Número Identificador

SEN2024 __________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

AIXA PASTOR 

CANALES

Apelante

v.

Dr. CARLOS MELLADO 

y OTROS

Apelados

KLAN202300934

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San Juan

Civil Núm.:

SJ2022CV10670

Sobre:

Derecho Laboral, 

Discrimen, Represalia e 

Injunction Permanente

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2024.

La señora Aixa Pastor Canales (apelante) acude ante nos 

mediante recurso de apelación y solicita que revoquemos la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, (TPI) el 26 de septiembre de 2023. Mediante 

la misma, el foro primario convirtió la moción de desestimación

presentada por la Administración de Servicios Médicos de Puerto 

Rico (ASEM o parte apelada) en una solicitud de sentencia sumaria 

y la declaró ha lugar. Así, el TPI dictó sentencia sumaria a favor de 

la ASEM y desestimó la demanda de epígrafe.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada.

I.

Según surge del expediente, los hechos que originan la 

presente causa se remontan a abril de 2022, cuando la ASEM le 

notificó a la señora Pastor Canales, quien se desempeñaba como 

técnico quirúrgico, el inicio de una acción disciplinaria en su contra 
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por incurrir en varias faltas de las Normas de Conducta y Medidas 

Disciplinarias. Específicamente, por arrojar un resultado positivo de 

sustancias controladas prohibidas a funcionarios y empleados en 

puestos sensitivos, así como por rehusarse a participar del 

programa de orientación, tratamiento y rehabilitación requerido por 

el patrono. 

El 27 de abril de 2022 se celebró una vista ante el Oficial 

Examinador, a la cual compareció la señora Pastor Canales 

acompañada por la representante sindical de la Unión General de 

Trabajadores a la cual pertenecía, la señora Zaida Cancel. También 

estuvo presente la ASEM, representada por la licenciada Ivonne 

Cruz Serrano, la directora asociada de relaciones laborales y la 

funcionaria de enlace de la agencia. 

Del Informe del Oficial Examinador se desprende que la ASEM 

presentó la siguiente prueba documental: Normas de Conducta y 

Medidas Disciplinarias de la Administración de Servicios Médicos de 

Puerto Rico; Reglamento del Programa de Pruebas para la Detección 

de Sustancias Controladas en Funcionarios y Empleados dela 

ASEM; hoja de descripción del puesto y cuestionario de clasificación 

de la empleada Aixa Pastor Canales; Certificación de Documentos 

entregados a empleados nuevos unionados firmado por la empleada; 

Estipulación sobre la Política del Programa Permanente para la 

Detección de Sustancias Controladas firmada por la empleada; 

documento relacionado con la toma de muestras especiales 

ponchada el 7 de abril de 2022; comunicación fechada 12 de abril 

de 2022; notificación de recomendación de acción disciplinaria y 

recomendación de medida disciplinaria. Además, la ASEM presentó 

el testimonio de la funcionaria del Programa de Sustancias 

Controladas.

A raíz de lo anterior, el 10 de mayo de 2022, las partes 

suscribieron una Estipulación de Transacción por Renuncia de 
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Empleada. En este documento, convinieron transigir el pleito, sin 

que ello implicara la aceptación alguna de incumplimiento de 

reglamento alguno y/o negligencia por parte de la ASEM. Asimismo, 

se esbozó que la transacción consistía en que la ASEM aceptaba la 

renuncia irrevocable de la señora Pastor Canales al puesto que

ocupaba de técnico quirúrgico “por motivo de otro empleo”. Además, 

la señora Pastor Canales aceptó y entendió que eran correctos los 

cargos formulados en su contra y que fue advertida de que éstos 

permanecerían en su expediente de empleado que obra en la oficina

de Recursos Humanos de la ASEM. En lo pertinente, el acuerdo 

expuso lo siguiente:

[...]

10. La empleada Aixa Pastor Canales y la unión (UGT) 

aceptan los acuerdos dispuestos en la presente 

estipulación, y, por consiguiente, renuncian a todas 

aquellas reclamaciones de naturaleza contractual, 

extracontractual, laboral, o de cualquier otra índole y 

que hayan sido alegadas por dicha parte contra la 

ASEM, sus empleados, agentes, supervisores, 

directores y contratistas. Del mismo modo, la 

empleada y la unión renuncian a cualquier causa de 

acción de naturaleza contractual, extracontractual, 

laboral o de cualquier otra índole, contra la ASEM, 

sus empleados, agentes, supervisores, directores y 

contratistas, que surjan como consecuencia de los 

hechos que dieron lugar al presente caso. (Énfasis 

nuestro).

11. Una vez acordado y firmada la presente estipulación, 

y cumplido el compromiso de la Administración de 

Servicios Médicos de Puerto Rico, según las 

condiciones redactadas en la presente estipulación, 

la empleada y la unión desistirán con perjuicio de 

sus causas de acción de cualquier índole, sean estas

pasadas, presentes y futuras que pudiera tener 

contra la ASEM. (Énfasis nuestro).

12. La aceptación de la empleada del presente acuerdo se 

entenderá como una voluntaria, libre de coacción o 

represalias.

[...]

Por entender que la aludida estipulación no era lesiva al 

interés de la ASEM, ni al interés público, el Oficial Examinador 

recomendó que se diera por concluido el procedimiento y se 
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ordenara a las partes al estricto cumplimiento de sus términos y 

condiciones. Posteriormente, el director ejecutivo de la ASEM, como 

la autoridad nominadora, aprobó el mencionado informe. 

A pesar del antedicho acuerdo, el 12 de noviembre de 2022, 

la señora Pastor Canales incoó una Demanda sobre discrimen, 

represalias e injunction permanente, en contra de la ASEM. Alegó 

que es paciente de cannabis medicinal con una licencia debidamente 

expedida por el Departamento de Salud de Puerto Rico. Añadió que 

trabajó para la ASEM por 14 años y que, en el 2022, se le formularon 

cargos por arrojar positivo a THC, un componente de cannabis, en 

una prueba de drogas. Ante ello, la señora Pastor Canales arguyó 

que, para evitar ser despedida, el patrono le sugirió dejar su

tratamiento médico, acogerse a un programa de orientación contra 

consumo de drogas y someterse a un procedimiento antidrogas, a lo 

cual se negó. Además, manifestó en su demanda que la ASEM le 

informó que sería destituida, no sin antes ofrecerle renunciar a su 

empleo si firmaba una estipulación.

Asimismo, la señora Pastor Canales alegó que aceptó la 

estipulación, pero no estuvo representada legalmente, ni antes, ni 

durante su firma. Adujo que fue forzada a dicho acto y discriminada 

por razón de salud. Entre otros remedios, solicitó el pago de la 

indemnización del doble de los daños que demostrara, reinstalación

a su empleo y que se expidiera una orden de cese y desista contra 

la ASEM de violar las leyes vigentes.

1

En atención a lo anterior, el 13 de abril de 2023, la ASEM

instó una Moción Solicitando la Desestimación de la Demanda al 

Amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, en la cual

enumeró 12 hechos materiales sobre los cuales entendía que no 

existía controversia y solicitó al tribunal que considerara su moción 

1 Apéndice del recurso, págs. 27-36.
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como una de sentencia sumaria. Particularizó que procedía 

desestimar la demanda de referencia por los siguientes 

fundamentos:

A. La demandante está impedida por sus propios actos de 

presentar una reclamación contraria a las 

representaciones que incluyó en la estipulación 

transaccional que suscribió con la ASEM.

B. Como Técnica Quirúrgica en el área de Servicios 

Quirúrgicos de la ASEM, la demandante ocupaba un 

puesto clasificado como “sensitivo” bajo la Ley Núm. 78 

de 14 de agosto de 1997 (Ley para Reglamentar las 

Pruebas para la Detección de Sustancias Controladas 

en el Empleo en el Sector Público), 3 L.P.R.A. Sec. 2501 

(k) (Ley 78-1997), que la exponía ser destituida de su 

puesto si teniendo un resultado positivo a alguna 

sustancia controlada la demandante se rehusaba a 

participar en el programa de rehabilitación adoptado 

por la ASEM.

C. La demandante no es acreedora a la protección de 

empleo dispuesta en la Ley Núm. 42 de 9 de julio de 

2017, según enmendada (Ley Medicinal), 24 L.P.R.A. 

Sec. 2626e-1, por cuanto al estar ocupando un puesto 

clasificado como “sensitivo” bajo la Ley 78-1997, el uso 

de una sustancia controlada, como lo es el Cannabis, 

interfiere con su desempeño y funciones esenciales de 

su trabajo.

D. Toda vez que la protección de empleo que provee la Ley 

Medicinal está sujeta a la condición de que la utilización 

del Cannabis no interfiera con el desempeño y 

funciones esenciales del trabajo de la demandante, 24 

L.P.R.A. Sec. 2626e-1 ( C ), quien ocupaba un puesto 

clasificado por la Ley 78-1997 como “sensitivo” por 

participar directamente en la prestación de servicios 

médicos, la estipulación transaccional que suscribió la 

demandante con la ASEM no es nula pues no es 

contraria a la ley ni al orden público.

2

Por su parte, la señora Pastor Canales presentó su Oposición 

a Moción de Desestimación de la Demanda. En su comparecencia,

admitió algunos hechos propuestos sobre los cuales la ASEM 

entendía que no existía controversia y negó otros. A su vez,

argumentó que en el presente caso no concurrían los elementos 

necesarios para la desestimación de la demanda, ni para que se 

2 A la mencionada moción, la ASEM anejó: Notificación Recomendación Acción 

Disciplinaria; Recomendación para Aplicación de Medida Disciplinaria; 

Estipulación de Transacción por Renuncia de Empleada; Informe del Oficial 

Examinador y Reglamento del Programa de Pruebas para la Detección de 

Sustancias Contraladas en Funcionarios y Empleados de la Administración de 

Servicios Médicos de Puerto Rico. Íd., págs. 37-82.
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dictara sentencia sumaria. En esencia, alegó que, de la prueba 

sometida por la ASEM surgía claramente que la única razón para la 

formulación de cargos, la estipulación y la terminación de empleo

fue el resultado positivo al uso de cannabis. En ese sentido, arguyó

que nunca se le imputó pobre desempeño en sus labores o poner en 

riesgo la vida de algún paciente, como tampoco se hizo referencia a 

que las funciones esenciales que ofrece su puesto fueron afectadas. 

Por tanto, sostuvo que no existía fundamento alguno para concluir 

que no estaba protegida por las disposiciones de la Ley Núm. 42-

2017. En conclusión, adujo que, si el TPI concedía la moción de 

desestimación, se le despojaría de derechos adquiridos (como la 

licencia para el uso del cannabis) y de su derecho a seleccionar el 

tratamiento médico más beneficioso para su salud. Puntualizó que

procedía declarar nula e ineficaz la estipulación pactada con la 

ASEM y continuar con los procedimientos.3

Considerado todo lo anterior, el 26 de septiembre de 2023 el 

TPI dictó la Sentencia aquí en cuestión. Según adelantado, el foro 

juzgador convirtió la moción de desestimación presentada por la 

ASEM en una solicitud de sentencia sumaria y la declaró ha lugar. 

Consecuentemente, el TPI dictó sentencia sumaria a favor de la 

ASEM y desestimó la demanda de epígrafe. En su análisis, el 

Tribunal concluyó que la señora Pastor Canales no logró establecer 

la existencia de una controversia real sustancial sobre ninguno de 

los hechos propuestos como incontrovertidos por la ASEM. En 

síntesis, el foro primario expresó que la controversia ante su 

consideración se reducía a la determinación del derecho aplicable a 

la reclamación de la señora Pastor Canales, en materia de 

transacción judicial. Así, expuso que, por ser una cuestión de 

3 Apéndice del recurso, págs. 166-314.
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derechos, ésta era susceptible de ser adjudicada al amparo de la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 36

El TPI coligió que, contrario a la interpretación de la señora 

Pastor Canales, en la estipulación transaccional suscrita con la 

ASEM existían concesiones recíprocas. Específicamente, sostuvo 

que la señora Pastor Canales aceptó que, a cambio de su renuncia, 

no sería destituida de su empleo. Asimismo, estableció que, como 

parte del acuerdo transaccional, ésta aceptó los cargos formulados 

en su contra y renunció a todas las reclamaciones de naturaleza 

contractual, extracontractual, laboral o de cualquier otra índole que 

surgieran como consecuencia de los hechos que dieron lugar al 

procedimiento disciplinario.

Con un enfoque en la doctrina de los actos propios y el 

principio de la libertad de contratación, el foro a quo concluyó que 

la señora Pastor Canales estaba impedida de impugnar la 

Estipulación de Transacción por Renuncia de Empleada que suscribió 

como consecuencia de la acción disciplinaria iniciada en su contra. 

Hizo hincapié en que dicho documento tenía el efecto de cosa 

juzgada. El tribunal sentenciador también indicó que la estipulación 

atañida no adolecía de falta de causa, no era el resultado de fraude 

o dolo, no era contraria a la ley o el orden público, como tampoco se 

alegó que en el proceso de firmar el acuerdo medió error, dolo, 

violencia o intimidación. Por último, el foro primario expresó que la 

señora Pastor Canales renunció libre, voluntaria e informadamente 

a presentar las causas de acción que acumuló en la demanda de 

epígrafe.

4

Insatisfecha, la señora Pastor Canales acude ante nos y alega 

que el TPI cometió los siguientes errores: 

PRIMERO - Erró el Tribunal al no considerar las 

alegaciones no controvertidas de la Demanda y al hacer 

determinaciones de hecho contrarias a las mismas.

4 Id., págs. 106-118.
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SEGUNDO - Erró el Tribunal al concluir que la 

Estipulación Transaccional es válida y obligatoria sin 

estar presentes los requisitos esenciales para su validez 

y sin contar con la aprobación del Secretario del 

Trabajo.

TERCERO - Erró el Tribunal al concluir que la Apelante 

ocupaba un puesto "sensitivo", ausente evidencia 

alguna a tales efectos.

El 14 de noviembre de 2023, la ASEM compareció mediante 

Moción Solicitando Desestimación de la Apelación y Alegato de la 

Apelada Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico. Con el 

beneficio de la comparecencia de todas las partes, procedemos a 

resolver.

II.

A.

La Regla 36 de Procedimiento Civil dispone el mecanismo 

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 LPRA, Ap. 

V, R. 36; Oriental Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103, resuelto 

el 23 de agosto de 2023. El propósito principal de este mecanismo 

procesal es propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios 

civiles que no presentan controversias genuinas de hechos 

materiales, por lo que puede prescindirse del juicio plenario. Adorno 

v. Foot Locker Retail, 208 DPR 622 (2022); Rivera Matos et al. v. 

Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1024 (2020); González Santiago v. 

Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 290 (2019); Meléndez González et 

al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015). Los tribunales pueden 

dictar sentencia sumaria respecto a una parte de una reclamación 

o sobre la totalidad de esta. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1; Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra. La sentencia sumaria procederá 

si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se 

presente, si alguna, demuestran que no hay controversia real y 

sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como 
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cuestión de derecho, procede hacerlo. Véase, S.L.G. Zapata Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 213-214 (2010).

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1; Zambrana García v. ELA et al., 204 DPR 328, 341-

342 (2020). La controversia sobre los hechos esenciales que genera 

el litigio tiene que ser real, no especulativa o abstracta. Es decir, 

tiene que ser de tal naturaleza que permita concluir que existe una 

controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214; 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110.

Por su parte, le corresponde a la parte promovida refutar 

dicha moción a través de declaraciones juradas u otra 

documentación que apoye su posición. Esto es, la parte que se 

opone debe proveer evidencia sustancial de los hechos materiales 

que están en disputa que demuestren que existe una controversia 

real que debe ser dilucidada en un juicio. Si no lo hace se dictará en 

su contra la sentencia sumaria si procediere. Luan Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665-666 (2000). Ahora, el hecho 

de no oponerse a la solicitud de sentencia sumaria no implica 

necesariamente que ésta proceda si existe una controversia legítima 

sobre un hecho material. Sin embargo, el demandante no puede 

descansar en las aseveraciones generales de su demanda, “sino que, 

a tenor con la Regla 36.5, estará obligada a ‘demostrar que [tiene] 

prueba para sustanciar sus alegaciones'”. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 215, citando a Flores v. Municipio de Caguas, 114 DPR 

521, 525 (1983).
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Nuestro estado de derecho les exige a los tribunales que, 

independientemente de cómo resuelvan una moción de sentencia 

sumaria, emitan una lista de los hechos que encontró que no están 

en controversia en el pleito y los que sí lo están. Meléndez González 

et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 117. Al evaluar la solicitud 

de sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando 

la sentencia sumaria, los incluidos con la moción en oposición y 

aquellos que obren en el expediente judicial y; (2) determinar si el 

oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de 

la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 

DPR 881, 913-914 (1994). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que, casos en los cuales existan elementos subjetivos, de 

intención, propósitos mentales o negligencia o cuando el factor de 

credibilidad sea esencial, no es apropiado dictar sentencia sumaria.

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico estableció el estándar de revisión que debe 

utilizar este foro apelativo intermedio al revisar denegatorias o 

concesiones de mociones de sentencia sumaria. Conforme a ello, 

debemos utilizar los mismos criterios que los tribunales de primera 

instancia al determinar si procede dictar sumariamente una 

sentencia. En esta tarea sólo podemos considerar los documentos 

que se presentaron ante el foro de primera instancia y determinar si 

existe o no alguna controversia genuina de hechos pertinentes y 

esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. La labor de 

adjudicar los hechos relevantes y esenciales en disputa le 

corresponde únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio 

de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). 

Finalmente, debemos revisar de novo si el Tribunal de Primera 
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Instancia aplicó correctamente el derecho a la 

controversia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 

119. Véase, además, Acevedo Arocho y otros v. Departamento de 

Hacienda de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 80, resuelto el 26 de 

junio de 2023.

B.

En Puerto Rico existe el principio de la libertad de 

contratación. Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173 

(2011). El contrato es el negocio jurídico bilateral por el cual dos (2)

o más partes expresan su consentimiento en la forma prevista por 

la ley, para crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. 

Artículo 1230 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 

9751.

El contrato queda perfeccionado desde que las partes 

manifiestan su consentimiento sobre el objeto y la causa, salvo en 

los casos en que se requiere el cumplimiento de una formalidad 

solemne o cuando se pacta una condición suspensiva. Existe 

consentimiento por el concurso de la oferta y de la aceptación 

cuando el oferente recibe la aceptación. Artículos 1237 y 1238 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 9971 y 9772. 

El objeto del negocio jurídico debe ser determinable. No 

pueden ser objeto del negocio jurídico los hechos de realización 

imposible, ilícitos, inmorales, contrarios al orden público, a las 

buenas costumbres, o lesivos de derechos de terceros. Artículo 269 

del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 6131. Existe 

consentimiento por el concurso de la oferta y de la aceptación 

cuando el oferente recibe la aceptación.

No obstante, ante la inexistencia de alguno de los requisitos 

antes mencionados, el contrato podrá ser nulo o anulable. El 

causante del dolo, la violencia o la intimidación queda sujeto a la 

indemnización de los daños y perjuicios resultantes. La prueba de 
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la existencia del vicio y de su carácter incumbe a quien lo alega. 

Artículo 285 y 286 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA 

sec. 6191 y 6192.

Es a partir del perfeccionamiento de un contrato, que las 

partes quedan obligadas al cumplimiento de lo expresamente 

pactado y a las consecuencias que se deriven de éste, ello conforme 

a la buena fe, al uso y a la ley. Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 19 

(2005). Cuando un contrato es legal, válido y carente de vicios del 

consentimiento, constituye la ley entre las partes y debe cumplirse 

a tenor de éste. Íd. La persona que de cualquier modo contraviene 

el tenor de su obligación, debe indemnizar los daños y perjuicios 

causados. Artículo 1158 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9303.

Debe tenerse presente que el principio de la autonomía 

contractual no es irrestricto y está sujeto a la intervención de los 

tribunales. Empero, esas intervenciones deben proceder con 

sensatez y cautela, solamente cuando una de las prestaciones 

resulte excesiva, abusiva y una desproporción intolerable en las 

prestaciones. Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, supra, págs. 181-

182.

III.

En esencia, la apelante intenta establecer que existe 

controversia sobre las determinaciones de hechos establecidas por 

el TPI. En su primer señalamiento de error, esboza que el TPI no 

podía dictar sentencia al palio de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra. Razona que los documentos sometidos por la parte apelada 

en su moción de desestimación no constituían hechos adjudicados, 

ni eran copias certificadas. Sostiene que tampoco se sometió 

declaración jurada en torno a los hechos que la parte apelada 

propuso que estaban incontrovertidos. Ante ello, entiende que estos 

eran inadmisibles para propósitos de la consideración de la moción 
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de desestimación al amparo de la Regla 10.2 inciso 5, ni para 

sentencia sumaria bajo la Regla 36.

En su segundo señalamiento, la apelante expone que la 

estipulación en cuestión es nula e ilegal por no contar con la 

aprobación del Secretario del Trabajo e ir en contra del orden público 

y de la política pública del Gobierno de Puerto Rico. En particular, 

alega que la Ley Núm. 42-2017, conocida como la Ley Medicinal, la 

protege contra el discrimen por razón de ser paciente autorizada de 

cannabis medicinal. Entiende que erró el TPI al no analizar e 

interpretar dicha legislación en su sentencia. 

La apelante añade que el contrato de transacción que 

impugna estuvo viciado de nulidad por varias razones, como, por 

ejemplo, que en el consentimiento prestado por ésta medió dolo, 

error (porque fue inducida a creer que violó el reglamento aplicable), 

violencia e intimidación (porque tenía temor a que de su expediente 

surgiera una destitución que le afectara su futuro o falsedad de 

documentos). Puntualiza que firmó la estipulación a causa de que 

la parte apelada le indicó que, de no hacerlo, sería destituida.

Además, que lo hizo sin contar con representación legal, por lo que 

no fue una renuncia informada del contenido del contrato de 

transacción.

En su tercer señalamiento de error, la apelante esencialmente 

argumenta que el TPI se equivocó al catalogar el puesto que ocupaba 

de técnico quirúrgico como uno sensitivo, pues no se presentó 

evidencia de que prestara servicios directos a pacientes. 

Por su parte, la parte apelada está de acuerdo con el 

pronunciamiento apelado dictado sumariamente. Arguye que la 

estipulación transaccional concernida contó con los requisitos de un 

contrato válido y que no hay controversia en que la apelante 

renunció a todas las reclamaciones de naturaleza contractual, 

extracontractual, laboral o cualquier otra índole que se aleguen 
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contra la ASEM que surgieran como consecuencia de los hechos que 

dieron lugar al procedimiento disciplinario que se finiquitó con dicha 

estipulación. Añade que no era necesaria la aprobación del 

Secretario del Trabajo a dicho pacto por ser la ASEM una 

instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico.

Por último, la parte apelada sostiene que la apelante ocupaba 

un puesto clasificado como sensitivo por la legislación aplicable que

la exponía a ser destituida del mismo si arrojaba un resultado 

positivo a una sustancia controlada, como lo es el cannabis y se 

rehusaba a participar en el programa de rehabilitación provisto por 

la ASEM. Además, alega que la apelante no estaba protegida por la 

Ley Núm. 42-2017 por que la protección provista por dicha ley está 

sujeta a la condición de que la utilización del cannabis no interfiera 

con el desempeño y funciones esenciales del trabajo. Por tanto, 

puntualiza que la estipulación transaccional que suscribió la 

apelante con la ASEM no es nula por no ser contraria a la ley, ni al 

orden público.

Como es sabido, este Foro está en la misma posición que el 

TPI para revisar si procedía o no la concesión de la desestimación 

sumaria. Al examinar la evidencia en el récord, esta nos reafirma 

que no existe controversia acerca de la totalidad de los hechos 

materiales del caso. A su vez, no hallamos en el expediente prueba 

alguna que apoye las alegaciones de error que la apelante trae ante 

nuestra consideración. Consiguientemente, no incidió el TPI al 

dictar la Sentencia aquí apelada. Veamos.

En síntesis, no existe duda acerca de que el acuerdo 

transaccional suscrito por la apelante y la ASEM es válido y tiene el 

efecto de cosa juzgada. Además, según dispuesto por el TPI, 

colegimos que dicha estipulación transaccional no adolece de falta 

de causa, no se probó que fue el resultado de fraude o dolo, ni es 

contrario a la ley o el orden público. Sobre la alegación de que en el 
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proceso de firmar el acuerdo hubo dolo, esta tampoco procede. La 

apelante se limitó a mencionar en su demanda que fue “forzada” a 

dicho acto sin ofrecer evidencia que sustente dicha alegación. En su 

comparecencia ante nos, esgrime que firmó el contrato de 

transacción por temor a que en su expediente quedara plasmada 

una destitución que le afectara su futuro. Las antedichas razones 

no son suficientes para derrotar la Sentencia apelada. Es claro que 

la apelante renunció libre, voluntaria e informadamente a presentar

la demanda de referencia. Ello, por el estado de derecho que se creó 

en su relación contractual con la ASEM al pactar la estipulación 

transaccional.

En consecuencia, luego de examinar la moción sobre 

desestimación, acogida por el TPI como una de sentencia sumaria, 

su oposición, así como la documentación anejada y la normativa 

imperante, concluimos que no incidió ni abusó de su discreción el 

TPI al conceder el remedio sumario de la desestimación solicitado 

por la ASEM. Así, procede la confirmación de su dictamen.

IV.

En virtud de los precedentes fundamentos, confirmamos la 

Sentencia del TPI.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones