Número Identificador

SEN2024 ______________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

PARTIDO NUEVO 

PROGRESISTA

Recurrido

v.

SAMUEL PAGÁN 

CUADRADO

Recurrente

COMISIÓN ESTATAL DE 

ELECCIONES; aspirante

JEAN PAUL CARRILLO 

CÁCERES

Parte interesada

KLRA202400167

REVISIÓN

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

San Juan

Caso Núm:

SJ2024CV02059

Sobre: 

Descalificación de 

Aspirante bajo Art. 

7.5 de Ley 58-2020

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de abril de 2024.

Mediante Recurso de Revisión al Amparo del Código Electoral, 

comparece ante nos, el señor Samuel Pagán Cuadrado (señor

Pagán Cuadrado) y solicita que revoquemos la Sentencia emitida el 

21 de marzo de 2024,

1 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de San Juan (en adelante, TPI). Mediante dicho dictamen, 

el foro primario declaró Ha Lugar la querella sobre descalificación

presentada por el Partido Nuevo Progresista (PNP). En 

consecuencia, ordenó la revocación de la certificación a la 

aspiración del señor Pagán Cuadrado como candidato del PNP al 

cargo de Representante por el Distrito 35.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen apelado.

1 Notificada en igual fecha.
KLRA202400167 2

I.

Según surge del expediente, el 22 de noviembre de 2023, el 

PNP certificó que el señor Pagán Cuadrado cumplió con todos los 

requisitos establecidos en el Reglamento para Radicación de 

Candidaturas y los Procesos de Primarias 2024 y el Reglamento

para Evaluación de Aspirantes a Cargos Públicos por Elección y 

Aspirantes a Posiciones en el Proceso de Reorganización para 

aspirar a la candidatura de Representante por Distrito del Distrito 

Representativo 35. El 28 de diciembre de 2023, el PNP certificó al

señor Pagán Cuadrado como aspirante al aludido cargo, tras 

cumplir con los requisitos de endosos requeridos por la Comisión

Estatal de Elecciones.

Luego de advenir en conocimiento de diversas alegaciones

contra el aspirante certificado por el PNP, el señor Pagán 

Cuadrado, el Comité de Evaluación de Candidatos del mencionado 

partido retomó la evaluación de su idoneidad y, el 9 de febrero de 

2024, emitió un informe al Directorio del organismo político. En 

dicho informe, se hicieron constar las siguientes situaciones por 

las cuales el Comité de Evaluación de Candidatos recomendó que 

el señor Pagán Cuadrado no era idóneo para figurar como

aspirante bajo el PNP:

a. Tener querellas relacionadas al manejo de su 

oficina como representante que involucraron 

alegaciones de hostigamiento sexual;

b. No haber marcado en el formulario presentado con 

anterioridad al Comité que había sido objeto de 

querella o investigación administrativa por asuntos

relacionados a hostigamiento sexual;

c. Tampoco mencionó en su formulario haber sido 

objeto de alguna situación de orden de protección 

en su contra bajo la Ley 54 de 15 de agosto de 

1989, según enmendada.

d. Fue objeto de multas administrativas impuestas 

por la Oficina del Contralor Electoral por 

discrepancias entre recaudos y gastos de campaña 

y someter la evidencia e información pertinente.
KLRA202400167 3

Con la aludida recomendación, el Directorio del PNP 

determinó que el señor Pagán Cuadrado no era idóneo y decidió 

descalificar al aspirante por incumplir con las normas 

reglamentarias de la institución, así como de la Ley Núm. 58-2020, 

infra.

2

Así las cosas, el 29 de febrero de 2024, el PNP presentó una 

querella ante el Tribunal de Primera Instancia contra el señor 

Pagán Cuadrado. En esencia, solicitó la validación de la 

determinación emitida por los organismos directivos del Partido, y,

en consecuencia, la descalificación del señor Pagán Cuadrado de 

figurar como aspirante en las elecciones primaristas del 2 de junio 

de 2024. 

El 8 de marzo de 2024, el señor Pagán Cuadrado contestó la 

querella, mediante la cual admitió algunas alegaciones y negó 

otras. Sustancialmente, adujo que cumplió a cabalidad con los 

reglamentos del PNP y por eso fue debidamente cualificado y 

certificado. Añadió que el Reglamento del PNP adolece de brindar 

un debido proceso de ley en su vertiente procesal a candidatos ya 

cualificados, quienes tienen un interés propietario sobre dicha 

cualificación. Particularizó que el concepto moral discutido en la 

cláusula 92 del Reglamento del PNP era uno sumamente ambiguo, 

subjetivo y arbitrario, por lo que podría imponérsele visos de 

posible anulabilidad. Asimismo, argumentó que el Comité de 

Evaluación de Candidatos no realizó ningún informe y, que, si lo

realizó, no se le notificó. Esbozó que, ni el Directorio, ni el Comité 

de Evaluación de Candidatos de su partido le citó para una vista

administrativa para brindarle la oportunidad de ser escuchado y

presentar evidencia respecto a las alegaciones en su contra

dirigidas hacia una descalificación. Como defensas afirmativas 

alegó, entre otras cosas, falta de las siguientes partes

2 Véase, Certificación de Resultados, Apéndice del recurso, págs. 130-134.
KLRA202400167 4

indispensables: (1) según la Ley Electoral, los demás componentes

que comprenden a la Comisión Estatal de Elecciones y (2) los más 

de 250 electores que lo endosaron.

El mismo 8 de marzo de 2024, el señor Pagán Cuadrado 

solicitó al TPI que dictara sentencia sumaria, denegando la 

solicitud de descalificación de candidato instada por el PNP. En su 

escrito, enumeró 18 hechos sobre los cuales entendía que no 

existía controversia. A su vez, reconoció que, aunque la norma 

prevaleciente en Puerto Rico es que se les brinde deferencia a los 

partidos políticos en cuanto a determinar la idoneidad de un 

candidato que aspira a aparecer en su papeleta, en ciertas 

circunstancias, como las que posee su caso, dicha decisión debía

realizarse en observancia al derecho a un debido proceso de ley al 

que ostenta todo afiliado a una colectividad política ante

determinaciones de esta naturaleza. 

Además, sostuvo que:

(1) la mayoría de los hechos ahí enumerados eran de 

conocimiento de los miembros del Comité 

Evaluador,

(2) otros no tienen que ver con el carácter o moral del 

demandado ya que se refiere a actos de terceros,

(3) otros son hechos respecto a los cuáles se ha 

cualificado positivamente a otros aspirantes y/o 

candidatos que continúan como tal al día de hoy, 

(4) que éste contestó el formulario de aspiración a su 

mejor entender conforme a la redacción de las 

preguntas en el mismo con veracidad y 

transparencia hasta el punto que anotaciones a 

mano explicativas incluyó. 

(5) Que ante el hecho de que la verdad, el error y la 

mentira son criterios subjetivos de intención y/o 

propósito; el Directorio del PNP no podía determinar 

la solicitud de descualificación de candidatura del 

demandado no sin antes brindarle dentro de su 

derecho a un debido proceso de ley, la oportunidad 

de ser escuchado y presentar evidencia que refute 

la antes señalada intención de mentir u ocultar 

información. Ese debido proceso de ley lo podía 

realizar de manera directa el Directorio o en la 

alternativa mediante un oficial examinador o comité 

y/o sub-comité nombrado por el de evaluación.
KLRA202400167 5

Añadió que, una vez cualificado un aspirante, este tenía un 

interés propietario sobre dicha cualificación. Reiteró que no ocultó

información ni le mintió al PNP en la respuesta 49 del Formulario 

para Aspirantes Elecciones Generales 2024 y adujo que su

redacción es vaga y ambigua en exceso. 

En esa dirección, el señor Pagán Cuadrado argumentó que, 

si se le hubiera brindado un debido proceso de ley, se evitaba una 

determinación caprichosa como la emitida por el Directorio del 

PNP. Señaló que las imputaciones en cuestión eran conocidas por 

el PNP cuando originalmente lo cualificó. En la alternativa, alegó 

que, conforme a los hechos irrefutables y evidencia anejada en su 

solicitud de sentencia sumaria: (1) no existe conducta de su parte

que debiera ser considerada como detrimento a las cualificaciones

morales, éticas y/o que menoscaben la confianza del electorado

y/o (2) el PNP cualificó a otros aspirantes o candidatos con 

señalamientos públicos o imputaciones idénticas a las suyas.3

Celebrada una vista argumentativa durante la cual los 

abogados de las partes argumentaron oralmente sus respectivas 

posiciones sobre la querella de referencia, el 13 de marzo de 2024, 

el PNP incoó su moción en respuesta a la solicitud de sentencia 

sumaria.4 Precisó que el caso se sometió a la consideración del

Tribunal con prueba documental estipulada con exclusión de 

cualquier otra prueba. Expuso que el criterio político emitido por el 

Directorio del PNP tras la recomendación del Comité de Evaluación 

de Candidatos no podía ser sustituido por un tribunal de derecho. 

Añadió que, al señor Pagán Cuadrado no revelar información

relevante, en específico, un asunto de orden de protección por 

3 Junto a su solicitud incluyó: declaraciones juradas suscritas por éste el 6 y 7

de marzo de 2024; Formulario para Aspirantes Elecciones Generales 2024; 

certificaciones de la Oficina del Contralor Electoral; certificaciones del PNP; 

Declaración Jurada suscrita por la señora Nancy Malavé Toro, esposa del señor 

Pagán Cuadrado y documentación sobre multas administrativas pendientes de 

pago de la Oficina del Co

ntralor Electoral. Apéndice del recurso, págs. 14-86.

4 Minuta, Apéndice del recurso, págs. 146-148.
KLRA202400167 6

violencia doméstica y otro sobre una reclamación administrativa

por casos de hostigamiento sexual, ello para obtener su 

certificación como candidato, incumplió con la reglamentación

aplicable. Puntualizó que, a raíz de ello, el PNP tenía la potestad en 

ley de descalificarlo por omitir o proveer información falsa. Detalló

que dichos hechos, sumados a un incidente de multas 

relacionadas con las leyes de financiamiento de campañas, 

llevaron al Directorio del PNP a acoger la recomendación del 

Comité de Evaluación de Candidatos de iniciar el proceso de 

descalificación del aspirante.

5

Atendidas las posiciones de ambas partes, el 21 de marzo de 

2024,

6 el Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia bajo 

nuestra consideración. Mediante la misma, declaró Ha Lugar la 

querella presentada por el PNP, y, en consecuencia, ordenó la 

revocación de la certificación a la aspiración del señor Pagán 

Cuadrado como candidato a Representante por Distrito para el 

Distrito Representativo 35.

La prueba documental estipulada evaluada por el TPI fue la 

siguiente:

1. Exhibit 1- Reglamento para evaluación de 

aspirantes a cargos públicos por elección y 

aspirantes a posiciones en el proceso de 

reorganización. 

2. Exhibit 2- Notificación del Directorio para someter a 

votación mediante referéndum la reevaluación de la

certificación emitida por el partido a Samuel Pagán 

Cuadrado. 

3. Exhibit 3- Certificación de resultados. 

4. Exhibit 4- Reglamento Partido Nuevo Progresista. 

5. Exhibit 5- Formulario para aspirantes elecciones 

generales 2024 completado por Pagán Cuadrado. 

6. Exhibit 6- Certificación de cumplimiento de la 

Oficina del Contralor Electoral. 

7. Exhibit 7- Certificado de participación emitido por 

la Oficina del Contralor Electoral. 

5 Apéndice del recurso, págs. 149-158. El 15 de marzo de 2024, el señor Pagán 

Cuadrado instó una Moción con Breve Réplica a Oposición de la Parte 

Querellante.

6 Notificada en igual fecha.
KLRA202400167 7

8. Exhibit 8- Certificación de cumplimiento de 

endosos. 

9. Exhibit 9- Certificación de candidatura de Samuel 

Pagán Cuadrado.

En su pronunciamiento, el foro a quo hizo las siguientes 

determinaciones de hecho, las cuales hacemos formar parte de 

nuestro dictamen:

1. El 22 de noviembre de 2023, el PNP certificó a 

Pagán Cuadrado como aspirante a la candidatura 

de Representante por Distrito para el Distrito 

Representativo 35. 

2. Como parte del proceso de certificación, Pagán 

Cuadrado contestó bajo juramento y presentó el 

“Formulario para Aspirantes Elecciones Generales 

2024” (en adelante, “Formulario”).

3. Pagán Cuadrado marcó un “NO” como contestación 

a la pregunta 46 del Formulario que lee como 

sigue: 

[¿]Se ha visto involucrado en algún incidente 

que envuelva o esté relacionado con actos de 

violencia, como, por ejemplo, pero sin 

limitarse a: agresiones, riñas o peleas, 

motines, revueltas, ¿entre otros?

4. Pagán Cuadrado marcó un “NO” como contestación 

a la pregunta 49 del Formulario que lee como 

sigue:

¿Se ha presentado contra usted alguna 

querella o reclamación administrativa, 

judicial o de naturaleza informal, como, por 

ejemplo, pero sin limitarse a: por 

hostigamiento sexual, hostigamiento laboral, 

“bull[y]ing”, ¿persecución, homofobia, 

xenofobia? De contestar en la afirmativa, en 

papel aparte explique detalladamente, tipo de 

querella, lugar donde se originó y ante que 

Autoridad, fecha, partes, resultado de la 

investigación y si hubo procesamiento formal 

y el resultado. 

5. El Comité Evaluador del PNP emitió una 

comunicación al Directorio del PNP en la que 

señaló, entre otras cosas, que el 17 de mayo de

2018 se radicó una querella contra Pagán 

Cuadrado en la Comisión de Ética de la Cámara de 

Representantes por alegadamente ser testigo de 

alegados actos de hostigamiento sexual; y que en el 

Formulario contestó que no había sido objeto de 

querella o investigación administrativa por asuntos 

relacionados a hostigamiento sexual. 

6. En la misma comunicación, el Comité Evaluador 

del PNP señaló, entre otras cosas, que Pagán 

Cuadrado no mencionó en el Formulario alguna 
KLRA202400167 8

situación de una orden de protección en su contra 

bajo la Ley 54 de 1989, según enmendada. 

7. En la misma comunicación, el Comité Evaluador 

del PNP señaló, entre otras cosas, que Pagán 

Cuadrado tenía un señalamiento en la Oficina del 

Contralor Electoral por discrepancias entre lo 

recaudado y lo gastado y no someter prueba de los

gastos. 

8. En la misma comunicación, el Comité Evaluador 

del PNP indicó que con la información que se tenía 

en la actualidad, Pagán Cuadrado no debe ser 

considerado como candidato idóneo del PNP y debe 

ser descalificado. 

9. El 15 de febrero de 2024, se emitió una 

“Certificación de Resultados” sobre los resultados 

del referéndum llevado a cabo por los miembros del 

Directorio para la reevaluación de la certificación 

emitida por el partido y sobre la idoneidad de 

Pagán Cuadrado. Los resultados fueron de 32 votos 

en contra, 1 voto a favor y 6 abstenidos.

En cuanto al argumento sobre falta de parte indispensable

levantado por el señor Pagán Cuadrado en la contestación a la 

querella, el foro primario concluyó que, tratándose de una acción

que inició y adjudicó el PNP como partido político en torno a la 

candidatura de un ciudadano y elector afiliado que reclamaba

continuar como aspirante para una candidatura bajo el PNP, esta 

pugna era ajena a los demás comisionados de otros partidos 

políticos.

De otro lado, el TPI determinó que, en el formulario para

solicitar ser certificado como aspirante a la candidatura de 

Representante por Distrito para el Distrito Representativo 35, el

señor Pagán Cuadrado dejó de declarar y divulgar información que 

era pertinente para que se llevara a cabo la más completa y cierta 

evaluación de sus calificaciones, carácter y reputación. El Tribunal

entendió que lo antes mencionado constituyó una violación al 

Reglamento aplicable y, conforme con el Artículo 7.5 del Código 

Electoral, procedía su descalificación. Asimismo, el foro a quo

reiteró lo dispuesto por nuestra jurisprudencia con relación a que:

(1) los partidos políticos tienen amplia libertad para seleccionar a
KLRA202400167 9

las personas que habrán de representar públicamente los 

principios básicos de su organización y (2) poseen autonomía en 

cuanto a la determinación de idoneidad de los aspirantes a un 

cargo público electivo bajo su insignia.

Con relación al argumento del señor Pagán Cuadrado sobre

violación del debido proceso de ley, el TPI expresó, en primer 

orden, y citando a McClintock v. Rivera Schatz, 171 DPR 584, 602, 

604 (2007), que el derecho a ser candidato a un cargo electivo, así 

como el de comparecer como asociación en la papeleta electoral, no 

es uno fundamental. Además, el juzgador de los hechos explicó 

que: “De todas maneras, el Código Electoral provee para que antes 

de descalificar a un aspirante, el partido tenga que presentar 

prueba y el aspirante pueda expresarse en cuanto a las 

alegaciones del partido.” Así las cosas, se determinó que no

procedía el argumento de una violación al debido proceso de ley del 

señor Pagán Cuadrado, toda vez que, tanto el Código Electoral,

como el Reglamento para Evaluación de Aspirantes a Cargos 

Públicos por Elección y Aspirantes a Posiciones en el Proceso de 

Reorganización del PNP, proveen el mecanismo apropiado para 

descalificar a un aspirante, entiéndase, presentando una querella 

ante el Tribunal de Primera Instancia, como lo realizó el PNP. El 

TPI enfatizó que el señor Pagán Cuadrado participó en el proceso, 

en el cual tuvo la oportunidad de expresarse y de presentar 

prueba.

Inconforme con la antedicha determinación, el señor Pagán 

Cuadrado recurre ante este foro apelativo intermedio, y le señala al 

TPI la comisión de los siguientes errores:

a. Erró el TPI al sostener el criterio del PNP de 

descalificar al recurrente por alegadamente ocultar 

información al Partido cuando el cuestionario es 

ambiguo en exceso.

b. Erró el TPI al declarar Ha Lugar la solicitud de 

descalificación del Partido contra el recurrente 
KLRA202400167 10

cuando las circunstancias en la que se fundamenta 

la isma han sido identificadas en otros aspirantes 

aun cualificados por el Comité dando paso a una 

aplicación discriminatoria y de aplicación desigual 

de dichos criterios.

c. Siendo el mentir u ocultar información asuntos 

subjetivos e interpretativos del lenguaje utilizado en 

el cuestionario de solicitud de candidaturas erró el 

TPI al concluir al igual que el PNP que el recurrente 

ocultó información que (1) ya sabían y (2) según el 

propio lenguaje de las preguntas una solicitud de 

orden de protección no implica haber estado 

involucrado en acto de violencia doméstica. Por lo 

tanto, el PNP no presentó prueba objetiva alguna

que evidencie intención de mentir u ocultar 

información.

d. Erró el TPI al darle paso a una solicitud del PNP 

cimentada solamente en conjeturas yendo así en 

contra de su propio Reglamento.

e. Erró el TPI al concluir que con solamente emplazar 

a la Presidenta de la Comisión Estatal de 

Elecciones se obtuvo jurisdicción sobre la misma. 

Por lo tanto, la Sentencia es nula al no tenerse 

debidamente emplazada a la CEE, parte 

indispensable en el caso.

El 8 de abril de 2024, el PNP presentó su alegato, por lo que, 

con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, 

procedemos a resolver.

II.

A

Tanto la Constitución de Estados Unidos, como la de Puerto 

Rico, garantizan que a ninguna persona se le privará de su libertad 

o propiedad sin un debido proceso de ley. Enmiendas V y XIV de la 

Const. de Estados Unidos, Art. II, Sec. 7 de la Const. de Puerto 

Rico, LPRA, Tomo 1.

Como es sabido, el debido proceso de ley, como derecho 

fundamental, tiene dos (2) vertientes: la sustantiva y la procesal.

Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364, 394 (2018). La 

sustantiva persigue proteger y salvaguardar los derechos 

fundamentales de la persona, mientras que, en la vertiente 

procesal, el debido proceso de ley exige a los componentes del 
KLRA202400167 11

Estado garantizar que, al interferir con los intereses propietarios 

de una persona, se cumpla con un procedimiento justo y 

equitativo. Román Ortiz v. OGPe, 203 DPR 947, 953 (2020); 

Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 DPR 562, 576 (1992). En

situaciones en que el Estado atente contra el interés propietario o 

libertario de una persona, se deben observar las siguientes 

garantías mínimas: (1) notificación adecuada del proceso; (2) 

proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) 

derecho a contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia 

presentada en su contra; (5) asistencia de abogado, y (6) decisión 

basada en el récord. Román Ortiz v. OGPe, supra, citando a

Fuentes Bonilla v. ELA et al., supra, pág. 395 esc. 75.

En armonía con lo anterior, la libertad de asociación es un 

derecho expresamente reconocido por la Carta de Derechos de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Art. II, Sec. 

6, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 1999, pág. 279. El derecho al 

voto, al igual que la libertad de asociación, comprende el derecho a 

formar y a afiliarse a agrupaciones políticas con la intención de 

participar en el proceso electoral. Ahora bien, aunque los antes

mencionados derechos son de carácter fundamental, éstos no 

constituyen derechos absolutos. P.N.P. v. De Castro Font II, 172 

DPR 883, 893-894 (2007). En ese sentido, la Asamblea Legislativa 

tiene la facultad y la obligación de aprobar aquella reglamentación 

que salvaguarde el derecho al voto y que propenda a la realización 

de un proceso electoral justo, ordenado, libre de fraude, honesto, 

íntegro y democrático. McClintock v. Rivera Schatz, supra, pág.

606.

Cabe destacar que “el derecho a ser candidato a un cargo 

electivo, así como el de comparecer como asociación en la papeleta 

electoral, no son derechos fundamentales”. McClintock v. Rivera 

Schatz, supra, págs. 603-604, citando a P.A.C. v. E.L.A. I, 150 DPR
KLRA202400167 12

359, 372 (2000). Constituye “candidato idóneo” un elector afiliado 

que figure en el registro de miembros afiliados al partido, que 

preste juramento en el que acepte ser postulado como candidato y 

acatar el reglamento de su partido, y que cumpla tanto con los 

requisitos constitucionales aplicables al cargo como con los otros 

requisitos formales. P.N.P. v. De Castro Font II, supra, pág. 896. No 

obstante, en armonía con la libertad de asociación, la regulación 

estatutaria vigente permite exigir a los afiliados la aceptación y el 

cumplimiento con los reglamentos y el programa de gobierno del 

partido político como requisito para la afiliación. Íd., pág. 897. A su 

vez, es reconocido que los partidos, para adelantar adecuadamente 

sus objetivos, están facultados para identificar quiénes deben 

formar parte de su membresía, así como deben tener la potestad 

de disciplinar y expulsar a quienes se aparten de sus criterios de 

asociación. McClintock Hernández v. Rivera Schatz, supra, pág. 

602.

Para denegar una solicitud de afiliación o calificación de un 

aspirante a primarias que ha cumplido con los requisitos formales 

antes discutidos, el órgano rector del partido debe adoptar como 

criterio, por lo tanto, la existencia de manifestaciones o conductas 

del solicitante que muestren intenciones incompatibles con el 

programa y el reglamento de la agrupación política. P.N.P. v. De 

Castro Font II, supra, pág. 899.

En casos de esta naturaleza, la autoridad de los tribunales 

se activa solo en situaciones excepcionales, como cuando los

reglamentos de un partido político disponen requisitos que 

desprecien el principio constitucional de no discriminación o de 

igual protección, como los que tengan por fundamento la raza o 

género, o que quebranten el principio democrático que permea 

todo el esquema estatutario relacionado al proceso electoral P.N.P.

v. De Castro Font II, supra, pág. 899.
KLRA202400167 13

B.

El Artículo 7.2 de la Ley Núm. 58-2020, 16 LPRA sec. 4612, 

mejor conocida como el Código Electoral de Puerto Rico de 2020

(Código Electoral de 2020), dispone, en lo pertinente, que los 

Partidos Políticos podrán reglamentar los requisitos internos para 

que sus afiliados puedan aspirar a un cargo en su reorganización 

interna o aspirar en primarias a la candidatura de un cargo 

público electivo. Además, especifica los requisitos legales para que 

el Aspirante nominado por un Partido Político o el ciudadano 

independiente no afiliado puedan ser calificados como Candidatos 

a cargos públicos electivos.

En particular, el inciso (5)(g) del Art. 7.2 del Código Electoral 

de 2020 explica que:

(g) Toda persona que desee aspirar a una candidatura 

para un cargo público electivo por un Partido 

Político deberá, además, cumplir con los requisitos 

que establezca su Partido Político. Estos requisitos 

deberán ser aplicados y exigidos uniformemente a 

todas las personas que presenten su intención de 

aspirar a una candidatura por su Partido Político y

no podrán ser alterados retroactivamente luego de 

abrirse el período para la presentación de 

intenciones de candidaturas, ni podrá contravenir 

lo dispuesto en esta Ley.

A su vez, el Art. 7.5 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA

sec. 4615, versa sobre la descalificación de aspirantes y 

candidatos. Este expone que:

Cualquier Aspirante o Candidato nominado 

podrá ser descalificado como tal, por el Tribunal de 

Primera Instancia, cuando medie querella porque no 

cumple con los requisitos impuestos por la 

Constitución o la ley, o cuando se demostrare que ha 

violado cualesquiera de las disposiciones de esta Ley o 

de sus reglamentos.

El Aspirante o Candidato impugnado deberá 

contestar bajo juramento dicha querella, dentro de los 

diez (10) días siguientes de haber sido notificada.

Si el Tribunal de Primera Instancia, designado 

de conformidad con el Capítulo XIII de esta Ley, 

encontrare que de las alegaciones surge una 

controversia real, deberá citar a vista a ser realizada 

dentro de los diez (10) días de haber el querellado 

presentado su contestación. Dicho término podrá ser 
KLRA202400167 14

reducido por el Tribunal de Primera Instancia, según 

lo requieran las circunstancias del caso.

Cónsono con lo anterior, el Art. 7.6 del Código Electoral de 

2020, 16 LPRA sec. 4616, concede a un partido político la potestad 

de rechazar la intención de aspiración primarista de una persona o 

su candidatura a cargo público por las siguientes razones:

(a) Que la persona no ha cumplido con los requisitos 

establecidos en esta Ley y/o los reglamentos de 

primarias aprobados por la Comisión o por el

Partido Político concernido.

(b) Que la persona ha violado cualquiera de las 

disposiciones de esta Ley, de la Ley 222- 2011, 

según enmendada, conocida como “Ley para la 

Fiscalización del Financiamiento de Campañas 

Políticas en Puerto Rico”, o de algún reglamento 

promulgado conforme a estas leyes o del Partido 

Político concernido, con especificación de la sección 

incumplida.

(c) Que la persona no cumple con alguna disposición 

constitucional.

No obstante, las mencionadas razones, ningún Partido 

Político podrá incorporar una disposición ex post facto 

a sus reglamentos para considerarla como la causal de 

este tipo de descalificación.

C.

En virtud de lo anterior, el PNP promulgó sus normas 

internas mediante el Reglamento del Partido Nuevo Progresista

(Reglamento del PNP), aprobado el 20 de marzo de 2022 y el 

Reglamento para Evaluación de Aspirantes a Cargos Públicos por 

Elección y Aspirantes a Posiciones en el Proceso de Reorganización

(Reglamento para Evaluación de Aspirantes del PNP), aprobado el 

14 de septiembre de 2023. 

En lo concerniente al asunto que hoy atendemos, el Art. 69 

del Reglamento del PNP dispone que: el presidente del Partido 

nombrará un Comité de Evaluación de Candidatos para justipreciar

los méritos y requisitos de los aspirantes a cargos públicos por 

elección, a los/as aspirantes a Presidentes/as, Vicepresidentes/as 

Municipales o Precíntales y a los/as Presidentes/as y 
KLRA202400167 15

Vicepresidentes/as de los Organismos Estatales que vayan a 

elección. El aludido Comité tendrá la facultad para evaluar y pasar 

juicio sobre la idoneidad de cualquier aspirante o candidato en 

términos de su conducta, historial y circunstancias, de tal modo 

que se asegure que ninguna aspiración o candidatura resulte 

lesiva a los mejores intereses del Partido y de Puerto Rico. De igual 

forma, el Directorio podría referir ante su consideración cualquier 

querella, queja o asunto que se presente contra un miembro del 

Partido. Las recomendaciones de las evaluaciones realizadas por 

este Comité serán sometidas al Directorio, quien siempre tomará la 

determinación final.

De otro lado, la Sección 4.3 del Reglamento para Evaluación 

de Aspirantes del PNP expone que el Directorio del Partido podrá, 

en cualquier momento antes de una elección, no cualificar, a un 

candidato de advenir en conocimiento que el aspirante ocultó 

información que debió haber incluido en el formulario de aspirar o 

que dio información falsa o que tuvo conocimiento o información

detrimental o perniciosa sobre el carácter o las costumbres del 

aspirante.

III.

Por estar estrechamente relacionados, discutiremos los 

primeros cuatro (4) señalamientos de error de manera conjunta.

En síntesis, el señor Pagán Cuadrado argumenta que la 

determinación del TPI dio paso a una decisión del organismo rector 

del PNP y su Directorio, arbitraria y carente de fundamento. Por 

tanto, entiende que la misma no merece deferencia por parte de los 

tribunales. Específicamente, alega que el Reglamento del PNP no

contiene disposición alguna que provea un procedimiento interno

para descalificar candidatos, previo a acudir a los tribunales a

solicitar un remedio a base de los Arts. 7.5 y 7.6 del Código 

Electoral de 2020. Precisa que el PNP no sustentó con prueba 
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robusta la conclusión de que este les mintió u ocultó información.

Sostiene que la decisión de descalificarlo es arbitraria y debe

mirarse con suspicacia. 

Asimismo, el señor Pagán Cuadrado aduce que el PNP no lo 

entrevistó, ni lo citó a explicar sus respuestas en el formulario 

concernido sobre lo relacionado a una querella de hostigamiento 

sexual y las demás alegaciones, por lo que su expediente y querella 

estuvieron huérfanos de evidencia que probara la intención de 

mentir. Ante ello, esboza que la decisión del PNP de descalificarlo

fue caprichosa, meramente especulativa y/o producto de 

conjeturas. Destaca que el organismo de su partido lo discriminó y 

utilizó como “chivo expiatorio”. Más aún, expone que el PNP falló

en refutar sus alegaciones de que las respuestas en el cuestionario 

se debieron a un error, por ser, a su entender, las preguntas en 

cuestión ambiguas en exceso. Por su parte, el PNP está de acuerdo 

con la Sentencia del TPI y resalta que no actuó caprichosa o 

discriminatoriamente al tomar la decisión de descalificar al señor

Pagán Cuadrado. Arguye que el criterio del Partido no debe ser 

sustituido por el del Tribunal.

Según expuesto, la vertiente procesal del debido proceso de 

ley exige a los componentes del Estado garantizar que, al interferir 

con los intereses propietarios de una persona, se cumpla con un 

procedimiento justo y equitativo. Román Ortiz v. OGPe, supra. En 

ese sentido, el señor Pagán Cuadrado entiende que posee un 

interés propietario sobre su cualificación de candidato al cargo 

concernido. No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

establecido que el derecho a ser candidato a un cargo electivo, así 

como el de comparecer como asociación en la papeleta electoral, no 

son derechos fundamentales. McClintock v. Rivera Schatz, supra, 

págs. 603-604. El Código Electoral de 2020 confiere al elector un 

derecho estatutario a que se le considere por el organismo directivo
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para ser nominado como aspirante en primaria a cualquier cargo 

público electivo, siempre que sea un aspirante calificado porque 

cumple con los requisitos de esta Ley, sus reglamentos y los 

reglamentos del partido, no a que se le nomine como aspirante. Art. 

7.10 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4620; P.N.P. v. De 

Castro Font II, supra, pág. 896.

Analizado el expediente del caso de autos, es claro que, a 

finales del 2023, el PNP certificó la candidatura del señor Pagán 

Cuadrado. Sin embargo, tras advenir en conocimiento de ciertos 

acontecimientos e incongruencias con las respuestas vertidas por 

el candidato en el formulario atañido, el Comité de Evaluación de 

Candidatos del PNP retomó la evaluación de su expediente y, 

recomendó al Directorio que procedía la descalificación del señor 

Pagán Cuadrado como aspirante a Representante por el Distrito 35

bajo la insignia del PNP.

En el presente caso, el Directorio del PNP tomó la decisión de 

iniciar los procesos de descalificación del señor Pagán Cuadrado

como aspirante para la mencionada candidatura. Los fundamentos 

para tal proceder fueron los siguientes:

[...]

b. Para mediado[s] del mes de mayo en o alrededor del

17 de mayo de 2018 el empleado, Luis Hiram 

Delgado Rivera, subcontratado por International 

Legislative and Consulting Group del Sr. Isoel 

Sánchez, radicó una querella contra el 

Representante Pagán en la Comisión de Ética de la 

Cámara de Representantes por alegadamente ser 

testigo de alegados actos de hostigamiento sexual 

por parte de la esposa del representante Samuel

Pagán en la Oficina del Legislador.

c. Que en su formulario para su aspiración en la 

pregunta 49 le informó al Comité que no había sido 

objeto de querella o investigación administrativa 

por asuntos relacionados a hostigamiento sexual.

d. Que tampoco mencionó en su formulario alguna 

situación de una orden de protección en su contra 

bajo la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, según 

enmendada.
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e. También tenía señalamiento de su campaña en la 

Oficina del Contralor Electoral por discrepancia 

entre lo recaudado y lo gastado y no someter la 

prueba de los gastos, entiéndase recibos de lo 

contratado o comprado, tampoco definía lo que era 

donativo en especie o donativo pecuniario. No 

llevaba contabilidad de lo recaudado o donado.

f. Conforme a los señalamientos y no tener la prueba 

que sostuviese sus alegaciones llegó a un acuerdo 

de plan de pago de las multas impuesta por la 

Oficina del Contralor Electoral.

g. Para el 28 de mayo de 2018 el aspirante renunció a 

su escaño en la Cámara de Representantes 

obtenido bajo el PNP.

h. Que el Comité Evaluador sostiene que con la

información que se tiene en la actualidad no debe 

ser considerado como candidato idóneo del PNP y 

debe ser descalificado.

Asimismo, el Código Electoral establece diáfanamente que, 

para poder aspirar a un cargo público electivo, es necesario que el 

aspirante esté calificado. En ese caso, sabido es que los partidos 

políticos tienen la potestad de crear las reglas que regirán la

operación de dicho organismo y, en esa encomienda, detallar qué

se considera un candidato idóneo para correr bajo su insignia en 

unas elecciones. Si el aspirante no cumple con los requisitos 

establecidos en el Código Electoral y/o los reglamentos 

promulgados por el Partido Político, esté último podrá rechazar la 

intención de aspiración primarista de una persona o su

candidatura a cargo público.

En el caso de epígrafe, el Directorio del PNP decidió que

procedía descalificar al señor Pagán Cuadrado, por entender que

no reunía las características para ser un candidato idóneo del 

partido. Ello, toda vez que actuó en contra del propósito del 

proceso de evaluación, al incluir bajo juramento información falsa

en formulario aplicable. El Partido entendió que lo anterior fue un 

intento del señor Pagán Cuadrado de privarle la oportunidad de 

evaluar la idoneidad del aspirante. Así, colegimos que la actuación

del PNP es viable bajo los términos de los reglamentos 
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promulgados por dicho organismo político. El PNP decidió 

descalificarlo por incumplir con el reglamento del partido 

concerniente, según lo permite el Art. 7.6 del Código Electoral de 

2020, supra.

Además, estamos de acuerdo con la expresión del foro 

primario en cuanto a que el señor Pagán Cuadrado tuvo la 

oportunidad de comparecer y expresar sus alegaciones durante el 

trámite acontecido en el Tribunal. Por ello, no hallamos

quebrantamiento alguno a su debido proceso de ley.

Mediante su quinto señalamiento de error, el señor Pagán

Cuadrado esgrime de forma sucinta que la Comisión Estatal de 

Elecciones es una parte indispensable en este pleito, por lo que la 

sentencia apelada es nula por carecer de jurisdicción sobre dicha 

Comisión. Añade que la descalificación solicitada por el PNP por la 

vía judicial tiene como consecuencia una directriz dirigida a la 

Comisión Estatal de Elecciones para ordenar la implementación de 

descalificación. No tiene razón. Como bien concluyó el foro de 

instancia, este caso versa sobre una acción que inició y adjudicó el 

propio PNP como partido político en torno a la candidatura de un 

ciudadano y elector afiliado que reclama continuar como aspirante 

para una candidatura. Por tanto, en esta etapa de los 

procedimientos, esta pugna era ajena a los demás comisionados de 

otros partidos políticos.

En suma, los errores señalados por el señor Pagán Cuadrado

no se cometieron. En ausencia de pasión, prejuicio o parcialidad, 

coincidimos con lo pronunciado por el Tribunal de Primera 

Instancia en su determinación. Procede confirmar la determinación 

apelada.

IV.

En virtud de lo anteriormente expresado, confirmamos la 

Sentencia impugnada.
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Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones