EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

In re:

Frank Pola Jr.

2024 TSPR 22

213 DPR ___

Número del Caso: TS-7,102

AB-2023-0177

Fecha: 8 de marzo de 2024

Programa de Educación Jurídica Continua:

Lcda. María Cecilia Molinelli González

Directora Ejecutiva

Lcda. Nicolle Lozada Báez

Asesora Legal II

Lcda. Caridad Rodríguez Feliciano

Asesora Legal I

Lcda. Myrel D. Marín Cruz

Asesora Administrativa

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida 

del ejercicio de la abogacía y la notaría por infringir el Canon 9 

del Código de Ética Profesional.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso 

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal 

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio 

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Frank Pola Jr. TS-7,102 

 AB-2023-0177

 

 

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2024. 

Nuevamente nos vemos obligados a ejercer nuestro 

poder disciplinario sobre un miembro de la profesión 

legal que ha incumplido con órdenes de este Tribunal. 

En esta ocasión, intervenimos disciplinariamente con 

el Lcdo. Frank Pola Jr. por infringir el Canon 9 del

Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. En virtud 

de los fundamentos que expondremos, decretamos la 

suspensión inmediata e indefinida del letrado de la 

práctica de la abogacía y la notaría.

I

El Lcdo. Frank Pola Jr. (licenciado Pola) fue 

admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de diciembre

de 1980 y al ejercicio de la notaría el 29 de junio

de 1983.
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A.

El 21 de julio de 2023 la Sra. Luz M. Caride Meléndez 

(señora Caride Meléndez) presentó una Queja (AB-2023-0177) 

contra el licenciado Pola. La señora Caride Meléndez sostuvo 

que el 29 de diciembre de 1987 el licenciado Pola autorizó 

una escritura de compraventa de un inmueble. Además, indicó 

que en el presente se encontraba en el proceso de vender la 

propiedad objeto de la referida escritura, pero que ese 

trámite no había culminado por razones atribuibles al 

licenciado Pola. En particular, expresó que el licenciado 

Pola nunca inscribió la escritura de compraventa en el 

Registro de la Propiedad; en la escritura se hizo constar que 

el dinero de la venta se le entregó al Sr. Juan Salvat García, 

empleado bancario, cuando en realidad se le entregó al Sr. 

Antonio Cruz Santiago, el vendedor; y, las cantidades del 

pronto vis a vis el balance no coincidían con el total de la 

compra. La señora Caride Meléndez alega que estos errores en 

la escritura imposibilitan realizar la compraventa del 

inmueble.

La señora Caride Meléndez añadió en su queja que, luego 

de varios intentos de comunicarse con el letrado, logró 

contactarlo el 4 de abril de 2023 y este se comprometió a 

realizar las correcciones necesarias. Sin embargo, el 

licenciado Pola no hizo las correcciones solicitadas y, a 

pesar de múltiples intentos, la señora Caride Meléndez no 

logró contactarlo nuevamente.
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El 22 de agosto de 2023 este Tribunal remitió copia de 

la Queja al licenciado Pola y concedió un término de diez 

(10) días para que presentara su contestación. Además, se le 

apercibió de las sanciones que podía acarrear su 

incomparecencia.

Dado el incumplimiento del letrado con lo anterior, el 

19 de septiembre de 2023 este Tribunal le remitió una segunda 

notificación en la que se le concedió un término adicional de 

diez (10) días para contestar la queja. El letrado, 

nuevamente, hizo caso omiso a nuestra orden.

Habida cuenta de ello, mediante una Resolución de 13 de 

octubre de 2023 le otorgamos un término de diez (10) días 

para que mostrara causa por la cual no le debíamos suspender 

del ejercicio de la profesión por incumplir con nuestros 

mandatos. Ante su reiterada incomparecencia, el 7 de 

noviembre de 2023 concedimos un término final de diez (10)

días para que compareciera y mostrara causa por la cual no le 

debíamos suspender del ejercicio de la profesión de la 

abogacía.1 El licenciado Pola no compareció.

B.

En lo atinente a otro asunto ético del licenciado Pola, 

el 26 de octubre de 2023 la Directora Ejecutiva del Programa

de Educación Jurídica Continua, la Lcda. María Cecilia 

Molinelli González (licenciada Molinelli González), trajo

ante nuestra consideración un Informe sobre incumplimiento 

1 Esta resolución se notificó personalmente.
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con el requisito de educación jurídica continua (Informe), 

mediante el cual expuso que el licenciado Pola no cumplió con 

los requisitos reglamentarios de educación continua durante 

el periodo del 1 de febrero de 2018 al 31 de enero de 2021 ni 

compareció ante el Programa de Educación Jurídica Continua 

(PEJC).2

Debido al referido incumplimiento del licenciado Pola, 

el 4 de diciembre de 2023 emitimos un Resolución en la que le 

concedimos un término de veinte (20) días para que 

compareciera y mostrara causa por la cual no le debíamos 

suspender del ejercicio de la profesión de la abogacía por 

incumplir con los requisitos de educación jurídica continua 

y por no comparecer ante el PEJC cuando le fue requerido. El 

licenciado Pola no compareció.

A la luz de los hechos antes expuestos, procedemos a 

disponer del proceso disciplinario ante nuestra 

consideración.

II

Como parte de nuestra facultad de regular la profesión

legal en Puerto Rico, este Tribunal tiene la obligación de 

2 El 23 de abril de 2021, el PEJC le notificó al licenciado Pola un Aviso 

de Incumplimiento para el periodo de 1 de febrero de 2018 al 31 de enero 

de 2021. Tras conceder una prórroga de sesenta (60) días, el 10 de mayo 

de 2022 el PEJC envió una misiva concediendo una prórroga final de sesenta 

(60) días para evidenciar el cumplimiento con los créditos adeudados. 

Posteriormente, el 29 de agosto de 2023 el PEJC envió otro correo 

electrónico informándole al letrado de la necesidad de evidenciar su 

cumplimiento con los requisitos de educación jurídica continua. 

Finalmente, el 5 y el 6 de septiembre se le enviaron otras dos 

comunicaciones por correo electrónico informándole que han tenido 

dificultades comunicándose por teléfono con la información que surge del 

Registro Único de Abogados y Abogadas y proveyéndole enlaces a algunos 

proveedores que ofrecen cursos en línea.
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asegurarse de que los profesionales del derecho admitidos al 

ejercicio de la abogacía realicen sus funciones de forma 

responsable, competente y diligente. In re Bermúdez Tejero, 

2021 TSPR 8, 206 DPR 86 (2021); In re Lewis Maymó, 205 DPR 

397, 402 (2020).

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA 

Ap. IX, exige a todos los miembros de la profesión legal a

conducirse ante los tribunales con una conducta que se 

caracterice por el mayor respeto. In re Lajara Radinson, 

2021 TSPR 111, 207 DPR 854 (2021); In re Cintrón Rodríguez, 

205 DPR 299, 308 (2020); In re Alers Morales, 204 DPR 515, 

519 (2020). Acorde con ese mandato, hemos insistido en el 

ineludible deber que tienen todos los abogados de cumplir con 

prontitud y diligencia con las órdenes de este Tribunal, en 

especial cuando se trata de procesos disciplinarios. In re

Molinary Machado, 2019 TSPR 142 (2019); In re Cintrón 

Rodríguez, supra, pág. 308; In re López Cordero, 2018 TSPR 80

(2018). De igual forma, hemos expresado que dicho deber “se 

extiende a los requerimientos hechos por la Oficina del 

Procurador General, la Oficina de Inspección de Notarías y el 

Programa de Educación Jurídica Continua”. In re Cintrón 

Rodríguez, supra; In re López Pérez, 201 DPR 123, 126 (2018); 

In re Arocho Cruz, 200 DPR 352, 361 (2018). Cónsono con lo 

expuesto, hemos catalogado la desatención de nuestras órdenes 

por parte de los abogados como una afrenta a la autoridad de 

los tribunales, lo que constituye una violación al Canon 9 

del Código de Ética Profesional, supra, y dicha conducta 
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podría conllevar que se decrete la separación inmediata e 

indefinida de la profesión legal. In re López Pérez, supra, 

pág. 126; In re Canales Pacheco, 200 DPR 228, 233 (2018).

III

De conformidad con los hechos aquí reseñados, se puede 

colegir que el licenciado Pola ha desatendido las órdenes 

emitidas por este Tribunal, a pesar de nuestros 

apercibimientos sobre las consecuencias que su incumplimiento 

podría acarrear.

El comportamiento del letrado se distancia de la 

conducta de respeto hacia los tribunales que exige el Canon 

9 del Código de Ética Profesional, supra, a todos los miembros 

de la profesión legal. La desidia y la falta de diligencia 

desplegada ante los requerimientos del PEJC y las órdenes de 

este Tribunal reflejan una actitud de menosprecio e 

indiferencia a nuestra autoridad. Ante esta realidad, en 

virtud de nuestro poder inherente de reglamentar la abogacía, 

procede decretar su suspensión inmediata e indefinida de la 

práctica de la profesión legal.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, decretamos la 

suspensión inmediata e indefinida del licenciado Pola del 

ejercicio de la abogacía y de la notaría.

El señor Pola deberá notificar inmediatamente a todos 

sus clientes sobre su inhabilidad para continuar 

representándolos. Asimismo, deberá devolver los expedientes 

de los casos pendientes, así como los honorarios recibidos 
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por trabajos no realizados. De igual manera, deberá informar 

inmediatamente de su suspensión a cualquier foro judicial y 

administrativo en los que tenga algún asunto pendiente. 

También, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con 

lo anterior, incluyendo una lista de los clientes y los foros 

a quienes le notificó de su suspensión, dentro del término de 

treinta (30) días, contado a partir de la notificación de 

esta Opinión Per Curiam y Sentencia. No hacerlo podría 

conllevar que no se le reinstale a la práctica de la profesión 

legal, de solicitarlo en el futuro.

De otra parte, se le ordena al Alguacil de este Tribunal 

incautar inmediatamente la obra y el sello notarial del señor 

Pola y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de 

Notarías (ODIN) para el correspondiente examen e informe. 

Además, en virtud de la suspensión inmediata e indefinida del 

ejercicio de la notaría, la fianza que garantiza las funciones 

notariales del señor Pola queda automáticamente cancelada. 

Esta fianza se considerará buena y válida por tres (3) años 

después de su terminación, en cuanto a los actos realizados 

durante el periodo en que ésta estuvo vigente.

Se dictará sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Frank Pola Jr.

 

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Opinión disidente emitida por la 

Pérez

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2024.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión 

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de 

la presente Sentencia, decretamos la suspensión 

inmediata e indefinida del Lcdo. Frank Pola Jr. de la 

práctica de la abogacía y la notaría.

Le ordenamos al señor Pola a notificar a todos y 

todas sus clientes de su inhabilidad para continuar 

representándoles y a devolverles tanto los expedientes 

de los casos pendientes como los honorarios recibidos 

por trabajos no realizados. Además, deberá informar 

inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales 

y administrativos en los que tenga algún asunto 

pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este 

Tribunal el cumplimiento con lo anterior, incluyendo una 

lista de los clientes y los foros a quienes les notificó 

de su suspensión, dentro del término de 30 días contado 

a partir de la notificación de la presente Opinión Per 

Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar que no 

se le reinstale al ejercicio de la abogacía de 

solicitarlo en el futuro.

De otra parte, se le ordena al Alguacil de este 

Tribunal incautar inmediatamente la obra y el sello 

notarial del señor Pola y entregarlos al Director de 
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la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) para el 

correspondiente examen e informe. Además, en virtud de la 

suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la 

notaría, la fianza que garantiza las funciones notariales 

del señor Pola queda automáticamente cancelada. Esta fianza 

se considerará buena y válida por tres (3) años después de 

su terminación, en cuanto a los actos realizados durante el 

periodo en que ésta estuvo vigente.

Notifíquese al señor Pola de esta Opinión Per Curiam y 

Sentencia por medio del correo electrónico registrado en el 

Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del 

Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo