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Los Casos Insulares y la Doctrina del Territorio No Incorporado y sus efectos en los 

derechos civiles de los residentes de Puerto Rico

Memorándum sobre la visión general de proyecto – Parte I

Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos

febrero de 2024

I. Introducción

En julio de 2022, el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles de los 

Estados Unidos ("Comité") votó a favor de examinar el tema de los Casos Insulares y la Doctrina 

del Territorio No Incorporado y sus efectos en los derechos civiles de los residentes de Puerto 

Rico. Para ello, el Comité determinó centrarse en los siguientes subtemas: (1) derecho al 

voto/falta de representación política, (2) discriminación racial/nacional y (3) acceso a programas 

públicos. El plan del Comité incluye organizar una serie de audiencias para recibir insumos sobre 

estos asuntos y publicar un informe para cada subtema en el trascurso de su término, culminando 

en un informe final con recomendaciones elaboradas por el Comité. 

El 10 de mayo de 2023, el Comité celebró una vista presencial para escuchar testimonio sobre la 

visión general del tema principal.1 El Comité invitó a una variedad de partes interesadas y dio 

prioridad a diversas perspectivas. Escuchó testimonio sobre las perspectivas históricas, 

académicas, y legales, y de representantes de organizaciones comunitarias e individuos hablando 

sobre su propia experiencia y las de sus respectivas comunidades. Este informe se basa en ese 

esos testimonios. El Comité también celebró una vista virtual el 14 de septiembre de 2023 como 

parte de la visión general del proyecto, con un enfoque sobre las perspectivas económicas de este 

tema. La mayoría de ese testimonio será el enfoque central del próximo memorándum – una 

segunda parte – de esta etapa del proyecto de la visión general.2

Este informe está organizado de forma que comparte los principales hallazgos identificados en el 

testimonio a como fueron descritos directamente por los panelistas, incluyendo la mayoría del 

1 Los archivos de las reuniones y las transcripciones están disponibles en el Apéndice A.

Audiencia pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados 

Unidos, 10 de mayo de 2023, (presencial), Transcripción (en adelante citada como “Transcripción 1”).

Audiencia pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados 

Unidos, 14 de septiembre de 2023, (virtual), Transcripción (en adelante citada como “Transcripción 2”).

2 Para seguir dentro de la línea temática de cada memorándum, el Comité ha decidido utilizar testimonio del Dr. 

Iyari Ríos en su segundo memorándum sobre perspectivas económicas. Igual, incluye testimonio de la Dra. María 

Enchautegui quien participó en el panel virtual de septiembre de 2023 dentro de este memorándum, ya que su 

testimonio está relacionado, en gran medida, a los beneficios públicos. 
2

testimonio por escrito. Comienza con un contexto histórico que fue preparado por el Comité 

poco después de haber seleccionado su tema como parte de su propuesta de proyecto y es 

seguido por contexto adicional proporcionado por los testimonios recibidos. La sección final se 

basa en recomendaciones compartidas en el testimonio. Los hallazgos y recomendaciones en este 

informe no reflejan las opiniones del Comité. Las recomendaciones del Comité serán incluidas 

en el informe final de este proyecto. El Comité ofrece estos hallazgos y recomendaciones para 

proporcionar un contexto para comenzar a evaluar el punto de partida para el análisis sobre el 

impacto que han tenido los Casos Insulares y la Doctrina del Territorio No Incorporado en los 

derechos civiles de los residentes de Puerto Rico desde una visión general como una fundación 

para el resto de su proyecto en términos generales. 

II. Contexto Histórico

El Tratado de París de 1898 puso fin a la Guerra Española Americana del mismo año.3 España 

renunció todos los derechos que tenía sobre Puerto Rico y cedió sus posesiones territoriales a los 

Estados Unidos.4 Una de las provisiones del Tratado, específicamente Artículo IX, indicó que 

“los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí 

cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso.”5

La Corte Suprema de los Estados Unidos atendieron a varias controversias relacionadas a las leyes 

que el Congreso ha promulgado por los territorios adquiridos, los cuales incluyeron la Filipinas, 

Guam, Cuba y Puerto Rico. Estos casos se refieren a los Casos Insulares, en las cuales la Corte 

Suprema ha articulado una teoría de aplicación selectiva de los derechos constitucionales a los 

territorios adquiridos de recién.6 Esta serie de opiniones, desde principio del siglo XX ha 

declarado que el pleno derecho constitucional no se aplica en automática en ciertos territorios de 

los Estados Unidos porque no se han incorporados en la Unión.7 

En el 1900, el Congreso aprobó el Foraker Act (la Ley Foraker) que hizo transitar el gobierno 

militar a un gobierno civil en Puerto Rico. La legislación afirmó la soberanía estadounidense e 

impuso en Puerto Rico un gobierno local obligado a la autoridad federal8. Esto incluyó el poder 

de derogar la legislación; la creación de una estructura gubernamental que consolidaba funciones 

legislativas y ejecutivas en un único órgano – compuesto para la mayoría por habitantes no nativos 

– que imponía tarifas sobre mercancías intercambiadas entre Puerto Rico y los Estados Unidos, y 

definía los límites de la autoridad territorial.9

3 Tratado de París de 1898 (30 Estatuto 1758).

4

Id.

5

Id.

6 Véase, a modo ejemplificativo: De Lima v. Bidwell, 182 U.S. 1 (1901); Goetze v. United States, 182 U.S. 221 

(1901); Dooley v. United States, 182 U.S. 222 (1901); Dooley v. United States, 183 U.S. 151 (1901); Armstrong v. 

United States, 182 U.S. 243 (1901); Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244 (1901); Crossman v. United States, 182 U.S. 

221 (1901); Huus v. New York and Porto Rico Steamship Co., 182 U.S. 392 (1901); Balzac v. Porto Rico, 258 U.S. 

298 (1922).

7

Id.

8 Ley Foraker del 12 abril, 1900, 31 Estatuto 77, c. 191, 48 Código Anotado de Estados Unidos (U.S.C.) § 731.

9

Id.
3

Los Casos Insulares han establecido una justificación constitucional para la consolidación de 

normas distintas y desiguales que ha determinado la relación indefinida entre los territorios y los 

Estados Unidos. Estos casos establecieron también un marco político y racial que trata sus 

habitantes en manera desigual y sin representación con voto, sometidos a los poderes plenarios 

del Congreso bajo el Articulo IV, Sección 3 de la Constitución.

10

El Comité examinará los Casos Insulares y sus continuas aplicaciones por la Corte Suprema de 

los Estados Unidos y sus efectos sobre los derechos civiles de los residentes de Puerto Rico, 

empezando desde Downes v. Bidwell (1901) hasta United States v. Vaello Madero (2022). 

Uno de los Casos Insulares más notorios, y quizás más importantes con respecto a Puerto Rico, es 

Downes v. Bidwell.11 El demandante argumentó que Puerto Rico cesó de ser un país extranjero en 

relación con los Estados Unidos desde la invasión del 1898.12 Por lo tanto, una tarifa del quince 

por ciento no se podría cobrar sobre las mercancías de la isla en cuento la Constitución federal 

establece que los impuestos y las tarifas serán uniformados en todas partes de los Estados 

Unidos.13

La Corte Suprema decidió que la tarifa era válida en cuanto Puerto Rico pertenece a, aunque no 

sea parte de los Estados Unidos.14 Para sostener este razonamiento, una distinción legal fue creada 

por la Corte Suprema de los Estados Unidos basada en su interpretación de la cláusula territorial.15

Mientras territorios incorporados ya hacían parte de los Estados Unidos, los territorios no 

incorporados, como Puerto Rico y Guam, no lo eran.16 Esta decisión reconoció la autoridad del 

Congreso sobre el territorio de Puerto Rico, dejando que se hiciera una aplicación selectiva de las 

protecciones constitucionales. 

El Juez Adjunto Edward Douglass White indicó lo siguiente en su opinión concurrente en Downes 

v. Bidwell: "sin embargo, podría haber algunas restricciones así fundamentales en sus orígenes 

que no se podrían transgredir, aunque no están exprimidas expresamente en la Constitución."17

Dicho en otro modo, todas las cláusulas constitucionales que no se reservaban para los estados, se 

habrían aplicado a los territorios incorporados; sin embargo, solo la protección de “aquellos 

derechos que se consideran fundaméntales” se habría aplicado a los territorios no incorporados, 

aunque la Corte falló de definir cuales derechos esos eran. La opinión concurrente de White llegó 

a ser la justificación legal para los Casos Insulares.18

El Congreso aprobó el Jones-Shafroth Act (la Ley Jones-Shafroth) en 1917, que confirió 

ciudadanía estadounidense a los residentes de Puerto Rico y modificó la estructura gubernamental. 

10 Constitución de Estados Unidos (U.S. Const.) art. IV, § 3. 

11 Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 244 & n.1 (1901). 

12 Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 244 & n.1 (1901).

13 Id.

14 Id. 

15 Constitución de Estados Unidos (U.S. Const.) art. IV, § 3. 

16 Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 244 & n.1 (1901). 

17 Id.

18 Id. 
4

Esto incluyó la separación de los poderes Ejecutivos, Jurídicos y Legislativos; la provisión de los 

derechos civiles a las personas; y la creación de una legislatura bicameral elegida a nivel local.19 

Las decisiones tomadas en seguida por la Corte Suprema reafirmaron el estatus territorial continuo 

de Puerto Rico. En Balzac v Porto Rico (1922) la Corte Suprema decidió que, aunque los 

residentes de Puerto Rico disfrutan de la ciudadanía estatuaria, a ellos no se garantiza un juicio 

por jurado en casos penales como sería requerido según la Quinta Enmienda de los Estados 

Unidos.20 Esta opinión ejemplifica la doctrina de los Casos Insulares en cuanto la aplicación 

selectiva de los derechos constitucionales a los territorios. 

La doctrina de los Casos Insulares y su amplia interpretación de los poderes del Congreso hace 

posible que sean limitados o inaplicables, en Puerto Rico, programas y beneficios federales que 

vienen aplicados en el continente. Este resultado fue ejemplificado recientemente en U.S. v. Vaello

Madero (2022) el que reconoció la autoridad Congresional de legislar criterios diferentes de 

elegibilidad en programas federales por ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico.21 

Además, la doctrina de los Casos Insulares, como fue reafirmado recientemente por el Juez 

Gorsuch en U.S. v. Vaello Madero, es explícitamente racista y discriminatorio contra los 

residentes de Puerto Rico y de otras jurisdicciones territoriales. Los Casos Insulares fueron 

decididos sobre motivos de una supuesta diferencia inherente entre los residentes de los Estados 

Unidos y las “razas extranjeras.”22 Como indicó el Juez Gorsuch, en su opinión concurrente en 

U.S. v. Vaello Madero, "los Casos Insulares no tienen ninguna base en la Constitución y, en 

cambio, se basan en estereotipos raciales. No se merecen ningún lugar en nuestra ley.”23 

La Doctrina Territorial en el contexto del racismo en Estados Unidos

Al evaluar los efectos de los Casos Insulares en Puerto Rico, es importante resaltar que Puerto 

Rico se distingue de los demás territorios debido a que su población es significativamente más 

grande. Con una población de más de 3,2 millones de residentes, que es mayor que al menos 20 

19 Ley Jones-Shafroth, Ley Publica número 64-368, 39 Estatuto 951 (1917), codificada como enmendada en el 48 

Código de Estados Unidos (U.S.C.) §§ 731–751. 

20 Balzac v. Porto Rico, 258 U.S. 298 (1922). 

21 United States v. Vaello Madero, 212 Segunda Edición del Abogado (L. Ed. 2d) 496, 142 Corte Suprema (S. Ct.) 

1539 (2022).

22 Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 244 & n.1 (1901); El Comité quería subrayar la siguiente cotización de Downes 

v. Bidwell (1901) que reitera las supuestas diferencias inherentes entre los residentes de los Estados Unidos y las 

“raza extranjeras”: Si aquellas posesiones territoriales están habitadas por razas extranjeras, que se diferencian de 

nosotros por medios de religión, costumbres, leyes, métodos de tasación, y modalidades de pensamientos, la 

administración del gobierno y de la justicia – según los principios Anglosajones – puede por un tiempo ser 

imposible, y la pregunta llega espontánea si mayor concesiones no se deberían hacer por un tiempo, así que nuestras 

teorías se pueden ejecutar y que las bendiciones de un gobierno libre bajo la Constitución se les pueden extender. 

Negamos que se podría haber algo contra a esto en la Constitución que podría, en consecuencia, impedir esta acción. 

Estos casos son parte de un marco de jurisprudencial amplio que institucionaliza doctrinas como “separados pero 

iguales”, castigadas por los defensores de los derechos civiles.” 

23 United States v. Vaello Madero, 212 Segunda Edición del Abogado (L. Ed. 2d) 496, 142 Corte Suprema (S. Ct.) 

1539 (2022).
5

estados de Estados Unidos,24 su estatus como territorio dificulta su pleno acceso a los derechos y 

recursos.

25

Para el Panelista Sam C. Erman, profesor de derecho en la Universidad de Michigan, los 

orígenes de los Casos Insulares se remontan a la anexión estadounidense de Puerto Rico y las 

Filipinas luego de concluir la Guerra Hispanoamericana.

26 Continúa declarando el Dr. Erman que 

las autoridades estadounidenses veían a los filipinos como un pueblo racialmente degradado que 

no debería recibir la ciudadanía estadounidense o plenos derechos constitucionales.27 Esta idea 

chocaba con los principios constitucionales de la época según acordado por lo que el Dr. Erman 

llama la “Constitución de la Reconstrucción”.28 Estos principios disponían que los 

estadounidenses que no fueran indios americanos eran ciudadanos estadounidenses, que todas las 

tierras estadounidenses fueron o se convertirían en estados, y la Constitución se aplicaba en su 

totalidad dondequiera que se extendiera las fronteras de los Estados Unidos.29 Si esto se 

aplicaban a las Filipinas, entonces los filipinos eran ciudadanos estadounidenses con plenos 

derechos que participarían en el gobierno nacional cuando las Filipinas se convirtiera en un 

estado.30 Para evitar esto, las autoridades estadounidenses inventaron una nueva teoría 

constitucional que hoy se conoce como la doctrina de la no incorporación territorial.

31 Su 

propósito era negar la estadidad, los derechos y la ciudadanía a los estadounidenses a quienes las 

autoridades estadounidenses consideraban racialmente inferiores y marcó los territorios no 

incorporados como espacios desfavorecidos y a sus residentes como pueblos desfavorecidos, 

24 Gobernador Pedro Pierluisi, Gobernador de Puerto Rico, Testimonio por escrito sometido para la Audiencia 

Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles d los Estados Unidos, Hato Rey, 

PR, 10 de mayo de 2023, p. 3 (citado en adelante como Gobernador Pierluisi testimonio por escrito); Véase también:

Puerto Rico Report. “The Population of Puerto Rico Exceeds the Populations of 20 States.” 

https://www.puertoricoreport.com/population-puerto-rico-exceeds-populations-21-

states/#:~:text=This%20puts%20Puerto%20Rico%E2%80%99s%20population%20among%20U.S.%20States,all%2

0the%20other%20U.S.%20territories%2C%20and%20Washington%2C%20D.C (consultado el 3 de noviembre de 

2023); Véase también: U.S. Census Bureau. “Quick Facts, Puerto Rico.” Estimaciones de población de julio de 

2023. https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/PR/PST045222 (consultado el 15 de febrero de 2024).

25 Nota administrativa: La Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos (USCCR, por sus siglas en inglés) 

ha revisado este párrafo de su versión original publicada el 12 de febrero de 2024 que hacía referencia al testimonio 

del panelista Gregorio Igartúa acerca de que Puerto Rico es el único territorio que cumple con los criterios para 

convertirse en estado debido a su población. (Véase: Gregorio Igartúa, testimonio. Audiencia Pública ante el Comité 

Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, Hato Rey, PR, 10 de mayo de 

2023, transcripción. p. 12 y 16 – p. 13, 7.) USCCR señala que actualmente no existe un proceso único para la 

admisión de estados y que el Congreso de los Estados Unidos tiene discreción sobre la admisión de estados según el 

Artículo IV, Sección 3 de la Constitución de los Estados Unidos.

26 Sam C. Erman, testimonio. Audiencia Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de 

Derechos Civiles de los Estados Unidos, Hato Rey, PR, 10 de mayo de 2023, transcripción. p. 20, 7 – 11 (citado en 

adelante como Audiencia Hato Rey, Transcripción 1).

27 Erman, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1, p. 20, 12-18.

28 Erman, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1, p. 20, 23 - p. 21, 3. 

29 Erman, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1, p. 21, 1-11.

30 Erman, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1, p. 21, 12-17.

31 Erman, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1, p. 21, 18-22.
6

usando términos como “razas extranjeras” y “tribus salvajes” para describir a las personas en los 

territorios.

32

Otros panelistas argumentaron que los Casos Insulares fueron usados para legitimar el 

colonialismo y crear el marco jurídico para gobernar el territorio, basándose en conceptos 

anacrónicos, ya que varios de los jueces que participaron en la decisión de Downes v. Bidwell

también participaron en Plessy v. Ferguson, que estableció la práctica discriminatoria en Estados 

Unidos de tratar a la gente de forma “separada pero por igual”.

33 Este grupo de opiniones 

producido por el Tribunal Supremo entre 1901 y 1922 articuló y consolidó la doctrina de los 

territorios no-incorporados, permitiendo una aplicación selectiva de los derechos constitucionales 

que se consideran fundamentales.34

Después de haber adquirido a Puerto Rico y otras jurisdicciones después de concluida la Guerra 

Hispanoamericana, Estados Unidos decidió incorporar a los nuevos territorios como su 

propiedad, pero no en cuanto a la aplicación de la Constitución en su totalidad por medio de la 

decisión de Downes v. Bidwell en la que se estableció que podía haber territorios incorporados y 

no-incorporados.

35 El Panelista Charles Venator Santiago, profesor de ciencias políticas en la 

Universidad de Connecticut, comentó que “aunque se reconozcan unos derechos fundamentales 

para los residentes de Puerto Rico, no se definen cuáles son esos derechos fundamentales, y va a 

ser un proceso histórico de determinar cuáles se van a aplicar. Hay una aplicación selectiva de la 

Constitución”.

36 Además, el Dr. Venator Santiago menciona que Downes v. Bidwell crea 

contradicciones que aún no se han resuelto al establecer que un territorio anexado puede ser 

gobernado como un territorio externo cuando sea conveniente.37 Entre las razones que se dieron 

para no aplicar la Constitución en su totalidad en estos nuevos territorios, se creía que esto no 

sería apropiado para “comunidades oceánicas distantes de origen e idioma diferente al de nuestra 

32 Erman, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1, p. 24, 19 - p. 25, 3; Véase también: Anita Teekah, Jefa 

de Abogacía, y Lia Fiol-Matta, Abogada Senior, LatinoJustice PRLDEF, Testimonio por escrito sometido para la 

audiencia del Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, 10 de 

mayo de 2023 (citado adelante como Teekah y Fiol-Matta testimonio por escrito).

33 Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 244 & n.1 (1901); Véase también: Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896); 

Véase también: Efrén Rivera Ramos, testimonio. Audiencia Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la 

Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, Hato Rey, PR, 10 de mayo de 2023, transcripción. p. 36, 8-25 

(citado en adelante como Audiencia Hato Rey, Transcripción 1); Véase también: Igartúa testimonio. Audiencia Hato 

Rey, Transcripción 1, p. 15, 10-18.

34 Córdova, Andrés L. “Puerto Rico and the Politics of Political Identity”. The Hill. 27 de julio de 2017. 

https://thehill.com/blogs/congress-blog/politics/344362-puerto-rico-and-the-politics-of-legal-identity (Consultado el 

18 de octubre de 2023). 

35 Tratado de París de 1898 (30 Estatuto 1758); Véase también: Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 244 & n.1 (1901); 

Véase también: Erman, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 21, 18 - p. 22, 4; Véase también: George 

H. Laws García, testimonio. Audiencia Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos 

Civiles de los Estados Unidos, Hato Rey, PR, 10 de mayo de 2023, transcripción. p. 285, 10-23 (citado en adelante 

como Audiencia Hato Rey, Transcripción 1); Véase también: Igartúa, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 

1. p. 14, 23-25; Véase también: Erman, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 23, 6 - p. 24, 8.

36 Charles Venator Santiago, testimonio. Audiencia Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión 

de Derechos Civiles de los Estados Unidos, Hato Rey, PR, 10 de mayo de 2023, transcripción Transcripción 1. p. 48, 

25 - p. 49, 19 (citado en adelante como Audiencia Hato Rey, Transcripción 1).

37 Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 244 & n.1 (1901); Véase también: Venator Santiago, testimonio. Audiencia Hato 

Rey, Transcripción 1. p. 49, 20 - p. 50, 5.
7

gente continental”.

38 En testimonio adicional que recibió el Comité, se planteó además que, es 

importante tomar nota de que el Juez Henry Brown escribió en la decisión que los 

puertorriqueños son “extranjeros a Estados Unidos en un sentido doméstico”.

39 Esta doctrina 

cambió la trayectoria de los territorios, ya que antes de los Casos Insulares, todos los territorios 

habían seguido un proceso hacia la estatidad y el ser un territorio era considerado un estatus 

transitorio.

40 También permitió que Estados Unidos pudiera tener control sobre el territorio sin 

que se estableciera un camino hacia la estatidad en el futuro.

41 No hay texto dentro de la 

Constitución de los Estados Unidos que apoye la doctrina, y está predicada en una distinción 

étnica y racial de que los puertorriqueños son sujetos políticos que no merecen la protección 

completa de los derechos en la Constitución.42

Caso Balzac v. Porto Rico

Otro de los Casos Insulares, Balzac v. Porto Rico, reiteró que no aplica a los territorios no 

incorporados la Sexta Enmienda de la Constitución en que haya el derecho a un juicio por

jurado.43 El Panelista Francisco Ortiz Santini, profesor en la Universidad de Puerto Rico,

Recinto Río Piedras, explicó que el caso Balzac se origina en una disputa por el control de la 

alcaldía de Arecibo y tiene su origen en dos artículos publicados por Jesús María Balzac, editor 

del periódico El Baluarte, quien criticó al gobernador de ese tiempo y eso motivó que fuera 

acusado por libelo criminal.44 Para el Dr. Ortiz Santini, esta decisión es un ejemplo de que para la 

Corte Suprema, la localidad fue más importante en consideraciones de cómo aplicar la 

Constitución que el hecho de que las personas afectadas eran ciudadanas estadounidenses.45 Este 

caso reitera que el aportar la ciudadanía no cambió el estatus de no-incorporación en la política 

38 Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 244 & n.1 (1901); Véase también: Omar Marrero Diaz, Esq., Secretario de 

Estado, Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico, Testimonio por escrito sometido para la Audiencia 

Pública del Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, 10 de mayo 

de 2023. p. 3 (citado adelante como Marrero Díaz testimonio por escrito). 

39 Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 244 & n.1 (1901); Véase también: Nathaniel Morell González, Secretario, 

National Puerto Rican Equality Coalition, Testimonio por escrito sometido para para la Audiencia Pública del 

Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, 10 de mayo de 2023. p. 

2 (citado adelante como Morell González testimonio por escrito).

40 Laws García, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 284, 24 - p. 285, 9; Véase también: LopezMorales, C. A. “Making the Constitutional Case for decolonization: Reclaiming the Original Meaning of the 

Territory Clause.” Columbia Human Rights Law Review. https://blogs.law.columbia.edu/hrlr/files/2022/04/Makingthe-Constitutional-Case-for-Decolonization-Cesar-A.-Lopez-Morales.pdf (Consultado el 18 de diciembre de 2023);

Véase también: Igartúa, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 12, 25 - 13, 6.

41 Constitución de Estados Unidos (U.S. Const.) art. IV, § 3; Iyari Ríos González, testimonio. Audiencia Pública ante 

el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, Hato Rey, PR, 10 de 

mayo de 2023, transcripción p. 139, 6-15. (citado en adelante como Audiencia Hato Rey, Transcripción 1).

42 Córdova, Andrés L. “A statehood manifesto: After 120 years, the US needs to fully embrace Puerto Rico”. The 

Hill. 9 de enero de 2018. https://thehill.com/opinion/civil-rights/368128-a-statehood-manifesto-after-120-years-theus-needs-to-fully-embrace (Consultado el 18 de octubre de 2023). 

43 Balzac v. Porto Rico, 258 U.S. 298 (1922).

44 Francisco Ortiz Santini, testimonio. Audiencia Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de 

Derechos Civiles de los Estados Unidos, Hato Rey, PR, 10 de mayo de 2023, transcripción. p. 31, 5 - p. 32, 4.

(citado en adelante como Audiencia Hato Rey, Transcripción 1). 

45 Ortiz Santini, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. 10 de mayo de 2023, p. 34, 6-12.
8

de Puerto Rico.46 Lo irónico de esto, como señaló el Dr. Venator Santiago en su testimonio, es 

que el caso de Balzac v. Porto Rico aplica la doctrina de los Casos Insulares a un territorio con 

ciudadanos, aunque se había diseñado originalmente para gobernar territorios sin ciudadanos, y a 

pesar de esta dicotomía, aún sigue vigente.

47

Papel de la Constitución

El gobierno federal de Estados Unidos ha ejercido, amparado en la Clausula Territorial, su 

facultad para autorizar a la legislatura territorial en Puerto Rico para convocar a los residentes de 

la isla para redactar y aprobar una constitución, y reservó el derecho de dar la aprobación final de 

dicha Constitución.

48 Cuando Puerto Rico aprobó por medio de un plebiscito su Constitución en 

1952, la misma no entró en efecto hasta que no fue aprobada por el Congreso y por el Presidente

de Estados Unidos.

49 Aunque el Congreso aprobó la Constitución, la enmendó de forma 

significativa, removiendo por ejemplo la Sección 20 del Articulo II, que establecía el derecho al 

trabajo, el derecho a un nivel de vida adecuado, y la protección social en la avanzada edad o en 

la enfermedad.50 Esta fue la versión que firmó el Presidente Truman y que ratificó la legislatura

local en Puerto Rico.

51 Esta Constitución local le daba a Puerto Rico el mismo nivel de 

autonomía sobre su jurisdicción que un estado, sin embargo, con esa acción del Congreso y del 

Presidente, se demostró que Puerto Rico seguía bajo la autoridad del Congreso y con un trato 

diferencial.52

El poder del Congreso en aplicar la Constitución de forma selectiva y tener control en el 

gobierno local ha promovido argumentos de que la Constitución se debe interpretar como un 

documento “vivo”, donde los derechos se deben aplicar usando estándares actuales y no basarse 

en decisiones antiguas.

53

46 Córdova, Andrés L. “A statehood manifesto: After 120 years, the US needs to fully embrace Puerto Rico”. The 

Hill. 9 de enero de 2018. https://thehill.com/opinion/civil-rights/368128-a-statehood-manifesto-after-120-years-theus-needs-to-fully-embrace (Consultado el 18 de octubre de 2023). 

47 Venator Santiago, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. 10 de mayo de 2023, p. 51, 1-12.

48 Puerto Rico Federal Relations Act. Pub.L. 81-600.

49 Id.

50 PR Const art II § 20, Por medio de la Resolución número 34, aprobado por la Convención Constitucional y 

ratificado en el referéndum llevado a cabo el 4 de noviembre de 1962, la sección 20 del artículo II fue eliminada.

51 Id; Véase también: Pinto Lugo, Rene. “Puerto Ricans: The Inequality of “Equals” Through Time.” Revista 

Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. https://www.derecho.inter.edu/wpcontent/uploads/2022/01/PUERTO-RICANS-THE-INEQUALITY-OF-EQUALS-THROUGH-TIME-.pdf

(Consultado el 1 de noviembre de 2023). 

52 Marrero Diaz, testimonio por escrito. p. 4-5.

53 Pinto Lugo, Rene. “Puerto Ricans: The Inequality of “Equals” Through Time.” Revista Jurídica de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico. https://www.derecho.inter.edu/wp-content/uploads/2022/01/PUERTO-RICANSTHE-INEQUALITY-OF-EQUALS-THROUGH-TIME-.pdf (Consultado el 1 de noviembre de 2023).
9

III. Hallazgos preliminares 

HALLAZGO I - Panelistas señalaron hacia una relación colonial entre el gobierno de 

Estados Unidos y Puerto Rico.

Relación Colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos

Entre los argumentos aportados por los panelistas, resaltó testimonio sobre la relación colonial 

entre Puerto Rico y Estados Unidos como uno de los problemas principales que enfrenta Puerto 

Rico, y resaltaron el hecho de que varios derechos constitucionales no se extienden a la isla.54 El 

Panelista Rafael E. Rodríguez Rivera, abogado en la Oficina Legal de la Comunidad, Inc., dijo 

que el hecho de que Puerto Rico sea un territorio en sí constituye su posición como colonia, y 

argumentó que las colonias “nunca se han hecho para que tengan todos los beneficios, se han 

hecho para responder a los intereses de la metrópoli”.

55 Esta idea de que la colonia beneficia a la 

entidad con el poder en la relación la comparte el Dr. Venator Santiago quien describió dos tipos 

de colonización en el siglo 19 – uno basado en el expansionismo que después de anexar el 

territorio, lo organiza y lo adquiere; y el otro tipo que está basado en el imperialismo y utiliza al 

territorio de forma estratégica para sacar beneficio económico y militar.

56 Lo irónico en el caso 

de Puerto Rico y Estados Unidos es que Estados Unidos se basa en la idea de que el gobierno 

deriva poder de aquellos a quienes gobierna en una especia de contrato social, y por esto ha sido 

un ejemplo global para la democracia.57 Sin embargo, estos ideales no se han materializado en la

relación de Estados Unidos con Puerto Rico. El panelista George H. Laws García, director de la 

organización Puerto Rico Statehood Council, comentó que “desafortunadamente durante 125 de 

esos años, el Gobierno de Estados Unidos no ha cumplido con la promesa de gobierno por 

consentimiento en Puerto Rico, negándole a los residentes de la isla el derecho al voto a nivel 

federal. Esta discriminación y exclusión política contra los 3.1 millones de ciudadanos 

americanos en Puerto Rico tiene sus raíces en la doctrina legal establecida por los llamados 

Casos Insulares a comienzos del siglo 20”.

58

Varios panelistas destacaron que estos argumentos han sido validados por las Naciones Unidas y 

el trato que ha recibido Puerto Rico por parte de la Corte Suprema. El Sr. Rodríguez Rivera 

compartió que representantes de las Naciones Unidas comentaron durante una visita a Puerto 

Rico que las poblaciones de los territorios son separadas y distintas y tienen derecho a la libre 

determinación.59 Las Naciones Unidas estuvieron de acuerdo que “Puerto Rico está siendo 

controlado por una potencia de ultramar de tipo colonial en detrimento de su pueblo, sin ninguna 

representación significativa a nivel nacional y sin capacidad real para gobernarse como un 

54 Rivera Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 40, 15-21.

55 Rafael E. Rodríguez Rivera, testimonio. Audiencia Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la 

Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, Hato Rey, PR, 10 de mayo de 2023, transcripción, p. 175, 1-9.

(citado en adelante como Audiencia Hato Rey, Transcripción 1).

56 Venator Santiago, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 44, 18 - p. 45, 5.

57 Laws García, testimonio. Audiencia Hato Rey, p. 283, 13 - p. 284, 12.

58 Ibid.

59 Rodríguez Rivera, testimonio. Audiencia Hato Rey. p. 155, 7 - p. 156, 4.
10

territorio sin autogobierno, en el sentido internacional”.60 En cuanto a la Corte Suprema, al 

decidir que los derechos se pueden aplicar selectivamente, el Sr. Laws García opina que se ha 

permitido una “discriminación sistemática contra los residentes de la isla como la perpetuación 

indefinida de un sistema de gobierno donde hay un déficit democrático claro que contradice 

directamente los principios fundamentales del sistema democrático americano”.

61

Sociedad civil y participación política 

El Comité escuchó argumentos sobre la inestabilidad que crea esta relación colonial y los efectos 

negativos que ha tenido en la participación cívica en Puerto Rico. “Entre más las comunidades 

puertorriqueñas luchan por su empoderamiento y desarrollo sustentable,” dijo en su comentario 

público la Profesora de derecho y Co-Fundadora y Co-Directora de la organización Right to 

Democracy Adi Martínez Román, “el gobierno no atiende {a} sus necesidades” y esto no permite 

que la gente tenga un papel directo en poder determinar su situación.62 Esta limitación se 

extiende desde el nivel comunitario hasta el liderazgo de agencias del gobierno local. Edison 

Avilés Deliz, Presidente de la Junta Reglamentadora del Servicio Público en Puerto Rico, 

sometió un testimonio por escrito y dijo que “la falta de participación política efectiva a todos los 

niveles de gobierno de los residentes de Puerto Rico no solo dificulta grandemente nuestra 

gestión, sino que retrasa su impacto. Mantener estas discrepancias o racionalizar un trato inferior 

es arbitrariamente restringir nuestra capacidad para desarrollarnos a plenitud dentro de los 

Estados Unidos”.

63 Además, el Director Avilés Deliz citó el preámbulo de la Carta Democrática 

Interamericana de la Organización de Estados Americanos, organización regional internacional a 

la que pertenece Estados Unidos y puso énfasis en la declaración de que “la democracia es 

esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.

64

Las limitaciones que impone la relación colonial extienden la desigualdad en el acceso e 

implementación de programas de salud, educación pública y protección del medio ambiente, 

según el Dr. Michael González Cruz, Catedrático en la Universidad de Puerto Rico, quien 

60 Rodríguez Rivera, testimonio. Audiencia Hato Rey. p. 155, 7 - p. 156, 4; Véase también: Concilio de Derechos 

Humanos. “Report of the Special Rapporteur on minority issues, Fernand de Varennes, on his visit to the United 

States of America.” https://www.splcenter.org/sites/default/files/report-un-special-rapporteur-minority-issues-march2022.pdf (Consultado el 7 de noviembre de 2023).

61 Laws García, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 285, 24 - p. 286, 10.

62 Adi Martínez Román, Co-Fundadora y Co-Directora, Right to Democracy, Comentario Público para la Audiencia 

Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, Hato 

Rey, PR, 10 de mayo de 2023, Transcripción 1. p. 322, 25 - p. 323, 6 (citado en adelante como Martínez Román 

comentario público); Véase también: Martínez Román, comentario público. Audiencia Hato Rey, p. 323, 25 - p. 324, 

5 (citado en adelante como Martínez Román comentario público). 

63 Edison Avilés Deliz, Presidente, Junta Reglamentadora de Servicio Público del Gobierno de Puerto Rico, 

testimonio por escrito sometido para la Audiencia Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión 

de Derechos Civiles de los Estados Unidos, Hato Rey, PR, 10 de mayo de 2023, p. 7 (citado en adelante como Avilés 

Deliz testimonio por escrito).

64 Organización de Estados Americanos. “Carta Democrática Americana.” 

https://www.oas.org/dil/esp/carta_democratica_interamericana_11sep2001.pdf (Consultado el 7 de noviembre de 

2023); Véase también: Avilés Deliz, testimonio por escrito, p. 6.
11

compartió un comentario público y testimonio por escrito con el Comité.

65 Además, el Dr. 

González Cruz hizo referencia al plebiscito del 6 de noviembre de 2012, cuando la mayoría de 

votantes votaron que no querían seguir con el estatus territorial actual de Puerto Rico.66 “El 

incumplimiento con la voluntad ciudadana expresada en un referéndum debidamente convocado 

y celebrado constituye una violación de los derechos civiles, constitucionales y humanos del 

electorado puertorriqueño”, dijo González Cruz.

67 Según el Panelista Dr. Rivera Ramos, Profesor 

en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras, este 

incumplimiento es parte de un problema político que se pudiera resolver si Estados Unidos 

quisiera.

68

HALLAZGO II - El testimonio indica que Puerto Rico ha vivido bajo un trato desigual y 

discriminatorio de parte del gobierno de Estados Unidos.

Varios panelistas compartieron la perspectiva de que el hecho de que Puerto Rico sea un 

territorio no-incorporado es un asunto que ha dejado a la isla en un estado de limbo, y esto ha 

sido una excusa que el Congreso de Estados Unidos ha usado para no abordar los derechos 

civiles ni el estatus político de Puerto Rico de forma completa.69 Aún, siendo ciudadanos 

americanos, los residentes de Puerto Rico no tienen muchos derechos civiles garantizados 

incluyendo el derecho al voto federal ni tienen representación en el Congreso con poder del voto, 

algo que resulta en un trato desigual entre los ciudadanos que viven en los estados y los que 

viven en la isla.

70 Según el Sr. Laws García, “Esto representa un déficit democrático 

fundamental, porque los residentes de Puerto Rico están sujetos a las leyes que aprueba el 

Congreso, a las decisiones del Tribunal Supremo y a las acciones y la política pública que 

establece el presidente sin poder ofrecer su consentimiento a través del sufragio”.

71 Esto crea dos 

niveles de discriminación para Puerto Rico – aparte de no poder practicar la libre determinación, 

las leyes de Estados Unidos continuamente previenen que esto se materialice.

72 Según el 

65 Michael González Cruz, Catedrático, Universidad de Puerto Rico, testimonio por escrito sometido para la 

Audiencia Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles d los Estados 

Unidos, Hato Rey, PR, 10 de mayo de 2023, p. 2. (citado en adelante como González Cruz testimonio por escrito)

66 Comisión Estatal de Elecciones. “Condición Política Territorial Actual.” 

http://168.62.166.179/eg2012/REYDI_Escrutinio/index.html#es/default/CONDICION_POLITICA_TERRITORIAL

_ACTUAL_ISLA.xml (Consultado el 2 de noviembre de 2023); Véase también: González Cruz, testimonio por 

escrito, p. 2.

67 González Cruz, testimonio por escrito, p. 2.

68 Rivera Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 42, 17-25.

69 Laws García, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 287, 1 - p. 288, 5.

70 Ibid; Véase también: Otoniel Font Nadal, testimonio. Audiencia Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico 

ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, Hato Rey, PR, 10 de mayo de 2023, transcripción. p. 

202, 24 - p. 203, 9 (citado en adelante como Audiencia Hato Rey, Transcripción 1); Véase también: Roberto Ariel 

Fernández, Testimonio por escrito sometido para la Audiencia Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la 

Comisión de Derechos Civiles d los Estados Unidos, Hato Rey, PR, 10 de mayo de 2023, p. 1 (citado en adelante 

como Fernández testimonio por escrito); Véase también: Gobernador Pierluisi, testimonio por escrito, p. 1.

71 Laws García, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 287, 1 - p. 288, 5.

72 Rodríguez Rivera, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 151, 10-16.
12

testimonio por escrito sometido por la trabajadora social y licenciada Hilda Sciera, “todo lo que 

es desigual o injusto es justificado por el ‘estatus’”.

73

El testimonio también atribuye esta discriminación a la Cláusula Territorial, la cual indica que el 

territorio es propiedad.

74 Esta Cláusula se ha usado como una base para negar varios derechos, 

incluyendo el acceso por igual a programas federales como asistencia nutricional o Medicaid y 

Medicare, a los cuales se les aplica una fórmula diferente que a los estados.

75 El testimonio 

recibido plantea que se necesita un plan formal y recursos de largo plazo porque la situación 

actual ha creado un ambiente de incertidumbre e inestabilidad que requiere a las agencias locales 

tener que ajustar sus planes y proyecciones constantemente.

76 No hay un espacio intermedio para 

los puertorriqueños; el llamarlos ciudadanos por igual pero al mismo tiempo tratarlos de forma 

diferente al limitar sus derechos es una contradicción y un estigma sin justificación.

77

HALLAZGO III - Panelistas coincidieron que el Tribunal Supremo no es el vehículo ideal 

para resolver los problemas causados por la Doctrina de la No-Incorporación 

El Comité escuchó testimonios que apuntaron que el estatus como territorio bajo la doctrina de la 

no-incorporación ha puesto a Puerto Rico en un espacio legal único porque representa la historia 

de un trato complejo y discriminatorio hacia la isla.

78 La doctrina de la no-incorporación trata a 

los residentes del territorio como “menos que” y se ha usado como una excusa para la 

continuación del estatus colonial por bastante tiempo, lo cual indica que es uno de los obstáculos 

principales para lograr la descolonización.79 Sin embargo, en su totalidad, el Tribunal Supremo

cita a los Casos Insulares como precedente, y panelistas como el Brig. Gen. Victor Pérez

mantuvieron que los Casos Insulares no deben ser reconocidos solo porque han sido la norma en 

el derecho.80

El Dr. Erman comentó que la doctrina de la no-incorporación territorial se debió haber rechazado 

hace tiempo, algo que no presentaría interrupción mayor a la ley existente porque muy poco 

depende de la distinción entre territorios incorporados y no-incorporados.81 En cuanto a la 

73 Hilda Sciera, trabajadora social y licenciada. Testimonio por escrito sometido para la Audiencia Pública ante el 

Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles d los Estados Unidos, Hato Rey, PR, 10 de 

mayo de 2023, p. 1 citado en adelante como Sciera testimonio por escrito).

74 Constitución de Estados Unidos (U.S. Const.) art. IV, § 3.

75 Luis Dávila Pernas, Director Ejecutivo, Administración de Asuntos Federales del Gobierno de Puerto Rico,

Cometario público. para la Audiencia Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos 

Civiles de los Estados Unidos, Hato Rey, PR, 10 de mayo de 2023, Transcripción 1, p. 338, 23 - p. 339, 22. (citado 

en adelante como Dávila Pernas cometario público).

76 Avilés Deliz, testimonio por escrito, p. 6.

77 Pinto Lugo, Rene. “Puerto Ricans: The Inequality of “Equals” Through Time.” Revista Jurídica de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico. https://www.derecho.inter.edu/wp-content/uploads/2022/01/PUERTO-RICANSTHE-INEQUALITY-OF-EQUALS-THROUGH-TIME-.pdf (Consultado el 1 de noviembre de 2023). 

78 Erman, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 24, 9-17.

79 Erman, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 24, 9-17. p. 25, 4-16.

80 Pérez, Brig. Gen. Victor. testimonio. Audiencia Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de 

Derechos Civiles de los Estados Unidos, Hato Rey, PR, 10 de mayo de 2023, transcripción, p. 277, 6-11; Pérez, 

testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 278, 1-4.

81 Erman, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 25, 22 - p. 26, 15.
13

estadidad, la Constitución deja al Congreso la cuestión de cuándo y si admitir nuevos estados.82

Esa nunca ha sido una pregunta para los tribunales federales.

83 Otras contribuciones al testimonio 

establecieron que, a través del tiempo, ha resultado que, independiente de los Casos Insulares, la 

mayoría de los derechos fundamentales en la Constitución se extienden a Puerto Rico, 

incluyendo la libertad de expresión y el debido proceso de la ley.

84 Cabe mencionar que otros 

derechos constitucionales, como el derecho al juicio por jurado, no se extienden a Puerto Rico.

85

El Congreso de Estados Unidos tiene el poder unilateral sobre el territorio, y también puede 

modificar el gobierno local dentro de Puerto Rico.86 El Sr. Laws García compartió un ejemplo 

del 2016, cuando el Congreso tomó acción a nivel local en Puerto Rico y aprobó el Puerto Rico 

Oversight Management and Economic Stability Act, mejor conocido como PROMESA.87 Como 

parte de la ley, el Congreso estableció una Junta de Supervisión y Gestión Fiscal compuesta por 

miembros designados con autoridad para revisar y determinar la conformidad de las leyes 

aprobadas por la Legislatura y firmadas por el Gobernador con el Plan Fiscal aprobado por la 

Junta, lo que ha aumentado aún más lo que el panelista Laws García llama al déficit 

democrático.

88 El Congreso le había dado a la Junta la autoridad de bloquear o nulificar cualquier 

ley local que ellos no creían consistente con sus prioridades financieras para Puerto Rico, una 

práctica que le da un poder extraordinario al Congreso que normalmente no se aplicaría a un 

estado y sirve como otro ejemplo del trato diferencial bajo los Casos Insulares.

89 El Dr. Rivera 

Ramos comentó que el Congreso ha usado este poder para discriminar contra Puerto Rico, 

especialmente en cuanto a los beneficios públicos.90

HALLAZGO IV - El Comité escuchó testimonios sobre las contradicciones en la 

ciudadanía estadounidense de los residentes de Puerto Rico. 

Aunque los residentes de Puerto Rico son ciudadanos americanos, existen diferentes 

contradicciones e interpretaciones en esta ciudadanía a causa de los Casos Insulares. El Dr.

82 Erman, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 26, 11-15.

83 Constitución de Estados Unidos (U.S. Const.) art. IV, § 3; Véase también: Erman, testimonio. Audiencia Hato Rey, 

Transcripción 1. p. 25, 22 - p. 26, 15.

84 Ramo Judicial de Puerto Rico. “About the Judicial Branch.” https://poderjudicial.pr/eng/communityeducation/legal-topics/rights-and-duties/our-rights/ (Consultado el 27 de octubre de 2023); Véase también: Rivera 

Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 39, 2-21.

85 Ramo Judicial de Puerto Rico. “About the Judicial Branch.” https://poderjudicial.pr/eng/communityeducation/legal-topics/rights-and-duties/our-rights/ (Consultado el 27 de octubre de 2023); Véase también: Rivera 

Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 55, 17-20.

86 Constitución de Estados Unidos (U.S. Const.) art. IV, § 3; Véase también: Laws García, testimonio. Audiencia 

Hato Rey, Transcripción 1. p. 288, 5-21. 

87 48 U.S. Code Chapter 20; Véase también: Laws García, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 288, 

5-21.

88 48 U.S.C. § 2121(e)(2)(A); Véase también: 48 U.S.C. § 2128(a); Véase también: 48 U.S.C. § 2142(d)(1)(B); 

Véase también: 48 U.S.C. § 2144(a)(5); Véase también: Pierluisi v. Financial Oversight & Management Board for 

Puerto Rico, No. 21-1071 (1st Cir. 2022); Véase también: Laws García, testimonio. Audiencia Hato Rey, 

Transcripción 1. p. 288, 5-21.

89 48 U.S.C. Chapter 20; Marrero Diaz, testimonio por escrito. p. 6.

90 Rivera Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 40, 2-14.
14

Venator Santiago comentó que aunque el Tribunal Supremo trata a Puerto Rico como un 

territorio externo, “extranjero en un sentido domestico”, el Congreso ha determinado que nacer 

en Puerto Rico después de 1940 es nacer en Estados Unidos - “O sea, ciudadanía por nacimiento 

en un territorio externo, esa contradicción”.

91 En el 1917, el Congreso naturalizó colectivamente 

a los residentes de Puerto Rico.92 Después, en el 1940, el Congreso dispuso en la Ley de 

Inmigración y Nacionalidad que toda persona nacida en Puerto Rico desde la fecha de 

ratificación del Tratado de París en 1899 y el 12 de enero de 1941 quedaba convertida 

retroactivamente en ciudadanos de Estados Unidos y que toda persona que naciera después del 

13 de enero de 1941 sería ciudadana de Estados Unidos al nacer.

93 Antes del Tratado de Paris, los 

residentes de Puerto Rico eran ciudadanos de España y podían votar por sus representantes ahí.94

El Tratado no tenía provisión sobre la transferencia de la ciudadanía de Estados Unidos a los 

puertorriqueños, no especificaba la relación que iban a tener con el gobierno federal.95

El Dr. Erman explicó que el Tribunal Supremo nunca ha tomado una posición formal sobre este 

tema – no ha respondido si el nacimiento en un territorio no-incorporado de Estados Unidos 

garantiza la ciudadanía bajo la Constitución.

96 El Dr. Erman continuó que el Congreso ha 

otorgado la ciudadanía basada en el lugar de nacimiento en los territorios de los Estados Unidos 

(con la excepción de América Samoa) y no está claro si el nacimiento local lo convierte a uno en 

ciudadano estadounidense o en nacional estadounidense sin ciudadanía.97 Además, planteó que 

esto se puede resolver con abandonar la doctrina de la no-incorporación.98 El Panelista Dr. José 

Julián Álvarez González, Profesor en la Escuela de Derechos de la Universidad de Puerto Rico,

apoya una idea relacionada a que la ciudadanía de Estados Unidos de los nacidos en Puerto Rico 

proviene de las leyes que le han otorgado y no de la Enmienda 14. Bajo los principios sentados 

en los Casos Insulares, los nacidos en Puerto Rico no han nacido en Estados Unidos.99 Otro 

testimonio recibido por escrito indica que la única forma de tener todos los derechos de forma 

91 Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 244 & n.1 (1901); Véase también: Nationality Act of 1940, P.L. 76-853; 54 Stat. 

1137; Véase También: Venator Santiago, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 67, 9-19.

92 Ley Jones-Shafroth, Ley Publica número 64-368, 39 Estatuto 951 (1917), codificada como enmendada en el 48 

Código de Estados Unidos (U.S.C.) §§ 731–751; Véase también: Venator Santiago, testimonio. Audiencia Hato Rey, 

Transcripción 1. p. 50, 22-25.

93 Nationality Act of 1940, P.L. 76-853; 54 Stat. 1137; Véase También: Álvarez González, José Julián, testimonio. 

Audiencia Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados 

Unidos, Hato Rey, PR, 10 de mayo de 2023, transcripción. p.128, 20 - p. 129, 5 (citado en adelante como Audiencia 

Hato Rey, Transcripción 1); Véase también: Dennis Freytes, Testimonio por escrito sometido para la Audiencia 

Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles d los Estados Unidos, Hato 

Rey, PR, 10 de mayo de 2023, p. 7. (citado en adelante como Freytes testimonio por escrito).

94 Marrero Diaz, testimonio por escrito, p. 2. Nota del Comité: Antes del Tratado de Paris, los residentes de Puerto 

Rico nacidos en España eran considerados ciudadanos de España. Al implementarse el Tratado de Paris, tuvieron la 

opción de declarar su lealtad a España (“opt-in”) y los que no optaban por esto automáticamente la renunciaban y 

adoptaban la nacionalidad del territorio (“opt-out”). Vea el Tratado de París de 1898 (30 Estatuto 1758), Artículo IX.

95 Tratado de París de 1898 (30 Estatuto 1758); Marrero Diaz, testimonio por escrito, p. 2. Nota del Comité: El 

Tratado de Paris no tenía provisión para que los residentes de Puerto Rico optaran por la ciudadanía de Estados 

Unidos. 

96 Erman, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 26, 16-22.

97 Erman, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 27, 2-12.

98 Erman, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 27, 2-12.

99 Álvarez González, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p.132, 12-22.
15

permanente es bajo la Enmienda 14 de la Constitución, que no menciona a los territorios.100 En el 

caso Rogers v. Bellei 401 U.S. 815 (1970), se decidió que aunque se otorgara la ciudadanía de 

forma estatuaria como una extensión de la Enmienda 14, esto también sería bajo la discreción del 

Congreso.101 La otra forma que se puede conferir la ciudadanía sería bajo un estatus determinado 

por el Congreso, lo cual ocurrió con Puerto Rico con la legislación 8 USC § 1402 que estableció 

que todas las personas nacidas en Puerto Rico el 11 de abril de 1899 (o después de esta fecha) y 

antes del 13 de enero de 1941, serían declarados ciudadanos de los Estados Unidos desde el 13 

de enero de 1941.

102

En cuanto a si el imponer el Servicio Militar Obligatorio a los ciudadanos americanos de Puerto 

Rico constituye una violación de sus derechos civiles, el Dr. Rivera Ramos declaró que “Si usted 

acepta la legitimidad, la vigencia, etcétera, de la doctrina establecida por los Casos Insulares, lo 

que se ha dicho sobre el poder del Congreso bajo la ‘Cláusula Territorial’, pues habría que 

concluir que bajo sus poderes plenos el Congreso puede establecer el servicio militar obligatorio 

en Puerto Rico. Voy más allá, es posible que también se pueda decir que pueda establecerlo sólo 

para Puerto Rico bajo la ‘Cláusula Territorial’”.

103

Estas contradicciones que existen en la ciudadanía de los residentes de Puerto Rico se extienden

al derecho al voto, tema que el Comité estudiará en más profundidad en un futuro próximo como 

parte de este proyecto. Sin embargo, es relevante mencionar que aunque los residentes de Puerto 

Rico son sujetos a las leyes federales sin poder participar en el proceso legislativo federal, solo 

pueden ejercer el sufragio al nivel federal cuando viven de forma permanente en un estado, pero 

no en Puerto Rico por ser territorio.

104 Además, Puerto Rico solo tiene a una representante en el 

Congreso – la Comisionada Residente - quien no puede votar, aunque representa una población 

de más de 3 millones de personas.105 Esta población es más grande que 20 estados y hay otros 

miembros del Congreso con autoridad completa quienes representan poblaciones 

significativamente más pequeñas.106 Solo una enmienda al nivel constitucional pudiera permitir 

que los puertorriqueños voten en una elección presidencial, lo cual el Dr. Álvarez González

describió en su testimonio como algo muy difícil de lograr.107

100 Freytes, testimonio por escrito, p. 2.

101 Rogers v. Bellei 401 U.S. 815 (1970); Véase también: Freytes, testimonio por escrito, p. 6.

102 8 USC § 1402; Véase también: Freytes, testimonio por escrito, p. 6.

103 Rivera Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 94, 6-16. 

104 Constitución de Estados Unidos (U.S. Const.) art. IV, § 3; Véase también: Pinto Lugo, Rene. “Puerto Ricans: The 

Inequality of “Equals” Through Time”. Revista Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

https://www.derecho.inter.edu/wp-content/uploads/2022/01/PUERTO-RICANS-THE-INEQUALITY-OF-EQUALSTHROUGH-TIME-.pdf (Consultado el 1 de noviembre de 2023). 

105 Constitución de Estados Unidos (U.S. Const.) art. IV, § 3; Véase también: Gobernador Pierluisi, testimonio por 

escrito, p. 3.

106 Gobernador Pierluisi, testimonio por escrito, p. 3; Véase también: Puerto Rico Report. “The Population of Puerto 

Rico Exceeds the Populations of 20 States”. https://www.puertoricoreport.com/population-puerto-rico-exceedspopulations-21-

states/#:~:text=This%20puts%20Puerto%20Rico%E2%80%99s%20population%20among%20U.S.%20States,all%2

0the%20other%20U.S.%20territories%2C%20and%20Washington%2C%20D.C. (consultado el 3 de noviembre de 

2023).

107 Álvarez González, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p.190, 19 - p. 191, 2.
16

HALLAZGO V - A través de los testimonios, el Comité escuchó sobre el impacto 

significativo que el estatus como territorio no-incorporado de Puerto Rico ha tenido en el 

limitado acceso a programas de bienestar social.

Experiencia de José A. Hernández

El Comité escuchó el testimonio de José A. Hernández, miembro de la Junta Directiva da la 

organización Movimiento para el Alcance de Vida Independiente, quien compartió su experiencia 

como una persona con impedimento físico con necesidad de programas de asistencia federales 

después de que tuvo que pasar un tiempo en Florida tras el desastre del Huracán María. El Sr. 

Hernández vivió directamente el trato diferencial hacia los residentes de Puerto Rico en cuanto al 

acceder a los beneficios públicos. Dentro del primer mes de estar en Florida, el Sr. Hernández se 

pudo inscribir, sin contratiempos, a varios programas incluyendo: al Medicare (incluyendo su 

elección de un nuevo plan de Medicare Advantage), a los programas de ahorros de Medicare por 

los medicamentos provistos por fondos del programa del seguro de ayuda suplementaria, al 

programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP), y obtuvo el acceso al transporte 

colectivo para personas con impedimento físico.108

Sin embargo, al regresar a Puerto Rico después de que el gobierno federal terminó una dispensa 

de vivienda otorgada para los residentes afectados por el Huracán que incluía poder estar en 

viviendas alternativas durante la emergencia, el Sr. Hernández tuvo que reinscribirse de nuevo a 

todos los servicios que tenía antes de haberse ido.

109 Él explicó que la Administración del Seguro 

Social requirió que informara cuando estuviera de regreso en Puerto Rico, porque al no hacerlo 

sería considerado una violación.110 Al regresar a Puerto Rico, el Sr. Hernández tuvo que seguir el 

proceso de reinscripción para cada programa de forma individual, aunque ya no contó con el 

servicio de transporte colectivo.

111 El proceso de acceder de nuevo a sus servicios médicos y 

regresar a su rutina le tomó entre seis a doce meses, algo que le causó que se agravara su 

condición delicada de salud.

112 El Sr. Hernández describió haber recibido un trato desigual 

108 José A. Hernández, testimonio. Audiencia Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de 

Derechos Civiles de los Estados Unidos, Hato Rey, PR, 10 de mayo de 2023, transcripción. p. 101, 24 - p. 102, 18 

(citado en adelante como Audiencia Hato Rey, Transcripción 1).

109 Federal Emergency Management Agency. “FEMA provides update on status of Transitional Sheltering Assistance 

as program deadline nears.” https://www.fema.gov/press-release/20230425/fema-provides-update-statustransitional-sheltering-assistance-program (Consultado el 31 de octubre de 2023).

110 Hernández, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 109, 13-22; Véase también: “How do I report a 

change of name or address to Medicare?” U.S. Department of Health and Human Services. 8 de diciembre de 2022. 

https://www.hhs.gov/answers/medicare-and-medicaid/how-do-i-change-my-name-or-address-withmedicare/index.html (consultado el 25 de enero de 2024); Véase también: “Reporting Changes is Your 

Responsibility.” Social Security Matters. 6 de noviembre de 2023. https://blog.ssa.gov/reporting-changes-is-yourresponsibility/ (consultado el 25 de enero de 2023).

111 Hernández, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 109, 6 - p. 110, 10; Véase también: Hernández,

testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 103, 12 - 104, 23.

112 Hernández, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 103, 12 - 104, 23.
17

después de haber tenido la experiencia de acceder a servicios médicos en un estado y en la 

isla.

113

Desigualdad en los programas federales de bienestar social

La panelista Betzaida Ramos, Directora de la organización Movimiento para el Alcance de Vida 

Independiente, basó su testimonio en un estudio que se realizó en colaboración con la agencia 

federal National Disability Council sobre el estado de la calidad de vida y recursos para las 

personas discapacitadas en Puerto Rico.114 Ella compartió que los resultados del estudio 

comprueban disparidades que existen en programas de asistencia como Medicaid, SSI, Medicare, 

NAP versus SNAP, y asistencia en desastre cuando se compara Puerto Rico no solo con los 

estados, pero también con otros territorios.

115 Además, la Sra. Ramos explicó que la cantidad de 

fondos asignados a estos programas se calcula por medio de los programas “block grant”, que 

son apropiados por el Congreso a través de fórmulas que se utilizan para los territorios y estos 

fondos son considerablemente más bajos que lo que se asigna a los mismos programas en los 

estados.

116 Por ejemplo, la inversión en Medicaid para una persona en Puerto Rico son 1,980 

dólares anuales, mientras que en los Estados Unidos son 6,060 dólares anuales.117 De forma 

similar, una persona que recibe asistencia nutricional (NAP) en Puerto Rico, recibe en promedio 

60 por ciento menos beneficios que los que reciben SNAP en Estados Unidos.118

En cuanto a los beneficios médicos, la Sra. Ramos explicó que existe un trato disparejo en el 

programa Medicare en cuanto a las tasas de reembolso que se le hacen a los proveedores.119 La 

Sra. Ramos dijo que la tasa de reembolso “está 43 por ciento por debajo del promedio nacional y 

26 por ciento por debajo de los US Virgin Islands, lo cual nos demuestra el porqué de la fuga de 

113 Hernández, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. , p. 108, 7-19.

114 National Council on Disability. “Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con

Discapacidades en Programas y Beneficios Federales”.

https://ncd.gov/sites/default/files/NCD_Puerto_Rico_Report_Spanish_508.pdf (consultado el 6 de noviembre de 

2023); Véase también: Betzaida Ramos, testimonio. Audiencia Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la 

Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, Hato Rey, PR, 10 de mayo de 2023, transcripción. p. 193 –

201. (citado en adelante como Audiencia Hato Rey, Transcripción 1).

115 Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p.195, 14 23; Véase también: National Council on 

Disability. “Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades en Programas y Beneficios 

Federales”. https://ncd.gov/sites/default/files/NCD_Puerto_Rico_Report_Spanish_508.pdf (consultado el 6 de 

noviembre de 2023); Véase también: Congressional Research Service. “Community Services Block Grants (CSBG): 

Background and Funding”. https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL32872 (consultado el 6 de noviembre 

de 2023).

116 Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 196, 6-24.

117 Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1, p.197, 11-21; Véase también: Medicaid.gov. “State 

Overviews”. https://www.medicaid.gov/state-overviews/index.html (consultado el 2 de noviembre de 2023).

118 Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p.199, 8-16; Véase también: Center on Budget and 

Policy Priorities. “A Brief Overview of Puerto Rico's Nutrition Assistance Program.” 

https://www.cbpp.org/research/a-brief-overview-of-the-nutrition-assistanceprogram#:~:text=Under%20regular%20NAP%20rules%20%28not%20including%20the%20recent,monthly%20NA

P%20benefits%20in%20March%20through%20June%202019. (consultado el 2 de noviembre de 2023).

119 Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 200, 2-5. 
18

profesionales de salud que existe actualmente en Puerto Rico”.120 Más de 1,000 profesionales de 

la salud han migrado al continente en los últimos cinco años, dejando aún más vulnerables a los 

residentes de Puerto Rico con discapacidades.121

En cuanto al programa Medicaid, 39 por ciento de todos los residentes de Puerto Rico reciben 

seguro médico a través del programa Medicaid en comparación con el 10 por ciento en los 

estados, a pesar de que Puerto Rico recibe menos fondos federales que cualquier estado.

122 Las 

apropiaciones para el programa Medicaid, en parte, son calculados usando la fórmula de 

Porcentaje de Asistencia Médica Federal (FMAP), que calcula el ingreso per cápita contra el 

ingreso per cápita de la nación.123 Aunque esto debe apoyar las regiones más pobres, la Sra. 

Ramos explica que en Puerto Rico, a pesar de ser una de las jurisdicciones más pobres en 

Estados Unidos, el FMAP se ha aplicado por debajo de otros estados y otros territorios, 

afectando directamente la calidad de vida de las personas que más necesitan de estos recursos.124 

El panelista José Acarón, Director de AARP Puerto Rico, dijo que una posible razón detrás de 

este trato diferencial en los beneficios es que con 3.2 millones de habitantes, Puerto Rico tiene 

una población más grande que otros territorios y esto puede influir en los costos para extender 

los programas en Puerto Rico.125

Algo que aumenta el nivel de desigualdad es que el programa de ingreso de seguridad 

suplementario (SSI) que proporciona apoyo financiero a personas con pocos ingresos, no está

disponible para los residentes de Puerto Rico.126 En un testimonio sometido por escrito de parte 

120 Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 200, 6-11; Véase también: National Council on 

Disability. “Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con

Discapacidades en Programas y Beneficios Federales.”

https://ncd.gov/sites/default/files/NCD_Puerto_Rico_Report_Spanish_508.pdf (consultado el 6 de noviembre de 

2023).

121 National Council on Disability. “Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con

Discapacidades en Programas y Beneficios Federales.”

https://ncd.gov/sites/default/files/NCD_Puerto_Rico_Report_Spanish_508.pdf (consultado el 6 de noviembre de 

2023).

122 Ibid.

123 Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 197, 22 – p. 198, 1; Ver también: “...a los territorios 

de los EE. UU. se les asigna un FMAP permanente del 50 por ciento, que posteriormente se incrementó al 55 por 

ciento con la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA)...Si la cobertura de Medicaid 

en Puerto Rico fuera la misma que en los estados, su tasa de FMAP sería del 87 por ciento” en National Council on 

Disability. “Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades en Programas y Beneficios 

Federales”. https://ncd.gov/sites/default/files/NCD_Puerto_Rico_Report_Spanish_508.pdf (consultado el 6 de 

noviembre de 2023). Nota del Comité: el Acta de Apropiaciones Consolidada de 2023 enmienda el Acta de Seguro 

Social para aumentar el FMAP a 76% en Puerto Rico hasta el año fiscal 2027, Para más información, vea: Public 

Law 117 - 328 - Consolidated Appropriations Act, 2023.Congressional Research Service. “Consolidated 

Appropriations Act, 2023 (P.L. 117-328): Medicaid and CHIP Provisions.” 

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47821 (consultado el 18 de diciembre de 2023).

124 Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 197, 22 – p. 198, 20.

125 José Acarón, testimonio. Audiencia Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos 

Civiles de los Estados Unidos, Hato Rey, PR, 10 de mayo de 2023, transcripción. p. 311, 12 – p. 312, 7 (citado en 

adelante como Audiencia Hato Rey, Transcripción 1). 

126 United States v. Vaello Madero, 596 U.S. ___ (2022); Véase también: Alex Ortiz, testimonio. Audiencia Pública 

ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, Hato Rey, PR,

10 de mayo de 2023, transcripción. p. 227, 18 - p. 228, 7 (citado en adelante como Audiencia Hato Rey, 

Transcripción 1); Véase también: Lucy Cruz, testimonio. Audiencia Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico 
19

de Anita Teekah y Lia Fiol-Matta de la organización Latino Justice PRLDEF, el SSI es 

disponible en los 50 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Marianas y se estima que 

436,000 personas en Puerto Rico pueden calificar para SSI si no fuera por el trato discriminatorio 

del Congreso.127 Además, comentaron que “aunque el programa fue diseñado específicamente 

para ayudar aquellas personas “con pocos o sin ingresos”, con sus necesidades básicas y debe 

ayudar aquellos que no trabajan y, en sí, no pagan impuestos federales, esto claramente no se 

extiende a los que viven en Puerto Rico”.128 El programa AABD, parecido al SSI, sí existe en 

Puerto Rico pero provee una cantidad mínima de asistencia comparado a si existiera el acceso al 

SSI - una persona en Puerto Rico recibiría 75 dólares mensuales [con AABD], mientras que en 

Estados Unidos serían 841 dólares con el SSI.129 El Panelista Alex Ortiz, veterano de las fuerzas 

armadas y líder en la comunidad veterana de Puerto Rico, explicó que esto afecta 

desproporcionadamente a los veteranos con discapacidad quienes a menudo necesitan apoyos 

financieros debido a su discapacidad para trabajar o a los costos adicionales asociados con sus

discapacidades en servicio a la nación americana.130

La falta de acceso al SSI

Como parte del testimonio por escrito para este proyecto, el Comité también recibió informes de 

parte de la Licenciada Isabel Abislaimán-Quílez, quien representa a Emanuel Rivera Fuentes por 

medio de su padre y varios individuos con necesidad de la ayuda de SSI, para proveer un 

ejemplo del impacto del trato diferencial y los argumentos a favor de expandir el SSI a Puerto 

Rico.

131 En el 2019, Rivera Fuentes, quien sufre de impedimentos graves a causa de una parálisis 

cerebral, fue a solicitar el SSI en las oficinas de la Administración de Seguro Social en Puerto 

Rico y fue puesto en una lista de espera. En julio de ese año, recibió una carta con la 

determinación de no elegibilidad diciendo: “El beneficio de SSI no se paga en Puerto Rico”.132

Desde que se comenzó este caso legal, 11 personas adicionales se han unido como 

demandantes.133 Notablemente, este caso fue demorado por esperar la decisión en el caso de 

United States v. Vaello Madero, 142 S. Ct. 1539 (2022) que también levantó preguntas 

ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, Hato Rey, PR, 10 de mayo de 2023, transcripción. p. 

221, 14 - p. 222, 2 (citado en adelante como Audiencia Hato Rey, Transcripción 1).

127 Teekah y Fiol-Matta, testimonio por escrito, p. 1; Véase también: Konish, Lorie. “Supreme Court decision may 

hurt Puerto Rico residents who need access to federal disability program, expert says”. CNBC. 21 de abril de 2022. 

https://www.cnbc.com/2022/04/21/supreme-court-decision-hurts-puerto-ricans-who-need-federal-benefits.html

(consultado el 20 de octubre de 2023). 

128 Teekah y Fiol-Matta, testimonio por escrito, p. 3; Véase también: Social Security. “Supplemental Security 

Income (SSI)”. https://www.ssa.gov/ssi/ (consultado el 20 de octubre de 2023). 

129 Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p.199, 18 - p. 200, 1; Véase también: Benefits.gov. 

“Assistance in Puerto Rico, U.S. Virgin Islands, and Guam”. https://www.benefits.gov/benefit/632 (consultado el 20 

de octubre de 2023).

130 Ortiz, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 227, 18 - p. 228, 7.

131 Rivera Fuentes, et al. v. Kijakazi, et al., No. 23-1511, U.S. Court of Appeals, 1st Circuit. Brief of PlaintiffsAppellants, Archivado el 9 de junio de 2023. 

132 Id, p. 29-32.

133 Id.
20

importantes sobre la protección por igual en cuanto el acceso al SSI pero fue rechazado por la 

Tribunal Supremo.

134

La Licenciada Abislaimán-Quílez argumentó que los demandantes tienen un derecho 

constitucional a las misma protecciones y garantías que los demás ciudadanos de Estados 

Unidos, incluyendo la igualdad ante la ley y la libertad de la discriminación de parte del gobierno 

federal basado en la raza o etnia, y porque la Constitución aplica esté donde esté un ciudadano, 

los derechos de los demandantes son protegidos estando en Puerto Rico.

135 La Licenciada 

Abislaimán-Quílez añadió que los demandantes tienen derechos naturales como el proteger su 

vida y dignidad entre otros factores, y el SSI ha sido fundamental al proteger los derechos 

naturales de las personas con necesidades entonces deberían de ser elegibles para este 

programa.136 El SSI existe para apoyar a las personas de avanzada edad, personas no videntes, y 

personas discapacitadas que son eligibles a base de sus ingresos y otros requisitos.137 Como uno 

de estos requisitos, el individuo debe ser residente de los Estados Unidos, pero para propósitos 

del SSI, Estados Unidos es definido en una forma geográfica que incluye los estados 

continentales y el Distrito de Columbia.

138 Además, la Licenciada Abislaimán-Quílez usa el 

argumento de que la Cláusula de Privilegios e Inmunidades de la 14a Enmienda pone límites en 

la Cláusula Territorial porque no permite que se forme una categoría separada de ciudadanos

cuando el Congreso establece estatutos que deben beneficiar a individuos con uniformidad a 

nivel nacional.

139 Según el informe, la interpretación de que la Cláusula Territorial da poder 

completo sobre los territorios y sus habitantes es equivalente a tratar aquellos habitantes como 

propiedad a discreción del Congreso, el cual es solo una rama del gobierno federal.140 La 

Cláusula Territorial no describe ni estratifica categorías diferentes de territorios ni ciudadanos.141

Como parte del caso Rivera Fuentes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sometió un 

informe en septiembre de 2023 en contra de la expansión de SSI en Puerto Rico. El 

Departamento de Justicia dijo que la participación en SSI no es un privilegio de la ciudadanía y 

134 United States v. Vaello Madero, 142 S. Ct. 1539 (2022); Véase también: Rivera Fuentes, et al. v. Kijakazi, et al., 

No. 23-1511, U.S. Court of Appeals, 1st. Brief for Appellees, Archivado el 6 de septiembre de 2023, p. 10.

135 Rivera Fuentes, et al. v. Kijakazi, et al., No. 23-1511, U.S. Court of Appeals, 1st Circuit Brief of PlaintiffsAppellants, Archivado el 9 de junio de 2023. p. 37-38.

136 Id.

137 42 U.S.C. § 1382; Véase también: Rivera Fuentes, et al. v. Kijakazi, et al., No. 23-1511, U.S. Court of Appeals, 

1

st Circuit. Brief for Appellees, Archivado el 6 de septiembre de 2023, p. 11.

138 42 U.S.C. § 1382c(a)(1); Véase también: 42 U.S.C. § 1382c(c)(e); Véase también: Rivera Fuentes, et al. v. 

Kijakazi, et al., No. 23-1511, U.S. Court of Appeals, 1st Circuit. Brief for Appellees, Archivado el 6 de septiembre de 

2023, p. 11, 12. Nota del Comité: Hay una excepción en cuanto a la definición geográfica con las Islas Marianas por 

medio del Pacto que las convertió en territorio. Para más información vea: Pub. L. No. 94-241, § 502(a)(1), 90 Stat. 

263, 268 (1976) (codified at 48 U.S.C. § 1801).

139 Constitución de Estados Unidos (U.S. Const.) amend. XIV, § 1; Véase también: Constitución de Estados Unidos 

(U.S. Const.) art. IV, § 3; Rivera Fuentes, et al. v. Kijakazi, et al., No. 23-1511, U.S. Court of Appeals, 1st Circuit, 

Brief of Plaintiffs-Appellants, Archivado el 9 de junio de 2023, p. 38.

140 Rivera Fuentes, et al. v. Kijakazi, et al., No. 23-1511, U.S. Court of Appeals, 1st Circuit. Brief of PlaintiffsAppellants, Archivado el 9 de junio de 2023, p. 57.

141 Rivera Fuentes, et al. v. Kijakazi, et al., No. 23-1511, U.S. Court of Appeals, 1st Circuit. Reply Brief of PlaintiffsAppellants, Archivado el 11 de octubre de 2023, p. 11.
21

está de acuerdo con que la decisión de la Corte Suprema fue una apropiada.142 Explicaron que los 

residentes de los territorios (con la excepción de las Islas Marianas) no son elegibles para el SSI 

y cualquier persona que pase 30 días consecutivos o más en los territorios no recibiría el 

beneficio por ese periodo.143 En su lugar, el Congreso ofrece el programa AABD para ayudar a la 

misma población, aunque no recibe el mismo nivel de fondos federales para este programa.144 La 

diferencia entre los dos programas es importante, ya que la cantidad de ayuda del SSI aumenta 

cada año ($914 dólares en enero de 2023) mientras que en Puerto Rico, la cantidad del programa 

AABD está fijado a $58 dólares.145 Abislaimán-Quílez argumenta que el SSI es una versión 

avanzada de AABD.146

El Departamento de Justicia argumentó que este caso no puede ser exitoso después de la decisión 

en United States v. Vaello Madero, que establece que la situación única de Puerto Rico en cuanto 

a los impuestos provee una base racional para la exclusión.147 Dicen que la exclusión de los 

residentes de Puerto Rico no es una discriminación racial y que, como en el caso Vaello Madero, 

no es necesario implicar a los Casos Insulares para resolver este caso.148 A pesar de esta 

declaración de que la exclusión al SSI no es discriminación racial, la Licenciada AbislaimánQuílez subraya en su contestación que la raza y el impedimento son identidades en solapamiento 

y por esto existe la desigualdad ante la ley basado en la raza.149 Según la Licenciada AbislaimánQuílez, los demandantes cumplen con todos los requisitos del SSI, excepto por la exclusión 

geográfica, y la necesidad de esta ayuda es más y más urgente, especialmente por la población de 

adultos mayores creciente.150 “El SSI no provee una definición de geografía. Sin embargo, el SSI 

no aplica a las características físicas del terreno; aplica a la gente”, dice la Licenciada 

Abislaimán-Quílez.151 La geografía toma en cuenta las características raciales, étnicas, y 

ancestrales de los habitantes, y por esto la exclusión basada en la geografía no ignora el color 

[raza].152 La Licenciada Abislaimán-Quílez argumenta que el hecho de que este énfasis en que la 

geografía excluya a una población principalmente hispana demuestra que está por lo menos 

142 Rivera Fuentes, et al. v. Kijakazi, et al., No. 23-1511, U.S. Court of Appeals, 1st Circuit. Brief for Appellees, 

Archivado el 6 de septiembre de 2023, p. 10.

143 C.F.R. § 416.1327(a); Véase también: Rivera Fuentes, et al. v. Kijakazi, et al., No. 23-1511, U.S. Court of 

Appeals, 1st Circuit. Brief for Appellees, Archivado el 6 de septiembre de 2023, p. 12.

144 42 U.S.C.§§ 301-306, 1201-1206, 1351-1355, 1381 note; 42 U.S.C. §§ 1381 note, 1382 note, 1383 note,

1384 note, 1385 note; Véase también: Rivera Fuentes, et al. v. Kijakazi, et al., No. 23-1511, U.S. Court of Appeals, 

1

st Circuit. Brief for Appellees, Archivado el 6 de septiembre de 2023, p. 12.

145 Rivera Fuentes, et al. v. Kijakazi, et al., No. 23-1511, U.S. Court of Appeals, 1st Circuit. Reply Brief of PlaintiffsAppellants, Archivado el 11 de octubre de 2023, p. 12-13.

146 Rivera Fuentes, et al. v. Kijakazi, et al., No. 23-1511, U.S. Court of Appeals, 1st Circuit, Brief of PlaintiffsAppellants, Archivado el 9 de junio de 2023, p. 24.

147 United States v. Vaello Madero, 142 S. Ct. 1539 (2022); Véase también: Rivera Fuentes, et al. v. Kijakazi, et al., 

No. 23-1511, U.S. Court of Appeals, 1st Circuit. Brief for Appellees, Archivado el 6 de septiembre de 2023, p. 16-17.

148 Rivera Fuentes, et al. v. Kijakazi, et al., No. 23-1511, U.S. Court of Appeals, 1st

. Brief for Appellees, Archivado 

el 6 de septiembre de 2023, p. 18.

149 Rivera Fuentes, et al. v. Kijakazi, et al., No. 23-1511, U.S. Court of Appeals, 1st Circuit. Reply Brief of PlaintiffsAppellants, Archivado el 11 de octubre de 2023, p. 13.

150 Id, p. 14.

151 Id, p. 24.

152 Id, p. 35.
22

parcialmente basado en la raza, etnia, y ascendencia.153 Esta opinión la comparte el Juez Gustavo 

Gelpí, quien en su opinión en el caso Vaello Madero, subrayó que esta exclusión de la ley federal 

parte de facto de una clasificación sospechosa basada en el origen hispano de su población es 

constitucionalmente impermisible.154 En cuanto al trato diferencial, Abislaimán-Quílez escribe 

que “solo hay una ciudadanía dentro de una nación. En ningún lugar la Constitución autoriza al 

Congreso a rediseñar líneas nacionales, y mucho menos crear categorías de ciudadanía”.155 Esta 

contestación más reciente archivada en octubre de 2023 pide que se reverse la decisión de la 

Corte de Distrito.156 En el caso Rivera-Fuentes, los demandantes preservaron el derecho para 

reclamar la revocación de los Casos Insulares porque crean un sistema de desigualdad mediante 

separación de los territorios y los ciudadanos residentes en ellos, sin base en la Constitución.157

El acceso a los beneficios para las personas discapacitadas

En su testimonio, la Panelista Betzaida Ramos indicó que, en Puerto Rico, un 21.7% de la 

población son personas discapacitadas lo que representa alrededor de 687,000 personas en Puerto 

Rico.158 El nivel de pobreza de las personas discapacitadas en Puerto Rico es cerca de un 48%, o 

sea, casi cerca de la mitad de la población son personas que están viviendo actualmente bajo los 

niveles de pobreza. Y de este casi 50%, solamente un 23.7% son personas que trabajan, 

comparado con un 36% en Estados Unidos y un 44% en los otros territorios.159

La desigualdad en el nivel de asistencia proveída a través de diferentes programas federales 

impone un reto único a las personas con discapacidades en Puerto Rico. Aunque una persona con 

discapacidades quisiera trabajar, tiene que cumplir con los criterios de elegibilidad del Medicaid

para poder seguir recibiendo esa ayuda.

160 Este requisito fuerza a la persona a que tenga que 

decidir entre seguir recibiendo los beneficios mínimos que apenas son suficientes para sus 

gastos, o trabajar y arriesgar ganar más que el límite y perder el beneficio que necesitan para 

mantener su salud.

161 Por eso es que muchas de estas personas tienen que decidir a menudo en 

153 Rivera Fuentes, et al. v. Kijakazi, et al., No. 23-1511, U.S. Court of Appeals, 1st Circuit. Reply Brief of PlaintiffsAppellants, Archivado el 11 de octubre de 2023, p. 24.

154 Córdova, Andrés L. “Algunos apuntes a U.S. v. Vaello Madero”. El Vocero. 2 de septiembre de 2019. 

https://www.elvocero.com/opinion/algunos-apuntes-a-u-s-v-vaello-madero/article_e665c354-2c0c-11e9-9f28-

8378d31aff1c.html (consultado el 8 de noviembre de 2023). 

155 Rivera Fuentes, et al. v. Kijakazi, et al., No. 23-1511, U.S. Court of Appeals, 1st Circuit. Reply Brief of PlaintiffsAppellants, Archivado el 11 de octubre de 2023, p. 28.

156 Id, p. 36.

157 Rivera Fuentes, et al. v. Kijakazi, et al., No. 23-1511, U.S. Court of Appeals, 1st Circuit, Brief of PlaintiffsAppellants, Archivado el 9 de junio de 2023, p. 64.

158 Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p.193, 24 - p. 194, 11.

159 Ibid; Véase también: National Council on Disability. “Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con

Discapacidades en Programas y Beneficios Federales”.

https://ncd.gov/sites/default/files/NCD_Puerto_Rico_Report_Spanish_508.pdf (consultado el 6 de noviembre de 

2023).

160 “Quality of Care in Puerto Rico – Medicaid Overview”. Medicaid.gov. https://www.medicaid.gov/stateoverviews/puerto-rico.html (consultado el 22 de enero de 2024). 

161 Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p.198, 21 - p. 199, 7; Véase también: Departamento de 

Salud. “Programa Medicaid”.
23

cual necesidad van a gastar sus pocos ingresos – ya sea en comida o en medicamentos, y muchas 

veces enfrentan el tener que irse a Estados Unidos para poder preservar su vida.

162 La Sra.

Ramos dijo: “si eliminamos esas barreras de discrimen, le damos la oportunidad a ellos de 

aportar activamente a lo que es vida en sociedad, y tendríamos más puertorriqueños laborando, 

trabajando mano a mano y demostrando lo que es la capacidad del puertorriqueño en cualquier 

ámbito de lo que es vida en sociedad”.

163

En el testimonio hubo argumentos sobre como las disparidades en el acceso a los programas y 

beneficios federales contribuyen a los retos sociales y económicos en Puerto Rico.164 En un 

testimonio por escrito sometido por la Comisionada Residente Jenniffer González Colón, ella 

comentó que “en las instancias cuando el Congreso ha decidió tratar a Puerto Rico de forma 

diferente bajo algún programa de asistencia federal particular, se ha basado, ya sea de forme 

explícita o implícita, en el argumento de que este trato diferencial es permitido porque los 

individuos y negocios en Puerto Rico no contribuyen impuestos federales sobre ingresos hacia el 

fondo general al mismo nivel que sus contrapartes en los estados”.165 El testimonio del veterano 

Alex Ortiz capta la frustración de los residentes de Puerto Rico en cuanto a esta desigualdad –

“Lo que muchos no entendemos es por qué el Congreso y la rama judicial no toma acción sobre 

el tema a favor de la igualdad de los derechos [de] los puertorriqueños que vivimos en la isla. En 

el centro de los Casos Insulares está la negación de los derechos civiles básicos garantizados por 

la Constitución de los Estados Unidos”.

166

HALLAZGO VI - El Comité escuchó testimonios sobre los efectos que las limitaciones de 

poder acceder a programas públicos han tenido en ciertos grupos sociales, incluyendo las 

personas adultas mayores, los veteranos, y las familias con menores.

Descripción de los efectos en las personas mayores

El Comité escuchó testimonio sobre una de las poblaciones más vulnerables que viven el 

impacto de la desigualdad hacia Puerto Rico día a día – las personas adultas mayores, uno de los 

grupos sociales más grandes en Puerto Rico.167 La Panelista Lucy Cruz, Presidenta del grupo 

comunitario Grupo de Ocho Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña (G8), compartió que su 

organización ve esta realidad a menudo y ve como la ayuda del gobierno es uno de los pocos 

apoyos que reciben las personas mayores, aunque no es suficiente para sus necesidades 

cotidianas. Ella comentó que los recursos locales para esta población también han disminuido –

https://www.salud.pr.gov/CMS/85#:~:text=Documentos%20que%20debe%20proveer%20cuando%20acuda%20a%2

0su,menores%20que%20vivan%20en%20el%20hogar%20More%20items (consultado 1 de noviembre de 2023). 

162 Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 200, 20 - p. 201, 9.

163 Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 238, 20 - p. 239, 7.

164 Gobernardor Pierluisi, testimonio por escrito, p. 4.

165 Jenniffer González Colón, Comisionada Residente, Congreso de los Estados Unidos. Testimonio por escrito 

sometido para la Audiencia Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles de

los Estados Unidos, Hato Rey, PR, 10 de mayo de 2023, p. 6. (citado en adelante como Comisionada Residente 

González Colón testimonio por escrito).

166 Ortiz, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 224, 24 - p. 225, 11.

167 Cruz, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 239, 16 - p. 241, 3.
24

“A nosotros nos han cerrado casi todos los centros de envejecientes del Municipio de San Juan. 

Y llevamos años peleando porque se reabran los centros de ayuda para los envejecientes, porque 

por lo menos un plato de comida al día, por lo menos les resuelve algo.”

168

El Sr. José Acarón de AARP Puerto Rico compartió que: “Puerto Rico es el séptimo país más 

envejecido del mundo”.169 Además, el nivel de pobreza en Puerto Rico es cuatro veces más grave 

que en los estados - en el 2019 el nivel de pobreza era de 43%, mientras que en Estados Unidos 

el promedio estaba en 10.5%.

170

El Sr. Acarón también apuntó de que a pesar de que muchas personas mayores viven solas en 

Estados Unidos, por lo regular existe algún tipo de acceso a servicios en sus comunidades, 

mientras que en Puerto Rico no existe ese tipo de red.

171 La soledad de las personas mayores fue 

obvio tras el desastre el Huracán María, donde se observó que en muchas casas habían personas 

mayores viviendo solas, o cuidando de personas aún más mayor de edad sin apoyo de alguien 

más.172 El Sr. Acarón comentó como “por fin la gente entendió que Puerto Rico es un país que ya 

envejeció. No es que está envejeciendo, es que ya envejeció hace tiempo y no hemos querido 

darnos cuenta de nuestra realidad para crear entonces un sistema de apoyo a la población”.

173

Esta experiencia de las personas mayores en Puerto Rico señala la necesidad urgente de 

programas como el Medicaid con cobertura completa y el SSI, lo cual pudiera ayudar a 

aproximadamente 700,000 residentes.174

Otro reto que enfrenta esta población es la falta de un sistema de instituciones de cuidado a largo 

plazo en Puerto Rico. El Sr. Acarón mencionó que “no se ha desarrollado una industria de 

instituciones de cuido de larga duración, porque tampoco Medicaid paga la parte de los cuidados 

prolongados”.

175 En esta misma línea, uno de los varios servicios requeridos bajo Medicaid que 

no aplican a Puerto Rico incluye los servicios comunitarios en casa que ayudan a las personas 

168 Cruz, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 239, 16 - p. 241, 3.

169 Acarón, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 266, 15-17; Véase también: Rivera Marrero, 

Mildred. “Puerto Rico es uno de los países con más adultos mayores en el mundo”. El Nuevo Día. 26 de febrero de 

2023. https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/puerto-rico-es-uno-de-los-paises-con-mas-adultosmayores-en-el 

mundo/#:~:text=Puerto%20Rico%20ocupa%20el%20s%C3%A9ptimo%20lugar%20en%20el,las%20Naciones%20

Unidas%20%28ONU%29%20que%20fue%20publicado%20recientemente (consultado el 3 de noviembre de 2023). 

170 Acarón, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 269, 7-11; Véase también: Vargas-Ramos, Carlos, et 

al. “Pervasive Poverty in Puerto Rico: a Closer Look”. Center for Puerto Rican Studies at Hunter College. 

https://centropr.hunter.cuny.edu/reports/pervasive-poverty-in-puerto-rico/ (consultado el 3 de noviembre de 2023).

171 Acarón, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 317, 14-21; Véase también: Matos-Moreno, 

Amílcar., et al. “Aging and the Left Behind: Puerto Rico and Its Unconventional Rapid Aging”. The Gerontologist. 

Septiembre de 2022. https://academic.oup.com/gerontologist/article/62/7/964/6607773 (consultado el 3 de 

noviembre de 2023).

172 Acarón, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 317, 25 - p. 318, 15; Véase también: Varney, Sarah. 

“Amid new hurricane season, Maria still taking a toll on Puerto Rico’s elderly”. PBS Newshour. 

https://www.pbs.org/newshour/show/amid-new-hurricane-season-maria-still-taking-a-toll-on-puerto-ricos-elderly

(consultado el 3 de noviembre de 2023). 

173 Acarón, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1.p. 317, 25 - p. 318, 15.

174 Acarón, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 269, 12 - p. 271, 5; Véase también: Coto, Danica. 

“US court upholds SSI for Puerto Ricans in key ruling”. Associated Press. 10 de abril de 2020. 

https://apnews.com/article/908aeca623bc4a07b6c90ad8ac86d047 (consultado el 3 de noviembre de 2023).

175 Acarón, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 272, 15-20. 
25

mayores a recibir el cuidado necesario sin tener que dejar su hogar.176 Acarón compartió que 

AARP Puerto Rico llevó a cabo una encuesta en la que “el 87% de la población quiere envejecer 

en su casa, pero no tenemos los fondos, ni tenemos la estructura para proveer esos servicios. Y 

qué está pasando, los males sociales de, ‘No tengo transportación, vivo en aislamiento.’ El 

aislamiento social provoca condiciones cognitivas, provoca depresión, provoca condiciones de 

salud”.

177

Descripción de los efetos en los veteranos

El Comité también recibió testimonio relevante a la experiencia de los veteranos en Puerto Rico 

y cómo el trato diferencial los afecta. El Panelista Alex Ortiz declaro que: “Los Casos Insulares 

han dejado a los veteranos de Puerto Rico en un estado de limbo, negándoles ciertos derechos, 

beneficios que de otra manera disfrutan con sus conveteranos en los Estados Unidos. Para poder 

disfrutar de estos beneficios, un veterano que vive en Puerto Rico sólo tiene que mudarse a otro 

estado y listo, como si nada hubiera pasado.”

178

Los veteranos de Puerto Rico han contribuido de forma significativa en los conflictos de Estados 

Unidos. El Sr. Ortiz informó al Comité que: “En la Primera Guerra Mundial fueron sobre 18,000; 

en la Segunda, sobre 65,000; en la Guerra de Corea, sobre 61,000 y donde nuestros 

“Borinqueneers” dieron a mostrar lo valioso que hemos sido desde entonces; 48,000 en la Guerra 

de Vietnam. Y aún no tenemos los datos oficiales en cuántos puertorriqueños han participado en 

la guerra contra el terrorismo, que incluye a Irak y Afganistán. Sí sabemos que desde el 2001 la 

Guardia Nacional de Puerto Rico se ha desplegado más de 18,000 veces en el servicio a la 

nación, incluyendo zonas de combate.”179

El Panelista Brig. Gen. Victor Pérez compartió los siguientes datos sobre la participación de los 

residentes de Puerto Rico en las Fuerzas Armadas: “Más de 250,000 puertorriqueños han servido 

honorable y valientemente a través de la historia, en todas las guerras y en todas las 

contingencias. Per cápita, más puertorriqueños han servido que la mayoría de los estados de 

Estados Unidos. Hoy hay más de 100,000 veteranos que viven en la isla y aproximadamente 

35,000 hombres y mujeres están actualmente sirviendo en diferentes regiones del mundo. Es 

increíble, luego del servicio y sacrificio defendiendo la democracia, libertad y justicia alrededor 

de todo el mundo, regresamos a nuestro país Puerto Rico y se nos niega la igualdad y el derecho 

a votar por los senadores y representantes y por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el 

presidente de los Estados Unidos, los cuales son los que nos envían para la guerra”.

180 El Sr. 

Ortiz comparte esta frustración diciendo: “Esta ausencia en la representación es lo que nos 

permite que estemos sujetos a tratos discriminatorios en muchos de los programas federales”.

181

Dado esta limitación de no poder participar plenamente como ciudadano, hubo testimonio 

176 Acarón, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 271, 20 - p. 272, 13.

177 Ibid.

178 Ortiz, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 224, 19 – p. 225, 2.

179 Ortiz, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 226, 2-16.

180 Pérez, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1, p. 280, 13 - p. 281, 7.

181 Ortiz, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1, p. 224, 24 - p. 225, 12-24.
26

señalando que bajo la perspectiva pro libre determinación, el requisito de registrarse para el 

servicio militar puede ser visto como otra forma de discriminación resultando de la Clausula 

Territorial.

182

 

El acceso que tienen los veteranos de Puerto Rico a los programas federales 

El Sr. Ortiz compartió que muchos de los veteranos en Puerto Rico viven bajo el nivel de 

pobreza y están en la edad de cualificar para Seguro Social.

183 Acerca del ingreso, 

aproximadamente 30,117 de los veteranos en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza.184

Argumentó que el SSI sería un instrumento importante para ayudar a estos veteranos. 

Aparte de estas cifras alarmantes relacionadas con los ingresos, los veteranos de Puerto Rico

también enfrentan un acceso limitado a los servicios de salud, incluyendo servicios de salud 

mental. El Sr. Ortiz explicó que en los estados, los veteranos jubilados tienen la cobertura de 

TRICARE Prime, una opción del plan de salud libre de costo, el cual no está disponible en 

Puerto Rico.185 El Sr. Ortiz compartió que según el Censo del 2020, el 67.7% de los veteranos en 

Puerto Rico son mayores de 55 años.186 Un problema significativo que enfrentan muchos de 

estos veteranos es que para procesar algún documento con el Departamento de Veteranos o el 

Departamento de Defensa, la mayoría de la información está solo en línea y está principalmente 

en inglés.187 La forma DD-214, que se requiere para pedir asistencia, está solo en inglés y esto 

presenta barreras para los veteranos quienes solo hablan español en sus trámites.

188 Además, se 

proyecta una disminución en la población de veteranos en Puerto Rico en las próximas décadas, 

y esto significa que las inversiones federales para los servicios médicos a nivel local también 

pueden bajar - una razón más del porqué los veteranos que se han ido a los estados tengan para 

no querer regresar.189

Los beneficios educativos también son aplicados de forma diferencial en Puerto Rico. El 

panelista Ortiz explicó que Puerto Rico es considerado un lugar extranjero para propósitos de la 

182 Rivera Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 94, 4-22.

183 Ortiz, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 228, 13 - p. 229, 10; Véase también: U.S. Department 

of Veteran Affairs. “Puerto Rico”.

https://www.va.gov/vetdata/docs/SpecialReports/State_Summaries_Puerto_Rico.pdf (consultado el 29 de diciembre 

de 2023). 

184 United States Department of Veterans Affairs. “PACT Act Overview”.

https://www.va.gov/ADVISORY/docs/2021213FASFACSlides.pdf (consultado el 29 de diciembre de 2023).

185 Ortiz, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 229, 12 - p. 231, 1; Véase también: TRICARE. 

“TRICARE Prime”. https://www.tricare.mil/Plans/HealthPlans/Prime (consultado el 30 de octubre de 2023). Nota 

del Comité: Aunque existe el plan básico de TRICARE en Puerto Rico, no aplican otras opciones, incluyendo 

TRICARE Prime, que ofrecería más flexibilidad a los beneficiaros en sus opciones de cuidado médico. 

186 Ortiz, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1, p. 241, 4-7; Véase también: United States Census 

Bureau. “Veteran Status”. https://data.census.gov/table/ACSST5Y2020.S2101?g=040XX00US72 (consultado el 29 

de diciembre de 2023).

187 Ortiz, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 241, 5 - p. 243, 3 y p. 247, 7 - p. 248, 9.

188 Ortiz, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 247, 7 - p. 248, 9.

189 Ortiz, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 250, 5 - p. 251, 6.
27

ley GI Bill, y esto significa que no se provee el alza de costo de vida a este beneficio.190 En 

comparación con los estados, estos beneficios reducidos hacen más difícil que los veteranos 

puedan alcanzar sus metas educativas y profesionales dentro de la isla.

191 El Sr. Ortiz dijo que en 

su propia experiencia, él recibía 2,700 dólares por medio del GI Bill cuando vivía en Rhode 

Island y solo 1,900 dólares bajo la misma ley como estudiante en Puerto Rico.

192

Entre la comunidad veterana puertorriqueña, hay muchas personas que se fueron a los estados 

después del Huracán María, principalmente a Florida y Connecticut, para estar con sus familias y 

recibir un aumento en los beneficios. En su testimonio, el Sr. Ortiz lamenta que no se pueda 

ofrecer el mismo nivel de recursos federales dentro de Puerto Rico, algo que pudiera ayudar a 

mantener la comunidad intacta en Puerto Rico.

193 Él dijo: “la realidad es que muchos veteranos 

se van para los Estados Unidos precisamente porque no tienen la igualdad que ellos sí saben que 

se tiene cuando usted está en uno de los estados de Estados Unidos. Tiene el SSI, tiene mejor 

Medicaid, tiene mejores servicios médicos, pero no tan solo eso, entonces hablamos de la 

familia, de los hijos, tienen mejor educación. Y entonces hace que ellos se queden por allá”.

194

El crédito de impuestos por menores dependientes

La panelista, Dra. María Enchautegui, Directora de Investigación y Política Pública en el

Instituto del Desarrollo de la Juventud, presentó datos sobre el crédito de menor dependiente 

(Child Tax Credit, CTC) y su efecto en la economía de Puerto Rico. La Dra. Enchautegui explicó 

de cómo la tasa de pobreza infantil ha sido bastante alta y ha cambiado menos que la tasa de 

pobreza de las personas mayores desde el año 2000.195 Según un reporte publicado en 2022 por 

el Instituto del Desarrollo de la Juventud, “aproximadamente 326,000 niños, niñas y jóvenes 

viven bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico. De estos, sobre un 75% viven en hogares 

liderados por mujeres, con una mediana de $8,400 anuales”.

196

El beneficio del CTC comenzó en Puerto Rico en 1997 con el Tax Payer Relief Act para familias 

con tres hijos o más, y principalmente se basaba en personas que rinden impuestos de 

190 Ortiz, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 231, 16 - p. 232, 8; Véase también: U.S. Department 

of Veterans Affairs. “GI Bill Comparison Tool”. https://www.va.gov/education/gi-bill-comparisontool/?search=location&location=San%20Juan%2C%20Puerto%20Rico (consultado el 29 de diciembre de 2023). 

Nota del Comité: El beneficio relacionado con el costo de vida se aplica a la vivienda, no a la matrícula.

191 Ortiz, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 231, 16 - p. 232, 8

192 Ortiz, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 264, 1-22.

193 Ortiz, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 260, 23 - p. 261, 25.

194 Pérez, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 297, 22 - p. 298, 7.

195 Maria Enchautegui, testimonio. Audiencia Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de 

Derechos Civiles de los Estados Unidos, virtual, 14 de septiembre de 2023, transcripción. p. 20 (citado en adelante 

como Audiencia Virtual, Transcripción 2). 

196 Instituto del Desarrollo de la Juventud. “Child Tax Credit (CTC) Impacto trascendental a las familias con 

menores en Puerto Rico y aportación millonaria a la economía local”. 11 de enero de 2022. 

https://mcusercontent.com/35b40b9cf147af1ed5717180c/files/812ac348-c1a4-ce60-c924-

7856ccbe747e/Child_Tax_Credit_impacto_trascendental_a_las_familias_conmenores_IDJ_enero_2022_.pdf

(consultado el 30 de octubre de 2023).
28

contribución sobre ingreso.

197 En el 2021, el beneficio se expandió significativamente bajo el 

Plan de Rescate Americano (ARPA) y aplicaba a todas las familias con hijos hasta los 17 años y 

no había requisito de que hubieran generado ingreso.

198 Un cambio importante fue que familias 

con menos de tres hijos eran elegibles por primera vez.199 Bajo el ARPA, el CTC tuvo un 

impacto de $1,780 millones de dólares en la economía y un aumento de 16% en los ingresos 

medianos de la familia.200

Ya que la mayoría de las personas en Puerto Rico no tienen responsabilidad contributiva federal, 

se les aplica el “Additional Child Tax Credit” que calcula el 7.6% de sus ingresos por trabajo, lo 

que resulta en $1,500 por menor mientras que en Estados Unidos se calcula un 15% de ingresos 

por trabajo.201 Esto sigue siendo una de las diferencias más grandes entre Puerto Rico y Estados 

Unidos cuando se refiere al CTC.202 Con el CTC actual, solo se ha visto una reducción de 1% en 

la tasa de pobreza infantil y un cambio de 5% en los ingresos de los hogares.203

Un ejemplo de cómo se materializa el trato diferencial por medio del CTC es que se determina 

que los fondos se sufragan a los contribuyentes, y este es el argumento para no dar ciertos fondos 

a Puerto Rico.

204 La Dra. Enchautegui explicó que el Instituto del Desarrollo de la Juventud

publicó un informe en el que analizan el sistema de protección social en Puerto Rico y llegan a la 

conclusión de que Puerto Rico es tratado de forma discrecional - a veces como estado, a veces 

197 Enchautegui, testimonio. Audiencia Virtual, Transcripción 2. p. 20; Véase también: Sperling, Gene. “Getting the 

Child Tax Credit Right for Puerto Rico: The American Rescue Plan’s Permanent, Historic Changes to Tax Relief in 

Puerto Rico”. The White House. 14 de abril de 2022. https://www.whitehouse.gov/briefingroom/blog/2022/04/14/getting-the-child-tax-credit-right-for-puerto-rico-the-american-rescue-plans-permanenthistoric-changes-to-tax-relief-in-puerto-rico/ (consultado el 30 de octubre de 2023).

198 Enchautegui, testimonio. Audiencia Virtual, Transcripción 2. p. 20, 21; Véase también: Internal Revenue Service. 

“Resources and Guidance for Puerto Rico families that may qualify for the Child Tax Credit”. 

https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/resources-and-guidance-for-puerto-rico-families-that-mayqualify-for-the-child-tax-credit (consultado el 30 de octubre de 2023); Véase también: Sperling, Gene. “Getting the 

Child Tax Credit Right for Puerto Rico: The American Rescue Plan’s Permanent, Historic Changes to Tax Relief in 

Puerto Rico”. The White House. 14 de abril de 2022. https://www.whitehouse.gov/briefingroom/blog/2022/04/14/getting-the-child-tax-credit-right-for-puerto-rico-the-american-rescue-plans-permanenthistoric-changes-to-tax-relief-in-puerto-rico/ (consultado el 30 de octubre de 2023). Nota del Comité: l Plan de 

Rescate Americano fue un programa de apropiación de fondos a la población americana como apoyo financiera 

durante la emergencia de la pandemia del coronavirus. Fue aprobado por el Congreso en 2021. Para más 

información vea: U.S. Department of the Treasury. “About the American Rescue Plan”. 

https://home.treasury.gov/policy-issues/coronavirus/about-the-american-rescue-plan (consultado el 30 de octubre de 

2023).

199 Enchautegui, testimonio. Audiencia Virtual, Transcripción 2. p. 18; Véase también: Balmaceda, Javier. “Tax 

Credit Expansions Expected to Significantly Reduce Poverty in Puerto Rico”. Center on Budget and Policy 

Priorities. 14 de marzo de 2022. https://www.cbpp.org/blog/tax-credit-expansions-expected-to-significantly-reducepoverty-in-puerto-rico (consultado el 30 de octubre de 2023).

200 Enchautegui, testimonio. Audiencia Virtual, Transcripción 2. p. 21; Véase también: Balmaceda, Javier. “Tax 

Credit Expansions Expected to Significantly Reduce Poverty in Puerto Rico”. Center on Budget and Policy 

Priorities. 14 de marzo de 2022. https://www.cbpp.org/blog/tax-credit-expansions-expected-to-significantly-reducepoverty-in-puerto-rico (consultado el 30 de octubre de 2023).

201 Enchautegui, testimonio. Audiencia Virtual, Transcripción 2. p. 20-21.

202 Enchautegui, testimonio. Audiencia Virtual, Transcripción 2. p. 21.

203 Enchautegui, testimonio. Audiencia Virtual, Transcripción 2. p. 22.

204 Ibid.
29

como los otros territorios, y a veces de forma única – y frecuentemente no tiene que ver con el 

pago de impuestos.205

HALLAZGO VII - El discrimen y trato diferencial han afectado directamente la calidad de 

vida de los residentes de Puerto Rico, y ha causado un aumento en el desplazamiento de la 

isla.

Varios panelistas coincidieron en que, a través del tiempo, el trato diferencial hacia los residentes 

de Puerto Rico, con raíces en los Casos Insulares, ha tenido un efecto negativo en el bienestar 

general de la población. El Pastor Otoniel Font Nadal del Concilio de Iglesias Fuente de Agua 

Viva compartió en su testimonio que los Casos Insulares y la doctrina territorial “han afectado la 

identidad, la cultura del pueblo de Puerto Rico, entiéndase como cultura, el conocimiento, las 

creencias, valores, costumbres y opiniones de nuestra gente, entre otros factores. La 

ambivalencia e inseguridad de quiénes somos, de dónde estamos y hacia dónde vamos ha 

impactado la vida, salud mental, autoestima, capacidad de empoderamiento y autorrealización de 

muchos puertorriqueños”.206 Como pastor, él ha visto de primera mano a la gente de su 

congregación irse a los estados para poder mejorar su calidad de vida y obtener beneficios que 

no tienen en la isla, y por eso ha abierto iglesias en Florida para atender a la comunidad ahí.

207 El 

Pastor Font Nadal compartió que él ha visto el efecto de la distorsión emocional que esto 

conlleva en la comunidad – la depresión que viene con el dejar la familia y su hogar por largos 

plazos de tiempo – y él cree que esto es parte de la crisis social y mental que existe.

208

La Panelista Lucy Cruz también habló acerca de ver de primera mano los efectos que ha tenido 

el que la gente se vaya de Puerto Rico. Ella describió que después del Huracán María, las 

personas con casas dañadas o destruidas recibieron fondos para irse a los estados por refugio 

temporal, ya que no aceptaron las escrituras de su propiedad para poder recibir fondos de 

reparación o su casa se había destruido.209 Aunque esto debía ser una solución temporal, hubo

personas que se quedaron en los estados porque ya no tuvieron recursos para reconstruir su 

casa.210 Mientras las comunidades están siendo desplazadas de esta forma, la Sra. Cruz dijo que 

205 Enchautegui, testimonio. Audiencia Virtual, Transcripción 2, p. 22-23; Enchautegui Román, María, Arroyo 

Quijano, Caridad, y Blakely Vallecillo, Vallerie. “Colgando de un hilo: El sistema de protección social de Puerto 

Rico y la movilidad económica de las familias”. Instituto del Desarrollo de la Juventud. https://assetsglobal.websitefiles.com/60f311e9e2e57d523d28bba2/61621bec0524fc02740778b4_17eb3598713b41503a050e6b992afc9e_colgan

do3-compressed.pdf (consultado el 6 de diciembre del 2023). 

206 Font Nadal, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 209, 7-17.

207 Font Nadal, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 211, 22 - p. 212, 19.

208 Font Nadal, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 243, 5-24.

209 Cruz, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 219, 10-22; Véase también: Silva, Daniella. “2,300 

Puerto Rican families displaced by Hurricane Maria are about to lose their FEMA housing assistance.” NBC News. 

6 de junio de 2018. https://www.nbcnews.com/storyline/puerto-rico-crisis/2-300-puerto-rican-families-displacedhurricane-maria-are-about-n880356 (consultado el 26 de octubre de 2023). 

210 Cruz, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 245, 12-22; Véase también: Schachter, Jason y Bruce, 

Antonio. “Estimating Puerto Rico’s Population After Hurricane Maria”. United States Census Bureau. 19 de agosto 

de 2020. https://www.census.gov/library/stories/2020/08/estimating-puerto-rico-population-after-hurricanemaria.html (consultado el 26 de octubre de 2023).
30

ha ido cambiando Puerto Rico, atrayendo a gente nueva por medio del Airbnb, y ella plantea que 

es urgente buscar alternativas para que los residentes de Puerto Rico se puedan quedar en la 

isla.

211

Esta salida de los residentes de Puerto Rico hacia los estados coincide con un dato compartido 

por el Sr. Laws García, quien citó una caída en la población de un 11% según el Censo y dijo que 

“Eso significa que la discriminación y la desigualdad institucionalizada por los Casos Insulares 

está separando familias y destrozando comunidades en la isla.”

212 Laws García añadió que este es 

el resultado acumulativo del trato desigual hacia Puerto Rico.213 Esto también puede ser 

perjudicial para Puerto Rico, ya que se reciben fondos según las numeraciones del Censo 

poblacional.214 La migración hacia los estados refleja la necesidad urgente de resolver las 

inequidades que enfrentan los residentes de Puerto Rico, quien buscan las mismas oportunidades 

para mejorar su calidad de vida que cualquier otro ciudadano.215 Según el Sr. Acarón, esto solo 

puede cambiar con un plan de desarrollo económico que incluya los diversos determinantes 

sociales y que tenga como prioridad la calidad de vida y el acceso a recursos para los 

puertorriqueños.

216

IV. Recomendaciones propuestas en los testimonios

A través de los testimonios, el Comité escuchó diferentes perspectivas sobre cómo se pudiera 

mejorar la situación política y la calidad de vida en Puerto Rico. Aunque estas ideas no son 

recomendaciones formuladas por el Comité, es importante integrarlas en este informe para 

presentar las opciones que resaltan en los testimonios. El Comité utilizará esta información para 

desarrollar sus propias recomendaciones en el informe final de este proyecto.

El papel de las cortes vs. el proceso político

Según varios panelistas, Puerto Rico solo saldrá de las limitaciones que enfrenta actualmente con 

los Casos Insulares por medio de un proceso político, y no judicial, ya que continuamente los 

211 Cruz, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 244, 19 - p. 246, 8; Véase también: SantiagoBartolomei, Raúl, et al. “The Impact of Short-Term Rentals in Puerto Rico: 2014-2020”. Center for a New Economy.

12 de diciembre de 2022. https://grupocne.org/2022/12/12/the-impact-of-short-term-rentals-in-puerto-rico-2014-

2020/#conclusion (consultado el 1 de noviembre de 2023).

212 Laws García, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 290, 7-14; Véase también: United States 

Census Bureau. “Puerto Rico Population Declined 11.8% from 2010 to 2020”. 25 de agosto de 2021. 

https://www.census.gov/library/stories/state-by-state/puerto-rico-population-change-between-census-decade.html

(consultado el 1 de noviembre de 2023).

213 Laws García, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 289, 23 - p. 290, 3.

214 Rodríguez Rivera, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 150, 10-21.

215 Luis Figueroa, Director Regional Previo, Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Florida. 

Testimonio por escrito sometido para la Audiencia Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión 

de Derechos Civiles de los Estados Unidos, Hato Rey, PR, 10 de mayo de 2023 (citado en adelante como Figueroa 

testimonio en escrito).

216 Acarón, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 300, 18 - p. 301, 9.
31

tribunales han rechazado resolver este problema.

217 El Dr. Rivera Ramos comentó que el 

Tribunal Supremo ha “creado una especie de doctrina de cuestión política en relación con la 

condición política de los territorios...por lo tanto, la salida es la vía política: presionando al 

Congreso, presionando al ejecutivo, tratando de allegarse a alianzas, solidaridades con sectores 

de la población de Estados Unidos que puedan entender esta idea... tiene que ser un movimiento 

que no quede enfocado sólo en la cuestión política, sino que de alguna manera tiene que 

asociarse con los reclamos sociales, económicos, culturales de los diversos sectores de la 

población puertorriqueña”.

218 Varios panelistas argumentaron que se le tiene que exigir al 

Congreso tomar acción, aunque esto es difícil sin la representación adecuada.219 Actualmente, 

solo se pone atención en le situación de Puerto Rico a corto plazo cuando hay un caso en el 

Tribunal Supremo, pero sin esto, no ha habido acción.220

El papel del derecho internacional

Algunos panelistas compartieron testimonios sobre la importancia de manejar la situación 

territorial de Puerto Rico por medio de la perspectiva del derecho internacional y no como un 

tema domé stico de Estados Unidos. Los Estados Unidos ha firmado y ratificado el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 que en su primer artículo proclama: 

“Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. Y en virtud de este derecho 

establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, 

social y cultural”.

221 En esta línea, argumentos adicionales sostienen que Puerto Rico no debe ser 

considerado un tema interno de los Estados Unidos sino como una nación que ha sido ocupada

por más de 125 años a la que se le ha violado el acceso al derecho internacional y solo puede 

salir adelante con la descolonización e independencia.

222

Panelistas recomendaron analizar el tema de Puerto Rico dentro del contexto global con un 

énfasis en los derechos humanos.223 El reto sería si el gobierno de Estados Unidos estaría 

dispuesto a pasar esta situación a organizaciones internacionales con experiencia sobre el tema 

217 Venator Santiago, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 70, 25 - p. 71, 7; Véase también: Rivera 

Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 71, 20 - p. 73, 8.

218 Rivera Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 71, 20 - p. 73, 8.

219 Ortiz, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 234, 7-20.

220 Ortiz, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 234, 7-20.

221 Rivera Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 43, 2 - p. 44, 6; Véase también: Asamblea 

General de las Naciones Unidas. “Resolución 2200A (XXI), Pacto Internacional sobre los derechos civiles y 

políticos”. 16 de diciembre de 1966. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/internationalcovenant-civil-and-political-rights (consultado el 24 de octubre de 2023).

222 Carlos Rafael Alicea Negrón, Comentario público. Audiencia Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante 

la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, Hato Rey, PR, 10 de mayo de 2023, transcripción. p. 329, 

12 - p. 331, 2 (citado en adelante como Audiencia Hato Rey, Transcripción 1); Véase también: Carlos Rafael Alicea 

Negrón, Movimiento Ñin Negrón, testimonio por escrito para la Audiencia Pública ante el Comité Asesor de Puerto 

Rico ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, 10 de mayo de 2023 (citado en adelante como 

Alicea Negrón testimonio por escrito); Véase también: Rodríguez Rivera, testimonio. Audiencia Hato Rey, 

Transcripción 1. p. 148, 14-25.

223 Rivera Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 74, 1-24; Véase también: Rodríguez Rivera, 

testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 149, 1-24.
32

colonial, ya que Estados Unidos no ha cumplido con el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos.224 El Congreso de Estados Unidos también debe enfrentar la pregunta sobre si Puerto 

Rico es una colonia según el entendimiento actual del derecho internacional.225

Según el testimonio del Panelista Dr. Iyari Ríos González de la Asociación de Economistas de 

Puerto Rico, este sería el mejor caso, ya que el problema de la colonización se agrava cuando los 

residentes del territorio son forzados a depender y a migrar a la otra entidad.226 El Panelista 

Rafael Rodríguez argumentó que la situación territorial de Puerto Rico ha sido un punto clave de 

un sin número de foros, grupos de trabajo y otros esfuerzos a través de los años, pero no han 

tenido resultados significativos porque no han enfrentado la raíz del problema – el priorizar la 

libre determinación bajo el derecho internacional.

227 El tratar esto como un tema doméstico sería 

una repetición de esfuerzos anteriores.228

Libre Determinación 

Si se fuera a considerar la libre determinación como una opción para Puerto Rico, dentro de un 

plebiscito, por ejemplo, argumentos en el testimonio sostienen que Estados Unidos debe cumplir 

con los principios del derecho internacional y colaborar con el monitoreo de organismos 

internacionales para que los votantes tengan acceso a toda la información para saber cuáles

serían las consecuencias específicas de las opciones.229 El que el Congreso de Estados Unidos 

tuviera una audiencia pública sobre este tema para entender mejor los mecanismos del proceso 

sería un importante paso hacia adelante.230 Un proceso de libre determinación sería un paso 

importante para la democracia.231 Según el Sr. Laws García, “para que Puerto Rico tenga una 

oportunidad de atender de forma definitiva sus derechos civiles y los derechos civiles de los 

ciudadanos americanos en Puerto Rico, el Congreso tiene que pasar legislación para ofrecerle la 

oportunidad de decidir entre las opciones no territoriales. Esa sería la recomendación más 

importante creo que este Comité puede hacer para la Comisión”.

232 En la perspectiva del Sr.

Laws García, el Congreso tiene la responsabilidad de legislar para que Puerto Rico pueda 

escoger su futuro político, y con esto actuaría conforme con su propio ideal de gobierno por 

consentimiento.233 Además, se le recomendó al Comité presentar atención al proceso legislativo 

224 Rodríguez Rivera, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 149, 1-24. Véase también: Asamblea 

General de las Naciones Unidas. “Resolución 2200A (XXI), Pacto Internacional sobre los derechos civiles y 

políticos”. 16 de diciembre de 1966. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/internationalcovenant-civil-and-political-rights (consultado el 24 de octubre de 2023).

225 Córdova, Andrés L. “Why Puerto Rico cannot govern itself”. The Hill. 13 de febrero de 2018. 

https://thehill.com/opinion/campaign/373683-why-puerto-rico-cannot-govern-itself (consultado el 23 de octubre de 

2023).

226 Ríos González, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1, p. 167, 14 - p. 168, 8.

227 Rodríguez Rivera, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 154, 10 - p. 155, 1.

228 Ríos González, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 169, 14 - p. 170, 1.

229 Álvarez González, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p.166, 8-20; Véase también: Avilés Deliz, 

Testimonio por escrito, p. 5.

230 Avilés Deliz, Testimonio por escrito, p. 5.

231 Laws García, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 294, 7 - p. 295, 8.

232 Laws García, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 319, 14 - p. 320, 19.

233 Laws García, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 291, 21 - p. 292, 13.
33

que apoya la libre determinación.234 Los proyectos de ley que proponen un plebiscito entre tres 

opciones para los votantes en Puerto Rico se presentaron en 2023 tanto en la Cámara de 

Representantes (HR 2757, presentado por segunda vez) como en el Senado (S. 3231).

235

Eliminar los Casos Insulares

El revocar los Casos Insulares no sería la única solución, ya que no resuelve el discrimen político 

como la falta del derecho al voto; esto es solo reservado para los estados. Por otro lado, la 

descolonización no requiere la revocación de los Casos Insulares.236 En un testimonio por escrito 

sometido por la Comisionada Residente Jenniffer González Colón, ella también comenta que, 

además, el eliminar los Casos Insulares no pondría un fin a la discriminación, especialmente la 

apropiación de fondos y su disponibilidad de programas sociales.237 “Solo con alcanzar un 

estatus no-territorial – ya sea la estatidad o la independencia se puede hacer esto [resolver las 

inequidades en Puerto Rico]; y solo el Congreso de Estados Unidos – no las cortes – lo puede 

lograr.238

En lo general, los panelistas plantearon que es necesario un movimiento político que transcienda 

las divisiones tradicionales para poder descolonizar Puerto Rico.239 El eliminar los Casos 

Insulares puede no solo reducir las disparidades en la sociedad, pero eliminar las contradicciones 

dañosas con las que tratan a Puerto Rico el Congreso y el Tribunal Supremo – esto resultaría en 

una experiencia diferente para los residentes.

240 El llamar por la revocación de los Casos 

Insulares puede ser una acción importante que tome la Comisión de Derechos Civiles para 

impulsar el reconocimiento hacia la igualdad para Puerto Rico.241 Es importante reevaluar la 

relación entre Puerto Rico y Estados Unidos y trabajar hacia una solución, no solo para los 

problemas actuales, pero para lograr avanzar la igualdad y justicia para los residentes de Puerto 

Rico.

242

234 González Cruz, Testimonio por escrito, p. 2.

235 Puerto Rico Status Act, H.R.2757, 118th Cong. (2023); Véase también: Puerto Rico Status Act, S. 3231, 118th

Congress. (2023); Véase también: Laws García, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 291, 4-20.

236 Rivera Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 42, 1-15.

237 Comisionada Residente González Colón, Jenniffer. Testimonio por escrito sometido para la audiencia de 10 de 

mayo de 2023. p. 5.

238 Comisionada Residente González Colón, Jenniffer. Testimonio por escrito sometido para la audiencia de 10 de 

mayo de 2023. p. 5.

239 Rivera Ramos, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 66, 14-21.

240 Venator Santiago, testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 88, 16-24; Véase también: Igartúa, 

testimonio. Audiencia Hato Rey, Transcripción 1. p. 90, 20-25.

241 Adi Martínez Román, Comentario público. Audiencia Pública ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la 

Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, Hato Rey, PR, 10 de mayo de 2023, transcripción. p. 325, 1-8

(citado en adelante como Audiencia Hato Rey, Transcripción 1).

242 Figueroa, Testimonio por escrito, p. 1-2.
34

Estatidad

Otra perspectiva es que, aunque existen tres opciones no-territoriales para Puerto Rico – la 

estatidad, la independencia, y la libre asociación – la única que ofrece el trato por igual y el 

derecho al voto es la estatidad.243

Otras Recomendaciones 

o Apoyar la Resolución de la Cámara Federal 314 donde se reconoce que las decisiones de 

la Corte Suprema de Estados Unidos discriminan contra los puertorriqueños.244

o El Comité debe recomendar que Puerto Rico reciba trato igual bajo el programa 

TRICARE Prime.

245

 

o Se recomienda una declaración de que los Casos Insulares son una forma de discrimen 

contra los derechos civiles de los residentes de Puerto Rico.

246

243 Freytes, Testimonio por escrito, p. 2.

244 H.R. Res. 314, 118th Cong. (2023); Véase también: Anthony Carrillo,. Comentario público. Audiencia Pública 

ante el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, Hato Rey, PR,

10 de mayo de 2023, transcripción p. 327, 14 - p. 328, 25 (citado en adelante como Audiencia Hato Rey, 

Transcripción 1). 

245 Carrillo, Comentario público, p. 327, 14 - p. 328, 25.

246 Morell González, testimonio por escrito, p. 4.
35

Conclusión

Este memorándum fue aprobado por una votación unánime de 9 a 0 en una reunión del Comité 

celebrada el 24 de enero de 2024. No hubo disidencias ni concurrencias.
36

Apéndice

Los documentos relacionados con el estudio de este tema por parte del Comité pueden 

consultarse en el siguiente enlace:

https://securisync.intermedia.net/us2/s/folder?public_share=409J0xbKeIQ2vuMJBvQond0011ef

58&id=L1BSL0luc3VsYXIgQ2FzZXM%3D

A. Agendas, actas y diapositivas de presentación

B. Transcripciones

C. Testimonio escrito 
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Comité Asesor de Puerto Rico ante la 

Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos

Vigencia: 21 de enero de 2022 al 20 de enero de 2026

Andrés L. Córdova Phelps, Presidente, Comité Asesor de Puerto Rico, San Juan

Dan Santiago, Vicepresidente, San Juan

Ever Padilla-Ruíz, Secretario, San Juan

Frank Arenal, Carolina Sergio Marxuach, Dorado

Ramón C. Barquín III, Guaynabo

Ariadna M. Godreau-Aubert, San Juan*

Charlotte Gossett Navarro, San Juan*

Cristina M. Miranda-Palacios, San Juan*

José O. Olmos, Guaynabo

William E. Villafañe Ramos, Bayamon

Manuel “Lin” Iglesias-Beléndez, San Juan

*Miembros anteriores.
38

Comité Asesor de Puerto Rico ante la 

Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos

Contacto de la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos

Contact de USCCR Regional Programs Unit

U.S. Commission on Civil Rights

230 S. Dearborn, Suite 2120

Chicago IL, 60604

(312) 353-8311

Este memorándum interino es obra del Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles 

de los Estados Unidos. El memorándum interino, que puede basarse en estudios y datos generados por 

terceros, no está sujeto a una revisión independiente por parte del personal de la Comisión. Los informes 

del Comité Asesor a la Comisión son totalmente independientes y son revisados por el personal de la 

Comisión únicamente para verificar el cumplimiento legal y de procedimiento de las políticas y 

procedimientos de la Comisión. Los informes del Comité Asesor no están sujetos a la aprobación de la 

Comisión, a la verificación de datos ni a cambios en las políticas. Las opiniones expresadas en este 

memorándum y las conclusiones y recomendaciones que pueda contener el mismo son las de la mayoría de 

los miembros del Comité Asesor y no representan necesariamente las opiniones de la Comisión o de sus 

miembros individuales, ni representan las políticas del Gobierno de los Estados Unidos.