Número Identificador:

RES2023________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

EL PUEBLO DE 

PUERTO RICO

Recurrida

v.

PEDRO ANTONIO 

QUILES LÓPEZ

Peticionario

KLCE202300087

Recurso de certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez 

Caso Núm.

ISCR200601377

Sobre:

Art. 198/Robo

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la 

Jueza Rivera Marchand y la Jueza Aldebol Mora 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

Comparece ante nos, Pedro A. Quiles López (peticionario o 

Quiles López), y solicita que revoquemos la Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI o foro 

primario), el 18 de octubre de 2022, notificada el 22 de noviembre 

de 2022. Mediante su dictamen, el foro primario, en lo atinente, 

mantuvo en efecto la pena por reincidencia habitual dictada en la 

Sentencia de epígrafe.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, procede 

denegar la expedición del auto de certiorari. Veamos.

I.

En mayo de 2006, Quiles López fue acusado por infracciones 

a los delitos de robo, tentativa de robo y robo agravado, Artículos 

198 y 199 del entonces vigente Código Penal de 2004, Ley Núm. 149-

2004, 33 LPRA secs. 4826 y 4827, y por infracción al delito de 

portación ilegal de armas, Artículo 5.04 de la hoy derogada Ley Núm. 

404-2000, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA 
KLCE202300087 2

sec. 458c.1 En el pliego acusatorio presentado por el Ministerio 

Público (recurrido), Quiles López hizo alegación de reincidencia 

habitual por los siguientes casos:

Núm.

de Caso

Delito Fecha

Hechos

Sentencia Fecha

Disp. Fin.

ISC02G0315 Art. 

404-A 

SC

4 de octubre de 2001 3 años 1 de mayo de 2002

ISC02G0316 Art. 

404-A 

SC

4 de octubre de 2001 3 años 1 de mayo de 2002

ISC02G0654 Art. 

404 

SC

22 de junio de 2002 2 años 29 de agosto de 2002

Así las cosas, el 25 de agosto de 2006, el TPI dictó Sentencia

en la cual impuso una pena global de ciento cincuenta y ocho (158) 

años de cárcel, de los cuales noventa y nueve (99) años fueron por 

reincidencia habitual.

2

Inconforme, Quiles López radicó una Apelación ante esta 

Curia y mediante Sentencia emitida el 23 de abril de 2007, con 

designación alfanumérica KLAN200601214, un panel hermano 

confirmó la referida sentencia condenatoria.3

Tiempo después, el 28 de diciembre de 2021, el peticionario 

instó una Moción Urgente Solicitada al Amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal para Modificar la Sentencia Impuesta.

4 En lo 

pertinente, arguyó que, para sustentar la alegación de reincidencia 

habitual, el Ministerio Público no alegó una convicción previa que 

fuera por la infracción de los Arts. 401, 405, 411 y 411(a) de la Ley 

de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 LPRA secs. 2401, 

2405, 2411 y 2411a, según dispone el Art. 81(c) del Código Penal de 

2004, 33 LPRA sec. 4709. En específico, argumentó que el Art. 404 

1 Anejo III, págs. 3-4.

2 Anejo IV, pág. 5.

3 Cabe destacar que Quiles López acudió ante esta Curia mediante Petición de

Certiorari impugnando la denegatoria de una moción sobre su cuestionamiento a 

la reincidencia habitual, entre otros asuntos, ante el foro primario para que se 

corrigiera su Sentencia, al amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 185. Evaluado el petitorio, mediante Resolución emitida el 5 de 

febrero de 2019, con designación alfanumérica KLCE201801744, un panel 

hermano acogió la petición al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal 

y denegó la expedición del auto solicitado.

4 Anejo V, págs. 6-24.
KLCE202300087 3

de la Ley de Sustancias Controladas, supra, estaba excluido de ser 

utilizado para justificar la alegación de reincidencia habitual del Art.

81(c) del Código Penal de 2004, supra. Según adujo, el Art. 81(c) del 

Código Penal de 2004, supra, expresamente disponía que, para 

poder aplicar la reincidencia habitual, la persona tenía que resultar 

culpable por un nuevo delito por violación a los Arts. 401, 405, 411 

o 411(a) de la Ley de Sustancias Controladas, supra. Asimismo, 

sostuvo que la Asamblea Legislativa dejó fuera de la aplicación de la 

reincidencia habitual cualquier comisión de delito en violación al 

restante de los artículos de la Ley de Sustancias Controladas, supra,

incluyendo su Art. 404. Basado en lo anterior, planteó que la 

Sentencia con reincidencia habitual impuesta en el caso de autos

fue en violación a nuestro ordenamiento jurídico.

En respuesta, el Ministerio Público se opuso.5 Alegó que, del 

tracto procesal surgía que luego de ser sentenciado, Quiles López 

utilizó los mecanismos disponibles para apelar la Sentencia que le 

fue impuesta. Expuso que, lo propuesto por Quiles López, en 

particular los cuestionamientos sobre la aplicación de la 

reincidencia habitual aceptada por este, fueron debidamente 

evaluados y adjudicados, por lo que constituían cosa juzgada. Por lo 

anterior, sostuvo que no procedía lo solicitado.

Evaluado lo anterior, el TPI emitió la Resolución recurrida, 

mediante la cual y pertinente al recurso ante nos, mantuvo en efecto 

la pena por reincidencia habitual dictada en la Sentencia de 

epígrafe.

6 Expresó que, a los fines de determinar la aplicación de la 

reincidencia habitual, el Ministerio Público debía probar que Quiles 

López había cometido uno de los delitos comprendidos en el Art. 

81(c) del Código Penal de 2004, supra. Sobre ello, particularizó que, 

en el caso de autos, entre los delitos por los cuales fue acusado y 

5 Anejo VII, págs. 26-30.

6 Anejo VIII, págs. 31-36; Anejo IX, pág. 37.
KLCE202300087 4

convicto Quiles López se encontraba el robo agravado, clasificado 

como un delito grave de segundo grado, y, además, que este había 

sido convicto y sentenciado por dos (2) delitos graves por violaciones 

a la Ley de Sustancias Controladas, supra. Razonó que los Arts. 401, 

405, 411 o 411(a) de la Ley de Sustancias Controladas, supra, eran

los únicos por los cuales, de resultar convicto en un procedimiento 

posterior, permitirían aplicar la reincidencia habitual por la 

convicción de delitos graves en tiempos diversos e independientes. 

No obstante, concluyó que los citados artículos eran adicionales al

delito grave de primer grado o un delito grave de segundo grado o 

cualquier delito grave en violación a la Ley de Explosivos de Puerto 

Rico, Ley Núm. 134 de 28 de junio de 1969, 25 LPRA sec. 561 et 

seq., y a la Ley Contra el Crimen Organizado, Ley Núm. 33 de 13 de 

junio de 1978, 25 LPRA sec. 971 et seq. Además, añadió que Quiles 

López aceptó la alegación de reincidencia habitual, previo a 

comenzar el juicio, relevando así al Ministerio Público de presentar 

prueba sobre ello durante el juicio.

En desacuerdo, el 6 de diciembre de 2022, Quiles López 

presentó una solicitud de reconsideración.7 Por su parte, el 

Ministerio Público se opuso.8

Tras la denegatoria del petitorio de reconsideración,

9 y en 

desacuerdo aún, el peticionario acudió ante esta Curia mediante 

recurso de certiorari, el 27 de enero de 2023, y le imputó al foro 

primario la comisión del siguiente error:

Erró el TPI al no corregir la Sentencia en el Caso 

Número ISCR200601389, por infracción al Artículo 199 

del Código Penal de 2004, por robo agravado, a los fines 

de eliminar la reincidencia habitual impuesta contra el 

peticionario.

En cumplimiento de nuestra Resolución emitida el 30 de enero 

de 2023, compareció la parte recurrida mediante Escrito en 

7 Anejo X, págs. 38-41.

8 Anejo XI, págs. 42-45.

9 Anejo I, pág. 1; Anejo II, pág. 2.
KLCE202300087 5

Cumplimiento de Resolución, por lo que, contando con la posición de 

las partes, procedemos a resolver.

II.

A. El recurso de certiorari

El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por 

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que 

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. Art. 670 

del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA sec. 

3491; Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372 (2020), citando 

a Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917-918 (2009). A diferencia 

del recurso de apelación, el tribunal superior puede expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional. Íd. Sin embargo, esa discreción 

no es irrestricta. Íd. Así, el Tribunal Supremo ha expresado que los 

jueces, so pretexto de ejercer su discreción, no pueden olvidarse de, 

ni relegar a un segundo plano, los mandatos y dictados de nuestra 

Constitución y los de las leyes, pertinentes a la cuestión en 

controversia. De esa forma, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, fija unos criterios para que el 

tribunal revisor intermedio ejerza prudentemente su discreción al 

decidir si atiende en los méritos el recurso. Íd. La referida Regla 

dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto 

de certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
KLCE202300087 6

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. Íd.

La deferencia que se le confiere al foro primario descansa en 

un marco de discreción y razonabilidad. Pueblo v. Rivera Montalvo, 

supra. En ese sentido, esa discreción es una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera. Íd. Los tribunales revisores podremos sustituir el criterio 

que utilizó el foro primario por el nuestro únicamente cuando 

existen circunstancias extraordinarias en las que se pruebe que el 

foro primario actuó con pasión, prejuicio o parcialidad, incurrió en 

craso abuso de discreción o en error manifiesto o de derecho. Íd. Un 

juzgador incurre en pasión, prejuicio o parcialidad si actúa movido 

por inclinaciones personales de tal intensidad que adopta 

posiciones, preferencias o rechazos con respecto a las partes o sus 

causas que no admiten cuestionamiento, sin importar la prueba 

recibida en sala e incluso antes de que se someta prueba alguna. Íd. 

Por otro lado, un tribunal puede incurrir en abuso de discreción 

cuando el juez: (1) ignora sin fundamento algún hecho material 

importante que no podía pasar por alto; (2) concede demasiado peso 

a un hecho inmaterial y funda su decisión principalmente en ese 

hecho irrelevante, o (3) a pesar de examinar todos los hechos del 

caso, hace un análisis liviano y la determinación resulta irrazonable. 

Íd. Por último, un juzgador incurre en error manifiesto que justifica 

la intervención del tribunal apelativo cuando la apreciación de la 

prueba se distancia de la realidad fáctica o es inherentemente 

imposible o increíble. Íd.
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B. Regla 192.1 de Procedimiento Criminal 

La persona que resulta convicta puede atacar colateralmente la 

pena impuesta mediante el mecanismo provisto por la Regla 192.1 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1; Pueblo v. 

Rosario Paredes, 2022 TSPR 46, 209 DPR ___ (2022); Pueblo v. 

Rivera Montalvo, supra; Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809 

(2007). La Regla 192.1 dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

Quiénes pueden pedirlo. Cualquier persona que se 

halle detenida en virtud de una sentencia dictada por 

cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia y que 

alegue el derecho a ser puesta en libertad porque (1) la 

sentencia fue impuesta en violación de la Constitución 

o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la 

Constitución y las leyes de Estados Unidos, o (2) el 

tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha 

sentencia, o (3) la sentencia impuesta excede de la pena 

prescrita por la ley, o (4) la sentencia está sujeta a 

ataque colateral por cualquier motivo, podrá presentar 

una moción a la sala del tribunal que impuso la 

sentencia para que anule, deje sin efecto o corrija la 

sentencia. (Énfasis en el original)

La moción para dichos fines podrá ser presentada en 

cualquier momento. En la moción deberán incluirse 

todos los fundamentos que tenga el peticionario para 

solicitar el remedio provisto en esta regla. Se 

considerará que los fundamentos no incluidos han sido 

renunciados, salvo que el tribunal, con vista de una 

moción subsiguiente, determine que no pudieron 

razonablemente presentarse en la moción original.

El recurso provisto por la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, está disponible solamente cuando una sentencia 

adolece de un defecto fundamental que inevitablemente es contrario 

al debido proceso de ley. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 966 

(2010). La referida Regla es de naturaleza excepcional y le permite 

al convicto revisar la sentencia en cualquier momento posterior, aun 

si la sentencia es final y firme. Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra; Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646 (2012); 

Pueblo v. Román Mártir, supra, págs. 823 y 828.

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, también 

requiere que se incluyan en la moción todos los fundamentos que 

tenga el peticionario para solicitar el remedio o, por el contrario, se 
KLCE202300087 8

entienden renunciados. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 823. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que la Regla mencionada 

se limita a planteamientos de derecho y no puede utilizarse para 

revisar cuestiones de hecho. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 

966; Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 824.

El proceso establecido en la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, es de naturaleza civil y, por tanto, el peticionario 

tiene el peso de la prueba de demostrar que tiene derecho al remedio 

solicitado. Pueblo v. Hernández Doble, 2022 TSPR 130, resuelto el 1 

de noviembre de 2022; Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 826;

Pueblo v. Rivera Crespo, 167 DPR 812, 820-821 (2006). El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que una moción al amparo de 

la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, puede ser 

rechazada de plano si de su faz no se demuestra que el peticionario 

tiene derecho a algún remedio. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 

826. Es el peticionario quien debe poner en condiciones al tribunal 

de resolver la controversia. Íd. Ello se logra a través de la exposición 

de datos y argumentos de derecho concretos y, de cumplir con esto, 

se hace “imperiosa la celebración de una vista para atender sus 

fundados planteamientos constitucionales, o de ausencia de 

jurisdicción, o de ilegalidad de la pena impuesta [...]”. Íd., págs. 826-

827. Finalmente, al evaluar este recurso debemos tomar en 

consideración “que el proceso de impartir justicia incluye la debida 

protección del principio de finalidad de los procedimientos penales”. 

Íd., pág. 827.

C. La reincidencia habitual

El derogado Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4629 et 

seq.,

10 establecía tres (3) tipos de reincidencia dirigidas a la persona 

10 Es preciso destacar que el caso de autos se rige por las disposiciones del 

derogado Código Penal de 2004, supra.
KLCE202300087 9

condenada en más de una ocasión: (1) reincidencia simple; (2) 

reincidencia agravada; y (3) reincidencia habitual.

En lo atinente a la controversia ante nos, el Art. 81(c) del 

Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4709(c), establecía lo siguiente

sobre la reincidencia habitual:

[. . .]

(c) Habrá reincidencia habitual cuando el que ha sido 

convicto y sentenciado por dos o más delitos graves, 

cometidos y juzgados en tiempos diversos e 

independientes unos de otros, cometa posteriormente 

un delito grave de primer grado o un delito grave de 

segundo grado o cualquier delito grave en violación a 

la Ley de Explosivos de Puerto Rico, Ley Núm. 134 de 

28 de junio de 1969 y a la Ley Contra el Crimen 

Organizado, Ley Núm. 33 de 13 de junio de 1978, 

violación a los Artículos 401, 405, 411 y 411(a) de la Ley 

de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 

de 23 de junio de 1971 o a los Artículos 2.14, 5.03 y 

5.07 de la Ley de Armas de Puerto Rico, según 

enmendadas. La pena a aplicar será de noventa y 

nueve (99) años. (Énfasis nuestro).

Es decir, la reincidencia habitual se configuraba cuando una 

persona cometía cualquiera de los delitos esbozados en el Art. 81(c), 

supra, si anteriormente había sido convicta y sentenciada por dos o 

más delitos graves, cometidos y juzgados en tiempos distintos e 

independientes unos de otros. Por otro lado, el precitado artículo 

disponía que la pena aplicable para la reincidencia habitual sería de

noventa y nueve (99) años.

Por otro lado, sabido es que, en un proceso criminal, la 

persona acusada solo puede ser juzgada por el delito que se le 

impute en la acusación. Pueblo v. Montero Luciano, 169 DPR 360, 

375 (2006). A tenor con ello, la Regla 48 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, R. 48, dispone que una acusación o denuncia no 

deberá contener alegación alguna de convicciones anteriores de la 

persona acusada, a menos que una alegación en tal sentido fuere 

necesaria para imputar la comisión de un delito, o para alegar la 

condición de reincidente, de subsiguiente o de delincuencia habitual 

en relación con la persona acusada. Dicha disposición establece, 
KLCE202300087 10

expresamente, la obligación del Ministerio Público de alegar las 

convicciones anteriores de la persona acusada en la acusación o 

denuncia si pretende establecer la condición de reincidente y que se 

le imponga una pena mayor a esta de resultar convicta. Pueblo v. 

Montero Luciano, supra. Véase, además, Pueblo v. Pagán Rojas et al., 

187 DPR 465 (2012). Ello, forma parte de la protección 

constitucional de la persona acusada de estar debidamente 

informada de los cargos en su contra, y con la obligación del 

Ministerio Público de probar todos los elementos de un delito más 

allá de duda razonable. Íd.

Ahora bien, cuando la acusación imputare un delito en algún 

grado de reincidencia, la persona acusada podrá, al momento de 

hacer alegación, o en cualquier ocasión posterior siempre que fuere 

antes de leerse la acusación al jurado, admitir la convicción o 

convicciones anteriores y, en tal caso, no se hará saber al jurado en 

forma alguna la existencia de dicha convicción o convicciones. 34 

LPRA Ap. II, R. 68.

Sobre ese particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

enfatizado que, cuando en una acusación se alegan convicciones 

previas de la persona acusada, esta tiene dos cursos de acción, a 

saber: (1) aceptar las convicciones anteriores, o (2) negarlas. Pueblo 

v. Montero Luciano, supra. Si la persona acusada acepta las 

convicciones previas, el Ministerio Público no puede mencionarlas 

durante el juicio. Íd. Es decir, la admisión de la convicción previa de 

parte de la persona acusada releva al Ministerio Público de probar 

la comisión de los delitos anteriores alegados en la acusación. Íd. 

Por el contrario, si la persona acusada niega las convicciones 

previas, el Ministerio Público está en la obligación de probar las 

convicciones anteriores durante el juicio, como cualquier otro 

elemento del delito. Íd., págs. 375-376. 
KLCE202300087 11

A su vez, nuestro más Alto Foro ha analizado la validez 

constitucional de estatutos que imponen penas mayores a aquellas 

personas que han sido convictas por delitos en más de una ocasión. 

Pueblo v. Montero Luciano, supra, pág. 378. En esas instancias, al 

sostener la constitucionalidad de estos estatutos, el Tribunal 

Supremo ha realizado un análisis de los propósitos de la Asamblea 

Legislativa al imponer unas penalidades mayores a los delincuentes 

habituales. Íd. A modo ilustrativo, en Pueblo v. Reyes Morán, 123 

DPR 786 (1989), el Tribunal Supremo resolvió que la imposición de 

una penalidad adicional, para quien hubiese sido convicto en más 

de dos ocasiones, era parte de las prerrogativas constitucionales de 

la Asamblea Legislativa. Asimismo, concluyó que la Rama 

Legislativa podía legislar para imponer a los delincuentes habituales 

una penalidad mayor dentro de la autoridad que 

constitucionalmente le asistía para la imposición de castigos. Pueblo 

v. Montero Luciano, supra. A tenor con lo anterior, nuestro más Alto 

Foro determinó que ello no violaba la cláusula contra castigos 

crueles e inusitados, consagrada en el Art. II, Sec. 12, Const. ELA, 

LPRA, Tomo 1. Pueblo v. Reyes Morán, supra, pág. 797.

III.

El peticionario comparece ante nos y solicita la revocación del 

dictamen emitido por el foro primario mediante el cual, en lo 

pertinente, mantuvo en efecto la pena por reincidencia habitual 

dictada en la Sentencia de epígrafe. En esencia, sostiene que la 

segunda parte del Art. 81(c) del Código Penal de 2004, supra, 

excluye de forma definitiva el Art. 404 de la Ley de Sustancias 

Controladas, supra, como delito cometido para justificar la alegación 

de reincidencia habitual.11 A su vez, señala que el citado Art. 404

regula la reincidencia, toda vez que dispone cómo habrá de 

11 Véase, Certiorari Criminal, págs. 7-8.
KLCE202300087 12

castigarse a una persona que haya sido convicta previamente y 

cometa posteriormente otra infracción al mismo artículo.12 Sobre 

ese particular, el peticionario invoca la aplicación de Pueblo v. 

Ramos Rivas, 171 DPR 826 (2007), a los efectos de la aplicabilidad 

del principio de especialidad cuando hay un concurso aparente de 

leyes.

13

Hemos examinado con detenimiento el recurso ante nos y 

tomando en consideración las normas antes expresadas debemos 

sopesar si procede nuestra intervención, según los criterios 

establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.

De una lectura de la Resolución recurrida, surge que el TPI

basó su determinación en lo expresamente estatuido en el Art. 81(c) 

del Código Penal de 2004, supra, sobre la aplicabilidad de la 

reincidencia habitual en el caso de autos. Según esbozáramos 

anteriormente, el Art. 81(c) del Código Penal de 2004, supra, dispone 

que la reincidencia habitual se da cuando el que ha sido convicto y 

sentenciado por dos o más delitos graves, cometidos y juzgados en 

tiempos diversos e independientes, cometa posteriormente un 

delito grave de primer grado o un delito grave de segundo grado o, 

en lo atinente, cualquier delito grave en violación a los Arts. 401, 

405, 411 y 411(a) de la Ley de Sustancias Controladas, supra. En el 

caso de autos, el peticionario fue convicto y sentenciado en el año 

2001 y 2002 por violaciones a los Arts. 404-A y 404 de la Ley de 

Sustancias Controladas, supra. Es decir, el peticionario fue convicto 

y sentenciado por dos delitos graves. Ahora bien, posteriormente, 

fue convicto y sentenciado, entre otros, por robo agravado, un delito 

clasificado como grave de segundo grado, estatuido por el Art. 199 

del Código Penal de 2004, supra. Ante ese escenario, según resuelto 

12 Íd., págs. 8-9.

13 Íd., pág. 9.
KLCE202300087 13

por el TPI, aplica la reincidencia habitual del Art. 81(c) del Código 

Penal de 2004, supra, y su pena correspondiente.

Cabe destacar que los delitos incluidos en el citado Art. 81(c)

del Código Penal de 2004, supra, fueron separados por la 

conjugación “o”. Esta conjunción disyuntiva fue utilizada por la 

Asamblea Legislativa para denotar alternativas entre los delitos allí 

esbozados. Por tal razón, no tiene cabida las alegaciones del 

peticionario en cuanto a que, posterior a sus previas convicciones, 

tiene que ser encontrado culpable por violaciones a los Arts. 401, 

405, 411 o 411(a) de la Ley de Sustancias Controladas, supra. Se 

desprende claramente del citado Art. 81(c) del Código Penal de 2004, 

supra, que estos son en adición a los demás delitos, en el caso de 

autos, al delito grave de segundo grado, como lo es el robo agravado.

Asimismo, del expediente surge que, el peticionario aceptó la 

reincidencia habitual previo a la celebración del juicio en su contra, 

por lo cual, al así hacerlo, relevó al Ministerio Público de probar la 

convicción por los delitos previos (por infracción al Art. 404 de la Ley 

de Sustancias Controladas). Es decir, la aceptación de la 

reincidencia habitual por parte del peticionario acarreó la 

consecuencia de la imposición de noventa y nueve (99) años de 

cárcel al momento del TPI dictar las penas por los nuevos delitos. 

Ante ese escenario fáctico, el foro sentenciador carecía de discreción 

para no imponer la pena estatuida para la reincidencia habitual 

imputada por el Ministerio Público y aceptada por el peticionario. 

Por consiguiente, el foro primario no abusó de su discreción, ni 

medió pasión, prejuicio o parcialidad, al mantener en efecto la pena 

por reincidencia habitual dictada en la Sentencia de epígrafe.

Por otro lado, tras examinar lo resuelto en Pueblo v. Ramos 

Rivas, supra, según propuesto por el peticionario, colegimos que su 

precedente no es de aplicación al caso de autos. Nos explicamos. 

Allí, el Tribunal Supremo concluyó que, en casos donde se plantee 
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un conflicto entre la disposición de reincidencia del Código Penal de 

1974 y la Ley de Sustancias Controladas, supra, procede aplicar lo 

dispuesto en la ley especial, conforme el principio de especialidad 

estatuido en el Código Penal. 

No obstante, a diferencia del caso de epígrafe, en Ramos Riva

la allí peticionaria fue acusada por una violación al Art. 401 de la 

Ley de Sustancias Controladas, supra, y se declaró culpable por 

violación al Art. 406 de la misma Ley. En Ramos Riva hubo una 

infracción a la Ley de Sustancias Controlada, supra, con 

posterioridad a las convicciones que tuvo la peticionaria bajo esa 

misma Ley. Sin embargo, en el caso de autos, el delito que se cometió 

posterior a las convicciones bajo la Ley de Sustancias Controladas, 

supra, fue por un delito grave general estatuido en el Código Penal 

de 2004, no en una ley especial. Por tanto, los hechos del caso de 

epígrafe se distinguen por lo que no es de aplicación el principio de 

especialidad aplicado a un cuadro fáctico distinto expuesto en 

Pueblo v. Ramos Rivas, supra.

Luego de evaluar el expediente ante nos y la normativa antes 

señalada, concluimos que no concurren los criterios que justifiquen 

nuestra intervención sobre la Resolución recurrida, la cual no se 

aparta del estado de derecho vigente y aplicable al asunto 

presentado por el peticionario. Es preciso señalar que, nuestro más 

Alto Foro ha establecido que dicha disposición estatutaria, la cual 

implica la lamentable separación permanente de la sociedad, no es 

inconstitucional, por lo que los tribunales, tanto el foro primario 

como esta Curia, carecen de discreción para no aplicarla. Pueblo v. 

Reyes Morán, 123 DPR 786 (1986). Tampoco identificamos indicio 

de pasión, parcialidad o error manifiesto en la determinación 

emitida por el TPI. En mérito de lo anterior y al amparo de lo 

dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 
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Apelaciones, supra, no procede la expedición del auto de certiorari, 

según presentado.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari presentado por Quiles López.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones