Número Identificador

SEN2023_________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

JONATHAN LÓPEZ ROMÁN 

Recurrente

V.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Recurrido

KLRA202300221

Revisión 

Judicial

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación

Caso Núm.: 

12-12781

Sobre: 

Reclasificación

de Custodia

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Grana Martínez y el Juez Rodríguez

Flores

Figueroa Cabán, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

Comparece el señor Jonathan López Román, en 

adelante señor López o el recurrente, y nos solicita 

que revisemos el Acuerdo del Comité de Clasificación y 

Tratamiento, emitido por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, en adelante Corrección o el recurrido,

en virtud del cual ratificó el nivel de custodia

mediana del recurrente. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la determinación recurrida.

-ISurge de la copia certificada del expediente

administrativo, que Corrección ratificó la custodia 

mediana del recurrente. Específicamente determinó: 

...La escala de Reclasificación de custodia otorga 

una puntuación de Mínima seguridad. Se utiliza una 

modificación discrecional para un nivel de 

custodia más alto, la puntuación subestima la 

gravedad del delito, además durante este periodo 
KLRA202300221 2

evaluado incurrió en nuevo delito por el cual fue 

sentenciado a 7 meses con 15 días adicionales al 

total de su sentencia. La conducta anteriormente 

presentada muestra el no estar preparado aun para 

disfrutar de un nivel de custodia con menores 

restricciones por lo cual se recomienda ratificar 

su nivel de custodia: Mediana y observar sus 

ajustes generales por un periodo de tiempo 

adicional el cual demuestre interés genuino en su 

proceso de rehabilitación para cuando reingrese a 

la libre comunidad.

En desacuerdo, el señor López presentó una 

reconsideración. Adujo que el recurrido abusó de su 

discreción al considerar como único factor para denegar 

la reclasificación a custodia mínima la gravedad de las 

sentencias impuestas y un delito por el cual se le 

sentenció recientemente a 7 meses y 15 días de cárcel. 

En cuanto a este último, alegó que “el asunto 

administrativo fue resuelto” y no se le impusieron

sanciones disciplinarias. 

Por su parte, el recurrido declaró no ha lugar la 

reconsideración. Sostuvo que el señor López cumple 

sentencias por 45 años en prisión por delitos violentos 

y tan reciente como el 31 de enero de 2023 se le 

sentenció por un delito cometido en prisión. Por ello, 

se le aplicó la “Modificación Discrecional”

“Desobediencia ante las Normas”, lo que procede imponer 

un nivel de custodia más alto.

Aun insatisfecho, el recurrente presentó un 

recurso de Revisión Judicial en el que alega la 

comisión de los siguientes errores:

Erró el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a través del Comité de 

Clasificación y Tratamiento al ratificar el Nivel 

de Custodia Mediana, alegando como único criterio 

para sostener su determinación la aplicación de 

una Modificación Discrecional sin tomar en 

consideración la desestimación de la querella 

administrativa por los mismos hechos por lo cual 

fue sentenciado el día 31 de enero de 2023 y a lo 

cual le dan mayor peso.
KLRA202300221 3

Erró el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a través del Comité de

Clasificación y Tratamiento, ya que la evidencia 

sobre la que fundamentó su determinación de hechos 

no es sustancial, por lo que su determinación fue 

irrazonable, en comparación con la totalidad de la 

prueba que obra en el expediente administrativo en 

contravención a los criterios para determinar el 

nivel de custodia.

Erró el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación y el C.C. y T., ya que su decisión

incidió en realizar un balance de intereses entre 

el Mandato Constitucional al tratamiento adecuado 

de los confinados que haga posible su 

rehabilitación y la seguridad de la población y el 

personal correccional, obviando así su propia 

evaluación y análisis de los buenos ajustes 

institucionales del recurrente y el cumplimiento 

de su plan institucional, violentando así los

preceptos básicos contenidos en la Sección 19 del 

Artículo V de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, dirigidos a la 

rehabilitación del confinado y, a su vez, 

contenidos en la propia misión y propósito de ser 

del Departamento, por tanto, el criterio utilizado 

para negar la modificación de custodia es uno 

arbitrario, que está en contravención con el 

espíritu y objetivo de la ley que autoriza el 

Manual para Clasificación del Confinado, Núm. 9033 

del 18 de junio de 2018, que le aplicaron.

Erró el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación y el C. C. y T. al aplicarle al 

recurrente la reglamentación que utilizó, debido a 

que fue aprobada luego de la comisión de los 

delitos por los cuales se encuentra recluido. 

Revisados la copia certificada del expediente 

administrativo, los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver.

-IIA.

La revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de las agencias, para asegurar que ejerzan 

sus funciones conforme la ley y de forma razonable.1 A 

esos efectos, la revisión judicial comprende tres 

aspectos, a saber: 1) la concesión del remedio 

1 Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364 (2018); Unlimited v. Mun. de 

Guaynabo, 183 DPR 947, 965 (2011); Empresas Ferrer v. ARPe, 172 DPR 

254, 264 (2007).
KLRA202300221 4

apropiado; 2) la revisión de las determinaciones de 

hecho conforme al criterio de evidencia sustancial; y 

3) la revisión completa y absoluta de las conclusiones 

de derecho del organismo administrativo.2 Además, el 

tribunal debe determinar si la agencia, en el caso

particular, actuó arbitraria o ilegalmente, o de manera 

tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción.3

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, ha establecido que las determinaciones de hechos 

de las decisiones de las agencias serán sostenidas por 

el tribunal si se basan en evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo considerado en su 

totalidad.4 Evidencia sustancial es aquella evidencia 

pertinente que “una mente razonable pueda aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”.5 Este estándar 

de revisión requiere que la evidencia sea considerada 

en su totalidad, esto es, tanto la que sostenga la 

decisión administrativa como la que menoscabe el peso 

que la agencia le haya conferido.6 Ello implica que de

existir un conflicto razonable en la prueba, debe 

respetarse la apreciación realizada por la agencia.7

Esta revisión contra el expediente se basa 

exclusivamente en evidencia y materias oficialmente 

2 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 217 (2012); Padín 

Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, 960 (2007).

3 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009); Rivera 

Concepción v. ARPe, 152 DPR 116, 122 (2000).

4 OCS v. Point Guard Ins., 205 DPR 1005, 1027 (2020); Asoc. Vec. H. 

San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 (2000); Véase, Sec. 4.5

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico, en adelante LPAU, Ley Núm. 30-2017 (3 LPRA sec. 9675).

5 Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., supra.

6 Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 512 (2011),

Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. PR, 144 DPR 425, 437 

(1997).

7 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, (2005); Hilton v. Junta de Salario 

Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953).
KLRA202300221 5

admitidas, en los asuntos sobre los que se tomó 

conocimiento oficial y en todo lo que surgió en la 

vista administrativa.8

En cuanto a las conclusiones de derecho, estas 

pueden ser revisadas en todos sus aspectos.9 Sin 

embargo, esto no implica que los tribunales gocen de 

libertad absoluta para descartarlas.10 Por el contrario, 

al revisar las conclusiones de derecho de una agencia 

administrativa, los tribunales tienen que examinar la 

totalidad del expediente y determinar si la 

interpretación es un ejercicio razonable de la 

discreción administrativa basado en la pericia 

particular, en consideraciones de política pública o en 

la apreciación de la prueba.11 Rebasado dicho umbral, 

solo procede sustituir el criterio de la agencia por el 

del tribunal revisor cuando no exista una base racional 

para explicar la decisión administrativa.12

En síntesis, 

Al revisar las interpretaciones y conclusiones 

administrativas, el tribunal debe hacer una 

evaluación independiente sobre la aplicación del 

derecho a los hechos que la agencia estimó 

pertinentes. Confrontado con un resultado 

distinto del obtenido por la agencia, el tribunal 

debe determinar si la divergencia responde un 

ejercicio razonable de la discreción 

administrativa fundamentado, por ejemplo, en una 

pericia particular, consideraciones de política 

pública, o la apreciación de la prueba que tuvo 

ante su consideración. El tribunal podrá 

sustituir el criterio de la agencia por el propio 

sólo cuando no pueda hallar una base racional para 

explicar la decisión administrativa.

13

8 Com. de Seguros v. AEELA, 171 DPR 514, 525 (2007).

9 Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581, 591 (2020); 

Otero v. Toyota, supra, pág. 729. Véase, además, Super Asphalt v. 

Autoridad para el Financiamiento, 206 DPR 803, 820 (2021).

10 Id.

11 Otero v. Toyota, supra, pág. 729; Misión Ind. PR v. JP., 146 DPR 

64, 134–135 (1998).

12 Capó Cruz v. Junta de Planificación, supra, pág. 591.

13 Misión Ind. PR v. JP, supra.
KLRA202300221 6

B.

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011, en adelante Ley Núm. 2-2011, 

establecen que será la política pública del Estado 

Libre Asociado que las instituciones penales propendan 

al tratamiento adecuado de las personas delincuentes

para hacer posible su rehabilitación moral y social, 

siguiendo el principio de tratamiento individualizado.14

Con este objetivo en mente, el Departamento de 

Corrección aprobó el Manual de Clasificación de 

Confinados, Reglamento Núm. 9151 de 22 de enero de 2020

[Enmendado], en adelante el Manual. Conforme a este, el 

Comité de Clasificación y Tratamiento es el ente 

responsable de evaluar y cumplir las funciones 

relacionadas con la clasificación de custodia de los 

reclusos. Para realizar sus funciones, el Comité goza 

de una amplia, aunque no absoluta, discreción.15

Con el propósito de realizar dicha encomienda, el 

Manual adoptó un procedimiento de reclasificación para 

revisar el nivel de custodia de cada confinado, de modo 

que se pueda establecer para cada caso lo apropiado a 

su asignación de custodia.16 Ahora bien, conviene 

destacar que, para reclasificar la custodia de un

confinado, es importante considerar su conducta 

institucional como reflejo real de su comportamiento 

durante su reclusión.17

14 Art. 2 de la Ley Núm. 2-2011 (3 LPRA Ap. XVIII).

15 López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 608-611 (2012);

Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 352 (2005).

16 Art. IV (7) del Manual de Clasificación de Confinados,

Reglamento Núm. 9151 de 22 de enero de 2020, págs. 48-52.

17 Id., sec. 7 (II), pág. 48.
KLRA202300221 7

En lo que respecta a la clasificación de custodia, 

en Cruz v. Administración, el TSPR, sostuvo:

La determinación administrativa relativa al nivel 

de custodia asignado a un confinado requiere que 

se realice un balance de intereses adecuado. Por 

una parte, estará el interés público de lograr la 

rehabilitación del confinado, así como mantener la 

seguridad institucional y general del resto de la 

población penal; de la otra, estará el interés 

particular del confinado de permanecer en un 

determinado nivel de custodia. Además, al momento 

de determinarse la procedencia de un cambio en el 

nivel de custodia, deberá considerarse una serie 

de factores subjetivos y objetivos, para cuya 

atención se requiere la pericia de la

Administración de Corrección.

18

Por otro lado, para determinar la clasificación de 

custodia se adopta una escala de reclasificación basada 

en criterios objetivos a los cuales se les asigna una 

ponderación numérica fija. Los factores pertinentes

son: 1) la gravedad de los cargos y sentencias 

actuales; 2) el historial de delitos graves anteriores; 

3) el historial de fuga; 4) el historial de acciones 

disciplinarias; 5) la acción disciplinaria más seria 

desde la última clasificación; 6) las sentencias

previas de delitos graves como adulto; 7) la 

participación en programas administrados por el 

Departamento de Corrección; y 8) la edad del

confinado.19 Si la suma de los 3 primeros factores es 

mayor de 7, deberá asignarse al confinado a un nivel de 

custodia máxima. En caso contrario, se consideran los 

factores remanentes. Si la suma de éstos es menor de 5

y no hay órdenes de arresto o detención contra el

confinado, se recomienda un nivel de custodia mínima.20

Sin embargo, existen modificaciones discrecionales 

que puede utilizar el Comité para aumentar o disminuir 

18 Cruz v. Administración, supra, pág. 352.

19 Apéndice K (II) del Manual de Clasificación de Confinados,

supra. (Énfasis suplido).

20 Id., sec. III(A).
KLRA202300221 8

un nivel de custodia. Estas determinaciones deben estar 

basadas, entre otras, en documentación escrita,

proveniente de reportes disciplinarios y documentos del 

expediente criminal o social. Específicamente, entre

los criterios a ser considerados se encuentran la 

gravedad del delito, el historial de violencia 

excesiva, la afiliación prominente con gangas, el 

difícil manejo, niveles de reincidencia, riesgo de 

fuga, comportamiento sexual agresivo, trastornos 

mentales o desajustes emocionales, peligro o amenaza,

la tendencia a desobedecer las normas institucionales y 

la comisión de delitos en prisión.21 Es en este ámbito 

discrecional que interviene el expertise y la 

discreción del Comité, para emitir recomendaciones 

conforme las necesidades del confinado.

-IIIEn esencia, el señor López alega que erró el 

Comité al ratificar su clasificación de custodia

mediana. Entiende que, el criterio utilizado para negar 

la modificación de su custodia es uno arbitrario y que 

está en contravención con el espíritu y el objetivo de 

la Ley Núm. 2-2011 y del Art. VI, Sec. 19, de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

[Constitución de Puerto Rico], LPRA, Tomo 1.22

Sostiene, además, que erró Corrección al aplicar

el criterio discrecional de desobediencia a las normas 

institucionales, en ausencia de un procedimiento 

disciplinario en el que se haya determinado que 

infringió alguna norma institucional. Por otro lado, 

21 Id., sec. III(D). (Énfasis suplido). 

22 Art. VI, Sec. 19, Const. ELA [Const. PR], LPRA, Tomo 1, ed. 

2016, pág. 455.
KLRA202300221 9

cuestiona el parámetro que utilizó el recurrido al 

aplicar un reglamento más restrictivo que el Reglamento 

Número 8281 de noviembre de 2012, menos oneroso para el 

confinado y más próximo a las sentencias que motivaron 

su confinamiento.

Finalmente aduce, que la evidencia utilizada por 

el Comité no es sustancial. Específicamente, del 

expediente y la evaluación no surge historial alguno de 

violencia excesiva. Por el contrario, alega que su 

participación en los programas de rehabilitación y la 

puntuación otorgada en diversos renglones en la escala 

de reclasificación le hacen candidato a un nivel de 

custodia más bajo.

En cambio, Corrección alega que procede confirmar 

la resolución recurrida. Esto es así, porque la 

modificación discrecional de desobediencia a las normas 

está basada en la comisión de un delito de posesión de 

celular que obra en el expediente. Además, no erró el 

recurrido al aplicar el Reglamento Núm. 9151, ya que 

este estaba vigente al momento de la comisión del 

delito previamente mencionado. 

La determinación recurrida está basada en prueba 

que obra en el expediente administrativo, por lo cual 

corresponde confirmarla. Veamos.

Surge del expediente que el recurrente resultó 

convicto de delitos de asesinato en segundo grado y por

violación a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de 

Armas, que representan una sentencia total de 45 años.

Dada la naturaleza violenta de los delitos por los que 

el señor López resultó convicto, Corrección podía

aplicar el criterio discrecional de gravedad del delito
KLRA202300221 10

y mantener el nivel de custodia más restrictivo. Así 

pues, no abusó de su discreción al emitir esta 

determinación.

Del mismo modo, obra en el expediente 

administrativo una sentencia dictada el 31 de enero de 

2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aguadilla, en el caso CRIM. Núm. A 

LE2022G0146, mediante la cual el recurrente hizo 

alegación de culpabilidad por infracción al Artículo 2 

de la Ley 15 de 18 de febrero de 2023, Ley para

Establecer Restricciones al Uso de Teléfonos Celulares 

a Personas Confinadas en las Instituciones Penales de 

Puerto Rico, Ley Núm. 15-2011, 4 LPRA sec. 1631 et seq.

Este delito, cometido mientras el recurrente estaba 

confinado, podía servir de fundamento al recurrido,

para, que en el ejercicio de su discreción, Corrección 

impusiera la modificación discrecional de desobediencia

a las normas y con ello mantener al señor López en el 

nivel de custodia mediana. De modo, que el recurrido 

no abusó de su discreción al así proceder. 

Ahora bien, el hecho de que al recurrente no se le

sometió a un trámite administrativo por la infracción 

al Artículo 2 de la Ley Núm. 15, supra, es 

inconsecuente para la imposición de la modificación 

discrecional de desobediencia a las normas. Ello 

obedece a que la sentencia obra en el expediente penal 

y ello es suficiente bajo el Reglamento Núm. 915123 para 

aplicar la disposición e imponer el nivel de custodia 

más estricto.

23 Reglamento Núm. 5191, sec. III (D).
KLRA202300221 11

Tampoco tiene mayor impacto la alegación de

arbitrariedad de Corrección al aplicar el Reglamento

Núm. 9151, supra. Esto es así porque este entró en 

vigor en el 2020, mientras que los hechos que generaron 

la imposición de la sentencia por violación al Artículo 

2 de la Ley Núm. 15-2011, ocurrieron en marzo de 2022. 

Es decir, en plena vigencia del Reglamento 9151, supra. 

Por otro lado, el recurrente no ha presentado otra 

prueba, que obre en el expediente, que menoscabe el 

valor probatorio de aquella en que se basó Corrección.

En fin, no se derrotó la presunción de corrección

de la resolución impugnada. 

-IVPor los fundamentos antes expuestos, se confirma

la resolución recurrida.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

 

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones