Número Identificador

SEN2024 _________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

NATANAEL OLMEDA 

PÉREZ

Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN 

Recurrido

KLRA202400105

Revisión

Administrativa 

procedente del

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación

Caso Núm.:

Q-632-23

Sobre: 

Expediente de 

visita

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez 

Rivera Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Rivera Pérez, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de abril de 2024.

Comparece por derecho propio el Sr. Natanael Olmeda Pérez 

(en adelante, Sr. Olmeda Pérez o recurrente) y nos solicita la revisión 

de la Respuesta al Miembro de la Población Correccional emitida el 

26 de diciembre de 2023 y notificada el 11 de enero de 2024 por la 

Oficina de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. Mediante esta determinación, se 

denegó la Solicitud de Remedio Administrativo Núm. Q-632-23 

presentada el 5 de diciembre de 2023 por el Sr. Olmeda Pérez. 

Por los fundamentos que expondremos, se revoca la 

determinación recurrida y se devuelve el caso a la agencia 

administrativa.

I

El 5 de diciembre de 2023, el Sr. Olmeda Pérez presentó la 

Solicitud de Remedio Administrativo Núm. Q-632-23 ante la Oficina 

de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.

1 En síntesis, el Sr. Olmeda Pérez solicitó que se 

1 Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Orden, pág. 3.
KLRA202400105 2

incluyera nuevamente a sus padres y la madre de su hija a la lista 

de visitantes autorizados de su expediente de visita. Alegó que estos 

habían sido removidos de la lista sin que se llevara a cabo un 

proceso en su contra o la de ellos en violación al derecho a un debido 

proceso ley.

El 15 de diciembre de 2023, la Sra. Carmen Montañez 

Martínez, Evaluadora de la Oficina de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, notificó a la Sra. Enid 

Rosado, Supervisora de la Unidad Socio-penal, con copia de la 

solicitud del Sr. Olmeda Pérez.

2

El 19 de diciembre de 2023, la Sra. Enid Rosado emitió una

Respuesta del Área Concernida/Superintendente dirigida a la Sra. 

Carmen Montañez Martínez, en la cual dispuso lo siguiente:

“Su caso fue discutido, la determinación de Cancelación 

permanente de los familiares que usted menciona fue 

final y firme por la Oficina de Programas y Servicios.”

El 26 de diciembre de 2023, notificada al Sr. Olmeda Pérez el 

11 de enero de 2024, la Sra. Carmen Montañez Martínez emitió la 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional de la cual se 

recurre mediante el presente recurso de revisión. En esta, la Sra. 

Carmen Montañez Martínez se limitó a incluir copia de la

determinación emitida por la Sra. Enid Rosado.

3

El 12 de enero de 2024, el Sr. Olmeda Pérez presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo, mediante la cual solicitó 

reconsideración de la determinación emitida por la Evaluadora de la

Oficina de Remedios Administrativos.4

El 7 de febrero de 2024, la Oficina de Remedios 

Administrativos emitió una Respuesta de Reconsideración al 

Miembro de la Población Correccional, mediante la cual denegó la 

2 Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Orden, págs. 4-5.

3 Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Orden, págs. 7-8.

4 Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Orden, págs. 9-14.
KLRA202400105 3

solicitud de reconsideración presentada por el Sr. Olmeda Pérez.

5

En su dictamen, la agencia dispuso lo siguiente:

“Sr. Olmeda, de su expediente social se desprende que 

para el 29 de marzo de 2021 le fue cancelada 

permanentemente la visita de la Sra. Mariluz Pérez 

Álvarez (madre), Sr. Carmelo Olmeda Viruet (padre) y 

Sra. Paola Nicole Alicea Escalera (pareja) por situación 

surgida el 15 de mayo de 2020. Esta determinación es 

final y firme. En su expediente de visita tiene una lista 

de nueve (9) personas adicionales que autorizó para 

visitarle. De tener alguna duda puede solicitar 

entrevista al Área Sociopenal”.

Inconforme, el Sr. Olmeda Pérez acudió ante nos el 15 de 

febrero de 2024 mediante el presente recurso de Revisión, en el cual 

solicita la revisión de la Respuesta al Miembro de la Población 

Correccional emitida el 26 de diciembre de 2023 y notificada el 11 

de enero de 2024 por la Oficina de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.

El 12 de marzo de 2024, emitimos Resolución concediéndole 

un término a la Oficina del Procurador General para exponer su 

posición con respecto al recurso presentado por el Sr. Olmeda Pérez.

El 12 de abril de 2024, el Procurador General presentó un 

Escrito en Cumplimiento de Orden. 

Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver.

II

A.

La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene 

como fin delimitar la discreción de los organismos administrativos, 

para asegurar que ejerzan sus funciones conforme la ley y de forma 

razonable. Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 965 

(2011); Empresas Ferré v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). A esos 

efectos, la revisión judicial comprende tres aspectos: la concesión 

del remedio apropiado, la revisión de las determinaciones de hecho 

5 Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Orden, págs. 15-16.
KLRA202400105 4

conforme al criterio de evidencia sustancial, y la revisión completa 

de las conclusiones de derecho. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 

DPR 206, 217 (2012), citando a Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al. 

II, 179 DPR 923, 940 (2010); Mun. de. San Juan v. J.C.A., 149 DPR 

263, 279-280 (1999).

En cuanto al alcance de la revisión judicial en las 

determinaciones administrativas, los dictámenes de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial. Pérez López v. 

Depto. Corrección, 208 DPR 656 (2022); DACO v. Toys “R” Us, 191 

DPR 760 (2014). Véase, además, The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, 185 DPR 800, 821, (2012); Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011); Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 

693 (2006); San Vicente v. Policía de P.R., 142 DPR 1 (1996). Esto es 

así, pues, son las agencias administrativas con la vasta experiencia 

y el conocimiento especializado para atender los asuntos que se le 

encomiendan. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 

323 (2006). Por tal razón, el alcance de la revisión judicial a una 

determinación final de una agencia administrativa se limitará a 

“determinar si la agencia actuó arbitraria, ilegal o irrazonablemente 

en abuso a su discreción”. Pérez López v. Depto. Corrección, supra, 

en la pág. 673. 

Sobre las determinaciones de hechos, el Tribunal Supremo ha 

establecido que las determinaciones de hechos de las decisiones de 

las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo 

considerado en su totalidad. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, 

pág. 216, citando a Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 

511-512 (2011); Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 DPR 

387, 397-398 (1999). La evidencia sustancial es “aquella evidencia 

relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión”. Íd., citando a Pereira Suárez v. Jta. 
KLRA202400105 5

Dir. Cond., supra; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). Dicho 

análisis requiere que la evidencia sea considerada en su totalidad, 

esto es, tanto la que sostenga la decisión administrativa como la que 

menoscabe el peso que la agencia le haya conferido. Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997). Ello 

implica que, de existir un conflicto razonable en la prueba, debe 

respetarse la apreciación de la agencia. Hilton Hotels v. Junta Salario 

Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953).

Debido a la presunción de regularidad y corrección de los 

procedimientos y las decisiones de las agencias administrativas, 

quien alegue ausencia de evidencia sustancial tendrá que presentar 

prueba suficiente para derrotar esta presunción, no pudiendo 

descansar en meras alegaciones. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 

409, 431 (2003). Para ello, deberá demostrar que existe otra prueba 

en el expediente, que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir

que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración. Gutiérrez 

Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 245 (2007).

Si la parte afectada no demuestra la existencia de otra prueba 

que sostenga que la actuación de la agencia no está basada en 

evidencia sustancial o que reduzca o menoscabe el valor de la 

evidencia impugnada, el tribunal respetará las determinaciones de 

hecho y no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo. Otero v. 

Toyota, supra.

En cambio, las conclusiones de derecho son revisables en 

todos sus aspectos. García Reyes v. Cruz Auto corp., 173 DPR 870, 

894 (2008). De esta manera, los tribunales, al realizar su función 

revisora, están compelidos a considerar la especialización y la 

experiencia de la agencia con respecto a las leyes y reglamentos que 

administra. Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 
KLRA202400105 6

75-76 (2000). Así pues, si el punto de derecho no conlleva 

interpretación dentro del marco de la especialidad de la agencia, 

entonces el mismo es revisable sin limitación. Rivera v. A & C 

Development Corp., 144 DPR 450, 461 (1997).

Sin embargo, aun cuando el tribunal tiene facultad para 

revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de una 

agencia, se ha establecido que ello no implica que los tribunales 

revisores tienen la libertad absoluta para descartarlas libremente. 

López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 (2012); 

Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007). 

Si del análisis realizado se desprende que la interpretación 

que hace una agencia de su reglamento o de la ley que viene llamada 

a poner en vigor resulta razonable, el tribunal debe abstenerse de 

intervenir. Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 357 (2005).

B.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al 

igual que las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados 

Unidos, garantizan que: “ninguna persona será privada de su 

libertad o propiedad sin un debido proceso de ley”. Art. II, Sec. 7, 

Const. ELA, LPRA, Tomo 1; Emdas. V y XIV, Const. EE. UU., LPRA, 

Tomo 1.

El debido proceso de ley se manifiesta en dos dimensiones 

distintas: sustantiva y procesal. Al amparo del debido proceso 

sustantivo, los tribunales examinan la validez de una ley, a la luz de 

los preceptos constitucionales pertinentes, con el propósito de 

proteger los derechos fundamentales de las personas. Bajo este 

análisis, el Estado, al aprobar leyes o al realizar alguna actuación, 

no puede afectar de manera irrazonable, arbitraria o caprichosa los 

intereses de propiedad o libertad. Román Ortiz v. OGPe, 203 DPR 

947 (2020); Rivera Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, 133 DPR 881 

(1993); Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 DPR 562 (1992); Rivera 
KLRA202400105 7

Santiago v. Secretario de Hacienda de P.R., 119 DPR 265 (1987). Por 

otro lado, en el debido proceso de ley procesal se le impone al Estado 

la obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de 

libertad y propiedad del individuo se haga a través de un 

procedimiento que sea justo y equitativo. Román Ortiz v. OGPe, 

supra; Rivera Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, supra; López Vives 

v. Policía de Puerto Rico, 118 DPR 219 (1987).

Para que entre en vigor la protección que ofrece este derecho, 

en su vertiente procesal, tiene que estar en juego un interés 

individual de libertad o propiedad. Board of Regents v. Roth, 408 US 

565 (1972); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 274. 

Una vez cumplida esta exigencia, hay que determinar cuál es el 

procedimiento exigido. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra, 

pág. 274; Morissey v. Brewer, 408 US 471, 481 (1982). Dependiendo 

de las circunstancias, diversas situaciones pueden requerir 

diferentes tipos de procedimientos, pero siempre persiste el requisito 

general de que el proceso gubernamental debe ser justo e imparcial. 

Véase: Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 274.

La jurisprudencia ha establecido diversos requisitos que debe 

cumplir todo procedimiento adversativo, para satisfacer las 

exigencias del debido proceso, a saber: (1) notificación adecuada del 

proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser 

oído; (5) derecho a contrainterrogar testigos y examinar evidencia 

presentada en su contra; (6) tener asistencia de abogado y (7) que la 

decisión se base en el récord. Román Ortiz v. OGPe, supra; Rivera 

Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, supra. 

En el ámbito administrativo, el debido proceso de ley no tiene 

la misma rigidez que en los procedimientos adjudicativos ante los 

tribunales. Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314, 329 

(2009). Esto obedece en gran medida a la necesidad que tienen las 

agencias administrativas de tramitar sus procedimientos de forma 
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expedita y a la pericia que se presume tienen para atender y resolver 

los asuntos que le han sido delegados. Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 

605, 623 (2010). Sin embargo, se ha reiterado que el 

procedimiento adjudicativo administrativo debe de ser justo en 

todas sus etapas y tiene que ceñirse a las garantías mínimas 

del debido proceso de ley, conforme al interés involucrado y a 

la naturaleza del procedimiento que se trate. Álamo Romero v. 

Adm. de Corrección, supra, pág. 330; López Vives v. Policía de P.R., 

supra, pág. 231.

C.

En el Reglamento para fomentar la Integración Familiar y

Social en la Población Correccional, Reglamento Núm. 9017, 

Departamento de Estado, 16 de mayo de 2018, se reconoce que:

“La inclusión de la familia en el proceso de 

rehabilitación se debe mirar desde la perspectiva de 

refuerzo positivo, con el fin de lograr un mejor 

comportamiento, disminuyendo el efecto de separación 

creado por la sentencia a cumplir. El efecto de la 

separación crea graves efectos psicológicos tanto en el 

miembro de la población correccional como en su 

núcleo familiar, es por esto que distinguimos que, para 

una modificación de conducta y mejor sociedad, la 

familia es esencial como su grupo primario de apoyo en 

el desarrollo de modificación de conducta. La inclusión 

de la familia es el refuerzo positivo que facilitaremos al 

miembro de la población correccional, con el fin de 

mejorar su comportamiento y mejorar su integración 

social y emocional”. Artículo II del Reglamento Núm. 

9017, supra.

Conforme a su declaración de propósito, la familia es el 

principal elemento a considerar para que el privilegio de visitas 

cumpla su misión rehabilitadora en el miembro de la población 

correccional. Íd. Ahora bien, el propio estatuto dispone que:

“La concesión de visitas a los familiares y relacionados 

es un privilegio que otorgan las instituciones 

correccionales, no fundamentadas por exigencia legal 

alguna, por lo que se pueden restringir, regular o 

cancelar, según se entienda necesario por las 

circunstancias prevalecientes en cada institución”.

Artículo XXIV del Reglamento Núm. 9017, supra.
KLRA202400105 9

En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, el 

Reglamento Núm. 9017, supra, establece las normas de visita a ser 

observadas por el público que visite las facilidades del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación. Entre estas, se establecen las 

prohibiciones y responsabilidades del visitante al entrar a las 

instalaciones.

Los incisos 1 y 2 del Artículo XXV disponen que “[c]ualquier 

acto o intento de violentar las normas de visita aquí establecidas, 

resultará en una acción disciplinaria contra el miembro de la 

población correccional, a tenor con el Reglamento Disciplinario 

para la Población Correccional”. (énfasis suplido). Disponen, 

además, que dicha acción “[p]odrá incluir la cancelación de la visita 

de la persona involucrada en la situación contraria a las normas”.

Cónsono, el inciso (2) del Artículo XXII del Reglamento Núm. 

9017, supra, dispone que “[s]e prohibirá permanente la entrada a 

toda institución correccional al visitante, suplidor o contratista que 

intente introducir cualquier tipo de contrabando dentro de las 

instituciones correccionales”.

III

En esencia, en su recurso de Revisión, el Sr. Olmeda Pérez

señala que erró el Departamento de Corrección y Rehabilitación al 

denegar la Solicitud de Remedio Administrativo Núm. Q-632-23, 

mediante la cual solicitó que se incluyera nuevamente a sus padres,

los Sres. Carmelo Olmeda Viruet y Mariluz Pérez Álvarez, y a la 

madre de su hija, la Sra. Nicole Alicea Escalera, en la lista de 

visitantes autorizados de su expediente de visita. Alega que estos 

fueron removidos de la lista sin que se llevara a cabo un proceso en 

su contra o la de ellos en violación al derecho a un debido proceso 

ley.
KLRA202400105 10

En su Escrito en Cumplimiento de Orden, el Procurador 

General se allana a la solicitud del Sr. Olmeda Pérez. Al respecto, 

expresa lo siguiente:

“En el presente caso, al recurrente se le denegó 

permanentemente las visitas de sus familiares, a 

saber, sus padres y la madre de su hija, porque se le 

ocupó un celular a otro confinado que contenía fotos y 

comunicaciones del recurrente con sus padres y su 

pareja. Sobre estos hechos, no se inició un 

procedimiento disciplinario contra el recurrente. A la 

luz de los hechos particulares de este caso, entendemos 

que debe permitírsele al recurrente recibir las visitas de 

sus familiares y pareja”. (énfasis en el original).

Examinado el expediente del caso, encontramos que, el 29 de 

marzo de 2021, notificada al Sr. Olmeda Pérez el 6 de abril de 2021, 

la Oficina de Programas y Servicios, Región Sur, del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación emitió una determinación de 

cancelación de visita permanente a los Sres. Carmelo Olmeda Viruet 

y Mariluz Pérez Álvarez y la Sra. Nicole Alicea Escalera. En lo 

pertinente, en el dictamen se dispuso lo siguiente:

“[...]

Al evaluar los documentos, sometidos ante nuestra 

atención determinamos Denegar Permanentemente la 

visita de la señora Pérez Álvarez, el señor Olmeda Viruet

y la señora Alicea Escalera a cualquiera de las 

instituciones penales del país.

Para el 15 de mayo de 2020 se le ocupó al confinado 

Jean C. Rodríguez Quiñónez quien labora en el área de 

la cocina un celular marca Unihertz color azul y negro 

con batería y chip. Al verificar el contenido del celular 

toda la información encontrada pertenece al confinado 

en Nathanael Olmeda Pérez. La información encontrada 

fueron fotos, videos de la institución, foto video de 

comunicación de la familia (madre, padre, hija y pareja), 

mensajes de textos. Toda la Información coloca en 

riesgo, la seguridad institucional.

Se procede a llamar a la Policía de Puerto Rico de 

Guayana Presentándose el agente Cardona con numero 

de placa 31351 para la querella correspondiente.

[...].”(énfasis en el original).

Según expusimos, el Reglamento Núm. 9017, supra, establece 

que “[c]ualquier acto o intento de violentar las normas de visita [...], 

resultará en una acción disciplinaria contra el miembro de la 

población correccional, a tenor con el Reglamento Disciplinario para 
KLRA202400105 11

la Población Correccional”, lo cual “[p]odrá incluir la cancelación de 

la visita de la persona involucrada en la situación contraria a las 

normas”. Incisos 1 y 2 del Artículo XXV del Reglamento Núm. 9017, 

supra.

Evaluados los argumentos expuestos por el recurrente en su 

recurso a la luz del derecho expuesto, determinamos que tiene 

méritos su reclamo. En el presente caso, el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación canceló permanente el privilegio de 

visita de los familiares en cuestión por alegada violación a las 

normas de visita. Entendemos que la cancelación se impuso como 

una medida disciplinaria en contra del Sr. Olmeda Pérez. Sin 

embargo, no surge que por los alegados hechos que dieron lugar a 

la imposición de dicha medida disciplinaria se haya llevado a cabo 

el correspondiente procedimiento disciplinario en su contra en 

violación a su derecho a un debido proceso de ley. 

A pesar de que reconocemos que los dictámenes de los 

organismos administrativos merecen nuestra mayor deferencia, en 

este caso la determinación de la agencia de cancelar las visitas de 

los familiares de la parte recurrente de forma permanente, no se 

sustenta del expediente administrativo. La imposición de esta 

medida resulta irrazonable ante la ausencia de un procedimiento 

disciplinario previo en contra del Sr. Olmeda Pérez.

Por lo tanto, determinamos que procede que la Oficina de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación reevalúe el caso del Sr. Olmeda Pérez a la luz del 

marco procesal y legal anteriormente esbozado. 

IV

Por los fundamentos expuestos, se revoca la determinación 

recurrida y se devuelve el caso a la Oficina de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación
KLRA202400105 12

para que reevalúe la solicitud de remedio presentada por el Sr. 

Olmeda Pérez cónsono con lo aquí dispuesto.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones