Número Identificador

SEN2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

CONSEJO DE 

TITULARES DEL 

CONDOMINIO SAN 

JORGE GARDENS

Apelada

v.

TRIPLE-S PROPIEDAD, 

INC., et als

Apelante

KLAN202300337

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Civil núm.:

SJ2019CV09574 

(503)

Sobre:

Incumplimiento de 

Contrato; 

Cumplimiento 

Específico de 

Contrato de Seguros; 

Daños y Perjuicios; 

Mala Fe; Temeridad 

Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos, el juez 

Rivera Torres y el juez Salgado Schwarz.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), por la vía sumaria, 

dictó una sentencia parcial mediante la cual ordenó a una 

aseguradora satisfacer inmediatamente a la parte asegurada la 

cantidad que la propia aseguradora le comunicó que procedía en 

conexión con unas pérdidas reclamadas a raíz del paso del huracán 

María, quedando pendiente por adjudicar si proceden las cuantías 

adicionales reclamadas por el asegurado. Según se explica en 

detalle a continuación, concluimos que actuó correctamente el TPI

porque, con el ajuste comunicado, se reconoció una deuda que 

advino líquida e inmediatamente exigible por la parte asegurada.

I.

En septiembre de 2019, el Consejo de Titulares del 

Condominio San Jorge Gardens (el “Condominio”) presentó la acción 

de referencia, por incumplimiento de contrato, y daños y perjuicios
KLAN202300337 2

(la “Demanda”), en contra de Triple-S Propiedad (la “Aseguradora”)

y otros. El Condominio alegó ser dueño de una póliza de seguros (la 

“Póliza”) que protege un inmueble ubicado en San Juan (la 

“Propiedad”).

La Póliza se encontraba vigente a la fecha en que el huracán 

María pasó por Puerto Rico. Se alegó que, como resultado del 

huracán, la Propiedad sufrió daños considerables, cubiertos por la 

Póliza, y que el Condominio presentó una reclamación ante la 

Aseguradora. El Condominio aseveró que la Aseguradora incumplió 

con sus deberes y obligaciones bajo la Póliza, pues no ofreció una 

compensación justa por los daños. Además, adujo que la 

Aseguradora incurrió en prácticas desleales y mala fe. Se reclamó 

por los daños sufridos, cubiertos por la Póliza (aproximadamente 

$1.8 millones), y por los daños previsibles sufridos por el 

incumplimiento de la Aseguradora con los términos de la Póliza 

($250,000). 

En enero de 2022, el Condominio presentó una Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria Parcial ... (la “Moción”). Sostuvo que,

como resultado de la reclamación presentada, la Aseguradora le 

había enviado un Statement of Loss, según el cual la Propiedad 

sufrió daños compensables bajo la Póliza ascendentes a 

$245,660.13. El Condominio planteó que las cuantías indicadas en 

el Statement of Loss constituía un reconocimiento de una deuda

líquida, vencida y exigible. Por no existir controversia en cuanto a 

dicha cuantía, el Condominio solicitó que se ordenara a la 

Aseguradora a emitir el pago correspondiente de inmediato.

La Aseguradora se opuso. Admitió que, en octubre de 2019, 

le había presentado al Condominio “el ajuste de la reclamación ... 

juntamente con la oferta de pago.” No obstante, sostuvo que, en 

estas circunstancias, el TPI estaba impedido de ordenar el pago de 

la cuantía que la Aseguradora admitió debía al Condominio. Arguyó 
KLAN202300337 3

que no procedía lo solicitado porque la oferta no fue aceptada por el 

Condominio, por lo cual no se consideraba como una deuda líquida, 

y que en el caso aún existían varias controversias sobre los daños 

sufridos por la Propiedad. 

El 6 de febrero de 2023, el TPI notificó una Sentencia Parcial

(la “Sentencia”); formuló las siguientes determinaciones de hechos

(notas al calce omitidas):

[...]

5. Triple-S acusó recibo de la pérdida del Condominio 

San Jorge Gardens ...

6. Triple-S contrató los servicios de Benj. Acosta, Inc.,

para realizar un ajuste de los daños sufridos por el 

Condominio San Jorge Gardens como consecuencia del 

paso del huracán María previo a la presentación de la 

Demanda.

7. Benj. Acosta, Inc., preparó un documento titulado 

Statemento of Loss donde se ajustó la pérdida del 

Condominio San Jorge Gardens en la suma de 

$245,660.13.

El TPI concluyó que la cantidad solicitada por el Condominio 

constituía una deuda líquida porque “dicho ajuste representa los 

daños cuantificados que no están en controversia”. Razonó que el 

ajuste constituía un reconocimiento de deuda por la Aseguradora. 

Por tanto, ordenó el pago inmediato de $245,660.13, pues la misma 

es “líquida y exigible”. El TPI aclaró que este pago parcial no 

representa una renuncia del Condominio a continuar con el caso 

sobre las cuantías adicionales que están en controversia y que no 

debía entenderse que se habría configurado un pago en finiquito.

El 21 de febrero, la Aseguradora solicitó la reconsideración de 

la Sentencia, lo cual fue denegado por el TPI mediante una 

Resolución notificada el 20 de marzo.

Inconforme, el 18 de abril, la Aseguradora presentó el recurso 

que nos ocupa. Arguye que no procedía el pago ordenado porque 

todavía existen controversias sobre todas las partidas de la 

reclamación. Niega que el monto del ajuste constituya una deuda 
KLAN202300337 4

líquida y exigible. Señala que ni los términos de la Póliza ni la 

legislación vigente le obligaba a pagar la cuantía que ella misma 

reconoció procedía bajo los términos de la Póliza. Resalta que el 

Condominio nunca aceptó el ajuste como uno final y que ni el Código 

civil ni el Código de Seguros reconoce este tipo de resolución parcial 

de una reclamación. Plantea que la Moción se presentó luego de 

expirado el término reglamentario correspondiente y que la misma 

no procedía porque la Moción no estaba dirigida a adjudicar de 

forma final ninguna de las causas de acción del Condominio.

De conformidad con lo autorizado por la Regla 7(B)(5) de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), resolvemos sin 

trámite ulterior.

II.

“[D]ebido a que la industria de los seguros está revestida del 

más alto interés público, es reg[lament]ada extensamente por el 

Estado”. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 614, 632 (2009) 

(citas omitidas); véase, por ejemplo, 26 LPRA secs. 1-10377. El 

“negocio de seguros está investido de un alto interés público debido 

al papel que juega en la protección de los riesgos que amenazan la 

vida o el patrimonio de los ciudadanos”. RJ Reynolds v. Vega Otero, 

197 DPR 699, 706 (2017); Natal Cruz v. Santiago Negrón, 188 DPR 

564, 575 (2013). Este alto interés surge “de la extraordinaria 

importancia que juegan los seguros en la estabilidad de nuestra 

sociedad”. RJ Reynolds, supra; SLG Francis-Acevedo v. SIMED, 176 

DPR 372 (2009). 

El Código de Seguros reglamenta expresamente las “prácticas 

comerciales en el negocio de seguros”. 27 LPRA sec. 2701-2736; 

Carpets & Rugs, supra; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. PR, 

144 DPR 425, 442 (1997). “Uno de los renglones mayormente 

reg[lament]ado por el Código de Seguros de Puerto Rico” es el 

relacionado con “las prácticas desleales y fraudes en el negocio de 
KLAN202300337 5

los seguros”, lo cual incluye lo relativo al “ajuste de reclamaciones”. 

Carpets & Rugs, 175 DPR a la pág. 632; Comisionado de Seguros v. 

PRIA, 168 DPR 659 (2006); Artículos 27.010-27.270 del Código de 

Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA secs. 2701-2740. En efecto, en 

conexión con el manejo de reclamaciones, el Código de Seguros 

prohíbe un número de “actos o prácticas desleales”. 26 LPRA sec. 

2716a. 

Por ejemplo, una aseguradora está obligada por ley a “notificar 

una oferta razonable”. Carpets & Rugs, 175 DPR a la pág. 634. La 

investigación que precede la oferta tiene que ser “diligente”, y el 

ajuste tiene que ser “equitativo y razonable”. Íd. Salvo que se realice 

un pago total de lo reclamado, o que se deniegue totalmente la 

misma de forma escrita y fundamentada, una reclamación no puede 

ser considerada resuelta sin que medie una “oferta razonable”. Íd. 

En otras palabras, las aseguradoras tienen la “obligación de llevar a 

cabo un ajuste rápido, justo, equitativo y de buena fe”. Íd., a la pág. 

635. 

Es por lo anterior que se considera que una oferta final de una 

aseguradora no es equivalente a una oferta de transacción, o a una 

postura de negociación, de las que pueden generarse en otros 

contextos que no están sujetos a la intensa y específica 

reglamentación del campo de los seguros. Íd. Entiéndase, una 

aseguradora no puede “retractarse” de un ajuste, a diferencia de 

lo que sucedería si se considerase dicho ajuste como una oferta 

típica dirigida a transigir o finalizar una disputa en un campo 

distinto al de seguros. Íd (énfasis suplido). Por ello, distinto a lo que 

ocurre en otros ámbitos del comercio, “ante un reclamo judicial”, 

una aseguradora no puede “den[egar] partidas que en su ajuste 

inicial entendió procedentes”. Íd., a la pág. 636 (énfasis suplido). 

Por todo lo anterior, en Carpets & Rugs, supra, se resolvió que 

una comunicación de una aseguradora, como oferta o ajuste final 
KLAN202300337 6

de una reclamación, era admisible en evidencia, pues no se trata de 

una postura de “negociación conducente [a un posible] contrato de 

transacción”. Carpets & Rugs, 175 DPR a la pág. 638. Se razonó 

que la carta de ajuste en el referido caso no se emitió 

“voluntariamente en un proceso de negociación conducente al 

contrato de transacción, sino como parte de [la] obligación [de la 

aseguradora] al amparo del Código de Seguros de Puerto Rico de 

resolver de forma final una reclamación de un asegurado...”. Íd., a 

la pág. 639.

De forma similar, en Feliciano Aguayo v. Mapfre Panamerican 

Insurance Company, 2021 TSPR 73, 207 DPR ___ (2021), se señaló 

que, cuando la aseguradora envía una oferta razonable al 

asegurado, la misma constituye un estimado de los daños. Por ello, 

dicha oferta razonable se considera “un reconocimiento de 

deuda al menos en cuanto a las sumas ofrecidas como ajuste”.

Íd., a la pág. 16 citando Carpets & Rugs, 175 DPR a la pág. 635

(énfasis suplido). Por tanto, se indicó lo siguiente Íd. (citando 

Carpets & Rugs, 175 DPR a la pág. 639 (énfasis en el original)):

Nótese que “en dicho documento no existen 

concesiones del asegurador hacia su asegurado, pues 

se trata de un informe objetivo del asegurador en 

cuanto a la procedencia de la reclamación y la 

existencia de cubierta según la póliza.” Por ende, al 

emitir el informe de ajuste no hay una controversia 

bona fide entre asegurador y asegurado. 

III.

De las anteriores normas, claramente establecidas por el 

Tribunal Supremo, surge que el TPI actuó correctamente al acoger 

la Moción y dictar la Sentencia. Veamos.

Según admite la Aseguradora, esta le comunicó un ajuste al 

Condominio en conexión con la reclamación de este. La

Aseguradora no puede retractarse del ajuste porque el mismo se 

realizó como parte de su obligación de resolver la reclamación al 

amparo del Código de Seguros de Puerto Rico. Carpets & Rugs, 
KLAN202300337 7

supra. No se trata de una oferta que puede ser retirada si la otra 

parte no la acepta, como sucede en otros contextos en que se intenta 

negociar un posible contrato de transacción. Carpets & Rugs, supra. 

Aquí, por el efecto de la reglamentación aplicable a las 

aseguradoras, y según resuelto en Carpets & Rugs, supra, y 

Feliciano Aguayo, supra, el ajuste constituye un informe objetivo 

producto de la obligación de la Aseguradora de investigar 

diligentemente la reclamación y realizar un ajuste razonable. De ahí 

surge la obligación de la Aseguradora de respetar su propio ajuste y 

desembolsar de inmediato dicha cuantía al Condominio.

En efecto, el ajuste aquí constituye un reconocimiento de 

una deuda. Carpets & Rugs, supra; Feliciano Aguayo, supra. 

Contrario a lo planteado por la Aseguradora, la condición de deuda 

líquida y exigible no se afecta en lo absoluto por el hecho de que el

Condominio no haya aceptado dicho ajuste como equivalente a la 

totalidad de su reclamación. Lo único pertinente, en este contexto, 

es que la Aseguradora, luego de la correspondiente investigación, y 

de conformidad con sus obligaciones estatutarias, reconoció que, 

cuando menos, tenía la obligación, bajo los términos de la Póliza, de

satisfacerle al Condominio las cuantías reflejadas en el ajuste.

A través del ajuste, la Aseguradora reconoció su obligación de 

pagar una cuantía específica bajo la Póliza. De tal manera, se 

extinguió cualquier posible controversia entre las partes en cuanto 

a dicha cuantía. Como se reconoció en Feliciano Aguayo, supra, 

como los ajustes “no [son] producto de alguna diferencia en las 

respectivas pretensiones de asegurador y asegurado (iliquidez de la 

deuda), no cumple con ... la existencia de una reclamación ilíquida 

o sobre la cual exista una controversia bona fide.”

De forma compatible con lo anterior, la Regla 47(7)(d) del 

Reglamento del Código de Seguros dispone que cuando “no exista 

controversia sobre uno o varios aspectos de la reclamación, se 
KLAN202300337 8

deberá hacer el pago correspondiente, independientemente de que 

exista una controversia en cuanto a otros aspectos de la 

reclamación, siempre que el mismo se pueda efectuar sin perjuicio 

de ambas partes.” 

Tampoco la Aseguradora intenta plantear que exista alguna 

duda sobre su propia evaluación del monto de daños que procedía 

pagarse al Condominio bajo los términos de la Póliza. No puede, por 

tanto, evadir su obligación de honrar inmediatamente lo que 

reconoció, luego de realizar su propia investigación, era su deuda 

con el Condominio bajo los términos de la Póliza.

1

Por otro lado, como señala la Aseguradora, lo adjudicado en 

la Sentencia no dispone de la totalidad de la Demanda, pues el 

Condominio sostiene que dicha parte le debe una cuantía mayor 

bajo los términos de la Póliza, además de que reclama daños por el 

alegado incumplimiento contractual de la Aseguradora. Es decir, 

aún queda pendiente por determinar si la cuantía concedida cubre 

la totalidad de los daños o sólo parte de estos, así como la 

procedencia de los daños reclamados. 

No obstante, ello no impedía que, por la vía sumaria, el TPI 

dispusiera en cuanto a la cuantía sobre la cual no hay controversia. 

Ello porque esta causa de acción, al descansar sobre el 

reconocimiento de una deuda por la Aseguradora, es distinguible y 

separable de la causa de acción por incumplimiento contractual. 

Por tanto, el TPI podía adjudicarla mediante una sentencia parcial y 

final, pues así se dispone de lo que, en la práctica, constituye una 

causa de acción distinta, pues tiene una razón de ser diferente y 

distinguible de las que quedaron pendientes por adjudicarse.

2

1 Tampoco tiene apoyo alguno en el récord la etiqueta de “preliminar” que ahora 

le intenta colocar la Aseguradora al ajuste realizado en este caso.

2 Contrario a lo señalado por la Aseguradora, el TPI tenía discreción para 

considerar la Moción, aun partiendo de la premisa de que la misma se hubiese 

presentado luego del término reglamentario correspondiente.
KLAN202300337 9

En fin, no hay razón jurídica válida para que la Aseguradora 

se rehúse a satisfacer inmediatamente el mínimo que ella misma ha 

reconocido que la parte asegurada tiene derecho a recibir, 

simplemente porque exista una disputa pendiente de resolución 

sobre la procedencia de pagos adicionales. Al contrario, abstenerse 

de realizar dicho pago, solo porque la parte asegurada reclama que 

el mismo no es suficiente, es incompatible con el entramado 

reglamentario del Código de Seguros y es una violación del deber de 

la aseguradora de cumplir de buena fe con sus obligaciones 

contractuales.

Concluimos, así pues, que actuó correctamente el TPI al emitir 

la Sentencia que obliga a la Aseguradora a satisfacer 

inmediatamente las cuantías reconocidas en el ajuste que ella 

misma realizó, por ser esta líquida y exigible. Este era el único curso 

de acción compatible con el Código de Seguros y su reglamentación, 

y con lo establecido en Carpets & Rugs, supra, y Feliciano Aguayo, 

supra. 

IV.

Por todo lo anteriormente expuesto, se confirma la sentencia 

apelada.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. El Juez Rivera Torres disiente con opinión 

escrita.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

Número Identificador

SEN2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

CONSEJO DE 

TITULARES DEL 

CONDOMINIO SAN 

JORGE GARDENS

Apelada

v.

TRIPLE-S PROPIEDAD, 

INC., et als

Apelante

KLAN202300337

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Civil núm.:

SJ2019CV09574 

(503)

Sobre: 

Incumplimiento de 

Contrato; 

Cumplimiento 

Específico de 

Contrato de Seguros; 

Daños y Perjuicios; 

Mala Fe; Temeridad 

Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos, el juez 

Rivera Torres y el juez Salgado Schwarz.

VOTO DISIDENTE

DEL JUEZ WALDEMAR RIVERA TORRES

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

Respetuosamente disiento de la mayoría del Panel debido a 

que, según surge de los hechos del caso, Triple-S nunca ofreció al 

Consejo de Titulares un pago parcial o adelanto ni mucho menos 

existe una aceptación del Statement of Loss por el asegurado. 

Elementos que se deben configurar para que aplique el Artículo 

12.166 de la Ley núm. 243-2018, 27 LPRA sec. 2716f. 

A su vez, y al tenor de dicho precepto, no será procedente la 

emisión de pago parcial alguno sobre aquellas partidas que estén en 

controversia. Si el Consejo de Titulares cuando se le remitió el 

Statament of Loss, allá para el 29 de octubre de 2019, no lo aceptó, 

ello implica que aún todas las partidas y las cuantías allí 

especificadas están en disputa. Por lo tanto, no puedo avalar el 

proceder de la parte apelada que ahora en noviembre de 2022, 

mediante el petitorio de resolución sumaria, pretenda hacernos 
KLAN202300337 2

creer que dicho ajuste inicial constituye una suma líquida y exigible 

porque es una cantidad de daños reconocidos voluntariamente por 

Triple-S. 

Respecto a dicho argumento debo apuntar, además, que el 

reconocimiento de la existencia de una deuda se concreta luego de 

que la aseguradora realiza su investigación y ajuste final. Mientras 

no se realice tal proceso, las cantidades estimadas carecen de

finalidad y certeza. Esto, máxime si el asegurado no está conforme 

con el monto preliminar informado. Sobre este punto, debo señalar 

que el caso ante nuestra consideración es distinguible a los hechos 

acaecidos en Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615 (2009), 

ya que en este la aseguradora le envió al reclamante una carta 

informando “los estimados de daños a los que había llegado y las 

cantidades que estaba dispuesta a pagar” y este “aceptó 

parcialmente el ajuste realizado”. Lo que no ocurre en el casode 

epígrafe, debido a que la parte apelada nunca hizo un 

reconocimiento parcial o total de la oferta. 

Asimismo, la legislación regente expone diáfanamente que la 

suma ofrecida, luego del correspondiente ajuste de una reclamación, 

constituye el reconocimiento de la deuda en cuanto a las partidas 

reclamadas y cubiertas por la póliza. Por tanto, es forzoso concluir 

que luego de realizado dicho proceso es que podemos hablar de una 

cuantía exigible, en caso de ser aceptada por el asegurado. En 

Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 DPR 226 (1998), la más alta 

Curia resolvió que una reclamación se entiende resuelta una vez la 

empresa aseguradora notifica a su asegurado el ajuste final de la 

reclamación que le fue presentada.

Por su parte, el Código de Seguros establece que una 

aseguradora no puede retractarse del ajuste realizado en 

cumplimiento de los deberes que le impone la legislación. Esto en 

referencia al ajuste realizado, luego de la investigación y al proceso 
KLAN202300337 3

interno que lleva a cabo la aseguradora en las reclamaciones 

presentadas. En este punto, precisa advertir que el informe en 

cuestión constituyó un ajuste preliminar encomendado por la 

apelante para rebatir la valoración sobre daños reclamada por la 

parte apelada. Lo que no conlleva un pago automático sin más. 

De igual manera, y relacionado a lo antesdicho, no puedo 

obviar que Triple-S, en su oposición a la petición de sentencia 

sumaria, advirtió que en la demanda el Consejo de Titulares reclamó 

daños por $1,840,817.39, pero en la reclamación judicial sometió 

un informe donde se indicó que el valor de estos era $1,057,484.38. 

Lo que a su entender, constituye una admisión de sobrevaloración 

en su reclamación y un fraude a tenor con los términos y 

condiciones de la póliza. En este sentido, resulta forozo concluir que 

todas las partidas reclamadas están siendo cuestionadas. 

Recordemos que en Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, el más 

alto foro decretó que un asegurador no le es permisible retractarse 

del ajuste que envía a su asegurado salvo fraude del reclamante. 

Por último, resulta menester señalar que en el presente caso 

no ha concluido el descubrimiento de prueba. Por lo que, como parte 

de ese proceso, no cabe duda de que las partes trabajan en la 

corroboración de los daños reales y el valor razonable de estos. Es 

decir, existe controversia en cuanto al monto que finalmente deberá 

ser pagado por la aseguradora, de probarse la pérdida que se alega 

y de estar cubierta por la póliza. A estos efectos, reitero que resulta 

evidente que no estamos ante cantidades que puedan ser 

consideradas como finales, líquidas y exigibles. Como bien expresó 

la parte apelante en su escrito “El hecho de que continúa el litigio 

sobre el grado, extensión, y alcance de los daños de dichas 
KLAN202300337 4

partidas [incluidas en el ajuste] en sí mismo hace que la deuda 

no pueda ser líquida y exigible.”

3

Por lo cual, resultaría prematuro el compeler al pago de una 

cantidad sobre la cual ambas partes mantienen una disputa, más 

aún cuando la misma es susceptible de variación a medida que se 

continúe con el descubrimiento de prueba entre las partes. Recalco 

que es precisamente la discrepancia en cuanto a la cuantía a 

pagar por la aseguradora, lo que provoca la controversia. Por ello, 

entiendo que el foro primario incidió al ordenar el pago de la 

cantidad estimada mediante el Statement of Loss, que no representa 

una carta de oferta final de la aseguradora.4

Por los fundamentos antes expuestos, revocaría la Sentencia 

Parcial apelada.

WALDEMAR RIVERA TORRES

 JUEZ DE APELACIONES

3 Véase la Apelación Civil, a la pág. 18. Énfasis en el original. 

4 Advierto que en la Sentencia Parcial apelada el TPI expresó que el Consejo de 

Titulares no presentó la Carta de Ajuste.