Número Identificador: SEN2023___________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez Barresi 

Ramos y la Jueza Santiago Calderón.

Barresi Ramos, juez ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 30 de octubre de 2023.

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, ISLAND PORTFOLIO 

SERVICES, LLC COMO AGENTE DE ACE ONE FUNDING, LLC (ISLAND 

PORTFOLIO) mediante Petición de Certiorari incoada el 20 de octubre de 

2023. En su recurso, nos solicita que revisemos la Orden dictada el 6 de 

octubre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan.

1 Mediante dicho dictamen, entre otras cosas, el foro a quo le requirió 

a ISLAND PORTFOLIO “presentar una declaración jurada semanal (cada 

viernes) hasta que logre diligenciar el emplazamiento, detallando por cada 

día y hora, todas y cada una de las gestiones vigorosas y los esfuerzos 

realizados por el emplazador para razonablemente intentar hallar al 

demandado”. Del mismo modo, advirtió “que la presentación de

declaraciones juradas estereotipadas y/o el incumplimiento de esta orden 

podrá conllevar la imposición de sanciones”. 

1 Esta determinación judicial fue notificada y archivada en autos el 6 de octubre de 2023. 

Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 52.

ISLAND PORTFOLIO 

SERVICES, LLC COMO 

AGENTE DE ACE ONE 

FUNDING, LLC

DEMANDANTE(S)-

PETICIONARIA(S)

V.

ALBA E. RÍOS DÍAZ

DEMANDADA(S)-RECURRIDA(S)

KLCE202301159

Certiorari

procedente del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala 

Superior de SAN JUAN

Caso Núm. 

SJ2023CV07428 (603)

Sobre:

Cobro de Dinero
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Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la 

presente controversia.

- I -

El 3 de agosto de 2023, ISLAND PORTFOLIO entabló una Demanda

sobre cobro de dinero al amparo de la Regla 60 de las de Procedimiento 

Civil de 2009, contra la señora ALBA E. RÍOS DÍAZ (señora RÍOS DÍAZ).

2 En 

su reclamación, adujo que: la última dirección conocida de la señora RÍOS 

DÍAZ es: 205 Calle Las Palomas San Juan, PR 00912-4004; es el tenedor 

y dueño de la cuenta número: 0103862439; y existe una deuda vencida, 

líquida y exigible. Expuso que, al 3 de julio de 2023, la señora RÍOS DÍAZ

adeudaba la cuantía de $6,889.66. Añadió que, pese a sus requerimientos

no ha podido lograr que se cumpla con la satisfacción de dicho pasivo. 

Así las cosas, el 7 de agosto de 2023, se expidió NotificaciónCitación sobre Cobro de Dinero dirigido a la señora RÍOS DÍAZ y pautando 

audiencia para el 12 de septiembre de 2023.3 El 15 de agosto de 2023, 

ISLAND PORTFOLIO remitió por correo certificado con acuse de recibo la 

Notificación-Citación sobre Cobro de Dinero dirigido a la señora RÍOS DÍAZ

a la dirección antes mencionada.4 No obstante, la audiencia mediante 

videoconferencia pautada para el 12 de septiembre de 2023 no pudo 

celebrarse ante la falta de evidencia de haber citado a la señora RÍOS DÍAZ.

5

Ante esta situación, el foro primario le concedió a ISLAND PORTFOLIO un 

plazo de quince (15) días para informar el curso a seguir.

Días después, el 19 de septiembre de 2023, ISLAND PORTFOLIO

presentó una Moción para Diligenciar Nuevas Citaciones.

6 Mediante el 

escrito, manifestó que del servicio postal surge de la notificación–citación 

remitida como “Addresse Unknown”; informó haber realizado gestiones y 

hallado otra dirección de la señora RÍOS DÍAZ. Al día siguiente, se emitió 

2 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 1- 2.

3

Íd., págs. 20- 22.

4

Íd., págs. 23- 26.

5

Íd., pág. 27.

6

Íd., págs. 28-31.
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Notificación-Citación sobre Cobro de Dinero dirigido a la señora RÍOS DÍAZ 

y se pautó audiencia para el 10 de octubre de 2023.7

Seguidamente, el 25 de septiembre de 2023, ISLAND PORTFOLIO

presentó una Moción Informativa en la cual se expresa: “dada la fecha que 

se expidió torna imposible diligenciar la misma al demandado, toda vez que 

incumple con los términos mínimos que requiere la Regla 60 [de] 

Procedimiento Civil”.8 Por ello, ese mismo día, el foro recurrido dictaminó 

Orden disponiendo: “Se concede 48 horas a la parte demandante para 

presentar un proyecto de emplazamiento para ser expedido por el tribunal, 

so pena de desestimar la demanda. El tribunal convierte el caso a 

procedimiento ordinario. Se ordena a secretaria realizar el cambio para 

fines estadísticos y administrativos de este caso a procedimiento ordinario. 

Se deja sin efecto la vista del 10 de octubre de 2023”.9

El 27 de septiembre de 2023, ISLAND PORTFOLIO presentó su Moción 

en Cumplimiento de Orden.

10 En la misma fecha, se tramitó un

Emplazamiento dirigido a la señora RÍOS DÍAZ y Orden expresando: “[..] De 

conformidad a la [R]egla 68.2 de Procedimiento Civil, se reduce el t[é]rmino 

para emplazar a 15 días, expirado dicho t[é]rmino de no acreditarse el 

emplazamiento diligenciado se podrá desestimar la demanda”.11

El 5 de octubre de 2023, ISLAND PORTFOLIO presentó Moción para 

Unirse a Representación Legal y en Reconsideración de Orden.12 El 6 de 

octubre de 2023, se decretó la Orden recurrida. Insatisfecho, el 13 de 

octubre de 2023, ISLAND PORTFOLIO presentó una Reconsideración de 

Orden.

13

El día 16 de octubre de 2023, el tribunal recurrido intimó una NHL 

Reconsiderar Orden.

14 Mediante su determinación expresó:

No ha lugar. En el ejercicio de la discreción reconocida al 

Tribunal, tenemos un deber ministerial de promover una 

solución justa, rápida, económica del caso de acuerdo a la 

complejidad del caso y que se demuestren los intentos 

7 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 32- 34.

8

Íd., pág. 36.

9

Íd., págs. 37- 38.

10 Íd., págs. 39- 42.

11 Íd., págs. 43- 45 y 47- 48.

12 Íd., págs. 49- 51.

13 Íd., págs. 53- 55.

14 Íd., pág. 56. 
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realizados por el emplazador para perfeccionar el 

emplazamiento personal conforme a Derecho. En 

consecuencia, se concede 5 días a la parte demandante para 

mostrar causa por la cual no deban impon[e]rse sanciones y/o 

desacato ante incumplimiento con la orden [15], por no 

acreditar las gestiones efectivas realizadas por el 

emplazador, conforme a la información y los recursos a su 

disposición, conducentes a localizar a la parte demandada 

para entregarle personalmente copia de la demanda instada 

en su contra y del emplazamiento. 

Inconforme, el 20 de octubre de 2023, ISLAND PORTFOLIO instó ante 

este Tribunal de Apelaciones una Petición de Certiorari. En su escrito, 

señala el(los) siguiente(s) error(es):

Primer Error: Incidió el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia y abusó de su discreción al [o]rdenar a la parte 

demandante-recurrente a cumplir con unos requisitos 

extremadamente onerosos para emplazar a un demandado, 

excediendo -por mucho- lo preceptuado en las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, sobre el 

diligenciamiento del emplazamiento, así como su Regla 1, de 

resolver las controversias de forma justa, rápida y económica.

A tenor con la Regla 7 (B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, este Foro puede “prescindir de términos 

no jurisdiccionales, específicos,” escritos, notificaciones o procedimientos 

adicionales, “con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho...”. Evaluado concienzudamente el expediente del caso; nos 

encontramos en posición de resolver. Detallamos las normas de derecho 

pertinentes a la(s) controversia(s) planteada(s) a los fines de adjudicar. 

- II -

- A -

El recurso de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones interlocutorias 

emitidas por una corte de inferior instancia judicial.15 Por ello, la 

determinación de expedir o denegar este tipo de recursos se encuentra 

enmarcada dentro de la discreción judicial.16 

15 Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 2023 TSPR 65; 211 DPR ___ (2023); Torres 

González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46; 211 DPR ___ (2023); McNeil Healthcare 

v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021). 

16 Íd. 
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De ordinario, la discreción consiste en; “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.17

Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica la potestad de 

actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto 

del derecho”.18

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones 

contenidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009.19 La 

mencionada Regla dispone que solo se expedirá un recurso de certiorari 

cuando, “se recurra de una resolución u orden bajo remedios provisionales 

de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo”.20

En ese sentido, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto 

discrecional cuando:21

(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales;

(2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios;

(3) en casos de anotaciones de rebeldía;

(4) en casos de relaciones de familia; 

(5) en casos revestidos de interés público; o 

(6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

Lo anterior constituye tan solo la primera parte de nuestro análisis 

sobre la procedencia de un recurso de certiorari para revisar un dictamen 

del Tribunal de Primera Instancia. De modo que, aun cuando un asunto 

esté comprendido entre las materias que las Reglas de Procedimiento Civil 

de 2009 nos autorizan a revisar, el ejercicio prudente de esta facultad nos 

requiere tomar en consideración, además, los criterios dispuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.22 

Por otro lado, el examen de los [recursos] discrecionales no se da 

en el vacío o en ausencia de otros parámetros.23 Para ello, la Regla 40 de 

17 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016).

18 Íd.

19 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. 

20 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021). 

21 4 LPRA Ap. XXII – B; IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339– 340 (2012). 

22 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

23 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, 

205 DPR 163 (2020). 
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nuestro Reglamento instituye los indicadores a considerar al evaluar si se 

debe o no expedir un recurso de certiorari. A saber: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho;

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema; 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia;

(D) Si el asunto planteado exige una consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán 

ser elevados, o de alegatos más elaborados;

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración; 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio; y 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.24

Es preciso aclarar, que la anterior no constituye una lista exhaustiva, 

y ninguno de estos criterios es determinante, por sí solo, para justificar el 

ejercicio de nuestra jurisdicción.25 Esto es, los anteriores criterios nos 

sirven de guía para poder determinar de la forma más sabia y prudente si 

se justifica nuestra intervención en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso.26 Ello, pues distinto al recurso de apelación, este 

Tribunal posee discreción para expedir el auto de certiorari.

27 La 

delimitación que imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como 

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de controversias 

que pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación.”28

Finalmente, este Tribunal solo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando 

este último haya incurrido en un craso abuso de discreción.29 Esto es, “que 

el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

24 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera 

Figueroa v. Joe ́s European Shop, 183 DPR 580 (2011). 

25 García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 335 (2005). 

26 Mun. Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). 

27 Feliberty Padró v. Pizarro Rohena, 147 DPR 834, 837 (1999). 

28 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486 – 487 (2019); Mun. Caguas v. JRO 

Construction, supra. 

29 García Rubiera v. Asociación de Suscripción Conjunta, 165 DPR 311, 322 (2005). 
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sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”.30

- B -

El propósito o finalidad principal de la Regla 60 de las de 

Procedimiento Civil de 2009 siempre ha sido: “agilizar y simplificar los 

procedimientos en acciones de reclamaciones de cuantías pequeñas, para 

de esa manera lograr la facilitación del acceso a los tribunales y una justicia 

más rápida, justa y económica en este tipo de reclamación”.31 Así pues, el 

referido estatuto, instituye un proceso sumario para reclamaciones en 

cobro de dinero que no excedan los quince mil dólares ($15,000.00), 

excluyendo los intereses, y no se solicite en la demanda tramitar el caso 

bajo el procedimiento ordinario.32

En lo pertinente, la Regla 60 dispone que:

[...] 

[l]a parte demandante deberá presentar un proyecto de 

notificación-citación que será expedido inmediatamente por 

el Secretario o Secretaria. La parte demandante será 

responsable de diligenciar la notificación-citación dentro de 

un plazo de diez (10) días de presentada la demanda, 

incluyendo copia de ésta, mediante entrega personal 

conforme a lo dispuesto en la Regla 4 o por correo certificado.

La notificación-citación indicará la fecha señalada para la 

vista en su fondo, que se celebrará no más tarde de los tres 

(3) meses a partir de la presentación de la demanda, pero 

nunca antes de quince (15) días de la notificación a la parte 

demandada. 

[...] 

Si se demuestra al Tribunal que la parte demandada tiene 

alguna reclamación sustancial, o en el interés de la justicia, 

cualquiera de las partes tendrá derecho a solicitar que el 

pleito se continúe tramitando bajo el procedimiento ordinario 

prescrito por estas reglas o el Tribunal podrá motu proprio

ordenarlo, sin que sea necesario cancelar la diferencia en 

aranceles que correspondan al procedimiento ordinario. [...]33

Cónsono con lo anterior, a este trámite expedito sobre cobro de 

dinero le puede ser aplicables las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 

respecto a un procedimiento ordinario, pero de manera supletoria, en tanto 

30 Lluch v. España Service Station, 117 DPR 729, 745 (1986). 

31 Asoc. Res. Colinas Metro v. SLG, 156 DPR 88, 98 (2002). 

32 32 LPRA Ap. V, R. 60; Cooperativa v. Hernández Hernández, 205 DPR 624, 633 (2020). 

33 32 LPRA Ap. V, R. 60. (Énfasis nuestro). 
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y en cuanto éstas sean compatibles con el procedimiento sumario 

dispuesto en dicha regla.34

Por ende, es preciso señalar que la responsabilidad de diligenciar la 

notificación-citación recae sobre la parte demandante.35 Es decir, tan 

pronto la secretaría del foro primario reciba el proyecto de notificacióncitación, y allí consigne la fecha de celebración de la vista en su fondo, tiene 

el deber de expedirla inmediatamente para que la parte demandante 

gestione el diligenciamiento.36

En ese sentido, el emplazamiento es un mecanismo procesal que 

tiene como propósito notificar a la parte demandada sobre la existencia de 

una reclamación incoada en su contra y es mediante este mecanismo que 

el tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona de dicha parte.

37

Conforme a ello, la Regla 4.3(c) de las de Procedimiento Civil de 

2009 expresa lo siguiente:

El emplazamiento será diligenciado en el término de ciento 

veinte (120) días a partir de la presentación de la demanda 

o de la fecha de expedición del emplazamiento por edicto. El 

Secretario o Secretaria deberá expedir los emplazamientos el 

mismo día en que se presenta la demanda. Si el Secretario o 

Secretaria no los expide el mismo día, el tiempo que se 

demore será el mismo tiempo adicional que los tribunales 

otorgarán para diligenciar los emplazamientos una vez la 

parte demandante haya presentado de forma oportuna una 

solicitud de prórroga. Transcurrido dicho término sin que se 

haya diligenciado el emplazamiento, el Tribunal deberá dictar 

sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio. 

Una subsiguiente desestimación y archivo por incumplimiento 

con el término aquí dispuesto tendrá el efecto de una 

adjudicación en los méritos.38

En lo que atañe a solicitar que el pleito continúe ventilándose por el 

procedimiento ordinario, es importante destacar que, el reconocimiento de 

este derecho a las partes no implica que automáticamente la conversión 

34 Cooperativa v. Hernández Hernández, supra; Asoc. Res. Colinas Metro. v. SLG, supra,

pág. 98.

35 Cooperativa v. Hernández Hernández, supra, pág. 634. 

36 Íd., págs. 634- 635. Nótese que independientemente la opción que la parte demandante 

escoja ya sea trámite expedito o procedimiento ordinario lo transcendental es que la 

notificación–citación sea diligenciada, dentro de los diez (10) días de presentada la 

demanda y se acompañe copia de ésta dirigida a la última dirección conocida del deudor 

contra quien pesa una reclamación líquida y exigible. Véase Asoc. Res. Colinas Metro v. 

SLG, supra, pág. 98. (énfasis nuestro). 

37 Martajeva v. Ferré Morris y otros, 210 DPR 612 (2022); Natal Albelo v. Romero Lugo y 

otros, 206 DPR 465, 476 (2021); Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 

644 (2018). 

38 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c) (Énfasis nuestro). 
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deba ser concedida, sino que el foro inferior deberá sopesar los méritos de 

la solicitud.39 A la luz de ello, las instancias por las cuales un litigio al 

amparo de la Regla 60 de las de Procedimiento Civil de 2009, debe o puede 

convertirse al procedimiento ordinario son: (1) si la parte demandada 

demuestra que tiene una reclamación sustancial; (2) cuando, en el interés 

de la justicia, las partes ejercen su derecho de solicitar que el pleito se 

continúe ventilando por el trámite civil ordinario; (3) partiendo de ese mismo 

interés, el tribunal motu proprio tiene la discreción para así ordenarlo; y (4) 

cuando la parte demandante no conoce ni provee el nombre y la dirección 

del deudor.40

De igual manera, el profesor Rafael Hernández Colón en su obra 

jurídica comentó que “[l]a mejor práctica debe ser presentar el proyecto de 

notificación–citación [juntamente] con la demanda, [tal y como] lo exige la 

[Regla] 4.1 de Procedimiento Civil”. Agregó que, el estatuto no provee para 

la desestimación por incumplimiento con el término del diligenciamiento. A 

esos efectos, añadió:41

[D]ebe tenerse presente que ello puede conllevar que el 

tribunal imponga sanciones y que traslade el caso al 

procedimiento ordinario. En este último supuesto, el tribunal 

debe ordenarle al demandante que presente en Secretaría 

los correspondientes emplazamientos, en caso de 

incumplimiento, procedería la desestimación automática 

conforme con la R. 4.3(c) [de Procedimiento Civil]. 

Asimismo, explicó que: “el término para diligenciar el emplazamiento 

comenzaría desde que el tribunal emite la orden de que el caso se 

tramite bajo el procedimiento ordinario y no desde que se presentó la 

demanda”.

42

Nuestro Máximo Foro ha expresado que por la severidad que 

conlleva la desestimación, y el término breve de este mecanismo sumario, 

transcurridos los diez (10) días sin que la parte demandante haya 

diligenciado la notificación-citación a la parte demandada, no procede 

39 Cooperativa v. Hernández Hernández, supra, pág. 637. 

40 Íd., págs. 637-638. 

41 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6. ed., 

San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2017, págs. 627– 628. 

42 Íd., pág. 628. (énfasis nuestro). 
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obligatoriamente la desestimación al amparo de la Regla 4.3(c) de las de 

Procedimiento Civil de 2009.

43

El Tribunal Supremo puntualizó que: 

[S]i a pesar de la diligencia del promovente de cumplir con las 

exigencias de la Regla 60 para ventilar sumariamente el 

pleito, esto no ha sido posible, lo que procede, en primer 

lugar, es la conversión del pleito al procedimiento civil 

ordinario, y no necesariamente la desestimación de la causa 

de acción. De modo que, siguiendo los pronunciamientos 

expuestos, queda en manos del foro de instancia asegurarse 

que la causa de acción amerite la conversión del 

procedimiento.44

Por otro lado, en el caso que nos ocupa, resulta indispensable 

analizar la Regla 68.2 de las de Procedimiento Civil de 2009.

45 El citado 

estatuto procesal instaura que un tribunal podrá, por justa causa, en 

cualquier momento y en el ejercicio de su discreción, acortar un término si 

así se solicita antes que expire el término originalmente prescrito.46 Sin 

embargo, esa normativa no es de aplicabilidad al término para 

diligenciar un emplazamiento, por lo que, este no puede ser disminuido 

por un tribunal.47 En otras palabras, cuando la parte demandante no pueda 

emplazar personalmente a la parte demandada dentro del plazo 

improrrogable de ciento veinte (120) días, antes del vencimiento de este 

término, estos tienen la oportunidad de presentar una declaración jurada a 

los efectos de acreditar las diligencias realizadas para emplazar a la parte 

demandada personalmente y no tuvo éxito.48 Es en ese preciso momento, 

que la Regla 4.6 de las de Procedimiento Civil de 2009, prescribe que 

cuando la persona que será emplazada esté fuera de Puerto Rico o 

estando en Puerto Rico no pudo ser localizada después de haberse 

realizado las diligencias pertinentes, el tribunal podrá dictar una orden para 

que la parte demandante diligencie un emplazamiento por edicto.49 Tal 

43 Cooperativa v. Hernández Hernández, supra, págs. 639 – 640. 

44 Íd., pág. 641. 

45 32 LPRA Ap. V, R. 68.2. 

46 Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez et al., 203 DPR 982 (2020). 

47 Íd., pág. 987. Véase, además, Pietri González v. Tribunal Superior, 117 DPR 638, 640 

(1986). 

48 La declaración jurada sirve de mecanismo para acreditar las diligencias realizadas para 

citar a una parte demandada personalmente. Esta debe exponer hechos específicos y no 

meras conclusiones o generalidades. Véase Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez et al., supra, 

pág. 983. 

49 32 LPRA, Ap. V. R. 4.6. Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez et al., supra, págs. 988- 989.
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determinación no dependerá de un diligenciamiento negativo como 

condición para dictar la orden que disponga que el emplazamiento se 

efectúe mediante edicto.50

- III -

En su único señalamiento de error, ISLAND PORTFOLIO expuso que el 

tribunal de instancia erró y extralimitó su discreción al imponer como 

requisito, la presentación de una declaración jurada todos los viernes hasta

lograr el emplazamiento de la señora RÍOS DÍAZ. Fundamentó su posición 

en que de conformidad a la Regla 4.3 de las de Procedimiento Civil de 

2009, no procede limitar el derecho que le asiste de diligenciar un

emplazamiento dentro de los ciento veinte (120) días, exigiendo la 

presentación de una declaración jurada todas las semanas para dar 

constancia de los trámites o gestiones que se están llevando a cabo para 

lograr el emplazamiento de la señora RÍOS DÍAZ, so pena de sanciones y/o 

desacato. Específicamente, argumentó que tal condición conlleva una 

carga excesiva y económicamente onerosa. Le asiste la razón.

Luego de varios incidentes judiciales, el foro recurrido motu proprio

determinó convertir el caso de autos en uno de procedimiento ordinario, al 

cual le es aplicable un nuevo término de ciento veinte (120) días para el 

diligenciamiento del emplazamiento en conformidad a la Regla 4.3 (C) de 

las de Procedimiento Civil de 2009. Empero, en el ejercicio de su 

discreción, le impuso a ISLAND PORTFOLIO la condición de presentar todos 

los viernes una declaración jurada a los efectos de acreditar todas las 

gestiones o los trámites dirigidos a lograr el emplazamiento personal de la 

señora RÍOS DÍAZ. Tal proceder, por parte del foro de instancia es 

irrazonable y es contrario a nuestro ordenamiento jurídico. 

Esto es, al convertirse el caso en uno de procedimiento ordinario, el 

término de ciento veinte (120) días para diligenciar el emplazamiento

comenzó a transcurrir desde que el tribunal emitió su Orden convirtiendo el 

caso en uno de trámite ordinario y no desde que se presentó la Demanda

bajo la Regla 60 de las de Procedimiento Civil de 2009. 

50 Íd.
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Precisamente, la jurisprudencia interpretativa dilucida que las 

prórrogas o reducción de términos establecidos en la Regla 68.2 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, aunque pueden ser consideradas motu 

proprio por el tribunal, no son de aplicabilidad al término ordinario de 

ciento veinte (120) días para diligenciar un emplazamiento.

51 En ese 

periodo de ciento veinte (120) días, un tribunal carece de facultad para 

imponer condiciones o incluso sancionar a la parte que le corresponde 

diligenciar el emplazamiento.52 Ante ello, el tribunal primario incidió al 

imponerle como condición a ISLAND PORTFOLIO, la presentación semanal de 

una declaración jurada. 

- IV -

En mérito de lo anterior y al amparo de los términos de la Regla 40 

del Tribunal de Apelaciones, expedimos el auto de certiorari instado el 20 

de octubre de 2023 por ISLAND PORTFOLIO; se revoca la Orden sobre 

Emplazamiento intimada el 6 de octubre de 2023 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, en cuanto al requerimiento de una 

declaración jurada semanal; se deja sin efecto la paralización de los 

procedimientos dispuesto mediante Resolución dictaminada el 20 de 

octubre de 2023; y se devuelve el caso a la consideración del foro primario 

para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Al amparo de la Regla 35 (A)(1) de nuestro Reglamento, el 

Tribunal de Primera Instancia puede proceder de conformidad con lo aquí 

resuelto, sin que tenga que esperar por nuestro mandato.53

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones.

La Juez Lebrón Nieves concurre con el resultado sin opinión escrita.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

51 Sánchez Ruiz v. Higueras Pérez, et al., supra, pág. 987. Véase, además Pietri González 

v. Tribunal Superior, 117 DPR 638, 640 (1986). (énfasis nuestro). 

52 Pérez Quiles v. Santiago Cintrón, 206 DPR 379 (2021). 

53 Regla 35 (A)(1): “La presentación de una solicitud de certiorari no suspenderá los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo una orden en contrario 

expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de Apelaciones. La 

expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos en el Tribunal de Primera 

Instancia, salvo que el Tribunal de Apelaciones disponga lo contrario.” 4 LPRA Ap. 

XXII-B R. 35.