Número Identificador

SEN2023 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

ROBERTO MORALES 

CABÁN

Apelante

V. 

CARMEN GARCÍA 

GUTIÉRREZ

Apelada

KLAN202300856

APELACIÓN

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

CAROLINA

Civil. Núm.

CA2023CV01576

Sobre:

DAÑOS Y 

PERJUICIOS

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2023.

El 25 de septiembre de 2023, el Sr. Roberto Morales Cabán 

(apelante o señor Morales) acudió ante nos mediante una Apelación 

Civil y solicitó la revocación de una Sentencia que se dictó el 31 de 

agosto de 2023 y se notificó el 1 de septiembre de 2023 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI). 

Mediante el aludido dictamen, el TPI desestimó con perjuicio una 

demanda sobre daños y perjuicios que presentó el apelante.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

revocamos la Sentencia apelada.

I.

El 17 de mayo de 2023, el señor Morales presentó una 

Demanda sobre daños y perjuicios contra la Sra. Carmen García 

Gutiérrez (apelada o señora García).1 Alegó que, a finales del 2020, 

la señora García aumentó el volumen de su radio de manera tal que 

el sonido se escuchaba en su residencia, la cual se ubicaba a 1.6 

kilómetros de distancia. Adujo que el aludido sonido se escuchaba

1 Véase, Apéndice del recurso, págs. 1-4.
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incluso con las ventanas cerradas y en horas de la madrugada.

Esbozó que se reunió con varios vecinos los cuales compartieron sus 

inquietudes ante el ruido proveniente de la propiedad de la señora 

García. Indicó que, pese a distintas gestiones realizadas por los 

vecinos para disuadir la conducta de la apelada, la situación 

persistió. Además, sostuvo que las autoridades policiacas, tanto la 

municipal como la estatal, se negaron a intervenir. Finalmente, 

indicó que la situación se tornó tan insoportable que tuvo que

vender su residencia, la cual fue su hogar por décadas, debido a la 

perturbación a su paz por parte de la señora García.

Ante este escenario, solicitó una compensación no menor de 

quinientos mil ($500,000.00) dólares por los daños a su derecho 

constitucional a vivir en paz en su hogar. Asimismo, solicitó la 

imposición del rembolso de todos los gastos incurridos incluyendo 

honorarios de abogados.

Por su parte, el 6 de junio de 2023, la señora García presentó 

una Moción en Solicitud de Desestimación.

2 En síntesis, argumentó 

que las alegaciones que surgían de la Demanda no exponían una 

reclamación que justificara la concesión de un remedio. Asimismo, 

planteó que aun tomando como ciertas dichas alegaciones, estas no 

describían hechos específicos de acciones dirigidas hacia el 

apelante. Finalmente, sostuvo que no existían daños continuos y 

que la única fecha en la cual se alegó la comisión de algún daño era

a finales del 2020, por lo cual la acción estaba prescrita.

En respuesta, el 8 de agosto de 2023, el apelante presentó una 

Oposición a la Solicitud de Desestimación.

3 En esencia, argumentó

que las alegaciones de su Demanda informaron adecuadamente a la 

señora García las razones por las cuales se le estaba reclamando. 

De igual forma, sostuvo que el término prescriptivo de la causa de 

2 Íd., págs. 5-11.

3 Íd., págs. 12-15.
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acción ya se había interrumpido, ya que en el caso civil núm.

CN2022CV00133, el apelante había presentado una demanda 

contra tercero contra la apelada. Afirmó que dicha demanda contra 

tercero fue desestimada sin perjuicio mediante una Sentencia 

Parcial que se emitió el 8 de febrero de 2023 y a partir de tal fecha, 

comenzó a transcurrir nuevamente el término prescriptivo de la 

causa de acción.

De otro lado, el 18 de agosto de 2023, la apelada presentó una 

Réplica a “Oposición a la Solicitud de Desestimación”.

4 Explicó que, 

la demanda no expuso una relación sucinta y sencilla de los hechos 

alegados. A su vez, arguyó que las alegaciones en la demanda no 

demostraron con suficiente claridad y especificidad algún hecho 

sufrido directamente por el apelante y tampoco estableció nexo

causal entre las alegaciones y la apelada. 

Evaluado estos escritos, el 31 de agosto de 2023, el TPI emitió 

su Sentencia.

5 En esta, declaró Ha Lugar la moción de desestimación 

y consecuentemente, desestimó con perjuicio la causa de acción 

presentada por el apelante. Inconforme, el 25 de septiembre de 

2023, el señor Morales acudió ante este foro y formuló los siguientes 

señalamientos de error:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al privar al 

apelante de su derecho a un día en corte, en 

violación a la política pública de atender los asuntos 

ante sí en sus méritos y sin proveer razonamiento 

alguno en derecho.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al adoptar la 

radical medida de desestimar la demanda.

Atendido el recurso, el 27 de septiembre de 2023, emitimos 

una Resolución en la cual le concedimos hasta el 25 de octubre de 

2023 a la parte apelada para que presentara su alegato en oposición. 

Oportunamente, el 25 de octubre de 2023, compareció la señora 

4 Íd., págs.16-19

5 Íd., pág. 20
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García con su Oposición a Apelación y negó que el TPI cometiera los 

errores que el señor Morales le imputó. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver la 

controversia ante nuestra consideración.

II.

Una persona contra quien se haya presentado una 

reclamación judicial puede solicitar su desestimación cuando, de la 

faz de las alegaciones de la demanda, surja que alguna defensa 

afirmativa puede derrotar la pretensión del demandante. Conde 

Cruz v. Resto Rodríguez, 205 DPR 1043, 1077-1078 (2020). A tales 

efectos, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2

establece varias defensas privilegiadas que pueden ser presentadas 

en cualquier momento, mediante moción debidamente 

fundamentada. El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 820-

821 (2013). Específicamente, la referida regla dispone lo siguiente:

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 

siguientes defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada: 

 

(1) Falta de jurisdicción sobre la materia;

(2) Falta de jurisdicción sobre la persona;

(3) Insuficiencia del emplazamiento;

(4) Insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento;

(5) Dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio;

(6) Dejar de acumular una parte indispensable;

Ahora bien, en lo pertinente a la controversia ante nos, el 

quinto inciso de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, permite 

al demandado solicitar la desestimación de una acción cuando esta 

“deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio”. En tales casos, la desestimación solicitada se dirige a los 

méritos de la controversia y no a los aspectos procesales. Cruz Pérez 
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v. Roldán Rodríguez et al., 206 DPR 261, 267 (2021). Cabe precisar 

que, al evaluar una moción de desestimación bajo este fundamento, 

es necesario que el tribunal considere como ciertas todas las 

alegaciones fácticas que hayan sido aseveradas de manera clara en 

la demanda. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 

49 (2015). Así, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado en 

diversas ocasiones que, ante una moción de desestimación, las 

alegaciones hechas en la demanda hay que interpretarlas 

conjuntamente, liberalmente y de la manera más favorable posible 

para la parte demandante. González Méndez v. Acción Social et al., 

196 DPR 213, 234 (2016).

Ahora bien, es importante enfatizar que, al plantearse la 

defensa de dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio, la demanda no debe desestimarse a 

menos que se desprenda con toda certeza que la parte no tiene 

derecho a remedio alguno, independientemente de los hechos 

que puedan ser probados en apoyo a su reclamación. (Énfasis 

suplido) Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR, 497, 

505 (1994). Por este motivo, el Tribunal tendrá que examinar con 

extrema cautela los hechos alegados y asegurarse de que no existe 

remedio a favor de la parte demandada y que la insuficiencia es de 

tal naturaleza que no permite el ejercicio de la acción 

correspondiente. Rodríguez v. Tribunal Municipal y Ramos, 74 DPR 

656, 665 (1953). De igual forma, el Tribunal Supremo ha 

establecido que no procederá la desestimación de una demanda 

si esta es susceptible de ser enmendada. (Énfasis suplido) Colón 

v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). En fin, la desestimación de la 

reclamación judicial procede cuando surja de los hechos bien 

alegados en la demanda que la parte demandante no tiene derecho 

a remedio alguno. Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 

(2010). 
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Nuestro estado de derecho reconoce e impulsa la política 

judicial que establece que los casos se ventilen en sus méritos de 

forma rápida, justa y económica. Amaro González v. First Fed. Savs., 

132 DPR 1042, 1052 (1993). En consecuencia, la desestimación de 

un pleito, previo a entrar a considerar los argumentos que en el 

mismo se plantean, constituye el último recurso al cual se debe 

acudir, luego de que otros mecanismos resulten ser ineficaces 

en el orden de administrar la justicia. (Énfasis suplido) S.L.G. 

Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738 (2005).

III.

En el caso de autos, el señor Morales impugnó una Sentencia

que el TPI dictó el 31 de agosto de 2023 y notificó el 1 de septiembre 

de 2023 desestimando con perjuicio su causa de acción. 

Específicamente, en su primer señalamiento de error, el apelante 

argumentó que el foro primario violó la política pública de atender 

los asuntos que están ante su consideración en sus méritos. Por otro 

lado, en su segundo señalamiento de error, planteó que el TPI erró 

al adoptar la radical medida de desestimar la demanda. Le asiste la 

razón. Veamos. 

Por estar intrínsecamente relacionados, atenderemos ambos 

señalamientos de error de manera conjunta. En la presente 

controversia, la señora García presentó una moción de 

desestimación al amparo de la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, 

supra, fundamentándose en que las alegaciones no contenían una 

reclamación que justificara la concesión de un remedio. 

Entendemos que una lectura de las alegaciones de la Demanda 

según lo requiere una moción al amparo de la Regla 10.2(5) de 

Procedimiento Civil, supra, demuestra que el señor Morales podría 

tener derecho a un remedio si se probaran los hechos alegados. Por 

ello, tomando en consideración la política pública que rige en 

nuestro ordenamiento jurídico de que la desestimación de una 
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causa de acción constituye el último recurso al cual se debe acudir 

y favoreciendo la creencia de que los casos deben ventilarse en sus 

méritos, resolvemos que, en esta etapa de los procedimientos, la 

desestimación de la causa de acción es una sanción muy drástica. 

Ante lo antes expresado y de una lectura conjunta, liberal y 

de la manera más favorable al apelante, le devolvemos el caso al TPI 

para que le permita al peticionario enmendar su demanda. De esta 

forma, colegimos que los errores formulados por el señor Morales se 

cometieron toda vez que el TPI incidió al desestimar la demanda en 

el caso de autos. Por último, aclaramos que con este dictamen no 

estamos prejuzgando la procedencia de la demanda. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia apelada y le devolvemos el caso al TPI para que proceda 

conforme a lo aquí resuelto. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones