Número Identificador

SEN2023 ________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS

PANEL XI

EC WASTE LLC

Apelante

V.

JLL PUERTO RICO 

REALTY GP, INC.

Y OTROS

Apelados

KLAN202300225

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Caguas

Caso Núm.:

CG2022CV01311

Sobre:

Incumplimiento de 

Contrato, Mala Fe 

Contractual & 

Cobro de Dinero

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, el Juez 

Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero

Lebrón Nieves, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

El 15 de marzo de 2023, compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones, EC WASTE, LLC (en adelante, parte apelante o ECW), 

mediante recurso de Apelación. Por medio de este, nos solicita que 

revisemos una sentencia Parcial emitida el 7 de febrero de 2023 y 

notificada el 8 de febrero de 2023, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas. En virtud del aludido dictamen, 

el foro a quo desestimó sin perjuicio la demanda instada en contra 

de JLL Puerto Rico Realty GP, Inc. (en adelante, JLL); Compañía 

Desconocida, Aseguradoras A, B, y C. 

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se revoca el dictamen apelado y se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto.
KLAN202300225 2

I

El caso de epígrafe tuvo su génesis en una Demanda1 sobre 

cobro de dinero ordinario e incumplimiento de contrato, incoada por 

ECW en contra de B.H. 200 Avenue Rafael Cordero, LLC; en adelante 

(B.H.); JLL Puerto Rico Realty GP, Inc.; Compañía Desconocida; y 

Aseguradoras A, B y C en adelante (parte apelada), el 27 de abril 

de 2022. Ese mismo día, la Secretaría del foro primario expidió el 

emplazamiento de JLL y el mismo fue diligenciado el 10 de agosto 

de 2022. No obstante, la parte demandada no contestó la Demanda.

Acaecidas varias incidencias procesales, el 7 de febrero de 

2023, la primera instancia judicial emitió la Sentencia Parcial cuya 

revisión nos ocupa. En virtud de esta, el foro primario desestimó 

sin perjuicio la demanda instada en contra de JLL Puerto Rico Realty 

GP, Inc., Compañía Desconocida, Aseguradoras A, B, y C.

Inconforme con tal determinación, la parte apelante presentó

el 9 de febrero de 2023, Moción de Reconsideración y Solicitud de 

Anotación de Rebeldía. El 10 de febrero de 2023, el Tribunal de 

Primera Instancia, declaró No Ha Lugar la moción antes referida.

Aun inconforme con el dictamen emitido, la parte apelante 

acudió ante este foro revisor y le imputó al foro a quo haber cometido 

los siguientes errores: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia cuando 

desestimó la reclamación en contra de JLL por no 

haber sido emplazada dentro del término 

reglamentario de 120 días no obstante habérsele 

acreditado al Tribunal que JLL si fue emplazada 

dentro de dicho término.

B. Erró el Tribunal de Primera Instancia cuando rehusó 

anotarle la rebeldía a JLL no obstante haber 

transcurrido más de 5 meses desde que JLL fue 

debidamente emplazada sin que ésta compareciera a 

defenderse.

1 En esencia, ECW alegó que JJL, canceló ilegalmente un contrato por medio del 

cual la primera proveía servicios de recogido y disposición de desperdicios sólidos 

en las inmediaciones del Centro Comercial Plaza Centro I, ubicado en el Municipio 

de Caguas. Adujo que, la parte demandada incurrió en mala fe contractual, por 

lo que, reclamó la suma de $18,500.00 por servicios prestados y no pagados.
KLAN202300225 3

En atención al recurso de Apelación que nos ocupa, el 17 de 

marzo de 2023, emitimos Resolución, en la cual le ordenamos a la 

parte apelante que nos acreditara en o antes del viernes 24 de 

marzo de 2023, haber notificado copia del recurso de epígrafe a la 

parte apelada, ello de conformidad con la Regla 13 (B) del 

Reglamento de este Tribunal2 y al Tribunal de Primera Instancia, 

conforme a lo dispuesto por la Regla 14 de las Reglas del Tribunal 

de Apelaciones3. Le apercibimos a la parte apelante que, el 

incumplimiento con lo dispuesto, daría lugar a la desestimación del 

recurso.4

Por otro lado, le concedimos término a la parte apelada hasta 

el viernes 14 de abril de 2023, para exponer su posición en cuanto 

al recurso de epígrafe, con el consabido apercibimiento de que,

transcurrido el término dispuesto, el recurso se entendería

perfeccionado para su adjudicación final. Empero, a pesar de haber 

transcurrido el término concedido, la parte apelada no ha 

comparecido ante este foro revisor, por lo cual, damos por 

perfeccionado el recurso y procedemos a resolver el mismo sin el 

beneficio de su comparecencia.

II

A. Deferencia al Tribunal de Primera Instancia

Como es sabido, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que 

los tribunales apelativos “no debemos intervenir con las 

determinaciones de los juzgadores de primera instancia, salvo que 

medie pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto”. Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Álvarez v. Rivera, 

165 DPR 1, 25 (2005); Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 DPR 579, 

2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (B).

3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14.

4 El mismo día en que emitimos la referida Resolución, esto es, el 17 de marzo de 

2023, compareció la parte apelante mediante Moción en Cumplimiento con la Regla 

14 y nos acreditó haber notificado el recurso al foro primario y a la parte apelada.
KLAN202300225 4

593 (1970). Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 908-909 

(2012).

Ahora bien, “la tarea de determinar cuándo un tribunal ha 

abusado de su discreción no es una fácil. Sin embargo, no tenemos 

duda de que el adecuado ejercicio de discreción judicial está 

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad”. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).

Por eso, nuestro más Alto Foro ha definido la discreción como 

"una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera". IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 338 (2012). De esa manera, la discreción se "nutr[e] de un 

juicio racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un 

sentido llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, 

sin tasa ni limitación alguna". De igual forma, "no significa poder 

para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho". (Citas omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra, pág. 435.

Es correcto que los tribunales de instancia poseen el poder 

inherente para vindicar la majestad de la ley y para hacer efectiva 

su jurisdicción, pronunciamientos y órdenes. El efectivo 

funcionamiento de nuestro sistema judicial y la rápida disposición 

de los asuntos litigiosos, requieren que los jueces de instancia 

tengan gran flexibilidad y discreción para lidiar con el diario manejo 

y tramitación de los asuntos judiciales. Es por ello que a éstos se les 

ha reconocido poder y autoridad suficiente para conducir los 

asuntos litigiosos ante su consideración y para aplicar correctivos 

apropiados en la forma y manera que su buen juicio les indique. 

(Citas omitidas). In re Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003). Ahora 

bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado que no 

intervendrá con dicha facultad de los tribunales de instancia, 

“excepto cuando sea absolutamente necesario con el propósito de 
KLAN202300225 5

evitar una flagrante injusticia”. Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 DPR 

282, 287 (1988).

B. Emplazamiento

Como es sabido, el emplazamiento es el mecanismo procesal 

que permite al Tribunal adquirir jurisdicción sobre la persona del 

demandado, para que este quede obligado por el dictamen que, en 

su día, emita el foro judicial. Cirino González v. Adm. Corrección, et 

al., 190 DPR 14, 30 (2014); Martajeva v. Ferre Morris, 2022 TSPR 

123 (2022); Rivera Torres v. Díaz López, 207 DPR 636, 646-647 

(2021); Pérez Quiles v. Santiago Cintrón, 206 DPR 379, 384 (2021);

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005); Márquez 

v. Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997). Dicho mecanismo procesal es 

parte esencial del debido proceso de ley, pues su propósito principal 

es notificar a la parte demandada que existe una acción judicial en 

su contra. De esta manera, la parte puede comparecer en el 

procedimiento, ser oído y presentar prueba a su favor. Martajeva v. 

Ferre Morris, supra; Rivera Torres v. Díaz López, supra, pág. 647; 

Pérez Quiles v. Santiago Cintrón, supra, pág. 384; Banco Popular v. 

S.L.G. Negrón, supra, pág. 863; Global v. Salaam, 164 DPR 474, 480 

(2005); Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 15 (2004); Medina 

v. Medina, 161 DPR 806 (2004). Por lo tanto, su adulteración 

constituye una flagrante violación al trato justo. Lucero v. San Juan 

Star, 159 DPR 494, 507 (2003); Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 

133 DPR 15, 22 (1993). Torres Zayas v. Montano Gómez, et als., 199 

DPR 458, 467 (2017). 

Conforme a lo anterior, no es hasta que se diligencia el 

emplazamiento y se adquiere jurisdicción que la persona puede ser 

considerada propiamente parte; aunque haya sido nombrada en el 

epígrafe de la demanda, hasta ese momento sólo es parte nominal. 

Véanse: Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854 (2015); 

Medina v. Medina, supra; Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927 (1997). 
KLAN202300225 6

(Énfasis en el original). Torres Zayas v. Montano Gómez, et als., 

supra, pág. 467.

En nuestro ordenamiento jurídico, la figura del 

emplazamiento está regulada por la Regla 4 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V. En particular, dicho precepto legal dispone 

que una parte que interese demandar a otra deberá presentar el 

formulario de emplazamiento conjuntamente con la demanda para 

que el Secretario o Secretaria del Tribunal lo expida 

inmediatamente. Regla 4.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V. Una vez expedido el emplazamiento, la parte que lo solicita 

cuenta con 120 días para poder diligenciarlo. Lo anterior, a partir 

del momento en que se presenta la demanda o de la fecha de 

expedición del emplazamiento por edicto. Regla 4.3(c) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. En caso de que transcurra el 

referido término de 120 días y éste no se diligencie, el tribunal 

deberá dictar sentencia en la que decrete su desestimación y archivo 

sin perjuicio del caso ante su consideración. Id. Torres Zayas v. 

Montano Gómez, et als., supra, págs. 467-468; Martajeva v. Ferre 

Morris, supra.

Nuestras Reglas de Procedimiento Civil establecen dos 

maneras para diligenciar un emplazamiento: de forma personal o 

mediante edicto. Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, 203 DPR 982, 987 

(2020). El emplazamiento personal es el método idóneo para adquirir 

jurisdicción. Ahora bien, por excepción y en circunstancias 

específicas, nuestras Reglas de Procedimiento Civil permiten que se 

utilice el mecanismo del emplazamiento por edicto. Regla 4.6(a) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6(a). Caribbean Orthopedics 

v. Medshape et al, 207 DPR 994, 1005 (2021).

Al respecto, nuestra última instancia judicial ha expresado 

que los requisitos que dispone la regla de emplazamiento son de 

estricto cumplimiento. Véanse: Rivera Torres v. Díaz López, supra, 
KLAN202300225 7

pág. 647; Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374-375 

(2000); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901 

(1998); Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 93 (1986). Ello, pues, “el 

emplazamiento es un trámite medular para el cumplimiento con el 

debido procedimiento de ley de un demandado y afecta directamente 

la jurisdicción del tribunal”. Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 579 

(2002). Torres Zayas v. Montano Gómez, et als., supra, pág. 468.

Recordemos que las normas sobre el emplazamiento “son de 

carácter impositivo, de las cuales no se puede dispensar. La razón 

de esta rigurosidad es que el emplazamiento se mueve dentro del 

campo del Derecho constitucional y más específicamente dentro del 

derecho del demandado a ser oído y notificado de cualquier 

reclamación en su contra”. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de 

Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 

2017, pág. 257. Torres Zayas v. Montano Gómez, et als., supra, pág. 

468.

En ese sentido, es menester señalar que la falta de un correcto 

emplazamiento a la parte contra la cual un Tribunal dicta sentencia, 

“produce la nulidad de la sentencia dictada por falta de jurisdicción 

sobre el demandado [...]”. Lonzo Llanos v. Banco de la Vivienda, 133 

DPR 509, 512 (1993). Véase Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 

supra, págs. 21-22; Rivera Torres v. Díaz López, supra, págs. 647-

648. Dicho de otro modo, “[t]oda sentencia dictada contra un 

demandado que no ha sido emplazado o notificado conforme a 

derecho es inválida y no puede ser ejecutada. Se trata de un caso de 

nulidad radical por imperativo constitucional”. (Citas omitidas).

Torres Zayas v. Montano Gómez, et als., supra, págs. 468-469.

Finalmente, no podemos pasar por alto que el derecho al 

emplazamiento es renunciable. Tal renuncia puede suceder cuando 

la parte demandada se somete voluntariamente a la jurisdicción del 

tribunal. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, págs. 872-873. “La 
KLAN202300225 8

sumisión voluntaria suple la omisión del emplazamiento, ya que 

tiene el efecto de que el tribunal adquiera jurisdicción sobre la 

persona. Una parte puede someterse al tribunal de forma explícita 

o implícita. La sumisión voluntaria puede suceder cuando 

comparece voluntariamente y realiza algún acto sustancial que la 

constituya parte en el pleito”. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 

supra, págs. 872-873. 

En cuanto a la sumisión voluntaria, el Alto Foro ha expresado 

también que esto se “puede hacer al cumplir voluntariamente con 

las órdenes del tribunal y, a solicitud de éste, presentar documentos 

pertinentes dirigidos a dilucidar la reclamación incoada por la parte 

demandante en su contra”. Vázquez v. López, 160 DPR 714, 721 

(2003).

C. La anotación de rebeldía

La anotación de rebeldía se define como la posición procesal 

en que se coloca la parte que ha dejado de cumplir un deber procesal 

o de ejercitar su derecho de defenderse. Rodríguez v. Rivera, 155 

DPR 838, 848 (2002).

Es norma ampliamente conocida que nuestro ordenamiento 

jurídico permite que el tribunal motu proprio o a solicitud de parte,

le anote la rebeldía a una parte por no comparecer a contestar la 

demanda o a defenderse según estipulan las reglas, o como sanción. 

Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 100 (2002). En 

ambas circunstancias, el efecto de la anotación es que se dan por 

ciertos los hechos que están correctamente alegados. Regla 45.1 de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1. Banco Popular v. 

Andino Solís, 192 DPR 172 (2015).

La figura de la rebeldía está regulada por la Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1, la cual dispone lo 

siguiente: 
KLAN202300225 9

Cuando una parte contra la cual se solicite una 

sentencia que concede un remedio afirmativo haya 

dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra 

forma según se dispone en estas reglas, y este hecho se 

pruebe mediante declaración jurada o de otro modo, el 

secretario anotará su rebeldía. 

El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte podrá 

anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la Regla 

34.2 (b)(3). 

Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por 

admitidas las aseveraciones de las alegaciones 

afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2 (b). 

La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez 

de una sentencia dictada en rebeldía.

Nuestro Tribunal Supremo ha destacado el principio general 

de derecho de que el propósito del mecanismo de la rebeldía es 

desalentar el uso de la dilación como estrategia de litigación. Sobre 

este particular, el Alto Foro ha señalado que: “... es nota constitutiva 

de la justicia el tiempo oportuno, por lo que una dilación en la 

respuesta judicial puede ser una fuente de injusticia”. En otras 

palabras, “justicia tardía equivale a la denegación de la justicia 

misma”. La rebeldía “es la posición procesal en que se coloca la parte 

que ha dejado de ejercitar su derecho a defenderse o de cumplir con 

su deber procesal”. Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, 183 DPR 

580, 587 (2011).

De acuerdo con nuestro ordenamiento procesal civil son tres 

los fundamentos por los cuales una parte puede ser declarada en 

rebeldía. El primero y más común es simplemente por no 

comparecer al proceso después de haber sido debidamente 

emplazada. En este contexto el demandado que así actúa no 

incumple con un deber pues tiene el derecho o facultad de no 

comparecer si no desea hacerlo. Sin embargo, lo que el 

ordenamiento no permite es que, ante el ejercicio de esa 

facultad o derecho, el proceso se paralice. Es en ese momento 

que entra en función el mecanismo procesal de la rebeldía, de 

manera que la causa de acción continúe dilucidándose sin que 
KLAN202300225 10

necesariamente la parte demandada participe. Queda claro 

entonces que, en virtud de este mecanismo procesal, el ejercicio 

de la prerrogativa por parte de un demandado de actuar en 

rebeldía no consigue dilatar el litigio en su contra y constituye 

una renuncia a la realización de ciertos actos procesales, en 

perjuicio de sus propios intereses. Rivera Figueroa v. Joe's 

European Shop, supra, pág. 588.

El segundo fundamento para que una parte pueda ser 

declarada en rebeldía surge en el momento en que el demandado 

no formula contestación o alegación responsiva alguna en el 

término concedido por ley, habiendo comparecido mediante alguna 

moción previa de donde no surja la intención clara de defenderse.5

Desde ese momento la parte demandante puede solicitar o el 

tribunal motu proprio puede declarar a la parte en rebeldía. 

El tercer fundamento surge cuando una parte se niega a 

descubrir su prueba después de haber sido requerido mediante los 

métodos de descubrimiento de prueba, o simplemente cuando una 

parte ha incumplido con alguna orden del tribunal. En esta 

instancia y como medida de sanción, el demandante puede solicitar 

o el tribunal motu proprio puede declarar a la parte que ha 

incumplido en rebeldía. Id.

De otra parte, aunque la rebeldía constituye un mecanismo 

procesal discrecional para el foro de instancia, tal discreción no se 

sostiene ante el ejercicio burdo o injusto. Por ejemplo, la Regla 

34.3(b)(3) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, dispone que el 

tribunal podrá dictar “todas aquellas ordenes que sean justas” 

entre ellas, sentencias en rebeldía. De manera que, la anotación de 

rebeldía o el dictar sentencia en rebeldía a una parte como sanción 

por su incumplimiento con una orden del tribunal siempre debe 

5 Wright, Miller & Kane, Federal Practice and Procedure, Civil 2d., secs. 2682 y 

2686.
KLAN202300225 11

darse dentro del marco de lo que es justo, y la ausencia de tal 

justicia equivaldría a un abuso de discreción.6

Finalmente, en su penúltimo párrafo la Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, supra, señala los efectos o consecuencias de la 

anotación de rebeldía. Estos efectos se resumen en que se dan por 

admitidos todos los hechos bien alegados en la demanda o la

alegación que se haya formulado contra el rebelde y se autoriza al 

tribunal para que dicte sentencia7 si ésta procede como cuestión de 

derecho.8

Por último, es una norma firmemente establecida que el 

tribunal apelativo no intervendrá con la discreción del tribunal de 

instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial". Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service 

Station, 117 DPR 729, 745 (1986).

III

En su primer señalamiento de error, la parte apelante nos 

plantea que, erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 

reclamación en contra de JLL, por no haber sido emplazada dentro 

del término reglamentario de 120 días, a pesar de habérsele 

6 Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79 (1966).

7 La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, advierte que la sentencia en rebeldía 

dictada por el tribunal deberá cumplir con las disposiciones de la Regla 45.2(b) 

de Procedimiento Civil, supra, en las circunstancias que así lo ameriten. Esto es: 

no se dictará sentencia en rebeldía contra un(a) menor o una persona 

incapacitada a menos que estén representados(as) por el padre, madre, tutor(a), 

defensor(a) judicial u otro(a) representante que haya comparecido en el pleito. Si 

para que el tribunal pueda dictar sentencia o para ejecutarla se hace necesario 

fijar el estado de una cuenta, o determinar el importe de los daños, o comprobar 

la veracidad de cualquier aseveración mediante prueba o hacer una investigación 

de cualquier otro asunto, el tribunal deberá celebrar las vistas que crea necesarias 

y adecuadas o encomendar la cuestión a un comisionado o comisionada. Cuando 

la parte contra la cual se solicita sentencia en rebeldía haya comparecido en el 

pleito, dicha parte será notificada del señalamiento de cualquier vista en rebeldía 

que celebre.

8 Continental Insurance v. Isleta Marina, 106 DPR 809 (1978).
KLAN202300225 12

acreditado al Tribunal que JLL fue emplazada dentro de dicho 

término. Adelantamos que, le asiste la razón a la parte apelante. 

Conforme esbozado previamente, en nuestro ordenamiento 

jurídico, la figura del emplazamiento está regulada por la Regla 4 de 

las de Procedimiento Civil, supra. En particular, dicho precepto 

legal dispone que una parte que interese demandar a otra deberá 

presentar el formulario de emplazamiento conjuntamente con la 

demanda para que el Secretario o Secretaria del Tribunal lo expida 

inmediatamente. Regla 4.1 de las de Procedimiento Civil, supra. Una 

vez expedido el emplazamiento, la parte que lo solicita cuenta 

con 120 días para poder diligenciarlo. Lo anterior, a partir del 

momento en que se presenta la demanda o de la fecha de 

expedición del emplazamiento por edicto. Regla 4.3(c) de 

Procedimiento Civil, supra. En caso de que transcurra el referido 

término de 120 días y éste no se diligencie, el tribunal deberá dictar 

sentencia en la que decrete su desestimación y archivo sin perjuicio 

del caso ante su consideración. Id. Torres Zayas v. Montano Gómez, 

et als., supra, págs. 467-468; Martajeva v. Ferre Morris, supra.

Tal y como se desprende del tracto procesal del caso de 

marras, la parte apelante instó su causa de acción ante el foro 

primario el 27 de abril de 2022. Ese mismo día, la Secretaría 

del foro apelado expidió el emplazamiento de JLL, por lo que, el 

término de 120 días que disponía la parte apelante para diligenciar 

el emplazamiento de JLL, vencía el 26 de agosto de 2022. Surge 

del expediente ante nuestra consideración que, el emplazamiento de 

JLL fue diligenciado el 10 de agosto de 2022, esto es, 16 días 

antes de que venciera término reglamentario de 120 días. 

Si bien es cierto que la parte apelante no presentó ante el foro 

primario el emplazamiento tan pronto el mismo fue diligenciado, sí 

acreditó el mismo mediante su Moción de Reconsideración y 

Anotación de Rebeldía. Sin embargo, el foro a quo hizo caso omiso 
KLAN202300225 13

de tal incidencia procesal y se rehusó a reconsiderar su dictamen 

desestimatorio. Consecuentemente, concluimos que, en efecto, 

incidió el foro a quo al desestimar la demanda sin perjuicio bajo el 

fundamento de no haberse diligenciado el emplazamiento dentro del 

término reglamentario.

Por otro lado, en su segundo señalamiento de error, nos 

plantea la parte apelante que, erró el Tribunal de Primera Instancia

al rehusarse a anotarle la rebeldía a JLL, a pesar de haber 

transcurrido más de 5 meses desde que dicha parte fue debidamente 

emplazada, sin que compareciera a defenderse. Veamos.

En torno a la anotación de rebeldía, la Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone lo siguiente: 

Cuando una parte contra la cual se solicite una 

sentencia que concede un remedio afirmativo haya 

dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra 

forma según se dispone en estas reglas, y este hecho se 

pruebe mediante declaración jurada o de otro modo, el 

secretario anotará su rebeldía. 

El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte podrá 

anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la Regla 

34.2 (b)(3).

Como señalamos previamente, la parte apelada JLL fue 

debidamente emplazada el 10 de agosto de 2022. Sin embargo, 

conforme surge del tracto procesal del caso, dicha parte no 

contestó, a pesar de haber decursado el término reglamentario de 

30 días del que disponía para así hacerlo. 

Tal cual esbozado previamente, [e]n este contexto, el 

demandado que así actúa no incumple con un deber pues tiene 

el derecho o facultad de no comparecer si no desea hacerlo. 

Sin embargo, lo que el ordenamiento no permite es que, ante 

el ejercicio de esa facultad o derecho, el proceso se paralice. 

Es en ese momento que entra en función el mecanismo 

procesal de la rebeldía, de manera que la causa de acción 

continúe dilucidándose sin que necesariamente la parte 
KLAN202300225 14

demandada participe. Queda claro entonces que, en virtud de 

este mecanismo procesal, el ejercicio de la prerrogativa por 

parte de un demandado de actuar en rebeldía no consigue 

dilatar el litigio en su contra y constituye una renuncia a la 

realización de ciertos actos procesales, en perjuicio de sus 

propios intereses. Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, supra, 

pág. 588.

Colegimos que, ante el hecho irrefutable de que la parte 

apelada no contestó dentro del término reglamentario, a pesar de 

haber sido emplazada, al tenor del derecho procesal antes esbozado, 

procedía que el foro apelado le anotara la rebeldía a la parte apelada 

JLL y no lo hizo. Consecuentemente, coincidimos con la parte 

apelante en que incidió el foro a quo al así proceder. 

Como mencionamos, es una norma firmemente establecida 

que el tribunal apelativo no intervendrá con la discreción del 

tribunal de instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial".9

IV

Por los fundamentos que anteceden, se revoca el dictamen 

apelado y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

la continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí 

resuelto.

Notifíquese.

9 Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., supra, págs. 170, 181 (1992); Lluch 

v. España Service Station, supra, págs. 729, 745 (1986).
KLAN202300225 15

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones