Nú mero I de nt ifi cad or RES 2 0 2 3

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_____ __ _ __ ____ ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

E l PUEBLO DE PUERTO

RICO
Recurrid o

v. JOSÉ RAMÍREZ SUÁREZ

Peticionari o KLCE20 2 3 0 0022 Certiorari pr ocedente del Tribunal de Primera Instan cia , Sala S u peri or d e San Juan

Ca so Núm ero : K LE2022G0181
Sobre : Ley 54 Art. 3.1 Grave (1989)
Pa n el integrado po r s u president a , la Juez Ortiz Flores , la Juez Brignoni M ártir y el Juez Candelaria Rosa
Ortiz Flores , Juez P onente
RESOLUCI ÓN En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 202 3

. Comparece ante nosotros el señor José Ramírez Suárez ( Sr. Ramírez; peticionario ) mediante el presente recurso de certiorari y nos solicita que revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, S ala Superior de San Juan ( TPI ) , el 6 de di ciembre de 2022. 1
E n el referido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar una moción de
desestimación al amparo de la Regla 64 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64 ( Regla 64 )

. Adelantamos que por los fundamentos que expondremos a continuación denegamos expedir el auto d e c erti orari

. I
E l 21 de enero de 2022 se present ó Denuncia con t ra el Sr.
Ramírez por hechos ocurridos el 20 de enero de 2022. E n e l pliego le fue imputada la cond ucta tipificada como delito en el Artículo 3.1 de l a Ley para la P revención e I ntervención con la V

iolencia Doméstica , Ley N úm.
54 de 15 de agosto de 1989, 8 LP RA sec. 6 31 , por los siguientes hechos :
E l referido imputado José Ramírez Su árez, allá en o para el día 20 de enero de 2022, a eso de las 9:10 PM a p rox. en [ San Juan ] , que forma parte de la jur isdicción del T ribunal de Primera Instancia, Sala de J uan, ilegal, a propósito , con

1 Apén di ce d e l recurso, Anej o 10.KLC E20 2 3 0 0022 2 conocimiento y criminalmente empleó vi olencia física y psicológica c ontra la S ra. [ IMLO ] , persona con quien sostenía una rela c i ón consensual, con quien no procreó hijos, co nsistente en q ue el aquí denunciado, la agredió con su s manos en el rostro ( BOCA ) por lo que la perjudicada se sie nte física [ y ] emoci[ o ] nalmente afectada con tal hecho contrario a la ley. ( T ach a do en el origi n a l, énfasis nuestro. ) 2
C onsecuentemente, s e f ijó la fecha para la Vista Preliminar , la cual
se llev ó a cabo el 2 de febrero de 2022

. Inicialmente, e l TPI emitió
Resolución en la cual determinó la inexistencia de causa probable por el
delit o imputado

. 3 N o o bstante, el 20 de abril de 2022 , luego de cel ebrar la
Vista P reliminar el Alzada, el Tr ibunal de Pr imera Instancia emitió
Resolución en la cual resolvió que sí existía causa para creer que el Sr.
Ramírez cometió el delito contenido e n el Artículo 3.1 de l a Ley 54. P or lo
anterior , el 27 de abril d e 2 022, el Ministerio Publico radicó la correspondiente acusación en el caso 20220126200291 , en la cual imputó al peticionario la siguiente conducta: Cometido en: San Juan, PR DESDE EL 2018 HASTA EL 20 DE ENERO D E 2022, HORA 9:10 PM APROX.
El referido im put ado, José Ramíre z Suárez, allá en o para el día 20 d enero de 2022, a eso de las 9:10 PM, aprox. e n [ San Juan ] , que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, ilegal, a p ropósito , con conocimiento y criminalmente em pleó violencia física y psicológica contra la SRA. [ IMLO ] , persona con quien sostenía una relación consensual, con quien NO procreó hijos, consistente en que el aquí denunciado, la rozo con sus dedos en la boc a , por lo que la perjudicada se siente físic a [ y ] emocionalmente afectada siendo esto parte de un patrón de conducta de maltrato cometido en su contra. HECHO CONTRARIO A LA LEY. Posteriormente, el 8 de a gosto de 2022, e l peticionario presentó
Moción soli

c i tando desestimación al amparo d e la Regla 64 de Procedimiento Criminal y el debido proceso de l ey

. 4 E ste alegó que se
deb í a desestimar la acusación al amparo de los incisos ( j ) y ( k ) de la Regla 64 , ya que el Ministerio Público había realizado una acumul a c ión
indebida de deli t os

. P o r otro lado , el 19 de agosto de 2022 , el Ministerio Público se expresó en cuanto a la moción anterior

. P rimeramente, señaló
q ue no procedía desestimar la acusación , puesto que el peticionario

2 Apéndice del recurso, Anejo 1. 3 Apéndice del recurso, Anejo 2

. 4 Apéndice del recurso, Anejo 4.KLCE20 2 3 0 0022 3

radicó su moción de forma ta rdía , d e acuerdo con lo establecido en la s
R egla s 6 3 y 64 de Procedimiento Criminal , 34 LPRA Ap. II, R. 63 y 64

. 5
A demás , el Ministerio Publico adujo que en la referida acusación se imputó el mismo delito, en sus dos modalidades, lo cual resulta permisible con for m e a la jurisprudencia del Tribunal Su premo de Puerto
Rico. 6 L uego de los tr á mites de rigor, el TPI emitió Resolución el 22 de agosto de 2022 , en la cual , declaró No Ha Lugar la desestimación

. Inconforme, el peticionario presentó d os mociones para solicita r reconsideración , y req uerir del foro primario “ los fundamentos en derec ho para no desestimar ”

. 7
A base de la so licitud anterior , el TPI emitió la Resolución recurrida en la que expuso l os fundamentos concretos para no desestimar la acusación

. L uego de u n análisis jurisp rudencial , el Tribunal razonó que “ el Ministe rio P ú blic o tiene discreción para imputar cualquiera ” de las dos modalidades que comprende el Artículo 3.1 de la Ley 54

. 8 A ñadió el TPI que, “ en el presente caso, no existe ac umulación
de m á s d e un delito en un mismo pliego acusatorio, sino que el Minister io
P ublico presentó una acusación mediante la cual se imputan dos modalidades del Art. 3.1 de la Ley de Violencia Doméstica [ entiéndase , ]
maltrato físico y maltrato psicológico

. ” 9
A ú n inconform e , el peticionario acude ante nosotros mediante el

5 E n lo pertinente, l a Regla 64 dispone que , “[ u ] na moción para desestimar basada en lo provisto en esta regla deberá presentarse , exce p t o por causa debidamente justificada y fundamentada , por lo menos veinte (20) días an tes del juicio, salvo lo dispuesto en la Regla 63

. ” ( Énfasis nuestro. ) 34 LPRA Ap. II, R. 64. Por o tro lado, la Regla 63 establece lo siguiente: “E xcepto las defens as de f a lta de jurisdicción del tribunal y la de que no se imputa delito, las cuales podrán presentarse en cualquier momento, cualquier defensa u objeción susceptible de ser determinada sin entrar en el caso en su fondo se deberá promover median te moción p resent a d a al hacerse alegación de no culpable o antes de alegar, pero el tribunal podrá perm itir por cau sa justificada la presentación de dicha moción dentro de un período no mayor de veinte (20) días después del acto de lectura de la acusación en los caso s en q u e deba celebrarse dicho acto . Cuando se hubiere entregado personalmente al acusado un a copia de l a acusación, el término para la presentación de esta moción será de no más de veinte (20) días desde que el acusado hubiese respondido. Cuand o no hubies e cont e s tado, el término será de no más de veinte (20) días después de que se registre la al egación de n o culpable

. ” 3 4 LPRA Ap. II, R. 63. 6 Apéndice del recurso, Anejo 5. 7 Véase, Apénd ice del recurso, Anejo s 7 y 9. 8 Apéndice del recurso, Anejo 10, Reso l ución , en una c ita a Pueblo v. Carballosa y Balzac , 130 DPR 842, 856 ( 1992 ) ; Pueblo v. Ríos Alonso , 156 DPR 428, 4 37 ( 2012 ) ; ( El Tribunal Supremo explicó que, “ unos mismos hechos pueden produ cir tanto un daño físico c omo un grave daño emocional en la víct i ma , y e l Minist erio P ú blico tiene discreción para imputar ambas modalidades en la acusación

. ” ) 9 Apéndice del recurso, Anejo 10

.KLC E20 2 3 0 0022 4

presente rec urso de ce rtiorari en el cual nos señala la comisión de l siguiente error:
Primer error : El TPI erró al no desestimar el pl iego acusatorio ante la indebida acumulación de delitos, y al permitirl e al Ministerio Publico que impute violencia física , violencia psic ológic a y un alegado patrón de maltrato en una sola acusación

. Por su parte, compareció el Procurador General , en representación de l Pueblo de Puerto Rico para solicitar la desestimación
d e l presente recurso, por falta de jurisdicción

. E specíficamente , es te no s

se ñala que el peticionario inc umplió con las Reglas 33 ( B ) y 13 ( B ) del Reglamento de l Tribunal de Apelaciones , 4 LPRA A p . XXII

- B

. Lo anterior, ya que el peticionario, en primer lug a r notificó por correo electrónico y no por correo certi ficado, conf orme a la R egla 33 ( B )

. E n segundo lugar , que no notificó correctamente a la Fiscal de Distrito, p o r haber escrito de
forma incorrecta la dirección

. A dicional, que el escrito enviado no es t a ba firmado, ni acompañó el apéndice del recurso en su notificación

. P or último , el Procur ador nos señala que, por no haber realizado la
notificac ión de forma correcta , dentro del término para acudir en certio rari
a este Tribunal , procede desestimar el re c u rso po r falta de jurisdicción , en ausencia de justa causa

. E l 19 d e e n ero de 2023 emitimo s Resolución mediante la cual
concedimos al peticionario hasta el 27 de enero de 2023 , para
expresarse y exponer las razones por las qu e no debemos desestimar su

re c u rso

. E n la fecha indicada , el peticionario compareció a través de
Moció n en C umplimiento de Orden en la cual expresó su oposición

. E n esencia, este nos señala que hubo un problema de notificación a la Fiscal de Distrito por haber incurrido en un error en l a redacción de la
dirección del correo electrónico

. A demás , este señaló , correctamente , q ue las Reglas de este Tribunal permiten la notific ación mediante correo electr ónico

. 10 A dicional, el peticionario confirmó que la copia enviada al
Procurador General n o estaba firmada, ni tampoco se envió copia d el

10 Vé ase, Re gla 13 ( B ) ( 2 ) de nuestro reglamento , 4 LPRA Ap . XXII

- B , R. 13

.KLCE20 2 3 0 0022 5

apéndice como anejo en e l correo electrónico

. S in embargo , el
p eticionario arguy e que lo anterior s e d e b ió a un error inv oluntario y subsanable, de acuerdo con la Regla 69 del Reglamento del Tribunal de Apel a c iones, 4 LPRA Ap. XXII

- B, R. 69. Atendidas las po sturas de las partes, se declara No Ha Lugar la
Solicitud de Desestimación radicada por la Oficina del Procurador
General , y c on el beneficio de las posturas de las partes, procedemos a
resolver

. I I
A
El a uto de ce rti

orari e s un remedio procesal discrecion al que permite a u n tribunal de mayor jerarqu ía revisar la s determinaciones de
un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz D e León , 176 DPR 913, 917 (2009). Para determinar si procede la expedición de un aut o d e certiora ri , la Reg la 40 del Re glamento de este Tri bunal, 4 LPRA Ap. XXII

- B, R.40, dispone que d ebemos consid erar lo siguiente:
A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
B

. Si la s itu ación d e hechos pla nteada es la más ind icada para el anál isis del problema.
C. Si ha mediado p rejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.
D. Si el asunto plan te a d o exige c ons ideraci ón más deten ida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elev ados , o de al egatos más elaborados.
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración.
F. Si la exp ed i c i ón del a uto o de l a orden de m ostrar causa no caus a n un fraccionamie nto indebido del pleito y u na di lación i ndeseable en la solución final del litigio.
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia.
Es d e cir, est amo s oblig ados a evalu ar “tanto la correcc ión de la
decisión recurrida así como la etap a del procedi miento en que es presentada ; esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir yKLC E20 2 3 0 0022 6

no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dila ci ó n injustif ica da del litigio.” To rres Martínez v. Tor res Ghigliotty

, 17 5 DPR 83, 97 (2008), que
ci ta a Negrón v

. Srio. de Justicia , 154 DPR 79 (2001). Asimismo, se ha resuelto que los “tribunales apelativos no debemos intervenir con el ejercicio de la di sc r e c ión de l os foros d e instancia, salvo que se
demues tre que hubo un cr aso abuso de discreción, pe rjuic io, erro r manifiesto o parcialidad.” Trans

- Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp. , 184 DPR 689, 709 (2012), que cita a Lluch v. España Service Sta. , 117 DPR
7 2 9 , 745 (19 86)

. B Es sabido que es un requisito indispensable que la part e qu e solicita la intervención de un foro apelativo perfeccione su recurso , tanto
en su forma como en su c ontenido , de conformidad con la reglamentación aplicable . En particular, el R e gl amento del Tribunal de Apelaciones dispone palmariamente que la pe tición de cer tiorari incluirá un apéndice, en el que se incluirá, tanto la decisión del Tribunal de Primera Instancia cuya revisión se solicit a, así como la notificación del archivo en a u t os de copia de la noti ficación de la decisión , entre otros documento s de impo rtan cia para ejercer nuestra función revisora

. El Tribunal Supremo ha afirmado que l as disposiciones reglamentarias que regulan los r ecursos que se presentan ante este tribunal r e visor deben ser observ adas con rigor

. Arriaga Rivera v. F.S.E., 145 DPR 122, 129

- 1 30 (1998) y la jurisprudencia allí citada. En el derecho procesal apelativo no puede quedar al arbitrio de l as partes o sus abog ados decidir qué disposiciones reglamentari a s acata n y cuándo

. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 91 ( 2013) , que cit a a Matos v. Metropolitan Marble Corp. , 104 DPR 122, 125 (1975). No obstante, d ebe mos tener presente que conforme la Regla 12.1
el tr ibunal, por causa debida mente justificada, d e b erá proveer una oportunidad razonable a las partes para permitir la corrección de cualquierKLCE20 2 3 0 0022 7

defecto en la notificación , siempre que co n el lo no afecte n los derechos de las partes

. 11
C
La Constituci ón de Puerto R ico e n su Art ículo I I, Se cción 7 , Const.
EL A , LPRA, Tomo 1 , dis pone que ninguna p ersona será p rivada de su
vida o su li b ertad sin un de bido proceso de ley. A raíz de est e derecho, el
E s tado tiene el de be r d e notificar adecuada me nt e a los acusa dos d e del itos s obre la s causa s de acción en su cont ra. P u e blo v. P érez , 183
D PR 1003, 1010 ( 2011 )

. De t al modo, el derecho a la d eb i da notificación
al acusado de los ca rgos presentado s en su c ontra tiene rango
const ituci onal. En lo per t inente, nuestra Constitución dispone lo siguiente:
En todos los procesos cr i m i n ales, el acusado disfrutará del de recho a un ju icio rápido y público, a s er notificado de la naturaleza y cau sa de la acusac ión recibiendo copi a de la misma , a c arearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecenc ia compulso ria de testigos a su f a v o r, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la p resunción de inoce n ci a

. Art. II, Sec. 11, Const . ELA, supr a . (Énfasis nue stro ). 12
Para viab ilizar este m andat o constitucional, existe la Regla 35 de
Proce dimiento Crimi nal, 34 LPRA Ap. II, R. 35. En e l a p artado (c), dicha Regla establece que cuando se im puta la comisión de un delito específico, la acusación debe incluir una ex posición de todos los hechos

co nstitu tivos del mismo con suficiente grado de espec ificidad para que
una per sona de inteligencia c o m ún las pueda entender. Por tanto, solo se requie re que el Ministerio P ú bl i co presente lo siguiente: Una expo sición de los h echos ese nciales c onstitutivos del de lito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso [

... ] Las palabras us adas en dicha expo s i c ión se interpretarán en su acepción u sual en el lengua je corriente, co n e x cepción de aquellas palabras y frase s definidas por ley o por l a juri sprudencia, l as cua les se interpretarán en su significado legal. Dicha exposició n no tendrá que emplear estric t a m ente las palabras usadas en la ley, y podrá empl ear ot ras que tuvieren el mismo significado. En ningún caso se rá necesario el expresar en la ac usación o den uncia presunciones legales ni materias de conocimie nto judicial. 32 LPRA Ap. II , R. 35 (c).

11 Véase, Regla 12.1 d e l Reglamento del Tribun al de Apelac i o nes, 4 LPRA, Ap. XXII

- B, R. 12.1 12 Véase , además, la Sexta Enmien d a de la Constituc i ó n de los Estados Unidos: (“In all crim inal prosecutions, the accused shall enjoy th e r ight... to be in formed of the n a ture and cause of the a ccusa tion ”

. ) Emd a. VI, C onst. E E

. U U ., LPRA, Tomo 1.KLC E20 2 3 0 0022 8

A l interpretar el precitado texto, nuest ro Tribunal Suprem o ha
reiterado q ue el Ministerio Público no tiene que e mplear “ningún lenguaje
est ereoti pado, técnico o tal ismánico en su redacción [ ,] ni el uso estricto de las palabras dispuestas en el estatuto”

. P u e blo v. Montero Luciano , 169 DPR 360, 373 (2006)

. Es decir, al Minister i o P úbli co solamente se le exige que exp onga en la acus ación todos los he chos constitu tivos del
delito imputado para que dicho documento pueda servir su propósito

. Entiéndase, que el a c u sado co no zca “ ‘ los hechos que se le imputan, de

sue rte q ue pueda preparar su d e fe n sa conf orme a ello ’ .” Pueblo v. Véle z Rodríguez , 18 6 DPR 621, 629 (2012), q ue cita a Pue blo v. Montero
Luci ano, supra

. D De otra parte, una vez hay una determinación de c a u sa probable
para acusar y se presenta la acusación , el acusado tiene el remedio

e xclusivo de la desestimación según lo dispone la Re gla 64 de
Procedim iento Criminal. P or su parte, la citada disposición legal establece los fundamentos por los cuales una p e r sona imputada de delito pu ede
solicitar la desestimación de un a acusación o denuncia. En lo pe rtinente

a l presente caso, la Regla 64 dispone lo siguiente:
L a moción p ara desestimar la acusación o denuncia, o cualquier cargo de las mismas sólo podrá bas ar s e en uno o más de los siguientes fundamentos : [

. . . ] ( j ) Que uno o más de los cargos de la acusación o la denuncia imputan más de un delito. ( k ) Que existe una indebida acumulación de delitos.
E n una interpretación de la Regla 64 ( j ) de las de Pr oc e d imi ento
Criminal , nuestro más alto foro determin ó que “[ c ] uando todos los actos imputados en un solo cargo constituyen un so lo delito , no hay duplicidad y
no es de aplicación [ esta Regla ] ” , la cual “ sólo aplica cuando se imputa
más de un del ito en un s ol o cargo. ” Pueblo v. Carballosa y Balzac , supra

. E n el mencionado caso, el Tribunal Supremo añadió que, tampoco existeKLCE20 2 3 0 0022 9

duplicidad en la acusación, cuando en un solo c argo se imputen las dos modalidades bajo las cuales puede cometerse el mismo delito

. Id

. As i m ismo , “[ c ] uando varios actos ejecutados por la misma persona no son sino pasos sucesivos en el curso de un propósito criminal y que constituyen en conjunto un solo delito, aunque cada uno de ellos realizados aisladamente podrían constituir un delito, dic h o s actos todos pueden ser imputados en un solo cargo

. ” Id ., que cita a Pueblo v. Echavary et al. , 28 DPR 6, 10 ( 1920 ).
E El Artículo 3.1 de la Ley 54 tipifica como d elito de maltrato la siguiente conducta: Toda perso na que empleare fuerza física o viol enc i a psicológica, intimidación o persecución en la persona de su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o la p ersona con quien haya procreado un h ijo o hija, independientemente del sexo, estado civil, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio de cualquiera de las personas involucradas en la relación, para causarle daño físico a su persona, a los bienes apreciados por ésta, ex cepto aq u é llos que pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de otro o para causar le grave daño emocional, incurrirá en delito grave de cuarto grado en su mitad superior. El tribunal podrá imponer la pena de restit ución, además de la pena de rec lus ión e stablecida . 8 LPRA sec. 631.
E ste delito se configura cuando están presentes los siguientes tres
elementos. A saber : ( 1 ) que se emplee fuerza física , violencia psicológica , persecución o intimidación ; ( 2) que dicha conduct a se l l eve a cabo contra

“ l a p e r sona de su cónyuge , ex cónyuge, o la persona con quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o la p ersona con quien haya procreado un hijo o hija ”, y ( 3 ) que se haga para causarle algún da ñ o físico ( a la persona o
sus bie nes, salvo los dispuestos por ley ) , o grave daño e mocional. Pu e blo v. Ayala García , 186 DPR 196, 213 ( 2012 ).
S egún ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, el delito antes
d escrito contiene dos modalidades. E ntiéndase , ma l t rato f ísico , y maltrato
emocional. Pueblo v. Osvaldo Ríos , 156 DPR 428, 435 ( 2012 )

. R eferenteKLC E20 2 3 0 0022 10

al maltrato físico , el Supremo ha concluido que, en dicha modalidad, no

se r equiere demostrar un patrón reiterado de violencia para que se configure el m ismo

. P u e blo v. Figueroa Santana , 154 DPR 717, 731 ( 2001 )

. P or otro lado, en la modalidad de violencia psicológica , la pro pi a Ley específica en su Artículo 1.3 que se trata de “ un patrón de conducta constante ejercitada en deshonra, descrédito o menosprecio al va l o r personal ” , entre otros. ( Énfasis nuestro. ) 8 LPRA sec. 602.
III En el presente caso, se recurre de una Resolución que declaró sin lugar una solicitud de desestimación instada por el peticio nario al amparo de la Regla 64

. En su recurso de certiorar i , e l peticionario se ñala que erró
el TPI al no desestimar el pliego acusatorio aun cuando el Minis terio
Público realizó una “ indebida acumulación de delitos ”, por imputar

“ violencia física , violencia psicológica y un alegado patrón de maltrato en
una sola ac u s ación

. ” E l caso pendiente ante el foro recurrido

– por la
comisión del delito tipificado en el artículo 3.1 de la Ley 54

– está
señalad o para juicio, los d ías 9 y 10 de febrero de 2022. E n síntesis , al peticionario se le acusa de un patr ón de conducta d e m a l trato contra la Sra. IMLO, por hechos ocurridos desde el 2018 hasta el 20 de enero de 2022, al rozar a la perjudicada con sus dedos en a boca. 13
A l evaluar una petición de certior a ri en casos como el de autos, nos corresponde analizar, si bajo la disc rec i ó n concedida a este tribunal
revisor bajo la Regla 40 , debemos o no expedir el auto de certiorari

. E valuada la resolución recurrida, resolvemos que no se cu mple ninguno
de los criterios anteriormente mencionados

. A simismo , luego de analizar el expedie nte a nte nuestra
consideración , somos del criterio que el peticionario no demostró que el
TPI haya incurrido en un abuso de discreción que amerite nuestra
intervención

. T ampoco vemos error en la aplicación del Derecho. S egún
lo antes expuesto, n o es de apl ica c i ón los incisos (j) y (k) de la Regla 64

13 Apéndice del recuso, Anejo 8.KLCE20 2 3 0 0022 11

por no haber una acumulación indebida de cargos , ya que se trata del mismo delito, en sus dos modalidades, lo cual es permisible de acuerdo con la jurisprudencia interpretativa. Pueblo v. Carballosa y Balzac , su pra

. R e iteramos que, los tribunales apelativos no debemos intervenir
con las determinaciones de l os tribunales primarios, salvo que se
de muestre un claro abuso de discreción , pe rjuic io, erro r manifiesto o parcialidad. Trans

- Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp

. , s u pra

. P or lo cual,
ante la ausencia de estos criterios , las determinaciones realizadas p or el
foro primario mere cen deferencia de nuestra parte

. C onsecuentemente, al amparo de la Regla 40 de nuestro Reglamento , y en el ejercicio de
nuestra discreción d ene g a mos la expedición del auto de certiorari

. IV
Por los fundam e ntos que anteceden , se dec lara No Ha Lugar la
solicitud de desestimación presentada por la Oficina del Procurador
General , y se deniega la expedición del auto de certiorari . Se devu elve e l

caso a l foro primario para la continuación de los procedimientos. Notifíquese inmediatamen te

. L o acord ó el T ribu na l y lo certifica la Secretaria d el T ribunal de Apelacio nes.

L cd a. Lilia M. Oquendo Solís

Secr etaria del Tribunal de Apelac i o nes