N úmero Identifi cad o r
SEN 2 0 2 3

____ ________ _____

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

JONATHAN LÓPEZ ROMÁN

Recurrente

V.

DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN

Recurrido KLRA202 3 00 221 Revisión Judicial procede n t e de l Departamento de C orrección y Rehab il ita ción
Caso Núm.: 12

- 1 2781
Sobre: Reclasificación de C ustodia Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Gr ana Martínez y el Juez Rodríguez Flores Figueroa Cabán, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Jua n, Puerto Rico, a 30 de junio d e 2 02 3

. Compa rece el señor Jonathan López R omán , en
adelante señor Lóp ez o el recurrente , y nos solicita que revisemos el Acuerdo de l Comité de Clasificación y
Tratamient o , emitid o por la División de Remedios Administrativos del Departamento de Co rrecci ó n y
Rehabilitación , en adelante Corrección o el r ec urrid o,
en virtud del cual ratificó el nivel de c ustodia
median a del recurrente

. Por los fundamentos que expondremos a

co nti nuaci ón, se confirma la d et er minación recurrida.

- I Surge de la copi a ce rtificada del ex pe di ente
adm inistrativo , que Corrección ratificó la custodia
median a del recurrente

. Específicamente determinó:

... La escala de Reclasificación de custodia otorga una puntuación de Mínima seguridad

. Se utiliza una modificación discrecio n al para un nivel de cust odia más alto, la puntuación subestima la gravedad del delito, además durante este periodoKLRA202 3 0 0 221 2
evaluado incurrió en nuevo delito por el cual fue sentenciado a 7 meses con 15 días adicionales al total de su sentencia. La conducta anteri o rm ente presentada muest ra el no estar preparado a un para dis frutar de un nivel de custodia con menores restricciones por lo cual se recomienda ratificar su nivel de custodia : Mediana y observar sus ajustes generales p or un periodo de tiempo adiciona l el c u al de muestre interés ge nuino en su proceso de rehabilitación para cuando reingrese a la libre comunidad

.
E n desacuerdo , el señor López presentó una

re consideración. Ad u jo que el recurrido abusó de su
discreción al considera r co mo único factor para deneg a r
la reclasificación a custodia mínima la gravedad de las sentencias impuestas y u n delito por el cual se le
sentenció rec ientemente a 7 meses y 15 días de cárcel.
En cuanto a este último , alegó que “ el asunto
administrativo fue resuelto ” y no se le impus i er on
sanciones discipl inarias.

P or su parte, el recurrido declaró no ha lugar la reconsideración. Sostuvo que el señor López cumple
sentencia s por 45 años en prisión por delitos violentos
y tan reciente como el 31 de enero d e 2023 se le sentenció por u n delito cometido en p risión. P or ello, se le aplicó la “ Modificación Discrecional ”

“ Desobediencia ante las N o rmas ” , lo que procede imponer
un nivel de custodia más alt o .
A un insatisfecho, el recurrente present ó un

recurso de R evisi ón Judicial en el que a le ga la
comisión de lo s siguientes er rores :

E rró el Depa rtamento d e C orrecc ión y Rehabilitación a través del Comité de C lasificación y Tratamiento al ratificar el Nivel de Custodia Mediana, alegando com o único cr i terio par a sost ener su determinación la a p l ic ación de una M odific ación Discrecional s in tomar en co nsideración la desestimación de la querella administrativa por los mismos hechos por lo cual fue sentenciado el día 31 de enero de 2023 y a lo cua l le dan mayor peso.KL RA2 02 3 00 2 21 3
Erró el Departamento de Correc c i ó n y R ehabilitación a través de l Comité de Cl asificación y Tratamiento, ya que la evidencia sobre la que fundamentó su determinación de hechos no es s ustancial, por lo que su determi nación fue irra zonable , en comparación con la totalidad de la prueba que o b ra en el expediente a dministrativo en con tra vención a l os criterios para determinar el nivel de custodia.
Erró el D epartamento de Correcció n y Rehabilitación y el C.C. y T., ya que su decisión incid i ó en realizar un balan ce de intereses entre el M andat o C onstitucional al trat amiento adecuado de los con finados que haga posib le su rehabilitación y la seguridad de la población y el personal correccional, obviando así su propia evaluación y análisis de los buenos ajustes institucio nal es del recur rente y el c u m plimi ento de su plan institucional, viole nta ndo así los preceptos básicos contenidos en la S ección 19 del Artíc ulo V de la C o nstitución del Estad o L ibre Asociado de Puerto Rico , dirigidos a la rehabilitación del confinado y , a su vez, contenidos en la p r o p ia misión y propósito de ser del De partam ent o, por tant o, el criterio ut ilizado para negar la modificación de cu stodi a es uno arbitrario, que est á en contravención con el espíritu y objetivo de la ley que autoriza el Manual par a Clasificación del Con fin a d o , Núm. 9033 del 18 de junio de 2018, que le aplicaron.

E rró el Departamento de Corrección y Rehabilitación y el C. C. y T. al aplicarle al recurrente la reglamentación que utilizó, debido a que fue aprobada lue go de la comisió n d e los delitos por los c u a l es se encuentra reclu ido.
Revisado s la copia certificada del expediente administrativo, los escrito s de l as partes y los documentos q ue obran en autos, estamos en posición de

re sol ver .

- II A.
La revisión judicial de las decisiones
administrat i v a s tiene como fin prim ordial delimitar la discreción de las agencias, para asegurar que ejerzan sus funciones conforme la ley y de forma razonable. 1 A esos efectos, la revisión judicial co mprende tres
aspectos, a s aber: 1) la co ncesión del remedio

1 Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364 ( 2018); Unlimited v. M un. de Guaynabo , 183 DPR 947, 965 (2011); Em p re sas Ferrer v. ARPe , 172 DPR 254, 264 (2007).KLRA202 3 0 0 221 4

apropi a d o ; 2) la revisión de l as determinaciones de hecho conforme al criterio de evidencia sustancial; y 3) la revisión completa y absoluta de las conclusiones de derecho del organismo administra tivo. 2 Además, el
tribuna l debe determin ar si la agencia, en el ca s o particular, actuó arb itraria o ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de
discreción. 3 El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, ha establecido que l as determinaciones de hechos
de las deci siones de las a g e ncias serán sostenidas por
el tri bunal si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo considerado en su
totalidad. 4 Evidencia sustancial es aquella evidencia pertinente que “una mente razon able pueda aceptar c omo adecuada p a r a sostener una conclusión”. 5 Este estándar de revisión requiere que la evidencia sea considerada en su totalidad, esto es, tanto la que sostenga la decisión administrativa como la que menoscabe el pes o que la agencia le haya conferido. 6 Ell o implica que d e
existir un conflicto razonable en la prueba, debe respetarse la apreciación realizada por la agencia. 7 Esta revisión contra el expediente se basa exclusivamente en evidencia y materias oficialmente

2 Batista, Nobbe v. Jta. Directores , 185 DPR 206, 217 (2012); Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro , 171 DPR 950, 960 (2007). 3 Batista, Nobbe v. J ta. Directores, supra , pág. 216; JP , Plaza Santa Isabel v. Corder o B adi l lo , 177 DPR 177, 187 (2009); Rivera Concepción v. ARPe , 152 DPR 116, 122 (2000). 4 OCS v . Point Guard Ins. , 20 5 DPR 1005, 1027 (2020) ; Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp. , 150 DPR 70, 75 ( 2000); Véase, Sec. 4.5 de la Ley de Procedi miento Admini s trati v o Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, en ade lante LPAU, Ley Núm. 30

- 2017 (3 LPRA sec. 9675). 5 Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp. , supra . 6 Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond. , 182 D P R 485, 512 (2011), Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P R , 1 44 DPR 425, 437 (1997)

. 7 Otero v. T oyota, 163 DPR 716, (2005) ; Hilton v. Junta de Salario Mínimo , 74 DP R 670 , 687 (1953).KL RA2 02 3 00 2 21 5

a dmitidas, en los asuntos sobre los que s e tomó
conocim i e n to oficial y en todo lo que surgi ó en la
vista administrativa. 8 En cuanto a las conclusiones de derecho, estas pueden ser revisadas en todos sus aspectos. 9 Sin embargo, esto no implica que los tribun ales gocen de

l ibertad absoluta para des cartarlas. 10 Po r e l contrario,
al revisar las concl usiones de derecho de una agencia administrativa, los tribunales tienen que examinar la totalidad del expediente y determinar si la interpretación es un ejercicio raz onable de la
d iscreción administrativa b asado en la pe r i c ia particular, en consideraciones de política pública o en la apreciación de la prueba. 11 Rebasado dicho umbral, solo procede sustituir el criterio de la agencia por el
del tribunal revisor cuando no exista una ba se racional para explicar l a decisión adm i n i strativa. 12 En síntesis,

A l revis ar las interpretaciones y conclusiones administrativas, el tribunal debe hacer una evaluación independiente sobre la aplicación del derecho a los hechos que la agenci a estimó per tinentes. Confrontado con u n resultado di s t i nto del obtenido por la agencia, el tribunal debe determinar si la divergencia responde un ejercicio razonable de la discreción administrativa fundamentado, por ejemplo, en una pericia particular, co nsideracione s de política pública, o la apreciación de l a prueba que tuvo ante su consider ación. El tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio sólo cuando no pueda hallar una base racional para explicar la decisión administrativa

. 13

8 Com. de Seguros v. AEELA , 171 DPR 514, 525 (2007). 9 Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581, 591 (2020); Otero v. Toy o ta , s u pra, pág. 7 29

. Véase, además , Sup er Asphalt v. Autorid ad para el Financiamiento, 206 DPR 803, 820 (20 21). 10 Id

. 11 Otero v. Toyota , supra , pág. 729; Misión Ind. PR v. J P
. , 146 DPR 64, 134

– 135 (1998). 12 Capó Cruz v. Junta de Planificación, supra, pág

. 591. 13 Misión In d. PR v. JP , supra .KLRA202 3 0 0 221 6
B
. La Sección 19 del Artículo VI de la Constitució n
d e l Esta do Libre Asociado de Puerto Rico y el Plan de

R eorga ni zación del Depart amento de Correcci ón y Rehabilitación de 2011, en adelante Ley Núm. 2

- 2011, establecen que será la polític a pú bli ca del E st a do Libre Asociado que las instituciones pena les prope n d an
al tratamiento adecuado de l a s personas del incue nt es para hacer po sible su r ehabilitación mora l y social, siguiendo el principio de tratamiento ind ividualizado. 14

Con este objetivo en m ent e, el Depa r tamento de Corrección aprobó el Manual de Clasificac i ó n de
Confinados , Reglamento Nú m. 91 51 de 22 d e enero d e 2020
[ Enmend ado ] , en a delante el Manual. Conforme a este, el
Comité de Clasificación y Tratam iento es el ente responsable de eva luar y cumplir la s funciones
relacionadas con la clasific aci ón de cust o d i a de los
reclusos. Para reali zar s us funcion es, el Co mi té goza

de u na amp lia, aunque no absoluta, discreción. 15 Con el propósito de realizar dicha encomienda , el Manual adoptó un pr oc edim ien to de recl a sificación para
revisar el nivel de cus tod ia de cada c o nfinado , de modo que se pueda esta blecer par a cada ca so lo apr opiado a su asignación de custodia. 16 A hor a bien, conviene destacar que , para reclasificar la cu stodia de un
confinado , es imp ort ante consi d erar su conducta
institucional como ref lej o real de s u comportamiento

durante su rec lu sió n. 17

14 Art
. 2 d e la Ley Núm . 2

- 201 1 (3 LPRA A p. XVIII). 15 López Borges v. Adm. Corrección , 185 DPR 603, 608

- 611 (2012); Cruz v. A d

minist ración , 164 DPR 341, 352 (2 005). 16 Ar t
. IV ( 7 ) del Manual de Clasificaci ón de C onfinad o s , Re g lamento Núm. 915 1 de 22 de ener o de 2 0 20 , págs. 48

- 5 2. 17 I d ., sec . 7 (II ), pág. 48.KL RA2 02 3 00 2 21 7
En l o que resp ec ta a la clasificación de custo dia,

en Cruz v. Ad

ministración , el TSPR, sostuvo:

La d eter min ación admi n istrativa relativa al nivel de custodi a asignado a un confinado requiere que se re alice u n bala nce d e inter es es adecuado . Por una parte, estará el inter és público de lograr la rehabilitación del confinado , as í como mantener la seguridad i nsti tuc ional y ge n eral del resto de la población penal; d e la otra, estará el interés particular d el confin ado de pe r m anecer en un determinado nive l de cus todia

. Además, al momento de determinarse la procedencia de un cambio e n el nivel de custodia, deberá con sid erarse una serie de factores subjetivos y objetiv o s, para cuya atención se requiere la peri ci a de la Admin ist r a ción de C orrección

. 18

Por otro lado , para determin ar la clasificación de custodia se adopta una escala de reclasificación basada
en criter ios obj etivos a l o s cuales se les asigna un a ponderaci ón numérica fija. Los factores pertinentes

s on: 1) la gra vedad d e los c ar gos y sentencias

actuales ; 2) el historia l d e delitos graves anteriores ; 3) el historial de fuga; 4) el historial de acciones
dis cipl ina rias ; 5) l a acción disciplinaria más seria
desd e l a última clasificación ; 6) las sentenci as previas de d elito s graves co mo adulto; 7) la participa ción en program as administrados por el Departamento de Corrección ; y 8) la edad del
confinado

. 19 Si la s uma de los 3 prim e ros factores es mayor de 7, deberá a sig narse al confinado a un nivel de

custod ia máxima. En c aso c o n trario, s e consideran los
factores remanentes. Si la suma de éstos es menor de 5 y no hay órdenes de arres to o detención contra el
confina do , se recomienda un nivel de custodia mínima. 20

S i n em b argo , existen modificaciones dis cr ecion ales que puede utiliza r el Comité par a aumentar o di sminuir

18 Cruz v. Administraci ón , supra , pág. 352. 19 Apéndice K (II) del Manual de Clasificación de C onfinad os , supra . (Énfasis suplido).
20 Id

. , s ec . III( A)

.KLRA202 3 0 0 221 8

un nivel d e custodia. Estas determinaciones de ben es tar
basadas , en tre otras, en documentación escrita , proveniente de reportes disciplinarios y documentos del expediente criminal o social

. E specíficamente, entre

los c r i terios a ser considera dos se encuentra n la gravedad del del ito, el historial de violencia
excesiva , la afiliac ión prominente con ga ngas , e l
difícil m anejo, niveles de reincidencia, ri esgo de fuga, comportamiento sexual agresi vo, trastorno s
mentales o des a j us tes emocionales, peligro o amenaza,
la tendencia a desobe decer las normas institucionales y la comisión de delitos en pr isión

. 21 Es en este ámbi t o discrecional que interviene el e xpert ise y la discreción del Comité, para emitir recome nd aciones

conforme l a s necesidades del confinad o .

- II I En esencia, el señor López alega que erró el
Comité al ratificar su clasificación de custodia

m ediana . Entiend e que, el cr iterio util izado para negar
la modificación de su custodia es uno arbitrario y que
está en contra v e nción con el espíritu y el objetivo de

la L ey Núm. 2

- 2011 y del Art

. V I , S ec . 19 , de la
Constitución del Estad o Libre Asociado de Puerto Rico
[Con stitución de Puerto Ric o], LPRA, Tomo 1

. 22
Sostiene , además, que err ó Corrección al aplicar

el criterio discr e c ional de desobediencia a la s nor mas
institucionales , en aus encia de un procedimiento disciplinario en el que se haya determinado que infringió alguna norma institucional. Por o tro lad o,

21 Id. , sec . II I ( D). ( É nfasis supl ido). 22 Art
. V I, Sec. 1 9 , Const. ELA [Const. PR], LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 455.KL RA2 02 3 00 2 21 9

cuestiona el parámet ro que utilizó el recurrido al aplicar un reglam e n to más restrictivo que el Reglamento
Núm ero 8281 d e noviembre de 20 12, menos on e roso para el confinado y más próximo a las sentencias que moti varon
su confinamiento.

F inalmente a duce , que la evi den cia utilizada p or
el Comité no es sustancial

. Específicam e n te, del expediente y la evaluación no surge historial alguno de
violencia excesiva . Por el contrario, alega que su part icipación en l os programas de rehabilita ción y la puntuación otorgada en diver sos renglones en la escala
de reclasificación le hacen ca n d idato a un nivel de
custodia más b ajo.
En cambio , C orrección alega que procede confirmar
la resolución recurrida. Esto es así , porque la
modificac ión disc recional de desobediencia a la s normas

est á basada en la comisión de un delito de posesi ón de
celu l a r que obra en el expediente. Además , no erró el recurrido al aplicar e l Reglamento Núm. 9151, ya que este estaba vigente al m omento de la comisión del
delito previamente mencionado

.
La determinaci ón recurrida está basada en prueba que obra en el expedie n t e administrativo , por lo cual

corr esponde confirmarla. Veam os. Surge del expediente que el recurrente resultó
convicto de delito s de a sesinato en segundo grad o y por
violaci ón a los A rtículos 5.04 y 5. 1 5 de la Ley de

Armas , que representan una sente ncia t o t al de 45 años.
Dad a la naturaleza viole nt a de los delitos por los que
el seño r López resultó convi cto, C orrección p od ía aplicar el criterio d iscrecional de gravedad del delitoKLRA202 3 0 0 221 10

y mantener el nivel de cus to dia más restrictivo

. Así

pues , no abusó de su d i s creción al emitir esta
determinación.

Del m ismo mod o, obra en el expediente
administrativo una se ntencia dict a da el 31 de enero de
2023 por el Tribunal d e P rimera Instancia, Sala Superior de Aguadilla , en el caso CRIM. Núm. A
LE2022G0146 , mediant e la c u a l el recurrente hizo alegación de culpabilidad por infracción al A rt ículo 2 de la Ley 15 d e 18 de febrero de 2023, Ley para
Establecer Restricciones al Uso de T eléfonos Celulares
a Personas Confinadas en las Instituciones Pen ales de Puerto Rico, Le y Núm. 1 5

- 2011, 4 LPRA sec. 1631 et se q . Este delito , come tido mientras el recurrente estaba
confinado , podía servir de fundamento al recurrido ,
para , que en el ejercicio de s u discreción , Correc c ión impusiera la modificación disc recional de desobediencia
a las n o rma s y con el lo mantener al señor López en el
nivel de custodia me diana. De m odo , que el recur r ido
no abusó de su discreción al así proceder

. Ahora bie n, el hecho de que al recur ren te no se le

somet ió a un trámite administrativo por la infracción

al A r t í culo 2 de la Ley Núm. 15 , supra , es
incon secuente para la imposición de la mo difica ción
discrecional de desobediencia a las no rmas. Ello
obedece a que la sentencia obra en el expediente penal y ello es suficiente bajo el Reglamento Núm. 9151 23 para apli c a r la disposición e imponer el nivel de custodia
más estricto

.

23 Reglame nto Núm. 5191, sec. III (D).KL RA2 02 3 00 2 21 11 Tampoco tiene mayor impacto la alega ción de
arbitrari edad de Corrección al aplicar el Reglamento Núm. 9151, supra . Es to es así porque es te entr ó en
vi gor en el 202 0, mientras qu e los hech os qu e g e n eraron la imposición de la sentencia p or violación al A rt í culo
2 de la Ley Núm. 15

- 2011, ocurrie ron en marzo de 2022

.
E s decir, en plena vigenc ia del Reglamento 9 15 1, su pra . Por otro lado, el recurrente n o ha present ado otra prueba , que obr e en el ex p edien t e , que menoscabe el valor probatorio de aquella en qu e se basó Corr ección

.
E n fin, no se de rrotó la presunción de corrección

de la resoluc ión impugnada.

- IV Por los fundamentos antes expuestos, se confirma
la resolución recurrida.

L o a cordó y man d a el T r ibunal y lo certif ica la

Secr et aria d e l T ribuna l de A pelac iones.

Lcda. Li lia M. Oque nd o S olís Secret aria del T r ibunal d e Apela ciones