Número Identificador

RES2024 ________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

SELVA ROSALIA HENRIQUEZ 

RODRÍGUEZ 

RECURRIDA

V.

ALFREDO GONZÁLEZ 

APONTE, POR SÍ Y EN 

REPRESENTACIÓN SLG, 

FULANA DE TAL POR SÍ Y EN 

REPRESENTACIÓN DE LA 

SLG, CASA ZENITH Y OTROS

PETICIONARIOS

KLCE202400449 

CONSOLIDADO CON:

Certiorari procedente 

del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de San 

Juan 

Sala:805

Civil Núm.:

SJ2023CV09088

Sobre: 

DAÑOS Y 

PERJUICIOS

SELVA ROSALIA HENRIQUEZ 

RODRÍGUEZ 

RECURRIDA

V.

ALFREDO GONZÁLEZ 

APONTE, POR SÍ Y EN 

REPRESENTACIÓN SLG, 

FULANA DE TAL POR SÍ Y EN 

REPRESENTACIÓN DE LA 

SLG, CASA ZENITH Y OTROS

PETICIONARIOS

KLCE202400450

Certiorari procedente 

del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de San 

Juan 

Sala:805 

Civil Núm.:

SJ2023CV09088

Sobre: 

DAÑOS Y 

PERJUICIOS

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard, y la Jueza Díaz Rivera.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2024.

Recurren ante nos Multinational Insurance Company (en adelante, 

“Multinational”) y Casa Zenith, Inc. (en lo sucesivo, “Casa Zenith”), 

mediante los recursos de certiorari: KLCE202400449 y KLCE202400450, 

respectivamente. Sus comparecencias son a los fines de solicitar nuestra 

intervención para que dejemos sin efecto las resoluciones emitidas el 20 de 

marzo de 2024, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan en el caso SJ2023CV09088. Mediante los referidos dictámenes, el 

foro de origen determinó que ambos comparecientes demandados en el 

caso SJ2023CV9088 no lograron controvertir que la causa de acción

incoada por la parte demandante estuviera prescrita. 
KLCE202400449 consolidado con KLCE202400450 2

Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos 

los autos y confirmamos los dictámenes recurridos.

I. 

La controversia ante nuestra consideración tiene su origen el 28 de 

julio de 2022. En dicha fecha, la Sra. Selva Rosalía Henríquez Rodríguez

(en lo sucesivo, “la recurrida”), presentó una “Demanda” bajo el número de 

caso SJ2022CV06773. Posteriormente, el 10 de octubre de 2022, presentó 

un “Aviso de Desistimiento sin Perjuicio.” En respuesta, el 11 de octubre de 

2022, el foro primario emitió una “Sentencia” mediante la que concedió el 

desistimiento solicitado. Así las cosas, el 26 de septiembre de 2023 la 

recurrida instó la “Demanda” de epígrafe. 

En esta relató, que el 12 de febrero de 2020 sufrió una caída en la 

mueblería Casa Zenith, sita en la Avenida Constitución 301 del Municipio 

de San Juan. A raíz de ello, según adujo, tuvo lesiones en su cuerpo. Entre 

ellas, una rotura o desagarre total del “rotator cuff” y fractura del húmero. 

Arguyó, que dichas lesiones le fueron ocasionas por la condición peligrosa 

localizada en el suelo de la Casa Zenith. Toda vez que, alegadamente no 

se habían identificado los desniveles yacentes en el piso, ni se habían 

colocado barreras físicas que evitaran el tránsito de los visitantes. 

Expresó que en la misma fecha del 12 de febrero de 2020, realizó 

una reclamación ante Multinational, la aseguradora de la Casa Zenith. 

Posteriormente, el 20 de julio de 2020, remitió una reclamación extrajudicial 

a los dueños de la Casa Zenith. Ello, a los efectos de interrumpir cualquier 

término prescriptivo aplicable. Añadió, que el 9 de marzo de 2021, por 

conducto de su representación legal, envió una reclamación extrajudicial a

Multinational. Alegó que comenzó junto a Multinational un denominado 

“descubrimiento de prueba extrajudicial,” al amparo de la reclamación que 

se había instado ante la referida aseguradora. Sostuvo, que le proveyó a 

Multinational los expedientes médicos que hasta ese momento tenía, y que 

durante el proceso fue entrevistada por el ajustador José Escudero. 
KLCE202400449 consolidado con KLCE202400450 3

Finalmente, expresó que el 30 de julio de 2021, Multinational le 

cursó una oferta transaccional, la cual no aceptó. Consecuentemente, el 

proceso de la reclamación ante Multinational culminó. Argumentó, que

luego de ello comenzó a decursar nuevamente el término prescriptivo para 

presentar la demanda de epígrafe. En virtud de lo expuesto, solicitó al foro 

recurrido que ordenara a Multinational, la Casa Zenith y el resto de los 

peticionarios de epígrafe, el pago solidario de $1,300,000.00. Esto, en 

concepto de los daños físicos y emocionales que sufrió como consecuencia 

de la aludida caída. 

Tras varios trámites procesales que no son necesarios de 

pormenorizar, tanto Multinational como la Casa Zenith presentaron escritos

a los fines de solicitar que el pleito se resolviera por la vía sumaria.

Primeramente, el 11 de enero de 2024, bajo el recurso KLCE202400449, 

Multinational presentó una “Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.”

1 Ello, 

a tenor de lo dispuesto en la Regla 36 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36. En síntesis, planteó que la reclamación

entablada estaba prescrita. Sostuvo su posición bajo el fundamento de que 

la carta notificada por la recurrida el 9 de marzo de 2021 se había remitido

a destiempo. Esto, dado que, la recurrida la notificó un (1) año y veintiséis

(26) después de expirado el término prescriptivo de un (1) año dispuesto en 

el artículo 1868 del Código Civil de 1930, 31 LPRA, sec. 5298. 

En la alternativa, argumentó que si se considerara la comunicación

del 9 de marzo de 2021 como una reclamación extrajudicial que tuvo el 

efecto de interrumpir el referido término de un (1) año, el resultado hubiera 

sido el mismo; la acción hubiera estado igualmente prescrita. Toda vez

que, el término para presentar la demanda vencía el 9 de marzo de 2022, y 

la primera “Demanda” instada por la recurrida se presentó el 28 de julio de 

2022. Añadió, que la denominada oferta de transacción que le fue remitida 

1Multinational acompañó su escrito con la siguiente prueba documental: Carta suscrita por 

José Escudero en la fecha del 28 de febrero de 2020; Carta suscrita por Enrique R. 

Adames Soto en la fecha del 23 de julio de 2020; Carta suscrita por Enrique R. Adames 

Soto en la fecha del 9 de marzo de 2021; Carta suscrita por Enrique R. Adames Soto en la 

fecha del 23 de julio de 2021; Carta suscrita por Rafael Avilés en la fecha del 30 de julio 

de 2021; “Demanda” del 28 de julio de 2022; “Aviso de Desistimiento sin Perjuicio;”

“Sentencia” emitida el 11 de octubre de 2022.
KLCE202400449 consolidado con KLCE202400450 4

a la recurrida no constituyó un reconocimiento de deuda. Esto, toda vez 

que, fue enviada a tenor del deber de toda aseguradora de notificar el 

ajuste final de una reclamación. Además, sostuvo que, de conformidad con

nuestro ordenamiento jurídico, las conversaciones y gestiones que se den 

entre las partes a los efectos de lograr una posible transacción no 

constituyen un reconocimiento de deuda. Ante ello, solicitó al foro recurrido 

que dictara sentencia sumaria parcial a su favor y consecuentemente

ordenara la desestimación con perjuicio de la “Demanda.”

En reacción, el 9 de febrero de 2024, la recurrida presentó “Moción 

en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.”

2 En esencia alegó que,

contrario a lo aducido por Multinational, la reclamación no estaba prescrita.

Sostuvo su posición bajo el fundamento de que Multinational omitió una 

serie de comunicaciones extrajudiciales que fueron cursadas entre las 

partes, las cuales demostraron su intención de mantener vigente la causa 

de acción. Aseveró, que a partir del 5 de marzo de 2020 las partes 

comenzaron a intercambiar información para el manejo de la investigación,

y trámite de la reclamación instada el 12 de febrero de 2020 ante 

Multinational. Añadió, que el 20 de julio de 2020, le notificó a Casa Zenith, 

por conducto de sus dueños, una reclamación extrajudicial. Agregó, que el 

9 de marzo de 2021, en aras de preservar su reclamación, le notificó a 

Multinational una “Segunda Reclamación Extrajudicial.” Argumentó, que el 

proceso de evaluación ante Multinational se extendió hasta el 30 de julio de 

2021. En dicha fecha, según expuso, Multinational le realizó una oferta de 

pago, la cual rechazó el día 3 de agosto de 2021. Posteriormente, entabló 

la primera reclamación judicial del 28 de julio de 2022. Finalmente, radicó 

la presente “Demanda.” Por lo cual, arguyó que existieron múltiples

gestiones que interrumpieron el término prescriptivo de un (1) año

2 La recurrida acompañó su solicitud con la siguiente prueba documental: “Suplemento 

Formulario de Reclamación;” Carta del 12 de febrero de 2020 suscrita por José J. 

Escudero; Misiva intitulada: “Continuación de reclamación Extrajudicial;” Comunicación del 

24 de julio de 2020, emitida por José J. Escudero; Comunicación del 22 de diciembre de 

2020, emitida por José J. Escudero; Carta del 9 de marzo de 2021, suscrita por Enrique R. 

Adames Soto; “Declaración Jurada” suscrita por Selva R. Henríquez Rodríguez; Carta del 

3 de agosto de 2021, suscrita por Enrique R. Adames Soto; Comunicación del 5 de mayo 

de 2021, emitida por Luz B. Arrieta Torres; Comunicación del 9 de marzo de 2021, emitida 

por Enrique R. Adames Soto; y Comunicación del 9 de marzo de 2021, emitida por José J. 

Escudero. 
KLCE202400449 consolidado con KLCE202400450 5

dispuesto en el Código Civil de 1930, supra, para la ejecución de 

reclamaciones extrajudiciales. 

De otra parte, adujo que constituía una práctica desleal de 

Multinational la dilación que ejecutó en el manejo de su reclamación, para 

luego levantar la defensa de prescripción extintiva. Según argumentó, 

dicha actuación contraviene lo resuelto en el caso de Birriel Colón v. 

Supermercado Los Colobos, 2023 TSPR 120. En virtud de lo expuesto, 

solicitó al foro recurrido que declarara No Ha Lugar la “Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial,” presentada por Multinational. 

En atención a los escritos presentados, el 20 de marzo de 2024, el 

foro recurrido notificó una de las resoluciones que nos ocupa, bajo el

aludido recurso KLCE20202400449. Mediante esta, dicho foro determinó 

que la recurrida logró controvertir que la causa de acción estuviera 

prescrita. En consecuencia, ordenó a Multinational que contestará la 

“Demanda” de epígrafe. En la “Resolución” dictaminada, el foro recurrido, 

esbozó las siguientes determinaciones de hechos no controvertidos: 

1.El 12 de febrero de 2020, se presentó una reclamación a 

Multinational por los hechos ocurridos ese día, en Casa 

Zenith, en la Avenida Constitución #301, en San Juan, PR. 

2. El 28 de febrero de 2020, el Sr. José J. Escudero, 

ajustador independiente designado por Multinational, envió 

una carta a la demandante: 

“Estimada Sra. Henríquez: 

Reciba un cordial saludo. Soy ajustador independiente de 

seguros designado por Multinational Insurance Company, 

compañía aseguradora de Casa Zenith (sic) llevar a cabo la 

investigación relacionada al accidente que usted sufriera en la 

tienda localizada en Puerta de Tierra, San Juan, PR.

Como parte de la investigación de este asunto necesitamos 

se comunique con el que suscribe a los fines de programas 

una reunión para entrevistarle sobre lo ocurrido [...]” 

3. El 23 de julio de 2020, la demandante, a través de su 

representación legal, cursó una carta al Sr. José J. Escudero: 

“Estimado señor Escudero: 

Reciba cordial saludo. Me suscribo en nombre y 

representación de la señora Selva Rosalia Henríquez (Chaly) 

en relación al accidente ocurrido el 12 de febrero de 2020 en 

Casa Zenith. 
KLCE202400449 consolidado con KLCE202400450 6

En estos momentos nos encontramos haciendo acopio de 

toda la información de hechos, así como prueba médica de 

daños para formular la reclamación formalmente y con la 

mayor información posible incluyendo un informe de un 

médico evaluador independiente de los daños sufridos por mi 

clienta. La señora Henríquez no ha concluido sus 

tratamientos médicos tras la cirugía en su hombro derecho y 

tras 26 terapias. Una vez logre precisar todo lo necesario 

para presentar el reclamo para investigación y ajuste 

conforme los términos para ello que dispone el Código de 

Seguro, lo haremos y ver si es posible evitar un proceso 

judicial. 

En adelante, cualquier comunicación sobre el asunto de 

referencia le solicito sea por conducto de nuestra oficina...”

4. El 9 de marzo de 2021, la demandante, a través de su 

representante legal, cursó una carta de reclamación 

extrajudicial al Sr. José J. Escudero. 

5. El 23 de julio de 2021, la demandante, a través de su 

representante legal, cursó una carta al Sr. José J. Escudero.

6. El 30 de julio de 2021, Multinational extendió a la 

demandante una oferta de transacción de $25,000. 

7. El 28 de julio de 2022, la demandante presentó una 

demanda, en el caso intitulado Selva R. Henríquez Rodríguez 

v. Alfredo González Aponte, et. al., civil número 

SJ2022CV06773, y reclamó el resarcimiento de los presuntos 

daños y perjuicios sufridos a consecuencia de la caída que 

sufrió el 12 de febrero de 2020, en la mueblería Casa Zenith.

8. El 10 de octubre de 2022, la demandante presentó un 

Aviso de desistimiento sin perjuicio, a tenor con la Regla 39.1 

(a) (1) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V (2009). 

9. Así las cosas, el 11 de octubre de 2022, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, por voz de la Honorable 

Juez Aileen Navas Auger, acogió el desistimiento sin perjuicio 

y dictó sentencia.

En lo que respecta al recurso KLCE202400450, el 24 de enero de 

2024, Casa Zenith presentó una “Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial a 

favor de Casa Zenith Inc.”

3 En síntesis, expuso que luego de la fecha de

los aducidos hechos no recibió reclamación extrajudicial alguna. Cónsono

con lo anterior, sostuvo, que solo se reclamó extrajudicialmente contra sus 

dueños, lo cual omitía su personalidad jurídica distinta y separada a la de 

sus accionistas. Ante ello según alegó, el término para radicar la causa de 

3 Casa Zenith acompañó su solicitud con la siguiente prueba documental: “Declaración 

Jurada” suscrita por Roxana Aponte Márquez; “Certificado de Registro;” documento 

intitulado “Certificado de Incorporación de una Corporación Autorizada a Emitir Acciones 

de Capital;” “Demanda;” “Aviso de Desistimiento sin perjuicio;” “Sentencia;” Documento 

intitulado “Certificado de Resolución Corporativa de Casa Zenith, Inc.;” y “Certificado de

Disolución.”
KLCE202400449 consolidado con KLCE202400450 7

acción vencía un año después de los argüidos hechos. Es decir, el 12 de 

febrero de 2021. Expresó, que el 28 de julio de 2022 la recurrida instó la 

primera “Demanda.” Ello, fuera del referido término prescriptivo. Así pues, 

argumentó que la reclamación presentada por la recurrida estaba prescrita. 

Añadió, que de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico los 

términos prescriptivos se deben interrumpir de forma individual para cada 

uno de los alegados cocausantes del daño. Adujo, que la recurrida no 

cumplió con el aludido deber jurídico, dado que, la comunicación enviada el 

9 de marzo de 2021 fue remitida exclusivamente a su aseguradora 

Multinational. Además, sostuvo que tampoco dicha comunicación fue 

oportuna, por lo cual no interrumpió el referido término prescriptivo. En 

virtud de lo expuesto, solicitó al foro recurrido que declarara Ha Lugar la 

“Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial a favor de Casa Zenith Inc.” y 

desestimara con perjuicio la reclamación entablada por la recurrida. 

En respuesta, el 26 de febrero de 2024, la recurrida presentó 

“Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la 

Casa Zenith, Inc.”

4 En esencia, sostuvo que existieron múltiples 

comunicaciones que interrumpieron el término prescriptivo de la 

reclamación. Contrario a lo argüido por Casa Zenith, aseveró que el 20 de 

julio de 2020, en efecto le envió de forma directa una reclamación

extrajudicial. Añadió, que dicha comunicación fue por conducto de los 

dueños de Casa Zenith, y que esta última fue incluida en la carta como uno 

de los destinatarios. Además, alegó que la Casa Zenith omitió el hecho de 

que le instruyó que continuara el trámite de la reclamación a través de su 

aseguradora Multinational. Sostuvo que se mantuvo en constante 

comunicación con Multinational. Específico, que dichas comunicaciones se 

4 La recurrida acompañó la referida oposición con la siguiente prueba documental: 

Documento intitulado “Suplemento Formulario de Reclamación;” Comunicación suscrita 

por José J. Escudero, con fecha de 15 de julio de 2020; Carta intitulada “Continuación de 

reclamación Extrajudicial,” suscrita por Selva Rosalía Henríquez y con fecha de 20 de julio 

de 2020; Comunicación del 24 de julio de 2020 suscrita por José J. Escudero; 

Comunicación del 22 de diciembre de 2020 suscrita por José J. Escudero; Carta del 9 de 

marzo de 2021 suscrita por Enrique R. Adames Soto; “Declaración Jurada” suscrita por 

Selva Rosalía Henríquez Rodríguez; Carta del 3 de agosto de 2021, suscrita por Enrique 

R. Adames Soto; Comunicación del 5 de mayo de 2021 suscrita por Luz B. Arrieta Torres; 

Comunicaciones del 9 de marzo de 2021; Documento intitulado “Información de 

Corporación;” Documento intitulado “Artículos de Disolución.”
KLCE202400449 consolidado con KLCE202400450 8

extendieron hasta el mes de agosto de año 2021. Finalmente, reiteró que lo 

resuelto en el caso de Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, supra, 

es de aplicación a los hechos ante nuestra consideración. En virtud de lo 

expuesto, solicitó al foro recurrido que declarara No Ha Lugar la “Solicitud 

de Sentencia Sumaria Parcial a favor de Casa Zenith Inc.” En 

consecuencia, que ordenara la continuación de los procedimientos. 

A los fines de resolver la cuestión litigiosa, el 21 de marzo de 2024, 

el foro recurrido notificó la segunda “Resolución” que nos ocupa, bajo el 

recurso KLCE202400450. Mediante esta, dicho foro determinó que la 

recurrida logró controvertir que la causa de acción estaba prescrita. En la 

referida “Resolución” esbozó los siguientes hechos incontrovertidos: 

1. El 17 de febrero de 2017, de conformidad con las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se incorporó la 

corporación Casa Zenith, Inc., bajo el número de registro 

3916001. 

2. El 12 de febrero de 2020, la Sra. Selva Rosalía Henríquez 

Rodríguez t/c/c Chaly Henríquez sufrió una caída en las 

facilidades de Casa Zenith, Inc. 

3. El 28 de julio de 2022, la demandante presentó una 

primera demanda, en el caso intitulado Selva R. Henríquez 

Rodríguez v. Alfredo González Aponte, et. al., civil número 

SJ2022CV06773, y reclamó el resarcimiento de los presuntos 

daños y perjuicios sufridos a consecuencia de la caída que 

sufrió el 12 de febrero de 2020, en las facilidades de Casa 

Zenith. 

4. El 10 de octubre de 2022, la demandante presentó un 

Aviso de desistimiento sin perjuicio, a tenor con la Regla 39.1 

(a) (1) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V (2009). 

5. El 11 de octubre de 2022, el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan, por voz de la Honorable Juez Aileen 

Navas Auger, acogió el desistimiento sin perjuicio y dictó 

sentencia. 

6. El 2 de enero de 2023, mediante una reunión extraordinaria 

celebrada por la Junta de Directores, se resolvió disolver la 

corporación Casa Zenith, Inc. 

7. El 15 de marzo de 2023, se autorizó la disolución de la 

corporación Casa Zenith, Inc.

En desacuerdo con las resoluciones emitidas, Multinational y Casa 

Zenith presentaron solicitudes de certiorari ante este Tribunal. En el 
KLCE202400449 consolidado con KLCE202400450 9

recurso KLCE20202400449, Multinational esbozó los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el TPI porque no cumplió con su deber de determinar 

cuáles hechos estaban de buena fe controvertidos, contrario 

a las disposiciones mandatori[a]s de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.4 (2009). 

Erró el TPI al negarse a desestimar sumariamente la 

demanda instada contra Multinational a pesar de que la carta 

del 9 de marzo de 2021 no surtió efecto jurídico alguno, toda 

vez que fue notificada fuera del término prescriptivo de un 

año. 

Erró el TPI al aplicar la reciente opinión del Tribunal Supremo 

en Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos et. al., 212 

DPR ___, 2023 TSPR 120, a los hechos de [sic] epígrafe. 

En cuanto al recurso KLCE202400450, Casa Zenith formuló los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró el TPI porque no cumplió con su deber de determinar 

cuáles hechos estaban de buena fe controvertidos, contrario 

a las disposiciones mandatori[a]s de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.4 (2009).

Erró el TPI al negarse a desestimar sumariamente la 

demanda instada contra Casa Zenith, a pesar de que la única

carta que tuvo el efecto de interrumpir la causa de acción en 

su contra fue aquella notificada el 20 de julio de 2020. 

Erró el TPI al aplicar la reciente opinión del Tribunal Supremo 

en Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos et. al., 212 

DPR ___, 2023 TSPR 120, a los hechos de [sic] epígrafe. 

Así las cosas, el 25 de abril de 2024, emitimos una “Resolución.”

Mediante esta ordenamos la consolidación de los recursos

KLCE202400449 y KLCE202400450, por estos recurrir de resoluciones 

relacionadas y dictadas dentro del mismo caso. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos 

a disponer del asunto ante nuestra consideración. 

II. 

A. Certiorari: 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal 

de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un 

tribunal inferior. Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, 2023 TSPR 

65, 212 DPR ____; Orthopedics Prod. Of Puerto Rico, LLC v. Medshape, 

Inc., 207 DPR 994, 1004 (2021); Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil 
KLCE202400449 consolidado con KLCE202400450 10

de 1933, conocido como Ley de Recursos Extraordinarios, 32 LPRA sec. 

3491. La característica distintiva del certiorari “se asienta en la discreción 

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar 

sus méritos”. Íd. Ahora bien, el ejercicio de esta discreción no es absoluto. 

Por ello, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

establece una serie de instancias en las que los foros apelativos pueden 

ejercer su facultad revisora: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre 

la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 

la justicia.

De igual modo, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, delimita los criterios para la expedición de un auto de certiorari. Así 

pues, estas consideraciones “orientan la función del tribunal apelativo 

intermedio para ejercer sabiamente su facultad discrecional”. Rivera 

Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, supra. La aludida regla permite que 

el análisis del foro apelativo intermedio no se efectúe en el vacío ni se 

aparta de otros parámetros al momento de considerar los asuntos 

planteados. Íd.; Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 848 

(2023); 800 Ponce de León v. American International, 205 DPR 163, 176 

(2020). De conformidad con lo anterior, la Regla 40, supra, dispone los 

siguientes criterios:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia. 
KLCE202400449 consolidado con KLCE202400450 11

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B.

Los foros revisores no debemos intervenir en las determinaciones de 

hechos del tribunal de instancia, “salvo que se pruebe que dicho foro actuó 

con prejuicio o parcialidad o incurrió en craso abuso de discreción o en 

error manifiesto. Citibank v. ACBI, 200 DPR 724, 736 (2018). Esta norma 

permite que el foro primario actúe conforme a su discreción judicial, que es 

la facultad que tiene “para resolver de una forma u otra, o de escoger entre 

varios cursos de acción”. Id. pág. 735; Graciani Rodríguez v. Garage Isla 

Verde, LLC, 202 DPR 117, 132 (2019). El ejercicio esta discreción “está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Id.; 

Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872, 890 (2010). Así pues, “la 

discreción es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial 

para llegar a una conclusión justiciera”. Id.; Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016). No obstante, un tribunal incurre 

en abuso de discreción cuando ignora sin fundamento un hecho material, 

concede demasiado peso a un hecho inmaterial, y fundamenta su 

determinación en ese hecho irrelevante, o cuando a pesar de examinar 

todos los hechos del caso hace un análisis liviano y la determinación 

resulta irrazonable. Id. pág. 736. En esos casos, los foros apelativos 

ostentamos la facultad discrecional para expedir el recurso de certiorari y

ejercer nuestra función revisora.

B. Sentencia Sumaria: 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal cuya función es 

permitir a los tribunales disponer parcial o totalmente de litigios civiles en 

aquellas situaciones en las que no exista alguna controversia material de 
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hecho que requiera ventilarse en un juicio plenario y el derecho así lo 

permita. Oriental Bank v. Caballero García, 212 DPR 671, 679 (2023); León 

Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41 (2020); Rodríguez Méndez, et als 

v. Laser Eye, 195 DPR 769, 784 (2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015). 

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, 

detalla el procedimiento que debe seguir la parte promovente de una 

solicitud de sentencia sumaria. A tales efectos establece que una solicitud 

deberá incluir (1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) 

los asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción, reclamación 

o parte respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; (4) una 

relación concisa, organizada y en párrafos enumerados de todos los 

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 

establecen estos hechos, así como de cualquier otro documento admisible 

en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las razones 

por las cuales debe ser dictada la sentencia, argumentando el derecho 

aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. 32 LPRA Ap. V., R. 

36.3; Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018); SLG ZapataRivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). 

De otro lado, la parte que se oponga a que se dicte sentencia 

sumaria está obligada a contestar la solicitud de forma detallada. Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 216 (2010). Para ello, deberá cumplir con 

los mismos requisitos con los que tiene que cumplir el promovente, pero, 

además, su solicitud deberá contener: (1) una relación concisa y 

organizada, con una referencia a los párrafos enumerados por la parte 

promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que están realmente y 

de buena fe controvertidos, (2) con indicación de los párrafos o las páginas 

de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento admisible 
KLCE202400449 consolidado con KLCE202400450 13

en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal. 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.3 (b) (2). Es decir, el promovido no puede descansar en meras 

alegaciones y afirmaciones. Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos,

supra. Por el contrario, debe someter evidencia sustancial de los hechos 

materiales que están en disputa y demostrar que tiene prueba para 

sustanciar sus alegaciones. SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. De incumplir con ello, corre el 

riesgo de que se dicte sentencia sumaria en su contra, de proceder en 

derecho. León Torres v. Rivera, supra, pág. 44; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra.

No obstante, aun en ausencia de prueba que controvierta la 

evidencia presentada por la parte promovente, esto no significa que 

procederá la moción de sentencia sumaria automáticamente, pues el

tribunal no está obligado a resolver a favor del promovente. Se resolverá a

favor de este si el juzgador “queda claramente convencido de que tiene 

ante sí, de forma no controvertida, todos los hechos materiales pertinentes 

y de que, por lo tanto, una vista en los méritos resulta innecesaria”. Mun. 

de Añasco v. ASES et al, 188 DPR 307, 327 (2013). Véase, además, 

Fernández Martínez v. RAD-MAN SJ, LLC, 208 DPR 310, 337 (2021); 

Jusino Figueroa v. Walgreens of San Patricio, 155 DPR 560, 578 (2001); 

Piovanetti García v. Touma, 178 DPR 745, 774 (2010). 

Si la parte quien se opone a la solicitud de sentencia sumaria utiliza 

declaraciones juradas como su mecanismo para admitir prueba, estas se 

basarán en el conocimiento personal del o la declarante, además que 

contendrán hechos que sean admisibles y demuestren que él o la

declarante está cualificado para testificar. 32 LPRA Ap. V, R. 36.5. Por otra 

parte, la Regla 36.6 establece que:

Si de las declaraciones juradas de la parte que se oponga a la 

moción resulta que ésta no puede, por las razones allí expuestas, 

presentar mediante declaraciones juradas hechos esenciales para justificar 

su oposición, el tribunal podrá denegar la solicitud de sentencia o posponer 
KLCE202400449 consolidado con KLCE202400450 14

su consideración, concediéndole a la parte promovida un término razonable 

para que pueda obtener las declaraciones juradas, tomar deposiciones, 

conseguir que la otra parte le facilite cierta evidencia o dictar cualquier otra 

orden que sea justa. 32 LPRA Ap. V, R. 36.6.

En suma, se dictará sentencia sumaria cuando las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en 

unión a las declaraciones juradas, si las hay u otra evidencia que obre en el 

expediente del tribunal, demuestran que no hay controversia real sustancial 

en cuanto a algún hecho esencial y pertinente. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e); 

González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan, 212 DPR 601, 

611-612 (2023). Así, el criterio rector al considerar la procedencia de un 

dictamen sumario es que no haya controversia sobre los hechos esenciales 

pertinentes, según alegados por las partes en sus respectivas solicitudes u 

oposiciones, y que solo reste aplicar el Derecho. Rodríguez García v. UCA, 

supra, pág. 941. Esta determinación debe ser guiada por el principio de 

liberalidad a favor de la parte que se opone a que se dicte sentencia

sumaria, para evitar la privación del derecho de todo litigante a su día en 

corte. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 216. 

Igual que el Tribunal de Primera Instancia, este Tribunal de 

Apelaciones se rige por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y su 

jurisprudencia al determinar si procede o no una sentencia sumaria. Ello 

quiere decir que debemos realizar una revisión de novo y examinar el 

expediente de la manera más favorable a la parte que se opuso a la 

moción de sentencia sumaria en el foro primario, haciendo todas las 

inferencias permisibles a su favor. Acevedo Arocho v. Departamento de 

Hacienda de Puerto Rico, 212 DPR 335, 353 (2023); Meléndez González et 

al v. M Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015). 

Nos toca analizar los documentos que acompañan la moción que 

solicita la sentencia sumaria y los documentos incluidos con la moción en 

oposición, y aquéllos que obren en el expediente del Tribunal; con el fin de 

determinar si el oponente controvirtió algún hecho material o si hay 
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alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en 

forma alguna por los documentos. S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 193 

(2000). Si de los documentos surge duda sobre la existencia de una 

controversia de hechos, éstas se deben resolver contra el promovente, ya 

que este mecanismo procesal no permite que el Tribunal dirima cuestiones 

de credibilidad. Rosado Reyes v. Global Healthcare, 205 DPR 796, 809 

(2020). Este foro intermedio tampoco puede adjudicar los hechos 

materiales y esenciales en disputa, ya que esa tarea le corresponde al foro 

de primera instancia. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 307, 335 (2004). En fin, 

nuestra evaluación está limitada a la consideración de la evidencia que las 

partes presentaron ante el foro de primera instancia. Debemos revisar que 

los escritos cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra. Además, verificamos si en realidad existen 

hechos materiales en controversia. Finalmente, de encontrar que los 

hechos materiales realmente están incontrovertidos, revisamos si la 

primera instancia judicial aplicó correctamente el derecho a la controversia. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119.

C. La prescripción extintiva y la reclamación extrajudicial: 

La prescripción extintiva es una figura de naturaleza sustantiva y no 

procesal, la cual se rige por los principios del Código Civil. Nevárez Agosto 

v. United Surety et al., 209 DPR 346, 356 (2022); Fraguada Bonilla v. Hosp.

Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 373 (2013). Al respecto, el Artículo 1832 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5243,

5 establece que los derechos y acciones 

se extinguen por la prescripción según los términos provistos por ley.

Los términos prescriptivos tienen como objetivo evitar la 

incertidumbre de las relaciones jurídicas y castigar la inacción en el 

ejercicio de los derechos, ya que el transcurso del período de tiempo 

establecido por ley, sin que el titular del derecho lo reclame, da lugar a una 

presunción legal de abandono. González v. Wal-Mart, Inc., 147 DPR 215, 

5 Al tratarse el presente caso de hechos acontecidos bajo la vigencia del Código Civil de 

1930, dispondremos de la controversia a tenor con el marco doctrinal entonces vigente.

Véase, artículo 1815 del Código Civil de 2020; Cruz Flores v. Hospital Ryder Memorial

Inc., 210 DPR 465, 483 (2022).
KLCE202400449 consolidado con KLCE202400450 16

216 (1998) (Sentencia). La prescripción extintiva evita las consecuencias 

que genera la resucitación de reclamaciones viejas como la pérdida de 

evidencia, la pérdida de testigos o dificultad para contactarlos y la memoria 

imprecisa. Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 DPR 943, 950 (1991).

En términos generales, el Artículo 1873 del Código Civil, supra, 

indica que, la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio 

ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por 

cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. Véase, Ross 

Valedón y otro v. Hospital Dr. Susoni Health Community Services, Corp. y 

otros, 2024 TSPR 10. De conformidad con lo anterior, se ha resuelto que la 

prescripción constituye un derecho sustantivo y acarrea la desestimación 

de cualquier demanda presentada fuera del término previsto para ello.

Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 166 (2007).

En particular, el Artículo 1868, supra, dispone que aquellas acciones 

que se derivan de la culpa o negligencia prescriben por el transcurso de un 

año desde que lo supo el agraviado. Cónsono con la teoría cognitiva del 

daño, este plazo comienza a decursar desde el momento en que el 

agraviado: 1) conoce del daño, o razonablemente debió conocerlo; 2) quién 

fue su autor, y 3) desde cuándo éste conoce los elementos necesarios para 

ejercitar efectivamente la acción. Toro Rivera v. ELA, 194 DPR 393, 416 

(2015); Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181, 189 (2002). A tales efectos, 

el agraviado debe contar con todos los elementos necesarios para 

presentar la correspondiente reclamación judicial, siempre que de buena fe 

y no por falta de diligencia atribuible a su persona, desconozca que tiene 

derecho a hacerla valer. Allende Pérez v. García, 150 DPR 892, 903-904

(2000); Vega v. J. Pérez & Cía. Inc., 135 DPR 746, 754-755 (1994). De 

manera que, salvo que se produzca la interrupción del término prescriptivo, 

la reclamación para exigir responsabilidad al amparo de dicho artículo

prescribe por el transcurso de un año. 

Conforme fue expuesto, la reclamación extrajudicial es una de las 

formas de interrumpir el referido término prescriptivo. Nuestro 
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ordenamiento jurídico no exige que dicha reclamación extrajudicial tenga 

una forma específica. Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 505

(2011). La aludida reclamación puede ser en forma escrita o verbal. Díaz 

Santiago v. International Textiles, 195 DPR 862, 870 (2016). Ello, debido a 

que, la importancia de una reclamación extrajudicial radica en que brinde 

un “aviso adecuado de la existencia de una posible reclamación.” SLG 

García-Villega v. ELA et al., 190 DPR 799, 816 (2014).

Ahora bien, la referida reclamación extrajudicial debe cumplir con 

ciertos requisitos para que logre una efectiva interrupción del término 

prescriptivo. Dichos requisitos se resumen en los conceptos de 

oportunidad, legitimación, identidad e idoneidad. Cacho González et al. v. 

Santarrosa et al., 203 DPR 215, 229 (2019). De los referidos conceptos se 

desprende que una reclamación extrajudicial debe ser oportuna. Esto,

indica que se debe realizar antes de la consumación del plazo prescriptivo. 

También debe ser presentada por la persona con legitimación para ello, lo 

cual implica que debe ser la titular del derecho o acción cuya prescripción

se pretende interrumpir. De igual modo, debe existir identidad entre el

derecho reclamado y el afectado por la prescripción. Asimismo, el medio 

utilizado para llevar a cabo la reclamación debe ser idóneo. Véase, Díaz 

Santiago v. International Textiles, supra, pág. 870; y Pereira Suárez v. Jta. 

Dir. Cond., supra, pág. 506.

Cabe destacar, que la reclamación extrajudicial debe constituir “una 

manifestación inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su 

derecho expresa su voluntad de no perderlo.” Díaz Santiago v. International 

Textiles, supra, pág. 870. Así pues, dicha reclamación no puede ser un 

mero recordatorio del derecho que se concibe tener. Véase, Pereira Suárez 

v. Jta. Dir. Cond., supra, 506. En ese sentido, “han de valorarse como 

reclamación cualesquiera actos que rompen el llamado silencio de la 

relación jurídica, que sean contrarios a la dejación o abandono del derecho 

y que hagan, por consiguiente, injusto que el sujeto pasivo pueda quedar 
KLCE202400449 consolidado con KLCE202400450 18

beneficiado por el transcurso del tiempo”. Birriel Colón v. Supermercado 

Los Colobos, supra.

D. Las prácticas desleales en el Código de Seguros de Puerto 

Rico: 

En nuestra jurisdicción la industria de seguros está revestida de un 

alto interés público. Nevárez Agosto v. United Surety et al., supra, pág. 

358. El Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 

1957, según enmendada, 26 LPRA, sec. 101 et seq., constituye la 

legislación especial a través de la cual la Asamblea Legislativa reglamenta 

las prácticas y requisitos de dicha industria. Carpets & Rugs v. Tropical

Reps, 175 DPR 615, 632 (2009). De manera supletoria la industria de 

seguros es regulada por el Código Civil. Nevárez Agosto v. United Surety

et al., supra, pág. 358. 

En lo atinente, uno de los renglones que se regula por medio del 

Código de Seguros de Puerto Rico, supra es el perteneciente a las 

prácticas desleales y fraude en el negocio de los seguros. Carpets & Rugs 

v. Tropical Reps, supra, pág. 632. Estas prácticas se encuentran 

dispuestas dentro del capítulo 27 del Código de Seguros de Puerto Rico, 

26 LPRA, sec. 2701-2736. El propósito de este capítulo es el de “regular 

las prácticas comerciales en el negocio de seguros, definiendo o 

disponiendo para la determinación de todas las prácticas en Puerto Rico 

que constituyen métodos desleales de competencia, o actos o prácticas 

engañosas, y prohibiendo las prácticas comerciales que así se definan o 

determinen.” 26 LPRA sec. 2701. El referido capítulo prohíbe, entre otras 

cosas, las prácticas desleales en el ajuste de las reclamaciones. Una de 

las prácticas prohibidas consiste en “[n]o intentar de buena fe de llevar a 

cabo un ajuste rápido, justo y equitativo de una reclamación de la cual surja 

claramente la responsabilidad.” 26 LPRA, sec. 2716a (6). Véase, Consejo 

de Titulares v. MAPFRE, 208 DPR 761, 775 (2022).

En síntesis, lo que pretende esta regulación es conseguir que las 

aseguradoras sean diligentes en el trámite de las reclamaciones para de 

esta forma lograr proteger a los asegurados de la mala fe y dilación que 
KLCE202400449 consolidado con KLCE202400450 19

puedan manifestar las aseguradoras. Véase, Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. 

Co., 145 DPR 226, 232 (1998). Cónsono con ello, los contratos de Seguro

se rigen por el principio de la buena fe, el cual es un precepto general de 

toda actividad jurídica que existe en nuestro ordenamiento. Feliciano

Aguayo v. Mapfre, 207 DPR 138, 149 (2021).

III. 

Tras una revisión de novo de la totalidad del expediente que obra 

ante nos, determinamos que no existen hechos materiales y pertinentes en 

controversia. El asunto en disputa en el presente caso más bien se dirige a 

una cuestión de naturaleza jurídica. Por lo cual, nos resta evaluar el 

derecho aplicable a la doctrina de la prescripción. Por entender que los 

señalamientos de error de ambos recursos están íntimamente 

relacionados, procedemos a discutirlos en conjunto. 

De entrada, la regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.4, exige a los tribunales que formulen una lista de los hechos que están

en controversia y los que no están controversia en el pleito en los casos en 

que se deniegue total o parcialmente una solicitud de sentencia sumaria. 

Véase, Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 117 (2015). En este 

caso, el foro recurrido emitió solo una lista de los hechos incontrovertidos. 

A pesar de que fundamentó su decisión de no desestimar las 

reclamaciones en la prueba que incluyó la recurrida al oponerse a las 

solicitudes de sentencia sumaria, ciertamente no detalló de manera clara y 

expresa los hechos que quedaron controvertidos en el pleito. Por lo cual, el 

presente error fue cometido. Ahora bien, este error no es de tal naturaleza 

como para incidir en la corrección del dictamen del foro recurrido al no 

conceder las desestimaciones peticionadas por Mutinational y la Casa 

Zenith. Veamos. 

El argumento principal de Casa Zenith y Multinational consiste en 

que la reclamación de la recurrida prescribió al siguiente año de la 

ocurrencia de los alegados hechos. Es decir, el 12 de febrero de 2021. 

Casa Zenith fundamenta su postura bajo el planteamiento de que la 
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recurrida no dirigió la carta del 20 de julio de 2020 directamente a su 

persona jurídica. A su vez, sostiene que la recurrida omitió el interrumpir el 

término prescriptivo para ella y Multinational de una forma individualizada. 

Por su parte, Multinational aduce que el término prescriptivo venció el 12

de febrero de 2021. Esto, dado que, la comunicación notificada por la 

recurrida el 9 de marzo de 2021 fue realizada a destiempo. Sus 

argumentos no nos persuaden. 

Primeramente, la misiva del 20 de julio de 2020 cumple con los 

requisitos legales aplicables para constituir una efectiva reclamación 

extrajudicial. Se realizó dentro del término de un (1) año desde que la 

recurrida conoció que sufrió el alegado daño; la reclamación fue enviada 

por la recurrida como la titular de la causa de acción; el derecho que fue 

reclamado es idéntico al afectado por el término prescriptivo en cuestión; y 

el medio utilizado fue idóneo. Por otro lado, distinto a lo argumentado por 

Casa Zenith, el nombre de su persona jurídica aparece escrito en la parte 

superior de la misiva junto al de los destinatarios que esta va dirigida. En

cuanto al otro planteamiento de Casa Zenith, destacamos que surge 

expresamente del texto de la aludida carta que la recurrida también le 

reclamó los daños sufridos a Multinational. Independientemente de ello, ha 

sido expresión de nuestro mas Alto Foro, que en este tipo de casos el 

efecto de la interrupción de la prescripción no está predicado en el 

concepto de la solidaridad entre asegurado y asegurador. 

De otra parte, no podemos expresarnos sobre una interrupción del 

término prescriptivo contra Multinational, sin antes evaluar las 

comunicaciones que fueron cursadas entre dicha aseguradora y la 

recurrida. Surge del expediente ante nuestra consideración, que posterior a 

la legítima reclamación extrajudicial del 20 de julio de 2020, la recurrida se 

mantuvo en comunicaciones extrajudiciales con Multinational. Estas se 

efectuaron desde el 23 de julio de 2020 hasta el 3 de agosto de 2021; 

momento en la recurrida rechazó la oferta de pago cursada por

Multinational. Dichas comunicaciones no constituyeron un mero 
KLCE202400449 consolidado con KLCE202400450 21

recordatorio del alegado derecho de la recurrida o un escueto intercambio 

de información. Estas reflejaron la existencia de unas negociaciones entre 

la recurrida y Multinational para llegar a un posible acuerdo extrajudicial.

Las referidas negociaciones eran de conocimiento de Casa Zenith, quien 

sabía la existencia de una reclamación instada ante su aseguradora 

Multinational.

Las aludidas comunicaciones son una manifestación inequívoca de 

la recurrida para no perder el reclamo de su derecho y constituyen un acto 

contrario a la dejación o abandono de dicho derecho. En ese sentido, la 

recurrida actuó de buena fe en el trámite de su reclamación, lo cual es 

indispensable en este tipo de interrupciones extrajudiciales. Así pues, ante 

estas circunstancias, contrario a lo aducido por Casa Zenith y Multinational,

el precedente de Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, supra, es de 

aplicación al presente caso. En dicho precedente, de forma similar a este 

caso, existió una sola reclamación extrajudicial contra la asegurada. De 

igual modo, en el referido caso la reclamante mantuvo una serie de 

comunicaciones extrajudiciales con la aseguradora del alegado causante

del daño. En estas comunicaciones, como en el caso presente, la 

aseguradora solicitó varios documentos y se coordinó una entrevista con la 

persona reclamante. Asimismo, de forma similar a los hechos que nos 

ocupan, la persona reclamante no instó una reclamación judicial hasta 

pasado un (1) año de la única reclamación extrajudicial dirigida a la 

persona asegurada. 

Ante dichos eventos, el Tribunal Supremo reiteró que la prescripción

no es una figura rígida, sino un concepto que depende de las 

circunstancias particulares que se examinan. En el caso ante nos, las 

comunicaciones entre las partes demuestran una creencia razonable de 

que Multinational actuó en representación de Casa Zenith en la realización

de las negociaciones extrajudiciales. 6 Los actos de la recurrida 

demuestran diligencia en proseguir su reclamación y son ejemplo de uno 

6 Según la “Declaración Jurada” presentada por la recurrida, Casa Zenith le refirió a su 

aseguradora a Multinational para que tramitara sus reclamos. Véase, pág. 82-83 del 

“Índice de Apéndice” del recurso KLCE202400449.
KLCE202400449 consolidado con KLCE202400450 22

de los principios de nuestro ordenamiento jurídico de fomentar las 

transacciones. Así lo evidencian las comunicaciones cursadas. Nótese, que 

la última comunicación emitida por Multinational fue una oferta de 

transacción del 30 de julio de 2021, la cual le había requerido la recurrida. 

7

Esta fue rechazada por la recurrida en fecha de 3 de agosto de 2021. 

Posteriormente, el 28 de julio de 2022, la recurrida presentó una primera 

“Demanda.” Acto seguido, el 11 de octubre de 2022, el foro a quo, dictó 

una sentencia en la que concedió el desistimiento sin perjuicio peticionado 

por la recurrida. Finalmente, la recurrida instó el 26 de septiembre de 2023 

la “Demanda” de epígrafe. 

El relato procesal antes descrito indica que la causa de acción no 

está prescrita. Toda vez que, luego de culminar las negociaciones

extrajudiciales entre la recurrida y Multinational, hubo dos (2) oportunas 

reclamaciones judiciales que interrumpieron el término prescriptivo de un 

(1) año. Cabe destacar, que la comunicación del 9 de marzo de 2021 formó

parte de la serie de comunicaciones existentes entre Multinational y la 

recurrida para llegar a un posible acuerdo extrajudicial. Estas 

comunicaciones muestran de forma patente que la recurrida continuó 

peticionando su derecho. 

De otra parte, Casa Zenith y Multinational esgrimen como 

argumento alternativo, que de entenderse legítimas las reclamaciones 

extrajudiciales del 20 de julio de 2020 y 9 de marzo de 2021, a lo sumo la 

causa de acción hubiera prescrito el 20 de julio de 2021 o el 9 de marzo de 

2022. Acoger dichas posturas erradicaría la existencia de las aludidas 

negociones entre Multinational y la recurrida conducentes al posible logro 

de un acuerdo extrajudicial. A su vez, sería contrario a lo resuelto en el 

caso Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, supra. Finalmente, es 

preciso señalar, que, bajo las circunstancias presentes, la recurrida no 

mostró la cualidad de la indolencia, la cual simboliza el fin castigable por la 

prescripción extintiva. Cónsono con lo anterior, nuestro ordenamiento

7 El 23 de julio de 2021, la recurrida le requirió a Multinational que formulara una oferta 

transaccional en aras de evaluarla. Véase, la pág. 35 del “Índice de Apéndice” del recurso 

KLCE202400449. 
KLCE202400449 consolidado con KLCE202400450 23

jurídico veda las prácticas desleales de las aseguradoras en el ajuste de 

las reclamaciones y el silencio habilidoso que da paso al transcurso

sigiloso del tiempo. 

IV.

Por los fundamentos expuestos, expedimos los autos solicitados 

debidamente consolidados y confirmamos los dictámenes recurridos. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones