ser notificadas de la petición de 

revisión ante el TPI, conforme las Reglas de Procedimiento Civil. A 

su entender, el peticionario notificó a la otra parte conforme a 
KLAN202400613 11

derecho, mediante el emplazamiento diligenciado el 8 de diciembre

de 2023.

Por ser un asunto de umbral nos corresponde revisar si el foro 

primario actuó correctamente al determinar que no ostenta 

jurisdicción para entender sobre la causa instada por el Sr. 

Gonzalez, conforme exige la Ley General de Sociedades Cooperativas

de Puerto Rico, supra. 

Hemos evaluado cuidadosamente el recurso ante nuestra 

consideración y entendemos que, en el presente caso se cumplen los 

criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, que permiten nuestra intervención en el 

dictamen recurrido. En su pronunciamiento el TPI puntualizó que, 

el emplazamiento diligenciado el 8 de diciembre de 2023, no curó el 

defecto en la notificación porque el plazo jurisdiccional para 

perfeccionar el recurso ante el TPI había transcurrido. Ahora bien, 

observamos que el foro primario no hizo referencia a lo resuelto en 

J. Directores v. Ramos, supra, sobre la notificación simultanea de 

cumplimiento estricto, por lo que, resulta necesario intervenir en el 

dictamen recurrido para clarificar el alcance de la ley y la 

jurisprudencia aplicable. Por ello, procedemos a expedir el auto 

de certiorari, a los únicos efectos de modificar el dictamen a los fines 

de aclarar que, el término dispuesto en la Regla 38.5 de la Ley Núm. 

239-2004, supra, sobre la notificación a la Junta, es uno de estricto 

cumplimiento y que dicha notificación deber ser simultánea a la 

presentación del recurso dentro del término de 30 días, a tenor con 

lo resuelto en el caso J. Directores v. Ramos, supra y la Ley Núm. 

239-2004.7 Nos explicamos.

Al evaluar el cuadro fáctico procesal a la luz de lo dispuesto 

en el Artículo 35.8, supra, surge que, en la primera Petición de 

Revisión Judicial instada el 10 de noviembre de 2023, el Sr.

7 Resuelto lo antes, se hace innecesario atender el primer señalamiento de error.
KLAN202400613 12

Gonzalez, en esencia, cuestionó una citación/resolución de 16 de 

agosto de 2023 y otra de 16 de octubre de 2023. La referida Petición 

de Revisión Judicial fue enmendada el 14 de noviembre de 2023 con 

el fin de añadir otra suplica en torno a su insatisfacción con lo 

resuelto por la Junta mediante la Resolución Final notificada al Sr. 

González el 3 de noviembre de 2023. Ciertamente y conforme la 

normativa antes expuesta, el Sr. González presentó su Petición de 

Revisión Judicial Enmendada ante el TPI a tiempo, el 14 de 

noviembre de 2023. Tomando como ciertas las fechas expuestas por 

el peticionario observamos que, para impugnar la Resolución Final, 

el Sr. González contaba con treinta días para presentar su recurso 

ante el TPI, término que expiraba el 4 de diciembre de 2023 y así lo 

hizo el 14 de noviembre de 2023. Esto, sin embargo, no resuelve el 

caso. Según expusimos en el acápite anterior, el Art. 35.8, supra,

contempla otro requisito para el perfeccionamiento en casos de 

revisión que incide sobre la jurisdicción del foro primario. Nos 

referimos al requisito de notificación simultánea de la copia de la 

Petición a la Junta. Lo antes fue señalado por la Junta en su 

petitorio de desestimación. La Junta adujo que, el Sr. González no 

le notificó copia de la Petición de Revisión Judicial como tampoco la 

Petición Enmendada, dentro del término de treinta días según lo 

establece la Ley Núm. 239-2004, supra, por lo que procedía la 

desestimación de la causa. 

Ante tan importante señalamiento, el Sr. González explicó su 

interpretación del estatuto y la aplicación de las reglas de 

procedimiento civil en aras de sustentar el uso del emplazamiento 

como mecanismo de notificación. Sin embargo, no expuso 

claramente razón por la cual no le notificó simultáneamente a la otra 

parte, copia de la primera Petición de Revisión Judicial, el 10 de 

noviembre de 2023, así como la copia de la Petición de Revisión 

Judicial Enmendada instada el 14 de noviembre de 2023. Optó por 
KLAN202400613 13

notificar a la otra parte, mediante un emplazamiento regular que fue 

expedido el 14 de noviembre de 2023. Aun así y de una óptica más

favorable al peticionario, a la fecha de la expedición del 

emplazamiento todavía tenía hasta el 4 de diciembre de 2023 para 

notificar dentro del término jurisdiccional de treinta días, siempre y

cuando acreditara justa causa por no haberlo hecho de forma 

simultánea y de forma tardía. Sin embargo, no fue hasta el 8 de 

diciembre de 2023, transcurrido los treinta días que notificó a la 

otra parte. A pesar de la oportunidad permitida por el foro primario 

al conceder término adicional para atender dicho planteamiento, de 

naturaleza jurisdiccional, presentado por la parte contraria, el 

peticionario no acreditó su justa causa para así poner en posición 

al TPI. Correspondía, en cambio, rebatir dicho planteamiento para 

detallar las razones que demostraran una justa causa para la falta 

de simultaneidad y dilación en la notificación de la copia de la 

Petición, a la parte contraria. Sin embargo, no surge del expediente 

que el Sr. González haya mencionado alguna justificación sobre la 

tardanza en la notificación de la copia de la Petición a la Junta. En 

su recurso, el Sr. González nos plantea la aplicación de las Reglas 

de Procedimiento Civil y el uso del emplazamiento para notificar a 

la otra parte. Sin embargo guarda silencio sobre los términos 

aplicables por virtud de la Regla 35.8, supra. Conforme surge de la 

normativa antes expuesta, la ley especial prevalece sobre cualquier 

otro que sea de carácter general. 

Por ello y dado el incumplimiento con la notificación 

contemplada en la ley especial, el foro primario correctamente 

determinó que el recurso no se perfeccionó correctamente. Ante este 

cuadro fáctico y conforme lo establecido en la ley especial y según 

interpretado por el Tribunal Supremo en J. Directores v. Ramos, 

supra, el foro primario no erró al desestimar la causa por falta de 

jurisdicción.
KLAN202400613 14

IV.

A la luz de lo esbozado, expedimos el auto de certiorari a los 

únicos fines de modificar y aclarar que el término para notificar a la 

Junta, según lo dispuesto en la Regla 38.5 de la Ley Núm. 239-2004, 

supra, y conforme lo resuelto por el Tribunal Supremo en J. 

Directores v. Ramos, supra, sobre la notificación a la Junta, es uno 

de estricto cumplimiento y que dicha notificación deber ser 

simultánea a la presentación de la petición dentro del término de 

treinta días. Así modificada, se confirma.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones