Número Identificador

SEN2024 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

MARÍA DE LOURDES 

SANTIAGO RODRÍGUEZ

Parte Apelante

V. 

NELSON QUIÑONES 

MOJÍCA Y CARMEN 

NEREIDA QUIÑONES 

MOJÍCA 

Parte Apelada

KLAN202400370

APELACIÓN

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Bayamón

Civil. Núm.

D3AC2017-0014

Sobre:

LIQUIDACIÓN DE 

BIENES 

GANANCIALES

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el

Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

Hernández Sánchez, Juez Ponente 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2024.

El 12 de abril de 2024, la Sra. María de Lourdes Santiago 

Rodríguez (señora Santiago o apelante) compareció ante nos 

mediante un recurso de Apelación y solicitó la revisión de una 

Sentencia que se dictó el 20 de febrero de 2024 y se notificó el 21 de 

febrero de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Toa Alta (TPI). Mediante el aludido dictamen, el TPI declaró No 

Ha Lugar la solicitud para que se dicte Sentencia en rebeldía que 

presentó la señora Santiago. Además, desestimó, sin perjuicio, la 

Demanda Enmendada que presentó la señora Santiago en cuanto a 

lo que respecta al Sr. Santiago Quiñones Marrero (senor Quiñones)

y su hija, la Sra. Carmen Nereida Quiñones Mojica (señora Quiñones 

Mojica). Basó esta determinación en que nunca adquirió jurisdicción 

sobre estos últimos por no haber sido emplazados dentro del 

término provisto en las Reglas de Procedimiento Civil. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen recurrido. 
KLAN202400370 2

I.

Los hechos procesales del presente caso se formularon del 

apéndice ante nuestra consideración y de la Sentencia que dictamos 

el 20 de abril de 2022 en el Caso Núm. KLCE202200229. 

El 23 de marzo de 2017, la señora Santiago presentó una 

Demanda sobre liquidación de bienes gananciales en contra del Sr. 

Nelson Quiñones Mojica (señor Quiñones).1 En esta, alegó que, el 10 

de diciembre de 2010 se divorció de este último y en las 

estipulaciones consignadas en la Sentencia de divorcio, no se 

adjudicó la totalidad de los bienes gananciales existentes entre ellos. 

Adujo que estos bienes gananciales consistían en un beneficio de 

retiro y una construcción de una propiedad inmueble. 

Particularmente, en cuanto a la propiedad inmueble, sostuvo que 

ella y el señor Quiñones habían construido una propiedad en el 

segundo nivel de una estructura residencial perteneciente a los 

padres de este último. Indicó que, posterior a la construcción, estos 

remodelaron la totalidad de la estructura convirtiéndola en una sola 

residencia de dos niveles, la cual, a su juicio, tenía un valor de 

$60,000.00. Planteó que dicha propiedad la residía el señor 

Quiñones, por lo que solicitó que se le asignara un valor de renta y 

que este último le pagara una mensualidad de la mitad de dicho 

valor. Además, reclamó $50,000.00 como parte de la división de 

bienes gananciales.

Por su parte, el 24 de abril de 2017, el señor Quiñones 

presentó su alegación responsiva.2 Contrario a lo alegado por la 

señora Santiago, afirmó que la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos se extinguió mediante la Sentencia de 

divorcio emitida en el año 2010 y que cualquier bien no incluido en 

1 Véase, págs. 13-15 del apéndice del recurso. 

2 Íd., págs. 17-18. 
KLAN202400370 3

la misma había sido renunciado. Además, negó que la construcción 

de la propiedad hubiese sido realizada por él y la señora Santiago.

El 14 de mayo de 2018, durante la celebración de una vista, 

se alegó falta de parte indispensable. Ello, ante el hecho de que la 

propiedad en controversia les pertenecía a los padres del señor

Quiñones. Posteriormente, el 5 de julio de 2018, el señor Quiñones 

presentó Moción Solicitando Desestimación Parcial. En síntesis, 

adujo que, según las alegaciones de la Demanda, la residencia sobre 

la cual la apelante reclamaba un crédito era propiedad de sus 

padres. Por ello, sostuvo que, tomando como cierta dicha alegación, 

la Demanda se debía desestimar, pues la reclamación del crédito 

debió ser dirigida al titular de la propiedad. En otras palabras, alegó 

que, en caso de que la apelante demostrara que fue constructora de 

buena fe, lo que poseía era un crédito como comunera por el dinero 

que invirtió en la propiedad privada, el cual tenía que ser reclamado 

a los dueños de esta. El 23 de julio de 2018, la apelante se opuso.

Atendida la solicitud de desestimación, tras la presentación 

de un recurso de certiorari ante este Tribunal y una orden 

solicitando que se fundamentara la determinación, el 1 de 

noviembre de 2018, el TPI emitió Resolución fundamentada. 

Mediante su dictamen, en lo pertinente, el TPI emitió las siguientes 

determinaciones de hechos:

1. [...]

2. Los padres del demandado le cedieron al matrimonio la 

oportunidad de construir sobre una residencia suya.

3. Con la anuencia, autorización y consentimiento de los 

padres del demandado, las partes construyeron una 

segunda planta sobre una estructura existente en un 

terreno ubicado en el Barrio Quebrada Cruz, Parcela 

119 en Toa Alta, Puerto Rico. 

4. Durante el matrimonio, las partes construyeron y 

unieron la primera planta y segunda planta, 

convirtiéndola en una sola estructura con la anuencia 

y consentimiento de los padres del demandado. 
KLAN202400370 4

5. Las partes se convirtieron en edificantes de buena fe 

sobre suelo ajeno.

6. [...]

7. [...]

8. [...]

9. Las aportaciones realizadas para la construcción de la 

residencia familiar fueron a cargo de la sociedad legal 

de gananciales. 

10. Las construcciones realizadas convirtieron una 

nueva y sola estructura sobre terreno perteneciente a 

un tercero, y el valor de dicha estructura al ser 

construida con dinero ganancial es ganancial.

11. [...]

12. El tercero dueño del terreno donde ubica la 

estructura ganancial no ha ejercido su derecho 

accesorio. 

A base de lo anterior, determinó que el dueño del terreno sobre 

el cual se construyó la propiedad en controversia no era parte 

indispensable. En específico, resolvió que para determinar la 

participación ganancial de las partes sobre una estructura cedida y 

construida con dinero ganancial y con la anuencia de los padres del 

señor Quiñones, no hacía falta traer al pleito a un tercero, dueño del 

terreno, pues su derecho al terreno permanecería intacto. Además, 

determinó que no procedía la desestimación, debido a que existía 

una causa de acción que ameritaba la celebración de un juicio. 

Dicha Resolución fue confirmada por este tribunal en el Caso Núm. 

KLCE201801483.

El 29 de septiembre de 2020, tras la celebración de una vista, 

el señor Quiñones y la señora Santiago se allanaron a que se dictara 

sentencia por las alegaciones. En consecuencia, en esa misma 

fecha, el foro primario emitió una Sentencia que se notificó el 20 de 

octubre de 2020.

3 Mediante esta, entre otras cosas, el TPI acogió las 

determinaciones de hechos 2, 3, 4, 5, 9, 10 y 12 emitidas en la 

3 Íd., págs. 21-28. 
KLAN202400370 5

Resolución del 1 de noviembre de 2018 y transcritas anteriormente, 

relacionadas con la propiedad en controversia. Así, a base de ellas, 

en lo pertinente, determinó que el constructor de buena fe en suelo 

ajeno tenía el título del dominio de lo edificado hasta tanto el dueño 

del suelo hiciera uso de su derecho optativo y le pagara al propietario 

de la edificación los materiales y la mano de obra invertidos en la 

construcción o lo obligara a comprarle el terreno. Por otro lado, 

determinó que el derecho del tercero no quedaba afectado, pues este 

conservaba los derechos de hipoteca, servidumbre y los otros 

derechos reales que le pertenecían antes de la partición. En cuanto 

a la imposición de renta, determinó que, aunque sí procedía, las 

partes habían accedido a que se dictara Sentencia por la cantidad 

de $50,000.00. En consecuencia, declaró con lugar la Demanda y, 

entre otras cosas, ordenó al señor Quiñones a pagarle a la apelante

$50,000.00 en concepto de liquidación de bienes gananciales.

Así las cosas, el 17 de febrero de 2021, la señora Santiago 

presentó Moción Solicitando Remedio Postsentencia conforme Regla 

51.6 de las de Procedimiento Civil, mediante la cual informó que el 

señor Quiñones no había cumplido con la Sentencia antes 

expuesta.

4 Por ello, solicitó que, conforme a la Regla 51.6 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, se le ordenara al señor 

Quiñones Marrero, dueño del terreno donde ubicaba la propiedad 

ganancial, le permitiera habitar y utilizar la propiedad de forma 

exclusiva. Al respecto, argumentó que, de querer adquirir la 

estructura residencial, el señor Quiñones Marrero debía 

compensarla. Atendida la solicitud, el 26 de febrero de 2021, el TPI 

le ordenó al señor Quiñones Marrero –bajo apercibimiento de 

desacato– que le permitiera a la apelante utilizar de forma exclusiva 

la propiedad residencial ubicada en Toa Alta.5 

4 Íd., págs. 30-31.

5 Íd., pág. 32. 
KLAN202400370 6

El 27 de abril de 2021, el señor Quiñones Marrero y la señora 

Quiñones Mojica solicitaron, al amparo de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, el relevo de la Sentencia emitida el 29 de 

septiembre de 2020 y de la Orden emitida el 26 de febrero de 2021.6

En primer lugar, afirmaron que el terreno donde ubica la propiedad 

de dos plantas constaba inscrito a favor del matrimonio compuesto 

por el señor Quiñones Marrero y la Sra. Gladys Dolores Mojica.

Alegaron que esta última falleció el 29 de agosto de 2007, dejándolos 

como herederos a ellos y al señor Quiñones. Por otro lado, arguyeron 

que la extinta Sociedad Legal de Gananciales compuesta por la 

apelante y el señor Quiñones no era edificante de buena fe.

Específicamente, sostuvieron que la segunda planta de la propiedad 

en controversia se construyó con materiales comprados por los 

dueños del terreno y de la primera planta. Al respecto, aseveraron 

que la aportación realizada por la extinta Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por la apelante y el señor Quiñones fue 

mínima. Además, alegaron que la señora Quiñones Mojica, quien 

había residido en la primera planta de la propiedad hasta finales de 

2007, le realizó mejoras a dicha estructura, incluyendo una 

ampliación. Finalmente, adujeron que la apelante y el señor 

Quiñones no fueron autorizados a unir físicamente las estructuras 

en controversia.

Finalmente, argumentaron que la Sentencia emitida el 29 de 

septiembre de 2020 era nula en todo lo relacionado a 

determinaciones sobre el carácter de las partes como edificantes de 

buena fe, debido a que los dueños de la propiedad no fueron 

incluidos en el pleito como partes indispensables. Por ello, 

solicitaron el relevo de la Sentencia o, en la alternativa, el relevo de 

la Orden emitida el 26 de febrero de 2021 ya que, al conceder la 

6 Íd., págs. 34-44.
KLAN202400370 7

posesión de un bien perteneciente a terceros, esta convirtió el 

remedio monetario concedido en la Sentencia a uno de carácter real, 

sin cumplir con el debido proceso de ley.

Atendida la solicitud de relevo de sentencia, el 15 de junio de 

2021, el TPI ordenó la celebración de una vista evidenciaria en el 

que las partes debían comparecer y testificar bajo juramento. 

Posteriormente, el 19 de julio de 2021, la recurrida presentó Moción 

en Cumplimiento de Orden, en la que se opuso a la solicitud de relevo 

de sentencia. Celebrada la vista evidenciaria, el 27 de agosto de 

2021, el TPI emitió una Resolución y Orden que se notificó el 30 de 

noviembre de 2021 en la cual resolvió que la Sentencia dictada el 29 

de septiembre de 2020 era final, firme e inapelable, por lo que no 

procedía su relevo.7 Además, determinó que, según la aludida 

Sentencia, la apelante y el señor Quiñones, tenían un derecho de 

retención hasta que se le indemnizara lo construido con dinero 

ganancial sobre terreno ajeno. En ese sentido, adujo que la señora 

Santiago tenía el derecho posesorio sobre el inmueble.

Por otra parte, el TPI dejó sin efecto la Orden del 26 de febrero 

de 2021, dirigida al señor Quiñones Marrero, a los fines de dirigirla 

al señor Quiñones. Así pues, le ordenó a este último que se 

asegurara de que, en el término de diez (10) días, se le entregaran 

las llaves de la propiedad a la señora Santiago para que ejerciera el 

derecho posesorio de la propiedad. Además, determinó que el señor 

Quiñones Marrero y a la señora Quiñones Mojica no podían impedir 

que la apelante ocupara la propiedad hasta que ejercieran su 

derecho de accesión y pagaran la indemnización correspondiente.

En desacuerdo, el 15 de diciembre de 2021, la señora 

Quiñones Mojica y el senor Quiñones Marrero presentaron Moción 

Solicitando Reconsideración [...]8, la cual, el 25 de enero de 2022, 

7 Íd., págs. 49-50. 

8 Íd., págs. 51-63.
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notificada el 28 de enero de 2022, fue declarada no ha lugar.9 Aún 

inconforme, la señora Quiñones Mojica y el señor Quiñones Marrero 

presentaron un recurso de certiorari ante este Tribunal en el Caso 

Núm. KLCE202200229 impugnando la determinación del TPI de 

declarar No Ha Lugar su solicitud de relevo de sentencia al amparo 

de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. Atendido el recurso, 

el 20 de abril de 2022, este panel emitió una Sentencia mediante la 

cual resolvimos que la Sentencia que se emitió el 29 de septiembre 

de 2020 era nula por falta de parte indispensable.10 En 

consecuencia, determinamos que el TPI erró al denegar la solicitud 

de relevo de sentencia. Cabe precisar, que la Sentencia que 

emitimos advino final y firme ya que la señora Santiago no presentó 

recurso alguno ante el Tribunal Supremo. 

Así las cosas, el 16 de diciembre de 2022, la señora Santiago 

presentó una Demanda Enmendada incluyendo al señor Quiñones 

Marrero y a la señora Quiñones Mojica como parte demandada.11

Sin embargo, nunca solicitó que se expidieran emplazamientos para 

ser diligenciados al señor Quiñones Marrero y la señora Quiñones 

Mojica. Posteriormente, 16 de febrero de 2023, la señora Santiago 

presentó una Moción Solicitando Anotación de Rebeldía [...] y solicitó 

que se anotara en rebeldía al señor Quiñones, a la señora Quiñones 

Mojica y al señor Quiñones Marrero ya que no contestaron la 

Demanda Enmendada en el término provisto en las Reglas de 

Procedimiento Civil. 

Luego de que las partes presentaran varias mociones, el 1 de 

diciembre de 2023, el TPI celebró una vista y en esta declaró Ha 

Lugar la moción de anotación de rebeldía que presentó la señora 

Santiago.12 Posteriormente, el 28 de diciembre de 2023, la apelante 

9 Íd., pág. 64. 

10 Íd., págs.65-79. 

11 Íd., págs. 82-84. 

12 Íd., págs. 88-89. 
KLAN202400370 9

presentó una Moción Solicitando que se Dicte Sentencia en Rebeldía

en la cual solicitó que se dictara Sentencia en rebeldía. En 

respuesta, mediante comparecencia especial y sin someterse a la

jurisdicción del TPI, la señora Quiñones Mojica, por sí y como 

miembro de la sucesión del senor Quiñones Marrero, presentó su 

Oposición a Moción Solicitando que se dicte Sentencia en Rebeldía y 

Solicitud de Desestimación bajo la Regla 10.2.

13 En esencia, solicitó

que dictara No Ha Lugar la solicitud para que se dictara Sentencia 

en rebeldía y que se desestimara la Demanda Enmendada en su 

contra ya que nunca fue traída al pleito conforme a derecho por la 

que el TPI no tenía jurisdicción sobre su persona. Específicamente 

argumentó que la señora Santiago no le solicitó permiso al Tribunal 

para llevar a cabo la enmienda a la Demanda según lo exige la Regla 

13.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R.13.1, y tampoco 

solicitó la expedición de emplazamientos para ser diligenciados a los 

demandados. 

Evaluados los planteamientos de ambas partes, el 20 de 

febrero de 2024, el TPI emitió una Sentencia que se notificó el 21 de 

febrero de 2024.14 En esta, resolvió que nunca adquirió jurisdicción

sobre la persona del señor Quiñones Marrero y la señora Quiñones

Mojica ya que nunca se le diligencio un emplazamiento conforme lo 

exige las Reglas de Procedimiento Civil. Así pues, declaró Ha Lugar 

la Oposición a la Solicitud para que se dicte Sentencia en Rebeldía

[...] y, además, desestimó la Demanda Enmendada, sin perjuicio, en 

lo que respecta a la señora Quiñones Mojica y el señor Quiñones

Marrero. Para fundamentar su decisión, en lo pertinente, expresó lo 

siguiente: 

En el caso de epígrafe, del expediente, no surge solicitud 

de emplazamiento, emplazamiento expedido, ni 

emplazamiento diligenciado sobre la persona de 

Santiago Quiñones Marrero y/o Carmen Nereida 

13 Íd., págs. 90-94. 

14 Íd., págs. 2-7. 
KLAN202400370 10

Quiñones Mojica, quienes habían comparecido en el 

pleito solamente mediante comparecencia especial ante 

la notificación del Mandamiento y de la Orden del 17 de 

marzo de 2021 y 26 de febrero de 2021, 

respectivamente, y nunca se habían sometido a la 

jurisdicción de este Tribunal. 

[...]

Según ya expresado anteriormente, la Demanda 

Enmendada donde se incluían a los señores Santiago 

Quiñones Marrero y Carmen Nereida Quiñones Mojica 

como demandados, fue presentado el 16 de diciembre 

de 2022, por lo cual la parte demandante contaba con 

120 días desde la presentación de la Demanda 

Enmendada para emplazar a los señores Santiago 

Quiñones Marrero y Carmen Nereida Quiñones Mojica, 

término que venció el 17 de abril de 2023. 

[...]

Inconforme con esta determinación, el 7 de marzo de 2024, la 

señora Santiago presentó una solicitud de reconsideración en la 

que, en síntesis, alegó que el senor Quiñones Marrero y la señora 

Quiñones Mojica se habían sometido voluntariamente a la 

jurisdicción del Tribunal mediante una comparecencia especial 

cuando presentaron la solicitud de relevo de sentencia el 27 de abril 

de 2021.15 Así pues, razonó que, ante ello, no era necesario 

emplazarlos. El 12 de marzo de 2024, el TPI dictó una Orden que se 

notificó el 13 de marzo de 2024, mediante la cual declaró No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración.16

Aún en desacuerdo, el 12 de abril de 2024, la señora Santiago 

presentó el recurso de epígrafe y formuló el siguiente señalamiento 

de error: 

Erró el TPI al determinar que se tenían que expedir 

emplazamientos y diligenciar los mismos a los 

demandados Santiago Quiñones Marrero y Carmen 

Nereida Quiñones Mojica, habiendo ya éstos 

comparecido voluntariamente al pleito. 

Atendido el recurso, el 16 de abril de 2024, emitimos una 

Resolución mediante la cual le concedimos a la parte apelada hasta 

15 Íd., págs. 8-11. 

16 Íd., pág. 12. 
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el 29 de abril de 2024 para presentar su alegato en oposición. 

Oportunamente, la señora Quiñones Mojica por sí y como miembro 

de la Sucesión del señor Quiñones Marrero presentó una Alegato de 

la Parte Apelada y negó que el TPI cometiera el error que la señora 

Santiago le imputó. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a resolver el asunto ante nos. Veamos.

II.

La moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.10.2, es aquella que le permite 

a una parte solicitar la desestimación de una acción que ha sido 

presentada en su contra cuando es evidente de las alegaciones que 

alguna de las defensas afirmativas prosperará. Conde Cruz v. Resto 

Rodríguez et al, 205 DPR 1043, 1066 (2020). En particular, la 

referida regla establece varias defensas privilegiadas que pueden ser 

presentadas mediante moción debidamente fundamentada. Íd. Esa 

solicitud deberá basarse en uno de los siguientes fundamentos: (1) 

falta de jurisdicción sobre la materia o persona, (2) insuficiencia 

del emplazamiento o su diligenciamiento, (3) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio, o (4) dejar 

de acumular una parte indispensable. (Énfasis suplido) Íd. 

Dicho lo anterior, dentro del análisis jurisdiccional de una 

controversia, los tribunales deben evaluar si poseen el poder para 

sujetar a una parte a su decisión. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689, 701 (2012). Esto último es conocido 

jurídicamente como la jurisdicción sobre la persona. Íd. Un tribunal 

adquiere jurisdicción sobre la persona del demandado de dos 

maneras distintas, a saber, cuando se utilizan adecuadamente los 

mecanismos procesales de emplazamiento establecidos en las 

Reglas de Procedimiento Civil o cuando la parte demandada se 

somete voluntariamente a la jurisdicción del tribunal, explícita o 
KLAN202400370 12

tácitamente. Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14, 

29 (2014). 

En lo que respecta al emplazamiento, este es el mecanismo 

procesal mediante el cual se le notifica al demandado sobre la 

existencia de una reclamación incoada en su contra, para así 

garantizarle su derecho a ser oído y defenderse. Rivera Marrero v. 

Santiago Martínez, 203 DPR 462, 480 (2019). Además, a través del 

emplazamiento los tribunales adquieren jurisdicción sobre la 

persona del demandado, “de forma tal que este quede obligado por 

el dictamen que finalmente se emita”. Íd. 

Particularmente, la Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 4, establece dos maneras de diligenciar el emplazamiento, 

a saber, de forma personal o mediante edicto. Carribean Orthopedics 

Products of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR 994, 1005 

(2021). El emplazamiento personal es el método idóneo para 

adquirir jurisdicción. Íd. No obstante, por excepción y en 

circunstancias específicas, la referida regla permite que se emplace 

por edicto cuando la persona a ser emplazada no puede ser ubicada 

pese a las diligencias realizadas a tales efectos. Íd.

De otro parte, en cuanto al término para emplazar, la Regla 4.3(c) 

de Procedimiento Civil, supra, establece lo siguiente:

(c) El emplazamiento será diligenciado en el término 

de ciento veinte (120) días a partir de la 

presentación de la demanda o de la fecha de 

expedición del emplazamiento por edicto. El Secretario 

o Secretaria deberá expedir los emplazamientos el 

mismo día en que se presenta la demanda. Si el 

Secretario o Secretaria no los expide el mismo día, el 

tiempo que demore será el mismo tiempo adicional que 

los tribunales otorgarán para diligenciar los

emplazamientos una vez la parte demandante haya 

presentado de forma oportuna una solicitud de 

prórroga. Transcurrido dicho término sin que se haya 

diligenciado el emplazamiento, el Tribunal deberá dictar 

sentencia decretando la desestimación y archivo sin

perjuicio. Una subsiguiente desestimación y archivo por 

incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá el 

efecto de una adjudicación en los méritos. (Énfasis 

nuestro). 
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Al analizar la referida Regla, en Bernier González v. Rodríguez 

Becerra, 200 DPR 637, 648 (2018) el Tribunal Supremo resolvió que 

el término para diligenciar el emplazamiento era improrrogable. 

Por último, es menester precisar que toda parte demandada 

tiene derecho a que su emplazamiento sea efectuado conforme a 

derecho. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854, 869 (2015). 

Las disposiciones de la Regla 4 de Procedimiento Civil, supra, “son 

de estricto cumplimiento, y no puede eximirse su observancia por 

responder al imperativo constitucional del debido proceso de ley”.

Id., pág. 874. A raíz de ello, “existe una política pública de que la 

parte demandada sea emplazada debidamente”. Íd., pág. 869; J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. ed., San 

Juan, Pubs. JTS, 2011, T. I, pág. 298. Así pues, “no es hasta que 

se diligencia el emplazamiento y se adquiere jurisdicción que la 

persona puede ser considerada propiamente parte; aunque haya 

sido nombrada en el epígrafe de la demanda, hasta ese momento 

sólo es parte nominal”. (Énfasis nuestro) Torres Zayas v. Montano 

Gómez, 199 DPR 458, 467 (2017). 

Ahora bien, cuando una persona se somete a la jurisdicción 

del Tribunal voluntariamente, renuncia de la notificación formal de 

la acción en su contra mediante un emplazamiento. Vázquez v. 

López, 160 DPR 714, 721 (2003). Específicamente, la sumisión 

voluntaria sucede cuando la parte demandada comparece 

voluntariamente y realiza algún acto sustancial que la constituya 

parte en el pleito. (Énfasis suplido) Sánchez Rivera v. Malavé 

Rivera, 192 DPR 854, 873 (2015). Como, por ejemplo, cumplir 

voluntariamente con las órdenes del Tribunal, y a solicitud de 

éste, presentar documentos pertinentes dirigidos a dilucidar la 

reclamación que incoe la parte demandante en su contra.

(Énfasis suplido) Vázquez v. López, supra, pág. 721. En síntesis, “la 

comparecencia voluntaria de la parte demandada suple la omisión 
KLAN202400370 14

del emplazamiento y esto es suficiente para que el Tribunal adquiera 

jurisdicción sobre la persona bajo las garantías del debido proceso 

de ley.” Íd. 

Finalmente, cabe precisar que, según dispone la Regla 10.8 

(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.8 (a), la defensa 

sobre la falta de jurisdicción sobre la persona se entenderá 

renunciada en las siguientes instancias: (1) si no se incluye en una 

moción de acumulación de defensas bajo la Regla 10.7 de 

Procedimiento Civil, y (2) si no es formulada mediante una moción 

de desestimación ni se incluye en una alegación responsiva o 

mediante una enmienda que no requiera la autorización del tribunal 

conforme lo dispuesto por la Regla 13.1 de Procedimiento Civil. 

III.

En su recurso, la señora Santiago solicitó la revocación de una 

Sentencia que el TPI emitió el 20 de febrero de 2024 y notificó el 21 

de febrero de 2024. En lo pertinente, el TPI desestimó, sin perjuicio, 

la Demanda Enmendada que presentó la apelante en cuanto a la 

señora Quiñones Mojica y el señor Quiñones Marrero. Ello, ya que

no adquirió jurisdicción sobre estos últimos por no haber sido 

emplazados dentro del término de ciento veinte (120) días que provee 

las Reglas de Procedimiento Civil para diligenciar el emplazamiento 

desde que se presenta la Demanda. 

Ante ello, en su único señalamiento de error, la señora 

Santiago sostuvo que el TPI erró al determinar que se tenían que 

expedir emplazamientos y diligenciar los mismos al señor Quiñones 

Marrero y la señora Quiñones Mojica, habiendo ya éstos 

comparecido voluntariamente al pleito. Particularmente, la apelante 

argumentó que estos últimos se sometieron a la jurisdicción 

voluntariamente cuando el 27 de abril de 2021 presentaron una

solicitud de relevo de sentencia y/o de la Orden que el TPI emitió el 

26 de febrero de 2021. Además, resaltaron que, en dicho escrito, 
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estos últimos expresaron que estaban radicándolo mediante una 

comparecencia especial y que nunca expresaron que no se sometían 

voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal. Asimismo, señaló 

que posteriormente, la parte apelada presentó un escrito de 

reconsideración ya que el TPI declaró No Ha Lugar a la solicitud de 

relevo de sentencia y que ello también constituyó una sumisión 

voluntaria. No le asiste la razón. Veamos. 

Conforme al precitado derecho, para que el Tribunal adquiera 

jurisdicción sobre la persona mediante una sumisión voluntaria que 

supla la omisión del emplazamiento, la parte demandada debe 

comparecer voluntariamente y realizar algún acto sustancial. 

Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, pág. 873. El Tribunal 

Supremo ha establecido que se consideran actos sustanciales 

susceptibles de constituir una sumisión voluntaria los siguientes: 

(1) presentar algún documento pertinente dirigido a dilucidar o 

entrar en los méritos de la reclamación interpuesta; (2) cuando se 

contesta una demanda y se presentan defensas afirmativas sin 

alegar ausencia o deficiencia del emplazamiento; y, por último, (3) 

cumplir voluntariamente con las órdenes del Tribunal. Vázquez v. 

López, supra, pág. 721.

De un estudio detenido del expediente de autos y tomando en 

consideración lo antes expuesto, no podemos colegir que en el 

presente caso la señora Quiñones Mojica y el señor Quiñones 

Marrero se hayan sometido voluntariamente a la jurisdicción del 

Tribunal. Si bien es cierto que estos presentaron una solicitud de 

relevo de sentencia mediante una comparecencia especial, ello fue 

en defensa de sus derechos sobre la propiedad inmueble objeto de 

la controversia ya que la sentencia emitida el 29 de septiembre de

2020 afectaba estos derechos y no se le habían incluido como parte 

del pleito. 
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Lo antes expuesto no es suficiente para determinar que hubo 

una sumisión voluntaria por parte del señor Quiñones Marrero y la 

señora Quiñones Mojica ya que ello no constituyó un acto sustancial 

conforme lo dispone nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, en la 

solicitud de relevo de sentencia no se entró en los méritos de la 

controversia. El señor Quiñones Marrero y la señora Quiñones 

Mojica únicamente se limitaron a expresar que en la Sentencia del 

29 de septiembre del 2020 el TPI había realizado unas 

determinaciones de hechos que afectaban sus derechos sobre la 

propiedad y que estos no habían sido incluidos como parte en el 

pleito y, por ende, la sentencia era nula. Además, dicho escrito no 

constituyó una contestación a la demanda mediante la cual se 

presentaron defensas administrativas y tampoco comparecieron 

posteriormente cumpliendo con órdenes del Tribunal. 

Resuelto lo anterior, cabe precisar que, la parte apelada 

acudió ante nos mediante un recurso de certiorari en el Caso Núm. 

KLCE202200229 impugnando la determinación del TPI de declarar 

No Ha Lugar su solicitud de relevo de sentencia. Evaluado el 

recurso, dictamos una Sentencia el 20 de abril de 2022 mediante la 

cual determinamos que la Sentencia que se dictó el 29 de septiembre 

de 2020 era nula por falta de parte indispensable. Recordemos que 

dicha Sentencia advino final y firme ya que la apelante no presentó 

un recurso ante el Tribunal Supremo. Luego de que se emitió este 

dictamen, el 16 de diciembre de 2022, la señora Santiago presentó 

una Demanda Enmendada e incluyó en el epígrafe como parte 

demandada al señor Quiñones Marrero y a la señora Quiñones 

Mojica.

Habiendo establecido anteriormente que el señor Quiñones 

Marrero y la señora Quiñones Mojica no se sometieron 

voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal, la señora Santiago 

tenía ciento veinte (120) días desde que presentó la Demanda 
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Enmendada para diligenciar emplazamientos dirigidos a la señora 

Quiñones Mojica y al señor Quiñones Marrero, sin embargo, no lo 

hizo. Cabe precisar que dicho término vencía el 17 de abril de 2023. 

Recordemos que “no es hasta que se diligencia el emplazamiento y 

se adquiere jurisdicción que la persona puede ser considerada 

propiamente parte; aunque haya sido nombrada en el epígrafe de la 

demanda, hasta ese momento sólo es parte nominal”. Torres Zayas 

v. Montano Gómez, supra, pág. 467. Dicho lo anterior, concurrimos 

con la determinación del TPI de desestimar la Demanda Enmendada, 

sin perjuicio, en cuanto a la señora Quiñones Mojica y el señor 

Quiñones Marrero. Consecuentemente, el señalamiento de error no 

se cometió. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el 

dictamen recurrido. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones