Número Identificador

SEN2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

CAROL ELIZABETH 

VIVONI BEATY

Peticionaria

v.

ANNETTE CHRISTINE 

VIVONI BEATY

Recurrida

KLCE202400290

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de

San Juan

Caso número:

SJ2022CV05839

Sobre:

SUCESIONES; 

SOLICITUD DE 

REMEDIOS 

PROVISIONALES 

EN 

ASEGURAMENTO 

DE SENTENCIA

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez 

Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de abril de 2024.

Comparece ante nos Carol Vivoni Beaty (Recurrente) mediante 

recurso de Certiorari presentado el 7 de marzo de 2024 y nos pide 

que revisemos la Resolución emitida el 4 de febrero de 2024 y 

notificada el 6 de febrero de 2024 por Tribunal de Primera Instancia 

(TPI o foro primario), Sala Superior de San Juan. Mediante dicha 

Resolución el foro primario extendió el término del cargo de ejecutor, 

determinó que los informes presentados cumplían con las exigencias 

del Código Civil de 2020, infra, y emitió varias órdenes con el fin de 

continuar los procedimientos de partición del caudal. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari para confirmar la Resolución del foro 

primario. 
KLCE202400290 2

I.

El 30 de junio de 2022, la Apelante presentó Demanda en la 

cual alegó que sus tres hermanos, Annette Vivoni Beaty, Pedro 

Vivoni Beaty y María Vivoni Beaty (Recurridos), violentaron las 

disposiciones del Código Civil de 2020, infra, sobre las 

responsabilidades del cargo de ejecutor testamentario que en 

conjunto ejercen sobre el caudal de su padre, el Sr. Pedro Vivoni 

Alcaraz quien falleció el 5 de noviembre de 2021. Dentro de sus 

alegaciones, solicitó como remedio que fueran removidos del cargo y 

que el TPI nombrara un Comisionado con cargo al caudal para que 

lleve a cabo las funciones de administración, custodia, inventario, 

avalúo y partición de los bienes. Además, solicitó remedios 

provisionales mientras se atienden las controversias ante el foro 

primario. 

Antes de que se contestara la Demanda, los Recurridos 

presentaron varias mociones de desestimación, ante esto, se celebró 

una vista el 25 de octubre de 2022. Luego de mociones de 

reconsideración y sus respectivas oposiciones, y el TPI dictó 

Sentencia el 17 de enero de 2023, en la cual se desestimó la 

demanda en su totalidad por entender el foro primario que la 

Recurrente no expuso aleaciones que justificaran la concesión de 

algún remedio. Luego de varios trámites procesales, el foro primario 

notificó el 9 de marzo de 2023 una Sentencia Enmendada, no 

obstante, reiteró su determinación de desestimar la Demanda. De 

esa Sentencia Enmendada, la Recurrente apeló ante este foro el 10 

de abril de 2023. Consecuentemente, esta Curia emitió una 

Sentencia el 12 de junio de 2023 con la codificación alfanumérica 

KLAN202300294, en la cual revocó el foro primario por entender que 

no procedía la desestimación del pleito. 
KLCE202400290 3

Dictaminó este foro que, hasta la presentación de la Demanda, 

los Recurridos habían incumplido con su deber de presentar 

informes trimestrales sobre las gestiones realizadas como ejecutores 

del caudal de su padre. Asimismo, señaló que no fue hasta después 

de presentada la Demanda que los Recurridos notificaron al TPI que 

habían completado el inventario. Este Tribunal expresó que en los 

casos donde existe conflicto entre herederos en relación con la 

administración del caudal, se requerirá que el foro primario ejerza 

un rol supervisor. Añadió que, de acuerdo con nuestro Código Civil, 

para poder prorrogar el término de ejecutor por encima de los dos 

años, el TPI deberá celebrar una vista evidenciaria sobre la realidad 

del caudal y velar que se salvaguarden los derechos de todos los 

herederos. Esta Curia ordenó: (1) que los Recurridos contestaran la 

Demanda y rindan un informe detallado de lo que han hecho y lo 

que falta por hacer con relación a la administración del caudal, del 

cual se entregará copia a cada heredero que no sea ejecutor; (2) que 

el TPI mantenga el intercambio de información entre los herederos 

con el fin de armonizar los intereses para que se logre lo antes 

posible la partición de la herencia; (3) y la celebración de una vista 

evidenciaria, para que entonces el TPI determine si procede que se 

prorrogue el término del cargo de ejecutor. 

Luego de varios trámites procesales, el foro primario celebró 

una vista el 30 de enero de 2024. Posteriormente notificó una 

Resolución el 6 de febrero de 2024 en la cual recogió las siguientes 

determinaciones de hechos: (1) los Recurridos fueron nombrados 

Ejecutores Universales mediante testamento abierto otorgado 

mediante Escritura Núm. 148 el 3 de septiembre de 2021 ante el 

Notario Ignacio Arbona Arbona, en el cual fueron designados como 

ejecutores conjuntamente sin el requisito de fianza y sin limitación

de tiempo; (2) los Recurridos aceptaron los cargos de ejecutores el 

17 de noviembre de 2021, (3) hubo un pacto extrajudicial de 
KLCE202400290 4

extensión del término en el 2022; (4) el TPI expidió las cartas 

testamentarias el 13 de abril de 2022; y (5) el 16 de noviembre de 

2023 los Recurridos solicitaron al TPI, al amparo del Art. 1755 del 

Código Civil, infra, extender el término hasta el 18 de mayo de 2024. 

En cuanto a los argumentos presentados en la vista 

evidenciaria, el foro primario hizo una serie de conclusiones de 

derecho. Comenzó declarando que el alcance o forma del deber de 

informar de los ejecutores no está particularmente definido, por 

tanto, es su entender que los informes presentados hasta la 

actualidad cumplen con los requisitos mínimos de mantener 

informados a los herederos. Añadió que si la Recurrente desea tener 

acceso a información adicional a la que se encuentra en los 

informes, deberá hacerlo mediante un proceso de descubrimiento de 

prueba, según la Regla 23 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA, 

Ap. V. R. 23, pues las Reglas de Procedimiento Civil aplican en todo 

procedimiento civil, incluyendo el caso de epígrafe, 32 LPRA, Ap. V. 

R. 1. En cuanto al término del cargo de ejecutor, el foro entendió 

que se calcula a partir del momento que las cartas testamentarias 

fueron expedidas, entiéndase el 13 de abril de 2022, así que el cargo 

vence el 13 de abril de 2024. Dejándose llevar por la Sentencia 

emitida por este Tribunal (KLAN202300294), que constituye la ley 

del caso, el foro primario dictaminó que las actuaciones de los 

ejecutores, según enmarcadas en los informes, no exceden la 

capacidad conferida en el testamento. Finalmente, ordenó que, entre

el 13 de abril de 2024, y hasta que se dicte resolución en la vista 

evidenciaria programada para el 30 de abril, y 4 y 7 de mayo de 

2024, los ejecutores podrán continuar con los actos de 

administración que no requieran la enajenación de bienes. 

Inconforme, la Recurrente acude ante nos y alega que el foro 

primario cometió los siguientes señalamientos de error:
KLCE202400290 5

Erró el TPI al determinar que el término que tiene 

los ejecutores para realizar su encomienda 

comienza a decursar desde que suscribieron carta 

testamentaria y no desde que aceptaron el cargo. 

Erró el TPI al determinar que los exiguos informes 

producidos por los demandados ejecutores que 

obran en récord constituyen un rendimiento de 

cuentas adecuado y detallado a tenor con el Art. 

1767 del Código Civil 2020 

Erró el TPI al determinar que, la demandante, para 

lograr que los demandados ejecutores le provean 

información y documentos atinentes al ejercicio de 

administración/inventario/avalúo/albaceazgo/part

ición sobre el caudal del causante en cuanto al que 

ella es heredera, tiene que obtenerlos a través de 

mecanismos de descubrimiento de prueba

Erró el TPI al no tramitar este caso de acuerdo a las 

directrices expuestas por este Honorable Foro en la 

sentencia revocatoria emitida en el caso 

KLAN202300294

Este Tribunal, mediante Resolución del 14 de marzo de 2024, 

otorgó un término de veinte (20) días para que los Recurridos 

presentaran su oposición al recurso. Antes de que esto ocurriera, 

compareció nuevamente la Recurrente mediante Moción en Auxilio 

de Jurisdicción. En esta nos solicitó que paralicemos el caso ante el 

TPI y se ordenara a los Recurridos detener cualquier gestión que 

estén realizando como ejecutores sobre el caudal del Sr. Pedro Vivoni 

Alcaraz hasta que esta Curia disponga del recurso de certiorari. 

Mediante Resolución del 20 de marzo de 2024, este Tribunal otorgó 

un término de dos (2) días para que los Recurridos presenten la 

correspondiente oposición a la Moción de Auxilio de Jurisdicción. Los 

Recurridos presentaron Moción Conjunta en Oposición a Moción en 

Auxilio de Jurisdicción el 25 de marzo de 2024. Mientras tanto, la 

oposición al recurso de certiorari fue finalmente presentada el 4 de 

abril de 2024. Posteriormente, este Tribunal declaró No Ha Lugar la 

Moción de Auxilio de Jurisdicción presentada por la Recurrente el 12 

de abril de 2024. Con el beneficio de los escritos de ambas partes, 

procedemos a exponer el marco jurídico. 
KLCE202400290 6

II.

A. Certiorari

El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el 

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su 

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y 

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 

DPR ___ (2023). Véase, además, Torres González v. Zaragoza 

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205 

DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 

(2009). En particular, es un recurso mediante el cual se solicita la 

corrección de un error cometido por un foro inferior. Torres González 

v. Zaragoza Meléndez, supra. Así pues, la determinación de expedir 

o denegar un recurso de certiorari está enmarcada en la discreción 

judicial. 800 Ponce de León Corp. v. AIG, supra. No obstante, la 

discreción judicial para expedir o no el auto de certioraris olicitado 

no ocurre en un vacío ni en ausencia de unos parámetros. Torres 

González v. Zaragoza Meléndez, supra.

A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para 

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los 

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del 

certiorari. Véase, Scotiabank of PR v. ZAF Corp., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria, 

supra, dispone que:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 

el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 
KLCE202400290 7

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 

familia, en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia, al denegar la expedición de un recurso de 

certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene que fundamentar su decisión. 

Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante 

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor 

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986).

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que 

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un 

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En 

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo 

siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari, o de una orden de mostrar causa: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida 

a diferencia de sus fundamentos son contrarios a 

derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 
KLCE202400290 8

Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de 

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con 

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág. 

918. 

Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder 

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado 

ejercicio de la discreción judicial está “inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal 

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de 

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por 

este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v. 

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, 

173 DPR 843 (2008).

B. Cargo de Ejecutor

El Título VI del Libro de Sucesión por Causa de Muerte del 

Código Civil del 2020, 31 LPRA sec. 5311, et seq., intitulado Los 

Ejecutores de la Herencia, regula la figura del ejecutor. El Artículo 

1728 define el ejecutor como “la persona natural o jurídica 

encargada de realizar actos en beneficio de la herencia o de hacer la 

partición”, 31 LPRA sec. 11491, mientras que el Artículo 1731 

establece los tipos de clasificaciones e los ejecutores, entiéndase el 

ejecutor universal o particular, los cuales pueden ser designados 

para que actúen individual, conjunta o sucesivamente. 31 LPRA sec. 

11494. 

El cargo de ejecutor es uno voluntario y su aceptación puede 

ser expresa, tácita o legal. 31 LPRA sec. 11541-11542. Un ejecutor 
KLCE202400290 9

acepta su puesto expresamente mediante documento público o 

privado, mientras que una aceptación tácita ocurre cuando realiza 

actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar. Id. 

Finalmente, la aceptación es legal cuando transcurren 15 días desde 

que se requiere al designado que acepte o repudie, y este no actúa. 

Id. 

El artículo 1752 explica que la duración del cargo, cuando no 

se ha fijado plazo es de un (1) año desde la aceptación, o desde que 

culmine el litigio. 31 LPRA sec. 11543. No obstante, este término 

puede ser prorrogado por los herederos. El articulo 1754 aclara que 

“[l]os herederos pueden, por unanimidad, prorrogar el plazo del 

ejecutor por el tiempo que estimen necesario, pero si el acuerdo es 

solo por mayoría, la prórroga no puede exceder de un (1) año. 31 

LPRA sec. 11545. El Código Civil también provee para que el 

Tribunal, dentro de su discreción, prorrogue el término. El Artículo 

1755 expone que “[s]i transcurrido el plazo señalado no se ha 

cumplido aún la voluntad del testador, el tribunal puede conceder 

una prórroga por el tiempo que sea necesario, conforme a las 

circunstancias del caso”. 31 LPRA sec. 11546. 

En cuanto a las obligaciones del ejecutor, el Artículo 1764 

indica que “el ejecutor tiene la obligación de realizar el inventario de 

los bienes, de rendir las cuentas y de cumplir aquellas otras 

obligaciones impuestas por el testador o por el tribunal”. 31 LPRA 

sec. 11573. Para realizar esta labor “debe comenzar a formar el 

inventario de los bienes pertenecientes a la sucesión dentro de los 

treinta (30) días de la aceptación de su cargo y debe concluirlo 

dentro de los próximos sesenta (60) días a partir de haber 

comenzado el inventario”. 31 LPRA sec. 11572. Sin embargo, el 

artículo 1766 permite que este término sea prorrogado. 31 LPRA sec. 

11573. “Los herederos pueden prorrogar unánimemente el plazo de 

sesenta (60) días para formar el inventario. En defecto de acuerdo 
KLCE202400290 10

unánime, el tribunal puede prorrogar este plazo, si existe justa 

causa. En este último caso, la prórroga no debe exceder de seis (6) 

meses”. Id. 

Artículo 1767 regula la rendición de cuentas, este exige que 

“[e]l ejecutor debe rendir cuentas trimestrales por escrito y de forma 

detallada a los herederos. También debe rendir una cuenta final una 

vez hayan transcurrido tres (3) meses de la conclusión del encargo”. 

31 LPRA sec. 11574. Los comentarios de este artículo añaden que 

“[e]s importante que el ejecutor rinda las cuentas detalladas y 

justificadas con evidencia (comprobantes, recibos, estados de 

cuenta, etc.), de modo que pueda corroborarse su certeza, para que 

quien no esté de acuerdo con las cuentas (los herederos, los 

legatarios, los acreedores u otros) pueda incoar la acción judicial 

correspondiente”.1

C. Descubrimiento de Prueba

La Reglas de Procedimiento Civil establecen varios 

mecanismos para permitir a las partes “descubrir, obtener o 

perpetuar la prueba necesaria para sustanciar sus alegaciones en el 

acto del juicio”. Rivera Durán v. Banco Popular de P.R., 152 DPR 

140, 151-152 (2000). El fin práctico de esos mecanismos, es que las 

partes tengan derecho a descubrir toda la información relacionada 

con su caso, independientemente de quién la posea. Así pues, el 

esquema adoptado por nuestras reglas deja en manos de los 

abogados y abogadas el trámite del descubrimiento, para así 

fomentar una mayor flexibilidad y cooperación entre las partes. 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986). 

Asimismo, las normas de descubrimiento de prueba persiguen 

los siguientes propósitos: (1) precisar los asuntos en controversia, 

(2) obtener evidencia para ser utilizada en juicio, evitando así 

1 https://www.oslpr.org/c%C3%B3digo-civil-2020. 
KLCE202400290 11

sorpresa en esta etapa de los procedimientos, (3) facilitar la 

búsqueda de la verdad y (4) perpetuar la evidencia. Véase, Rivera 

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 

65, 211 DPR ___ (2023). En otras palabras, lo que se busca es 

permitir que las partes puedan prepararse para el juicio, de forma 

que tengan la oportunidad de obtener evidencia necesaria para 

evaluar y resolver las controversias de su caso. 

Es importante señalar que, si bien es cierto que nuestro 

máximo Foro ha interpretado que el mecanismo de descubrimiento 

de prueba debe ser amplio y liberal, también ha reconocido que éste 

no es ilimitado o irrestricto. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados

Puerto Rico, Inc. y otros, supra. Véase, además, Cruz Flores et al. v. 

Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465 (2022); McNeil Healthcare v. Mun. 

Las Piedras II, 206 DPR 391 (2021). Sobre el particular, la Regla 

23.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) dispone lo siguiente:

El alcance del descubrimiento de prueba, a menos que 

sea limitado de algún modo por el tribunal, en 

conformidad con las disposiciones de estas reglas, será 

como sigue: (a) En general. Las partes podrán hacer 

descubrimiento sobre cualquier materia, no 

privilegiada, que sea pertinente al asunto en 

controversia en el pleito pendiente, ya se refiera a la 

reclamación o defensa de cualquier otra parte, incluso 

la existencia, descripción, naturaleza, custodia, 

condición y localización de cualesquiera libros, 

información almacenada electrónicamente, 

documentos u otros objetos tangibles, y la identidad y 

dirección de personas que conozcan hechos 

pertinentes. No constituirá objeción el que la 

información solicitada sea inadmisible en el juicio, 

siempre que exista una probabilidad razonable de que 

dicha información conduzca al descubrimiento de 

evidencia admisible [...]. 

Cónsono con lo anterior, nuestra última instancia judicial ha 

reconocido dos limitaciones al descubrimiento de prueba. Estos son, 

que la información objeto del descubrimiento de prueba no sea 

privilegiada y que la misma sea pertinente a la controversia. Medina 

v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 730-731 (1994); Ortiz 
KLCE202400290 12

Rivera v. E.L.A., National Ins. Co, 125 DPR 65, 70 (1989); General 

Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 38-39 (1986). 

Así, debemos recordar que los foros primarios gozan de amplia 

discreción para regular el descubrimiento de prueba, pues es su 

obligación garantizar una solución justa, rápida y económica del 

caso, sin ventajas para ninguna de las partes. Rivera Gómez y otros 

v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; Cruz Flores et al. 

v. Hosp. Ryder et al., supra. Por esa razón, este Tribunal de 

Apelaciones no debe intervenir con dicha discreción; salvo que 

medie prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la aplicación de 

una norma procesal o sustantiva. Rivera Durán v. Banco Popular de 

P.R., supra, págs. 154-155.

III.

En su discusión del primer error, argumenta la Recurrente

que erró el TPI al concluir que el término del cargo de ejecutor 

comenzaba desde la fecha que suscribieron las cartas 

testamentarias, pues según el artículo 1752 del Código Civil, supra, 

comenzaba a correr desde la aceptación del cargo. Además, alega 

que se equivocó el foro primario al permitir que continúen los 

Recurridos en su cargo hasta la celebración de una vista 

evidenciaria. Por otra parte, los Recurridos arguyen que el foro 

primario erró al determinar que el término del cargo de ejecutor 

comienza a correr desde la emisión de las cartas testamentarias, y, 

además, erró al determinar, sin fundación alguna, que la aceptación 

del cargo de ejecutor fue el 17 de noviembre de 2021. Para sustentar 

su alegación presentaron la Escritura Pública de Aceptación del 

Cargo de Ejecutor Universal otorgada el 6 de abril de 2022 ante el 

Notario Ignacio Arbona Arbona. Añadió que, al no probar la 

Recurrente que hubo una aceptación tácita previa a la fecha de la 

escritura, el término comenzó el 6 de abril de 2022. 
KLCE202400290 13

Resolvemos que el TPI erró al determinar que el término del 

cargo de ejecutor empieza a correr desde la expedición de las cartas 

testamentarias toda vez que el artículo 1752 del Código Civil, supra, 

claramente indica que el término comienza una vez los ejecutores 

aceptan el cargo. Dejándonos llevar por la fecha de la escritura de 

aceptación que fue otorgada el 6 de abril de 2022, es forzoso concluir 

que el término culminó el 6 de abril de 2024 al considerar la 

prórroga extrajudicial. Sin embargo, el artículo 1755 del Código 

Civil, supra, le otorga autoridad al Tribunal para extender el término 

según las necesidades particulares del caso. Por tanto, resolvemos 

que actuó dentro de su discreción el foro primario al extender el 

cargo, y en adición tomar la precaución de prohibir cualquier 

enajenación de los bienes del caudal, hasta la celebración de una 

vista evidenciaria, para la cual ya señaló fecha. 

Continuamos con la discusión del segundo señalamiento de 

error. La Recurrente arguye que erró el foro primario al concluir que 

los informes presentados hasta la actualidad cumplen con los 

requisitos mínimos de mantener informados a los herederos. 

Fundamenta su alegación en los comentarios del Artículo 1767 del 

Código Civil, supra, que indica que deben ser “cuentas detalladas y 

justificadas con evidencia (comprobantes, recibos, estados de 

cuenta, etc.) de modo que pueda corroborarse su certeza, para quien 

no esté de acuerdo con las cuentas ... pueda incoar la acción judicial 

correspondiente”. Añaden que no fue hasta la fecha correspondiente 

a la presentación de tercer trimestre, el 15 de julio de 2022, que se 

presentó el informe que cubre el tiempo desde que aceptaron el 

cargo. Los Recurridos arguyen que los informes presentados 

incluyen gestiones detalladas sobre los actos de administración 

realizados, incluyendo el inventario actualizado. También 

argumentan que el texto del Artículo 1767 del Código Civil, supra, 

no requiere que los informes estén acompañados de documentación, 
KLCE202400290 14

y que, además, los comentarios del código no obligan a los 

tribunales. 

El Artículo 1767, supra, requiere que la rendición de cuentas 

sea “de forma detallada”, mas no especifica requisitos particulares. 

Aunque los comentarios aclaran que la rendición de cuentas debe 

ser con evidencia justificativa, esto es solo una interpretación del 

texto de la ley y no constituye requisitos adicionales. Aclaramos que, 

surge de los informes presentados que los Recurridos incluyeron 

suficiente información para poder entender y justificar los actos de 

administración realizados referentes al caudal. Por tanto, 

concluimos que el foro primario no se extralimitó en su apreciación 

de la prueba al determinar que la información provista fue suficiente 

como para cumplir el propósito del artículo, que es mantener a los 

herederos informados. Añadimos que, como discutiremos a 

continuación, las partes tienen la capacidad de solicitar información 

adicional de estar insatisfechos con la información provista. 

Además, como indicaremos en la discusión del cuarto error, como 

los procesos continúan ante el Tribunal de Primera Instancia, y este 

solicitó un informe para el 15 de abril de 2024, sería prematuro 

determinar que han incumplido con el requisito de mantener a los 

herederos informados hasta la actualidad. 

Con relación al tercer señalamiento de error, la Recurrente 

alega que la información y evidencia justificativa de las gestiones 

realizadas por los ejecutores tienen que ser producidas a los 

herederos como parte del deber ineludible de rendir cuentas 

detalladas, y que requerir que se realice mediante los mecanismos 

de descubrimiento de prueba va en contra de la letra y espíritu del 

Artículo 1767 del Código Civil, supra. Añade que la determinación 

del TPI también contradice lo decidido en la Sentencia de esta Curia, 

que constituye la ley del caso, ya que en el caso KLAN202300294 se 
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resolvió que la información debe fluir de forma armoniosa entre los 

herederos. Por su parte, los Recurridos argumentan que este 

señalamiento es académico pues la Recurrente activó mecanismos 

de descubrimiento de prueba luego de la presentación del presente

recurso de certiorari. En la alternativa, entienden que el proceso de 

descubrimiento de prueba es el adecuado para que la Recurrente 

tenga acceso a información adicional a la que se encuentra en los 

informes. 

La Sentencia de este Tribunal en el caso KLAN202300294 no 

discute ampliamente la información que sería compartida entre las 

partes. En lo pertinente al tema, la Sentencia indica en su pág. 22 

que luego de que los Recurridos entreguen el informe a todos los 

herederos que no son ejecutores “el TPI tiene que mantener el 

intercambio de información entre los herederos, de forma que se 

permita armonizar los intereses de las partes y solo ello permitirá 

lograr la partición de la herencia lo antes posible.” Nótese que esta 

expresión no prohíbe que el TPI utilice los mecanismos de 

descubrimiento de prueba para que las partes tengan acceso a la 

información deseada. La expresión es más una reiteración del 

mandato de la Sentencia de que el TPI mantenga una supervisión 

sobre el caso debido a su complejidad. Resolvemos que ordenar a la 

Recurrente a emplear los mecanismos de descubrimiento de prueba 

para solicitar información que no surge de los informes no resulta 

incorrecto en derecho ni fuera de la discreción del TPI. 

A continuación, el cuarto y último señalamiento de error. 

Argumenta la Recurrente que el TPI no ha cumplido con las 

directrices de este Tribunal de ejercer supervisión sobre la 

administración del caudal según lo ordenado por esta Curia en el 

caso KLAN202300294. Alega que no se ha celebrado una vista 

concerniente a la prórroga del término del cargo de ejecutor, no se 

han requeridos los informes trimestrales, ni se ha fomentado el 
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intercambio de información entre las partes. Por su parte, los 

Recurridos indican que el TPI ha atendido mociones, ha emitido 

órdenes y celebrado vistas que indican un avance en los 

procedimientos con el fin de lograr la partición del caudal, y que la 

Recurrente levanta este señalamiento de error por el mero hecho de 

estar insatisfecha con las determinaciones del foro. 

La realidad es que, este recurso se presenta en un momento 

cuando el foro inferior se encuentra atendiendo el caso de acuerdo 

con lo establecido en la Sentencia KLAN202300294. Como 

mencionamos, ya están señaladas las fechas de la próxima vista 

evidenciaria donde el foro primario se expresará sobre la prórroga 

del término del cargo de ejecutor. Asimismo, el foro primario ordenó 

que los Recurridos tienen hasta el 15 de abril de 2024 para 

presentar un informe con las gestiones realizadas hasta el momento. 

Concluir en este momento que el TPI ha incumplido con las órdenes 

de este Tribunal cuando el foro primario se encuentra emitiendo 

órdenes y señalando vistas sería una intervención prematura de 

nuestra parte, por tanto, no podemos revocar la Resolución y 

concluir que el TPI no está supervisando el trámite del caso con el 

fin de proteger los derechos de todas las partes. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el recurso 

de certiorari y confirmamos la Resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones