Número Identificador

SEN2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

MOB ENTERPRISES, LLC.

Apelante

v.

HONORABLE YANIRA 

RAÍCES VEGA, Secretaria

de Educación; 

HONORABLE DOMINGO 

EMANUELLI HERNÁNDEZ, 

Secretario de Justicia

Apelados

KLAN202301028

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Caso Núm.:

SJ2023CV08322

Sobre:

Mandamus

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero. 

Martínez Cordero, jueza ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2024.

Comparece MOB Enterprise, LLC, mediante un recurso de 

Apelación (en adelante, parte apelante o MOB), para solicitarnos la 

revisión de la Sentencia emitida y notificada el 3 de octubre de 2023, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (en 

adelante, TPI).1 Mediante la Sentencia apelada, el Tribunal a quo

declaró Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por la parte 

apelada.

Por los fundamentos que expondremos, se confirma la 

Sentencia apelada.

I

El 30 de agosto de 2023, la parte apelante presentó un recurso 

sobre Mandamus, intitulado Demanda, contra la Honorable Yanira 

Raíces Vega, Secretaria de Educación (en adelante, Secretaria de 

Educación) y el Honorable Domingo Emanuelli Hernández, 

Secretario de Justicia. Adujo, en síntesis, que producto de la 

1 Apéndice I de la parte apelante, a las págs. 1-9.
KLAN202301028 2

celebración de la Subasta número 22-2841 (en adelante, Subasta), 

le fue adjudicado el contrato de servicios de pintura y 

mantenimiento preventivo para las escuelas del Departamento de 

Educación, ubicadas en las zonas 6 y 7 (Caguas y Humacao). 

Arguyó que, conforme a la Ley 149 de 15 de julio de 1999, la parte 

apelada tiene un deber ministerial de entregarle las aludidas 

escuelas, así como una lista de las escuelas en las zonas 6 y 7 que 

requieran los trabajos adjudicados mediante la subasta. Alegó que 

le ha requerido a la parte apelada la entrega de las escuelas en 

cuestión y esta se ha negado sin justificación alguna incumpliendo 

su deber ministerial. Alegó, además, que de las escuelas que 

entienden requieren los trabajos de mantenimiento y mejoras, solo 

le han asignado tres (3), pero que, presuntamente, hay un mínimo 

de treinta y dos (32), constituyendo el 55% de las escuelas ubicadas 

en las zonas antes descritas. 

La parte apelante solicitó como remedio que el foro primario 

expidiera el auto de Mandamus dirigido a la Secretaria de Educación 

y se le ordenara asignar a la parte apelante las escuelas ubicadas 

en las zonas 6 y 7 para realizar los trabajos de mejoras y 

mantenimiento, conforme a la Subasta.

De lo que sigue, el 20 de septiembre de 2023, la parte apelada 

presentó una Moción de Desestimación.

2 Adujo que, luego de evaluar 

las alegaciones de la Demanda y estudiar el derecho aplicable,

consideraban que no existía un deber ministerial incumplido por la 

parte apelada y que la parte apelante no tenía derecho a remedio 

alguno. Arguyó que la acción presentada era patentemente frívola. 

En su escrito, expresó que, allá para el 28 de abril de 2022, la Junta 

de Subastas de la Administración de Servicios Generales del 

Gobierno de Puerto Rico (en adelante, ASG) emitió una notificación 

2 Apéndice 8 de la parte apelante, a las págs. 69-79.
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de adjudicación de Subasta bajo el número 22-2841, decretando 

como licitadores agraciados a trece (13) licitadores que se dedican a 

la construcción, reparación, rehabilitación, limpieza, 

mantenimiento y pintura de locales, residencias, edificios y 

estructuras. Arguyó que de esos trece (13) licitadores, doce (12) de 

ellos, entre los que se encuentra la parte apelante, tienen 

autorización para contratar con el Departamento de Educación para 

las zonas 6 y 7. Lo anterior, y en lo que respecta a la parte apelante, 

adujo que el Departamento de Educación y MOB suscribieron dos 

(2) contratos para trabajos en dos escuelas y que los mismos se 

realizaron. Lo anterior, le permite a MOB poder “participar en los 

contratos que el Departamento decida en el momento que entienda 

y haciendo uso de su plena y total discreción suscribir para los 

trabajos necesarios”. (énfasis en el original) 3 Por último, esbozó que 

MOB no tiene un derecho único a participar de los contratos que el 

Departamento de Educación determine necesarios; sino que 

comparte este derecho con los otros doce licitadores antes 

expresados. 

Por lo anterior, la parte apelada razonó que el Departamento 

de Educación no tiene una obligación con la parte apelante, hasta 

tanto se suscriba algún otro contrato. En su escrito, la parte apelada 

alegó que la parte apelante no estableció cuál era el deber ministerial 

incumplido ni expuso la fuente o precepto legal del cual surge el 

alegado deber ministerial incumplido. Por lo anterior, solicitó como 

remedio la desestimación de la acción presentada.

Por su parte, el 28 de septiembre de 2023, la parte apelante 

presentó Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación.

4 Opuso 

que, bajo los requisitos y condiciones establecidas en la licitación 

3 Apéndice 8 de la parte apelante, a la pág. 71.

4 Apéndice 9 de la parte apelante, a las págs. 80-85. Véase el Sistema Unificado 

de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) a la entrada 16.
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objeto de este caso y por ser la parte apelante una corporación que 

reúne los requisitos de “Women Owned Small Business”, la parte 

apelada tiene la obligación de asignarle una cantidad mayor de 

escuelas. En su escrito solicitó que se denegara la solicitud de 

desestimación y que se concediera el remedio solicitado en la 

Demanda.

En respuesta, el 3 de octubre de 2023, el foro primario emitió 

la Sentencia apelada.5 Allí, declaró Ha Lugar la solicitud de 

desestimación presentada por la parte apelada exponiendo que no 

existe una disposición legal que les obligue a asignarle escuelas 

adicionales a MOB. 

En la Sentencia, la primera instancia judicial concluyó varias 

cosas. Entre ellas, determinó que MOB falló al identificar la 

disposición legal específica de donde surgía el alegado deber 

ministerial que interesaba. Dispuso que el análisis y la conclusión a 

la que llegó la parte apelante en cuanto al alegado deber ministerial 

incumplido era incorrecto, y expresó que, la razón por la cual MOB 

solicitó se expidiera un auto de Mandamus era para que se obligara 

a la parte apelada a que se le asignara una cantidad adicional de 

escuelas y entregarle una cierta lista de escuelas. Dado a lo anterior, 

el foro primario concluyó que no existía tal deber, catalogado como 

ministerial, que le impusiera la obligación a la parte apelada de 

hacer lo que MOB solicitó. 

En lo relativo que MOB se trata de una corporación certificada 

como “Women Owned Small Business”, el foro primario razonó que 

luego de examinar la disposición federal 2 CFR § 200.321, no pudo 

encontrar dónde estaba el alegado deber ministerial incumplido. 

Añadió que MOB tuvo la oportunidad de participar del proceso ante 

la Junta de Subastas de la ASG, fue una de las agraciadas, obtuvo 

5 Apéndice I de la parte apelante, a las págs. 1-9.
KLAN202301028 5

la correspondiente autorización para contratar con el Departamento 

para las zonas 6 y 7 y suscribió contratos. Por tanto, el tribunal a 

quo juzgó que se cumplió con la regulación federal. En virtud de lo 

anterior, la primera instancia judicial resolvió que no existía un 

deber ministerial incumplido.

El 17 de octubre de 2023, la parte apelante presentó una 

Moción Solicitando Reconsideración.

6 En respuesta, el foro primario 

emitió y notificó una Resolución el 18 de octubre de 2023, en la cual 

denegó la referida solicitud.

Inconforme con lo dispuesto por el foro primario, el 16 de 

noviembre de 2023, la parte apelante presentó un recurso de 

Apelación mediante el cual esgrimió la comisión del siguiente error:

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA DESESTIMANDO 

EL RECURSO DE MANDAMUS POR ENTENDER QUE 

NO EXISTE UN DEBER MINISTERIAL DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE ADJUDICARLE 

ESCUELAS ADICIONALES A MOB ENTERPRISE, LLC A 

PESAR DE SER UNA CORPORACIÓN CERTIFICADA 

COMO WOMEN OWNED SMALL BUSINESS QUE 

CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 129 DE 

2005[,] CONOCIDA COMO “LEY DE RESERVAS EN LAS 

COMPRAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE 

ASOCIADO DE PUERTO RICO Y SUS ENMIENDAS. 

El 27 de diciembre de 2023, compareció el Procurador General 

mediante Alegato del Gobierno de Puerto Rico y Solicitud de 

Desestimación. Por su parte, el 2 de enero de 2024, la parte apelante 

presentó una Moción Sometiendo Documentos y Solicitud [de] 

Autorización para Presentar los Mismos. Junto a la misma acompañó

el volante de notificación de la Sentencia apelada y de la Resolución

en reconsideración. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y luego 

de haber estudiado la totalidad del expediente judicial ante nuestra 

6 Apéndice 5 de la parte apelante, a las págs. 62-65. Véase SUMAC, a la entrada 

17.
KLAN202301028 6

consideración, así como el derecho aplicable, procederemos a 

disponer del presente recurso.

II

A. Recurso de Apelación

La Regla 52.2(a) de las Reglas de Procedimiento Civil7, dispone 

que los recursos de apelación tienen que presentarse dentro de un 

término jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en autos 

de copia de la notificación de la sentencia recurrida. Como es 

conocido, un plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere 

decir que no admite justa causa, es improrrogable, y que su 

incumplimiento es insubsanable.8 La correcta notificación de una 

sentencia es una característica imprescindible del debido proceso 

judicial.9 Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del 

Reglamento de este Tribunal establece que: 

Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos 

civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se 

presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta 

días contados desde el archivo en autos de una copia de 

la notificación de la sentencia.

En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, sus funcionarios y funcionarias, o una de 

sus instrumentalidades que no fuere una corporación 

pública, o en que los Municipios de Puerto Rico o sus 

funcionarios y funcionarias sean parte en un pleito, el 

recurso de apelación se formalizará, por cualquier 

parte en el pleito que haya sido perjudicada por la 

sentencia, presentando un escrito de apelación 

dentro del término jurisdiccional de sesenta días, 

contados desde el archivo en autos de una copia de 

la notificación de la sentencia dictada por el 

tribunal apelado.

10 (Énfasis suplido).

No obstante, el término para acudir en alzada puede quedar 

interrumpido mediante la presentación oportuna de una moción de 

reconsideración fundamentada.11 En tal caso, el curso del término 

para apelar comienza a partir del archivo en autos copia de la 

7 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).

8 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145 

DPR 122, 131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).

9 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).

10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).

11 32 LPRA Ap. V, R. 47.
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notificación de la resolución que resuelve la moción.12 Esto, a pesar 

de que se haya declarado la moción No Ha Lugar.

B. Mandamus

El Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico define el auto 

de mandamus como uno altamente privilegiado dictado por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, o por el Tribunal de Primera 

Instancia, a nombre del Gobierno de Puerto Rico, y dirigido a alguna 

persona natural, a una corporación o a un tribunal judicial de 

inferior categoría dentro de su jurisdicción requiriéndoles para el 

cumplimiento de algún acto que en dicho auto se exprese y que esté 

dentro de sus atribuciones o deberes.13 Así, el auto de mandamus

no confiere nueva autoridad y la parte a quien obliga deberá tener 

la facultad de poder cumplirlo.14

De igual modo, el auto de mandamus sólo procede para exigir 

el cumplimiento de un deber impuesto por la ley; es decir, un deber 

calificado de “ministerial” y que, como tal, no admite discreción en 

su ejercicio, sino que es mandatorio e imperativo.15 El deber 

ministerial que exige el mandamus debe emanar de un empleo, 

cargo o función pública, por lo que el recurso procede contra todos 

los funcionarios del ejecutivo.16 Es decir, “no se trata de una 

directriz o una disposición que permite hacer algo, sino de un 

mandato específico que la parte demandada no tiene opción para 

desobedecer”.17 Ahora bien, si el acto en cuestión depende de la 

discreción o juicio de un funcionario, tal deber se considera como 

no ministerial.18

Para que se logre expedir un auto de mandamus, es necesario 

que exista la constancia de un deber claramente definido que deba 

12 Id.

13 32 LPRA sec. 3421, Art. 649.

14 Id.

15 AMPR v. Srio. Educación, ELA, 178 DPR 253, 263 (2010).

16 Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 448 (1994).

17 Carrasquillo Román v. Inst. Correccional, 204 DPR 699, 713 (2020).

18 Romero Lugo, v. Cruz Soto, 205 DPR 972, 985 (2020).
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ser ejecutado.19 Además, por tratase de un recurso altamente 

privilegiado, su expedición no se invoca como cuestión de derecho,

sino que descansa en la sana discreción del tribunal.20 Sin embargo, 

la procedencia del mandamus depende inexorablemente del carácter 

del acto que se pretende compeler mediante dicho recurso.

21 En tal 

sentido, este recurso extraordinario “sólo procede para ordenar el 

cumplimiento de un deber ministerial, que no admite discreción en 

su ejercicio, cuando no hay otro mecanismo en ley para conseguir 

ese remedio”.

22 Asimismo, la jurisprudencia ha discutido que para 

que proceda un recurso de mandamus es necesario lo siguiente:

que el peticionario le haya hecho un requerimiento 

previo al demandado para que éste cumpla con el deber 

que se le exige, debiendo alegarse en la petición, tanto 

el requerimiento como la negativa, o la omisión del 

funcionario en darle curso. Sólo se exime de este 

requisito: 1) cuando aparece que el requerimiento 

hubiese sido inútil e infructuoso, pues hubiese sido 

denegado si se hubiera hecho; ó 2) cuando el deber que 

se pretende exigir es uno de carácter público; a 

diferencia de uno de naturaleza particular que afecta 

solamente el derecho del peticionario”.23

C. Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil

La Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil regula la 

presentación de defensas y objeciones a una reclamación judicial.24

La moción de desestimación al amparo de esta regla es una defensa 

especial que formula el demandado en la que solicita que se 

desestime la demanda presentada en su contra, aun sin necesidad 

de formular una alegación previa.25

La regla establece que:

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 

siguientes defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada: 

19 AMPR v. Srio. Educación, ELA, supra, a las págs. 263-264.

20 Id., a la pág. 266.

21 Acevedo Vila v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 455 (2006).

22 Id., a las págs. 454-455.

23 Noriega v. Hernández Colon, 135 DPR 406, 448-449 (1994).

24 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

25 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). Colón v. 

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). 
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(1) falta de jurisdicción sobre la materia; 

(2) falta de jurisdicción sobre la persona;

(3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; 

(5) dejar de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio;

(6) dejar de acumular una parte indispensable.26

(Énfasis suplido)

 

El tribunal interpretará las alegaciones de la demanda 

conjuntamente, de forma liberal y de la manera más favorable 

posible a la parte demandante para determinar si la misma es 

suficiente para constituir una reclamación válida.27 No obstante, 

procederá la desestimación cuando existan circunstancias que 

permitan a los tribunales determinar, sin ambigüedades, que la 

demanda carece de todo mérito o que la parte demandante no tiene 

derecho a obtener algún remedio.

28

Por su parte, los tribunales deben evaluar el posible impacto 

que éste pueda tener sobre los intereses públicos involucrados; 

evitar una intromisión indebida en los procedimientos del poder 

ejecutivo, y que el auto no se preste a confusión o perjuicio de los 

derechos de terceros.29

D. Ley Núm. 149-1999

La Constitución de Puerto Rico consagra el derecho de toda 

persona a una educación que propenda al pleno desarrollo de su 

personalidad.

30 La Ley Núm. 149 del 15 de julio de 1999, según 

enmendada, Ley Orgánica del Departamento de Educación de 

Puerto Rico, fue derogada y sustituida por la Ley Núm. 85 de 29 de 

marzo de 2018, según enmendada, Ley de Reforma Educativa de 

Puerto Rico. Entre los propósitos de la Ley Núm. 149-1999 se 

encuentra establecer un sistema de educación pública libre, sin 

ninguna inclinación sectaria y gratuito en los niveles primario y 

26 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

27 Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010). Pressure Vessels PR v. 

Empire Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994). 

28 González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 235 (2016). 

29 AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, a la pág. 268.

30 Art. II, Sec. 5, Const. PR, LPRA, Tomo 1.
KLAN202301028 10

secundario.

31 Dicha Ley les confiere autonomía a las escuelas como 

una garantía de estabilidad en la gestión educativa.32

Esta legislación le otorgó una serie de facultades y 

obligaciones al Secretario de Educación entre las cuales se destaca 

el aprobar “los proyectos y planos de construcción de planteles 

escolares y otras instalaciones del Sistema y [controlar] las obras de 

construcción o mejoras de las mismas con empresas públicas o 

privadas” y celebrar “contratos para la construcción y 

reacondicionamiento de planteles escolares y edificios del 

Departamento”.

33

E. Legislación para fomentar la contratación de pequeñas 

empresas con el gobierno.

El 7 de octubre de 2005 se aprobó la Ley de Reservas en las 

Compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

34 La 

referida legislación, se fundamentó en el modelo utilizado por el

gobierno federal para compra de productos y servicios a ciertos 

sectores productivos de la economía.35 En tal sentido, este estatuto 

estableció como política pública del Gobierno de Puerto Rico 

“asignar un veinte por ciento (20%) del total de la partida certificada 

a compras de su presupuesto general para ser otorgado a 

microempresas, pequeñas y medianas empresas, siempre que la 

situación fiscal así lo permita o produzca ahorros al fisco”.

36

Asimismo esta ley establece que:

Las instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico 

deberán adjudicar la mitad del antedicho veinte por 

ciento (20%) a mujeres empresarias propietarias de 

microempresas, pequeñas o medianas empresas, según 

definido en la presente Ley, siempre que dicha 

adjudicación sea beneficiosa al erario público, y que 

cumpla con los requisitos legales aplicables.37

31 Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico, Ley Núm. 149 de 

15 de julio de 1999, según enmendada, 3 LPRA sec 143a nota, Art. 1.02 (a) (Ed. 

2017).

32 Id.

33 Id., sec. 145u.

34 3 LPRA sec. 8641 et seq.

35 Véase la Exposición de motivos de Ley de Reservas en las Compras del Gobierno 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 129-2005.

36 3 LPRA sec. 8641 nota.

37 Id.
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Por otro lado, en el ámbito federal, existe el capítulo 2 del 

Código de Regulaciones Federales (CFR por sus siglas en inglés) en 

su sección 200.321 el cual establece los lineamientos para contratar 

con pequeños comerciantes y empresas dirigidas o pertenecientes a

mujeres. En ese sentido, la aludida disposición establece lo

siguiente: 

(a) The non-Federal entity must take all necessary 

affirmative steps to assure that minority businesses, 

women’s business enterprises, and labor surplus area 

firms are used when possible. 

(b) Affirmative steps must include: 

(1) Placing qualified small and minority businesses 

and women’s business enterprises on solicitation lists; 

(2) Assuring that small and minority businesses, and 

women’s business enterprises are solicited whenever 

they are potential sources; 

(3) Dividing total requirements, when economically 

feasible, into smaller tasks or quantities to permit 

maximum participation by small and minority 

businesses, and women’s business enterprises;

(4) Establishing delivery schedules, where the 

requirement permits, which encourage participation by 

small and minority businesses, and women’s business 

enterprises; 

(5) Using the services and assistance, as appropriate, 

of such organizations as the Small Business 

Administration and the Minority Business Development 

Agency of the Department of Commerce; and 

(6) Requiring the prime contractor, if subcontracts 

are to be let, to take the affirmative steps listed in 

paragraphs (1) through (5) of this section.38

De la misma manera, el Small Bussines Administration

también atienden el asunto de contratación de empresas dirigidas 

por mujeres con entidades gubernamentales.39

III

Ante nuestra consideración se encuentra un recurso de 

Apelación para revisar una Sentencia mediante la cual se desestimó 

la causa de acción presentada por MOB. En su único señalamiento 

de error, MOB nos invita a concluir que el foro primario incidió al 

haber desestimado el recurso de mandamus. Así pues, señaló que 

la primera instancia judicial erró al desestimar bajo la premisa de 

38 2 CFR sec. 200.321.

39 Véase, 15 USC sec 637 (m).
KLAN202301028 12

que no existe un deber ministerial de la Secretaria de Educación de 

adjudicar escuelas adicionales a MOB a pesar de ser una 

corporación certificada como Women Owned Small Business que 

cumple con las disposiciones de la Ley 129-2005. Veamos.

En primer lugar, es necesario examinar, si en efecto se 

cumplió con los requisitos para expedir el recurso extraordinario de 

mandamus. Como reseñáramos, el elemento esencial para 

determinar la expedición de un mandamus es auscultar si la parte 

demandada está incumpliendo con un deber ministerial.40 Para ello, 

es necesario que la parte que solicita el mandamus, exponga el deber 

cuyo cumplimiento se requiere mediante este recurso, el cual debe 

estar dentro de las atribuciones o deberes que la ley le impone 

al funcionario.

41 Asimismo, es necesario que el derecho del 

promovente y el deber del demandado deben surgir en forma 

clara y patente.

42 Una vez el foro judicial determine la existencia 

del incumplimiento de un deber ministerial, es necesario examinar

el posible impacto que el auto pudiera ocasionar al interés público.

43

Conforme surge del expediente, en su Demanda, MOB aduce 

que la Secretaria de Educación tiene la responsabilidad de cuidar y 

mantener las instalaciones de las escuelas públicas de Puerto Rico. 

De esta forma, la parte apelante plantea que dicha responsabilidad 

emana de la Ley 49-1999, por lo cual representa un deber 

ministerial. En ese sentido, MOB sostiene que para cumplir tal deber 

ministerial es necesario que la Secretaria de Educación le entregue 

escuelas adicionales para ser trabajadas y de igual manera le 

entregue un listado de escuela que requieren mejoras y 

mantenimiento.

40 AMPR v. Srio Educación, ELA, supra, a la pág. 263.

41 Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 418 (1982).

42 Id.

43 AMPR v. Srio Educación, ELA, supra, a las págs. 268-269.
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Tal y como discutiéramos, un deber ministerial es un 

“mandato específico que la parte demandada no tiene opción para 

desobedecer”.44 No obstante, de una lectura de los estatutos a los 

cuales la Demanda hace alusión, no hallamos ninguna disposición 

que establezca una obligación a la parte apelada a tener que 

entregar escuelas adicionales o entregarle una lista de escuelas a 

esta compañía. La Ley 49-1999 versa sobre el mantenimiento de los 

planteles escolares. Sin embargo, dicha responsabilidad no se 

incumple con el hecho de no concederle escuelas adicionales a MOB. 

De hecho, conforme surge del expediente, existen otras doce (12)

compañías que también están adscritas a las zonas en las cuales 

MOB trabaja y dichas empresas realizan funciones similares a las 

que ejecuta la parte apelante. 

De igual modo, la Ley de Reservas en las Compras del 

Gobierno del Estado Libre Asociado, así como la regulación federal 

contenida en el 2 CFR sec. 200.321 establecen una política, que 

siempre que sea factible se contrate o colabore con pequeñas 

empresas o empresas dirigidas o pertenecientes a mujeres. Nótese 

que esto tampoco es un deber ministerial, ya que el lenguaje de 

ambas legislaciones no le impone un mandato al Gobierno de 

asignar escuelas adicionales para dar por cumplido el texto de 

dichos estatutos.

En fin, dado a la ausencia de un deber ministerial que se ha 

incumplido, no procede la causa de acción incoada por MOB.

Recordemos que el auto de mandamus es un recurso altamente 

privilegiado. La parte apelante no logró constatar un deber 

claramente definido en la legislación a la cual hizo referencia. Por 

tal motivo, la moción de desestimación presentada por la parte 

apelada procedía toda vez que en este pleito MOB dejó de exponer 

44 Id., a la pág. 263.
KLAN202301028 14

una reclamación que justificara la concesión de un remedio. Por ello, 

a tono con el análisis que antecede, colegimos que el error formulado 

por la parte apelante no se cometió y, en consecuencia, corresponde 

confirmar la sentencia apelada. 

IV

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones