Número Identificador

SEN2023 ________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

NAHUM GÓMEZ

HIDALGO

APELANTE

V.

MIGUEL RIVERA 

ROSARIO, ÁNGEL 

RIVERA MELÉNDEZ Y 

JANE DOE RIVERA 

ROSARIO

APELADOS

KLAN202200939

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Carolina

Caso Núm. 

CA2019CV04816

Sobre:

Daños Y Perjuicios

Panel integrado por su presidente el Juez Rivera Colón, el Juez 

Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera

Ronda Del Toro, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2023.

Nahum Gómez Hidalgo [en adelante “Sr. Gómez” o 

apelante] solicita la revisión y revocación de la Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, el 7 de 

septiembre de 2022, en adelante TPI. Mediante referido 

dictamen el foro de instancia desestimó con perjuicio la demanda 

instada por Gómez Hidalgo y el resto del caso. El apelante solicitó 

reconsideración el 11 de octubre de 2022, conforme la Resolución 

para extensión de términos por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, EM-2022-007, la cual fue denegada en Resolución del 26 de 

octubre de 2022. Contra esa Resolución es que se presenta esta 

Apelación.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

revocamos la sentencia apelada.
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I.

El 17 de diciembre de 2019, el señor Nahum Gómez Hidalgo 

(en adelante, Sr. Gómez o apelante) presentó una demanda sobre 

daños y perjuicios contra el señor Miguel Rivera Rosario y otros 

codemandados (en conjunto, Sr. Rivera). En esta, reclamó el pago 

de los gastos legales e inconveniencias de litigar tres pleitos 

judiciales para lograr que el Sr. Rivera cumpliera con las 

obligaciones que acordó asumir mediante un contrato de opción 

de compra suscrito con el demandante el 24 de octubre de 2011. 

En sus alegaciones, el Sr. Gómez relató que el Sr. Rivera es 

el propietario de un predio de terreno localizado en Loíza que tiene 

una cabida de 1,381.618 metros cuadrados y en la que enclava 

un negocio llamado Blue Iguana. La referida finca tiene un 

gravamen hipotecario a favor de First Bank. El 20 de octubre de 

2011, dicho acreedor hipotecario consintió que el Sr. Rivera 

segregara y vendiera un lote de 676.7606 metros cuadrados que 

formaba parte del predio hipotecado, en el cual ubicaba el 

negocio, sujeto a ciertos términos y condiciones. Entre estos, que 

el Sr. Rivera tramitara a su costo las gestiones necesarias para la 

segregación del lote. El acreedor hipotecario dispuso que la 

autorización de segregación y venta del lote caducaba a los 

noventa (90) días, contados a partir de la fecha del 

consentimiento.

El Sr. Gómez explicó en la demanda que, el 24 de octubre 

de 2011, suscribió con el Sr. Rivera un contrato de opción de 

compra del terreno a segregarse y en el cual ubica el negocio, por 

el precio de $159,000.00. Según las alegaciones, el 19 de julio de 

2013, el Sr. Gómez saldó el balance pendiente de pago del precio 

de compraventa convenido y el Sr. Rivera le otorgó recibo y carta 
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de pago. Además, el Sr. Rivera se comprometió a otorgar la 

escritura de segregación y compraventa de la parcela libre de 

cargas y gravámenes. Sin embargo, según adujo el Sr. Gómez, el 

Sr. Rivera no otorgó la referida escritura de segregación y 

compraventa del lote en cuestión. 

El Sr. Gómez añadió que, por haber incumplido el contrato 

hipotecario, el banco1 presentó una demanda sobre cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca contra el Sr. Rivera. Dictada la 

Sentencia por Estipulación, y ante el incumplimiento del Sr. Rivera 

con los acuerdos, el acreedor hipotecario presentó una solicitud 

de ejecución de sentencia.2 El Sr. Gómez afirmó que, dado su 

interés en el lote y el negocio Blue Iguana, presentó una moción 

de intervención en el referido caso. 

El Sr. Gómez puntualizó que para hacer valer su derecho a 

intervenir en el pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

seguido contra el Sr. Rivera recurrió al Tribunal de Apelaciones y 

al Tribunal Supremo. Por ello, reclama gastos legales ascendentes 

a $25,000.00. Además, solicita el resarcimiento de los 

sufrimientos y angustias mentales ocasionados por dicha 

litigación, más el pago de las costas y honorarios de abogados del 

presente litigio. El Sr. Gómez mencionó que el Sr. Rivera aún no 

había realizado la segregación del predio en controversia, ni 

otorgado la correspondiente escritura de compraventa. 

El 6 de enero de 2020, el Sr. Rivera presentó una 

Contestación a la Demanda y Reconvención. En esencia, negó las 

alegaciones y solicitó una compensación en daños y perjuicios por 

las presuntas presiones del Sr. Gómez para que le cediera de 

1 LSREF2 Holdings, LTD, Inc. adquirió las facilidades de crédito y solicitó la 

sustitución de parte.

2 LSREF2 Island Holding LTD, Inc. v. Miguel Rivera Rosario, Civil núm.: 

FCCI201000449.
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manera gratuita una porción adicional de terreno. El 20 de febrero 

de 2020, el Sr. Gómez presentó Contestación a Reconvención. De 

esa forma quedó trabada una segunda controversia entre las 

mismas partes, en el caso.

Más adelante, el 27 de mayo de 2020, el Sr. Rivera presentó 

una Moción de Desestimación.

El 18 de septiembre de 2020, el Sr. Gómez presentó una 

Réplica y Oposición a Desestimación. Adujo que la doctrina de 

cosa juzgada en la modalidad de impedimento colateral por 

sentencia era inaplicable al caso de autos por falta de identidad 

de partes, puesto que en el pleito de ejecución de hipoteca las 

partes son el Sr. Rivera y el acreedor hipotecario y, además, dicho 

litigio no había culminado. Añadió que la acción no se encontraba 

prescrita, ya que se enteró del pleito de ejecución en el 2016, y 

desde entonces, ha litigado en dicha causa para salvaguardar su 

derecho sobre el lote.

El 22 de febrero de 2021, el TPI celebró una vista 

argumentativa, a la que solamente compareció el abogado del Sr. 

Gómez. Escuchada su argumentación, el TPI denegó la solicitud

de desestimación del Sr. Rivera. A su vez, concedió 30 días para 

llevar a cabo el descubrimiento de prueba y solicitar al tribunal los 

remedios que correspondieran. No surge de los autos sanción 

alguna al demandado ni su abogado por la ausencia a una vista 

pautada en el caso.

Luego de varios trámites procesales ante el TPI, se declaró No 

Ha Lugar la Solicitud de Desestimación, incoada por la parte 

Apelada. Contra esa Resolución, el aquí Apelado, presentó 

“Petición de Certiorari” ante este Tribunal que recibió el núm. 

KLCE202100571, el cual fue denegado mediante Resolución 

notificada el 30 de junio de 2021.
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El aquí apelado, como peticionario en caso anterior, instó 

Recurso de Certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el 

cual fue denegado el 15 de octubre de 2021.

Este Tribunal emitió el Mandato al TPI, devolviendo a dicho 

foro su jurisdicción el 24 de noviembre de 2021, la que se 

presenta ante este caso en el TPI, el 1 de diciembre de 2021. El 

25 de agosto de 2022, la parte apelada radicó Moción Solicitando 

Desestimación al amparo de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil.

El TPI, el 25 de agosto de 2022, emitió orden para que en 10 

días se mostrara causa por la cual no debía archivarse el caso 

CA2019CV04816, a tenor a la Regla 39.2 b. El 2 de septiembre de 

2022, dentro del término otorgado, la parte apelante presentó 

moción titulada: Cumplimiento de Orden y Oposición a 

Desestimación.

En dicha Moción, el Apelante indica varias razones para 

justificar la inactividad por parte de este, siendo la primordial la 

salud del abogado de dicha parte aquí apelante. 

El 8 de septiembre de 2022, se notificó Sentencia 

Desestimando y decretando archivo del caso, sin perjuicio, al 

amparo de que no se había hecho trámite alguno por dicha parte 

demandante en el caso por mas de seis (6) meses y aunque no 

habían otras actuaciones de dicha parte que requirieran alguna 

amonestación anterior, entendió que procedía la desestimación. 

Contra dicha sentencia y dentro de los términos extendidos por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante Resolución EM-2022-

007, se presentó escrito de Reconsideración, el 11 de octubre de 

2022.

El 26 de octubre de 2022, la parte demandada se opuso a la 

reconsideración instada por la parte demandante, básicamente 

reclamando que el escrito no cumplía los requisitos de SUMAC 
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para considerarse una moción firmada por el abogado del 

demandante ahora apelante, pues le faltaba la f antes del nombre 

del abogado.

El TPI declaró ”sin lugar” dicha reconsideración.

En su recurso de Apelación, dicha parte señala que el TPI 

cometió el siguiente error:

ERRO EL TPI AL DESESTIMAR Y ARCHIVAR LA DEMANDA BAJO 

LA REGLA 39.2 (B) DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

DETERMINANDO QUE LAS RAZONES ALUDIDAS POR EL 

DEMANDANTE NO SATISFACIAN EL CRITERIO DE JUSTA 

CAUSA.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la Sentencia apelada. 

II.

A. MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

Nuestro ordenamiento procesal civil provee varios mecanismos 

para la parte que resulta adversamente afectada por un dictamen 

del foro de primera instancia. Entre estos se incluye la moción de 

reconsideración. 

En particular, la moción de reconsideración fue adoptada en 

nuestra jurisdicción desde hace mucho como un medio para que 

el tribunal sentenciador modificase o corrigiese sus 

determinaciones. Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, 192 DPR 989, 

995 (2015). Su objetivo es dar una oportunidad a la corte que 

dictó la sentencia o resolución cuya reconsideración se pide, para 

que pueda enmendar o corregir los errores en que hubiere 

incurrido al dictarla. Dávila v. Collazo, 50 DPR 494, 503 (1936). 

Dicho de otro modo, la moción de reconsideración permite que la 

parte afectada por un dictamen judicial pueda solicitar al tribunal 

que considere nuevamente su decisión, antes de recurrir al 
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Tribunal de Apelaciones. Morales y otros v. The Sheraton Corp., 

191 DPR 1, 7 (2014).

La Regla 47 de Procedimiento Civil, infra, establece, en lo 

pertinente, que:

[...]

La parte adversamente afectada por una 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia 

podrá presentar, dentro del término 

jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha 

de archivo en autos de copia de la notificación 

de la sentencia, una moción de reconsideración 

de la sentencia. 

La moción de reconsideración debe 

exponer con suficiente particularidad y 

especificidad los hechos y el derecho que 

el promovente estima que deben 

reconsiderarse y fundarse en cuestiones 

sustanciales relacionadas con las 

determinaciones de hechos pertinentes o 

conclusiones de derecho materiales. 

La moción de reconsideración que no 

cumpla con las especificidades de esta 

regla será declarada “sin lugar” y se 

entenderá que no ha interrumpido el 

término para recurrir. 

Una vez presentada la moción de 

reconsideración quedarán interrumpidos los 

términos para recurrir en alzada para todas las 

partes. Estos términos comenzarán a correr 

nuevamente desde la fecha en que se archiva 

en autos copia de la notificación de la resolución 

resolviendo la moción de reconsideración. 

La moción de reconsideración se notificará a las 

demás partes en el pleito dentro de los quince 

(15) días establecidos por esta regla para 

presentarla ante el tribunal de manera 

simultánea. El término para notificar será de 

cumplimiento estricto. (Énfasis nuestro). 32 

LPRA Ap. V, R. 47. 

Según se desprende de lo anterior, para que una moción de 

reconsideración interrumpa el término para recurrir al foro 

apelativo intermedio, debe ser presentada de manera oportuna y 

fundamentada. Morales y otros v. The Sheraton Corp., supra, pág. 

8. La Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, establece un término 

de quince (15) días para la presentación de la moción de 

reconsideración. Si se trata de sentencias el término es 
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jurisdiccional, mientras que es de cumplimiento estricto si se trata 

de resoluciones y órdenes. Íd. 

En cuanto al requerimiento de que la moción de 

reconsideración este fundamentada, el Tribunal Supremo ha 

aclarado, citando al tratadista Cuevas Segarra, que salvo 

mociones escuetas y sin fundamentos de clase alguna, una 

moción que razonablemente cuestiona la decisión y fundamenta

su planteamiento, será suficiente para cumplir con la regla. Íd., 

pág. 9. 

Es de notar que el requisito de que la moción de 

reconsideración sea específica se incluyó para evitar las mociones 

frívolas que generalmente dilatan la ejecución de los dictámenes 

judiciales. Es por ello por lo que, la reconsideración debe 

particularizar los hechos y el derecho que el tribunal debe 

reconsiderar, basándose en determinaciones de hechos 

pertinentes y en conclusiones de hechos materiales, al igual que 

las mociones de determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho. Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Comité Asesor 

Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de 

la Conferencia Judicial y Notarial, 2007, pág. 555.

B. ESCRITOS PRESENTADOS POR SUMAC

Mediante la Ley núm. 148-2013, se enmendaron las Reglas de 

Procedimiento Civil para añadir la Regla 67.6 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, Presentación y Notificación por Medios 

Electrónicos. 

Dicha Regla 67.6 establece en su parte pertinente lo siguiente:

Las alegaciones, mociones y demás escritos que se 

contemplan en estas reglas se presentarán al tribunal 

por medios electrónicos, una vez se implanten las 

medidas administrativas y la tecnología 

necesaria para ello. Asimismo, se notificarán por 
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medios electrónicos las órdenes, resoluciones, 

providencias interlocutorias y sentencias que emita el 

tribunal, al igual que cualquier otro documento que el 

Secretario o la Secretaria deba notificar durante un 

procedimiento civil.

El envío a la dirección o portal establecido por el Juez 

Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico para 

cada Secretaría del Tribunal General de Justicia 

constituirá la presentación de escritos en el tribunal y 

en la Secretaría a la que se refiere estas reglas... 

(Énfasis nuestro).

Como se puede observar, las Reglas de Procedimiento Civil 

establecen un método oficial de presentación de escritos por 

medios electrónicos. Para ello, es necesario que el tribunal donde 

se presente la moción posea la tecnología necesaria, es decir, la 

dirección o portal establecida por el Juez Presidente o Jueza 

Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico. A esos efectos, 

la Rama Judicial de Puerto Rico ha implantado el Sistema Unificado 

de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). SUMAC es el 

sistema implantado por virtud de la Regla 67.6 de Procedimiento 

Civil, supra. Íd.

La presentación del escrito con su nombre por el abogado en 

el sistema SUMAC, establece las garantías de confiabilidad que

indican se trata de un escrito del abogado del caso y, salvo 

circunstancias excepcionales, el escrito así presentado debe ser 

considerado válido.

C. Desestimación como Sanción por Abandono del 

Reclamo

Es principio procesal firmemente establecido en nuestro 

sistema de derecho que las Reglas de Procedimiento Civil no 

tienen vida propia, sino que existen para viabilizar la consecución 

del derecho sustantivo. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 

D.P.R. 807 (1986). Por ello, al impartir justicia el tribunal debe 

hacer un balance equitativo entre los intereses en conflicto, 
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interpretando las reglas procesales de forma tal que garanticen 

una solución justa, rápida y económica de los procedimientos. 

Regla 1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 1. 

De esta forma, nuestro ordenamiento civil exige a todas las partes 

el deber de actuar con diligencia durante la tramitación de los 

pleitos, concediéndole al tribunal la potestad para sancionar a 

aquellos litigantes que dilaten los procedimientos de forma 

innecesaria. Sánchez Rodríguez v. Adm. De Corrección, 177 

D.P.R. 714 (2009). Se ha entendido que, el efectivo 

funcionamiento de nuestro sistema judicial y la rápida disposición 

de los asuntos litigiosos, requieren que el foro sentenciador tenga 

la flexibilidad y discreción en el manejo diario y la tramitación de 

los asuntos, así como en la aplicación de los medios correctivos 

apropiados conforme a su buen juicio. Pérez Pascual v. Vega 

Rodríguez, 124 D.P.R. 529 (1989); Ortiz Rivera v. Agostini, 92 

D.P.R. 187 (1965). Bajo la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 39.2(a), se le permite al tribunal 

utilizar la desestimación de la reclamación como mecanismo para 

sancionar la dejadez o inacción del litigante, siempre que la misma 

se aplique como sanción drástica de último recurso.

La Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., 

R. 39.2 (a), recoge gran parte de la jurisprudencia que ha 

interpretado la desestimación. En lo pertinente dispone:

(a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas 

reglas o con cualquier orden del tribunal, el 

tribunal a iniciativa propia o a solicitud de la parte 

demandada podrá decretar la desestimación del pleito 

o de cualquier reclamación contra ésta [sic] o la 

eliminación de las alegaciones, según 

corresponda. 

Cuando se trate de un primer incumplimiento, la 

severa sanción de la desestimación de la demanda o 

la eliminación de las alegaciones tan sólo [sic] 

procederá después que el tribunal, en primer término, 

haya apercibido al abogado o abogada de la parte de 
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la situación y se le haya concedido la oportunidad para 

responder. Si el abogado o abogada de la parte no 

responde a tal apercibimiento, el tribunal 

procederá a imponer sanciones al abogado o 

abogada de la parte y se notificará directamente 

a la parte sobre la situación. Luego de que la 

parte haya sido debidamente informada o 

apercibida de la situación y de las consecuencias 

que pueda tener el que la misma no sea 

corregida, el tribunal podrá ordenar la 

desestimación del pleito o la eliminación de las 

alegaciones. El tribunal concederá a la parte un 

término de tiempo razonable para corregir la situación 

que en ningún caso será menor de treinta (30) días, 

a menos que las circunstancias del caso justifiquen 

que se reduzca el término. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 39.2 

(a) (Énfasis suplido).

Esta regla señala que un primer incumplimiento con una 

orden del tribunal no conlleva como sanción la desestimación de 

la demanda o la eliminación de las alegaciones. Por el contrario, 

se debe apercibir a la parte y sancionar al abogado. De no 

cumplirse con lo ordenado, el tribunal debe informarlo 

directamente a la parte y apercibirla de la sanción de la 

desestimación que se podría imponer de continuar con dicha 

actuación. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 D.P.R. 738, 746 

(2005); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807, 817 

(1986).

De no surtir efecto la referida medida disciplinaria, 

procederá la imposición de la severa sanción de la desestimación 

de la demanda o la eliminación de las alegaciones, solo después 

que la parte haya sido debidamente informada de la 

situación y de las consecuencias que puede tener el que la 

misma no sea corregida. Maldonado v. Srio. Rec. Naturales, 

113 D.P.R. 494, 498 (1992). (Énfasis suplido).

Sobre la desestimación como sanción, el Tribunal Supremo 

expresó en Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 D.P.R. 217, 

222-223 (2001), lo siguiente:
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[H]emos resuelto que la desestimación de un caso 

como sanción, debe prevalecer únicamente en 

situaciones extremas en las cuales haya 

quedado demostrado de manera clara e 

inequívoca la desatención y el abandono total de 

la parte con interés y “después que otras sanciones 

hayan probado ser ineficaces en el orden de 

administrar justicia y, en todo caso, no debería 

procederse a ella sin un previo apercibimiento”. (Citas 

omitidas.) (Énfasis suplido).

Es norma reiterada que la desestimación de un pleito sin 

entrar en sus méritos como medio de sanción, debe ser utilizado 

como último recurso, luego de que otras sanciones hayan probado 

ser ineficaces y previo apercibimiento a la parte. Véase, Ramírez 

de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 823, 829-830 (1962). 

Como primera alternativa ante el incumplimiento procesal 

de una parte, el tribunal debe imponer sanciones 

económicas al abogado, a la parte o a ambos, antes de 

adoptar una determinación que pueda tener el efecto de 

privar a la parte de su día en corte. Véase, Imp. Vilca, Inc. v. 

Hogares Crea Inc, 118 D.P.R. 679, 686 (1986); Dávila v. Hosp. 

San Miguel Inc., supra, pág. 814.

El trámite dispuesto en la Regla 39.2(a) reconoce que una 

parte no tiene derecho a que su caso adquiera vida eterna en los 

tribunales ni de mantener en estado de incertidumbre a la otra 

parte, sin más excusa que su falta de diligencia e interés en la 

tramitación de este. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., supra. “El 

interés de que los pleitos se vean en sus méritos amerita 

protección, pero no puede, bajo toda circunstancia, prevalecer 

sobre los intereses, igualmente justos, de la parte que ha sido 

diligente en que se resuelva el caso prontamente y se termine la

incertidumbre, y los intereses del público en general en evitar la 

congestión en los calendarios y las demoras innecesarias en el 

trámite judicial [...]”. Id.
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De otra parte, la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V., R. 39.2(b), permite a un Tribunal desestimar un 

pleito por la dejadez o inacción de las partes respecto a sus casos. 

La citada Regla promulga que:

. . . . . . . .

(b) El tribunal ordenará la desestimación y el archivo 

de todos los asuntos civiles pendientes en los cuales 

no se haya efectuado trámite alguno por cualquiera 

de las partes durante los últimos seis meses, a menos 

que tal inactividad se le justifique oportunamente. 

Mociones sobre suspensión o transferencia de vista o 

de prórroga no serán consideradas como un trámite a 

los fines de esta regla. 

El tribunal dictará una orden en todos dichos 

asuntos, la cual se notificará a las partes y al 

abogado o abogada, requiriéndoles dentro del 

término de diez (10) días desde que el 

Secretario o Secretaria les notifique, que 

expongan por escrito las razones por las cuales 

no deban desestimarse y archivarse los mismos. 

(Énfasis nuestro).

No obstante, nuestro Máximo Foro ha establecido como 

norma general, que la desestimación de una demanda es la 

sanción más drástica que se puede imponer, por lo que los 

tribunales deben establecer un balance entre el interés de tramitar 

los casos rápidamente y que éstos sean resueltos en sus méritos. 

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 874 (2005). Por 

tal razón, en el contexto de la Regla 39.2 (b) de Procedimiento 

Civil, supra, también se ha reconocido como norma que, antes de 

proceder a la desestimación de un caso como sanción, debe haber 

quedado demostrado de forma clara y fehaciente la desatención y 

el abandono total de la parte con interés, además de constatarse 

que otras sanciones hayan sido ineficaces. Mun. de Arecibo v. 

Almac. Yakima, supra. Es decir, no debe desestimarse un pleito al 

amparo de la Regla 39.2 (b), supra, sin antes haber impuesto 

otras sanciones y sin haber un previo apercibimiento. Íd. De esta 
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forma se hizo extensiva la norma general del inciso (a) de la citada 

Regla a las situaciones a atenderse bajo el inciso (b). 

Cónsono con lo anterior, luego de que las partes expongan 

los motivos por los cuales no debe desestimarse el caso, el 

tribunal debe realizar un balance de intereses entre la necesidad 

que tiene el tribunal de administrar su calendario, la necesidad de 

que los casos se resuelvan de forma expedita y el perjuicio 

ocasionado al demandado por la dilación en el caso. Íd. De no 

demostrarse perjuicio verdadero, no debe archivarse la acción. Íd. 

Por tanto, la desestimación únicamente se puede sostener por los 

tribunales revisores en aquellas instancias en las que se hayan 

utilizado otras medidas que resulten inútiles, de manera tal que 

se manifieste un claro desinterés y abandono por parte del 

reclamante. Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 

498 (1982). Así, procede la desestimación por inacción bajo la 

Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, supra, “en casos extremos 

de clara e injustificada falta de diligencia”. Sánchez Rodríguez v. 

Adm. de Corrección, supra, pág. 724. 

D. LA RECONVENCION

Conforme a nuestro ordenamiento la reconvención es la 

reclamación que presenta la parte demandada en un pleito civil 

para solicitar la concesión de un remedio contra la parte 

demandante. La misma es reconocida por la Regla 5.1 de 

Procedimiento Civil, 32. L.P.R.A. Ap. III R. 5.1, y regida por la 

Regla 11 de Procedimiento Civil 32 L.P.R.A. Ap. III, R.11.1. 

Pertinente al caso de autos es la reconvención compulsoria, la cual 

define la Regla 11.1 de Procedimiento Civil R. 11.1, 32 L.P.R.A. 

Ap. III, R.11.1:

Una alegación contendrá por vía de reconvención

cualquier reclamación que la parte que la formula 
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tenga contra cualquier parte adversa al momento de 

notificar dicha alegación, siempre que surja del acto, 

omisión o evento que motivó la reclamación de la parte 

adversa y no requiera para su adjudicación la 

presencia de terceros sobre quienes el tribunal no 

pueda adquirir jurisdicción.

Sin embargo, no será necesario incluir dicha reclamación 

mediante reconvención, si al momento de comenzarse el pleito tal 

reclamación era ya objeto de otro pleito pendiente. 32 L.P.R.A. 

Ap. III R. 11.1; Neca Mortg. Corp v. A&W Dev. S.E. 137 D.P.R. 

860, 866 (1995). A través de dicho mecanismo el tribunal puede 

atender y resolver en una sola acción todas las posibles 

controversias que surgen de unos mismos hechos o que son 

comunes a las partes que coinciden en más de una reclamación. 

Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., supra, a la pág. 867.

III.

En esencia, nos corresponde determinar si a la luz de las 

circunstancias del presente caso se justifica la sanción de la 

desestimación de la demanda. Debemos atender, además, si 

podía el TPI, desestimar un caso en su totalidad estando pendiente 

y trabada una controversia sobre una reconvención presentada 

por el que solicita la desestimación del caso, sin que dicha parte

renunciara expresamente a esa Reconvención, en la escueta 

Moción de Desestimación que presentó al TPI.

A su vez, también tenemos ante nuestra consideración un 

reclamo de la parte apelada que indica que no se debe considerar

presentada la Reconsideración ante el TPI, ello por no haber sido 

firmada como requiere SUMAC y que por lo tanto, la Apelación 

debe desestimarse.

Por ir a nuestra jurisdicción, atendemos dicho 

planteamiento, primeramente. No tiene razón la parte apelada.
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Las garantías de confiabilidad que ofrece el sistema 

denominado SUMAC para autenticar la correcta presentación de 

una Moción por un abogado, van mucho mas allá que colocar una 

f antes del nombre del abogado que presenta el escrito por dicho 

sistema. No vemos aquí nada que implique dudar de la 

autenticidad de la Moción de Reconsideración que presentara a 

través de SUMAC la parte apelante, ante el TPI. Por ello, la Moción 

de Reconsideración estuvo correctamente presentada, aunque 

antes del nombre del abogado que la presentó, no se escribió la f. 

Ese error es uno que, por si solo, no permite que se elimine la 

Moción de Reconsideración. Cónsono con lo anterior, concluímos,

que si tenemos jurisdicción para atender el recurso.

Por otro lado, tenemos una Reconvención, presentada 

juntamente con la Contestación a la Demanda ante el TPI, que a 

su vez fue adecuadamente contestada y ello es un caso separado 

de la demanda original y no la mencionó la parte apelada en su 

reclamo de desestimación ante el TPI. Tampoco la menciona el 

TPI en su Sentencia desestimando el caso. Eso de por sí, no 

permite la Sentencia desestimatoria de todo el caso ante nuestra 

consideración.

El planteamiento medular del Apelante en su recurso, 

respecto a que no procedía la desestimación, como primera

sanción en el caso, es correcto.

El presente recurso surge como resultado de la 

determinación del foro primario de desestimar la demanda que 

había sido presentada por los Peticionarios. El caso comenzó en 

diciembre de 2019 con la presentación de una demanda. Meses 

después comenzó la pandemia mundial causada por el 

denominado COVID-19. Al surgir la misma, en cada rincón del 

Planeta se tomó obligatoriamente una pausa.
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En Puerto Rico, en el 2020, los Tribunales pudimos seguir 

viendo casos gracias a la implantación de múltiples tecnologías 

dentro del mundo de las computadoras que ya conocíamos. La 

velocidad en cada decisión disminuyó y empezaron a tomar más 

tiempo que antes. Ya estamos superando todo eso y volviendo a 

la normalidad anterior.

De las alegaciones de la demanda surge que la parte aquí 

apelante, lleva un tiempo en el Tribunal, con reclamos 

relacionados a un lote de 676.7606 metros cuadrados que 

formaba parte de un predio de mayor cabida, en el cual ubicaba 

el negocio del aquí apelante. Entre las alegaciones surge que, el 

24 de octubre de 2011, el Sr. Gómez suscribió con el Sr. Rivera 

un contrato de opción de compra del terreno a segregarse y en el 

cual ubica un negocio de su propiedad, por el precio de 

$159,000.00. Según las alegaciones, el 19 de julio de 2013, el Sr. 

Gómez saldó el balance pendiente de pago del precio de 

compraventa convenido y el Sr. Rivera le otorgó recibo y carta de 

pago. Además, el Sr. Rivera se comprometió a otorgar la escritura 

de segregación y compraventa de la parcela libre de cargas y 

gravámenes. No sabemos que ha pasado con ese trámite, hoy en 

día. La demanda y la reconvención tratan del tipo de alegaciones 

que usualmente terminan en un Tribual para que las resuelva.

Tanto la demanda como la reconvención merecen ventilarse 

en el Tribunal con todas las garantías requeridas. La inacción de 

ambos reclamantes en este caso, por un periodo único y poco 

mayor a los seis (6) meses, que habla la Regla 39.2(b) de 

Procedimiento Civil, supra, tomando en cuenta la seriedad de la 

demanda y la reconvención, no permite la desestimación de este, 

por dicha inactividad por vez primera en el caso. Las razones que 

expuso el abogado de la parte apelante, ante el TPI, en su 
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cumplimiento a la Orden de Mostrar Causa, nos parecen 

suficientes para evitar la desestimación decretada. 

Del examen del tracto procesal de este caso surge que el 

foro primario nuca impuso una sanción anterior a la desestimación 

del caso al apelante. No encontramos ninguna conducta en el caso

que ameritara ningún apercibimiento al apelante, con anterioridad 

a esta situación que aquí atendemos. El proceder que requiere la 

justicia es exigir a las partes la mayor rigurosidad posible en el 

manejo de esta controversia hasta completar el trámite requerido, 

no la desestimación del caso, el cual se tiene seguir hasta que, en 

un término razonable, se les permita a las partes exponer la 

prueba que tienen en apoyo a sus reclamos y así dirimir las 

controversias.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

Sentencia apelada. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia y se ordena la continuación de los procedimientos, de 

manera compatible con lo aquí dispuesto.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones