N úmero Identificad o r
S EN 20 2 4

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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

LEOMAR ESTRADA C RUZ Y/O NORMA I. CRUZ RIVERA
Recurrido

V.
HÉCTOR SIERRA H/N/C BAYAMÓN AUTO COMPUTER

Recurrente KLRA202 4 00 00 4 Revisión Judicial procede n t e de l Departamento de A su ntos del Consumidor
Caso Núm.: SAN

- 2019

- 0004587
Sobre: Relevo de Resolución Panel integrado po r su p residente, el Juez Figueroa Cabán, el Ju ez Bonilla Ortiz, la Juez a M ateu Melé ndez y l a Jueza Prats Palerm Figueroa Cabán, Juez P onente

SENTE N CIA

En San Jua n, Puerto Rico, a 16 de febrero de 202 4
. Comparece e l señor Héctor Sierra Man zano , en
ade lante el señor Sie rra o el recurrente , mediante

R ecurso de R e visión , en el que nos solicita que dejemos sin efecto l a Resolución del Departamento de

As untos del Consumidor, en adelante DACo o el
recurrido , en el caso SAN

- 2019

- 004587, dictada el 26
d e diciembre de 2019. Mediante la misma, la agencia
orde nó al recurrente devolverle la suma de dinero que
había recibido d el señor Leomar Estrada Cruz , en
ad el ante e l señor Estrada, m ás una indemnización en daños y los in tereses cor respondientes. Por los fundamentos que expondremos a continuación, se c o nfir ma la resolución recurrida

.

- I Surge de la cop ia certificada del expedien te
administra t ivo que el 6 d e d iciembre de 20 19 seKLRA202 4 00 004 2

celebró la vista administrativa en el caso de epígrafe. 1
En dicha ocasión , compareció el querellante , señor Estra da , y el señor José Torrón Martínez , Inspector de l DAC o . El señor Sie rra no comp a reció

. Al respecto, la jueza ad min is tra tiva hizo la siguie nte expresión: “ En el expedien te administrativo no hay corresponde ncia de vuelta por el sistema de correo postal, por lo que se presume una debida notificación a ambas partes ”
. 2
Así las co sas, el foro recurrido formuló 28
det ermina ci on es de hecho y concluyó que el recurrente

“ incurrió en práctic as y anuncios engañosos ”
. 3 En consecuencia, le ordenó pagar al señor Estrada la
cantidad de $5 ,422.22

. 4 E sta Resolución s e notificó el
27 de diciembre de 2019 , a la dirección de récord de l

DA Co , sup ra . Luego de varios trámites , q u e es inn e cesario
relatar para adjudicar la presente controversia, el 29
de diciembre de 2023 , el señor Sier ra presentó ante el
DACo una S olicitu d de Relevo de Sentencia

. 5 Alegó , e n síntesis, que el DACo carece de jur is dic ción porque no
fue notificad o adecuadamente de la vista administrativa y co mo no es un taller de reparación de
vehículos d e motor, no le aplica l a Ley para Reglamentar el Negocio de Reparación de Bienes
Muebles , en ad elante Ley Núm. 272

- 2000.

1 SA N

- 20 19

- 00 0 4587

. 2 Id
. 3 Id
. 4 Id
. 5 Id
.KLRA202 4 00 004 3
En dich o con texto procesal , DACo declaró no ha lugar la Solicitud de Relevo por Sentencia

. 6 Ello, previo a consignar que “ había evaluado detenidamente ”
los expedien tes de la Querella SAN

- 2019

- 00 0 4587 y de
la Petición para H a cer Cumplir Orden , SJ 2022CV08934

. 7

I n con forme con dicha determinación , el señor
Sierra presentó un Recurso de Revis i ón en el que alega

que el foro recurrido incurr ió en l os siguiente s

error es :

ERR Ó EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE DACO AL ATENDER UNA QUERELLA SIN JURISDICCI ÓN AL AMPARO DE LA L EY PA RA REGLAMENTAR E L NEGOCIO DE REPARACIÓN DE BIENES MU EBLES LEY NÚM. 272 DE 31 DE AGOSTO DE 2000, CUANDO EL NEGOCIO DEL RECURRENTE, BAYAMÓN AUTO COMPUTER ES UNA TIENDA DE VENTA DE COMPUTADORAS DE AUTOMÓVILES , (PIEZAS DE AUTOS) NO ES UN TALLER DE MEC ÁNIC A , NO OFRECE EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE MOTOR

. LA RESOLUCIÓN QUE SE SOLICITA RELEVO FUE EMITIDA POR LCDA. MARIROSA ORTIZ MALDONADO, JUEZA ADMINISTRATIVA DE LA AGENCIA EN UNA ADJUDICACION FINAL EN EL CASO SAN

- 2019

- 00 458 7; Y EN SU INCISO (2 ) DE L AS DETERMINACIONES DE HECHOS ES INCORRECTO AFIRMAR QUE LA PARTE QUERELLADA, HÉCTOR SIER RA H/ N /C BAYAMÓN AU TO COMPUTER ES UN COMERCIO QUE SE DEDICA A LAS REPARACIONES MECÁNICAS DE VEHÍCULOS DE MO TOR. ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR EN ADEL AN TE (DACO) AL EMITIR UNA RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA EN LA QUERELLA PRESENTADA CONTRA BAYAMÓN AUTO CO MPUTER (QUE NO ES UN TALLER DE MECÁNICA) Y LA PARTE QUERELLADA, HÉCTOR SIERRA MANZANO QUIEN NUNCA RECIBIÓ POR CORREO ORDINARIO ENTRE LOS A Ñ OS DEL 2019 AL 2022 , NOT IFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, NI CITACIONES, NI LA NOTIFICACIÓN D E LA RESOLUCIÓN DEL CASO SAN

- 2019

- 004587, PORQUE FUERON ENVIADAS A UNA DIRECCIÓN POSTAL QUE YA NO LE PERTENECÍA AL RECURRENTE DESDE EL 2018.
El recurrid o no presentó su escrito en oposi ci ón

a l rec urso de revisión , por lo cual el recurso está perfeccionado y listo para adjudicación

. Luego de revisar las copias certificadas de los expedientes SAN 2019

- 0004587 , SJ2022 CV 08934 y los

6 Id
. 7 Id
.KLRA202 4 00 004 4

escritos de las partes , estamos en posición de
resolver.

- I I A.
La revisión judicial de la s decisiones administrativas tiene como fin primordial delimitar la discreción de las agencias, para asegurar que ejerzan sus funciones conforme la ley y de forma razonable. 8 A esos efectos, la revisión judicial comprende tr es aspectos, a s aber: 1) la conc esión del remedio apropiado; 2) la revisión de las determinaciones de hecho conforme al criterio de evidencia sustancial; y 3) la revisión completa y absoluta de las conclusiones de derecho del organismo administrativo. 9 A de más, el
tribuna l debe determinar si la agencia, en el caso particular, actuó arbitraria o ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su actuación constituyó un
abuso de discreción. 10 Ahora bien, es una norma firmemente establecida que las decisiones de lo s organismos a dministrativos

goz an de deferencia por los tribunales y se presumen

correctas. 11 Por ello, al revisar las determinaciones de las agencias administrativas los tribunales tienen gran deferencia en virtud de la experiencia en la materia y peric ia de estos org anismos. 12 No obstan te, la deferencia judicial cede ante las siguientes

8 Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364 (2018); Unlim it ed v. Mun. de Guaynabo , 183 DPR 947, 965 (2011); Empresas Ferrer v. ARPe , 172 DPR 254, 264 (2007). 9 Batista, Nobbe v. Jta. Directores , 1 85 DPR 206, 217 (2012); Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro , 171 DPR 950, 960 (2007). 10 Batista, Nobbe v. Jta. Director es , supra, pág. 216; JP , Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo , 177 DPR 177, 187 (2009); Rivera Concepción v. ARPe , 152 DPR 116, 122 (2000)

. 11 Borschow Hosp. v. Junta de Planificación, 177 DPR 545, 566 (2009); Martínez v. Rosado , 165 DPR 582, 589 (2005). 12 O tero v. Toyota , 163 DP R 716, 727 (2005); Misión Ind. v. JCA , 145 DPR 908, 929 (1998).KLRA202 4 00 004 5

circunstancias, a saber: cuando la decisión no está basada en evidencia sustancial; cuando el organismo administrativo ha errado en la aplicación o interpretación de las le yes o reglam entos; cuando ha
med iado una actuación arbitraria, irrazonable o ilegal; o cuando la actuación administrativa lesiona
derechos constitucionales fundamentales. 13 El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, ha establecido que las deter mi naciones de hechos
de las decisi ones de las agencias serán sostenidas por el tribunal si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo considerado en su
totalidad. 14 Evidencia sustancial es aquella evidencia pertinente que “una m ente razon able pueda aceptar com o adecuada para sostener una conclusión”. 15 Este estándar de revisión requiere que la evidencia sea considerada en su totalidad, esto es, tanto la que sostenga la decisión administrativa como la que menoscabe el peso que la a gencia le haya conferido. 16 Ello implica que de existir un conflicto razonable en la prueba, debe respetarse la apreciación realizada por la agencia. 17 Esta revisión contra el expediente se basa exclusivamente en evidencia y materias oficialmente
admitidas , en los asuntos sobre los que se tomó

13 Otero v. Toyota , supra , pág. 729; PCME v. JCA , 16 6 DPR 599, 617 (2005). 14 OCS v. Point Guard Ins. , 205 DPR 1005, 1027 (2020); Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp. , 150 DPR 70, 75 (2000); Véase, Sec. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, en adelante LPAU, Ley Núm. 30

- 2017 (3 LPRA sec. 9675). 15 Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp. , supra . 16 Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. PR , 144 DPR 425, 437 (1997). 17 Otero v. Toyota, supra ; Hilton v. Junta de Salario Mínimo , 74 DPR 670, 687 (1953).KLRA202 4 00 004 6

conocimiento oficial y en todo lo que surgió en la
vista administrativa. 18 En cuanto a las conclusiones de derecho, estas pueden ser revisadas en todos sus aspectos. 19 Sin embargo, esto no implica que los tribunales goc en de
l ibertad absoluta para desca rtarlas. 20 Por el contrario, al revisar las conclusiones de derecho de una agencia administrativa, los tribunales tienen que examinar la totalidad del expediente y determinar si la interpretación es un ejercicio razonable d e la
d iscreción administrativa bas ado en la pericia particular, en consideraciones de política pública o en la apreciación de la prueba. 21 Rebasado dicho umbral, solo procede sustituir el criterio de la agencia por el del tribunal revisor cuando no exista

u na ba se racional para explicar la decisión
administrativa. 22 En síntesis, Al revisar las interpretaciones y conclusiones administrativas, el tribunal debe hacer una evaluación independiente sobre la aplicación del derecho a los hechos que la agencia estimó p er tinentes. Confrontado con un resultado distinto del obtenido por la agencia, el tribunal debe determinar si la divergencia responde un ejercicio razonable de la discreción administrativa fundamentado, por ejemplo, en una pericia particular, considerac io ne s de política pública, o la ap reciación de la prueba que tuvo ante su consideración. El tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio sólo cuando no pueda hallar una base racional para explicar la decisión administrativa

. 23

18 Com. de Se guros v. AEELA , 171 DPR 514, 525 (2007). 19 Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581, 591 (2020); Otero v. Toy ot a , supra, pág. 729

. Véase, además , Super Asphalt v. Autoridad para el Financiamiento, 206 DPR 803, 820 (2021). 20 Id
. 21 Otero v. Toyota , s upra , pág. 729; Misión Ind. PR v. J P
. , 146 DPR 64, 134

– 135 (1998). 22 Capó Cruz v. Junta de Planificación, supra, pág

. 591. 23 Misión Ind. PR v. JP , supra . (Énfasis suplido)KLRA202 4 00 004 7
B.

La Re gla 49.2 de Procedimiento Civil es “el mecanismo que tiene disponible una parte que interese
solicitar al foro de instancia “el relevo de los efectos de una sentencia cuando esté presente alguno
de los fundamentos allí expuestos”. 24 Este mecanismo
tiene u n rol dual ; por una parte, adelanta el interés
de resolver los casos en sus méritos, haciéndose justicia sustancial, y por otra, les otorga finalidad a los pleitos. 25

L a referida regla dispone:
Median te una moción y bajo aquellas condiciones que sean just as , el tribunal podrá relevar a una parte o a su representante legal de una sentencia, orden o procedimiento por las razones siguientes:

a. error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;
b. desc ubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una de bi da diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48 de este apéndice;

c. fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado “intrínseco” y el también llamado “extrínseco”), falsa representación u otra conducta impropia de una part e adversa;
d. nulidad de la sentencia;

e. la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no sería equitat iv o que la sentencia continúe en vig or, o
f. cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia. Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a las sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a menos qu e la moción se funde en los incisos (c) o (d) de esta regla
. La moción se presentará dentro de un

24 López García v. López García, 200 DPR 50 (2018); García Colón v. Sucn. González , 178 DPR 527, 539 (2010); De Jesús Viñas v. González Lugo , 170 DPR 499, 513 (2007); Náter v. Ramos , 162 DPR 616, 624 ( 20 04). 25 Id.KLRA202 4 00 004 8 término razonable, pero en ningún caso después de transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la sentencia u orden o haberse llevado a cabo el procedim ie nto. Una moción bajo esta regla no afectará la finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus efectos. 26 Bajo estos mismos criterios que gobiernan el
relevo de sentencia , “ los foros administrativos pueden relevar a una parte de una decisión adversa ”
. 27 A sí lo
estableció el TSPR en el conte xto de un pleito con la Comisión Industrial. En lo aquí pertinente, concluyó

que “ [ a]parte de las facultades que le conceden la ley y el reglamento, la Comisión tiene, al igual que todos
los organismos administrativos, e l poder inherente de
revisar sus dec isiones. Para ello las partes tienen disponible el mecanismo equivalente al establecido en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. ” 28

F inalmente, aunque la solicitud de relevo de
sentenci a se debe interpretar de forma lib er al a favor
de l promovente , no pued e utilizarse para “ abrir todo asunto previamente adjudicado ” , ni en sustitución de los recursos de revisión y rec onsideración. 29

- III En síntesis , el recurren te reitera los argumentos previamente esbozados en s u S olici tu d de R elevo de
S entencia , a saber, que el DACo carece de jurisdicción

porque , en la medida en que el señor Sierra no opera
un taller de mecánica , no le aplica la Ley Núm. 272

- 2000 , y po r que la notificación de la vista no fue
adec ua da.

26 Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2. 27 R
. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho Pr ocesal Civil , 6

. a ed. , San Juan, LexisNexis de Puerto Rico, Inc. , 201 7 , pág. 4 63

. 28 Romero Santiago v. FSE , 125 DPR 5 96 , 600 (1990). 29 Vega v. Emp. Tito Castro, Inc

. , 152 DPR 79, 87 (2000).KLRA202 4 00 004 9
La decisión recurr id a está basada en información que obra en el expediente administrativo. Veamos. De la revisión del expedien te de referencia surge que ninguna de l as notificaciones enviadas por DACo fue devuelta por el United States Postal Service

. Además, l a dirección de l recurrente, en la Q uerella
número SAN

- 2019

- 0004587 , lee: Urb. Lomas Ver des, Ave
. Lomas Verdes N

- 14, Bayamón, Puerto Rico 0095 6

. Esta
mis ma direcci ón se incluye en uno de los recibos de Bayamón Auto Computer , negocio q ue opera el señor
Sierra y que util iz ó DACo como dirección de record

. 30 A esta dirección se envió toda la correspondencia dirigida al recurr ente durante el presente trámite
administrativo , que como vemos , no fue dev uelta. Del mismo modo, d el expediente SJ2022CV08934 surge el

c ertificado de i n c orporación de Bayamón Auto Computer ,
Inc. , el cual contiene la mism a dirección postal
indi cada en la Q uerella
. Conviene destacar q ue e l TPI, luego de celebrar
una vista e videnciaria en la qu e declararon dos funcionarios de DACo, encargados d e diligencia r varias
órdenes emitidas en el p roceso de ejecución de la resolución impugnada , formuló l a siguiente conclusión : [ N] o hay controversia en que DACO notificó la Resolución para la Querella SAN
- 2019
- 0004587, la cual no fue cumplida por el señor Sierra. Dicha R esolución fue notificada a la dirección provista como válida y correcta al consumidor

... se trata de la misma persona y el m i smo negocio visitado por los funcionarios del DACo

... Lo cierto es que el Sr. Sierra no puede impugnar los procedimientos administrat iv os conforme a la i nformación errónea sup lida por ese al consumid or . É nfas is supli do. Así pues , del expediente se desprende que el DACo
notificó toda correspondencia generada por el trámite

30 SA N

- 20 19

- 00 0 4587

.KLRA202 4 00 004 10

administrativo de epí grafe a la dirección postal provista por el s eñor Sierra al querellante y que
consideró el órgano administrativo como dirección de
record
. E n cambio, el recurrente no presentó o t ra prueba que existiera en el expediente administrativo que menoscabara el valor probatorio de aquell a en la

que DACo f un da mentó su resolución

. Po r consiguiente, es forzoso concluir que el recurrente no derrotó la presunci ón de validez de la Resolución recurri da.

- IV Por los fundamentos que expondremos a continuación, se co nfirma la resolución recurrida

.
L o a cordó y man d a el T ribunal y lo certif ica la

Secr et aria d e l T ribunal de A pelac iones.

Lcda. Li lia M. Oque ndo Solí s Secretaria del T r ibunal de Apela ciones