Número Identificador

RES2024________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO

Recurrido

v.

GUILLERMO J. RIVERA 

COLÓN

Peticionario

KLCE202400664

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Carolina

Civil Núm.:

FIS2024G0015-

19

Sobre:

Art. 130 y Art. 

133 CP

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de julio de 2024.

Comparece Guillermo J. Rivera Colón (peticionario) y nos 

solicita la revocación de una determinación emitida mediante una 

Minuta-Resolución, el 13 de mayo de 2024 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI o foro primario).1 En esta, 

el foro primario denegó una solicitud de descubrimiento de prueba 

presentada por el peticionario al amparo de la Regla 95 (34 LPRA

Ap. II, R. 95)

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. Veamos. 

I.

Por hechos ocurridos entre agosto de 2019 hasta mayo de 

2020, el Ministerio Público presentó seis denuncias contra el 

peticionario por agresión sexual y actos lascivos a la menor de edad

(B.A.C.C.) en violación a los delitos establecidos en el Artículo 130A 

1 Véase Minuta notificada en autos el 15 de mayo de 2024.
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y el Artículo 133A del Código Penal de Puerto Rico de 2012, 33 LPRA 

sec. 5191 y 5194, respectivamente. 

Superadas las etapas iniciales del procedimiento criminal, el 

2 de febrero de 2024, el foro primario celebró el acto de lectura de 

acusación y luego autorizó el descubrimiento de prueba. A esos 

efectos, el peticionario solicitó acceso a la evidencia en poder del 

Estado, al amparo de la Regla 95 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, supra. En particular y atinente al recurso ante nos,

solicitó copia fiel, exacta y certificada de todo informe, libreta, libro, 

notas, “notas en crudo” o memorándum preparado o suscrito por

cualquier funcionario del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación 

(CAVV) y del Centro de Servicios Integrados a Menores Víctimas de 

Abuso Sexual (CIMVAS) relacionadas a la investigación del caso de 

epígrafe.2

En su contestación, el Ministerio Público indicó que se le 

había entregado a la defensa la documentación que obraba en el 

sumario fiscal, (entre otros) a saber: 1) Informe Pericial de 

Alegaciones de Abuso Sexual B.C.C. suscrito por la psicóloga,

Limarie Díaz Rodríguez, Evaluadora Forense del CAVV-CIMVAS; y 

2) Informe de Evaluación Médica por Alegaciones de Agresión 

Sexual, suscrito por la doctora Madeline Asencio Montalvo, Médico 

Forense del CAVV-CIMVAS.3

Mediante una moción suplementaria, el Estado indicó que, no 

tenía las notas en crudo de CAVV-CIMVAS ya que el expediente y 

notas no se encuentran en el poder del Ministerio Público. Añadió 

que, según lo informado por la división legal de CAVV-CIMVAS, el 

Departamento de Salud está impedido de entregar el expediente de 

la investigación de CAVV-CIMVAS, por la naturaleza confidencial,

según la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, 

2 Apéndice pág. 35 Incisos 2(d) y 2 (t).

3 Apéndice pág. 38. 
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Ley Núm. 246 del 16 de diciembre de 2011, así como, el Reglamento 

para la Certificación de los Centros de Servicios Integrados a 

Menores Víctimas de Abuso Sexual, Reglamento 8892 de 29 de 

diciembre de 2016, en su artículo 12. Dichos estatutos disponen 

sobre la naturaleza confidencial del expediente ya que se establece 

que, no será considerado como un documento público. En 

particular, expuso que, a modo de excepción, el referido Reglamento 

permite al Tribunal acceso, si se determina que es necesario para 

decidir una controversia relacionada con el bienestar del (de la) 

menor, en cuyo caso el acceso estará limitado a la inspección en 

cámara por el juez. 

Por ello, durante el trámite de la presente causa, el TPI 

calendarizó la inspección del expediente de CAVV-CIMVAS. Surge 

de una moción informativa acreditada por el Ministerio Público que,

el expediente de CIMVAS no estaba disponible para el Ministerio 

Público ni consta en el sumario fiscal. 

Ahora bien, a pesar de expresar su anuencia a la inspección, 

llegado el día de la vista señalada, el 13 de mayo de 2024, el Estado 

asumió una postura distinta. En su exposición, el Estado indicó

que, ante lo establecido en la Carta de Derechos de las Víctimas y 

Testigos de Delito, Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, 25 LPRA 

sec. 973a, se requiere proteger y mantener la confidencialidad del 

expediente y/o las notas, conforme exige el privilegio entre víctima 

y consejero, establecido en nuestras Reglas de Evidencia.4

Por su parte, según surge de la minuta de la vista, el 

peticionario sostuvo que, su petición trata de una información 

específica y no interesa el expediente completo sino las notas de las 

entrevistas a la menor “ya que surgen versiones de los hechos y su 

representado tiene derecho a confrontarlas.” De otra parte, resaltó 

4 Apéndice pág. 2. Surge de la minuta referencia a la Regla 26 A derogada, sin 

embargo, tomamos conocimiento de la correspondiente Regla 507 de las Reglas 

de Evidencia vigente.
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que, tiene derecho a contratar un perito para examinar notas y 

evidencia para preparar su contrainterrogatorio. Por último, indicó 

que, no se trata de investigar sobre el tratamiento al que fue 

sometida la menor, lo cual entiende que es confidencial y su 

intención no es divulgarla de ninguna forma. En una intervención 

se consignó que, el Tribunal expresó que, de examinar las notas, en 

efecto se estaría divulgando ese informe de una manera indirecta. 

En reacción, la defensa puntualizó que, de todas maneras, ya el 

Ministerio Público le había hecho entrega del informe final (o ambos 

informes periciales) y lo que interesaba eran las notas de las 

entrevistas.

Evaluadas las posturas de las partes, el TPI denegó la solicitud 

de acceso a las notas por entender que se violentaría la 

confidencialidad.

Inconforme, Rivera Colón acude ante nos y señala lo siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia y abusó de su 

discreción al denegar la solicitud de la defensa para que 

se le entregaran las notas de las entrevistas realizadas 

por las peritas del CAVV-CIMVAS durante la 

preparación de sus informes forenses, lo que

claramente violentó las garantías constitucionales del 

apelante al derecho de confrontación y al debido 

proceso de ley. 

En cumplimiento con nuestra Resolución, la parte recurrida 

acredita un Escrito en Cumplimiento de Orden el 28 de junio de 2024. 

Con el beneficio de las comparecencias de las partes, así 

como, la regrabación de la vista celebrada el 13 de mayo de 20245,

procedemos a resolver.

II.

A. Certiorari

El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por 

el cual un peticionario le solicita a un tribunal de mayor jerarquía 

que revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. 

5 Véase Comparecencia Especial emitida por la Secretaria Regional II el 12 de julio 

de 2024.
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Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 212 DPR 194 (2023); Torres 

González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023). Es 

norma reiterada que, una resolución u orden interlocutoria, 

contrario a una sentencia, es revisable ante el Tribunal de 

Apelaciones mediante auto de certiorari. Rivera et al. v. Arcos 

Dorados et al., supra. A diferencia del recurso de apelación, el 

tribunal revisor tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372 

(2020). 

A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que 

debemos tomar en consideración al evaluar si procede expedir el 

auto de certiorari. La citada regla dispone:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. Íd.

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos en que se demuestre que el dictamen emitido por 

el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de 

discreción. Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 

2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023; Pueblo v. 

Rivera Montalvo, supra, págs. 356-357.
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III.

En el presente caso, el peticionario interesa la expedición del 

auto de certiorari y la revocación del dictamen recurrido. Arguye que,

el foro primario incidió, al denegar su solicitud de entrega, de las 

notas de las entrevistas, realizadas durante la preparación de los 

informes periciales, como parte del descubrimiento de prueba, en 

este caso.

Hemos examinado con detenimiento el recurso ante nos y 

tomando en consideración las normas antes expresadas, debemos 

sopesar si procede nuestra intervención, según los criterios 

establecidos en la Regla 40 del Reglamente del Tribunal de 

Apelaciones, supra. 

Al abundar sobre su postura en la petición de certiorari ante 

nos, el peticionario arguye que, al denegar su petitorio de acceso a 

las notas de las entrevistas a la menor, el foro primario violentó las 

protecciones constitucionales del peticionario provistas por la 

cláusula de confrontación y el derecho a un debido proceso de ley. 

Expuso que, de divulgarse la evidencia solicitada no implica 

violación al privilegio médico paciente o el privilegio sobre la relación 

consejero y víctima de delito. Además, en su escrito incluye la

doctrina que versa sobre la prueba exculpatoria como parte del 

derecho aplicable en aras de fundamentar su súplica en la presente 

causa. Sostiene que, el foro incidió en la aplicación del derecho, por 

lo que se reúnen los criterios para la expedición del auto de certiorari

y revocación del dictamen.

En su comparecencia ante nos, la parte recurrida se opone a 

la expedición del auto de certiorari, por entender que, el remedio y la 

disposición recurrida son correctas en derecho, por lo que, en este 

caso, no se cumplen los criterios establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. En particular 

puntualiza que, la entrega de los informes periciales a la defensa no 
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implica que se haya renunciado a la confidencialidad de las notas,

ya que no se utilizarán como prueba en el juicio. Enfatiza que el 

Ministerio Público tampoco interesa acceso al contenido de las notas 

o el expediente de CAVV-CIMVAS. Indica que, la información 

recopilada durante el tratamiento y la intervención no es prueba 

testimonial. Añade que, no existe problema de confrontación alguno 

en este caso porque las peritas que rindieron los informes periciales 

testificarán en el juicio. Arguye que, el derecho a descubrir prueba 

no es absoluto y el peticionario no ha establecido la necesidad, 

pertinencia y materialidad del descubrimiento de prueba solicitado 

y mucho menos ha logrado establecer que las notas, como materia 

solicitada, no sea una de naturaleza privilegiada, conforme dispone

la Regla 507 de las Reglas de Evidencia, supra. A su entender el 

peticionario tampoco ha expuesto fundamentos que permitan 

ignorar las disposiciones sobre confidencialidad establecidas en la 

Carta de Derechos de Víctimas y Testigos, supra y la Ley 

Habilitadora de los CIMVAS, Ley 158-2013, según enmendada, 

respectivamente.

Luego de un examen sosegado del expediente, con el beneficio 

de los escritos de las partes, la regrabación de la vista y el derecho 

aplicable, no identificamos criterio o condición legítima alguna que 

amerite imponer nuestras funciones discrecionales sobre las 

debidamente ejercidas por el foro primario. A nuestro entender, el 

dictamen recurrido no es uno que se aparte de la norma aplicable a 

los derechos sustantivos y procesales invocados, ni producto de un 

abuso de discreción atribuible al foro primario. La misma se ajusta 

al estado de derecho aplicable a la materia que atendemos, por lo 

que, en forma alguna, transgrede las normas aplicables al 

descubrimiento de prueba en esta etapa de los procesos.

Por ello y al amparo de los criterios que establece la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, no encontramos 
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indicio de que, el foro recurrido haya incurrido en error manifiesto 

o haya actuado de forma arbitraria, caprichosa, o de abuso, al 

ejercer su discreción. Además, no identificamos fundamento alguno

que justifique la expedición del auto de certiorari, en aras de evitar 

un fracaso a la justicia. De nuestra evaluación concluimos que, la 

parte peticionaria no nos ha puesto en posición para determinar lo 

contrario. A esos efectos, nada justifica que intervengamos con el 

dictamen recurrido.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del auto de certiorari solicitado. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones