Número Identificador

SEN2024_________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

LEOMAR ESTRADA CRUZ 

Y/O NORMA I. CRUZ 

RIVERA 

Recurrido

V.

HÉCTOR SIERRA H/N/C 

BAYAMÓN AUTO COMPUTER

Recurrente

KLRA202400004

Revisión 

Judicial 

procedente del 

Departamento

de Asuntos del 

Consumidor

Caso Núm.: 

SAN-2019-

0004587

Sobre: 

Relevo de 

Resolución

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Bonilla Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez 

y la Jueza Prats Palerm

Figueroa Cabán, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 2024.

Comparece el señor Héctor Sierra Manzano, en 

adelante el señor Sierra o el recurrente, mediante 

Recurso de Revisión, en el que nos solicita que

dejemos sin efecto la Resolución del Departamento de 

Asuntos del Consumidor, en adelante DACo o el 

recurrido, en el caso SAN-2019-004587, dictada el 26 

de diciembre de 2019. Mediante la misma, la agencia 

ordenó al recurrente devolverle la suma de dinero que 

había recibido del señor Leomar Estrada Cruz, en 

adelante el señor Estrada, más una indemnización en 

daños y los intereses correspondientes. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la resolución recurrida.

-ISurge de la copia certificada del expediente

administrativo que el 6 de diciembre de 2019 se 
KLRA202400004 2

celebró la vista administrativa en el caso de 

epígrafe.1

En dicha ocasión, compareció el querellante, 

señor Estrada, y el señor José Torrón Martínez, 

Inspector del DACo. El señor Sierra no compareció. Al 

respecto, la jueza administrativa hizo la siguiente 

expresión: “En el expediente administrativo no hay 

correspondencia devuelta por el sistema de correo 

postal, por lo que se presume una debida notificación

a ambas partes”.2

Así las cosas, el foro recurrido formuló 28 

determinaciones de hecho y concluyó que el recurrente 

“incurrió en prácticas y anuncios engañosos”.3 En 

consecuencia, le ordenó pagar al señor Estrada la 

cantidad de $5,422.22.4 Esta Resolución se notificó el

27 de diciembre de 2019, a la dirección de récord del

DACo, supra.

Luego de varios trámites, que es innecesario 

relatar para adjudicar la presente controversia, el 29 

de diciembre de 2023, el señor Sierra presentó ante el

DACo una Solicitud de Relevo de Sentencia.5 Alegó, en 

síntesis, que el DACo carece de jurisdicción porque no 

fue notificado adecuadamente de la vista 

administrativa y como no es un taller de reparación de 

vehículos de motor, no le aplica la Ley para 

Reglamentar el Negocio de Reparación de Bienes 

Muebles, en adelante Ley Núm. 272-2000.

1 SAN-2019-0004587.

2 Id.

3 Id.

4 Id.

5 Id.
KLRA202400004 3

En dicho contexto procesal, DACo declaró no ha 

lugar la Solicitud de Relevo por Sentencia.6 Ello, 

previo a consignar que “había evaluado detenidamente”

los expedientes de la Querella SAN-2019-0004587 y de 

la Petición para Hacer Cumplir Orden, SJ2022CV08934.7

Inconforme con dicha determinación, el señor 

Sierra presentó un Recurso de Revisión en el que alega 

que el foro recurrido incurrió en los siguientes

errores:

ERRÓ EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE DACO AL 

ATENDER UNA QUERELLA SIN JURISDICCIÓN AL AMPARO 

DE LA LEY PARA REGLAMENTAR EL NEGOCIO DE 

REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES LEY NÚM. 272 DE 31 

DE AGOSTO DE 2000, CUANDO EL NEGOCIO DEL 

RECURRENTE, BAYAMÓN AUTO COMPUTER ES UNA TIENDA 

DE VENTA DE COMPUTADORAS DE AUTOMÓVILES, (PIEZAS 

DE AUTOS) NO ES UN TALLER DE MECÁNICA, NO OFRECE 

EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE MOTOR.

LA RESOLUCIÓN QUE SE SOLICITA RELEVO FUE EMITIDA 

POR LCDA. MARIROSA ORTIZ MALDONADO, JUEZA 

ADMINISTRATIVA DE LA AGENCIA EN UNA ADJUDICACION 

FINAL EN EL CASO SAN-2019-004587; Y EN SU INCISO 

(2) DE LAS DETERMINACIONES DE HECHOS ES 

INCORRECTO AFIRMAR QUE LA PARTE QUERELLADA, 

HÉCTOR SIERRA H/N/C BAYAMÓN AUTO COMPUTER ES UN 

COMERCIO QUE SE DEDICA A LAS REPARACIONES 

MECÁNICAS DE VEHÍCULOS DE MOTOR.

ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR EN 

ADELANTE (DACO) AL EMITIR UNA RESOLUCIÓN 

ADJUDICATIVA EN LA QUERELLA PRESENTADA CONTRA 

BAYAMÓN AUTO COMPUTER (QUE NO ES UN TALLER DE 

MECÁNICA) Y LA PARTE QUERELLADA, HÉCTOR SIERRA 

MANZANO QUIEN NUNCA RECIBIÓ POR CORREO ORDINARIO 

ENTRE LOS AÑOS DEL 2019 AL 2022, NOTIFICACIÓN DEL

PROCEDIMIENTO, NI CITACIONES, NI LA NOTIFICACIÓN 

DE LA RESOLUCIÓN DEL CASO SAN-2019-004587, PORQUE 

FUERON ENVIADAS A UNA DIRECCIÓN POSTAL QUE YA NO 

LE PERTENECÍA AL RECURRENTE DESDE EL 2018.

El recurrido no presentó su escrito en oposición

al recurso de revisión, por lo cual el recurso está 

perfeccionado y listo para adjudicación.

Luego de revisar las copias certificadas de los 

expedientes SAN 2019-0004587, SJ2022CV08934 y los 

6 Id.

7 Id.
KLRA202400004 4

escritos de las partes, estamos en posición de 

resolver.

-IIA. 

La revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de las agencias, para asegurar que ejerzan 

sus funciones conforme la ley y de forma razonable.8 A 

esos efectos, la revisión judicial comprende tres 

aspectos, a saber: 1) la concesión del remedio 

apropiado; 2) la revisión de las determinaciones de 

hecho conforme al criterio de evidencia sustancial; y 

3) la revisión completa y absoluta de las conclusiones 

de derecho del organismo administrativo.9 Además, el 

tribunal debe determinar si la agencia, en el caso 

particular, actuó arbitraria o ilegalmente, o de 

manera tan irrazonable que su actuación constituyó un 

abuso de discreción.10

Ahora bien, es una norma firmemente establecida 

que las decisiones de los organismos administrativos 

gozan de deferencia por los tribunales y se presumen 

correctas.11 Por ello, al revisar las determinaciones 

de las agencias administrativas los tribunales tienen 

gran deferencia en virtud de la experiencia en la 

materia y pericia de estos organismos.12 No obstante, 

la deferencia judicial cede ante las siguientes 

8 Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364 (2018); Unlimited v. Mun. de 

Guaynabo, 183 DPR 947, 965 (2011); Empresas Ferrer v. ARPe, 172 

DPR 254, 264 (2007).

9 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 217 (2012); 

Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, 960 (2007).

10 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009); Rivera 

Concepción v. ARPe, 152 DPR 116, 122 (2000).

11 Borschow Hosp. v. Junta de Planificación, 177 DPR 545, 566 

(2009); Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 589 (2005).

12 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005); Misión Ind. v. JCA, 

145 DPR 908, 929 (1998).
KLRA202400004 5

circunstancias, a saber: cuando la decisión no está 

basada en evidencia sustancial; cuando el organismo 

administrativo ha errado en la aplicación o 

interpretación de las leyes o reglamentos; cuando ha 

mediado una actuación arbitraria, irrazonable o 

ilegal; o cuando la actuación administrativa lesiona 

derechos constitucionales fundamentales.13

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, ha establecido que las determinaciones de hechos 

de las decisiones de las agencias serán sostenidas por 

el tribunal si se basan en evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo considerado en su 

totalidad.14 Evidencia sustancial es aquella evidencia 

pertinente que “una mente razonable pueda aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”.15 Este estándar 

de revisión requiere que la evidencia sea considerada 

en su totalidad, esto es, tanto la que sostenga la 

decisión administrativa como la que menoscabe el peso 

que la agencia le haya conferido.16 Ello implica que de 

existir un conflicto razonable en la prueba, debe 

respetarse la apreciación realizada por la agencia.17

Esta revisión contra el expediente se basa 

exclusivamente en evidencia y materias oficialmente 

admitidas, en los asuntos sobre los que se tomó 

13 Otero v. Toyota, supra, pág. 729; PCME v. JCA, 166 DPR 599, 617 

(2005).

14 OCS v. Point Guard Ins., 205 DPR 1005, 1027 (2020); Asoc. Vec. 

H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 (2000); Véase, Sec. 

4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, en adelante LPAU, Ley Núm. 30-2017 (3 

LPRA sec. 9675).

15 Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., supra.

16 Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. PR, 144 DPR 425, 437 

(1997).

17 Otero v. Toyota, supra; Hilton v. Junta de Salario Mínimo, 74 

DPR 670, 687 (1953).
KLRA202400004 6

conocimiento oficial y en todo lo que surgió en la 

vista administrativa.18

En cuanto a las conclusiones de derecho, estas 

pueden ser revisadas en todos sus aspectos.19 Sin 

embargo, esto no implica que los tribunales gocen de 

libertad absoluta para descartarlas.20 Por el 

contrario, al revisar las conclusiones de derecho de 

una agencia administrativa, los tribunales tienen que 

examinar la totalidad del expediente y determinar si 

la interpretación es un ejercicio razonable de la 

discreción administrativa basado en la pericia 

particular, en consideraciones de política pública o 

en la apreciación de la prueba.21 Rebasado dicho 

umbral, solo procede sustituir el criterio de la 

agencia por el del tribunal revisor cuando no exista 

una base racional para explicar la decisión 

administrativa.22

En síntesis, 

Al revisar las interpretaciones y conclusiones 

administrativas, el tribunal debe hacer una 

evaluación independiente sobre la aplicación del 

derecho a los hechos que la agencia estimó

pertinentes. Confrontado con un resultado 

distinto del obtenido por la agencia, el tribunal 

debe determinar si la divergencia responde un 

ejercicio razonable de la discreción 

administrativa fundamentado, por ejemplo, en una 

pericia particular, consideraciones de política 

pública, o la apreciación de la prueba que tuvo 

ante su consideración. El tribunal podrá 

sustituir el criterio de la agencia por el propio 

sólo cuando no pueda hallar una base racional 

para explicar la decisión administrativa.

23

18 Com. de Seguros v. AEELA, 171 DPR 514, 525 (2007).

19 Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581, 591 (2020); 

Otero v. Toyota, supra, pág. 729. Véase, además, Super Asphalt v. 

Autoridad para el Financiamiento, 206 DPR 803, 820 (2021).

20 Id.

21 Otero v. Toyota, supra, pág. 729; Misión Ind. PR v. JP., 146 

DPR 64, 134–135 (1998).

22 Capó Cruz v. Junta de Planificación, supra, pág. 591.

23 Misión Ind. PR v. JP, supra. (Énfasis suplido)
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B.

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil es “el 

mecanismo que tiene disponible una parte que interese 

solicitar al foro de instancia “el relevo de los 

efectos de una sentencia cuando esté presente alguno 

de los fundamentos allí expuestos”.24 Este mecanismo 

tiene un rol dual; por una parte, adelanta el interés 

de resolver los casos en sus méritos, haciéndose 

justicia sustancial, y por otra, les otorga finalidad 

a los pleitos.25

La referida regla dispone: 

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones 

que sean justas, el tribunal podrá relevar a una 

parte o a su representante legal de una 

sentencia, orden o procedimiento por las razones 

siguientes:

a. error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable;

 

b. descubrimiento de evidencia esencial que, a 

pesar de una debida diligencia, no pudo 

haber sido descubierta a tiempo para 

solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la 

Regla 48 de este apéndice;

c. fraude (incluso el que hasta ahora se ha 

denominado “intrínseco” y el también llamado 

“extrínseco”), falsa representación u otra 

conducta impropia de una parte adversa;

d. nulidad de la sentencia;

e. la sentencia ha sido satisfecha, renunciada 

o se ha cumplido con ella, o la sentencia 

anterior en que se fundaba ha sido revocada 

o de otro modo dejada sin efecto, o no sería 

equitativo que la sentencia continúe en 

vigor, o

f. cualquier otra razón que justifique la 

concesión de un remedio contra los efectos 

de una sentencia.

Las disposiciones de esta regla no serán 

aplicables a las sentencias dictadas en 

pleitos de divorcio, a menos que la moción 

se funde en los incisos (c) o (d) de esta 

regla. La moción se presentará dentro de un 

24 López García v. López García, 200 DPR 50 (2018); García Colón 

v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010); De Jesús Viñas v. 

González Lugo, 170 DPR 499, 513 (2007); Náter v. Ramos, 162 DPR 

616, 624 (2004).

25 Id.
KLRA202400004 8

término razonable, pero en ningún caso 

después de transcurridos seis (6) meses de 

haberse registrado la sentencia u orden o 

haberse llevado a cabo el procedimiento. Una 

moción bajo esta regla no afectará la 

finalidad de una sentencia, ni suspenderá 

sus efectos.26

Bajo estos mismos criterios que gobiernan el 

relevo de sentencia, “los foros administrativos pueden 

relevar a una parte de una decisión adversa”.27 Así lo 

estableció el TSPR en el contexto de un pleito con la 

Comisión Industrial. En lo aquí pertinente, concluyó 

que “[a]parte de las facultades que le conceden la ley 

y el reglamento, la Comisión tiene, al igual que todos 

los organismos administrativos, el poder inherente de 

revisar sus decisiones. Para ello las partes tienen 

disponible el mecanismo equivalente al establecido en 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.”28

Finalmente, aunque la solicitud de relevo de 

sentencia se debe interpretar de forma liberal a favor 

del promovente, no puede utilizarse para “abrir todo 

asunto previamente adjudicado”, ni en sustitución de 

los recursos de revisión y reconsideración.29

-IIIEn síntesis, el recurrente reitera los argumentos 

previamente esbozados en su Solicitud de Relevo de 

Sentencia, a saber, que el DACo carece de jurisdicción

porque, en la medida en que el señor Sierra no opera

un taller de mecánica, no le aplica la Ley Núm. 272-

2000, y porque la notificación de la vista no fue 

adecuada.

26 Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.

27 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho 

Procesal Civil, 6.a ed., San Juan, LexisNexis de Puerto Rico, 

Inc., 2017, pág. 463.

28 Romero Santiago v. FSE, 125 DPR 596, 600 (1990).

29 Vega v. Emp. Tito Castro, Inc., 152 DPR 79, 87 (2000).
KLRA202400004 9

La decisión recurrida está basada en información

que obra en el expediente administrativo. Veamos. 

De la revisión del expediente de referencia surge 

que ninguna de las notificaciones enviadas por DACo 

fue devuelta por el United States Postal Service. 

Además, la dirección del recurrente, en la Querella

número SAN-2019-0004587, lee: Urb. Lomas Verdes, Ave. 

Lomas Verdes N-14, Bayamón, Puerto Rico 00956. Esta 

misma dirección se incluye en uno de los recibos de

Bayamón Auto Computer, negocio que opera el señor 

Sierra y que utilizó DACo como dirección de record.30 A

esta dirección se envió toda la correspondencia 

dirigida al recurrente durante el presente trámite 

administrativo, que como vemos, no fue devuelta. Del 

mismo modo, del expediente SJ2022CV08934 surge el

certificado de incorporación de Bayamón Auto Computer, 

Inc., el cual contiene la misma dirección postal

indicada en la Querella.

Conviene destacar que el TPI, luego de celebrar 

una vista evidenciaria en la que declararon dos 

funcionarios de DACo, encargados de diligenciar varias 

órdenes emitidas en el proceso de ejecución de la 

resolución impugnada, formuló la siguiente conclusión:

[N]o hay controversia en que DACO notificó la 

Resolución para la Querella SAN-2019-0004587, la 

cual no fue cumplida por el señor Sierra. Dicha

Resolución fue notificada a la dirección provista 

como válida y correcta al consumidor... se trata de 

la misma persona y el mismo negocio visitado por

los funcionarios del DACo... Lo cierto es que el 

Sr. Sierra no puede impugnar los procedimientos 

administrativos conforme a la información errónea 

suplida por ese al consumidor. Énfasis suplido.

Así pues, del expediente se desprende que el DACo

notificó toda correspondencia generada por el trámite 

30 SAN-2019-0004587.
KLRA202400004 10

administrativo de epígrafe a la dirección postal 

provista por el señor Sierra al querellante y que 

consideró el órgano administrativo como dirección de 

record. En cambio, el recurrente no presentó otra 

prueba que existiera en el expediente administrativo 

que menoscabara el valor probatorio de aquella en la 

que DACo fundamentó su resolución. Por consiguiente, 

es forzoso concluir que el recurrente no derrotó la 

presunción de validez de la Resolución recurrida.

-IVPor los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la resolución recurrida.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones