EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

Julio C. Matos Zayas y 

Brenda Sostre Rivera

Peticionarios

v.

Registradora de la Sección II 

del Registro de la Propiedad 

de Carolina, Hon. Edna C. 

Bonnet Vázquez

Recurridos

2023 TSPR 148

213 DPR ___

Número del Caso: RG-2023-0002

Fecha: 22 de diciembre de 2023

Abogado de la parte peticionaria:

Lcdo. Ramón Rivera Cano

Registradora de la Propiedad:

Hon. Edna C. Bonet Vázquez

Abogados de los Amicus Curiae:

Colegio Notarial de Puerto Rico:

Lcdo. Arsenio Comas Rodón

Lcda. Virmarily Pacheco Rivera

Lcdo. Luis Rafael Rivera Rivera

Materia: Derecho Registral: Jurisdicción del Tribunal Supremo sobre 

un Recurso Gubernativo; efecto de una falla tecnológica al notificar 

el aviso de solicitud de recalificación mediante correo electrónico.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso 

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal 

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público 

a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Julio C. Matos Zayas y 

Brenda Sostre Rivera

Peticionarios 

v.

Registradora de la Sección 

II del Registro de la

Propiedad de Carolina, Hon. 

Edna C. Bonnet Vázquez 

Recurridos

RG-2023-0002

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado Señor 

ESTRELLA MARTÍNEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2023.

 En esta ocasión, este Tribunal debe intervenir en un 

asunto estrictamente procesal con el fin de salvaguardar el 

principio cardinal de justicia que sirve de base para 

nuestro ordenamiento jurídico registral. Confrontados con 

el cumplimiento de una parte con las exigencias 

reglamentarias que no pudo consumarse debido a una falla 

tecnológica, nos corresponde entonces trazar el camino a 

seguir en situaciones de esta índole. Comenzamos, pues, con 

un recuento de los hechos que enmarcan la controversia ante 

nuestra consideración.

I

El 25 de enero de 2023 y el 2 de febrero de ese mismo 

año, el Lcdo. Ramón Rivera Cano (notario Rivera Cano) 
 RG-2023-0002 2

otorgó, respectivamente, dos (2) instrumentos públicos: uno 

de Partición parcial, adjudicación y liquidación de bienes 

hereditarios y otro de Donación. Ambos escritos fueron 

presentados para inscripción ante el Registro de la 

Propiedad el 23 de febrero de 2023. 

Sin embargo, el 5 de julio de 2023, la Registradora de 

la Propiedad para la Sección II de Carolina, la Hon. Edna 

C. Bonnet Vázquez (Registradora), emitió una Carta de 

notificación para cada una de las escrituras presentadas. 

En ambas, identificó ciertas faltas que debían corregirse 

previo a ser inscritas en el Registro. En lo pertinente,

advirtió del derecho a presentar un escrito de 

recalificación y señaló las fechas más importantes: la fecha 

de consentida el 26 de julio de 2023 y la fecha de caducidad 

para el asiento el 5 de septiembre de 2023.1

El 24 de julio de 2023, el notario Rivera Cano, en 

representación de sus clientes, el Sr. Julio C. Matos Zayas 

y la Sra. Brenda Sostre Rivera, presentó a través del 

Registro Inmobiliario Digital de Puerto Rico Karibe 

(Karibe) un Escrito de recalificación para cada una de las 

notificaciones de faltas que emitió la Registradora.2 Según 

alegó en su recurso, en esa misma fecha el notario, procedió 

 

1Apéndice de Recurso gubernativo, págs. 6 y 26. 

2Íd., págs. 1-4 y 21-24. 
 RG-2023-0002 3

a enviar unos correos electrónicos a la Registradora.3 Esto 

tenía el objetivo de informarle de la presentación de los 

Escritos de recalificación como documentos complementarios 

al asiento, conforme lo exige la Regla 241.3 del Reglamento 

para la ejecución de la Ley del Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

infra.

Este narró que, días más tarde, llamó a la oficina de 

la Registradora para cuestionar por qué no se había 

extendido una nota de interrupción sobre los asientos tras 

la presentación oportuna de los escritos. Según el notario 

Rivera Cano, en ese momento fue informado que sus correos 

electrónicos no habían sido recibidos por

la Registradora dentro de los veinte (20) días 

desde que fueron notificadas las deficiencias en las 

escrituras, por lo que no procedía atender los escritos en 

los méritos.

En lo pertinente, el notario Rivera Cano sostuvo que,

acto seguido, colaboró con la Sección de Informática del

Departamento de Justicia (Informática) con el fin de 

precisar la razón por la que la Registradora no había 

recibido los correos electrónicos. Indicó que, al cabo de 

unos días, Informática determinó que el sistema de correos

electrónicos del Departamento de Justicia había bloqueado 

 

3Apéndice de Moción urgente en auxilio de jurisdicción, 

págs. 13-14. 
 RG-2023-0002 4

y retenido en su servidor central los correos electrónicos 

del notario hacia la Registradora. Relató que, a pesar de 

comunicarle de este hecho a la Registradora, esta mantuvo 

inalterada su posición con respecto a la falta de 

cumplimiento con la notificación. 

A raíz de lo anterior, el notario Rivera Cano instó el 

Recurso Gubernativo que nos ocupa. En su comparecencia, este 

arguyó que cumplió con lo exigido en ley mediante el envío 

oportuno de las notificaciones, que es lo único sobre lo 

que tiene control, y que fue el propio servidor del 

Departamento de Justicia lo que obstaculizó su entrega 

efectiva, de lo cual no tuvo sospecha o advertencia 

posterior. A esto añadió que la Registradora tenía a su 

alcance los Escritos de recalificación, los cuales fueron 

presentados en Karibe durante el término para ello y que el 

sistema debió alertarle de ello. Además, sostuvo que el 

requerimiento de notificación por correo electrónico es un 

ejercicio de duplicidad fútil que desnaturaliza el 

propósito de la digitalización del sistema. Asimismo,

argumentó en los méritos su oposición a los señalamientos 

de deficiencias emitidos por la Registradora y, finalmente, 

razonó que, al negarse a atender los Escritos de 

recalificación a pesar de una presentación oportuna, la 

Registradora denegó la inscripción de facto por lo que 

procede nuestra revisión. 
 RG-2023-0002 5

Por su parte, la Registradora presentó una Moción 

solicitando desestimación por incumplimiento con Artículo 

241, Artículo 245 y Regla 241.3 de la Ley 210 conocida como 

Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico del 8 de diciembre de 2015. 

En esta, arguyó que, en ausencia de una notificación de 

denegatoria de inscripción, el notario Rivera Cano no podía 

acudir ante este Tribunal. Afirmó que los Escritos de 

recalificación no fueron presentados conforme a Derecho, 

pues no se envió de forma inmediata la notificación a su 

correo electrónico y el Registro de la Propiedad no puede 

responsabilizarse por los problemas que confronten los 

notarios con sus cuentas de correo electrónico. Precisó que 

Karibe no envía notificación alguna cuando se aneja un 

documento complementario a un asiento, por lo que es 

responsabilidad del notario notificar al Registrador y que, 

en este caso, el notario Rivera Cano intentó corroborar el 

recibo de los Escritos pasada la fecha de consentida. 

Finalmente, rechazó que ocurriera una denegación de facto

de los Escritos.

Asimismo, el 6 de septiembre de 2023, el Colegio 

Notarial de Puerto Rico (Colegio Notarial) compareció ante 

este Tribunal mediante una Solicitud de autorización para 

comparecer como amicus curiae. Este Tribunal así lo concedió 

mediante una Resolución y el 2 de octubre de 2023, el 

Colegio Notarial presentó su Alegato como amicus curiae.
 RG-2023-0002 6

 Trabada así la controversia, y con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver el 

asunto, no sin antes repasar el Derecho aplicable a la 

controversia. 

II.

A.

 Como se sabe, los tribunales deben atender con 

prioridad los asuntos jurisdiccionales que son traídos a su 

atención. Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364, 372 

(2018). La razón para ello es que un tribunal sin 

jurisdicción está impedido de atender los méritos de la 

controversia. Oriental Bank v. Quiñones Vigo, 209 DPR 384, 

390 (2022). En fin, la jurisdicción es la autoridad que 

tienen los tribunales para atender y decidir casos o 

controversias. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 

254, 268 (2018). 

 De ordinario, este Tribunal posee jurisdicción para 

atender mediante un recurso gubernativo la calificación 

final de un Registrador de la Propiedad en la cual se 

deniega el asiento solicitado por el peticionario. Art. 

3.002(h) de la Ley Núm. 201-2003, conocida como la Ley de 

la Judicatura de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA sec. 24s; Regla 

27 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B.

Es decir, el recurso gubernativo procede con el fin de 

revisar la calificación de un registrador que suspenda o 

deniegue la inscripción o anotación de un documento 
 RG-2023-0002 7

presentado para su registración, por lo que nuestra 

jurisdicción se activa tras la denegatoria o suspensión de 

la inscripción. FirstBank Puerto Rico v. Registradora de la 

Propiedad de Ponce, 208 DPR 64, 76 (2021). 

 Conforme dispone el Art. 244 de la Ley del Registro de 

la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, Ley Núm. 210 de 2015, según enmendada, 30 LPRA 

sec. 6404, “[e]l notario, funcionario autorizado o el 

interesado podrá recurrir ante el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico contra la calificación final del documento, mediante 

la presentación de un recurso gubernativo. No obstante, no 

podrá interponer el recurso quien no haya radicado 

oportunamente el escrito de recalificación”.

Consecuentemente, según establecido en el Art. 245 del mismo 

estatuto, “[e]l notario, funcionario autorizado o el 

interesado, podrá radicar recurso gubernativo ante el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico dentro del término 

improrrogable de veinte (20) días a partir de la 

notificación de la denegatoria”. 30 LPRA sec. 6405.

 B. 

 En nuestro ordenamiento, la facultad que define el rol 

del Registrador es la de calificar los documentos que son 

presentados ante el Registro de la Propiedad. Tal ejercicio 

consiste en examinar o comprobar la legalidad de aquello 

cuya inscripción en el Registro de la Propiedad se aspire. 

L.R. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario 
 RG-2023-0002 8

Puertorriqueño, 3ra ed., San Juan, Jurídica Eds., 2012, pág. 

275. Sin tal función “no podría cumplirse el principio de 

legalidad que gobierna el sistema inmobiliario registral”, 

el cual materializa “el propósito de que el Registro 

encierre solo actos válidos y derechos perfectos”. United 

Surety v. Registradora, 192 DPR 187, 201 (2015); Popular 

Mortg. v. Registrador, 181 DPR 625, 631 (2011). A la luz de 

tal imperativo, se consideran válidos y perfectos aquellos 

títulos que reúnen los requisitos estatutarios o 

reglamentarios. Western Fed. Savs. Bank v. Registrador, 139 

DPR 328, 332-333 (1995). 

 Si un notario, funcionario autorizado o interesado no 

está conforme con la calificación que emite el Registrador, 

este tiene derecho a presentar dentro del término 

improrrogable de veinte (20) días un escrito de 

recalificación exponiendo sus objeciones a la calificación, 

los fundamentos legales y una solicitud específica de lo 

que interesa. Art. 241 de la Ley Núm. 210-2015, 30 LPRA 

sec. 6401. El escrito de recalificación deberá ser recibido 

en la sección del Registro de la Propiedad correspondiente 

dentro del referido término. Íd. 

 En lo que concierne a este caso, la Regla 241.3 del 

Reglamento General para la Ejecución de la Ley del Registro 

de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, Reglamento Núm. 8814 aprobado el 31 de agosto 

de 2016, según enmendado, establece que: 
 RG-2023-0002 9

Hasta tanto el sistema de informática registral 

provea para este procedimiento, todo escrito de 

recalificación se someterá por la vía electrónica 

a través del sistema de informática registral como 

un documento complementario del documento 

notificado. Una vez sometido el escrito, el 

notario inmediatamente enviará a la dirección de 

correo electrónico del Registrador que notificó el 

documento un aviso de solicitud de recalificación 

expresando los datos de presentación del documento 

notificado. El escrito de recalificación y el 

aviso de solicitud de recalificación al 

Registrador deberán ser recibidos en el Registro 

en o antes de las doce (12:00) de la medianoche 

del último día del término correspondiente. El 

Registro no aceptará escritos de recalificación 

presentados personalmente.

Expuesto el Derecho pertinente, procedemos a discutir 

su aplicación a esta controversia.

III

En lo que nos compete en esta instancia, el notario 

Rivera Cano sostiene que la Registradora se rehúsa a aceptar 

sus Escritos de recalificación a pesar de que cumplió 

cabalmente con su responsabilidad según impuesta por la 

Regla 241.3 del Reglamento, supra. A esto añade que una 

falla en el propio servidor del Departamento de Justicia no 

puede serle atribuida y ser tomada como justificación para

negar atender en sus méritos el reclamo que presentó 

oportunamente.

Por su parte, la Registradora plantea que este Tribunal 

está impedido de atender los planteamientos del notario 

Rivera Cano porque, al no presentar un escrito de 

recalificación, no se emitió una nota de denegatoria de 

inscripción y, por lo tanto, no se materializaron los 
 RG-2023-0002 10

requisitos jurisdiccionales para revisar la calificación 

del Registrador. Insiste en que el notario incumplió con el 

requisito de notificación dentro del término establecido, 

pues los correos electrónicos no entraron a su buzón previo 

al transcurso de la fecha de consentida. Arguye que, toda 

vez que Karibe no envía notificaciones, es responsabilidad 

del notario, no del Registro de la Propiedad, asegurarse 

que su notificación sea recibida a tiempo. 

De entrada, es imperativo disponer del planteamiento 

jurisdiccional que trae la Registradora ante nuestra 

consideración. 

Según se indicó, nuestra capacidad para revisar 

mediante un Recurso Gubernativo la suspensión, denegación 

o anotación de un documento presentado ante el Registro de 

la propiedad depende de que: (1) se haya presentado un 

escrito de recalificación oportuno ante el Registrador de 

la Propiedad correspondiente, y (2) tome lugar una 

denegatoria o suspensión de la inscripción.

En primer lugar, conforme se discutirá más adelante, 

en este caso sí hubo una presentación oportuna de un escrito 

de recalificación. Sin embargo, en segundo lugar, es 

necesario señalar que este Tribunal ha intimado 

anteriormente que es posible revisar mediante un recurso 

gubernativo el que un Registrador de la Propiedad “hubiera 

dejado de calificar” un documento inscribible. Jiménez v. 

Registrador, 62 DPR 547, 548 (1943). Además, si bien es 
 RG-2023-0002 11

cierto que aquí no se produjo una denegatoria o suspensión 

de la inscripción, precisa destacar que, aunque el notario 

se adentra en los méritos de las deficiencias señaladas en 

su recurso, este también nos plantea a través de la Moción 

urgente en auxilio de jurisdicción, una controversia cuya 

falta de resolución imposibilita la continuación de 

procedimiento alguno en la inscripción solicitada. 

Entiéndase, la verdadera controversia que este 

Tribunal tiene ante su consideración no es la validez de 

los señalamientos que emitió la Registradora. Por el 

contrario, esta se centra, en realidad, en que este Tribunal 

representa la única vía de auxilio que tiene disponible la 

parte peticionaria ante el impasse que ha provocado un fallo 

tecnológico que obstruyó el fiel cumplimiento con la 

reglamentación atinente. Dicho de otro modo, la 

controversia que hoy debe atender este Tribunal versa, 

específicamente, sobre la consecuencia que tiene el error 

tecnológico, no atribuible a la persona que interesa la 

calificación sino al Departamento de Justicia, el cual 

interrumpió la entrega oportuna del correo electrónico del 

notario Rivera Cano.

Recuérdese, este Tribunal:

tiene amplia facultad para pasar y decidir sobre 

cualquier área relativa a la calificación de los 

documentos afectados; y no debe rehuir su acción 

supervisora del Registro de la Propiedad 

reservando su criterio de calificación, 

especialmente en aspectos que trascienden la 

particular operación de registro objeto del 

recurso, y en los que nuestra preceptiva sentará 
 RG-2023-0002 12

pauta a seguir en todas las secciones del Registro 

y del notariado en general. Hous. Inv. Corp. v. 

Registrador, 110 DPR 490, 501 (1980).

Por consiguiente, siendo este un asunto que trasciende 

la operación del registro objeto del recurso, poseemos la 

facultad para intervenir en esta etapa de los 

procedimientos. Veamos. 

Conforme se relató, el 5 de julio de 2023, la 

Registradora emitió una Carta de notificación señalando las 

faltas de cada una de las dos (2) escrituras presentadas 

por el notario Rivera Cano.4 En estas advirtió que la parte 

contaba con un término de veinte (20) días para presentar 

un escrito de recalificación y que la fecha de consentida 

era el 26 de julio de 2023.5

El notario Rivera Cano presentó un Escrito de 

recalificación para cada uno de los dos (2) asientos, uno 

con fecha de 23 de julio de 2023 y el otro 24 de julio de 

2023.6 Según surge de la prueba documental que obra en el 

expediente, el notario Rivera Cano envió dos (2) correos 

electrónicos a la dirección ebonnet@justicia.pr.gov el 24 

de julio de 2023, ambos con el mismo mensaje: “Adjunto copia 

de cortesía del Escrito de Recalificación que fuera 

presentado como documento complementario al Asiento de 

 

4Los números de asiento de presentación son 2023-

021180-CR02 y 2023-0212310CR02. 

5Apéndice de Recurso Gubernativo, págs. 6 y 26.

6Íd., págs. 1-4 y 21-24.
 RG-2023-0002 13

referencia”.7 El identificado como “Escrito de 

Recalificación – Asiento 2023-021180-CR02” fue enviado a 

las 12:05 AM y el intitulado “Escrito de Recalificación –

Asiento 2023-021231-CR02” a la 1:52 AM.8

Posteriormente, el notario Rivera Cano intercambió 

correos electrónicos durante varios días con el Sr. Emilio 

Báez Cintrón, Gerente de Sistemas de Información en la 

Oficina de Informática del Departamento de Justicia (señor 

Báez Cintrón). Esto tenía el propósito de esclarecer la 

razón por la que sus mensajes electrónicos no fueron 

entregados a la Registradora.9 El 17 de agosto de 2023, el 

señor Báez Cintrón envió un correo electrónico a la Sra. 

Janette Ruíz Colón, Supervisora de la Sección Carolina Sur 

para el Registro Inmobiliario Digital (señora Ruíz Colón). 

En este adjuntó una imagen que indica la detección de un 

mensaje del notario Rivera Cano como “spam”. El cuerpo del 

mensaje lee como sigue:

El Sistema de Justicia detecta al correo 

electrónico ramonriveracano@gmail.com como uno de 

riesgo de SPAM, por lo cual no le permitía la 

entrega de los emails. Se estableció que pudiera 

pasar a pesar de esto, pero hoy se realiza el 

 

7Apéndice de Moción urgente en auxilio de jurisdicción, 

pág. 13.

8Íd., pág. 14. Según la Carta de notificación que 

emitió la Registradora y la moción que presentó ante este 

Tribunal, la dirección de correo electrónico antes 

consignada es la correcta. Los correos electrónicos también 

fueron enviados a llrivera@justicia.pr.gov, el cual 

corresponde a la Sra. Llanilín Rivera, Técnico del Registro

de la Propiedad. 

9Íd., págs. 19-25. 
 RG-2023-0002 14

análisis con la herramienta por lo cual se procede 

a eliminar el bypass establecido para esta cuenta 

de correo electrónico. Por lo cual el Lcdo[.]

Rivera Cano debe realizar sus gestiones para 

limpiar su o sus correos electrónicos.10

Ese mismo día, la señora Ruíz Colón envió un correo 

electrónico al notario Rivera Cano. En este indicó que, 

tras corroborar con el señor Báez Citrón:

que el problema con su correo electrónico no se 

debió a contrariedades con el Sistema de 

Informática del Departamento de Justicia, [por lo 

que] se concluyó que el escrito de recalificación 

no puede ser aceptado. 

Por ende, no habiendo cumplido con los términos 

establecidos en la Ley Hipotecaria 210 y su 

Reglamento, la notificación continuará su curso. 

No obstante, estamos a su disposición para 

cualquier consulta relacionad[a] con los defectos 

señalados en la notificación.11 

 

Como puede verse, el notario Rivera Cano envió los dos 

(2) correos electrónicos con la notificación sobre la 

presentación de los Escritos de recalificación a la 

dirección correcta y dentro del término reglamentario para 

ello. No obstante, según lo explicó el señor Báez Cintrón, 

el sistema del Departamento de Justicia identificó 

erradamente la dirección de correo electrónico del notario 

Rivera Cano como uno de amenaza de “spam” y bloqueó la 

entrega de sus correos electrónicos a la Registradora. 

Entiéndase, el notario Rivera Cano dirigió correcta y 

oportunamente sus notificaciones, haciendo de esta forma 

 

10Íd., pág. 18.

 

11Íd., pág. 17. 
 RG-2023-0002 15

todo lo que estaba dentro de su poder para cumplir con la 

responsabilidad que le impone la Regla 241.3 del Reglamento, 

supra. 

Ahora bien, aunque la señora Ruíz Colón le indicó que 

ello no se debió a una “contrariedad con el Sistema de 

Informática del Departamento de Justicia”, fue precisamente 

el propio sistema el que designó la dirección electrónica 

del notario Rivera Cano como una de riesgo de “spam” e 

impidió que sus correos electrónicos fueran entregados, sin 

advertencia alguna a cualquiera de las partes incluidas en 

la comunicación. Lo que es más, no es hasta que el notario 

Rivera Cano indaga y da seguimiento al Departamento de 

Justicia por varios días, --lo que, contrario a lo que 

argumenta la Registradora, no es parte de las 

responsabilidades que impone el Reglamento--, que se 

produce una respuesta a la interrogante sobre la falta de 

entrega de sus comunicaciones. Aun así, demostrado no solo 

el envío correcto y oportuno de las notificaciones, sino 

también que cualquier dilación en la entrega no podía ser 

atribuida a este, el notario Rivera Cano fue informado que 

incumplió con el requisito de notificación y, por ende, sus 

Escritos de recalificación no serían aceptados. 

En este punto, es importante contrastar esta situación 

con la que confrontamos en B.L. Invest., Inc. v. 

Registradora, 158 DPR 220 (2002), la cual, aunque no 

análoga, comparte ciertos paralelismos con el caso que está 
 RG-2023-0002 16

hoy ante nuestra consideración. A modo de resumen, en

aquella controversia la Registradora de la Propiedad se 

negó a recibir un documento en el que se hacía referencia 

a un escrito de recalificación y, en consecuencia, determinó 

que había transcurrido el término para solicitar la 

recalificación. 

En específico, tras la identificación de ciertas 

faltas a la escritura cuya inscripción se solicitaba, el 

notario envió un primer escrito de recalificación por correo 

certificado que, a pesar de haber sido enviado y recibido

en el Departamento de Justicia dentro del término, no fue 

recibido por la Registradora de la Propiedad oportunamente

y, por consiguiente, no fue acogido como tal, sino como uno 

de subsanación. Posteriormente, después del señalamiento de 

faltas adicionales, otro escrito y la notificación de otras 

faltas, se envió un tercer escrito de recalificación. No 

obstante, la Registradora de la Propiedad sostuvo que 

tampoco lo recibió y, tras la caducidad del asiento de 

presentación, se negó a recibir un documento que demostraba 

su presentación oportuna. Similarmente, cuando el notario 

acudió ante este Tribunal, la Registradora alegó que 

carecíamos de jurisdicción. 

En aquel entonces, con respecto al primer escrito de 

recalificación, determinamos que fue el Departamento de 

Justicia quien tardó nueve (9) días en entregar a la 

Registradora el documento, por lo que “[e]ste trámite 
 RG-2023-0002 17

interno es claramente independiente de la obligación de la 

parte interesada de presentar el escrito de recalificación 

en el Registro o de remitirlo” dentro del término 

reglamentario, por lo que “[r]esulta inapropiado penalizar 

a la parte interesada por un trámite interagencial entre el 

Departamento de Justicia y el Registro de la Propiedad”. 

(Énfasis suplido). Íd., págs. 228-229. En lo que respecta 

al tercer escrito de recalificación, de igual forma 

concluimos que, debido a la evidencia que obraba en el 

expediente, era evidente que este escrito también había 

sido presentado oportunamente, aun cuando la Registradora 

de la Propiedad argumentaba que nunca lo recibió. A la luz 

de estos hechos, este Tribunal ordenó a la Registradora a 

que actuara sobre la solicitud de recalificación, en aquel 

caso la tercera. 

Según puede apreciarse, hemos sido consecuentes en que 

las deficiencias en los trámites internos del Departamento 

de Justicia y el Registro de la Propiedad no pueden ser 

usados en contra de una parte que actuó correctamente dentro 

del marco de sus obligaciones. La diferencia entre la 

entrega por correo regular y la entrega del correo 

electrónicamente que caracteriza a ambos casos es 

irrelevante en lo que respecta a este principio. 

Conforme indicamos en FirstBank Puerto Rico v. 

Registradora de la Propiedad de Ponce, supra, pág. 70, la 

intención clara de la Ley Núm. 210-215, supra, es hacer los 
 RG-2023-0002 18

procesos registrales más eficientes a través de la 

digitalización y el uso de la tecnología. Sin embargo, a 

pesar de su valor incalculable en la evolución de nuestro 

Derecho Registral, la tecnología no es infalible y la 

controversia ante nuestra consideración así lo ejemplifica 

diáfanamente. En consecuencia, adscribirle tal falla de 

forma inflexible a un notario que actuó en línea con las 

exigencias estatutarias e imponerle el peso de las 

repercusiones que ello acarrea, en este caso la caducidad 

del asiento presentado, no obra en servicio de la eficiencia 

o la justicia. Al contrario, ello opera activamente en 

contra de los principios que promueve, no solo el estatuto 

imperante, sino también los que guían nuestro ordenamiento. 

Por tanto, tomando en consideración los hechos 

particulares de esta controversia y demostrado así el 

cumplimiento con la presentación oportuna de los Escritos 

de recalificación y el envío de las notificaciones por 

correo electrónico, las cuales no fueron entregadas a tiempo

por una falla tecnológica fuera del alcance del remitente, 

procede que se dé por cumplida la Regla 241.3 del 

Reglamento, supra, y se continúe con el trámite ante la 

consideración de la Registradora. 

Ante ese cuadro, descargamos nuestra responsabilidad 

de pautar una interpretación cónsona con el mandato 

legislativo expuesto. En la misma línea, es imperativo 

remarcar la comparecencia como amicus curiae del Colegio 
 RG-2023-0002 19

Notarial, la cual demuestra cuán propensa a repetirse es 

esta controversia debido a una falla a gran escala en el 

sistema de presentación de escritos de recalificación. En 

esta, el Colegio Notarial destaca que el Sistema Karibe 

adolece de ciertas carencias que afectan la coordinación 

entre el Registro y la práctica de la notaría, 

particularmente la ausencia de un andamiaje para la 

interposición y notificación directa y automática de 

escritos de recalificación.

Al respecto, señala que la propia Regla 241.3 del 

Reglamento, supra, reconoce que Karibe carece de una 

herramienta apropiada para ello, indicando que “[h]asta 

tanto el sistema de informática registral provea para este 

procedimiento”, la parte interesada en presentar el escrito 

tiene que instarlo como un documento complementario y 

entonces notificar su presentación externamente mediante un 

correo electrónico. Argumenta, no solo que ello no es 

necesario en sistemas análogos como el Sistema Unificado de 

Manejo y Administración de Casos (SUMAC) y el Sistema 

Unificado de Rentas Internas (SURI), sino que también impone 

sobre el notario la responsabilidad de notificar al 

Registrador y, con ello, las consecuencias de cualquier 

falla que ocurra en el trámite, según lo ejemplifica este 

caso. Ciertamente, como bien argumenta el Colegio Notarial, 

[e]l interés general, en cuya virtud se ha 

establecido el correspondiente servicio, reclama 

que se garantice durante toda su vigencia la 

asequibilidad y la calidad en un marco de 
 RG-2023-0002 20

continuidad y regularidad en la prestación. Para 

que todo ello sea posible, es necesario que el 

sistema registral instrumente mecanismos 

eficientes que garanticen la publicidad de los 

derechos reales susceptibles de inscripción. En 

consecuencia, ningún sistema registral puede 

proteger la seguridad de tales derechos si carece 

de un modelo de operación adecuadamente diseñado 

e instrumentado.

La modernización es un proceso permanente que 

exige mejoras continuas para que las instituciones 

sean organismos eficientes y eficaces en el 

cumplimiento de la función que tienen asignada: 

ofrecer seguridad jurídica mediante la inscripción 

y publicidad de los actos que requieren satisfacer 

tal requisito para surtir efectos frente a 

terceros. Por ello es necesario uniformar las 

normas y las formas de operar; estandarizando la 

operación registral se mejora la calidad de los 

servicios. Aún hay bastante margen para el 

desarrollo de avances tecnológicos en muchas 

áreas, en las que las herramientas digitales 

pueden contribuir a mejorar y agilizar una gran 

cantidad de procedimientos, y, desde una 

perspectiva conjunta, pueden llegar a influir 

sobre aspectos fundamentales de la economía y el 

desarrollo de un país.12

A la luz de los hechos que enmarcan esta controversia,

conforme lo suplica el Colegio Notarial, corregir esta 

deficiencia es imprescindible para el funcionamiento más 

eficaz del sistema. En consecuencia, es imperativo que el 

Departamento de Justicia y al Registro de la Propiedad 

dirijan esfuerzos conducentes a remediar la manera en la 

que se presentan y se notifican los escritos de 

recalificación, tomando en consideración que, conforme 

hemos resuelto el día de hoy, mientras permanezca el sistema 

 

12Alegato como amicus curiae, págs. 8-9. 
 RG-2023-0002 21

actual, sus deficiencias no podrán ser atribuidas a los 

usuarios que hacen uso responsable del mismo. 

IV

Por los fundamentos antes expresados, se determina que 

el notario Rivera Cano cumplió con notificar oportunamente 

a la Registradora de la Propiedad, Hon. Edna C. Bonnet 

Vázquez, de la presentación de los Escritos de 

recalificación, por lo que procede que esta los atienda y 

emita las determinaciones que procedan en Derecho. Por 

consiguiente, se devuelve el asunto a la atención de la

Registradora para la continuación con los procedimientos 

ulteriores consecuentes con esta Opinión. 

Se dictará Sentencia de conformidad. 

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Julio C. Matos Zayas y 

Brenda Sostre Rivera

Peticionarios 

v.

Registradora de la Sección 

II del Registro de la 

Propiedad de Carolina, Hon. 

Edna C. Bonnet Vázquez 

Recurridos

RG-2023-0002

Sentencia 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2023.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que 

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la 

presente Sentencia, se devuelve el asunto a la atención de 

la Registradora para la continuación con los procedimientos 

ulteriores consecuentes con esta Opinión. 

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del 

Tribunal Supremo. 

 Javier O. Sepúlveda Rodríguez

 Secretario del Tribunal Supremo