Número identificador 

 SEN2024__________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

LIZBETH ROLDÁN 

FLECHA, 

Recurrida,

v.

LUIS ALBERTO CRUZ 

CRUZ; JAZMÍN MARTÍNEZ 

ROSARIO; COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO 

ORIENTAL,

Peticionaria.

KLAN202400614

APELACIÓN acogida

como CERTIORARI

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Humacao.

Civil núm.: 

HU2021CV00564.

Sobre: 

rescisión de contrato 

por dolo, y daños y 

perjuicios.

Panel integrado por su presidente, el juez Hernández Sánchez, la jueza 

Romero García y la jueza Martínez Cordero.

Romero García, jueza ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de julio de 2024.

El 24 de junio de 2024, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental

(Cooperativa) presentó este recurso con el fin de que este Tribunal revoque 

la Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Humacao, que denegó su solicitud de sentencia sumaria1.

Evaluada la petición y sus anejos, así como la oposición a la 

expedición del recurso presentada por la parte recurrida el 8 de julio de 

2024, este Tribunal expide el auto, revoca la resolución recurrida y 

desestima con perjuicio la demanda instada en contra de la Cooperativa.

I

Conviene comenzar por apuntar que el foro primario ya había 

dictado una Sentencia Parcial el 10 de noviembre de 2023, notificada el 13 

de noviembre2, a favor del actual tenedor del pagaré hipotecario, Oriental 

Bank de Puerto Rico (Oriental). En ella, el tribunal acogió la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por Oriental y desestimó con perjuicio la 

demanda instada en su contra.

1 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 207-215.

2

Íd., a la pág. 164-178.
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En síntesis, en su sentencia sumaria parcial, la cual ha advenido 

final y firme, el tribunal concluyó que Oriental no había participado en forma 

alguna en la negociación u otorgamiento de la escritura de compraventa 

suscrita entre la recurrida, señora Lizbeth Roldán Flecha (señora Roldán) 

y los señores Luis Alberto Cruz Cruz y Jazmín Martínez Rosado (señores 

Cruz-Martínez), por lo que no procedía la imposición de responsabilidad 

por unos supuestos vicios ocultos que exhibía la propiedad inmueble objeto 

de este pleito3.

A pesar de las determinaciones de hechos no controvertidos y del 

derecho citado por el tribunal, una vez la Cooperativa presenta su solicitud 

de sentencia sumaria parcial el 1 de abril de 20244, conforme a los mismos 

hechos determinados previamente, el foro primario denegó su solicitud. En 

síntesis, el tribunal concluyó que existía una controversia material que le 

impedía dictar la sentencia solicitada; a decir, si la Cooperativa había 

rebasado o no sus funciones ordinarias en el proceso de la aprobación del 

préstamo hipotecario. En apoyo de su determinación, el tribunal se valió 

del precedente establecido en Amaro González v. First Fed. Savs., 132 

DPR 1042 (1993). Además, le imputó a la Cooperativa no haberle puesto 

en posición de concluir que desconocía de la existencia de los supuestos 

vicios ocultos.

Por constituir los hechos probados, transcribimos las 

determinaciones contenidas en la sentencia sumaria parcial dictada el 10 

de noviembre de 2023.

DETERMINACIONES DE HECHOS5

1. El 27 de abril de 2021, la compradora, señora Lizbeth Roldán Flecha, y 

los vendedores, señor Luis A. Cruz Cruz y señora Jazmín Martínez 

3 Se trata de una casa unifamiliar, en la cual el empañetado del techo de la sala y la 

antesala se desprendió, cuando el padre de la señora Roldán se disponía a rasparlo para, 

luego, pintarlo. Ello surge de la transcripción de la deposición tomada a la señora Roldán, 

la cual fue adjuntada a la solicitud de reconsideración de la sentencia, infra.

4 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 179-195.

5 El énfasis y el subrayado es nuestro.
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Rosario, suscribieron y otorgaron la Escritura Pública Núm. 68 de 

Compraventa ante el notario público Cristian Manuel Rivera Rodríguez. 

2. Mediante la Escritura Pública Núm. 68 de Compraventa, el matrimonio 

Cruz-Martínez vendió a la señora Roldán el inmueble localizado en la 

Calle 2-J-2 Las Piedras de la Urb. April Gardens, Las Piedras, Puerto 

Rico, inscrito como la finca núm. 9,285 en la Sección de Humacao del 

Registro de la Propiedad. 

3. Según consta en la Escritura Núm. 68 de Compraventa, la transacción 

pactada por la señora Roldán y los señores Cruz-Martínez consistía en 

la compraventa del inmueble en las condiciones o estado en que se 

encontraba al momento de consumada la compraventa. 

4. Como parte de las cláusulas y condiciones convenidas en la Escritura 

Núm. 68 de Compraventa, la señora Roldán y los señores CruzMartínez expresamente acordaron y estipularon lo siguiente: 

SEXTO: LA PARTE VENDEDORA por la presente, VENDE, 

CEDE, TRASPASA Y ENAJENA a favor de LA PARTE 

COMPRADORA, la propiedad descrita en el hecho 

PRIMERO de la presente escritura, “as is”, es decir, en el 

estado en que se encuentra la misma, con todos sus usos, 

derechos reales y personales, cargas, servidumbres y 

gravámenes y cuanto le sea anexo a la misma con la 

obligación legal de saneamiento en caso de evicción. LA 

PARTE COMPRADORA entra en la posesión real y pacífica 

de la propiedad que adquiere, sin más requisito, que el 

presente otorgamiento, luego de haberla examinado 

detenidamente y la acepta en las condiciones en que se 

encuentra (AS IS CONDITION). 

Consignando todas las partes que esta escritura contiene 

todos los pactos de las partes, por lo que toda manifestación 

oral o escrita con referencia a dicha propiedad, efectuada con 

anterioridad a este otorgamiento, queda sin valor o efecto 

alguno y que, por tanto, no tiene obligación la PARTE 

VENDEDORA de realizar reparación o mejora alguna a la 

misma como condición a la Compraventa. 

5. De igual modo, consta en la Escritura Núm. 68 de Compraventa que el 

notario público Cristian Manuel Rivera Rodríguez advirtió a las partes lo 

siguiente: 

Los comparecientes aceptan esta escritura en la forma 

redactada por ser conforme a lo convenido y yo, el Notario, 

en cumplimiento a lo dispuesto en la ley, después de indagar 

la voluntad de los otorgantes y examinar e investigar los 

hechos y datos de los que depende la eficacia y validez del 

negocio, les hice las reservas y advertencias legales 
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generales pertinentes a este otorgamiento. Entre otras 

cosas se les explicó y ellos expresamente reconocen [...]

la necesidad de mensurar el terreno adquirido y verificar 

si las estructuras que enclavan en el mismo adolecen o 

no de vicios [...].

6. El 28 de mayo de 2021, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental 

(Cooperativa) cedió y transfirió a Oriental Bank el préstamo y el pagaré 

hipotecario suscrito por la compradora señora Roldán. En virtud de 

dicha cesión de derechos, Oriental Bank se convirtió en el tenedor del 

pagaré hipotecario y en el acreedor de la deuda evidenciada por dicho 

instrumento.

7. Oriental Bank no fue parte de la transacción de compraventa realizada 

entre la compradora señora Roldán y los vendedores señores CruzMartínez, y tampoco participó de las negociaciones relacionadas con 

dicha transacción de compraventa. 

8. Como parte de los trámites relacionados con la solicitud de 

préstamo de la señora Roldán, la Cooperativa contrató al tasador 

Héctor O. Santiago Ruiz para determinar el valor en el mercado del 

inmueble en controversia. 

9. En el Informe de Tasación, el tasador Santiago Ruiz certificó que 

ningún empleado, director, oficial o agente de la Cooperativa, así 

como ningún otro tercero actuando como socio en una empresa 

común, o contratista independiente, compañía de tasadores, o 

socio de la Cooperativa, había influenciado o intentado influir en 

el desarrollo, reporte, resultado, o examen de su tasación 

mediante coerción, extorsión, colusión, compensación, incentivo, 

intimidación, soborno o de cualquier otra manera. 

10. De igual forma, el tasador también certificó que la Cooperativa no 

había incurrido en ninguna de las siguientes conductas 

prohibidas durante su relación de negocios: (i) retener o amenazar 

con retener el oportuno pago, completo o parcial, por algún informe de 

tasación; (ii) retener o amenazar con retener negocios futuros con el 

tasador, ni con retener promociones o aumentos en la compensación 
KLAN202400614 5

del tasador; (iii) expresa o implícitamente prometer negocios futuros 

con el tasador, ni con retener promociones o aumentos en la 

compensación del tasador; (iv) condicionar la solicitud del informe de 

tasación o del pago del salario o tasa de tasación o prima sobre la 

opinión, conclusión o valoración a alcanzar, o en el estimado preliminar 

de valor; (v) solicitado que el tasador proveyera un estimado 

predeterminado o valoración deseada en un informe de tasación con 

anterioridad a la finalización del informe de tasación, o solicitado que 

el tasador proveyera estimados de valor o ventas comparables en 

cualquier momento anterior a la finalización del informe de tasación;

(vi) suministrado al tasador, a su compañía de tasación, o a cualquier 

entidad o persona relacionada con el tasador, compañía de tasación, 

acciones u otros beneficios financieros o no financieros; (vii) cualquier 

otro acto o práctica que incidiera o pudiera incidir en la independencia, 

objetividad o imparcialidad del tasador o que infringiera la ley o 

reglamentos, incluyendo, pero sin limitarse a, la Truth in Lending Act

(TILA) y el Reglamento Z, o los USPAP6. 

11. El tasador Santiago Ruiz inspeccionó el inmueble el 10 de marzo 

de 2021, y rindió el Informe de Tasación el 15 de marzo de 2021. 

12. Según se desprende del Informe de Tasación, el valor estimado 

de la propiedad en el mercado fue de $90,000.00. 

13. En la Solicitud Uniforme de Préstamo Residencial, la señora Roldán

acordó y reconoció que el prestamista o sus agentes, corredores 

de bienes raíces, aseguradores, recaudadores, sucesores o 

concesionarios, no le habían hecho representaciones ni le habían 

provisto garantía alguna a la demandante sobre la propiedad, ni 

sobre las condiciones o el valor de la misma. 

14. En efecto, y según consta en el documento intitulado For Your 

Protection: Get a Home Inspection, la Cooperativa orientó a la 

señora Roldán sobre lo siguiente: (i) que si deseaba obtener una 

6 USPAP o Uniform Standards of Professional Appraisal Practice.
KLAN202400614 6

inspección de la vivienda, era mejor hacerlo a la brevedad posible; 

(ii) que la tasación no era una inspección de la vivienda; (iii) que 

la determinación de procurar o no una inspección de la vivienda 

era una decisión voluntaria de la demandante; (iv) que la 

inspección de la vivienda solo se realizaría si la demandante la 

procuraba y la coordinaba; (v) que el prestamista podía optar por

no inspeccionar la vivienda; y, (vi) que ni la FHA ni el prestamista 

garantizaban las condiciones de la vivienda. 

15. El 26 de febrero de 2021, la señora Roldán recibió y firmó el 

documento intitulado For Your Protection: Get a Home Inspection. 

16. El 27 de abril de 2021, la señora Roldán otorgó la Escritura Pública 

Núm. 69 de Hipoteca ante el notario público Cristian Manuel Rivera 

Rodríguez. 

17. En virtud de dicha escritura, la señora Roldán constituyó una hipoteca 

sobre el inmueble localizado en la Calle 2-J Las Piedras de la Urb. April 

Gardens, Las Piedras, Puerto Rico 00771, inscrito como la Finca Núm. 

9,285 en la Sección de Humacao del Registro de la Propiedad, para 

garantizar la deuda evidenciada por el pagaré por la suma principal de 

$83,535, más intereses. 

18. En la Escritura Pública Núm. 69 de Hipoteca, la demandante, como 

deudora hipotecaria, acordó, convino y aceptó lo siguiente: [e]l Deudor 

pagará a su vencimiento el principal y los intereses sobre la deuda 

evidenciada por el Pagaré, y cargos por demora adeudados bajo el 

Pagaré. El Deudor también pagará las Partidas en Reserva conforme 

a la Sección 3.” 

19. Además, la señora Roldán, como deudora hipotecaria, acordó, convino 

y aceptó lo siguiente:

Los pagos efectuados bajo el Pagaré y bajo esa Hipoteca se 

harán en moneda de los Estados Unidos. Sin embargo, si 

cualquier cheque u otro instrumento recibido por el Prestador 

en pago bajo el Pagaré o esta Hipoteca es desairado y 

devuelto al Prestador, el Prestador podrá requerir que 

cualquier o todo pago posterior adeudado bajo el Pagaré y 

bajo esta Hipoteca se haga de una o más de las siguientes 

maneras, a elección del Prestador: (a) efectivo, (b) giro, (c) 
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cheque certificado, cheque oficial de una institución financiera 

o cheque de gerente, siempre y cuando tal cheque sea librado 

por o contra una institución cuyos depósitos estén 

asegurados por una agencia, instrumentalidad o entidad 

federal, o (d) Transferencia Electrónica de Fondos.” 

20. En la Escritura Pública Núm. 69 consta el propósito por el cual la 

señora Roldán hipotecó la Finca Núm. 9,285.

Como anticipamos, a la luz de estas determinaciones de hechos, el 

foro primario concluyó que Oriental no había participado en forma alguna 

en la negociación u otorgamiento de la escritura de compraventa suscrita

entre la recurrida señora Roldán y los señores Cruz-Martínez, por lo que 

no procedía la imposición de responsabilidad por los presuntos vicios 

ocultos que exhibía la propiedad inmueble adquirida. Así pues, el actual 

tenedor del pagaré hipotecario fue excluido del pleito.

El 1 de abril de 2024, la Cooperativa, amparada en las mismas 

determinaciones de hechos ya establecidas por el tribunal, solicitó que se 

desestimara la demanda en su contra7. En síntesis, adujo que no había 

participado en las negociaciones llevadas a cabo entre la señora Roldán y 

los señores Cruz-Martínez; tampoco tuvo algo que ver con la construcción 

del inmueble hipotecado; es decir, su única intervención en el negocio 

jurídico fue a los efectos de financiar la compraventa.

El 19 de abril de 2024, los señores Cruz-Martínez se opusieron a 

que el foro primario dictara sentencia sumaria parcial a favor de la 

Cooperativa8. Su contención principal estuvo basada en que, contrario a 

Oriental, que solo había adquirido el pagaré, la Cooperativa había 

contratado los servicios del tasador y este estaba obligado por la 

reglamentación federal a inspeccionar la propiedad objeto de la hipoteca. 

Ello, pues la hipoteca se había tramitado por conducto de la Federal 

Housing Administration (FHA)9, por lo que, en ciertas circunstancias, la 

7 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 179-195.

8

Íd., a la pág. 196-206.

9 Surge de la página electrónica de la FHA que esta es parte del U.S. Department of 

Housing and Urban Development, y provee un seguro hipotecario a favor de las 

instituciones financieras cualificadas por la misma FHA. 
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reglamentación pertinente exigía que la entidad financiera inspeccionara la 

propiedad, previo a otorgar el financiamiento. En particular, aludió al 

Handbook 4000.1 o FHA Single Family Housing Policy Handbook 

(Reglamento 4000.1) y a las obligaciones que este impone al tasador de 

una propiedad. Interpretó que dicho reglamento exige que el tasador 

verifique cualquier condición defectuosa que afecte la propiedad a ser 

hipotecada. Por lo tanto, al no haber cumplido cabalmente con las 

disposiciones federales, el tasador contratado por la Cooperativa había 

fallado en descubrir los vicios ocultos que exhibía la propiedad. En su 

consecuencia, la Cooperativa respondía vicariamente por la omisión del 

tasador.

El 6 de mayo de 2024, el tribunal emitió su Resolución y declaró sin 

lugar la solicitud de la Cooperativa. El foro primario concluyó que existían 

ciertos hechos materiales en controversia, que estaban relacionados con 

la credibilidad que pudieran merecerle los testigos y que impedían la 

disposición sumaria de la reclamación en contra de la Cooperativa; en 

específico, concluyó como sigue10:

En el presente caso existen controversias de hechos que 

hacen imposible utilizar la vía de la sentencia sumaria. Existe 

controversia sobre si la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Oriental, como acreedor hipotecario, tiene responsabilidad 

legal por cualquier vicio oculto que la propiedad pudiera tener. 

Si los codemandados [sic] responden por los vicios ocultos

de la propiedad, dado [sic] la alegada negligencia de su 

contratista, y si solicitó la inspección requerida conforme al 

“Handbook 4000.1, Sec. II, D.3.a.III del “Housing of Urban 

Development – Office of Single Family Housing”.

Existe controversia sobre si se realizó una orientación verbal

explicando los posibles riesgos al adquirir la propiedad por 

parte de la Cooperativa hacia la parte demandante, existe 

controversia sobre si la responsabilidad de la Cooperativa era 

mucho más extensa y estaban [sic] en la obligación de 

cumplir los requisitos del reglamento de la Ley Federal[,] así 

como existe controversia si la Cooperativa conocía o debía 

conocer sobre los vicios ocultos de la propiedad.

10 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 214.
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Inconforme, el 22 de mayo de 2024, la Cooperativa solicitó la 

reconsideración de la resolución11. En esa misma fecha, notificada al día 

siguiente, el tribunal declaró sin lugar la reconsideración12.

Aún inconforme, la Cooperativa instó este recurso el 24 de junio de 

2024, y apuntó la comisión del siguiente error:

Erró el Tribunal de Primera Instancia, al declarar No Ha Lugar 

la solicitud de sentencia sumaria a favor de la Cooperativa, 

basándose [en] que no se presentó evidencia que pusiera en 

posición al Tribunal de determinar que su función como 

institución bancaria no rebasó sus funciones ordinarias en el 

proceso de aprobar y proveer el financiamiento para la 

compra de la propiedad en controversia y sobre que tampoco 

se presentó evidencia para que el Tribunal determinara que 

la Cooperativa no tenía conocimiento de los alegados vicios 

ocultos que sufría la propiedad.

Por su parte, el 8 de julio de 2024, la parte recurrida presentó su 

escueta oposición a la expedición del recurso. En ella, insistió, sin 

especificar, que la reglamentación federal exigía una inspección de la 

propiedad, la cual no fue realizada por la Cooperativa.

Perfeccionado el recurso, resolvemos.

II

A

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece que 

una moción de sentencia sumaria debe estar fundada en declaraciones 

juradas, o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes. En su 

consecuencia, podrá dictarse sentencia sumaria cuando no exista ninguna 

controversia real sobre los hechos materiales y esenciales del caso y, 

además, si el derecho aplicable lo justifica. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

Un hecho material “es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable”. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). A su vez, la controversia relacionada 

11 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 216-293. A su solicitud de reconsideración, la 

Cooperativa adjuntó copia de la deposición tomada a la señora Roldán el 26 de febrero 

de 2024.

12 Íd., a la pág. 294.
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a un hecho material debe ser real, “por lo que cualquier duda es insuficiente 

para derrotar una Solicitud de Sentencia Sumaria”. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR, a las págs. 213-214. 

Así, el Tribunal Supremo ha señalado que, “la parte que solicita la 

sentencia sumaria en un pleito está en la obligación de demostrar, fuera de 

toda duda, la inexistencia de una controversia real sobre todo hecho 

pertinente que a la luz del derecho sustantivo determinaría una sentencia 

a su favor como cuestión de ley”. Rivera, et al. v. Superior Pkg., Inc., et al., 

132 DPR 115, 133 (1992). A su vez, “[a]l considerar la moción de sentencia 

sumaria se tendrán como ciertos los hechos no controvertidos que consten 

en los documentos y las declaraciones juradas ofrecidas por la parte 

promovente.” Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998). 

Por último, no procede resolver un caso por la vía sumaria cuando: 

(1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones alternativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) 

surge de los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material y esencial; o, (4) como 

cuestión de derecho no procede. Echandi v. Stewart Title Guaranty Co., 

174 DPR 355, 368 (2008). Además, un tribunal no deberá dictar sentencia 

sumaria cuando existen elementos subjetivos de intención, negligencia, 

propósitos mentales o cuando el factor de credibilidad es esencial. Carpets 

& Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009).

B

Las fuentes de las obligaciones son la ley, los contratos y los 

cuasicontratos, los actos ilícitos, y los actos u omisiones en que intervenga 

culpa o negligencia. Art. 1063 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 

LPRA sec. 8984. En cuanto a los contratos en particular, el Art. 1233 del 

Código Civil dispone que: “Lo acordado en los contratos tiene fuerza de ley 

entre las partes, sus sucesores y ante terceros en la forma que dispone la 

ley”. 31 LPRA sec. 9754. “Consecuentemente, un contrato existe desde 

que una o varias personas prestan su consentimiento a obligarse a 
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dar alguna cosa o prestar algún servicio”. Rodríguez Ramos et al. v. 

ELA et al., 190 DPR 448, 455 (2014). (Énfasis nuestro).

Los contratos quedan perfeccionados desde que las partes 

contratantes manifiestan su consentimiento sobre el objeto y la causa, 

salvo en los casos en que se requiere el cumplimiento de una formalidad 

solemne o cuando se pacta una condición suspensiva. Art. 1237 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 9771. Así pues, “las partes quedan obligadas al 

cumplimiento de lo expresamente pactado y a las consecuencias que se 

deriven de éste, ello conforme a la buena fe, al uso y a la ley”. Álvarez v. 

Rivera, 165 DPR 1, 18 (2005). Véase, además, Art. 269 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 6131. 

Por otro lado, el Código Civil dispone que todo transmitente de un 

bien a título oneroso responde por evicción y por los defectos ocultos del 

bien, aunque lo ignorase. Art. 1261, 31 LPRA sec. 9851. Este deber de 

saneamiento opera aun cuando nada se exprese en el acto de la 

enajenación. Art. 1262, 31 LPRA sec. 9852. Claro está, las partes pueden 

aumentar, disminuir o suprimir esta obligación; no obstante, la disminución 

o supresión de esa responsabilidad será inválida si la parte transmitente 

incurre en dolo. Íd.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que, en el 

derecho de contratos, este deber de garantía se conoce como saneamiento 

por evicción - perturbación jurídica del derecho adquirido -, o saneamiento 

por vicios ocultos - perturbación económica de la posesión de la cosa. 

Domínguez Talavera v. Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387, 395-

396 (1999); Ferrer Delgado v. General Motors. Corp., 100 DPR 246 (1971). 

El saneamiento por vicios ocultos contempla situaciones en las que,

posterior a la entrega, se evidencian en la cosa defectos intrínsecos, que 

exceden las imperfecciones menores que cabe esperar normalmente en un 

producto determinado. D.A.C.O v. Marcelino Mercury, 105 DPR 80 (1976).

Véase, además, Art. 1267 y 1268 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9871 y 

9872.
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III

En primer lugar, debemos aclarar que al caso de autos no le aplica 

la doctrina esbozada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Amaro 

González v. First Fed. Savs., 132 DPR 1042 (1993). Hemos evaluado con 

detenimiento el expediente del caso y no existe un ápice de prueba que 

refleje, tal como sí ocurrió en Amaro González, que la Cooperativa haya 

promovido, intervenido o de alguna manera se hubiera involucrado en la 

compraventa del inmueble en controversia. La intervención de la 

Cooperativa se limitó a dos cosas: financiar la compraventa, según 

solicitado por la señora Roldán, y calcular el precio en el mercado de la 

propiedad; es decir, tasarla.

Cual determinado por el propio foro primario en las determinaciones 

de hechos no controvertidos de su sentencia parcial del 10 de noviembre 

de 2023, surge de la Escritura Núm. 68 de Compraventa que la transacción 

pactada por la señora Roldán y los señores Cruz-Martínez consistía en la 

compraventa del inmueble en las condiciones o estado en que se 

encontraba al momento de consumada la compraventa. Inclusive, el 

tribunal también concluyó que, en esa compraventa, el notario apercibió 

a las partes contratantes de la necesidad de mensurar el terreno y 

verificar si la estructura adolecía de vicios.

De otra parte, y en lo que se refiere al tasador contratado por la 

Cooperativa para la valoración de la propiedad, señor Héctor O. Santiago 

Ruiz, el tribunal explícitamente concluyó que el servicio contratado fue 

con el fin de determinar el valor en el mercado del inmueble.

Además, como parte de las gestiones para el financiamiento, la 

señora Roldán suscribió la Solicitud Uniforme de Préstamo Residencial, en 

la que acordó y reconoció que ni el prestamista o sus agentes, corredores 

de bienes raíces, aseguradores, recaudadores, sucesores o 

concesionarios, le habían hecho representaciones ni le habían provisto 
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garantía alguna sobre la propiedad, ni sobre las condiciones o el valor de 

la misma.

Más aún, y según consta en el documento intitulado For Your 

Protection: Get a Home Inspection, la Cooperativa orientó a la señora 

Roldán sobre lo siguiente: (i) que si deseaba obtener una inspección de la 

vivienda, era mejor hacerlo a la brevedad posible; (ii) que la tasación no 

era una inspección de la vivienda; (iii) que la determinación de procurar 

o no una inspección de la vivienda era una decisión voluntaria de la 

demandante; (iv) que la inspección de la vivienda solo se realizaría si la 

demandante la procuraba y la coordinaba; (v) que el prestamista podía 

optar por no inspeccionar la vivienda; y, (vi) que ni la FHA ni el prestamista 

garantizaban las condiciones de la vivienda.

Ese documento fue recibido y firmado por la señora Roldán el 26 de 

febrero de 2021; es decir, meses antes del otorgamiento de la escritura de 

compraventa el 27 de abril de 2021.

Inclusive, la señora Roldán declaró bajo juramento en su toma de 

deposición que ella tuvo la oportunidad de examinar el inmueble, luego de 

otorgar el contrato de opción y previo a la compraventa. En su toma de 

deposición, declaró que el señor Cruz Cruz le entregó las llaves de la casa 

y ella acudió a la propiedad con su madre. Posteriormente, volvió a la 

propiedad y tomó medidas13. En ambas ocasiones, los señores CruzMartínez no estuvieron presentes.

Adicionalmente, declaró que las escrituras de compraventa le fueron 

discutidas14. Admitió que, cual surge de la escritura de compraventa, había 

examinado detenidamente la propiedad y la aceptaba en las condiciones 

en que se encontraba15. Además, que sí había firmado el documento sobre 

la recomendación de una inspección de la propiedad16. Por último, y en lo 

13 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 250-252.

14 Íd., a la pág. 252.

15 Íd., a la pág. 254.

16 Íd., a la pág. 278.
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pertinente, aclaró que nunca solicitó a la Cooperativa una inspección de la 

propiedad17.

Ahora bien, la señora Roldán insiste en que, a la luz de que el

financiamiento estaba siendo asegurado por la FHA, el tasador estaba 

obligado por la reglamentación federal a inspeccionar la propiedad y 

asegurar que no existían vicios ocultos. Se equivoca. 

Este Tribunal ha verificado con detenimiento el Single Family 

Housing Policy Handbook 4000.1, en particular, la versión del 14 de agosto 

de 2015, aplicable al caso, y no ha encontrado una sola instancia en que 

dicho reglamento exija que el tasador funja, también, como inspector. Si 

bien el tasador tiene que cumplir con múltiples evaluaciones, ninguna 

incluye inspeccionar la propiedad para detectar vicios ocultos. Inclusive, si

examinamos el glosario de términos del referido reglamento, podemos 

corroborar cuáles son las funciones del tasador; a decir: 

Appraiser refers to an FHA Roster Appraiser who observes, 

analyzes, and reports the physical and economic 

characteristics of a Property and provides an opinion of 

value to FHA. An Appraiser ́s observation is limited to 

readily observable conditions and is not as 

comprehensive an inspection as one performed by a 

licensed home inspector.

(Énfasis nuestro).

Es decir, el examen de la propiedad por un tasador se limita a opinar 

sobre el valor de la propiedad a ser hipotecada y a informar sobre aquellas 

condiciones negativas que sean conspicuas o fácilmente detectables. 

Su obligación no trasciende esas funciones. Por el contrario, si la parte 

interesada así lo desea, puede contratar un inspector licenciado para que 

corrobore cualquier condición de la estructura que no sea fácilmente 

detectable; i.e., vicios ocultos. 

Los hechos que supuestamente estaban en controversia y que 

impedían la resolución sumaria del caso a favor de la Cooperativa no 

existían, ni existen. El foro primario erró al denegar la solicitud de sentencia 

sumaria parcial solicitada por la Cooperativa. 

17 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 284.
KLAN202400614 15

Por tanto, concluimos expresamente que el Tribunal de Primera 

Instancia se equivocó en su interpretación y aplicación del derecho 

sustantivo aplicable a este caso, por lo que se justifica nuestra intervención 

en esta etapa, con el fin de evitar un perjuicio sustancial. Lluch v. España 

Service, 117 DPR 729, 745 (1986). Así pues, expedimos el auto y 

revocamos.

IV

En virtud de lo antes expuesto, este Tribunal expide el auto de 

certiorari, revoca la Resolución dictada el 6 de mayo de 2024, y desestima 

con perjuicio la demanda instada en contra de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Oriental.

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones