Número Identificador

RES2024________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

RICHARD CHARLES 

BROWN WOOD Y

OTROS

Recurrida

v.

COSTA ISABELA 

PARTNERS, INC. Y

OTROS

Peticionaria

KLCE202400850

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Aguadilla

Sobre: 

Difamación, Libelo, 

Calumnia, Invasión a 

la Privacidad, 

Violación de Derechos 

Civiles, Daños y 

Perjuicios

Caso Número:

AG2021CV01546

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la 

Juez Ortiz Flores y la Juez Martínez Cordero

Domínguez Irizarry, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2024.

La parte peticionaria, Costa Isabela LLC, comparece ante nos 

para que dejemos sin efecto la determinación emitida y notificada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, el 3 de julio 

de 2024. Mediante la misma, el foro primario denegó una solicitud 

para levantar anotación de rebeldía promovida por la parte 

peticionaria, todo dentro de una demanda sobre difamación, libelo, 

calumnia, violación a derechos civiles y daños y perjuicios incoada 

por los recurridos, el señor Richard C. Brown Wood y la señora 

Maricarmen Gianati Medina.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.

I

El 19 de diciembre de 2021 se presentó la demanda de 

epígrafe. Tras ciertos trámites, y atinente al asunto que atendemos, 

el Tribunal de Primera Instancia anotó la rebeldía de la entidad aquí 
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peticionaria. Al percatarse, el 1 de julio de 2024, esta presentó una

Moción Solicitando que se Deje sin Efecto la Anotación de Rebeldía 

contra Costa Isabella LLC y/o Reconsideración. Considerada la 

misma el 3 de julio de 2024, el foro de origen, mediante Resolución 

a los efectos, declaró No Ha Lugar la referida solicitud. Inconforme, 

el 18 de julio de 2024, la parte peticionaria presentó una Moción en 

Solicitud de Reconsideración de Resolución de 3 de julio de 2024 en 

Torno a Anotación de Rebeldía contra Costa Isabela LLC. 

Aún pendiente de adjudicación la solicitud de reconsideración

de referencia1, el 2 de agosto de 2024, la parte peticionaria 

compareció ante nos mediante el recurso de certiorari de epígrafe. 

En el mismo, impugnó la denegatoria a su solicitud para levantar la 

rebeldía que se anotó en cuanto a su persona. 

Más tarde, la parte peticionaria presentó ante nos un escrito 

intitulado Moción Informativa sobre Resolución Emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia Posterior a la Presentación de Petición 

de Certiorari. En el pliego, expone que, mediante Resolución

notificada el 5 de agosto de 2024, el Tribunal de Primera Instancia 

dispuso de la solicitud de reconsideración pendiente, ello a los 

efectos de levantar la anotación de rebeldía en controversia. La 

parte peticionaria acompañó su moción con copia del referido 

dictamen. 

Procedemos a expresarnos de conformidad con el trámite 

procesal del recurso de autos. 

II

La moción de reconsideración constituye el mecanismo 

procesal que facilita al juzgador de hechos reexaminar su proceder 

en cuanto a una controversia sometida a su escrutinio para que, en 

determinado período, resuelva si es meritorio que sea enmendado o 

1 Véase: Petición de Certiorari, pág. 8.
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que quede sujeto a una mayor evaluación. Caro v. Cardona ̧ 158 

DPR 592, 597 (2003). De este modo, los foros judiciales tienen la 

facultad de reconsiderar sus dictámenes, siempre que ostenten 

jurisdicción sobre el caso. Div. Empleados Públicos UGT v. 

CEMPR, 212 DPR 742, 748 (2023).

A tenor con la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 47, la parte adversamente afectada por

una orden o resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia 

puede servirse del término de quince (15) días desde la fecha de 

notificación de la misma, para solicitar su correspondiente 

reconsideración, mediante moción a tal fin. El referido plazo es uno 

de cumplimiento estricto. Ahora bien, en cuanto a la implicación 

procesal de una oportuna moción de reconsideración el referido 

estatuto dispone como sigue:

[...]

Una vez presentada la moción de 

reconsideración, quedarán interrumpidos los 

términos para recurrir en alzada para todas las 

partes. Estos términos comenzarán a correr 

nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos 

copia de la notificación de la resolución resolviendo la 

moción de reconsideración.

[...].

32 LPRA Ap. V, R. 47. (Énfasis nuestro).

B

Por su parte, la jurisdicción se define como el poder o 

autoridad del cual dispone un tribunal para atender y adjudicar 

casos o controversias. FCPR v. ELA et al, 211 DPR 521, 529 

(2023); Adm. Terrenos v. Ponce Bayland, 207 DPR 586, 600 

(2021); SLG. Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 

(2011). Es premisa cardinal en nuestro estado de derecho que los 

tribunales de justicia deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción, estando obligados a considerar tal asunto aún en 

defecto de señalamiento del mismo. De ahí que las cuestiones 
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relativas a la jurisdicción son de carácter privilegiado y las mismas 

deben resolverse con preferencia a cualesquiera otras. Fuentes 

Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364, 372 (2018); Ruiz Camilo v. Trafon 

Group Inc., 200 DPR 254, 268 (2018); Ríos Martínez, Com. Alt. PNP 

v. CLE, 196 DPR 289, 297 (2016); Mun. de San Sebastián v. QMC 

Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014). La falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada y, ante lo determinante de este 

aspecto, el mismo puede considerarse, incluso, motu proprio. Mun. 

de San Sebastián v. QMC Telecom, supra. 

En el anterior contexto y relativo a la causa que nos ocupa, la 

doctrina vigente establece que un recurso prematuro, al igual que 

uno tardío, adolece del grave e insubsanable defecto de falta de 

jurisdicción, por lo que, de cumplirse esta instancia, el mismo carece 

de eficacia jurídica. Báez Figueroa v. Adm. Corrección, 209 DPR 288, 

299 (2022). Un recurso en alzada que se presenta antes de tiempo 

no produce efecto jurídico alguno, puesto que no existe autoridad 

judicial para acogerlo. Íd. 

De otro lado, en materia de derecho apelativo, y conforme al 

ordenamiento procesal vigente, la Regla 52.2 (b) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (b), establece que los recursos 

de certiorari sometidos a la consideración del Tribunal de 

Apelaciones para revisar resoluciones u órdenes emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia, deberán ser presentados dentro del 

término de treinta (30) días a partir de la fecha de notificación de la 

resolución u orden recurrida. Por su parte, la Regla 32 (D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 

(D), establece igual periodo para la formalización de dicho recurso. 

III

Siendo prematura la causa de epígrafe, estamos impedidos de 

entender sobre sus méritos. La parte peticionaria recurre de una 

determinación notificada el 3 de julio de 2024, en virtud de la cual 
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el Tribunal de Primera Instancia denegó una solicitud para que se 

dejara sin efecto la anotación de rebeldía efectuada en su contra. 

Respecto a dicha determinación, y por estar en desacuerdo, el 18 de 

julio de 2024, presentó una solicitud de reconsideración respecto a 

lo resuelto, acto que, a tenor con la norma antes esbozada, tuvo un 

efecto interruptor sobre los procedimientos.

No empece a lo anterior, y, conforme surge del recurso de 

autos, con pleno conocimiento de la pendencia de la adjudicación 

de la reconsideración en controversia, el 2 de agosto de 2024, la 

parte peticionaria, presentó el auto que nos ocupa. Ciertamente, 

toda vez que, a dicha fecha, el Tribunal de Primera Instancia, no 

había atendido la reconsideración en disputa, su comparecencia 

ante nos constituyó un llamado anticipado al ejercicio de nuestras 

funciones revisoras revestido de ineficacia jurídica. Siendo así, 

forzoso es concluir que el recurso de certiorari de epígrafe es uno 

prematuro, condición que nos impide entender sobre sus méritos. 

De este modo, únicamente podemos desestimarlo por falta de 

jurisdicción.

Ahora bien, destacamos que, dado a que, conforme la propia 

parte peticionaria demostró ante nos, el Tribunal de Primera 

Instancia atendió la solicitud de reconsideración que presentó 

respecto a la denegatoria en cuanto a levantar la anotación de 

rebeldía. Como resultado, proveyó conforme a ello. Por tanto, toda 

vez lo anterior, el asunto propuesto en el recurso de autos se tornó 

académico. 

IV

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

recurso de certiorari por falta de jurisdicción. 
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones. 

 

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones