Número Identificador

SEN2024________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

ELIZABETH ROMÁN ROJAS 

Y OTROS

Apelante

v.

LUZ MARÍA ROJAS ROMÁN 

Y OTROS

Apelado

KLAN202301027

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Arecibo 

Caso Número:

AR2023CV00677

Sobre: Liquidación 

de comunidad de 

bienes

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

Comparecen ante nosotros Elizabeth, Gladys, Migdalia y 

Fasar, todos de apellidos Román Rojas; y la Sucesión de María 

Edivette Román Rojas compuesta por Yvette y Michael ambos de 

apellido Gilfillan (apelantes). Solicitan que revoquemos la Sentencia 

Parcial1 que notificó el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Arecibo (TPI o foro primario) el 17 de octubre de 2023. Mediante su 

dictamen, el foro primario desestimó la reclamación sobre la finca

rústica del Barrio Islote de Arecibo2 y la causa de acción sobre 

nulidad de la Escritura Pública Núm. 79 y de la Escritura Pública 

Núm. 13, bajo el fundamento de cosa juzgada en su modalidad de 

impedimento colateral por sentencia.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos el dictamen impugnado. Veamos.

1 Apéndice de la Apelación, págs. 1-11.

2 La descripción del referido inmueble es:

Rústica: Barrio Islote de Arecibo, Cabida de diez punto veinticinco 

cuerdas. Linderos: Norte con zona marítima antes, hoy Marcial Arroyo. 

Sur: con el Caño Tiburones. Este, con Jose Rojas antes, hoy Crist[ó]bal 

Plá. Oeste[:] Antonia Rojas antes, hoy Florentina Reyes. Es el resto de la 

finca luego de deducida la segregación que consta al margen de la 

inscripción primera. Descrita conforme a inscripción segunda. Se forma 

por segregación de la finca 4727 al folio 135 del tomo 108 de Arecibo. Es 

la Finca número 4783 inscrita al folio 218 vuelto del tom[o] 109 de Arecibo.
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I.

Los apelantes instaron una Demanda3 sobre nulidad de 

escrituras de compraventa y donación, división de comunidad de 

bienes hereditarios y sentencia declaratoria en contra de Luz María 

Rojas y las Sucesiones de Francisca Rojas Reyes y Francisco Rojas 

Reyes (apelados). Alegaron la nulidad de la Escritura Pública Núm. 

79 sobre compraventa debido a que en ella presuntamente se vendió

parte de un inmueble sin antes haberlo segregado, sin que existiera 

la declaratoria de herederos ni la instancia correspondiente, y sin la 

comparecencia de la codueña Florentina Reyes Reyes. Los apelantes 

señalaron que es también nula la Escritura Pública Núm. 13 sobre 

donación por razón de que el donante no era el único dueño del 

predio objeto de donación. Por último, solicitaron la adjudicación y 

la partición judicial de la herencia.

En respuesta, los apelados instaron un petitorio de 

desestimación.

4 Argumentaron que, la causa de epígrafe fue 

previamente adjudicada en el caso Civil Núm. CAC 2003-4241, por

lo cual, procede desestimarla bajo el fundamento de cosa juzgada 

en la modalidad de impedimento colateral por sentencia. 

En su Oposición,

5 los demandantes y apelantes discutieron 

que, no aplica la doctrina de cosa juzgada debido a que no existe

una concurrencia perfecta entre la identidad de las cosas, de las 

causas, de los litigantes, ni de la calidad con que lo fueron.

Evaluado lo anterior, el TPI desestimó la reclamación

relacionada a la nulidad de las Escritura Públicas Núm. 79 y Núm. 

13, al amparo de la doctrina de cosa juzgada bajo la modalidad de 

impedimento colateral por sentencia. Concluyó que, los hechos 

esenciales que los apelantes señalaron en la demanda fueron 

previamente adjudicados en el caso Civil Núm. CAC 2003-4241.

3 Apéndice de la Apelación, págs. 26-31.

4 Apéndice de la Apelación, págs. 34-40 y 60-61.

5 Apéndice de la Apelación, págs. 51-57.
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Detalló que, uno de los inmuebles objeto de controversia fue 

segregado e inscrito en el Registro de la Propiedad mediante la 

Escritura Pública Núm. 309 y sujeto a donación por la Escritura 

Pública Núm. 13.

En cuanto a la impugnación de la Escritura Pública Núm. 79, 

el TPI consideró que, los apelantes no cumplieron con el término 

razonable que les fue concedido en el caso Civil Núm. CAC 2003-

4241 para presentar prueba sobre la presunta invalidez del referido 

negocio jurídico, producto de lo cual, el foro primario en aquella 

ocasión los dio por allanados.

En el dictamen apelado, el TPI hizo constar que, cuando los 

sucesores en interés por título adquirido litigan sobre la misma cosa, 

bajo el mismo título y en el mismo carácter conforman la identidad 

de los litigantes a la cual aplica la doctrina de cosa juzgada. Analizó 

que, existe identidad de las causas cuando ambas reclamaciones 

están relacionadas a la misma transacción o núcleo de hechos.

En desacuerdo, el 1 de noviembre de 2023, los apelantes 

instaron una Solicitud [de] determinaciones adicionales al amparo de 

la Regla 43.1 de Procedimiento Civil; Reconsideración de la Sentencia 

al amparo de la Regla 47 de Procedimiento Civil.

6 En ella, adujeron 

que no existe perfecta concurrencia en las cosas, las causas, los

litigantes y la calidad en que lo fueron. Solicitaron al TPI 

reconsiderar bajo el entendido de que los hechos de la demanda de 

epígrafe no fueron adjudicados en el caso Civil Núm. CAC 2003-

4241. Añadieron que, en el mencionado caso no se adjudicó, dividió 

ni liquidó la comunidad hereditaria existente entre los herederos.

En igual fecha, el foro primario notificó su denegatoria al 

remedio solicitado.7 Aún en desacuerdo, los apelantes instan el 

6 Apéndice de la Apelación, págs. 12-23.

7 Apéndice de la Apelación, págs. 24-25.
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recurso de epígrafe en el cual imputan al TPI la comisión de cuatro 

errores, a saber:

[E]rró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que la demanda presentada se basa en una sentencia 

previamente adjudicada.

[E]rró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que las escrituras impugnadas constituían un hecho 

esencial.

[E]rró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que las determinaciones procesales de un caso previo 

constituyen un hecho probado.

[E]rró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que aplicaba la doctrina de cosa juzgada en su 

modalidad de impedimento colateral por sentencia.

En cumplimiento con nuestra Resolución, notificada el 29 de 

noviembre de 2023, los apelados presentan su Alegato Parte 

Demandada. Exponen que, procede confirmar el dictamen 

impugnado bajo el fundamento de cosa juzgada. Aseguran que, en

el caso Civil Núm. CAC 2003-424, el TPI adjudicó los hechos 

esenciales que los apelantes pretenden litigar nuevamente. Señalan 

que, el inmueble objeto de controversia fue segregado e inscrito en 

el Registro de la Propiedad mediante la Escritura Núm. 309.

Discuten que, en virtud del Artículo 1204 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3343, la presunción de cosa juzgada es efectiva en contra de 

terceros que no han litigado previamente, si los litigantes del 

segundo pleito son sucesores de quienes anteriormente incoaron un 

pleito sobre la misma cosa.

Con el beneficio de las posturas de ambas partes, resolvemos.

II.

A. Regla 10.2 de Procedimiento Civil

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, viabiliza 

que un demandado solicite la desestimación de la causa de acción 

en su contra, antes de contestarla, si de las alegaciones de la 

demanda surge claramente que alguna de las defensas afirmativas 

prosperará. Eagle Security Police, Inc. v. Efrón Dorado, S.E. y otros, 
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2023 TSPR 5, resuelto el 20 de enero de 2023. Particularmente, la 

Regla 10.2, supra ̧ enumera las siguientes defensas:(1) falta de 

jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la 

persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio; y (6) dejar 

de acumular una parte indispensable. Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, supra.

Ante una solicitud de desestimación bajo el inciso (5) de la 

citada Regla 10.2 de Procedimiento Civil, el tribunal ha de tomar 

como ciertos todos los hechos claros y concluyentes, bien alegados 

en la demanda. Casillas Carrasquillo v. ELA, 209 DPR 240, 247 

(2022). Asimismo, el tribunal deberá evaluar si la demanda es 

suficiente para constituir una reclamación válida, luego de 

interpretar las alegaciones, conjunta y liberalmente, de la forma más 

favorable a la parte demandante, y resolviendo toda duda a su favor. 

Íd. 

Cabe destacar que, la desestimación de una demanda no 

procede, a menos que se desprenda con toda certeza que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier 

estado de hechos que pueda ser probado en apoyo a su reclamación. 

Eagle Security Police, Inc. v. Efrón Dorado, S.E. y otros, supra. En ese 

sentido, nuestro más Alto Foro ha establecido que, una solicitud de 

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

supra, va dirigida a los méritos de la controversia, no a aspectos 

procesales del caso. Íd.

B. La doctrina de cosa juzgada

En nuestro ordenamiento jurídico, la doctrina de cosa juzgada

se encuentra consagrada en el Artículo 1204 del Código Civil de 
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Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3343.8 Según dispone dicho 

articulado, “[p]ara que la presunción de cosa juzgada surta efecto 

en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la 

sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta 

identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes 

y la calidad con que lo fueron”. Ortiz Matías et al. v. Mora 

Development, 187 DPR 649, 654-655 (2013). 

La mencionada doctrina responde al interés del Estado a que 

se les ponga fin a los litigios para que así no se eternicen las 

cuestiones judiciales, y a la deseabilidad de que no se someta en dos 

ocasiones a un ciudadano a las molestias que supone litigar la 

misma causa. Íd. La defensa de cosa juzgada también tiene el efecto 

de evitar que en un pleito posterior se litiguen nuevamente, entre 

las mismas partes y sobre las mismas cosas y causas de acción, las 

controversias que ya fueron o pudieron haber sido litigadas y 

adjudicadas en un pleito anterior. Presidential v. Transcaribe, 186 

DPR 263, 273 (2012)

Así, para aplicar la doctrina de cosa juzgada, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que se tiene que cumplir con los siguientes 

criterios: (1) una primera sentencia válida, que advino final y firme,

que adjudicó los hechos y que resolvió la controversia en los méritos; 

(2) igualdad entre las partes en ambos juicios; (3) la misma 

controversia en cada litigio; (4) que el remedio que se solicita sea 

análogo al que se pidió en el caso previo y; (5) que las partes en 

ambos casos comparezcan en la misma calidad. Figueroa Santiago 

et als. v. ELA, 207 DPR 923, 933 (2021).

Cuando se invoca la excepción de cosa juzgada es preciso 

evaluar si en efecto concurren las identidades requeridas para que 

esta surta efecto, a pesar de que exista una controversia justiciable 

8 Por tratarse de hechos ocurridos con anterioridad a la aprobación y vigencia del 

Nuevo Código Civil (Ley Núm. 55 de 1 de enero de 2020), nos limitaremos a 

discutir las disposiciones aplicables y correspondientes al Código Civil de 1930.
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entre las partes. En cuanto al requisito de identidad entre las cosas,

basta que se refiera al mismo asunto, independientemente de que

uno se aborde totalmente y el otro solo parcialmente. Acevedo v. 

Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452, 464 (1996).

De otra parte, la identidad entre las causas se logra establecer 

cuando se deduce que, tanto en el pleito anterior como en el que se 

invoca la excepción de cosa juzgada, las acciones ejercitadas 

implican un mismo motivo o razón de pedir: si los hechos y 

fundamentos de las peticiones son los mismos en lo que afecta la 

cuestión planteada. Beníquez et al. v. Vargas et al., 184 DPR 210, 

223 (2012). Además de los dos requisitos enunciados, el Artículo

1204 del Código Civil, supra, requiere la perfecta identidad entre las 

partes litigantes, así como la calidad en que lo fueron. Ortiz Matías 

et al. v. Mora Development, supra.

III.

Los apelantes sostienen que el TPI erró al dictar Sentencia 

Parcial a favor de los apelados. En particular, plantean que no aplica 

la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedimento 

colateral por sentencia toda vez que sus reclamos son distintos a los

previamente adjudicados en el caso Civil Núm. CAC 2003-4241.

Añaden que, el foro primario determinó que las escrituras aquí 

impugnadas fueron otorgadas, sin embargo, no pasó juicio en 

cuanto a si estas menoscaban derechos de los coherederos.

Exponen además que, la Sentencia en el caso Civil Núm. CAC 2003-

4241 es nula porque quebranta su debido proceso de ley, y su 

invalidez impide que pueda prevalecer ante un reclamo de cosa 

juzgada. Por su estrecha relación entre sí, discutiremos los errores 

conjuntamente.

A lo antes, los apelados se oponen e insisten que, las 

reclamaciones de los apelantes ya fueron adjudicadas y que procede 
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su desestimación al amparo de la doctrina de cosa juzgada en la 

modalidad de impedimento colateral por sentencia.

Por tratarse de un asunto de índole jurisdiccional 

procedemos, en primer lugar, a evaluar la aplicabilidad de la

doctrina de cosa juzgada. Al revisar la Sentencia sobre 

reivindicación, partición de herencia, cumplimiento de contrato y 

liquidación de gananciales que dictó el foro primario en el caso Civil 

Núm. CAC 2003-4241, tomamos conocimiento de lo allí adjudicado 

y colegimos que en el referido dictamen el TPI adjudicó los hechos 

esenciales que los apelantes intentan re litigar. 

En lo pertinente a la impugnación de la Escritura Núm. 79, el 

foro primario recibió el testimonio de un perito calígrafo, luego de lo 

cual, concedió a la parte demandada un término para entregar al 

perito otros escritos de María Severina Rojas, coetáneos a la fecha 

de la escritura impugnada. Ello, con el propósito de que el perito 

pudiese comparar muestras de firmas y rendir un informe. El TPI 

hizo la salvedad de que, de dicha parte incumplir el término de 

treinta (30) días concedido, se allanaban a que la división de la 

herencia se realizase conforme a las escrituras públicas existentes.

Al cabo de varios meses desde que venció el plazo concedido, y tal 

cual advertido, el TPI declaró sin lugar los planteamientos de 

impugnación de la Escritura Núm. 79.

Además, la Sentencia en el caso Civil Núm. CAC 2003-4241 

reconoció la existencia de la Escritura Núm. 309 (Segregación y 

Compraventa) y de la Escritura Núm. 13 (Donación) las cuales

determinó que atienden los cuestionamientos relacionados a la 

presunta entrega ilegal de una porción del inmueble sin autorización 

de los dueños comunes de la finca. Colegimos de lo antes expuesto 

que, la determinación del TPI en el caso Civil Núm. CAC 2003-4241

adjudicó las controversias que los apelantes plantean en el caso de 

epígrafe. 
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Cabe puntualizar que, en el caso Civil Núm. CAC 2003-4241, 

los demandantes fueron: Ufenia Román; Carmen, Casilda, Felisa y 

Gloria-Esther, todas de apellidos Román Rojas. De otra parte, los 

demandados fueron: Francisco y María Severina, ambos de apellidos 

Rojas Reyes; Luz María Rojas Román, su esposo, Eugenio Tafful 

Caicedo y la sociedad de gananciales entre ellos. Mientras que, los 

demandantes en el caso de epígrafe son: Elizabeth, Gladys, Migdalia 

y Fasar, todos de apellidos Román Rojas; y la Sucesión de María 

Edivette Román Rojas compuesta por Yvette y Michael ambos de 

apellido Gilfillan. A su vez, los demandados en el presente caso son:

Luz María Rojas y las Sucesiones de Francisca Rojas Reyes y 

Francisco Rojas Reyes. Tal cual resolvió el TPI en la Sentencia Parcial 

impugnada, se configura la identidad de litigantes que requiere la 

doctrina de cosa juzgada debido a que las partes en el presente pleito 

son sucesores de quienes incoaron el pleito en el caso Civil Núm. 

CAC 2003-4241.

De conformidad, la causa de acción de epígrafe cumple con 

los requisitos que exige nuestro ordenamiento jurídico de perfecta 

identidad de las cosas, las causas, los litigantes, y de la calidad con 

que lo fueron para que opere la doctrina de cosa juzgada. Valga 

recordar que, el efecto de la doctrina de cosa juzgada es que, una 

sentencia en un pleito anterior impide un pleito posterior entre las 

mismas partes y sobre la misma causa. Presidential v. Transcaribe, 

supra.

En virtud de lo anterior, el TPI actuó correctamente al 

desestimar parcialmente la demanda de epígrafe. Los errores 

señalados no se cometieron.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia Parcial apelada. 
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones