Número Identificador

SEN2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

JUNTA DE PLANIFICACIÓN 

DE PUERTO RICO

Parte Recurrida

v.

JULIO PAMÍAS 

PORTALATÍN,

JUAN M. VÁZQUEZ MUÑIZ,

SALUS JOBBE, LLC.

Parte Peticionaria

KLCE202301460

Certiorari,

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Municipal de 

Hatillo

Caso Núm.: 

HA2023CV00056

Sobre: 

Cobro de Dinero

(Regla 60)

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge 

Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2024.

Compareció ante este Tribunal la parte peticionaria, Juan M. Vázquez 

Muñoz (en adelante, “Vázquez” o “Peticionario”), mediante solicitud de 

certiorari presentada el 27 de diciembre de 2023. Nos solicitó la revocación 

de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal 

de Hatillo (en adelante, “TPI”), el 3 de noviembre de 2023, notificada y 

archivada en autos el 10 del mismo mes y año. Dicha determinación fue 

objeto de una moción de reconsideración que fue declarada “No Ha Lugar”

mediante Orden notificada el 8 de diciembre de 2023.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se expide y 

se revoca la Resolución recurrida.

I.

El caso de epígrafe tuvo su génesis con la “Demanda” presentada 

por la Junta de Planificación de Puerto Rico (en adelante, “Junta” o 

“Recurrida”) sobre cobro de dinero, al amparo del procedimiento sumario 

dispuesto en la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60, en 

contra del Peticionario y los codemandados, Julio Pamias Portalatín y Salus 
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Jobbe, LLC. Mediante la misma, la Junta alegó que los hechos que 

originaron la presentación de la “Demanda” se remontan a la presentación 

de la Querella núm. 20202-SRQ-009992 el 4 de mayo de 2022, en contra 

del Peticionario y el restante de los codemandados (en adelante,

“Querella”).

Sostuvo que durante el trámite administrativo celebrado se determinó

lo siguiente:

(1) Que tanto el Peticionario como los codemandados eran dueños, 

oficiales, sirvientes, empleados, cesionarios o causahabientes del negocio 

“Monarca CBD Store”, ubicado en el Municipio de Hatillo; 

(2) Que en la Querella se alegó que a dicho establecimiento se le 

expidió un Permiso Único Automático incorrectamente por un ingeniero 

autorizado a emitir este tipo de permisos, toda vez que la descripción del 

proponente fue: “Venta Fuente de Soda de teses, cafés, aperitivos y otros y 

Venta al Detal de Productos CBD”. No obstante, dichos permisos no podían

ser utilizados para, entre otras cosas, cualquier uso que implicara

elaboración y manejo de alimentos o cualquier uso relacionado con venta, 

cultivo, producción o distribución de cannabis, de conformidad con las 

disposiciones del “Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de 

Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de 

Negocios de la Junta de Planificación de 2020”, Reglamento Núm. 9233 de 

9 de diciembre de 2020 (en adelante, “Reglamento Conjunto”);

(3) Que el 20 de mayo de 2022, personal de la Junta realizó una 

investigación del negocio;

(4) Que durante la inspección se pudo observar un local comercial 

construido en cemento armado y bloques de hormigón con cristales en la 

parte frontal, con medidas aproximadas de 20.6 pies de largo por 57 pies de 

ancho y 10 pies de alto. Asimismo, que en dicho establecimiento se llevaban

a cabo ventas de café, aperitivos, “alimentos fríos” y venta al detal de 

productos de CBD;

(5) Que, como parte del trámite administrativo, personal de la Junta 

verificó los sistemas de la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante, 
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“OGPe”) y confirmó la existencia del Permiso Único Automático número 

2021-398784-PUA-005371, el cual no se podía utilizar para actividades que 

implicaran la elaboración y el manejo de alimentos o cualquier uso 

relacionado con venta, cultivo, producción o distribución de cannabis.

Así, arguyó la Junta que luego de celebrado el trámite investigativo 

correspondiente a la Querella, se le notificó al Peticionario y al restante de 

los codemandados una Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa

(en adelante, “Notificación de Hallazgos”) conteniendo las determinaciones 

de hechos y conclusiones de derecho alcanzadas a las siguientes 

direcciones postales: PO Box 142151, Arecibo, PR, 00614; PO Box 207, 

San Germán, PR 00683 y PO Box 1571, Lares, PR 00669. Sostuvo la 

Recurrida que mediante dicha Notificación de Hallazgos se le advirtió a la 

parte demandada que, en un término de veinte (20) días, tenía que mostrar 

causa por la cual no se les debía imponer una multa de $1,000.00 por las 

violaciones señaladas y les advirtió que, de no mostrar causa, la multa 

quedaría impuesta y se procedería a acudir al Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior, a solicitar una orden judicial para ordenar la paralización de 

la actividad comercial y el cobro de la multa. Asimismo, se consignó en la 

“Demanda” que se presentó una solicitud de reconsideración ante la Junta, 

la cual fue denegada por dicha entidad gubernamental.

Amparada en lo anterior, la Junta le solicitó al TPI que se condenara 

al Peticionario y a los codemandados al pago de $1,000.00 de la multa 

impuesta, así como los intereses al porciento legal prevaleciente y las 

costas, gastos y honorarios de abogado en una cuantía no menor de 

$2,500.00. Así el trámite, la vista en su fondo quedó señalada para el 10 de 

mayo de 2023. No obstante, dos (2) días antes del juicio, el Peticionario 

presentó “Solicitud de Desestimación”. 

Asimismo, expuso que la “Demanda” no cumplía con los requisitos 

necesarios para que procediera una reclamación de cobro de dinero, al 

amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, pues la deuda no era 

líquida ni exigible, hubo insuficiencia en el emplazamiento, no se agotaron 

remedios administrativos y la Junta no tenía una reclamación que justificara 
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la concesión de un remedio. En lo concerniente a la presunta falta de 

jurisdicción sobre la persona, Vázquez sostuvo que fue emplazado 

personalmente el 12 de abril de 2023, o sea, 42 días después de haberse 

presentado la “Demanda” y en una dirección postal distinta a la que le 

pertenecía. A la luz de lo anterior, indicó que no fue notificado 

adecuadamente del proceso, así como de ninguna de las determinaciones 

tomadas en el trámite administrativo. 

Adicionalmente, planteó que no era dueño, oficial, agente, sirviente, 

empleado, cesionario o causa habitante del negocio objeto de la Querella y 

tampoco controlaba las operaciones que se realizan en éste. Asimismo, 

expuso que la responsabilidad sobre las operaciones de una actividad de 

negocios recae sobre el dueño u operador al cual se le otorgaba un permiso 

y no de la agencia administrativa o profesional que evalúa una solicitud de 

permiso. Sobre este particular, abundó que su participación en el proceso 

de permisología se circunscribió a las disposiciones de la Ley Núm. 161-

2009, según enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma del 

Proceso de Permisos de Puerto Rico”, y del Reglamento Conjunto sobre la 

evaluación de los documentos de los dueños, con el objetivo de tramitar una 

solicitud de Permiso Único para ser autorizados por la OGPe. Así pues, 

argumentó que no existía responsabilidad u obligación alguna para con la 

Junta. 

Por otro lado, añadió que el Permiso en controversia fue expedido en 

armonía y de conformidad con el estado de derecho aplicable y para los 

usos dispuestos en ley. Además, arguyó que el mismo gozaba de una 

presunción de corrección que en ausencia de fraude, dolo, engaño, 

extorsión, soborno o la comisión de algún delito no procedía la causa de 

acción incoada por la Recurrida. De igual modo, expresó que si en las 

inspecciones realizadas se identificaran usos o actividades que se están 

llevando a cabo sin estar autorizadas en el Permiso Único, pero las mismas 

son legítimas en el distrito de calificación, en términos de uso y parámetros 

de construcción, se permitirá enmendar el mismo para añadir la autorización 

a la actividad o uso, siempre y cuando se paguen los cargos y derechos 
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aplicables al año anterior a la renovación como penalidad por llevar a cabo 

una actividad no incluida en el Permiso Único.

Añadió que la orden emitida por la Junta para mostrar causa, además 

de ser incompatible con el procedimiento establecido por ley y reglamento, 

constituía una orden sujeta a sanciones por su incumplimiento, al amparo 

de la Sección 3.21 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida 

como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico”, 3 LPRA sec. 217 (a), y no como una adjudicación final de la 

agencia administrativa o expedición de una multa administrativa que ponga 

final al trámite administrativo. Además, manifestó que la Junta debió 

inicialmente cumplir con el procedimiento de auditoría contemplado en el 

Capítulo 11.3 del Reglamento Conjunto para garantizarle el debido proceso 

de ley al Peticionario, notificar adecuadamente y esperar a que se agotaran 

todos los remedios administrativos con una determinación final y firme para 

poder solicitar la intervención judicial. En vista de ello, expuso que resultaba 

imperativo concluir que la Recurrida debía agotar el remedio administrativo 

iniciado mediante el mecanismo ordinario de Querella y su reclamación 

procedía presentarla ante la Oficina de Auditoría de la Junta, pues esta 

última era la división facultada para fiscalizar el cumplimiento de los 

profesionales con las disposiciones legales relacionadas con permisos, 

licencias o certificaciones expedidas al amparo de la Ley Núm. 161-2009,

supra, y cualquier otra ley o reglamento aplicable.

Llegado el día del señalamiento del juicio, comparecieron todas las 

partes, excepto el codemandado Julio Pamias Portalatín. Sobre este 

respecto, la Junta expuso que no se pudo emplazar a este último. 

Igualmente, peticionó que se le concediera un plazo de veinte (20) días para 

poder replicar a la “Solicitud de Desestimación” presentada por Vázquez. 

Fue a base de ello que solicitó un nuevo señalamiento de vista en su fondo.

Escuchadas las argumentaciones de las partes, el TPI ordenó la expedición 

de un nuevo proyecto de notificación-citación dirigido al codemandado Julio 

Pamias Portalatín, se remitiera al Peticionario la “Demanda” a la siguiente 
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dirección postal: HC-01 Box 7280, Hatillo PR 00659 y reseñaló el juicio para 

el 16 de agosto de 2023.

El 30 de mayo de 2023, la Junta presentó “Moción en Oposición a 

Solicitud de Desestimación”. Expuso que la causa de acción iniciada 

surgía como consecuencia directa de la autorización incorrecta de un 

permiso de uso expedido por Vázquez, como ingeniero autorizado por la 

Junta para expedir este tipo de permisos. Además, adujo que la Recurrida

le notificó al Peticionario las infracciones a la Ley Núm. 161-2009, supra, y 

al Reglamento Conjunto incurridas por su negligencia y le informó sobre la 

multa impuesta por las violaciones señaladas. En específico, sostuvo que 

se señalaron violaciones al Artículo 9.12 de la Ley Núm. 161-2009, supra, y 

a la Sección 3.7.1.9 del Reglamento Conjunto. Por tanto, fue su contención 

que se estaba ante una deuda vencida, líquida y exigible, conforme la Regla 

60 de Procedimiento Civil, supra.

Llegado el día del segundo señalamiento de juicio, el codemandado 

Julio Pamia Portalatín expuso que el TPI carecía de jurisdicción, pues 

durante el proceso administrativo se presentó una solicitud de 

reconsideración y nunca se recibió notificación de la agencia tomando una 

determinación sobre los méritos de ésta. En dicho señalamiento, la Junta 

expresó que el ordenamiento jurídico permitía que las agencias puedan 

rechazar de plano o no actuar sobre mociones de reconsideración que se 

presenten dentro de un proceso administrativo. Dado a lo anterior, el foro a 

quo le concedió a la Recurrida un término de veinte (20) días para que 

sometiera una memorando de derecho en el que se estableciera y se 

justificara la finalidad del proceso administrativo.

El 5 de septiembre de 2023, la Junta presentó “Moción en 

Cumplimiento de Orden”. Argumentó que la solicitud de reconsideración 

presentada ante la agencia se fundamentó en que después de la inspección 

realizada por la Recurrida se había obtenido el permiso correspondiente a 

su actividad comercial, por lo que se demostró que desde que el 

establecimiento comenzó operaciones hasta que se efectuó la inspección 

por parte de la Junta, dicho local operó sin el permiso relacionado con su 
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actividad de negocio. De igual manera, expresó que la Sección 3.15 de la 

LPAU le confiere la potestad a la Junta a rechazar de plano cualquier moción 

de reconsideración que se le presente, sin que la falta de notificación de la 

decisión implícita de la agencia afecte el derecho de los promoventes a 

acudir ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar revisión judicial. Por 

tanto, expresó que ni el Peticionario ni el restante de los codemandados 

necesitaban una notificación de la Junta para enterarse que su solicitud de 

reconsideración había sido rechazada de plano, pues la Sección 3.15 de la 

LPAU es clara en cuanto al término que tiene el promovente para solicitar 

revisión judicial si la agencia no actúa dentro de los quince (15) días 

siguientes a la presentación de su solicitud de reconsideración.

De conformidad con lo anterior, la Recurrida sostuvo que la inacción 

del Peticionario y del restante de los codemandados ante el rechazo de 

plano de su solicitud de reconsideración, tuvo el efecto de convertir la 

Notificación de Hallazgos en final y firme y no debía tomarse como excusa 

para privar a la Junta a ejercer su deber ante el incumplimiento con el 

Reglamento Conjunto. El 15 de septiembre de 2023, Vázquez presentó 

“Escrito en Cumplimiento de Orden y Réplica en Oposición a Moción 

presentada por la Junta de Planificación”. Mediante el mismo, el 

Peticionario elaboró los planteamientos que presentó en su solicitud de 

desestimación y expuso que el rechazo de plano por parte de la Junta sin 

que la Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa tuviera las 

advertencias correspondientes, no surte efecto jurídico alguno y, por tanto, 

no se había activado el derecho de la Junta de recurrir ante el TPI para 

reclamar la multa impuesta. 

Adicionalmente, expresó que, ante la falta de culminación de un 

proceso de auditoría en su contra, la Junta estaba impedida de recurrir ante 

el TPI para reclamar la deuda en su contra, pues su intervención en la 

obtención del permiso de uso en controversia se rige por disposiciones 

reglamentarias distintas. El 3 de noviembre de 2023, el TPI emitió 

Resolución mediante la cual declaró “No Ha Lugar” la solicitud de 

desestimación de Vázquez y concluyó que la Regla 60 de Procedimiento 
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Civil, supra, no permitía pasar juicio ni relitigar asuntos inherentes al 

procedimiento administrativo mediante el cual se impuso la multa cuyo pago 

se reclamaba en el caso.

Inconforme, el Peticionario presentó “Moción de Reconsideración”. 

Luego de la presentación de la oposición por parte de la Recurrida, el foro 

de instancia denegó la solicitud de reconsideración. Aún insatisfecho, 

Vázquez presentó el recurso de certiorari que nos ocupa y le imputó al foro 

a quo la comisión de los siguientes errores:

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

declararse sin jurisdicción por no haberse agotado el remedio 

administrativo disponible al peticionario, notificaciones 

defectuosas, dejar de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio, ausencia total de una multa 

impuesta, incumplimiento con requisitos procesales y 

sustantivos de la Regla 60.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que existe 

una deuda líquida, vencida y exigible en total ausencia de 

prueba alguna que respalde tal afirmación y sin evaluarse en 

sus méritos el caso manifestando patente prejuicio, 

parcialidad y error craso en contra de los co-demandados.

El 22 de enero de 2024, la Junta presentó “Memorando de la Parte 

Recurrida en Oposición a Solicitud de Certiorari”.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos 

a resolver.

II.

A.

La Sección 4.6 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida 

como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (en adelante, la “LPAU”), establece –en su parte pertinente– lo 

siguiente:

El Tribunal de Apelaciones revisará como cuestión de 

derecho las decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas. 3 LPRA sec. 9676.

Asimismo, la Sección 4.2 del precitado estatuto expone que: 

Una parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia y que haya agotado todos 

los remedios provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una 

solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro 

de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha 

del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden 
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o resolución final de la agencia o a partir de la fecha aplicable 

de las dispuestas en la sec. 9655 de este título cuando el 

término para solicitar la revisión judicial haya sido 

interrumpido mediante la presentación oportuna de una 

moción de reconsideración. 3 LPRA sec. 9672 (énfasis 

suplido).

Así, la LPAU establece un procedimiento uniforme para la revisión 

judicial de órdenes y resoluciones dictadas por las agencias administrativas 

de Puerto Rico. Por virtud de dicha ley, una parte que haya sido afectada 

adversamente por una orden o resolución final de una agencia y que haya 

agotado todos los remedios administrativos disponibles, podrá presentar un 

recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Comisionado de 

Seguros v. Universal, 167 DPR 21, 28 (2006). 

La Sección 1.3 de la LPAU dispone que una orden o resolución 

“significa cualquier decisión o acción agencial de aplicación particular que 

adjudique derechos u obligaciones de una o más personas específicas, o 

que imponga penalidades o sanciones administrativas, excluyendo órdenes 

ejecutivas emitidas por el Gobernador”. 3 LPRA sec. 9603(g). De igual 

forma, dicho estatuto especifica que una orden o resolución parcial

constituye aquella “acción agencial que adjudique algún derecho u 

obligación que no ponga fin a la controversia total sino a un aspecto 

específico de la misma”. 3 LPRA sec. 9603(h). Asimismo, define orden

interlocutoria como aquella “acción de la agencia en un procedimiento 

adjudicativo que disponga de algún asunto meramente procesal”. 3 LPRA 

sec. 9603(i).

Con la intención de evitar una intromisión indebida y a destiempo en 

el trámite administrativo por parte de los tribunales, la Asamblea Legislativa 

circunscribió la revisión judicial exclusivamente a los dictámenes finales de 

las agencias. “Al así hacerlo, se aseguró que la intervención judicial se 

realizara después de que concluyeran los trámites administrativos y se 

adjudicaran todas las controversias pendientes ante la agencia”.

Comisionado de Seguros v. Universal, supra, págs. 28-29 (énfasis suplido). 

Nuestro máximo foro judicial ha definido una orden o resolución final

de una agencia administrativa como aquella que dispone del caso ante la 
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agencia y tiene efectos adjudicativos y dispositivos sobre las partes. “Se 

trata de la resolución que culmina en forma final el procedimiento 

administrativo respecto a todas las controversias. Ello, a su vez, hace 

ejecutable entre las partes la decisión administrativa y, por ende, susceptible 

de revisión judicial”. Íd., págs. 29-30 (énfasis en el original). 

Respecto a una orden o resolución interlocutoria, la Sección 4.2 de 

la LPAU reza lo siguiente: 

Una orden o resolución interlocutoria de una agencia, 

incluyendo aquellas que se emitan en procesos que se 

desarrollen por etapas, no serán revisables directamente. La 

disposición interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de un 

señalamiento de error en el recurso de revisión de la orden o 

resolución final de la agencia. 3 LPRA sec. 9672.

B.

La Ley Núm. 161-2009, conocida como la Ley para la Reforma del 

Proceso de Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA sec. 9011 et seq., creó la 

OGPe, adscrita a la Junta de Planificación de Puerto Rico. 23 LPRA sec. 

9012. Este estatuto le transfirió a la OGPe las funciones de la Administración 

de Reglamentos y Permisos y, por ende, le concedió jurisdicción para emitir 

permisos, recomendaciones, licencias o certificaciones relacionadas al 

desarrollo y el uso de terrenos en Puerto Rico. 23 LPRA sec. 9012s y sec. 

9018. Así pues, dicho estatuto estableció un esquema de evaluación y 

aprobación de permisos de construcción. A estos efectos, toda resolución 

aprobando un permiso de construcción puede ser objeto de revisión ante un 

ente administrativo. 

La Ley Núm. 161-2009 también confiere a los tribunales de primera 

instancia, a manera de excepción, la facultad para resolver acciones que 

cuestionan permisos finales expedidos por la agencia. En dichos casos, 

dicha pieza legislativa expresamente obliga al tribunal a “presum[ir] la 

corrección y la legalidad de las determinaciones finales y permisos 

expedidos”. No obstante, la ley le reconoce al tribunal de primera instancia 

la facultad de revocar un permiso de construcción o la determinación final 

de la agencia siempre que medien ciertas circunstancias.
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Los Artículos 14.6 y 14.7 de la Ley Núm. 161-2009, supra, le 

reconocen a la Junta de Planificación la potestad de atender e investigar 

aquellas querellas presentadas por cualquier agencia o dependencia del 

Gobierno de Puerto Rico o por una persona privada, natural o jurídica, que 

posea algún interés propietario o sea colindante, propietario u ocupante de 

una propiedad vecina, cuyo interés personal podría verse afectado. 23 

LPRA secs. 9024e y 9024f. Dichas querellas pueden estar fundamentadas

en las siguientes circunstancias: (1) incumplimiento con las disposiciones o 

condiciones de los permisos expedidos; (2) la ausencia de un permiso o (c) 

el incumplimiento con cualquier disposición de la Ley Núm. 75 de 24 de junio 

de 1975, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica de la Junta de 

Planificación de Puerto Rico, 23 LPRA sec. 62 et seq.; la Ley Núm. 161-

2009, según enmendada, las leyes habilitadoras de las Entidades 

Gubernamentales Concernidas, según definidas en la Ley Núm. 161-2009, 

supra; la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código 

Municipal de Puerto Rico, 21 LPRA secs. 7001 et seq.; o de cualquier 

reglamento aplicable. 23 LPRA sec. 9024e.

Así pues, la Junta de Planificación quedó facultada para expedir 

órdenes de cese y desista o de paralización inmediata y/o de mostrar causa 

para lograr los propósitos de los antedichos estatutos. 23 LPRA sec. 9024d 

(f) y (g). A la luz de los poderes conferidos en la Ley Núm. 161-2009, según 

enmendada, la Junta de Planificación aprobó el “Reglamento Conjunto para 

la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de 

Terrenos y Operación de Negocios de la Junta de Planificación de 2020”,

Reglamento Núm. 9233 de 9 de diciembre de 2020 (en adelante, 

“Reglamento Conjunto”). En lo aquí pertinente, la Regla 11.2.3 del 

Reglamento Conjunto 2020 instrumenta el procedimiento de investigación 

que deberá conducir la Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con 

Jerarquía de I a la III o cualquier Entidad Gubernamental Concernida, según 

corresponda. Como parte de dicho proceso, el personal designado de la 

Junta de Planificación deberá efectuar una inspección y rendir un Informe 

de Investigación que contendrá toda la información técnica pertinente a los 
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hallazgos. Véase, Sección 11.2.3.3 de la Regla 11.2.3, Reglamento 

Conjunto 2020, supra. Dicho Informe de Investigación será referido por el 

personal designado por la Junta de Planificación para realizar las 

inspecciones al Oficial Auditor de Permisos, o cualquier otro representante 

designado por la Junta, para que, en los casos que proceda, esta última

emita una Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y proceda 

conforme a las facultades reconocidas en la Ley Núm. 75- 1975, supra, y la 

Ley Núm. 161-2009, supra. Íd.

Pertinente a la controversia que nos ocupa, el Reglamento Conjunto 

2020 dispone taxativamente que “[l]a Notificación de Hallazgos y Orden de 

Mostrar Causa constituirá una determinación interlocutoria de la [Junta 

de Planificación]”. Véase, Sección 11.2.3.4 (c) de la Regla 11.2.3, 

Reglamento Conjunto 2020, supra, (énfasis suplido). Así, una vez se 

culmina el proceso de investigación y de la Notificación de Hallazgos y 

Orden de Mostrar Causa, la Junta de Planificación debe emitir una 

determinación final en la que adjudicará las controversias 

identificadas en dicha notificación. A esos efectos, la Sección 11.2.3.4

(d) de la Regla 11.2.3 del aludido Reglamento establece lo siguiente: 

“[c]ulminados los procesos de investigación y de Notificación de 

Hallazgos y Orden de Mostrar Causa, la JP emitirá una determinación 

final en la que adjudicará las controversias identificadas en dicha 

notificación”. Íd. (d) (énfasis suplido).

1

III.

Atendemos, en primer orden, el planteamiento jurisdiccional 

presentado por el Peticionario. Específicamente, Vázquez plantea que el 

TPI carece de jurisdicción para entender en los méritos de la acción en cobro 

de dinero presentada por la Junta, puesto que no se ha agotado todo el 

trámite administrativo, conforme lo dispone el Reglamento Conjunto 2020.

Por su parte, la Junta la Notificación de Hallazgo y Orden de Mostrar Causa

1 Es menester destacar que, en similares términos, se expresa el Reglamento Conjunto 

2020 sobre el proceso de auditorías de determinaciones finales que la Junta de 

Planificación conduce cuando, entre otras circunstancias, se investiga una querella sobre 

certificaciones y permisos expedidos por la OGPe, así como de determinaciones finales 

emitidas por las entidades facultadas por la Ley Núm. 161-2009, supra.
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constituye una determinación final de la agencia y que la misma fue 

notificada adecuadamente. No nos convence la postura de la Recurrida. 

Veamos.

Según hemos adelantado en el acápite anterior, la revisión judicial de 

las determinaciones administrativas de las agencias está limitada a aquellos 

pronunciamientos que sean finales. Es decir, cuando adjudiquen todas las 

controversias pendientes ante la agencia y se culmine o agote todo el 

trámite administrativo.

El propio Reglamento Conjunto 2020 cataloga la Notificación de 

Hallazgos y Orden de Mostrar Causa como una determinación 

interlocutoria. Véase, Sección 11.2.3.4 (c) de la Regla 11.2.3, Reglamento 

Conjunto 2020, supra. Entiéndase, por disposición del cuerpo reglamentario 

que utilizó la Junta para iniciar el proceso administrativo en contra del 

Peticionario, se reconoce taxativamente que este tipo de determinación no 

pone fin al trámite administrativo de adjudicación de una querella ante 

la Junta de Planificación. Así pues, la Notificación de Hallazgos y Orden 

de Mostrar Causa en controversia constituye una acción de la Junta en un 

procedimiento adjudicativo que dispone de un asunto meramente procesal. 

Véase, 3 LPRA sec. 9603(i).

Tan es así que el propio Reglamento Conjunto 2020 establece 

que una vez termina el proceso investigativo de la querella y se efectúa 

la Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa, la Junta está 

en la obligación de emitir una determinación final en la que adjudique 

las controversias identificadas en dicha Notificación. Véase, Sección 

11.2.3.4 (d) de la Regla 11.2.3, Reglamento Conjunto 2020, supra. De 

hecho, en la propia Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa que 

obra en los autos del caso y que es eje de la controversia jurisdiccional, se 

establece taxativamente los siguiente: “[e]sta notificación se considerará 

como una de naturaleza interlocutoria”.2

2 Véase, Apéndice del recurso de certiorari, pág. 13 (énfasis suplido).
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Por tanto, coincidimos con Vázquez a los efectos de que la 

Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa en el presente caso no 

constituye una determinación final que puso fin al proceso investigativo de 

la Querella núm. 20202-SRQ-009992. No sólo el Reglamento Conjunto así 

lo establece, sino que la propia Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar 

Causa en controversia también lo reconoce. Hágase hincapié al hecho de 

que tanto el Reglamento Conjunto como la Notificación de Hallazgos son 

documentos adoptados por la propia Junta. Así pues, no puede la Recurrida 

argumentar ante este Tribunal que, por un lado, la Notificación de Hallazgos

constituye una determinación final de la agencia y, por el otro, efectuar un 

reconocimiento expreso de que es una determinación interlocutoria. Más 

aún cuando el Reglamento Conjunto requiere un paso adicional para 

imprimirle finalidad al proceso administrativo de una querella atendida por la 

Junta.

No siendo final el proceso administrativo iniciado con la Querella de 

autos, la Junta estaba impedida de recurrir ante el TPI para reclamar el pago 

de la multa de $1,000.00 descrita en la Notificación de Hallazgos y Orden 

de Mostrar Causa. Nótese que, al amparo de esta última, la Recurrida 

fundamentó la “Demanda” de cobro de dinero en contra del Peticionario y 

del resto de los codemandados. En fin, somos de la opinión de que la Junta 

recurrió ante el foro primario prematuramente a recobrar una multa que no 

es final y firme. Correspondía que la Recurrida culminara el trámite 

administrativo una vez expidió la Notificación de Hallazgos y Orden de 

Mostrar Causa, conforme lo requiere la Sección 11.2.3.4 (d) de la Regla 

11.2.3 del Reglamento Conjunto 2020. 

IV.

Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar 

parte de la presente Sentencia, expedimos y revocamos la Resolución

recurrida. Consecuentemente, desestimamos la “Demanda” sobre cobro de 

dinero presentada por la Junta de Planificación en el caso de epígrafe, por 

entender que la misma es prematura, ya que la Notificación de Hallazgos y 

Orden de Mostrar Causa no constituye un dictamen final de la agencia que 
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pudiera activar la jurisdicción del TPI para adjudicar los méritos de las 

reclamaciones incoadas.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones