Número Identificador

RES2023_______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

El PUEBLO DE PUERTO 

RICO

Recurrido

v.

JOSÉ RAMÍREZ SUÁREZ

Peticionario

KLCE202300022

Certiorari procedente 

del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de San 

Juan

Caso Número:

K LE2022G0181

Sobre: Ley 54 

Art. 3.1 Grave (1989)

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni 

Mártir y el Juez Candelaria Rosa

Ortiz Flores, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

Comparece ante nosotros el señor José Ramírez Suárez (Sr. 

Ramírez; peticionario) mediante el presente recurso de certiorari y nos 

solicita que revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), el 6 de diciembre de 2022.1

En el referido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar una moción de 

desestimación al amparo de la Regla 64 de las de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64 (Regla 64).

Adelantamos que por los fundamentos que expondremos a

continuación denegamos expedir el auto de certiorari.

I

El 21 de enero de 2022 se presentó Denuncia contra el Sr. 

Ramírez por hechos ocurridos el 20 de enero de 2022. En el pliego le fue 

imputada la conducta tipificada como delito en el Artículo 3.1 de la Ley 

para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 

54 de 15 de agosto de 1989, 8 LPRA sec. 631, por los siguientes hechos:

El referido imputado José Ramírez Suárez, allá en o para el 

día 20 de enero de 2022, a eso de las 9:10 PM aprox. en 

[San Juan], que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Juan, ilegal, a propósito, con 

1 Apéndice del recurso, Anejo 10.
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conocimiento y criminalmente empleó violencia física y 

psicológica contra la Sra. [IMLO], persona con quien 

sostenía una relación consensual, con quien no procreó 

hijos, consistente en que el aquí denunciado, la agredió con 

sus manos en el rostro (BOCA) por lo que la perjudicada se 

siente física [y] emoci[o]nalmente afectada con tal hecho 

contrario a la ley. (Tachado en el original, énfasis nuestro.)

2

Consecuentemente, se fijó la fecha para la Vista Preliminar, la cual 

se llevó a cabo el 2 de febrero de 2022. Inicialmente, el TPI emitió 

Resolución en la cual determinó la inexistencia de causa probable por el 

delito imputado.

3 No obstante, el 20 de abril de 2022, luego de celebrar la 

Vista Preliminar el Alzada, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

Resolución en la cual resolvió que sí existía causa para creer que el Sr. 

Ramírez cometió el delito contenido en el Artículo 3.1 de la Ley 54. Por lo 

anterior, el 27 de abril de 2022, el Ministerio Publico radicó la 

correspondiente acusación en el caso 20220126200291, en la cual imputó

al peticionario la siguiente conducta:

Cometido en: San Juan, PR DESDE EL 2018 HASTA EL 20 

DE ENERO DE 2022, HORA 9:10 PM APROX. 

El referido imputado, José Ramírez Suárez, allá en o para el 

día 20 d enero de 2022, a eso de las 9:10 PM, aprox. en 

[San Juan], que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, ilegal, a propósito, con 

conocimiento y criminalmente empleó violencia física y 

psicológica contra la SRA. [IMLO], persona con quien 

sostenía una relación consensual, con quien NO procreó 

hijos, consistente en que el aquí denunciado, la rozo con 

sus dedos en la boca, por lo que la perjudicada se siente

física [y] emocionalmente afectada siendo esto parte de un

patrón de conducta de maltrato cometido en su contra.

HECHO CONTRARIO A LA LEY.

Posteriormente, el 8 de agosto de 2022, el peticionario presentó 

Moción solicitando desestimación al amparo de la Regla 64 de 

Procedimiento Criminal y el debido proceso de ley.

4 Este alegó que se 

debía desestimar la acusación al amparo de los incisos (j) y (k) de la 

Regla 64, ya que el Ministerio Público había realizado una acumulación

indebida de delitos. Por otro lado, el 19 de agosto de 2022, el Ministerio 

Público se expresó en cuanto a la moción anterior. Primeramente, señaló 

que no procedía desestimar la acusación, puesto que el peticionario 

2 Apéndice del recurso, Anejo 1.

3 Apéndice del recurso, Anejo 2.

4 Apéndice del recurso, Anejo 4.
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radicó su moción de forma tardía, de acuerdo con lo establecido en las 

Reglas 63 y 64 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 63 y 64.

5

Además, el Ministerio Publico adujo que en la referida acusación se 

imputó el mismo delito, en sus dos modalidades, lo cual resulta 

permisible conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico.6 Luego de los trámites de rigor, el TPI emitió Resolución el 22 de 

agosto de 2022, en la cual, declaró No Ha Lugar la desestimación.

Inconforme, el peticionario presentó dos mociones para solicitar

reconsideración, y requerir del foro primario “los fundamentos en derecho 

para no desestimar”.

7

A base de la solicitud anterior, el TPI emitió la Resolución

recurrida en la que expuso los fundamentos concretos para no 

desestimar la acusación. Luego de un análisis jurisprudencial, el Tribunal

razonó que “el Ministerio Público tiene discreción para imputar 

cualquiera” de las dos modalidades que comprende el Artículo 3.1 de la 

Ley 54.

8 Añadió el TPI que, “en el presente caso, no existe acumulación

de más de un delito en un mismo pliego acusatorio, sino que el Ministerio 

Publico presentó una acusación mediante la cual se imputan dos 

modalidades del Art. 3.1 de la Ley de Violencia Doméstica [entiéndase,]

maltrato físico y maltrato psicológico.”

9

Aún inconforme, el peticionario acude ante nosotros mediante el 

5 En lo pertinente, la Regla 64 dispone que, “[u]na moción para desestimar basada en lo 

provisto en esta regla deberá presentarse, excepto por causa debidamente justificada 

y fundamentada, por lo menos veinte (20) días antes del juicio, salvo lo dispuesto en la 

Regla 63.” (Énfasis nuestro.) 34 LPRA Ap. II, R. 64. Por otro lado, la Regla 63 establece 

lo siguiente: “Excepto las defensas de falta de jurisdicción del tribunal y la de que no se 

imputa delito, las cuales podrán presentarse en cualquier momento, cualquier defensa 

u objeción susceptible de ser determinada sin entrar en el caso en su fondo se 

deberá promover mediante moción presentada al hacerse alegación de no 

culpable o antes de alegar, pero el tribunal podrá permitir por causa justificada la 

presentación de dicha moción dentro de un período no mayor de veinte (20) días 

después del acto de lectura de la acusación en los casos en que deba celebrarse 

dicho acto. Cuando se hubiere entregado personalmente al acusado una copia de la 

acusación, el término para la presentación de esta moción será de no más de veinte (20) 

días desde que el acusado hubiese respondido. Cuando no hubiese contestado, el 

término será de no más de veinte (20) días después de que se registre la alegación de 

no culpable.” 34 LPRA Ap. II, R. 63.

6 Apéndice del recurso, Anejo 5.

7 Véase, Apéndice del recurso, Anejos 7 y 9.

8 Apéndice del recurso, Anejo 10, Resolución, en una cita a Pueblo v. Carballosa y 

Balzac, 130 DPR 842, 856 (1992); Pueblo v. Ríos Alonso, 156 DPR 428, 437 (2012); (El 

Tribunal Supremo explicó que, “unos mismos hechos pueden producir tanto un daño 

físico como un grave daño emocional en la víctima, y el Ministerio Público tiene 

discreción para imputar ambas modalidades en la acusación.”)

9 Apéndice del recurso, Anejo 10.
KLCE202300022 4

presente recurso de certiorari en el cual nos señala la comisión del 

siguiente error:

Primer error: El TPI erró al no desestimar el pliego

acusatorio ante la indebida acumulación de delitos, y al 

permitirle al Ministerio Publico que impute violencia física,

violencia psicológica y un alegado patrón de maltrato en una 

sola acusación.

Por su parte, compareció el Procurador General, en 

representación del Pueblo de Puerto Rico para solicitar la desestimación

del presente recurso, por falta de jurisdicción. Específicamente, este nos 

señala que el peticionario incumplió con las Reglas 33 (B) y 13 (B) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Lo anterior, 

ya que el peticionario, en primer lugar notificó por correo electrónico y no

por correo certificado, conforme a la Regla 33 (B). En segundo lugar, que 

no notificó correctamente a la Fiscal de Distrito, por haber escrito de 

forma incorrecta la dirección. Adicional, que el escrito enviado no estaba 

firmado, ni acompañó el apéndice del recurso en su notificación. Por

último, el Procurador nos señala que, por no haber realizado la 

notificación de forma correcta, dentro del término para acudir en certiorari 

a este Tribunal, procede desestimar el recurso por falta de jurisdicción,

en ausencia de justa causa.

El 19 de enero de 2023 emitimos Resolución mediante la cual 

concedimos al peticionario hasta el 27 de enero de 2023, para 

expresarse y exponer las razones por las que no debemos desestimar su 

recurso. En la fecha indicada, el peticionario compareció a través de 

Moción en Cumplimiento de Orden en la cual expresó su oposición. En 

esencia, este nos señala que hubo un problema de notificación a la 

Fiscal de Distrito por haber incurrido en un error en la redacción de la 

dirección del correo electrónico. Además, este señaló, correctamente,

que las Reglas de este Tribunal permiten la notificación mediante correo 

electrónico.

10 Adicional, el peticionario confirmó que la copia enviada al 

Procurador General no estaba firmada, ni tampoco se envió copia del 

10 Véase, Regla 13 (B) (2) de nuestro reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13.
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apéndice como anejo en el correo electrónico. Sin embargo, el 

peticionario arguye que lo anterior se debió a un error involuntario y 

subsanable, de acuerdo con la Regla 69 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 69.

Atendidas las posturas de las partes, se declara No Ha Lugar la 

Solicitud de Desestimación radicada por la Oficina del Procurador 

General, y con el beneficio de las posturas de las partes, procedemos a 

resolver.

II

A

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de 

un tribunal inferior.Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917 

(2009). Para determinar si procede la expedición de un auto de certiorari,

la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R.40, dispone que debemos considerar lo siguiente: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 

Es decir, estamos obligados a evaluar “tanto la corrección de la 

decisión recurrida así como la etapa del procedimiento en que es 

presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y 
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no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del 

litigio.” Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008), que 

cita a Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79 (2001). Asimismo, se ha 

resuelto que los “tribunales apelativos no debemos intervenir con el 

ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, perjuicio, error 

manifiesto o parcialidad.” Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 

DPR 689, 709 (2012), que cita a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986). 

B

Es sabido que es un requisito indispensable que la parte que 

solicita la intervención de un foro apelativo perfeccione su recurso, tanto 

en su forma como en su contenido, de conformidad con la reglamentación

aplicable. En particular, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

dispone palmariamente que la petición de certiorari incluirá un apéndice, 

en el que se incluirá, tanto la decisión del Tribunal de Primera Instancia 

cuya revisión se solicita, así como la notificación del archivo en autos de 

copia de la notificación de la decisión, entre otros documentos de 

importancia para ejercer nuestra función revisora. El Tribunal Supremo ha 

afirmado que las disposiciones reglamentarias que regulan los recursos 

que se presentan ante este tribunal revisor deben ser observadas con 

rigor. Arriaga Rivera v. F.S.E., 145 DPR 122, 129-130 (1998) y la 

jurisprudencia allí citada. En el derecho procesal apelativo no puede 

quedar al arbitrio de las partes o sus abogados decidir qué disposiciones 

reglamentarias acatan y cuándo. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 

84, 91 (2013), que cita a Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 

122, 125 (1975).

No obstante, debemos tener presente que conforme la Regla 12.1 

el tribunal, por causa debidamente justificada, deberá proveer una 

oportunidad razonable a las partes para permitir la corrección de cualquier 
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defecto en la notificación, siempre que con ello no afecten los derechos 

de las partes.

11

C

La Constitución de Puerto Rico en su Artículo II, Sección 7, Const. 

ELA, LPRA, Tomo 1, dispone que ninguna persona será privada de su 

vida o su libertad sin un debido proceso de ley. A raíz de este derecho, el 

Estado tiene el deber de notificar adecuadamente a los acusados de 

delitos sobre las causas de acción en su contra. Pueblo v. Pérez, 183 

DPR 1003, 1010 (2011). De tal modo, el derecho a la debida notificación 

al acusado de los cargos presentados en su contra tiene rango 

constitucional. En lo pertinente, nuestra Constitución dispone lo siguiente:

En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del 

derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la 

naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de 

la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la 

comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener 

asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de 

inocencia. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, supra. (Énfasis 

nuestro).12

Para viabilizar este mandato constitucional, existe la Regla 35 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 35. En el apartado (c), dicha 

Regla establece que cuando se imputa la comisión de un delito 

específico, la acusación debe incluir una exposición de todos los hechos 

constitutivos del mismo con suficiente grado de especificidad para que 

una persona de inteligencia común las pueda entender. Por tanto, solo se 

requiere que el Ministerio Público presente lo siguiente:

Una exposición de los hechos esenciales constitutivos del 

delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso [...]

Las palabras usadas en dicha exposición se interpretarán en 

su acepción usual en el lenguaje corriente, con excepción 

de aquellas palabras y frases definidas por ley o por la 

jurisprudencia, las cuales se interpretarán en su significado 

legal. Dicha exposición no tendrá que emplear estrictamente 

las palabras usadas en la ley, y podrá emplear otras que 

tuvieren el mismo significado. En ningún caso será 

necesario el expresar en la acusación o denuncia 

presunciones legales ni materias de conocimiento judicial. 

32 LPRA Ap. II, R. 35 (c).

11 Véase, Regla 12.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-B, 

R. 12.1

12 Véase, además, la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos: (“In all 

criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right... to be informed of the nature 

and cause of the accusation”.) Emda. VI, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1.
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Al interpretar el precitado texto, nuestro Tribunal Supremo ha 

reiterado que el Ministerio Público no tiene que emplear “ningún lenguaje 

estereotipado, técnico o talismánico en su redacción[,] ni el uso estricto de 

las palabras dispuestas en el estatuto”. Pueblo v. Montero Luciano, 169 

DPR 360, 373 (2006). Es decir, al Ministerio Público solamente se le 

exige que exponga en la acusación todos los hechos constitutivos del

delito imputado para que dicho documento pueda servir su propósito.

Entiéndase, que el acusado conozca “‘los hechos que se le imputan, de 

suerte que pueda preparar su defensa conforme a ello’.” Pueblo v. Vélez 

Rodríguez, 186 DPR 621, 629 (2012), que cita a Pueblo v. Montero 

Luciano, supra.

D

De otra parte, una vez hay una determinación de causa probable

para acusar y se presenta la acusación, el acusado tiene el remedio 

exclusivo de la desestimación según lo dispone la Regla 64 de 

Procedimiento Criminal. Por su parte, la citada disposición legal establece 

los fundamentos por los cuales una persona imputada de delito puede 

solicitar la desestimación de una acusación o denuncia. En lo pertinente 

al presente caso, la Regla 64 dispone lo siguiente:

La moción para desestimar la acusación o denuncia, o 

cualquier cargo de las mismas sólo podrá basarse en uno o 

más de los siguientes fundamentos: 

[. . .]

(j) Que uno o más de los cargos de la acusación o la 

denuncia imputan más de un delito.

(k) Que existe una indebida acumulación de delitos.

En una interpretación de la Regla 64 (j) de las de Procedimiento 

Criminal, nuestro más alto foro determinó que “[c]uando todos los actos 

imputados en un solo cargo constituyen un solo delito, no hay duplicidad y 

no es de aplicación [esta Regla]”, la cual “sólo aplica cuando se imputa 

más de un delito en un solo cargo.” Pueblo v. Carballosa y Balzac, supra. 

En el mencionado caso, el Tribunal Supremo añadió que, tampoco existe 
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duplicidad en la acusación, cuando en un solo cargo se imputen las dos 

modalidades bajo las cuales puede cometerse el mismo delito. Id.

Asimismo, “[c]uando varios actos ejecutados por la misma persona no son 

sino pasos sucesivos en el curso de un propósito criminal y que 

constituyen en conjunto un solo delito, aunque cada uno de ellos 

realizados aisladamente podrían constituir un delito, dichos actos todos 

pueden ser imputados en un solo cargo.” Id., que cita a Pueblo v. 

Echavary et al., 28 DPR 6, 10 (1920).

E

El Artículo 3.1 de la Ley 54 tipifica como delito de maltrato la 

siguiente conducta:

Toda persona que empleare fuerza física o violencia

psicológica, intimidación o persecución en la persona de su 

cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien cohabita o 

haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya 

sostenido una relación consensual, o la persona con quien 

haya procreado un hijo o hija, independientemente del sexo, 

estado civil, orientación sexual, identidad de género o 

estatus migratorio de cualquiera de las personas 

involucradas en la relación, para causarle daño físico a su 

persona, a los bienes apreciados por ésta, excepto aquéllos 

que pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de 

otro o para causarle grave daño emocional, incurrirá en 

delito grave de cuarto grado en su mitad superior. 

El tribunal podrá imponer la pena de restitución, además de 

la pena de reclusión establecida. 8 LPRA sec. 631.

Este delito se configura cuando están presentes los siguientes tres 

elementos. A saber: (1) que se emplee fuerza física, violencia psicológica,

persecución o intimidación; (2) que dicha conducta se lleve a cabo contra

“la persona de su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien cohabita 

o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya sostenido 

una relación consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o 

hija”, y (3) que se haga para causarle algún daño físico (a la persona o 

sus bienes, salvo los dispuestos por ley), o grave daño emocional. Pueblo 

v. Ayala García, 186 DPR 196, 213 (2012).

Según ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, el delito antes 

descrito contiene dos modalidades. Entiéndase, maltrato físico, y maltrato 

emocional. Pueblo v. Osvaldo Ríos, 156 DPR 428, 435 (2012). Referente 
KLCE202300022 10

al maltrato físico, el Supremo ha concluido que, en dicha modalidad, no 

se requiere demostrar un patrón reiterado de violencia para que se 

configure el mismo. Pueblo v. Figueroa Santana, 154 DPR 717, 731 

(2001). Por otro lado, en la modalidad de violencia psicológica, la propia 

Ley específica en su Artículo 1.3 que se trata de “un patrón de conducta 

constante ejercitada en deshonra, descrédito o menosprecio al valor 

personal”, entre otros. (Énfasis nuestro.) 8 LPRA sec. 602.

III

En el presente caso, se recurre de una Resolución que declaró sin 

lugar una solicitud de desestimación instada por el peticionario al amparo 

de la Regla 64. En su recurso de certiorari, el peticionario señala que erró

el TPI al no desestimar el pliego acusatorio aun cuando el Ministerio 

Público realizó una “indebida acumulación de delitos”, por imputar 

“violencia física, violencia psicológica y un alegado patrón de maltrato en 

una sola acusación.” El caso pendiente ante el foro recurrido –por la 

comisión del delito tipificado en el artículo 3.1 de la Ley 54– está 

señalado para juicio, los días 9 y 10 de febrero de 2022. En síntesis, al 

peticionario se le acusa de un patrón de conducta de maltrato contra la 

Sra. IMLO, por hechos ocurridos desde el 2018 hasta el 20 de enero de 

2022, al rozar a la perjudicada con sus dedos en a boca.13

Al evaluar una petición de certiorari en casos como el de autos, 

nos corresponde analizar, si bajo la discreción concedida a este tribunal 

revisor bajo la Regla 40, debemos o no expedir el auto de certiorari. 

Evaluada la resolución recurrida, resolvemos que no se cumple ninguno 

de los criterios anteriormente mencionados.

Asimismo, luego de analizar el expediente ante nuestra 

consideración, somos del criterio que el peticionario no demostró que el 

TPI haya incurrido en un abuso de discreción que amerite nuestra 

intervención. Tampoco vemos error en la aplicación del Derecho. Según

lo antes expuesto, no es de aplicación los incisos (j) y (k) de la Regla 64

13 Apéndice del recuso, Anejo 8.
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por no haber una acumulación indebida de cargos, ya que se trata del 

mismo delito, en sus dos modalidades, lo cual es permisible de acuerdo 

con la jurisprudencia interpretativa. Pueblo v. Carballosa y Balzac, supra.

Reiteramos que, los tribunales apelativos no debemos intervenir 

con las determinaciones de los tribunales primarios, salvo que se 

demuestre un claro abuso de discreción, perjuicio, error manifiesto o 

parcialidad. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., supra. Por lo cual, 

ante la ausencia de estos criterios, las determinaciones realizadas por el 

foro primario merecen deferencia de nuestra parte. Consecuentemente,

al amparo de la Regla 40 de nuestro Reglamento, y en el ejercicio de 

nuestra discreción denegamos la expedición del auto de certiorari. 

IV

Por los fundamentos que anteceden, se declara No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación presentada por la Oficina del Procurador 

General, y se deniega la expedición del auto de certiorari. Se devuelve el 

caso al foro primario para la continuación de los procedimientos.

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones