Número Identificador

RES2023 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

BANCO POPULAR DE 

PUERTO RICO

Apelado

v.

AMÉRICO VEGA 

HERNÁNDEZ, et al.

Apelante

KLCE202300806

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Aguadilla

Sobre: Cobro de 

dinero, Ejecución 

de hipoteca por la 

vía ordinaria

Caso Núm. 

ACD2014-0014

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Pérez.1

Rodríguez Casillas, juez ponente.

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2023.

La Sra. Grace Monge La Fosse (Monge La Fosse o peticionaria), 

nos solicita que revoquemos la Resolución emitida el 15 de mayo de 

2023,

2 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Aguadilla (TPI). La aludida resolución, declaró No Ha Lugar la 

solicitud de la peticionaria y determinó que ésta carecía de 

legitimación activa en el pleito ACD2014-0014. 

El referido dictamen fue objeto de una Moción de 

Reconsideración que el 5 de julio de 2023, se declaró No Ha Lugar.

3

Examinada la naturaleza del recurso, lo acogemos como auto 

de certiorari y solicitamos el cambio de la identificación 

alfanumérica. Evaluados los planteamientos de las partes, 

resolvemos denegar el auto de certiorari. 

1 Se modifica la composición del Panel conforme a la Orden Administrativa OATA2023-120 del 10 de julio de 2023, que designa a la Hon. Cintrón Cintrón para 

entender y votar en el recurso de epígrafe.

2 Notificada el 17 de mayo de 2023.

3 Notificada el 6 de julio de 2023.
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-IEl 14 de marzo de 2014 Banco Popular de Puerto Rico (BPPR 

o recurrido) incoó una demanda enmendada,

4 por cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca contra los codemandados, Américo Vega 

Hernández y María Magdalena Castillo Morales.

5 El señor Vega 

Castillo contestó la demanda enmendada el 19 de junio de 2014.6

Luego de varios tramites procesales, el 12 de junio de 2017,

7

el TPI dictó Sentencia Sumaria a favor de BPPR.8

Advenida dicha sentencia final y firme, el 14 de enero de 

2022 la señora Monge La Fosse presentó Aviso al Tribunal sobre la 

Cesión de Crédito Litigioso en Pago a Acreedora Grace Monge La 

Fosse.

9 En síntesis, adujo, que se había efectuado una cesión del 

crédito litigioso por parte del señor Vega Castillo a la peticionaria en 

pago de su crédito.

En ese sentido, el 29 de marzo de 2022 la peticionaria 

presentó el documento CESIÓN CRÉDITO LITIGIOSO A ACREEDOR 

EN PAGO DE SU CRÉDITO;

10 y luego, el 8 de mayo de 2022

presentó: MOCIÓN AL AMPARO DE LA REGLA 22.3 DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL [...].

11 En resumen, arguyó en favor de que 

se le acumulara en el pleito y se le concediera una vista 

argumentativa. El 15 de mayo de 2023 el TPI declaró No ha lugar

las referidas solicitudes.

12. El aludido foro expresó:

[E]n el caso de autos se ha resuelto en múltiples ocasiones y 

así fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones en los casos 

núm. KLAN202200365 y KLAN202200912, que la señora 

Monge La Fosse carece de legitimación activa. Así las cosas, 

no procede aplicarse la Regla 22.3 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap.V. En cuanto a la prueba presentada para 

4 La demanda se enmendó con el propósito de sustituir a los codemandantes 

Américo Vega Hernández y María Magdalena Castillo Morales por sus herederos: 

Américo, José y Ricardo de apellidos Vega Castillo. Además, se incluyó a Jonh 

Doe y Richard Roe como herederos desconocidos.

5 Apéndice 2 del recurso del Peticionaria, págs. 6 – 8. 

6 Apéndice 3 del recurso del Peticionaria, págs. 10 – 11.

7 El 28 de junio de 2017 se emitió una notificación enmendada. 

8 Apéndice 6 del recurso de la Peticionaria, págs. 36 – 46.

9 Apéndice 7 del recurso de la Peticionaria, págs. 48 – 49.

10 Apéndice 10 del recurso de la Peticionaria, págs. 73.

11 Apéndice 16 del recurso de la Peticionaria, págs. 128 – 153.

12 Notificada el 17 de mayo de 2023. Véase, Apéndice 17 del recurso de la 

Peticionaria, págs. 155 – 156.
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fundamentar el derecho de cesión de la señora Monge, 

determinamos que esta es insuficiente para determinar que 

posee legitimación activa para reclamar la aplicación de la 

figura sobre cesión de crédito litigioso. Cuando la señora 

Monge la notificó la cesión en autos, ya se había dictado 

sentencia, la cual es final y firme. Además, se llevó a cabo la 

ejecución de sentencia y subasta. Por tanto, el crédito cedido 

no puede catalogarse como litigioso al ya haber sido 

adjudicado mediante sentencia final y firme. Cónsono con lo 

anterior, denegamos incluir el nombre de la señora Monge La 

Fosse en el epígrafe y la vista argumentativa solicitada. [sic].13

El 30 de mayo de 2023 la señora Monge La Fosse solicitó 

reconsideración,

14 y el 5 de junio de 2023 fue declarada No Ha 

Lugar.

15

El 5 de julio de 2023, la señora Monge La Fosse acudió ante 

nos y señaló el siguiente error:

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ERRÓ AL DENEGAR 

LA MOCIÓN DE REGLA 22.3 DE PROCEDIMIENTO CIVIL QUE 

PRESENTÓ LA CESIONARIA PARA QUE SE LE ACUMULARA 

COMO PARTE DEMANDADA TRAS LA CESIÓN DE INTERÉS 

QUE MEDIÓ ENTRE EL DEMANDADO–CEDENTE Y LA 

CESIONARIA. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, damos por 

sometido el asunto. 

-IIEl Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el auto 

de certiorari es un vehículo procesal de carácter discrecional que

permite a un foro judicial de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior.16 Por carácter discrecional 

se entiende como el poder de decidir en una forma u otra, esto es, 

para escoger entre uno o varios cursos de acción.

17

Bajo el palio discrecional la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,

delimita las instancias en que habremos de atender y revisar las

resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de instancia, a 

saber:

13 Id., pág. 156.

14 Apéndice 18 del recurso de la Peticionaria, págs. 158 – 174.

15 Notificada el 6 de junio de 2023. Véase, el Apéndice 19 del recurso de la 

Peticionaria, pág. 176.

16 Municipio Autónomo de Caguas v. JRD Construction, Inc., et al, 201 DPR 703, 

711 (2019).; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).

17 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
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[E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será́ expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá́ revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 

la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari 

en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. [...].18

Con el objetivo de que podamos ejercer nuestra facultad 

discrecional que nos ha sido delegada para entender o no en los 

méritos del recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, dispone:

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.19

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que: 

[d]e ordinario, no se intervendrá́ con el ejercicio de discreción 

de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó́con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó́ en la interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.20

18 Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.

19 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.

20 Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
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De manera, que si la actuación del foro recurrido no está 

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales 

de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de primera 

instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.21

-IIIEn el presente recurso certiorari la señora Monge La Fosse 

indica que, el TPI erró al denegar la moción de cesión de interés al 

amparo de la Regla 22.3 de Procedimiento Civil,

22 ya que la cesión 

del crédito litigioso por parte del señor Hernández Castillo le 

permitía ser parte del pleito. Por lo cual, solicita que se ordene la 

acumulación de la peticionaria en el caso de autos conforme a dicha

Regla 22.3.

Resolvemos que el TPI ejerció su discreción sin abuso alguno 

o error manifiesto que nos impulse al intervenir con la Resolución 

recurrida. Conforme el derecho aplicable, este caso no presenta 

ninguna de las circunstancias contempladas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, que nos permita expedir el auto 

solicitado. Tampoco existe justificación alguna para intervenir con 

la Resolución recurrida, a la luz de los criterios establecidos en la 

Regla 40 de este tribunal, supra. 

-IVPor lo fundamentos antes expuestos, denegamos el auto de 

certiorari.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

21 SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 – 435 (2013).

22 32 LPRA Ap. V., R. 22.3.