N úmero Identificador
RES2 0 2 4

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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV
EL PUEBLO DE PUERTO

RICO Recurrido

v.

GUILLERMO J. RIVERA

COLÓN
Peticionario KLCE20240 06 64 Certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina
Civil Núm.: FIS2024G0015

- 19
Sobre: Art. 130 y Art. 133 CP Panel integrado por su president a , la Juez a Cintrón Cintrón , la Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores Rivera Marchand, Jueza Ponente RESOLUCIÓN En San Juan, Puerto Rico, a 29 d e julio d e 202 4

. Comparece Guillermo J. Rivera Colón (peticionario) y nos
solicita la revocación de una determinación emitida mediante una
Minuta

- Resolución, el 13 de mayo de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI o foro primario). 1 En esta, el foro primario denegó una solicitud de descubrimiento de prueba presentada por el peticionario al amparo de la Regla 95 (34 LPRA Ap. II , R. 95) Por los fundamentos que exponemos a continuación, denegamos la expedición del auto de certiorari . Veamos.
I. Por hechos ocurridos entre agosto de 2019 hasta mayo de 2020, el Ministerio Público presentó seis denuncias contra el peticionario por agresión s exual y actos lascivos a l a menor de edad (B.A.C.C.) en violación a los delitos establecidos en el Artículo 130A

1 Véase Minuta notificada en autos el 15 de mayo de 2024.KLCE202400664 2

y el Artículo 133A del Código Penal de Puerto Rico de 2012, 33 LPRA

sec. 5191 y 5194 , r espectivamente. Superadas las etapas iniciales del pro cedimiento criminal, el
2 de febrero de 2024 , el foro primario celebró el acto de lectura de acusación y luego autoriz ó el descubrimiento de prueba. A esos efectos, el peticionario solicitó acceso a la evidencia en poder del
Estado , al amparo de la Regla 95 de las Reglas de Procedimiento
Criminal , supra . En particular y atinente al recurso ante nos, solicitó copia fiel, exacta y certificada de todo informe, libreta, libro, notas, “notas en crudo” o memorándum preparado o suscrito por cualquier funcionario del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) y del Centro de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual (CIMVAS) relacionadas a la investigación del caso de epígrafe. 2 En su contestación, el Ministerio Público i ndicó que se le
había entregado a la defensa la documentación que obraba en el sumario fiscal, (entre otros) a saber: 1) Informe Pe ricial de
A legaci ones de A buso S exual B.C.C. suscrito por la psicóloga , Limarie Díaz Rodríguez, Evaluadora Forense del CAVV

- CIMVAS; y 2) Informe de Evaluación Médica por Alegaciones de Agresión Sexual, suscrito por la doctora Madeline Asencio Montalvo, Médico
Forense del CAVV

- CIMVAS. 3 Mediante una moción suplementaria , el Estado in dicó que , no tenía las notas en crudo de CAVV

- CIMVAS ya que el expediente y
notas no se encuentran en el poder del Ministerio Público. Añadió
que , según lo informado por la división legal de CAVV

- CIMVAS , el Departamento de Salud está impedido de entregar el expediente de la investigación de CAVV

- CIMVAS , por la naturaleza confidencial , según la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores ,

2 Apéndice pág. 35 Incisos 2(d) y 2 (t). 3 Apéndice pág. 38.KLCE202400664 3

Ley Núm. 246 del 16 de diciembre de 2011 , así como , el Reglamento para la Certificación de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual, Reglamento 8892 de 29 de diciembre de 2016 , en su artículo 12

. Dichos estatutos disponen

so bre la naturaleza confidencial del expediente ya que se establece
que , no será considerado como un documento público. En particular , expuso que , a modo de excepción , el referido Reglamento permite al Tribunal acceso , si se determina que es necesario para
d ecidir una controversia relacionada con el bienestar del (de la) menor, en cuyo caso el acceso estará limitado a la inspección en cámara por el juez

. Por ello, durante el trámite de la presente causa , el TPI calendarizó la inspección del expediente de CAVV

- CIMVAS. Surge de una moción informativa acredita da por el Ministerio Público que , el expediente de CIMVAS no est aba disponible para el Ministerio
Público ni consta en el sumario fiscal.
Ahora bien , a pesar de expresar su anuencia a la inspección , llegado el día de la vista señalada, el 13 de mayo de 2024, el Estado asumió una postura distinta. En su exposición , el Estado indicó
que , ante lo establecido en la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito, Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, 25 LPRA

sec . 973a , se requiere proteg er y mantener la confidencialidad del expediente y/o las notas , conforme exige el privilegio entre víctima
y consejero , est ablecido en nuestras Reglas de Evidencia. 4 Por su parte, según surge de la minuta de la vista, el peticionario sostuvo que , su petición trata de una información específica y no interesa el expediente completo sino las notas de las entrevistas a la menor “ya que surgen versiones de los hechos y su representado tiene derecho a confrontarlas.” De otra parte, resaltó

4 Apéndice pág. 2. Surge de la minuta referencia a la Regla 26 A derogada, sin embargo , tomamos conocimiento de la correspondiente Regla 507 de las Reglas de Evidencia vigente.KLCE202400664 4

que , t iene de recho a contratar un perito para examinar notas y evidencia para preparar su contrainterrogatorio. Por último , indicó
que , no se trata de investigar sobre el tratamiento al que fue sometida la menor, lo cual entiende que es confidencial y su
intención no e s divulgarla de ninguna forma. En una intervención se consignó que , el Tribunal expresó que , de examinar las notas , en efecto se estaría divulgando ese informe de una manera indirecta.
En reacción , la defensa puntualizó que , de todas maneras , ya el
Minist erio Público l e había hecho entrega del informe final (o ambos informes periciales) y lo que interesa ba eran las notas de las
entrevistas

. Evaluadas las posturas de las partes, e l TPI denegó la solicitud de acceso a las notas por entender que se violentar ía la
confidencialidad

. Inconforme , Rivera Colón acude ante nos y señala lo siguiente: Erró el Honorable Tribunal de Instancia y abusó de su discreción al denegar la solicitud de la defensa para que se le entregaran las notas de las entrevistas realizadas por las peritas del CAVV

- CIMVAS durante la preparación de sus informes forenses, lo que claramente violentó las garantías constitucionales del apelante al derecho de confrontación y al debido proceso de ley. En cumplimiento con nuestra Resolución , la parte recurrida
acredita un Escrito en Cumplimiento de Orden el 28 de junio de 2024. Con el beneficio de las comparecencias de las partes, así

como , la regrabación de la vista celebrada el 13 de mayo de 2024 5 , procedemos a resolver.
II.
A. Certiorari El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por el cual un peticionario le solicita a un tribunal de mayor jerarquía que revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior.

5 Véase Comparecencia Especial emitida por la S ecretaria R egional II el 12 de julio de 2024.KLCE202400664 5

Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 212 DPR 194 (2023) ; Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846

- 847 (2023). Es norma reiterada que, una resolución u orden interlocutoria, contrario a una sentencia, es revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante auto de certiorari. Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., supra. A diferencia del recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de
manera discrecional. Pueblo v. Rivera Montalvo , 205 DPR 352, 372 (2020). A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII

- B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar en consideración al evaluar si procede expedir el auto de certiorari. La citada regla dispone: El Tribunal tomará en consideración los siguientes crite rios al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de
mostrar causa: (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema. (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia. (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz d e los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración. (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio. (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. Íd. El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente en aquellos casos en que se demuestre que el dictamen emitido por el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de
discreción. Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros , 2 023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023; Pueblo v.
Rivera Montalvo , supra, págs. 356

- 357.KLCE202400664 6
III. En el presente caso, el peticionario interesa la expedición del
auto de certiorari y la revocación del dictamen recurrido

. Arguye que , el foro primario incidió , al denegar su solicitud de entrega , de las
notas de las entrevistas , realizadas durante la preparación de los informes periciales , como parte del descubrimiento de prueba , en

es te caso. Hemos examinado con detenimiento el recurso ante nos y tomando en consideración las normas antes expresadas , debemos sopesar si procede nuestra intervención, según los criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamente del Tribunal de Apelacione s, supra . Al abundar sobre su postura en la petición de certiorari ante nos, el peticionario arguye que, al denegar su petitorio de acceso a las notas de las entrevistas a la menor, el foro primario violentó las protecciones constitucionales del peticionario provistas por la cláusula de confrontación y el derecho a un debido proceso de ley. Expuso que , de divulgarse la evidencia solicitada no implica violación al privilegio médico pa ciente o el privilegio sobre la relación consejero y víctima de delito. Además, en su escrito incluye la
doctrina que versa sobre la prueba exculpatoria como parte del derecho aplicable en aras de fundamentar su súplica en la presente

causa. Sostiene que, el foro incidió en la aplicación del derecho, por lo que se reúnen los criterios para la expedición del auto de certiorari y revocación del dictamen. En su comparecencia ante nos , la parte recurrida se opone a la expedición del auto de certiorari , por entender que , el remedio y la disposición recurrida son correctas en derecho , por lo que , en este

caso , no se cumplen los criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones , supra . En particular puntualiza que , la entrega de los informes periciales a la defensa noKLCE202400664 7

implica que se haya renunciado a la confidencialidad de las notas , ya que no se utilizarán como prueba en el juicio . Enfatiza que el Ministerio Público tampoco interesa acceso al contenido de las notas o el expediente de CAVV

- CIMVAS. Indica que , la información recopilada durante el tratamiento y la intervención no es prueba
testimonial

. Añade que, no existe problema de confronta ción alguno
en este caso porque las peritas que rindieron los informes periciales testificarán en el juicio. Arguye que , el derecho a descubrir prueba no es absoluto y el peticionario no ha establecido la necesidad, pertinencia y materialidad del descubrim iento de prueba solicitado y mucho menos ha logrado establecer que las notas , como materia solicitada , no sea una de naturaleza privilegiada , conforme dispone
la Regla 507 de las Reglas de Evidencia, supra
. A su entender el peticionario tampoco ha expuesto fundamentos que permitan ignorar las disposiciones sobre confidencialidad establecidas en la Carta de Derechos de Víctimas y Testigos, supra y la Ley Habilitadora de los CIMVAS, Ley 158

- 2013 , según enmendada , respectivamente

. Luego de un examen sosegado del expediente, con el beneficio de los escritos de las partes, la regrabación de la vista y el derecho aplicable , no identificamos criterio o condición legítima alguna que amerite imponer nuestras funciones discrecionales sobre las debidamente ejercidas por el foro primario. A nuestro entender, el
dictamen recurrido no es un o que se aparte de la norma aplicable a los derechos sustantivos y procesales invocados, ni producto de un abuso de discreción atribuible al foro primario. La misma se ajusta al estado de derecho aplicable a la materia que atendemos, por lo que, en forma alguna, transgrede las normas aplicables al descubrimiento de prueba en esta etapa de los procesos. Por ello y al amparo de los criterios que establece la R egla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra , no encontramosKLCE202400664 8

indicio de que, el foro recurrido haya incurrido en error manifiesto o haya actuado de forma arbitraria, caprichosa, o de abus o, al ejercer su discreción . Además, no identificamos fu ndamento alguno
que justifique la expedición del auto de certiorari , en aras de evitar un fracaso a la justicia

. De nuestra evaluación concluimos que, la parte peticionaria no nos ha puesto en posición para determinar lo
contrario. A esos efectos , nada justifica que intervengamos con el
dictamen recurrido.
IV Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición
del auto de certiorari solicitado.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones