# Diario Oficial C 123/2022

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 123 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 65.° año18 de marzo de 2022 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 123

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

65.° año18 de marzo de 2022

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| Sumario | Página |
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| | II   Comunicaciones |
| | COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Comisión Europea |
| 2022/C 123/01 | Comunicación de la Comisión — Aprobación del contenido de un proyecto de Comunicación de la Comisión — Directrices sobre la aplicación del Derecho de la Competencia de la UE a los convenios colectivos relativos a las condiciones de trabajo de las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados | 1 |
| 2022/C 123/02 | Comunicación de la Comisión — Orientaciones para la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión | 12 |
| 2022/C 123/03 | No oposición a una concentración notificada (Asunto M.10600 — EDFI / MUBADALA / EMERGE JV) (
  1
  ) | 38 |
| 2022/C 123/04 | No oposición a una concentración notificada (Asunto M.10541 — GOLDMAN SACHS / GRUPO VISABEIRA / CONSTRUCTEL VISABEIRA) (
  1
  ) | 39 |
| 2022/C 123/05 | No oposición a una concentración notificada (Asunto M.10621 — WELPUT / PSPIB / ALECTA / 150 VSTREET JV) (
  1
  ) | 40 |

Sumario

Página

II   Comunicaciones

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

2022/C 123/01

Comunicación de la Comisión — Aprobación del contenido de un proyecto de Comunicación de la Comisión — Directrices sobre la aplicación del Derecho de la Competencia de la UE a los convenios colectivos relativos a las condiciones de trabajo de las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados

1

2022/C 123/02

Comunicación de la Comisión — Orientaciones para la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión

12

2022/C 123/03

No oposición a una concentración notificada (Asunto M.10600 — EDFI / MUBADALA / EMERGE JV) (
  1
  )

1

38

2022/C 123/04

No oposición a una concentración notificada (Asunto M.10541 — GOLDMAN SACHS / GRUPO VISABEIRA / CONSTRUCTEL VISABEIRA) (
  1
  )

1

39

2022/C 123/05

No oposición a una concentración notificada (Asunto M.10621 — WELPUT / PSPIB / ALECTA / 150 VSTREET JV) (
  1
  )

1

40

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| | IV   Información |
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| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Comisión Europea |
| 2022/C 123/06 | Tipo de cambio del euro — 17 de marzo de 2022 | 41 |

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

2022/C 123/06

Tipo de cambio del euro — 17 de marzo de 2022

41

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| | V   Anuncios |
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| | PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA |
| | Comisión Europea |
| 2022/C 123/07 | Notificación previa de una concentración (Asunto M.10602 – SWISS LIFE INTERNATIONAL HOLDING / ELIPS LIFE) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (
  1
  ) | 42 |
| 2022/C 123/08 | Notificación previa de una concentración (Asunto M.10657 - SAMSUNG BIOLOGICS / SAMSUNG BIOEPIS) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (
  1
  ) | 44 |
| 2022/C 123/09 | Notificación previa de una concentración (Asunto M.10339 - KKR/Landal) (
  1
  ) | 45 |
| | OTROS ACTOS |
| | Comisión Europea |
| 2022/C 123/10 | Publicación de una comunicación de la aprobación de una modificación normal del pliego de condiciones de una denominación del sector vitivinícola, tal como se menciona en el artículo 17, apartados 2 y 3, del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión | 46 |

V   Anuncios

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

Comisión Europea

2022/C 123/07

Notificación previa de una concentración (Asunto M.10602 – SWISS LIFE INTERNATIONAL HOLDING / ELIPS LIFE) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (
  1
  )

1

42

2022/C 123/08

Notificación previa de una concentración (Asunto M.10657 - SAMSUNG BIOLOGICS / SAMSUNG BIOEPIS) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (
  1
  )

1

44

2022/C 123/09

Notificación previa de una concentración (Asunto M.10339 - KKR/Landal) (
  1
  )

1

45

OTROS ACTOS

Comisión Europea

2022/C 123/10

Publicación de una comunicación de la aprobación de una modificación normal del pliego de condiciones de una denominación del sector vitivinícola, tal como se menciona en el artículo 17, apartados 2 y 3, del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión

46

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| | (1)   Texto pertinente a efectos del EEE. |

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(1)   Texto pertinente a efectos del EEE.

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| ES | |
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ES

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II Comunicaciones

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

| 18.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 123/1 |
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18.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 123/1

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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Aprobación del contenido de un proyecto de Comunicación de la Comisión — Directrices sobre la aplicación del Derecho de la Competencia de la UE a los convenios colectivos relativos a las condiciones de trabajo de las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados

(2022/C 123/01)

La Comisión aprobó el contenido del proyecto de Comunicación de la Comisión «Directrices sobre la aplicación del Derecho de la competencia de la UE a los convenios colectivos relativos a las condiciones de trabajo de las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados» el 9 de diciembre de 2021.

El proyecto de Comunicación está abierto a consulta pública en la siguiente dirección:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html.

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ANEXO

PROYECTO DE COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Directrices sobre la aplicación del Derecho de la competencia de la UE a los convenios colectivos relativos a las condiciones de trabajo de las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados

1.   Introducción

| 1) | Las presentes Directrices establecen los principios para evaluar, con arreglo al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («artículo 101 del TFUE»), los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas (denominados colectivamente «acuerdos») celebrados como resultado de negociaciones colectivas entre personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados (1) y otra(s) empresa(s) («la(s) contraparte(s)» (2)) relativos a las condiciones de trabajo de las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados. |
| --- | --- |

1)

| 2) | El artículo 101 del TFUE prohíbe los acuerdos entre empresas que restrinjan la competencia dentro del mercado interior, en particular si fijan directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción. Las normas de competencia de la UE se basan en el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea («TUE»), que establece que la Unión establecerá un mercado interior, incluido un sistema que garantice que no se falsee la competencia (3). |
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2)

| 3) | El artículo 3, apartado 3, del TUE también establece que la Unión promoverá «una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social». A tal fin, la Unión reconoce el importante papel del diálogo social y la negociación colectiva y se compromete, en virtud del artículo 152 del TFUE, a facilitar el diálogo entre los interlocutores sociales, dentro del respeto de su autonomía. El artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce además el derecho de negociación y de acción colectiva. La mejora de las condiciones de trabajo y una protección social adecuada también constituyen principios fundamentales del Pilar Europeo de Derechos Sociales, en virtud del cual «se debe consultar a los interlocutores sociales sobre el diseño y la aplicación de políticas sociales, económicas y de empleo, de acuerdo con las prácticas nacionales» y se animará a los interlocutores sociales «a que negocien y celebren convenios colectivos en asuntos de su incumbencia» (4). |
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3)

| 4) | El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Tribunal») tuvo en cuenta los objetivos de política social de la UE al dictaminar, en el contexto de la negociación colectiva entre los interlocutores sociales, que determinadas restricciones de la competencia son inherentes a los convenios colectivos entre organizaciones representativas de los empresarios y de los trabajadores y necesarias para la mejora de las condiciones de trabajo (5). Por lo tanto, los acuerdos celebrados en el marco de la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores y destinados, por su naturaleza y finalidad, a mejorar las condiciones de trabajo (incluida la remuneración) quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 101 del TFUE y, por tanto, no infringen el Derecho de competencia de la UE (6). |
| --- | --- |

4)

| 5) | El Tribunal ha aclarado además que esta exclusión del ámbito de aplicación del artículo 101 del TFUE también abarca los convenios colectivos celebrados entre empresarios y organizaciones de trabajadores que negocian en nombre y por cuenta de sus miembros falsos autónomos (7), es decir, prestadores de servicios en una situación equiparable a la de los trabajadores (8). En este contexto, el Tribunal ha considerado que una persona es un falso autónomo si: i) actúa bajo la dirección de su empleador en lo que se refiere, en particular, a su libertad de elegir el horario, el lugar de trabajo y el contenido del mismo; ii) no participe en los riesgos comerciales del empresario y iii) esté integrada en la empresa durante el periodo de la relación laboral. Tales criterios se aplican con independencia de que dicha persona sea calificada como trabajador por cuenta propia con arreglo a la legislación nacional por razones fiscales, administrativas u organizativas y requieren una evaluación caso por caso a la luz de los hechos del caso concreto (9). |
| --- | --- |

5)

| 6) | En los últimos años, el mercado laboral ha experimentado cambios fundamentales, influido por la tendencia a la subcontratación y externalización de actividades empresariales y de servicios personales, así como por la digitalización de los procesos de producción y el auge de la economía de plataformas en línea. El trabajo por cuenta propia en la UE es relativamente elevado y ha crecido sustancialmente en los últimos años, principalmente en la economía de plataformas en línea. |
| --- | --- |

6)

| 7) | Aunque estas transformaciones han traído consigo unas mayores flexibilidad y accesibilidad del mercado laboral, en algunos casos también han originado condiciones de trabajo difíciles en la economía de plataformas en línea y fuera de ella. Aunque no estén plenamente integrados en la actividad del comitente de la misma manera que los trabajadores, algunas personas que trabajan por cuenta propia pueden no ser totalmente independientes de su comitente o carecen de poder de negociación suficiente para influir en sus condiciones de trabajo. Además, la crisis de la COVID-19 ha hecho aún más vulnerables a muchos trabajadores por cuenta propia, ya que su pérdida de ingresos se ha visto exacerbada por unos regímenes nacionales de seguridad social y medidas de apoyo específicas precarios o inexistentes (10). |
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7)

| 8) | Cuando las personas que trabajan por cuenta propia se encuentren en términos generales en una situación equiparable a la de los trabajadores, pueden ser considerados falsos autónomos y reclasificados como trabajadores por las autoridades o los órganos jurisdiccionales nacionales. Determinados grupos pueden también ser considerados trabajadores en virtud de una presunción legal. No obstante, en los casos en que no hayan sido reclasificados como trabajadores, el acceso a la negociación colectiva puede seguir permitiéndoles mejorar sus condiciones de trabajo. |
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8)

| 9) | La prohibición del artículo 101 del TFUE se aplica a las «empresas», concepto amplio que abarca cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su estatuto jurídico y de su modo de financiación (11). Por lo tanto, los verdaderos autónomos, aunque sean personas que trabajan en solitario, son, en principio, empresas en el sentido del artículo 101 TFUE, puesto que ofrecen sus servicios a cambio de una remuneración en un mercado determinado y ejercen sus actividades como operadores económicos independientes (12). Un prestador de servicios puede perder la condición de empresa no solo cuando, en la práctica, se encuentre en una situación de subordinación, sino también en casos de dependencia económica, sobre la base de una evaluación de los hechos en un caso específico (13). La evolución actual del mercado laboral y, en particular, la aparición de la economía de las plataformas en línea, añaden incertidumbre por lo que se refiere a las circunstancias en las que puede considerarse que los convenios colectivos celebrados por o en nombre de trabajadores autónomos quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 101 del TFUE. |
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9)

| 10) | En este contexto, las presentes Directrices aclaran i) que determinadas categorías de convenios colectivos quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 101 del TFUE, y ii) que la Comisión no intervendrá contra otras determinadas categorías de convenios colectivos. |
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10)

| 11) | Las presentes Directrices explican cómo aplicará la Comisión el Derecho de la competencia de la UE, sin perjuicio de la aplicación de otras normas o principios del Derecho de la UE. Las presentes Directrices no afectan a las prerrogativas de los Estados miembros en materia de política social ni a la autonomía de los interlocutores sociales. También se entienden sin perjuicio de las definiciones de los términos «trabajador» o «autónomo» con arreglo a la legislación nacional (14). No afectan a las competencias de los Estados miembros o de los interlocutores sociales en lo que respecta a la organización de negociaciones colectivas en el marco del Derecho laboral, ni a la posibilidad de que las partes contratantes soliciten una nueva clasificación de su situación laboral (o de las autoridades o tribunales competentes para evaluar tales casos) con arreglo al Derecho nacional o de la UE. |
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11)

| 12) | Las presentes Directrices también se entienden sin perjuicio de la interpretación que haga el Tribunal de Justicia del artículo 101 del TFUE en relación con los convenios colectivos. No afectan a la aplicación del Derecho de la competencia de la Unión, tal como se establece en el artículo 42 del TFUE y en la legislación pertinente de la Unión (15) en relación con los sectores agrícola y pesquero. Además, se aplican sin perjuicio de la aplicación del artículo 101, apartado 3, del TFUE, que exime de lo dispuesto en el artículo 101, apartado 1, del TFUE a los acuerdos que i) contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico; ii) reserven a los consumidores una participación equitativa en los beneficios resultantes, iii) solo contengan restricciones indispensables de la competencia, y iv) no ofrezcan a las partes la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios de que se trate (16). |
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12)

| 13) | Para evitar dudas, los convenios colectivos celebrados por autónomos que no están cubiertos por las presentes Directrices no infringen automáticamente el artículo 101 del TFUE, sino que requieren una evaluación individual. |
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13)

2.   Ámbito general de aplicación de las presentes Directrices

a)   Tipos de acuerdos cubiertos por las presentes Directrices

| 14) | Las presentes Directrices se aplican a todos los acuerdos negociados y/o celebrados colectivamente entre determinadas categorías de personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados, por una parte, y sus contrapartes, por otra (en lo sucesivo denominados «convenios colectivos»), en la medida en que, por su naturaleza y finalidad, se refieran a las condiciones de trabajo de dichas personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados. |
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14)

| 15) | Sin perjuicio de la discrecionalidad de los Estados miembros en cuanto al alcance y la forma de los canales de representación colectiva de los trabajadores autónomos, las presentes Directrices se aplican a todas las formas de negociación colectiva, desde las negociaciones a través de los interlocutores sociales u otras asociaciones hasta la negociación directa por un grupo de personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados con sus contrapartes o asociaciones de dichas contrapartes. También cubren los casos en que las personas por cuenta propia sin asalariados desean estar cubiertas por un convenio colectivo vigente celebrado entre la contraparte para la que trabajan y un grupo de trabajadores/personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados. |
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15)

| 16) | Las condiciones de trabajo de las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados incluyen cuestiones como la remuneración, el tiempo de trabajo y los modelos de trabajo, las vacaciones, los permisos, los espacios físicos en los que se desarrolla el trabajo, la salud y la seguridad, los seguros y la seguridad social, y las condiciones en las que las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados tienen derecho a dejar de prestar sus servicios, por ejemplo, en caso de incumplimiento del acuerdo relativo a las condiciones de trabajo. Sin embargo, los acuerdos en virtud de los cuales personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados decidan colectivamente no prestar servicios a determinadas contrapartes (por ejemplo, porque la contraparte no está dispuesta a celebrar un acuerdo sobre las condiciones de trabajo) requieren una evaluación caso por caso. Tales acuerdos restringen la oferta de mano de obra y, por lo tanto, pueden plantear problemas de competencia. En la medida en que pueda demostrarse que tal negativa coordinada a ofrecer mano de obra es necesaria y proporcionada para la negociación o celebración del convenio colectivo se tratará, a efectos de las presentes Directrices, del mismo modo que el convenio colectivo al que esté vinculada (o habría estado vinculada en caso de negociaciones fallidas). |
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16)

| 17) | La celebración de convenios colectivos presupone un cierto grado de coordinación entre las múltiples partes negociadoras de cada lado de la negociación antes de la celebración del convenio colectivo. Dicha coordinación podrá adoptar la forma de un acuerdo o de un intercambio de información o comunicación entre las partes de cada lado de la negociación con el fin de decidir un enfoque común del asunto y la forma de negociación (por ejemplo, multilateral o mediante el nombramiento de representantes). Una vez más, en la medida en que dicha coordinación sea necesaria y proporcionada para la negociación o celebración del convenio colectivo, se tratará a efectos de las presentes Directrices del mismo modo que el convenio colectivo al que esté vinculada. |
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17)

| 18) | Las presentes Directrices no se aplican a las decisiones de asociaciones o acuerdos entre personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados fuera del contexto de las negociaciones (o preparativos para las negociaciones) con una contraparte para mejorar las condiciones de trabajo de las personas que trabajan por cuenta propia. En particular, no se aplican a los acuerdos que van más allá de la regulación de las condiciones de trabajo al determinar las condiciones (en particular, los precios) en las que las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados o la contraparte ofrecen servicios a los consumidores (17), o que limitan la libertad de los empleadores para contratar a los proveedores de trabajo que necesitan.







  Ejemplo 1



  Situación: Repartidores por cuenta propia sin asalariados prestan sus servicios a las tres plataformas de entrega activas en la ciudad B. Se ha establecido un convenio colectivo entre las plataformas de entrega y los repartidores en el que se establecen las tasas que las plataformas deben pagar a los repartidores por sus servicios, así como las obligaciones mínimas de salud y seguridad de las plataformas con respecto a los repartidores. El convenio colectivo prevé que los repartidores limiten sus servicios a una zona específica de la ciudad. A tal fin, el acuerdo divide la ciudad en tres zonas distintas, una para los repartidores de cada plataforma. Por otra parte, los repartidores por cuenta propia sin asalariados de la ciudad B acuerdan entre sí no realizar más de veinte entregas por cada cuatro horas en un día laborable.

  Análisis: El ejemplo incluye dos acuerdos entre empresas en el sentido del artículo 101 del TFUE: i) el convenio colectivo entre las plataformas y los repartidores por cuenta propia sin asalariados; ii) el acuerdo separado entre los repartidores por cuenta propia sin asalariados sobre el número máximo de entregas. El convenio colectivo está cubierto por las presentes Directrices, ya que es el resultado de negociaciones colectivas y regula las condiciones de trabajo (tasas, condiciones de salud y seguridad) en las que los repartidores por cuenta propia sin asalariados prestan sus servicios a las plataformas. Sin embargo, la parte del convenio colectivo que divide el territorio de la ciudad entre las tres plataformas no se refiere a sus condiciones de trabajo, sino que constituye un acuerdo de reparto del mercado que, como tal, puede restringir la competencia por el objeto con arreglo al artículo 101 TFUE (18).
  En cambio, el acuerdo separado entre los repartidores por cuenta propia sin asalariados sobre el número de entregas por día laborable no es el resultado de negociaciones colectivas entre personas por cuenta propia sin asalariados y su(s) contraparte(s) y, por lo tanto, no está cubierto por las presentes Directrices, sino que debe analizarse por separado.


  Ejemplo 2



  Situación: Los clubes deportivos del Estado miembro X acuerdan entre sí no contratar a atletas procedentes de los demás clubes de dicho Estado durante la vigencia de sus contratos con el club deportivo de que se trate. Los clubes también coordinan los niveles de remuneración de los deportistas mayores de 35 años.

  Análisis: Los acuerdos entre los clubes deportivos constituyen acuerdos entre empresas en el sentido del artículo 101 TFUE. Estos acuerdos no están cubiertos por las presentes Directrices, ya que no se negocian entre personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados y sus contrapartes y, por lo tanto, no son convenios colectivos. El primer acuerdo puede infringir el artículo 101 TFUE por su objeto, ya que restringe la competencia entre los clubes deportivos para contratar a los mejores atletas en el mercado. El segundo acuerdo (fijación de salarios) también puede infringir el artículo 101 TFUE por su objeto, ya que es esencialmente un acuerdo entre competidores (los clubes) para reducir sus costes de insumo.
  En general, el presente ejemplo ilustra prácticas de empresas en los mercados laborales que claramente quedan fuera del ámbito de aplicación de las presentes Directrices y que es probable que infrinjan el artículo 101 del TFUE. En concreto, en el ejemplo de los clubes deportivos, los acuerdos pueden infringir el artículo 101 del TFUE, independientemente de que estén relacionados con trabajadores por cuenta propia o trabajadores. |
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18)

Ejemplo 1

Situación: Repartidores por cuenta propia sin asalariados prestan sus servicios a las tres plataformas de entrega activas en la ciudad B. Se ha establecido un convenio colectivo entre las plataformas de entrega y los repartidores en el que se establecen las tasas que las plataformas deben pagar a los repartidores por sus servicios, así como las obligaciones mínimas de salud y seguridad de las plataformas con respecto a los repartidores. El convenio colectivo prevé que los repartidores limiten sus servicios a una zona específica de la ciudad. A tal fin, el acuerdo divide la ciudad en tres zonas distintas, una para los repartidores de cada plataforma. Por otra parte, los repartidores por cuenta propia sin asalariados de la ciudad B acuerdan entre sí no realizar más de veinte entregas por cada cuatro horas en un día laborable.

Análisis: El ejemplo incluye dos acuerdos entre empresas en el sentido del artículo 101 del TFUE: i) el convenio colectivo entre las plataformas y los repartidores por cuenta propia sin asalariados; ii) el acuerdo separado entre los repartidores por cuenta propia sin asalariados sobre el número máximo de entregas. El convenio colectivo está cubierto por las presentes Directrices, ya que es el resultado de negociaciones colectivas y regula las condiciones de trabajo (tasas, condiciones de salud y seguridad) en las que los repartidores por cuenta propia sin asalariados prestan sus servicios a las plataformas. Sin embargo, la parte del convenio colectivo que divide el territorio de la ciudad entre las tres plataformas no se refiere a sus condiciones de trabajo, sino que constituye un acuerdo de reparto del mercado que, como tal, puede restringir la competencia por el objeto con arreglo al artículo 101 TFUE (18).

En cambio, el acuerdo separado entre los repartidores por cuenta propia sin asalariados sobre el número de entregas por día laborable no es el resultado de negociaciones colectivas entre personas por cuenta propia sin asalariados y su(s) contraparte(s) y, por lo tanto, no está cubierto por las presentes Directrices, sino que debe analizarse por separado.

Ejemplo 2

Situación: Los clubes deportivos del Estado miembro X acuerdan entre sí no contratar a atletas procedentes de los demás clubes de dicho Estado durante la vigencia de sus contratos con el club deportivo de que se trate. Los clubes también coordinan los niveles de remuneración de los deportistas mayores de 35 años.

Análisis: Los acuerdos entre los clubes deportivos constituyen acuerdos entre empresas en el sentido del artículo 101 TFUE. Estos acuerdos no están cubiertos por las presentes Directrices, ya que no se negocian entre personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados y sus contrapartes y, por lo tanto, no son convenios colectivos. El primer acuerdo puede infringir el artículo 101 TFUE por su objeto, ya que restringe la competencia entre los clubes deportivos para contratar a los mejores atletas en el mercado. El segundo acuerdo (fijación de salarios) también puede infringir el artículo 101 TFUE por su objeto, ya que es esencialmente un acuerdo entre competidores (los clubes) para reducir sus costes de insumo.

En general, el presente ejemplo ilustra prácticas de empresas en los mercados laborales que claramente quedan fuera del ámbito de aplicación de las presentes Directrices y que es probable que infrinjan el artículo 101 del TFUE. En concreto, en el ejemplo de los clubes deportivos, los acuerdos pueden infringir el artículo 101 del TFUE, independientemente de que estén relacionados con trabajadores por cuenta propia o trabajadores.

b)   Personas cubiertas por las presentes Directrices

| 19) | Las presentes Directrices se refieren a los convenios colectivos relativos a las condiciones de trabajo de las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados (véanse las secciones III y IV). A efectos de las presentes Directrices, el término «personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados» se refiere a las personas que no tienen un contrato de trabajo o que no mantienen una relación laboral y que dependen principalmente de su propio trabajo personal para la prestación de los servicios de que se trate. Las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados pueden utilizar determinados bienes o activos para prestar sus servicios. Por ejemplo, un limpiador utiliza accesorios de limpieza y un músico toca un instrumento musical. En estos casos, los bienes se utilizan como medio auxiliar para prestar el servicio final, por lo que se consideraría que personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados dependen de su trabajo personal. En cambio, las presentes Directrices no se aplican a situaciones en las que la actividad económica de la persona que trabaja por cuenta propia sin asalariados consista simplemente en compartir o explotar bienes o activos, o en la reventa de bienes o servicios. Por ejemplo, cuando una persona por cuenta propia sin asalariados alquila alojamiento o revende piezas de automóviles, estas actividades están relacionadas con la explotación de activos y la reventa de bienes, más que con la prestación de un trabajo personal. |
| --- | --- |

19)

| 20) | La sección III de las presentes Directrices establece las categorías de convenios colectivos en los que participan personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados que la Comisión considera que quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 101 del TFUE y la sección IV establece las categorías de convenios colectivos contra los que la Comisión no intervendrá. Las categorías de personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados y/o los convenios colectivos enumerados en las secciones III y IV de las presentes Directrices deben respetar y cumplir plenamente los principios generales que definen el ámbito de aplicación de las presentes Directrices establecidos en la sección II. |
| --- | --- |

20)

3.   Convenios colectivos de personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados equiparables a los trabajadores no incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 101 del TFUE

| 21) | En los casos en que se considere que las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados se encuentran en una situación equiparable a la de los trabajadores, debe considerarse que sus convenios colectivos quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 101 del TFUE, independientemente de si cumplen los criterios para ser falsos autónomos (véase el apartado 5 de las presentes Directrices) (19). |
| --- | --- |

21)

| 22) | El Tribunal ha dictaminado que un convenio colectivo que se aplica a los prestadores de servicios autónomos puede considerarse el resultado del diálogo entre empresarios y trabajadores si los prestadores de servicios se encuentran en una situación equiparable a la de los trabajadores (20) y ha confirmado que «en las circunstancias económicas actuales no siempre es fácil determinar si determinados prestadores autónomos son o no «empresas» (21). El Tribunal también ha dictaminado que «un prestador de servicios puede perder su condición de operador económico independiente, y por tanto de empresa, cuando no determina de forma autónoma su comportamiento en el mercado sino que depende completamente de su comitente por el hecho de que no soporta ninguno de los riesgos financieros y comerciales resultantes de la actividad de éste y opera como auxiliar integrado en la empresa del mismo» (22). |
| --- | --- |

22)

| 23) | Sobre la base de estos criterios y teniendo en cuenta la evolución del mercado laboral de la UE y a escala nacional (en términos de legislación y jurisprudencia), a efectos de las presentes Directrices, la Comisión considera que las siguientes categorías de trabajadores por cuenta propia sin empleados se encuentran en una situación equiparable a la de los trabajadores y que, por lo tanto, los convenios colectivos celebrados por ellos no entran en el ámbito de aplicación del artículo 101 del TFUE (23): |
| --- | --- |

23)

a)   Personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados económicamente dependientes

| 24) | Es probable que personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados que prestan sus servicios exclusiva o predominantemente a una contraparte se encuentren en una situación de dependencia económica con respecto a dicha contraparte. En general, estas personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados no determinan su conducta de manera independiente en el mercado y dependen en gran medida de su contraparte, formando parte integrante de su actividad. Además, es más probable que reciban instrucciones sobre cómo deben llevar a cabo su trabajo. La cuestión de los trabajadores autónomos económicamente dependientes ha sido reconocida por varias legislaciones nacionales que conceden a estas personas por cuenta propia sin empleados el derecho a la negociación colectiva, siempre que cumplan los criterios establecidos por las respectivas medidas nacionales (24). |
| --- | --- |

24)

| 25) | La Comisión considera que una persona que trabaja por cuenta propia sin asalariados se encuentra en una situación de dependencia económica si percibe al menos el 50 % de sus ingresos totales anuales por rendimientos del trabajo de una sola contraparte. Por lo tanto, los convenios colectivos relativos a la mejora de las condiciones de trabajo celebrados entre personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados que se encuentran en una situación de dependencia económica y su contraparte de la que dependen económicamente quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 101 del TFUE, aun cuando los trabajadores autónomos en cuestión no hayan sido reclasificados como trabajadores por las autoridades o los tribunales nacionales.







  Ejemplo 3



  Situación: La empresa X es un estudio de arquitectura que contrata a un gran número de arquitectos (autónomos) para la finalización de sus proyectos. Los arquitectos obtienen el 90 % de sus ingresos de la empresa X. También negocian y celebran colectivamente un convenio con la empresa X que establece un máximo de 45 horas de trabajo semanales, vacaciones anuales de 26 días naturales y tarifas de remuneración especificadas en función del nivel de experiencia del arquitecto.

  Análisis: Los arquitectos autónomos, al igual que otros contratistas independientes, se consideran generalmente empresas a efectos del artículo 101 TFUE, por lo que esta disposición se aplica a los acuerdos entre ellos. Sin embargo, el acuerdo celebrado entre los arquitectos autónomos y la empresa X quedaría fuera del ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE, ya que se trata de un convenio colectivo relativo a las condiciones de trabajo entre la empresa X y personas en una situación equiparable a la de los trabajadores (en términos de dependencia económica). En este ejemplo, los arquitectos dependen económicamente de su contraparte (empresa X), ya que obtienen el 90 % de sus ingresos de dicha empresa. Por lo tanto, puede considerarse que forman parte integrante de la empresa X. |
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25)

Ejemplo 3

Situación: La empresa X es un estudio de arquitectura que contrata a un gran número de arquitectos (autónomos) para la finalización de sus proyectos. Los arquitectos obtienen el 90 % de sus ingresos de la empresa X. También negocian y celebran colectivamente un convenio con la empresa X que establece un máximo de 45 horas de trabajo semanales, vacaciones anuales de 26 días naturales y tarifas de remuneración especificadas en función del nivel de experiencia del arquitecto.

Análisis: Los arquitectos autónomos, al igual que otros contratistas independientes, se consideran generalmente empresas a efectos del artículo 101 TFUE, por lo que esta disposición se aplica a los acuerdos entre ellos. Sin embargo, el acuerdo celebrado entre los arquitectos autónomos y la empresa X quedaría fuera del ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE, ya que se trata de un convenio colectivo relativo a las condiciones de trabajo entre la empresa X y personas en una situación equiparable a la de los trabajadores (en términos de dependencia económica). En este ejemplo, los arquitectos dependen económicamente de su contraparte (empresa X), ya que obtienen el 90 % de sus ingresos de dicha empresa. Por lo tanto, puede considerarse que forman parte integrante de la empresa X.

b)   Personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados «codo con codo» con trabajadores

| 26) | Las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados que realizan las mismas tareas o tareas similares «codo con codo» con los trabajadores de la misma contraparte se encuentran en una situación equiparable a la de los trabajadores, ya que prestan sus servicios bajo la dirección de su contraparte y no asumen los riesgos comerciales de la actividad de la contraparte ni gozan de independencia en cuanto al ejercicio de la actividad económica de que se trate. Corresponde a las autoridades u órganos jurisdiccionales nacionales competentes decidir si la relación contractual de las personas por cuenta propia que trabajan codo con codo con los trabajadores debe considerarse una relación laboral. Sin embargo, aun en los casos en que las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados no hayan sido reclasificadas como trabajadores, podrían seguir beneficiándose de la negociación colectiva. Esta realidad ha sido reconocida por la práctica de varios Estados miembros en los que los convenios colectivos se aplican a los trabajadores y a los trabajadores por cuenta propia activos en los mismos sectores (25). |
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26)

| 27) | Por lo tanto, los convenios colectivos relativos a las condiciones de trabajo entre una contraparte y las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados que realizan tareas idénticas o similares «codo a codo» con trabajadores de la misma contraparte quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 101 del TFUE, aun cuando las personas por cuenta propia en cuestión no hayan sido reclasificadas como trabajadores por las autoridades o los tribunales nacionales. Lo mismo sucede con los convenios colectivos que, de conformidad con los sistemas de diálogo social, abarcan tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados.







  Ejemplo 4



  Situación: La empresa X organiza conciertos de orquestas y otros espectáculos de música clásica. Varios músicos trabajan para la empresa X. Algunos como trabajadores y otros como personas que trabajan por cuenta propia, sobre la base de contratos anuales. Estos músicos, con independencia de su situación laboral, reciben instrucciones del director cultural de la empresa X sobre las obras que deben interpretar, el horario y el lugar de los ensayos y los espectáculos en los que deben participar. La empresa X ha celebrado un convenio colectivo con todos los músicos. Se establece un límite máximo de 45 horas de trabajo semanales y se concede a los músicos un permiso especial de un día si participan en tres conciertos en la misma semana.

  Análisis: Los músicos por cuenta propia sin asalariados se encuentran en una situación equiparable a la de los trabajadores de la empresa X en términos de subordinación y similitud de tareas. Realizan las mismas tareas que los músicos empleados (es decir, interpretan música en espectáculos), están sujetos a las mismas instrucciones de la empresa X sobre el contenido, el lugar y el calendario de las actuaciones y se les contrata para una duración similar a la de los músicos empleados por cuenta ajena. En estas circunstancias, el convenio colectivo que regula las condiciones de trabajo de los músicos queda fuera del ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE. |
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27)

Ejemplo 4

Situación: La empresa X organiza conciertos de orquestas y otros espectáculos de música clásica. Varios músicos trabajan para la empresa X. Algunos como trabajadores y otros como personas que trabajan por cuenta propia, sobre la base de contratos anuales. Estos músicos, con independencia de su situación laboral, reciben instrucciones del director cultural de la empresa X sobre las obras que deben interpretar, el horario y el lugar de los ensayos y los espectáculos en los que deben participar. La empresa X ha celebrado un convenio colectivo con todos los músicos. Se establece un límite máximo de 45 horas de trabajo semanales y se concede a los músicos un permiso especial de un día si participan en tres conciertos en la misma semana.

Análisis: Los músicos por cuenta propia sin asalariados se encuentran en una situación equiparable a la de los trabajadores de la empresa X en términos de subordinación y similitud de tareas. Realizan las mismas tareas que los músicos empleados (es decir, interpretan música en espectáculos), están sujetos a las mismas instrucciones de la empresa X sobre el contenido, el lugar y el calendario de las actuaciones y se les contrata para una duración similar a la de los músicos empleados por cuenta ajena. En estas circunstancias, el convenio colectivo que regula las condiciones de trabajo de los músicos queda fuera del ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE.

c)   Trabajadores por cuenta propia sin empleados que trabajan a través de plataformas digitales de trabajo

| 28) | La aparición de la economía de plataformas en línea y la oferta de mano de obra a través de plataformas digitales de trabajo han creado una nueva realidad para determinadas personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados que se encuentran en una situación equiparable a la de los trabajadores frente a las plataformas digitales de trabajo a las que prestan su actividad o a través de las cuales prestan su actividad. Las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados pueden depender de las plataformas digitales, especialmente en lo que se refiere a su contacto con los clientes, y a menudo se enfrentan a ofertas de trabajo definitivas, con poco o ningún margen para negociar sus condiciones laborales, incluida su remuneración. Por lo general, las plataformas digitales de trabajo pueden imponer unilateralmente las condiciones de su relación, sin informar o consultar previamente a las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados. |
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28)

| 29) | La jurisprudencia reciente y la evolución legislativa a nivel nacional dan nuevas pistas sobre la equiparabilidad de estas personas que trabajan por cuenta propia con los trabajadores. En el contexto de los casos de reclasificación, los órganos jurisdiccionales nacionales están reconociendo cada vez más la dependencia de los proveedores de servicios con respecto a determinados tipos de plataformas, o incluso la existencia de una relación laboral (26). En la misma línea, algunos Estados miembros han adoptado legislación (27) que establece la presunción de una relación laboral o del derecho a la negociación colectiva para los proveedores que prestan sus servicios a plataformas digitales o a través de ellas. |
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29)

| 30) | A efectos de las presentes Directrices, se entenderá por «plataforma digital de trabajo» toda persona física o jurídica que preste un servicio comercial que cumpla todos los requisitos siguientes: i) se facilite, al menos en parte, a distancia por medios electrónicos, como un sitio web o una aplicación para dispositivos móviles; ii) se facilite a petición de un destinatario del servicio; e iii) implique, como elemento necesario y esencial, la organización de trabajo realizado por personas individuales, con independencia de que dicho trabajo se realice en línea o en un lugar determinado. Las plataformas que no organicen el trabajo de personas individuales, sino que se limiten a proporcionar un medio a través del cual las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados pueden llegar a los usuarios finales, no constituyen plataformas digitales de trabajo. Por ejemplo, una plataforma que se limite a agregar y mostrar los proveedores de servicios (por ejemplo, fontaneros) disponibles en una zona específica, permitiendo así a potenciales clientes solicitar sus servicios no se considera una plataforma digital de trabajo, ya que no organiza el trabajo de los proveedores de servicios. |
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30)

| 31) | A la luz de estas consideraciones, los convenios colectivos entre personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados y las plataformas de trabajo digitales que, por su naturaleza y finalidad, tienen por objeto mejorar las condiciones de trabajo no entran en el ámbito de aplicación del artículo 101 del TFUE, aunque las autoridades o los tribunales nacionales no hayan reclasificado como trabajadores a las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados en cuestión.







  Ejemplo 5



  Situación: Un grupo de conductores que trabaja para plataformas de transporte con conductor inicia negociaciones con la asociación regional que reúne a dichas plataformas con el fin de celebrar un convenio colectivo para mejorar las condiciones de trabajo de los conductores. Antes de entablar negociaciones con los conductores, las plataformas de transporte con conductor (miembros de la asociación) coordinan su estrategia de negociación. En última instancia, las negociaciones fracasan y no se concluye ningún convenio colectivo. Posteriormente, la asociación de plataformas de transporte con conductor adopta una decisión que fija un precio mínimo de 5 EUR por carrera para los consumidores. Las plataformas también debatieron la posibilidad de fijar un precio mínimo por carrera como parte de su coordinación antes de iniciar las negociaciones con los conductores.

  Análisis: A través de su asociación, las plataformas de transporte con conductor intentan negociar un convenio colectivo con los conductores, destinado a mejorar las condiciones de trabajo de los conductores. A pesar de que finalmente no se llega a un acuerdo, las negociaciones entre los conductores por cuenta propia sin asalariados y la asociación de plataformas quedarían fuera del ámbito de aplicación del artículo 101 del TFUE. Lo mismo se aplica a la coordinación entre las plataformas que precede a las negociaciones con los conductores, siempre que dicha coordinación sea necesaria y proporcionada para la negociación de un convenio colectivo cubierto por las presentes Directrices.
  Sin embargo, las conversaciones entre las plataformas sobre el precio mínimo por conductor que debe cobrarse a los consumidores no se refieren a las condiciones de trabajo. Tal coordinación de precios entre competidores puede infringir el artículo 101 TFUE por su objeto. En cualquier caso, la decisión adoptada por la asociación de plataformas de transporte no entraría en el ámbito de aplicación de las presentes Directrices porque no es el resultado de negociaciones colectivas entre personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados y sus contrapartes. Es el resultado de un acuerdo entre los miembros de la asociación, es decir, las plataformas (contrapartes).
  Por el contrario, si los conductores por cuenta propia sin asalariados y la asociación de plataformas hubieran acordado colectivamente una tarifa mínima de 5 EUR por carrera para los conductores (independientemente de cómo se repercuta ese coste a los consumidores), se habría considerado que dicho acuerdo estaba relacionado con las condiciones de trabajo y, por tanto, no entraba en el ámbito de aplicación del artículo 101 del TFUE. |
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31)

Ejemplo 5

Situación: Un grupo de conductores que trabaja para plataformas de transporte con conductor inicia negociaciones con la asociación regional que reúne a dichas plataformas con el fin de celebrar un convenio colectivo para mejorar las condiciones de trabajo de los conductores. Antes de entablar negociaciones con los conductores, las plataformas de transporte con conductor (miembros de la asociación) coordinan su estrategia de negociación. En última instancia, las negociaciones fracasan y no se concluye ningún convenio colectivo. Posteriormente, la asociación de plataformas de transporte con conductor adopta una decisión que fija un precio mínimo de 5 EUR por carrera para los consumidores. Las plataformas también debatieron la posibilidad de fijar un precio mínimo por carrera como parte de su coordinación antes de iniciar las negociaciones con los conductores.

Análisis: A través de su asociación, las plataformas de transporte con conductor intentan negociar un convenio colectivo con los conductores, destinado a mejorar las condiciones de trabajo de los conductores. A pesar de que finalmente no se llega a un acuerdo, las negociaciones entre los conductores por cuenta propia sin asalariados y la asociación de plataformas quedarían fuera del ámbito de aplicación del artículo 101 del TFUE. Lo mismo se aplica a la coordinación entre las plataformas que precede a las negociaciones con los conductores, siempre que dicha coordinación sea necesaria y proporcionada para la negociación de un convenio colectivo cubierto por las presentes Directrices.

Sin embargo, las conversaciones entre las plataformas sobre el precio mínimo por conductor que debe cobrarse a los consumidores no se refieren a las condiciones de trabajo. Tal coordinación de precios entre competidores puede infringir el artículo 101 TFUE por su objeto. En cualquier caso, la decisión adoptada por la asociación de plataformas de transporte no entraría en el ámbito de aplicación de las presentes Directrices porque no es el resultado de negociaciones colectivas entre personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados y sus contrapartes. Es el resultado de un acuerdo entre los miembros de la asociación, es decir, las plataformas (contrapartes).

Por el contrario, si los conductores por cuenta propia sin asalariados y la asociación de plataformas hubieran acordado colectivamente una tarifa mínima de 5 EUR por carrera para los conductores (independientemente de cómo se repercuta ese coste a los consumidores), se habría considerado que dicho acuerdo estaba relacionado con las condiciones de trabajo y, por tanto, no entraba en el ámbito de aplicación del artículo 101 del TFUE.

4.   Prioridades de la Comisión en materia de garantía de cumplimiento

| 32) | En algunos casos, las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados que no se encuentran en una situación equiparable a la de los trabajadores pueden encontrarse en una posición de negociación débil frente a sus contrapartes y, por tanto, ser incapaces de influir significativamente en sus condiciones de trabajo. Por lo tanto, aunque no pueda suponerse que sus convenios colectivos quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 101 del TFUE, estas personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados pueden, de hecho, tener problemas similares a los que se enfrentan las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados en las categorías antes descritas. Por esta razón, en la medida en que los convenios colectivos tengan por objeto corregir un claro desequilibrio en el poder de negociación de las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados en relación con sus contrapartes y estén destinados, por su naturaleza y finalidad, a mejorar las condiciones de trabajo, la Comisión no intervendrá en su contra. |
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32)

| 33) | Se considerará que cumplen esos criterios las siguientes categorías de convenios colectivos: |
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33)

a)   Convenios colectivos celebrados por personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados con contrapartes de cierta potencia económica

| 34) | Cuando las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados tratan con contrapartes que tienen un cierto nivel de fuerza económica y, por tanto, de poder de la demanda, pueden carecer del poder de negociación necesario para influir en sus condiciones de trabajo. En tal caso, los convenios colectivos pueden ser un medio legítimo para corregir el desequilibrio en el poder de negociación entre ambas partes. |
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34)

| 35) | Por consiguiente, la Comisión no intervendrá contra los convenios colectivos entre las personas por cuenta propia sin asalariados y sus contrapartes en los casos en que exista un claro desequilibrio en el poder de negociación (28). Se considerará que existe tal desequilibrio en el poder de negociación al menos:






  — | cuando las personas por cuenta propia sin asalariados negocien o celebren convenios colectivos con una o más contrapartes que representen a todo el sector o industria, y |
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35)

—

cuando las personas por cuenta propia sin asalariados negocien o celebren convenios colectivos con una o más contrapartes que representen a todo el sector o industria, y

| — | cuando las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados celebren convenios colectivos con una contraparte cuyo volumen de negocios total anual sea superior a 2 000 000 EUR o cuyo número de empleados sea igual o superior a diez personas, o con varias contrapartes que rebasen conjuntamente uno de esos umbrales (29). |
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—

cuando las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados celebren convenios colectivos con una contraparte cuyo volumen de negocios total anual sea superior a 2 000 000 EUR o cuyo número de empleados sea igual o superior a diez personas, o con varias contrapartes que rebasen conjuntamente uno de esos umbrales (29).

| Ejemplo 6



  Situación: Las empresas X, Y y Z prestan servicios de reparación y mantenimiento del automóvil. El volumen de negocios total de la empresa X es de 700 000 EUR, el de la empresa Y es de 1 000 000 EUR y el de la empresa Z, de 500 000 EUR. Los técnicos por cuenta propia sin asalariados que trabajan para estas empresas como prestadores de servicios independientes no están satisfechos con su baja remuneración y sus malas condiciones de seguridad, y deciden negociar conjuntamente con las empresas X, Y y Z para mejorar sus condiciones de trabajo. Las tres empresas se niegan a negociar alegando que cualquier convenio colectivo con los técnicos por cuenta propia sin asalariados infringiría el artículo 101 del TFUE.

  Análisis: Tanto los técnicos por cuenta propia sin asalariados como las tres empresas de servicios automovilísticos son empresas a efectos del artículo 101 TFUE. La presunción de desequilibrio en el poder de negociación no se aplicaría si las empresas X, Y o Z negociaran por separado, ya que ninguna de ellas alcanza el umbral de volumen de negocios de 2 000 000 EUR especificado en el apartado 35 de las presentes Directrices. Sin embargo, en este caso sí se aplica la presunción, ya que las tres empresas negocian colectivamente y, por lo tanto, se tiene en cuenta su volumen de negocios total. Por lo tanto, la Comisión no intervendría contra los convenios colectivos relativos a las condiciones laborales de las personas por cuenta propia sin asalariados en este caso. |
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Ejemplo 6

Situación: Las empresas X, Y y Z prestan servicios de reparación y mantenimiento del automóvil. El volumen de negocios total de la empresa X es de 700 000 EUR, el de la empresa Y es de 1 000 000 EUR y el de la empresa Z, de 500 000 EUR. Los técnicos por cuenta propia sin asalariados que trabajan para estas empresas como prestadores de servicios independientes no están satisfechos con su baja remuneración y sus malas condiciones de seguridad, y deciden negociar conjuntamente con las empresas X, Y y Z para mejorar sus condiciones de trabajo. Las tres empresas se niegan a negociar alegando que cualquier convenio colectivo con los técnicos por cuenta propia sin asalariados infringiría el artículo 101 del TFUE.

Análisis: Tanto los técnicos por cuenta propia sin asalariados como las tres empresas de servicios automovilísticos son empresas a efectos del artículo 101 TFUE. La presunción de desequilibrio en el poder de negociación no se aplicaría si las empresas X, Y o Z negociaran por separado, ya que ninguna de ellas alcanza el umbral de volumen de negocios de 2 000 000 EUR especificado en el apartado 35 de las presentes Directrices. Sin embargo, en este caso sí se aplica la presunción, ya que las tres empresas negocian colectivamente y, por lo tanto, se tiene en cuenta su volumen de negocios total. Por lo tanto, la Comisión no intervendría contra los convenios colectivos relativos a las condiciones laborales de las personas por cuenta propia sin asalariados en este caso.

b)   Convenios colectivos celebrados por trabajadores autónomos con arreglo a la legislación nacional o de la UE

| 36) | En algunos casos, el legislador nacional, en pos de objetivos sociales, ha actuado para corregir el desequilibrio en el poder de negociación de determinadas categorías de personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados, bien i) concediendo explícitamente a dichas personas el derecho a la negociación colectiva, o ii) excluyendo del ámbito de aplicación de la legislación nacional en materia de competencia los convenios colectivos celebrados por trabajadores autónomos en determinadas profesiones. Así pues, cuando dichas medidas nacionales se adopten teniendo en cuenta objetivos sociales, la Comisión no intervendrá contra los convenios colectivos que afecten a las categorías de personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados a las que se aplique dicha legislación nacional.







  Ejemplo 7



  Situación: La legislación nacional del Estado miembro A excluye del ámbito de aplicación de la legislación nacional en materia de competencia los acuerdos celebrados por determinadas personas que trabajan por cuenta propia en el sector cultural.

  Análisis: El Estado miembro A ha establecido una exención sectorial de la legislación nacional en materia de competencia teniendo en cuenta objetivos sociales. Aunque el ámbito de aplicación de la medida pueda ir más allá de la situación de las personas por cuenta propia sin asalariados a que se refiere la sección III de las presentes Directrices, la Comisión no intervendrá contra los convenios colectivos celebrados por personas que trabajen por cuenta propia sin asalariados en virtud de la medida nacional.


  Ejemplo 8



  Situación: La legislación laboral del Estado miembro B establece el derecho de los periodistas que trabajan por cuenta propia a negociar colectivamente con las empresas a las que prestan sus servicios.

  Análisis: El Estado miembro B ha concedido específicamente el derecho de negociación colectiva a una categoría particular de personas que trabajan por cuenta propia, a saber, los periodistas. Esto significa que los convenios colectivos celebrados entre periodistas y las empresas a las que prestan sus servicios no se consideran contrarios a la competencia con arreglo a la legislación nacional en materia de competencia. Por lo tanto, en este caso la Comisión no intervendría contra los convenios colectivos celebrados por periodistas que trabajan por cuenta propia. |
| --- | --- |

36)

Ejemplo 7

Situación: La legislación nacional del Estado miembro A excluye del ámbito de aplicación de la legislación nacional en materia de competencia los acuerdos celebrados por determinadas personas que trabajan por cuenta propia en el sector cultural.

Análisis: El Estado miembro A ha establecido una exención sectorial de la legislación nacional en materia de competencia teniendo en cuenta objetivos sociales. Aunque el ámbito de aplicación de la medida pueda ir más allá de la situación de las personas por cuenta propia sin asalariados a que se refiere la sección III de las presentes Directrices, la Comisión no intervendrá contra los convenios colectivos celebrados por personas que trabajen por cuenta propia sin asalariados en virtud de la medida nacional.

Ejemplo 8

Situación: La legislación laboral del Estado miembro B establece el derecho de los periodistas que trabajan por cuenta propia a negociar colectivamente con las empresas a las que prestan sus servicios.

Análisis: El Estado miembro B ha concedido específicamente el derecho de negociación colectiva a una categoría particular de personas que trabajan por cuenta propia, a saber, los periodistas. Esto significa que los convenios colectivos celebrados entre periodistas y las empresas a las que prestan sus servicios no se consideran contrarios a la competencia con arreglo a la legislación nacional en materia de competencia. Por lo tanto, en este caso la Comisión no intervendría contra los convenios colectivos celebrados por periodistas que trabajan por cuenta propia.

| 37) | En la misma línea, la Directiva sobre derechos de autor (30) establece el principio de que los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes (31) tendrán derecho a recibir una remuneración adecuada y proporcionada cuando concedan licencias o cedan sus derechos exclusivos para la explotación de sus obras y cualquier otra prestación protegida por derechos de autor y derechos afines (32). Los autores y artistas intérpretes o ejecutantes tienden a encontrarse en una posición contractual más débil que sus contrapartes (33) y la Directiva prevé la posibilidad de reforzar su posición contractual para garantizar una remuneración justa en sus contratos de explotación (34). La Directiva sobre derechos de autor otorga flexibilidad a los Estados miembros para aplicar este principio utilizando diferentes mecanismos (incluida la negociación colectiva), siempre que se ajusten a la legislación de la UE (35). |
| --- | --- |

37)

| 38) | De conformidad con estas disposiciones, y sin perjuicio de cualquier otra disposición de la Directiva sobre derechos de autor, la Comisión no intervendrá contra los convenios colectivos celebrados por autores o artistas intérpretes o ejecutantes por cuenta propia sin asalariados con sus contrapartes, de conformidad con dicha Directiva. |
| --- | --- |

38)

| 39) | El apartado 38 de las presentes Directrices no se aplica a las negociaciones colectivas concluidas en el contexto de entidades de gestión colectiva o de operadores de gestión independientes (36). Las presentes Directrices no deben interpretarse en el sentido de que excluyen de la aplicación del Derecho de la competencia de la UE las prácticas de estas organizaciones o entidades (37).







  Ejemplo 9



  Situación: La empresa Y es editora de periódicos y revistas. Varios periodistas que trabajan como autónomos contribuyen con artículos a las publicaciones de la empresa Y. La empresa Y remunera a los periodistas sobre la base de los artículos publicados en cada periódico o revista. Los periodistas no están satisfechos con el nivel de remuneración que reciben de la empresa Y, y negocian y acuerdan colectivamente con ella un incremento de los cánones (remuneración) pagados por la empresa Y de un 20 %.

  Análisis: De conformidad con estas Directrices, la Comisión no intervendrá contra el convenio colectivo celebrado por los periodistas por cuenta propia y la empresa Y, ya que el acuerdo se celebra de conformidad con la Directiva sobre derechos de autor. |
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39)

Ejemplo 9

Situación: La empresa Y es editora de periódicos y revistas. Varios periodistas que trabajan como autónomos contribuyen con artículos a las publicaciones de la empresa Y. La empresa Y remunera a los periodistas sobre la base de los artículos publicados en cada periódico o revista. Los periodistas no están satisfechos con el nivel de remuneración que reciben de la empresa Y, y negocian y acuerdan colectivamente con ella un incremento de los cánones (remuneración) pagados por la empresa Y de un 20 %.

Análisis: De conformidad con estas Directrices, la Comisión no intervendrá contra el convenio colectivo celebrado por los periodistas por cuenta propia y la empresa Y, ya que el acuerdo se celebra de conformidad con la Directiva sobre derechos de autor.

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(1)  A efectos de las presentes Directrices, el término «personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados» se refiere a las personas que no tienen un contrato de trabajo o que no mantienen una relación laboral y que dependen principalmente de su propio trabajo personal para la prestación de los servicios de que se trate.

(2)  A efectos de las presentes Directrices, el término «contrapartes» se refiere a las empresas con las que las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados contratan (es decir, sus clientes profesionales), incluidas las asociaciones de tales empresas.

(3)  Título VII, capítulo 1, sección 1, del TFUE y Protocolo n.o 27 del TUE y del TFUE.

(4)  Principio 8 del pilar europeo de derechos sociales; https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en

(5)  Sentencia de 4 de diciembre de 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, apartado 22; sentencia de 21 de septiembre de 1999, Albany International BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, C-67/96, EU:C:1999:430, apartado 59; sentencia de 11 de diciembre de 2007, International Transport Workers’ Federation y Finnish Seamen’s Union/Viking Line ABP y OÜ Viking Line Eesti, C-438/05, EU:C:2007:772, apartado 49; sentencia de 9 de julio de 2009, 3F/Comisión de las Comunidades Europeas, C-319/07, EU:C:2009:435, apartado 50.

(6)  Sentencia de 4 de diciembre de 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, apartado 23; sentencia de 21 de septiembre de 1999, Albany International BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, C-67/96, EU:C:1999:430, apartado 60; sentencia de 21 de septiembre de 1999, Brentjens' Handelsonderneming BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen, C-115/97, EU:C:1999:434, apartado 57; sentencia de 21 de septiembre de 1999, Maatschappij Drijvende Bokken BV/Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven, C-219/97, EU:C:1999:437, apartado 47; sentencia de 12 de septiembre de 2000, Pavel Pavlov and Others/Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, C-180/98, EU:C:2000:428, apartado 67; sentencia de 21 de septiembre de 2000, Hendrik van der Woude/Stichting Beatrixoord, C-222/98, EU:C:2000:475, apartado 22; sentencia de 3 de marzo de 2011, AG2R Prévoyance/Beaudout Père et Fils SARL, C-437/09, EU:C:2011:112, apartado 29.

(7)  A diferencia de los verdaderos autónomos, que pueden elegir libremente su actividad, lugar, horario y modo de trabajo y ejercerla por su cuenta y riesgo.

(8)  Sentencia de 4 de diciembre de 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, apartados 30 y 31.

(9)  Sentencia de 4 de diciembre de 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, apartados 36 y 37.

(10)  Parlamento Europeo, Informe de 13 de octubre de 2021 sobre la situación de los artistas y la recuperación cultural en la UE [2020/2261 (INI)], Comisión de Cultura y Educación, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0283_ES.html.

(11)  Sentencia del Tribunal de 23 de abril de 1991, Klaus Höfner y Fritz Elser/Macrotron GmbH, C-41/90, ECLI:EU:C:1991:161, apartado 21; sentencia del Tribunal de 16 de noviembre de 1995, Fédération Française des Sociétés d'Assurance, Société Paternelle-Vie, Union des Assurances de Paris-Vie y Caisse d'Assurance et de Prévoyance Mutuelle des Agriculteurs/Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, C-244/94, EU:C:1995:392, apartado 14; sentencia de 11 de diciembre de 1997, Job Centre coop. arl., C-55/96, EU:C:1997:603, apartado 21.

(12)  Sentencia de 4 de diciembre de 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, apartado 27; sentencia de 28 de febrero de 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas/Autoridade da Concorrência, C-1/12, EU:C:2013:127, apartados 36 y 37; sentencia de 14 de diciembre de 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio/Compañía Española de Petróleos, S.A., C-217/05, EU:C:2006:784, apartado 45.

(13)  Sentencia de 4 de diciembre de 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, apartado 33; sentencia de 14 de diciembre de 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio/Compañía Española de Petróleos, S.A., C-217/05, EU:C:2006:784, apartados 43 y 44.

(14)  Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la característica esencial de una relación laboral estriba en que una persona realiza, «durante cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de esta, determinadas prestaciones a cambio de las cuales cobra una retribución». Cabe señalar que la clasificación de una persona como «trabajador» o como «autónomo» debe determinarse principalmente caso por caso con arreglo al Derecho nacional, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal. Sentencia de 4 de diciembre de 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, apartado 34. Sentencia de 21 de febrero de 2013, L.N./Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, C-46/12, EU:C:2013:97, apartado 40; sentencia de 10 de September de 2014, Iraklis Haralambidis v Calogero Casilli, C-270/13, EU:C:2014:2185, apartado 28.

(15)  Artículos 206-210 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 671). Artículos 40 y 41, del Reglamento (UE) n.o 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1184/2006 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.o 104/2000 del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 1).

(16)  Comunicación de la Comisión «Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado», apartado 34 (DO C 101 de 27.4.2004, p. 97).

(17)  Artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 64).

(18)  La misma conclusión se aplicaría si el convenio colectivo incluyera una cláusula que regulase otras cuestiones que van más allá de las condiciones de trabajo, como las horas de trabajo durante las cuales las tres plataformas prestarían sus servicios.

(19)  Sentencia de 4 de diciembre de 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411; sentencia de 21 de septiembre de 1999, Albany International BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, C-67/96, EU:C:1999:430.

(20)  Sentencia de 4 de diciembre de 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, apartado 31.

(21)  Sentencia de 4 de diciembre de 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, apartado 32.

(22)  Sentencia de 4 de diciembre de 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, apartado 33; sentencia de 14 de diciembre de 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio/Compañía Española de Petróleos, S.A., C-217/05, EU:C:2006:784, apartados 43 y 44.

(23)  Algunas personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados pueden pertenecer a varias de las categorías de las presentes Directrices.

(24)  Por ejemplo, Alemania, con arreglo al artículo 12a de la Ley de convenios colectivos, en su versión publicada el 25 de agosto de 1969 (Boletín Oficial Federal I, p. 1323), modificada en último lugar por el artículo 8 de la Ley de 20 de mayo de 2020 (Boletín Oficial Federal I, p. 1055); o España, con arreglo al artículo 11 de la Ley 20/2007, de 11 July, del Estatuto de los Trabajadores Autónomos, Boletín Oficial del Estado n.o 166, de 12 de julio de 2007, páginas 29964 a 29978, se han basado en un criterio de dependencia económica. Algunas personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados pueden pertenecer a varias de las categorías de las presentes Directrices.

(25)  Véase, por ejemplo, el artículo 14 del Convenio colectivo en el sector de las artes escénicas en los Países Bajos, celebrado entre el Kunstenbond (Unión de Artistas) y la Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (Asociación Neerlandesa de las Artes Escénicas) para el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, disponible en https://www.napk.nl/wp-content/uploads/2019/12/Cao-TD-2020-2021.pdf; o el artículo 2 del Convenio colectivo para periodistas profesionales, celebrado por la Gospodarska zbornica Slovenije (Cámara de Comercio e Industria de Eslovenia), el Svet RTV Slovenija (Consejo de RTV de Eslovenia) y el Združenje radijskih postaj Slovenije ter (Asociación de Emisoras de Radio de Eslovenia) y Sindikat novinarjev Slovenije (Unión Sindical de Periodistas Eslovenos), disponible en http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP49.

(26)  Para una descripción detallada de la jurisprudencia en nueve Estados miembros de la UE, Suiza y el Reino Unido, véase Hießl, C., «Case Law on the Classification of Platform Workers: Comparative Analysis and Tentative Conclusions», Comparative Labour Law & Policy Journal, de 2.5.2021, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3839603.

(27)  Véase, por ejemplo, España, con el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas que se dedican a la distribución en el ámbito de las plataformas digitales, BOE núm. 113, de 12 de mayo de 2021, páginas 56733 a 56738; o Grecia con la Ley 4808/2021 de Protección del Trabajo personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados - Creación de una Autoridad Independiente de «Inspección de Trabajo» - Ratificación del Convenio n.o 190 de la Organización Internacional del Trabajo para eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo - Ratificación del Convenio n.o 187 de la Organización Internacional del Trabajo relativo al marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo - Aplicación de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y de la vida profesional, de otras disposiciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y otros acuerdos urgentes, Boletín Oficial Α '101/19-06-2021.

(28)  Las presentes Directrices no deben interpretarse en el sentido de que establecen una prioridad (positiva) de ejecución de la Comisión por lo que se refiere a las negociaciones colectivas y los acuerdos entre personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados y empresas por debajo de esos umbrales.

(29)  Calculado de conformidad con el título 1 del anexo de la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas [notificada con el número C(2003) 1422] (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

(30)  Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE, PE/51/2019/REV/1 (DO L 130 de 17.5.2019, p. 92).

(31)  Todos los autores y artistas intérpretes o ejecutantes están cubiertos por el artículo 18 de la Directiva sobre derechos de autor, con excepción de los autores de un programa de ordenador en el sentido del artículo 2 de la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (DO L 111 de 5.5.2009, p. 16). Artículo 23, apartado 2, de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE, PE/51/2019/REV/1 (DO L 130 de 17.5.2019, p. 92).

(32)  Artículo 18, apartado 1 y considerando 72 de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE, PE/51/2019/REV/1 (DO L 130 de 17.5.2019, p. 92). Véase también el considerando 73 de la misma Directiva, según el cual la remuneración de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes debe ser «adecuada y proporcionada respecto del valor económico real o potencial de los derechos objeto de licencia o cedidos, teniendo en cuenta la contribución del autor o el artista intérprete o ejecutante al conjunto de la obra u otra prestación y todas las circunstancias del caso, como las prácticas de mercado o la explotación real de la obra».

(33)  Considerando 72, de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE, PE/51/2019/REV/1 (DO L 130 de 17.5.2019, p. 92).

(34)  La negociación colectiva también puede aplicarse en los casos previstos en los artículos 19, apartado 5, 20, apartado 1, y 22, apartado 5, de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE, PE/51/2019/REV/1 (DO L 130 de 17.5.2019, p. 92).

(35)  Artículo 18, apartado 2, y considerando 73, de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE, PE/51/2019/REV/1 (DO L 130 de 17.5.2019, p. 92).

(36)  Por «entidad de gestión colectiva» se entiende toda organización autorizada, por ley o mediante cesión, licencia o cualquier otro acuerdo contractual para gestionar los derechos de autor o los derechos afines a los derechos de autor en nombre de varios titulares de derechos, en beneficio colectivo de esos titulares de derechos, como único o principal objeto, y que cumple al menos uno de los siguientes criterios: i) ser propiedad o estar sometida al control de sus miembros, o ii) carecer de ánimo de lucro. Por «operador de gestión independiente» se entiende toda organización autorizada, por ley o mediante cesión, licencia o cualquier otro acuerdo contractual, para gestionar los derechos de autor o los derechos afines a los derechos de autor en nombre de varios titulares de derechos, en beneficio colectivo de esos titulares de derechos, como único o principal objeto, y que: i) no sea propiedad ni esté sometida al control, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, de los titulares de derechos, y ii) carezca de ánimo de lucro; Artículo 3, letras a) y b), de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior (DO L 84 de 20.3.2014, p. 72).

(37)  Considerando 56 de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior (DO L 84 de 20.3.2014, p. 72).

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| 18.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 123/12 |
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18.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 123/12

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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Orientaciones para la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión

(2022/C 123/02)

1.   Introducción

| 1. | La Unión Europea está basada en el Estado de Derecho (1). El respeto del Estado de Derecho es uno de los valores sobre los que se fundamenta la Unión, valores que son comunes a todos los Estados miembros, como se establece en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en los preámbulos del propio TUE y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. |
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1.

| 2. | El presupuesto de la Unión es uno de los instrumentos principales para expresar el principio de solidaridad (artículo 2 del TUE), uno de los principios fundamentales del Derecho de la Unión, basado en la confianza mutua entre los Estados miembros en cuanto al uso responsable de los recursos comunes del presupuesto de la Unión. No obstante, esa confianza mutua se basa, a su vez, en el compromiso de cada uno de los Estados miembros con el cumplimiento de las obligaciones que les conciernen con arreglo al Derecho de la Unión Europea y con el respeto continuo de los valores mencionados en el artículo 2 del TUE, entre ellos el valor del Estado de Derecho. La observancia por parte de los Estados miembros de los valores consagrados en el artículo 2 del TUE es una condición necesaria para el disfrute de todos los derechos derivados de la aplicación de los Tratados a dicho Estado miembro (2). |
| --- | --- |

2.

| 3. | El Reglamento sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión (3) (en lo sucesivo, el «Reglamento sobre condicionalidad») tiene por objeto proteger el presupuesto de la Unión frente a vulneraciones de los principios del Estado de Derecho que afecten o amenacen gravemente con afectar a su buena gestión financiera o a la protección de los intereses financieros de la Unión de un modo suficientemente directo. El Reglamento sobre condicionalidad es un instrumento permanente que se aplica más allá de los límites de un marco financiero plurianual determinado (4). |
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3.

| 4. | El objetivo de las presentes orientaciones es explicar cinco aspectos del Reglamento sobre condicionalidad: i) las condiciones para la adopción de medidas; ii) la relación entre el Reglamento sobre condicionalidad y otros instrumentos; iii) la proporcionalidad de las medidas que se propondrán al Consejo; iv) el procedimiento y el proceso de evaluación; y v) la protección de los derechos de los destinatarios o beneficiarios finales. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Estas orientaciones no son jurídicamente vinculantes y no crean ni modifican ningún derecho ni obligación con respecto a lo establecido en el TUE y en el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el Reglamento Financiero (5), el Reglamento sobre condicionalidad, el Reglamento OLAF (6), el Reglamento sobre la Fiscalía Europea (7) u otros actos pertinentes del Derecho de la Unión, interpretados por el Tribunal de Justicia y el Tribunal General (en lo sucesivo, «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea» (8)). |
| --- | --- |

5.

2.   Condiciones para la adopción de medidas

| 6. | El objetivo del Reglamento sobre condicionalidad es la protección del presupuesto de la Unión en caso de vulneración de los principios del Estado de Derecho en un Estado miembro. El Reglamento sobre condicionalidad establece una serie de condiciones que deben cumplirse para iniciar el procedimiento que en él se regula. |
| --- | --- |

6.

| 7. | De conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento sobre condicionalidad, «[s]e adoptarán medidas adecuadas cuando se determine de conformidad con el artículo 6 que una vulneración de los principios del Estado de Derecho en un Estado miembro afecta o amenaza con afectar gravemente la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o la protección de los intereses financieros de la Unión de un modo suficientemente directo». De conformidad con el artículo 4, apartado 2, las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho se referirán a una o más de las situaciones enumeradas en dicho artículo. Cuando eso se cumpla, esas vulneraciones entrarán en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre condicionalidad. |
| --- | --- |

7.

| 8. | La Comisión iniciará el procedimiento establecido en el artículo 6 del Reglamento sobre condicionalidad cuando constate que se cumplen las condiciones fijadas en el artículo 4. El Tribunal de Justicia ha dictaminado que dichas condiciones se cumplen únicamente cuando la Comisión constate que existen motivos razonables para considerar que: i) al menos uno de los principios del Estado de Derecho a los que se refiere el artículo 2, letra a), del Reglamento sobre condicionalidad se ha vulnerado en un Estado miembro, ii) dicha vulneración afecte al menos a una de las situaciones atribuibles a una autoridad de un Estado miembro o al menos a un ejemplo de actuación de dichas autoridades a los que se refiere el artículo 4, apartado 2, del Reglamento, en la medida en que esas situaciones o esa actuación sean pertinentes para la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o para la protección de los intereses financieros de la Unión, iii) dicha vulneración afecte o amenace gravemente con afectar a la buena gestión financiera de esos intereses financieros, de un modo suficientemente directo, mediante un vínculo genuino (9) o real entre la vulneración y el efecto o la amenaza grave de efecto (10). Cuando se cumplan las condiciones del artículo 4, la Comisión iniciará el procedimiento, salvo que considere que otros procedimientos establecidos en el Derecho de la Unión permitirían proteger el presupuesto de la Unión con mayor eficacia. Dicho procedimiento garantiza la protección de los derechos procedimentales del Estado miembro afectado. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Al evaluar asuntos a la luz del Reglamento sobre condicionalidad, la Comisión aplicará un enfoque global, proactivo, basado en el riesgo y específico, que tiene por objetivo garantizar su aplicación eficaz y, con ello, salvaguardar el presupuesto de la Unión y proteger sus intereses financieros. |
| --- | --- |

9.

2.1.   Vulneraciones pertinentes de los principios del Estado de Derecho

| 10. | El Tribunal de Justicia ha aclarado que el artículo 2, letra a), del Reglamento sobre condicionalidad «establece... que el concepto de “Estado de Derecho”, según se define a efectos de la aplicación de dicho Reglamento, “se entenderá habida cuenta de los demás valores y principios de la Unión consagrados en el artículo 2 del TUE”. De ello se deriva que el respeto a esos valores y principios, en la medida en que forman parte de la propia definición del valor del “Estado de Derecho” mencionado en el artículo 2 del TUE o, según se deriva de la segunda frase de dicho artículo, están estrechamente vinculados a una sociedad que respeta el Estado de Derecho, puede exigirse en el contexto de un mecanismo de condicionalidad horizontal como el establecido por el Reglamento impugnado» (11). |
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10.

| 11. | El artículo 2, letra a), del Reglamento sobre condicionalidad simplemente enumera, a los únicos efectos del propio Reglamento, algunos de los principios que defiende, que son los más pertinentes para su objetivo, es decir, garantizar la protección del presupuesto de la Unión (12). Dicha disposición no pretende facilitar una definición exhaustiva del concepto de Estado de Derecho. |
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11.

| 12. | En lo que respecta a los derechos fundamentales, el Tribunal ha dejado claro que la referencia a ellos «se hace únicamente mediante una ilustración de los requisitos del principio de tutela judicial efectiva». El principio de no discriminación, por el contrario, es parte de la definición del Estado de Derecho por su propia naturaleza: «está claro que no puede considerarse que un Estado miembro cuya sociedad se caracterice por la discriminación garantiza el respeto del Estado de Derecho, en el sentido de ese valor común» (13). |
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12.

| 13. | El considerando 15 del Reglamento sobre condicionalidad hace referencia a «vulneraciones puntuales» y «vulneraciones generalizadas o debidas a prácticas u omisiones reiteradas por parte de las autoridades públicas, o a medidas generales adoptadas por tales autoridades». El Reglamento sobre condicionalidad hace referencia a vulneraciones tanto puntuales como sistémicas, que quedan cubiertas en la medida en que sean pertinentes para la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o para la protección de sus intereses financieros. En definitiva, la Comisión puede evaluar tanto las acciones como las omisiones de las autoridades públicas. |
| --- | --- |

13.

| 14. | El artículo 3 del Reglamento sobre condicionalidad tiene el objetivo de facilitar la aplicación de dicho Reglamento proporcionando una lista de situaciones que pueden considerarse indicio de vulneración de los principios del Estado de Derecho (14). Dado que esta lista es meramente indicativa, otras acciones, prácticas u omisiones de las autoridades públicas u otras situaciones jurídicas cubiertas en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento pueden ser pertinentes en el marco del Reglamento sobre condicionalidad. |
| --- | --- |

14.

| 15. | El Tribunal ha dictaminado que «existe una relación clara entre, por un lado, el respeto del valor del Estado de Derecho y, por otro lado, la ejecución eficiente del presupuesto de la Unión, de conformidad con los principios de buena gestión financiera, y la protección de los intereses financieros de la Unión» (15). El Tribunal ha añadido que «la buena gestión financiera y esos intereses financieros podrían quedar gravemente comprometidos por vulneraciones de los principios del Estado de Derecho cometidas en un Estado miembro, dado que esas vulneraciones pueden provocar, entre otras cosas, que no exista garantía de que el gasto cubierto por el presupuesto de la Unión satisfaga todas las condiciones de financiación establecidas en el Derecho de la Unión [...]» (16). |
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15.

| 16. | El Tribunal mantiene que el cumplimiento de esas condiciones de financiación y de los objetivos que persigue la Unión al financiar el gasto «no pueden garantizarse plenamente en ausencia de un control judicial efectivo concebido para garantizar el cumplimento del Derecho de la UE; la existencia de ese control, tanto en los Estados miembros como a escala de la UE, por parte de jueces y tribunales independientes, forma parte de la esencia del Estado de Derecho» (17). Esto se entiende sin perjuicio de la exigencia de un vínculo suficientemente directo con el presupuesto de la Unión. |
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16.

| 17. | Las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho afectarán a una o más de las situaciones o actuaciones de las autoridades públicas pertinentes, o atribuibles a esas autoridades, en la medida en que sean pertinentes para la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o para la protección de sus intereses financieros (18). |
| --- | --- |

17.

| 18. | El Tribunal ha dictaminado que esa pertinencia puede presumirse en lo que respecta a las actividades de las autoridades a las que hace referencia el artículo 4, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento sobre condicionalidad, en concreto las autoridades que ejecutan el presupuesto de la Unión y realizan el control financiero, la supervisión y las auditorías (19). |
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18.

| 19. | En lo que respecta a los servicios de investigación y a la fiscalía, el buen funcionamiento de esos servicios entra en juego, en virtud de la letra c) de la citada disposición, únicamente en la medida en que esté relacionado con vulneraciones del Derecho de la Unión que afecten a la ejecución del presupuesto de la Unión o a la protección de sus intereses financieros. Lo mismo ocurre con la prevención y la imposición de sanciones por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales o las autoridades administrativas nacionales, en relación con las vulneraciones del Derecho de la Unión mencionadas en la letra e). En lo que respecta al control judicial al que se refiere la letra d), solamente entra en consideración en la medida en que esté relacionado con la actuación de las autoridades a que se refieren las letras a) a c). La recuperación de los fondos indebidamente pagados, prevista en la letra f), solamente afecta a fondos procedentes del presupuesto de la Unión, lo que también es el caso para la cooperación con la OLAF y la Fiscalía Europea, mencionada en la letra g). Por último, la letra h) se refiere expresamente a cualquier otra situación o actuación de las autoridades que sea pertinente para la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o la protección de sus intereses financieros (20). |
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19.

| 20. | La consecuencia de esta interpretación es que, en lo que respecta a las autoridades nacionales cuyas actividades son generales y no quedan limitadas a la ejecución o la protección del presupuesto de la Unión, su actuación o las situaciones que constituyan una vulneración de los principios del Estado de Derecho solamente entrarán en el ámbito de aplicación del Reglamento en la medida en que sean pertinentes para la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o la protección de sus intereses financieros. |
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20.

| 21. | La Comisión señala que, entre esas situaciones o actuaciones de las autoridades públicas en concreto, la cooperación no eficaz o no realizada en tiempo oportuno con la Fiscalía Europea o la OLAF constituye un motivo para actuar con arreglo al Reglamento sobre condicionalidad (21). En lo que respecta a la Fiscalía Europea (22), el ámbito de aplicación de esa cooperación incluye la obligación de que las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros que participan en la Fiscalía Europea presten asistencia y apoyo activos a sus investigaciones y al ejercicio de las acciones penales por su parte (23). En cuanto a la OLAF, el ámbito de aplicación de esa cooperación incluye el derecho de aquella (24) a llevar a cabo controles e inspecciones sobre el terreno, con la asistencia necesaria para llevarlas a cabo de forma efectiva, y a tener acceso a la información, los datos y los documentos pertinentes para decidir si incoar o no una investigación o llevar a cabo investigaciones de manera eficaz y sin demora indebida. Asimismo, incluye las obligaciones conexas para el Estado miembro afectado, incluidas (25) las de: i) informar a la OLAF (26), ii) prestar a la OLAF la asistencia necesaria para que desempeñe efectivamente sus tareas durante una investigación de ese tipo (27), iii) adoptar las medidas cautelares adecuadas, en particular medidas de aseguramiento de las pruebas pertinentes (28), iv) tomar las medidas adecuadas en función de la información facilitada por la OLAF, antes de que esta adopte una decisión que dirima si inicia o no una investigación (29), y v) garantizar un tratamiento adecuado y oportuno de los informes y recomendaciones que emita la OLAF al completar sus investigaciones e informar a la OLAF sobre las medidas adoptadas (30). |
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21.

| 22. | El cumplimiento de esas obligaciones por parte del Estado miembro afectado es verdaderamente fundamental para garantizar una protección eficaz de los intereses financieros de la Unión. Por tanto, la Comisión supervisará la cooperación eficaz y en tiempo oportuno con la OLAF, a la luz de los principios establecidos en el artículo 3 del Reglamento sobre condicionalidad. Se trata de algo particularmente importante para los Estados miembros que no participan en la cooperación reforzada relativa a la Fiscalía Europea, ya que en ellos es la OLAF quien asume la competencia de investigar las acusaciones de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. Además, una falta sistemática de actuaciones de seguimiento a las recomendaciones de la OLAF puede llegar a constituir una actuación de las autoridades públicas que pueda suponer una vulneración de los principios del Estado de Derecho en virtud del Reglamento sobre condicionalidad. |
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22.

| 23. | Por otra parte, el artículo 4, apartado 2, letra h), se refiere expresamente a cualquier otra situación o actuación de las autoridades que sea pertinente para la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o la protección de sus intereses financieros. El Tribunal ha dictaminado que el artículo 4, apartado 2, letra h), debe interpretarse en relación con el artículo 4, apartado 1, que es «el núcleo mismo del mecanismo de condicionalidad horizontal establecido por dicho Reglamento» (31). El Tribunal también ha declarado que el artículo 4, apartado 2, del Reglamento sobre condicionalidad, «en particular su letra h), no tiene por efecto conferir un carácter no exhaustivo a las situaciones afectadas por el mecanismo de condicionalidad establecido por el Reglamento impugnado ni adolece de una precisión insuficiente para satisfacer el principio de seguridad jurídica» (32). |
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23.

| 24. | Por poner un ejemplo posible, una situación o una actuación (u omisión) por parte de las autoridades en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra h), del Reglamento sobre condicionalidad puede incluir el funcionamiento correcto de las autoridades encargadas de los registros de propiedad y de los controles conexos en relación con el arrendamiento y la propiedad de terreno agrícola (incluidas las actuaciones judiciales, cuando proceda), en la medida en que ese arrendamiento o esa propiedad sean pertinentes para beneficiarse de subsidios con arreglo a la política agrícola común de la Unión. |
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24.

| 25. | Vale la pena recordar que el Reglamento sobre condicionalidad es aplicable a todos los fondos de la UE. A este respecto, los colegisladores también han aclarado que el Reglamento sobre condicionalidad puede activarse cuando el buen funcionamiento de las autoridades que ejecuten los planes de recuperación y resiliencia no esté garantizado, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento (UE) 2021/241 (en lo sucesivo, el «Reglamento sobre el MRR») (33). El Tribunal de Justicia también ha aclarado que el Reglamento sobre condicionalidad puede aplicarse igualmente a las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho que afecten a la recaudación de los recursos propios de la Unión (34). |
| --- | --- |

25.

2.2.   Efectos sobre la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o la protección de sus intereses financieros

| 26. | De conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento sobre condicionalidad, para que una determinada actuación o situación entre en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento, la Comisión tiene que determinar que existe una vulneración de los principios del Estado de Derecho y evaluar si dicha vulneración: i) afecta o amenaza con afectar gravemente la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o la protección de los intereses financieros de la Unión, y ii) lo hace de un modo suficientemente directo. Esa evaluación debe realizarse caso por caso. |
| --- | --- |

26.

| 27. | La primera condición mencionada en el apartado 24 [ver el inciso i): «afecta»], exige que la vulneración de los principios del Estado de Derecho detectada tenga efecto sobre la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o sus intereses financieros. |
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27.

| 28. | Este efecto puede consistir, en primer lugar, en ejecutar el presupuesto de la Unión de forma que no cumpla con los principios de buena gestión financiera consagrados en el artículo 317 del TFUE y en las normas adoptadas para la ejecución del presupuesto de la Unión. En particular, el artículo 2, punto 59, del Reglamento Financiero define «buena gestión financiera» como «ejecución del presupuesto de conformidad con los principios de economía, eficiencia y eficacia». Los artículos 33 a 36 del Reglamento Financiero establecen con mayor detalle el significado, el ámbito de aplicación y las consecuencias de esos principios. |
| --- | --- |

28.

| 29. | En segundo lugar, el efecto también puede establecerse en relación con las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho que sean perjudiciales para la protección de los intereses financieros de la Unión, consagrada en el artículo 325 del TFUE y en el Derecho derivado pertinente. En particular, de conformidad con el artículo 63, apartado 2, del Reglamento Financiero, esas normas abarcan todas las medidas legales, reglamentarias y administrativas concebidas, entre otros fines, para prevenir, detectar y corregir las irregularidades y el fraude en la ejecución del presupuesto. Los «intereses financieros de la Unión» se definen en el artículo 2, punto 1, del Reglamento n.o 883/2013, e incluyen «los ingresos, gastos y activos cubiertos por el presupuesto de la Unión Europea así como los cubiertos, gestionados o supervisados por los presupuestos de las instituciones, órganos y organismos». Además, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de «intereses financieros de la Unión», en el sentido del artículo 325, apartado 1, del TFUE, engloba tanto los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión como los gastos cubiertos por dicho presupuesto (35). |
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29.

| 30. | Asimismo, al determinar la magnitud del efecto sobre el presupuesto de la Unión o sus intereses financieros, la Comisión debe tener debidamente en cuenta criterios como la naturaleza, la duración, la gravedad y el alcance de las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho que se hayan detectado, que pueden variar en función de las características de las propias vulneraciones (36). Además, la intención del Estado miembro de que se trate de poner fin a la vulneración de los principios del Estado de Derecho, en particular el grado de su cooperación con la Comisión con arreglo al Reglamento sobre condicionalidad, puede ser pertinente a efectos de, entre otros, medir las repercusiones, la duración y el alcance de la vulneración correspondiente en relación con la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o sus intereses financieros (37). |
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30.

| 31. | En lo que respecta a la situación en la que las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho conllevan una «amenaza grave» de afectar a la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o a la protección de sus intereses financieros, «sería incompatible con las exigencias de la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión y la protección de sus intereses financieros limitar la adopción de medidas adecuadas a los casos de efectos demostrados sobre esa buena gestión financiera o esos intereses financieros. Esa limitación podría poner en peligro el objetivo del... Reglamento» (38). La prevención de los efectos a que se refiere el artículo 4, apartado 1, del Reglamento es «una exigencia permanente y horizontal de la legislación financiera de la UE» (39). Puede determinarse la existencia de una «amenaza grave» en los casos en que los efectos de la vulneración correspondiente de los principios del Estado de Derecho, si bien no demostrados aún, puedan no obstante preverse razonablemente en vista de la alta probabilidad de que sucedan (40). Por tanto, debe demostrarse que el riesgo tiene una alta probabilidad de materializarse, en relación con las situaciones o con las formas de actuación de las autoridades a que se refiere el artículo 4, apartado 2, del Reglamento sobre condicionalidad. Por ejemplo, si determinados actos de las autoridades nacionales que ejecutan los fondos de la Unión a través de la contratación pública, o recaudan los recursos propios de la Unión, o llevan a cabo el control financiero, la supervisión o las auditorías de fondos de la Unión, o investigan acusaciones de fraude, corrupción u otras vulneraciones del Derecho de la Unión en la ejecución de los fondos o los ingresos de la Unión, no pueden ser controlados de manera efectiva por órganos jurisdiccionales totalmente independientes, puede generarse una amenaza grave en la medida que afecte a los fondos de la Unión y a sus intereses financieros. |
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31.

| 32. | Por último, no es suficiente que una vulneración de los principios del Estado de Derecho afecte o amenace gravemente con afectar a la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o a la protección de sus intereses financieros. De conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento sobre condicionalidad, la vulneración de los principios del Estado de Derecho debe producirse «de un modo suficientemente directo» (segunda condición del apartado 24 [véase el inciso ii)]). |
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32.

| 33. | Con arreglo a ese requisito, debe considerarse que existe una relación suficientemente directa entre la vulneración de los principios del Estado de Derecho y sus efectos, o las amenazas graves de tales efectos, sobre la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o sobre la protección de sus intereses financieros. El Tribunal de Justicia ha considerado que los términos «de un modo suficientemente directo» exigen que el vínculo entre la vulneración de los principios del Estado de Derecho y las repercusiones o las amenazas para el presupuesto de la Unión debe ser «genuino» o «real» (41). Eso significa que el procedimiento del Reglamento no debe activarse para dar respuesta a situaciones en las que la conexión sea meramente hipotética, excesivamente incierta o excesivamente vaga. |
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33.

3.   La relación entre el reglamento sobre condicionalidad y otros procedimientos establecidos en el derecho de la unión

| 34. | Cuando la Comisión constate que tiene motivos razonables para considerar que se cumplen las condiciones para la adopción de medidas en virtud del Reglamento sobre condicionalidad, tendrá en cuenta, antes de dar inicio al procedimiento, si las medidas adecuadas son necesarias, es decir, si no hay otros procedimientos establecidos en el Derecho de la Unión para proteger su presupuesto que puedan lograrlo de manera más eficaz, con arreglo a lo establecido en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento sobre condicionalidad. |
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34.

| 35. | En efecto, la legislación financiera de la Unión y las normas sectoriales aplicables regulan ya otros procedimientos de protección del presupuesto de la Unión. |
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35.

| 36. | Por ejemplo, el Reglamento Financiero establece un sistema de detección temprana y exclusión (42) que permite a la Comisión detectar precozmente a personas o entidades que representen riesgos que amenacen la protección de los intereses financieros de la Unión y excluirlos de la recepción de fondos procedentes del presupuesto de la Unión, siempre que se cumplan determinadas condiciones. |
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36.

| 37. | Además, la Comisión puede imponer la interrupción o la suspensión de los pagos, e impondrá correcciones financieras a los Estados miembros (43) si estos no cumplen con la normativa aplicable y no protegen los intereses financieros de la Unión cuando ejecuten el presupuesto de la Unión en régimen de gestión compartida (44). |
| --- | --- |

37.

| 38. | Con arreglo al Reglamento sobre el MRR y a los acuerdos de financiación y préstamo firmados en virtud del mismo, la Comisión tiene derecho a reducir de manera proporcional el apoyo y a recuperar cualquier importe adeudado al presupuesto de la Unión en los casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses que afecten a los intereses de la Unión y que los Estados miembros no hayan subsanado. Además, una serie de planes de recuperación y resiliencia incluyen medidas directamente vinculadas a cuestiones del Estado de Derecho, cuyo cumplimiento satisfactorio es necesario para que se liberen los pagos procedentes del MRR. |
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38.

| 39. | No obstante, puede que no siempre sea posible iniciar esos procedimientos con respecto a situaciones de vulneración de los principios del Estado de Derecho, como las enumeradas en el artículo 3 y en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento sobre condicionalidad. También pueden producirse situaciones en las que las medidas adoptadas con arreglo al Reglamento sobre condicionalidad pueden ser más eficaces en la protección del presupuesto de la Unión que los procedimientos del Reglamento (UE) 2021/1060 (en lo sucesivo, el «Reglamento sobre disposiciones comunes») o del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 y, a partir del 1 de enero de 2023, del Reglamento (UE) 2021/2116, dado que estos últimos solo pueden iniciarse por los motivos concretos que se enumeran en esos Reglamentos (45) y solamente pueden referirse a gastos que el Estado miembro ya haya declarado a la Comisión. Por ejemplo, la aplicación y la ejecución efectivas de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE es una condición favorecedora horizontal en el sentido del artículo 15 del Reglamento sobre disposiciones comunes. Esta condición favorecedora constituye una condición previa para la aplicación eficaz y eficiente de los objetivos específicos de un programa. De conformidad con el Reglamento sobre disposiciones comunes, si un Estado miembro no cumple una condición favorecedora, la Comisión no reembolsará los gastos relacionados con operaciones vinculadas al objetivo u objetivos específicos de que se trate, salvo aquellos que contribuyan al cumplimiento de la condición favorecedora correspondiente. Esta medida es aplicable únicamente después de que la Comisión haya aprobado el programa pertinente o su modificación. En caso de vulneración de los principios del Estado de Derecho en relación con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE que afecten a la ejecución de un programa de la Unión, el Reglamento sobre condicionalidad puede resultar más eficaz en la medida en que también recoge la posibilidad de suspender la aprobación o la modificación de un programa y, como consecuencia, reforzar más la protección del presupuesto de la Unión gracias a su efecto preventivo. |
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39.

| 40. | Al considerar si el procedimiento establecido por el Reglamento sobre condicionalidad protege el presupuesto de la Unión con mayor eficacia que otros procedimientos, la Comisión, sobre la base del cumplimiento de la normativa sectorial y sin perjuicio de las competencias y obligaciones que le conciernen con arreglo a ella, tendrá en cuenta una serie abierta de criterios que deben aplicarse considerando las circunstancias concretas de cada situación. En algunas situaciones, la Comisión podría aplicar el Reglamento sobre condicionalidad a la vez que adopta medidas sectoriales o financieras que pueda estar obligado a tomar o después de adoptar estas, cuando el Reglamento sobre condicionalidad pueda proteger de manera más eficaz el presupuesto y los intereses financieros de la Unión, demostrando así su valor añadido. De otro modo, el valor añadido y la eficacia del Reglamento, como instrumento general y horizontal destinado a proteger el presupuesto de la Unión y sus intereses financieros, se verían despojados de sus efectos útiles. |
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40.

| 41. | La Comisión considera que los criterios indicativos siguientes pueden usarse para determinar la eficacia de la protección facilitada por el Reglamento sobre condicionalidad comparada con otros instrumentos vigentes que persiguen la protección de los intereses financieros de la Unión. |
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41.

| 42. | Un primer criterio se refiere al alcance de los efectos sobre el presupuesto de la Unión y a la magnitud del riesgo que la vulneración de los principios del Estado de Derecho puede suponer para la eficiencia de su buena gestión financiera o para la protección de los intereses financieros de la Unión. En particular, los procedimientos derivados de otras normas financieras de la Unión solo son aplicables a programas de gasto concretos y, por ello, podrían resultar insuficientes, en algunos casos, para las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho que sean «generalizadas o debidas a prácticas u omisiones reiteradas por parte de las autoridades públicas, o a medidas generales adoptadas por tales autoridades» (46). Esto también puede suceder cuando las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho generen una amenaza grave de afectar a la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o a la protección de sus intereses financieros, mientras que otras normas financieras de la Unión, en lugar de eso, pueden referirse a efectos ya materializados sobre el presupuesto de la Unión. Por ejemplo, cuando existan normas nacionales que limiten la responsabilidad penal aparejada al fraude o la corrupción, o debiliten el marco jurídico de lucha contra el fraude y la corrupción o la prevención de los conflictos de interés, los casos en que se produzcan fraude, corrupción o conflictos de interés no podrán investigarse o enjuiciarse de forma efectiva, lo que podría resultar en amenazas graves para la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o sus intereses financieros. Siguiendo la misma línea de razonamiento, las normas generales que impiden un control judicial efectivo por parte de órganos jurisdiccionales independientes de las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales que gestionen total o parcialmente fondos de la Unión pueden también conllevar amenazas graves para la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión. En esas situaciones, la Comisión puede concluir que el uso del Reglamento sobre condicionalidad podría resultar más eficaz que otros instrumentos de la Unión. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Otro criterio pertinente se refiere a los tipos de medidas correctoras disponibles y a su adaptación a diferentes situaciones. El Reglamento sobre condicionalidad ofrece una gran variedad de posibilidades para abordar las características específicas de la vulneración de los principios del Estado de Derecho de que se trate, las cuales pueden aplicarse acumulativamente (47). Si las medidas correctoras disponibles en virtud de otras normas de la Unión son menos adecuadas para abordar la vulneración pertinente de los principios del Estado de Derecho, el Reglamento sobre condicionalidad podría considerarse más eficaz. Esas situaciones pueden producirse cuando el presupuesto de la Unión se vea afectado o sufra la amenaza de verse afectado de manera generalizada, por ejemplo debido a normas nacionales que impidan un control judicial efectivo de las decisiones administrativas por las que se ejecute el presupuesto de la Unión o que obstaculicen la remisión de los asuntos pertinentes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o debido a la falta de independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales. En esos casos, las medidas de suspensión o prohibición con arreglo al Reglamento sobre condicionalidad impuestas de forma acumulativa hasta que se haya puesto fin a la vulneración correspondiente de los principios del Estado de Derecho podrían proteger el presupuesto de la Unión con mayor eficacia, ya que podrían evitar los efectos adversos sobre la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión y sus intereses financieros. Esto podría aplicarse a situaciones en las que los riesgos financieros generales para el presupuesto de la Unión y sus intereses financieros excedan de aquellos que pueden abordarse mediante las medidas relativas a un programa concreto, disponibles en virtud de un instrumento sectorial. |
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43.

4.   Medidas que podría proponer la comisión - proporcionalidad

| 44. | En consonancia con el artículo 5, apartado 3, del Reglamento sobre condicionalidad, una vez que la Comisión haya constatado que se cumplen las condiciones para poner en marcha la aplicación del Reglamento sobre condicionalidad, propondrá al Consejo medidas proporcionadas (48), lo que supone que deben adaptarse a la situación y ser necesarias para abordar los problemas detectados y proteger el presupuesto de la Unión o sus intereses financieros, sin ir más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos. |
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44.

| 45. | El Tribunal de Justicia ha dictaminado que, de conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Reglamento, las medidas deben ser estrictamente proporcionadas, es decir, «limitadas a lo que sea estrictamente necesario en vista de los efectos reales o potenciales de las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho en la gestión financiera del presupuesto de la Unión o sus intereses financieros» (49). |
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45.

| 46. | En este contexto, la Comisión tendrá debidamente en cuenta la naturaleza, la duración, la gravedad y el alcance de las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho de que se trate (50). Dado que esos criterios ayudan a determinar la magnitud de los efectos, que puede variar dependiendo de las características de las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho constatadas, su consideración influye en la evaluación de la proporcionalidad de las medidas (51). Si bien no es posible definir y ponderar todos los tipos posibles de vulneraciones de los principios del Estado de Derecho con antelación, ni tampoco sus efectos exactos sobre el presupuesto o los intereses financieros de la Unión, en esta fase y dada la falta de experiencia en la aplicación del Reglamento sobre condicionalidad, la Comisión examinará los elementos siguientes en relación con cada una de esas características. |
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46.

| 47. | En lo que respecta a la naturaleza de la vulneración, todas las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho son pertinentes para la aplicación del Reglamento sobre condicionalidad en la medida en que afecten o amenacen gravemente con afectar a la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o a sus intereses financieros. No obstante, las situaciones mencionadas en el artículo 3 del Reglamento sobre condicionalidad tienen una importancia particular, ya que se mencionan en él expresamente. No obstante, esto no implica que otras vulneraciones de los principios del Estado de Derecho de naturaleza similar vayan a considerarse menos importantes. En su evaluación, la Comisión también tendrá debidamente en cuenta otras características de la vulneración de los principios del Estado de Derecho, como su posible vinculación intrínseca o estrecha con el proceso por el cual el Estado miembro correspondiente haga uso de los fondos de la Unión (por ejemplo, en los casos de funcionamiento incorrecto de las autoridades públicas que deciden sobre la concesión de subvenciones o contratos financiados a través del presupuesto de la Unión), caso en el que los efectos sobre el presupuesto de la Unión o sobre sus intereses financieros pueden ser particularmente significativos. |
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47.

| 48. | En lo que respecta a la duración, es probable que, cuanto más dure una vulneración de los principios del Estado de Derecho, o cuanto más reiterada sea, más afecte o amenace gravemente con afectar, en general, a la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o a sus intereses financieros. Por consiguiente, esa conclusión también tendrá peso en la evaluación de la Comisión sobre la proporcionalidad de las medidas que pueda proponer. |
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48.

| 49. | En lo que respecta a la gravedad de la vulneración de los principios del Estado de Derecho, la Comisión considera que, cuando una o varias vulneraciones de los principios del Estado de Derecho afecten a partes importantes del sector público de un Estado miembro, como el poder legislativo o el poder judicial, y puedan tener posibles efectos negativos sobre la gestión del presupuesto de la Unión por parte de las autoridades nacionales, o cuando la vulneración o vulneraciones de esos principios del Estado de Derecho sean sistémicos o generalizados, esos factores deben tenerse en cuenta en lo que respecta a la proporcionalidad de las medidas. En lo que respecta al alcance de la vulneración de los principios del Estado de Derecho, la Comisión considera que, cuando una vulneración de los principios del Estado de Derecho afecte o amenace con afectar a múltiples programas o fondos de la Unión, puede augurarse que sus efectos sobre el presupuesto de la Unión o sobre sus intereses financieros serán sustanciales. En general, la gravedad de la vulneración de los principios del Estado de Derecho con arreglo al Reglamento sobre condicionalidad tenderá a reflejarse en la gravedad de sus efectos reales o potenciales sobre la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o sus intereses financieros. |
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49.

| 50. | La Comisión considera que la presencia acumulativa o la ausencia de los elementos mencionados, consideradas a la luz de los efectos reales o potenciales de la vulneración correspondiente de los principios del Estado de Derecho sobre el presupuesto de la Unión o sobre la protección de los intereses financieros de la Unión, puede orientar la evaluación de proporcionalidad de las medidas que deben proponerse con arreglo al Reglamento. Por tanto, una vulneración sistémica de los principios del Estado de Derecho que afecte de forma acumulativa y/o durante un período de tiempo significativo a la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o a sus intereses financieros puede justificar la propuesta de medidas que conlleven unos efectos financieros significativos para el Estado miembro de que se trate. |
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50.

| 51. | Además de esos elementos, la Comisión también puede considerar otros factores, en particular, la intención del Estado miembro de poner fin a la vulneración de los principios del Estado de Derecho, el grado de cooperación del Estado miembro afectado (52) o su negativa a cooperar de forma leal con la Comisión en el contexto de los procedimientos derivados del Reglamento sobre condicionalidad, o una posible persistencia o repetición de vulneraciones similares de los principios del Estado de Derecho, pese a recomendaciones o propuestas de medidas que la Comisión haya realizado anteriormente. La intención y el grado de cooperación del Estado miembro también son pertinentes a efectos de determinar la duración y el alcance de una vulneración de los principios del Estado de Derecho (53). La Comisión garantizará una evaluación objetiva e imparcial al considerar esos factores. |
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51.

| 52. | El Reglamento sobre condicionalidad exige que las medidas se centren, en la medida de lo posible, en las «acciones de la Unión que se vean afectadas por la vulneración» (54). En su propuesta, la Comisión indicará los programas o fondos concretos afectados por las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho o que sufran la amenaza de resultar afectados, y propondrá, en la medida de lo posible, medidas orientadas específicamente a esos programas o fondos. No obstante, en los casos en que no sea posible, entre ellos los casos en que las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho tengan repercusiones sobre la recaudación de los recursos propios de la Unión, el Reglamento sobre condicionalidad permite la adopción de medidas relativas a acciones de la Unión distintas de las afectadas por la vulneración de los principios del Estado de Derecho. El Tribunal de Justicia ha dictaminado que esto podría aplicarse a situaciones que no sea posible (55) o haya dejado de ser posible abordar específicamente, o que solo se puedan abordar de manera inadecuada, con el fin de alcanzar el objetivo del Reglamento sobre condicionalidad, consistente en garantizar la protección del presupuesto de la Unión en su conjunto, con el resultado de que esas medidas sean necesarias para alcanzar ese objetivo (56). De otro modo, el Reglamento sobre condicionalidad no podría alcanzar su objetivo. Además, en los casos en que el Reglamento sobre condicionalidad sea aplicable de manera suplementaria o subsiguiente a otras normas de la Unión, la Comisión tendrá en cuenta el efecto general de las medidas en la garantía del respeto del principio de proporcionalidad. |
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52.

| 53. | Para su evaluación de la proporcionalidad de las medidas propuestas, la Comisión, de conformidad con el artículo 6, apartado 8, del Reglamento sobre condicionalidad, también debe tener en cuenta las mismas fuentes utilizadas para detectar vulneraciones de los principios del Estado de Derecho citadas en la sección 5.2 de las presentes orientaciones. |
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53.

5.   Procedimiento y método del proceso de evaluación

5.1.   Evaluación preliminar de la Comisión

| 54. | A fin de detectar y evaluar vulneraciones de los principios del Estado de Derecho con arreglo al Reglamento sobre condicionalidad, la Comisión llevará a cabo una evaluación cualitativa exhaustiva caso por caso, teniendo debidamente en cuenta las circunstancias y contextos concretos y sobre la base de los principios y características del método establecido en los apartados siguientes de las presentes orientaciones. |
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54.

| 55. | La Comisión llevará a cabo su evaluación de una manera objetiva, imparcial y justa (57). |
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55.

| 56. | La objetividad exige que la evaluación se base en hechos reales o en pruebas de las que la Comisión disponga. Además de los diversos contactos entre la Comisión, otros organismos y los Estados miembros, el artículo 6, apartado 4, del Reglamento sobre condicionalidad también aclara que la Comisión puede solicitar la información adicional necesaria para llevar a cabo su evaluación y que lo hará cuando lo considere adecuado. Por ejemplo, puede solicitar información adicional que sirva para confirmar el cumplimiento de las condiciones de aplicación del Reglamento sobre condicionalidad, para evaluar la magnitud de los efectos sobre el presupuesto de la Unión o sobre la protección de los intereses financieros de la Unión (o la amenaza de dichos efectos), o para evaluar con mayor detalle cualquier medida correctora que el Estado miembro haya adoptado o tenga previsto adoptar. Dado que uno de los objetivos fundamentales del Reglamento sobre condicionalidad es ser utilizado como herramienta preventiva para proteger el presupuesto de la Unión y sus intereses financieros, la Comisión se esfuerza por garantizar un diálogo y una cooperación leales con el Estado miembro de que se trate, a la vez que mantiene el curso adecuado del procedimiento. |
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56.

| 57. | La imparcialidad en la evaluación de asuntos con arreglo al Reglamento sobre condicionalidad implica la igualdad de trato entre Estados miembros. El artículo 4, apartado 2, del TUE también exige a la Unión respetar la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados. En consonancia con la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esto supone, en primer lugar, que las situaciones comparables no deben someterse a un trato diferente y que las situaciones diferentes no deben ser tratadas de la misma forma, salvo que ese tratamiento esté objetivamente justificado (58) por las circunstancias específicas que caracterizan cada situación concreta. Si bien la Comisión debe realizar sus evaluaciones teniendo en cuenta las características particulares del sistema jurídico del Estado miembro en cuestión y la discrecionalidad con la que este cuenta en la aplicación de los principios del Estado de Derecho, eso no significa que las obligaciones sobre el resultado que debe alcanzarse partiendo de todo ello puedan variar de un Estado miembro a otro. El Tribunal de Justicia ha dictaminado que el respeto del Estado de Derecho debe evaluarse sobre la base de criterios uniformes, y que el contenido de los principios del Estado de Derecho es claro, establece obligaciones vinculantes de resultado claras y precisas, y es bien conocido para los Estados miembros (59). Además, según el Tribunal los Estados miembros tienen capacidad de determinar con la suficiente precisión el contenido esencial de cada uno de los principios enumerados en el artículo 2, letra a), de dicho Reglamento, así como las exigencias que se derivan de ellos (60). |
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57.

| 58. | En lo que respecta a la justicia de la evaluación basada en el Reglamento sobre condicionalidad, la Comisión considera que ese aspecto implica adoptar una visión global sobre todas las circunstancias que deben tomarse en consideración para detectar vulneraciones de los principios del Estado de Derecho que resulten pertinentes con arreglo al Reglamento. |
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58.

| 59. | Los servicios de la Comisión comprobarán, en primer lugar, si las fuentes pertinentes se refieren a una vulneración de los principios del Estado de Derecho que ya se haya detectado o, en caso de que no se haya detectado previamente, si existen motivos razonables para considerar que la vulneración de los principios del Estado de Derecho ha tenido lugar. A esos efectos, la Comisión considera que las sentencias firmes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son concluyentes. A continuación, comprobará si la vulneración de los principios del Estado de Derecho afecta a una situación o conducta de las autoridades que sea pertinente para la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o para la protección de sus intereses financieros, según lo previsto en el artículo 4, apartados 1 y 2, del Reglamento. |
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59.

| 60. | En segundo lugar, dado que la mera constatación de la existencia de una vulneración de los principios del Estado de Derecho no basta por sí sola para activar el Reglamento sobre condicionalidad, los servicios de la Comisión evaluarán si la vulneración de los principios del Estado de Derecho afecta o amenaza gravemente con afectar a la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o a sus intereses financieros, tomando en consideración los criterios analizados en la sección 2.2 de las presentes orientaciones. La Comisión concederá una particular importancia a las medidas correctoras u otras medidas de subsanación que ya haya adoptado en casos similares en virtud de los procedimientos a los que se refiere la sección 3 o de otros procedimientos del Derecho de la Unión, siempre que estuvieran vinculadas con situaciones en las que haya indicios de vulneración de los principios del Estado de Derecho con arreglo al Reglamento sobre condicionalidad. |
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60.

| 61. | Los servicios de la Comisión evaluarán finalmente si la vulneración de los principios del Estado de Derecho detectada tiene un vínculo directo suficiente con los efectos sobre la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o sus intereses financieros. Con ese fin, la Comisión considera particularmente pertinentes las sentencias firmes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las medidas correctoras u otras medidas de subsanación previamente adoptadas en casos similares con arreglo a los procedimientos a que se refiere la sección 3. |
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61.

5.2.   Fuentes de información

| 62. | La Comisión se esfuerza por evaluar los asuntos pertinentes para la aplicación del Reglamento sobre condicionalidad de manera diligente y exhaustiva, sobre la base de una amplia gama de pruebas, en la medida en que sea pertinente para cumplir las condiciones de aplicación del Reglamento sobre condicionalidad. La gama y el alcance de las pruebas se tomarán en consideración en función de las características de cada caso, teniendo en cuenta todas las circunstancias que corresponda. La Comisión se asegurará de que la información utilizada sea pertinente y que las fuentes de dicha información sean fiables. |
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62.

5.2.1.   Fuentes de información generales

| 63. | La Comisión se esforzará por usar varias fuentes para detectar, comprobar y evaluar las vulneraciones pertinentes de los principios del Estado de Derecho, a fin de alcanzar sus propias conclusiones acerca del cumplimiento de las condiciones del Reglamento. El Reglamento sobre condicionalidad, en su considerando 16, cita fuentes concretas como «las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los informes del Tribunal de Cuentas, el informe anual sobre el Estado de Derecho y el cuadro de indicadores de la justicia en la UE de la Comisión, los informes de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y de la Fiscalía Europea, según corresponda, y las conclusiones y recomendaciones de las organizaciones y redes internacionales pertinentes, incluidos órganos del Consejo de Europa como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y la Comisión de Venecia, en particular su lista de criterios relativos al Estado de Derecho, y las redes europeas de tribunales supremos y consejos del poder judicial». |
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63.

| 64. | Además de esas fuentes, que no tienen un valor probatorio específico o absoluto, la Comisión también tendrá en cuenta otra información pertinente, según proceda. Esa información puede incluir, por ejemplo, los informes anuales de la Comisión sobre la «protección de los intereses financieros de la Unión Europea y la lucha contra el fraude» (informes PIF) y las resoluciones anuales conexas del Parlamento Europeo, la información en la que se basan los informes pertinentes de la Comisión, la OLAF y la Fiscalía Europea, la información contenida en los informes de auditoría de los servicios de la Comisión y la información recibida de autoridades nacionales y partes interesadas, así como la información de dominio público, como las sentencias de los órganos jurisdiccionales nacionales o las decisiones de las autoridades nacionales. |
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64.

| 65. | La Comisión también tiene la posibilidad de contactar directamente con otros organismos e instituciones reconocidos, como el servicio nacional de coordinación antifraude (AFCOS). Si bien el considerando 16 del Reglamento sobre condicionalidad establece que la Comisión «podría consultar a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a la Comisión de Venecia si ello fuera necesario a fin de efectuar una evaluación cualitativa exhaustiva», la posibilidad de dichas consultas no está limitada a esos dos organismos y la Comisión contactará con cualquier institución u organismo que considere necesario para detectar vulneraciones de los principios del Estado de Derecho y mejorar la evaluación de los asuntos con arreglo al Reglamento sobre condicionalidad. |
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65.

5.2.2.   Denuncias

| 66. | Otra fuente valiosa de información es la presentación de denuncias motivadas por cualquier tercero que pueda conocer información o pruebas pertinentes sobre vulneraciones de los principios del Estado de Derecho que pudiesen afectar o amenazar gravemente con afectar a la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o la protección de los intereses financieros de la Unión de un modo suficientemente directo. |
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66.

| 67. | Como instrumento presupuestario, el Reglamento sobre condicionalidad no facilita las medidas correctoras o los derechos de recurso que pueda querer obtener un denunciante (61). Los denunciantes que quieran obtener medidas correctoras dirigidas específicamente a ellos, incluidas indemnizaciones por daños y perjuicios, no pueden obtenerlas de la Comisión, sino que deben considerar la presentación de denuncias ante las autoridades nacionales o la interposición de acciones ante los órganos jurisdiccionales nacionales. La Unión Europea ofrece medios para presentar denuncias a escala de la UE. En particular, en el caso de un Estado miembro que no cumpla el Derecho de la Unión, cualquier ciudadano, empresa o parte interesada de otro tipo puede notificar una infracción a la Comisión (62). |
| --- | --- |

67.

| 68. | Tras recibir una denuncia relativa al Reglamento sobre condicionalidad, los servicios de la Comisión evaluarán si contiene información y pruebas motivadas que la Comisión pueda utilizar para su evaluación con arreglo al Reglamento sobre condicionalidad. A este respecto, debe señalarse que las denuncias que hacen referencia a las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho sin indicación alguna sobre los efectos que pueden tener o las amenazas que pueden presentar para la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o la protección de los intereses financieros de la Unión no bastarán para considerar que se cumplen las condiciones del Reglamento, salvo que la Comisión determine que existen ese efecto o esas amenazas por motivos adicionales. Dependiendo de las circunstancias de cada caso, los servicios de la Comisión pueden invitar al denunciante a facilitar información adicional para motivar la denuncia dentro de un plazo concreto. Si no se facilita información adicional dentro de ese plazo, la Comisión registrará la información presentada pero no dará curso a la denuncia. |
| --- | --- |

68.

| 69. | Cuando la información presentada esté suficientemente motivada y sea pertinente a los efectos de la evaluación de la Comisión, los servicios de la Comisión podrán solicitar más información o más pruebas si es necesario. Si se considera adecuado, los servicios de la Comisión también pueden reunirse con el denunciante o sus representantes para aclarar las alegaciones presentadas y discutir aspectos concretos relacionados con la denuncia. Los servicios de la Comisión también pueden contactar con otros organismos o instituciones en relación con la información presentada por el denunciante para corroborar o completar la información o las pruebas presentadas por el denunciante, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 4, del Reglamento sobre condicionalidad. |
| --- | --- |

69.

| 70. | La Comisión se esforzará por informar a los denunciantes de las actuaciones que se proponga llevar a cabo en relación con las denuncias en un plazo indicativo de [ocho meses] a partir de la recepción de la denuncia. No obstante, ese plazo está supeditado a las circunstancias del caso concreto y, en particular, dependerá de que la Comisión haya recibido información suficiente del denunciante. Si la Comisión decidiera iniciar el procedimiento establecido en el artículo 6 del Reglamento sobre condicionalidad y proponer medidas adecuadas al Consejo, informará en principio al denunciante: 1) tras remitir una carta de notificación al Estado miembro y 2) tras remitir su propuesta al Consejo. |
| --- | --- |

70.

| 71. | Para facilitar la presentación de denuncias con arreglo al Reglamento sobre condicionalidad, la Comisión ha establecido, en el seno del Servicio Financiero Central de su Dirección General de Presupuestos, el buzón electrónico específico BUDG-CONDITIONALITY-REGIME-COMPLAINTS@ec.europa.eu, mediante el cual los terceros pueden llamar la atención de la Comisión sobre presuntas vulneraciones de los principios del Estado de Derecho pertinentes a efectos del Reglamento sobre condicionalidad. El anexo II de las orientaciones describe la información que los terceros pueden incluir al contactar con la Comisión, así como un formulario recomendado que puede utilizarse para presentar las denuncias. Salvo que se acuerde otra cosa, la identidad del denunciante se mantendrá en estricta confidencialidad y la Comisión garantizará que se cumplan las normas establecidas en la Directiva (UE) 2019/1937 (63). |
| --- | --- |

71.

5.2.3.   Contactos preliminares con el Estado miembro afectado

| 72. | La Comisión podrá contactar con el Estado miembro afectado antes de remitir la notificación escrita de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento sobre condicionalidad, si es necesario para su evaluación preliminar. Por tanto, si tras una denuncia o sobre la base de cualquier otra información recopilada la Comisión no puede aún determinar si existen motivos razonables para considerar que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento, debe poder contactar con el Estado miembro afectado para recabar la información o las explicaciones que pueda necesitar dentro de un plazo razonable y adecuado. Dentro del mismo plazo, el Estado miembro puede utilizar esa oportunidad para subsanar la situación. |
| --- | --- |

72.

| 73. | En esos casos, la Comisión se esforzará por mantener un diálogo abierto con el Estado miembro afectada, con vistas a hacer posible una cooperación reforzada y a abordar los posibles problemas en una fase temprana. Este enfoque también refleja el principio de la cooperación leal, consagrado en el artículo 4, apartado 3, del TUE, así como el hecho de que uno de los objetivos principales del Reglamento sobre condicionalidad es la prevención. Cuando la Comisión solicite aclaraciones escritas iniciales de un Estado miembro, fijará plazos que se correspondan con el alcance y la complejidad de las aclaraciones solicitadas. |
| --- | --- |

73.

| 74. | Si el Estado miembro afectado no actúa o no coopera dentro del plazo fijado por la Comisión, esta finalizará su evaluación preliminar basándose en la información de que disponga, sin más demora. |
| --- | --- |

74.

| 75. | La Comisión aplicará los mismos principios de objetividad, imparcialidad y justicia a todos los Estados miembros durante cualquier contacto preliminar con ellos, en los casos en que dichos contactos preliminares se hayan considerado necesarios, así como a lo largo de todo el procedimiento y de su evaluación. |
| --- | --- |

75.

5.3.   Procedimiento formal con arreglo al artículo 6 del Reglamento sobre condicionalidad

| 76. | Cuando la Comisión constate que tiene motivos razonables para considerar que se cumplen las condiciones para la adopción de medidas con arreglo al Reglamento sobre condicionalidad y que otros procedimientos establecidos en el Derecho de la Unión no permitirían proteger el presupuesto de la Unión de forma más eficaz, remitirá una notificación escrita al Estado miembro afectado, en la que establezca los elementos objetivos y los motivos específicos en los que base sus constataciones, e iniciará el procedimiento con arreglo al artículo 6 del Reglamento sobre condicionalidad (en lo sucesivo, «el procedimiento»). |
| --- | --- |

76.

| 77. | El Estado miembro afectado debe proporcionar la información requerida y puede proponer o adoptar medidas correctoras para abordar las constataciones de la Comisión establecidas en la notificación escrita o la solicitud de observaciones con arreglo al artículo 6, apartado 7, del Reglamento sobre condicionalidad, dentro de un plazo fijado por la Comisión, que no podrá ser inferior a un mes ni superior a tres meses a partir de la fecha de notificación o de la solicitud de observaciones (64). Tras los intercambios regulados por el artículo 6, apartados 1 a 7, del Reglamento sobre condicionalidad, si la Comisión constata que se cumplen las condiciones para la aplicación del Reglamento sobre condicionalidad y que las medidas correctoras que pueden haberse propuesto no son adecuadas, propondrá al Consejo la adopción de medidas para proteger el presupuesto de la Unión o sus intereses financieros. |
| --- | --- |

77.

| 78. | Cuando decida si proponer medidas, la Comisión evaluará debidamente la información recibida y cualquier observación realizada por el Estado miembro afectado a lo largo del procedimiento (65), así como la idoneidad de cualquier medida correctora propuesta en el curso del procedimiento. Para llevar a cabo su evaluación acerca de las medidas que pueden proponerse, la Comisión también hará uso de toda la información recabada en el contexto de cualquier posible contacto preliminar con el Estado miembro afectado, incluidos los producidos antes de iniciarse el procedimiento, cuando proceda, así como de cualquier información pertinente procedente de fuentes disponibles, incluidas las decisiones, conclusiones y recomendaciones de las instituciones y organismos de la Unión, otras organizaciones internacionales pertinentes y otras instituciones reconocidas. |
| --- | --- |

78.

| 79. | Además de garantizar los derechos procedimentales del Estado miembro afectado, el procedimiento también se llevará a cabo de conformidad con los principios de objetividad, no discriminación e igualdad de trato del Estado miembro afectado, y con arreglo a un enfoque no partidista y basado en las pruebas (66). De conformidad con el considerando 23 del Reglamento sobre condicionalidad, la Comisión se compromete a realizar el uso más adecuado de los derechos que le confiere el artículo 237 del TFUE y del Reglamento interno del Consejo (67), con vistas a garantizar que el Consejo tome una decisión en tiempo oportuno sobre la propuesta de medidas (68). |
| --- | --- |

79.

5.4.   Procedimiento para levantar las medidas

| 80. | Tras la adopción de medidas por parte del Consejo, la Comisión supervisará regularmente la situación en el Estado miembro afectado. De conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento sobre condicionalidad, a petición del Estado miembro afectado, o por su propia iniciativa y a más tardar un año después de la adopción de medidas por parte del Consejo, la Comisión volverá a evaluar la situación en el Estado miembro afectado, teniendo en cuenta las pruebas que este haya presentado, así como la adecuación de cualquier medida correctora que haya adoptado. |
| --- | --- |

80.

| 81. | El Estado miembro afectado podrá, en cualquier momento, adoptar nuevas medidas correctoras y presentar a la Comisión una notificación escrita que incluya pruebas para demostrar que ya no se cumplen las condiciones para la adopción de las medidas. |
| --- | --- |

81.

| 82. | Al evaluar la notificación escrita presentada por el Estado miembro afectado o cualquier otra información que la Comisión haya recabado tras la adopción de las medidas por parte del Consejo, la Comisión procederá según lo dispuesto en el método y los principios de objetividad, imparcialidad y justicia detallados en la sección 5.1 de las presentes orientaciones. Para llevar a cabo su evaluación, la Comisión utilizará todas las fuentes de información mencionadas en la sección 5.2 de las presentes orientaciones (69), recabada tras la adopción de las medidas por parte del Consejo. |
| --- | --- |

82.

| 83. | Si, tras la evaluación de la notificación escrita presentada por el Estado miembro o la evaluación de cualquier otra información que la Comisión haya recabado tras la adopción de las medidas por parte del Consejo, la Comisión no puede determinar de manera razonable que la situación que ha llevado a la adopción de las medidas se ha subsanado, puede solicitar información adicional del Estado miembro afectado o de cualquier tercero que pueda disponer de información pertinente, antes de concluir su evaluación, en consonancia con el artículo 7, apartado 2, último párrafo, y el artículo 6, apartado 4, del Reglamento sobre condicionalidad. |
| --- | --- |

83.

| 84. | El Estado miembro afectado debe facilitar la información requerida y puede proponer o adoptar las medidas correctoras propuestas inicialmente para abordar las inquietudes de la Comisión, dentro de un plazo fijado por la Comisión, que no podrá ser inferior a un mes ni superior a tres meses a partir de la fecha de la notificación o de la solicitud de observaciones (70). Tras estos intercambios y la evaluación final de la Comisión, si la Comisión considera que la situación que ha llevado a la adopción de las medidas se ha subsanado, presentará al Consejo una propuesta de decisión de ejecución por la que se levantan las medidas adoptadas, en consonancia con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento sobre condicionalidad. Cuando la Comisión constate que la situación que ha llevado a la adopción de las medidas se ha subsanado parcialmente, presentará al Consejo una propuesta de decisión de ejecución por la que se adaptan las medidas propuestas. |
| --- | --- |

84.

| 85. | Las medidas podrán levantarse o adaptarse cuando las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho, pese a persistir, ya no tengan efectos sobre el presupuesto de la Unión o sus intereses financieros (71). Cuando la Comisión constate que la situación que ha llevado a la adopción de las medidas no se ha subsanado, dirigirá al Estado miembro afectado una decisión motivada e informará de ello al Consejo. |
| --- | --- |

85.

| 86. | Además de garantizar los derechos procedimentales del Estado miembro afectado, el procedimiento también se llevará a cabo de conformidad con los principios de objetividad, no discriminación e igualdad de trato del Estado miembro afectado, y con arreglo a un enfoque imparcial y basado en las pruebas (72). De conformidad con el considerando 23 del Reglamento sobre condicionalidad, la Comisión se compromete a realizar el uso más adecuado de los derechos que le confiere el artículo 237 del TFUE y del Reglamento interno del Consejo (73), con vistas a garantizar que el Consejo tome una decisión en tiempo oportuno sobre la propuesta de levantamiento o adaptación de las medidas (74). |
| --- | --- |

86.

6.   Protección de los derechos legítimos de los destinatarios y beneficiarios finales de la financiación de la unión con arreglo al reglamento sobre condicionalidad

| 87. | Las medidas adoptadas con arreglo al Reglamento sobre condicionalidad tendrán efectos económicos o financieros. No obstante, esos efectos deben limitarse al Estado miembro afectado o, en casos concretos, a determinadas entidades nacionales que gestionen los fondos. Salvo que la decisión de adopción de las medidas disponga otra cosa, basándose en motivos debidamente justificados conforme con las normas aplicables de la Unión, la imposición de esas medidas no debe afectar a las obligaciones previas de las entidades públicas o de los Estados miembros de efectuar pagos a los destinatarios o beneficiarios finales que tengan derecho a ellos en virtud del correspondiente programa o Fondo de la Unión. |
| --- | --- |

87.

| 88. | Las medidas pueden afectar a los fondos o programas de la Unión en todos los modos de gestión del presupuesto de la Unión, es decir, ejecutados directamente (gestionados por los departamentos de la Comisión o a través de agencias ejecutivas (75)), indirectamente [por una de las entidades establecidas en el artículo 62, apartado 1, letra c), del Reglamento Financiero] o conjuntamente con los Estados miembros (gestión compartida (76)). |
| --- | --- |

88.

| 89. | La imposición de medidas no modifica las obligaciones previas de las entidades públicas o los Estados miembros de ejecutar el programa o fondo en cualquier régimen de gestión, en particular sus obligaciones jurídicas de efectuar pagos a los destinatarios o beneficiarios finales, según establecen los instrumentos de la Unión aplicables y los actos jurídicos concretos que hayan creado esas obligaciones, salvo que la decisión por la que se imponen las medidas disponga otra cosa. |
| --- | --- |

89.

| 90. | En otras palabras, las entidades públicas o los Estados miembros no pueden hacer uso de las medidas adecuadas adoptadas por el Consejo para liberarse de las obligaciones previas para con los destinatarios o beneficiarios finales, relativas a los pagos en virtud de las normas pertinentes aplicables. |
| --- | --- |

90.

| 91. | El artículo 5, apartado 2, del Reglamento sobre condicionalidad establece que las obligaciones de las entidades públicas o de los Estados miembros de ejecutar el programa o el fondo no se verán afectadas por la imposición de medidas adecuadas, y en particular las obligaciones que tengan para con los destinatarios o beneficiarios finales, salvo que la decisión por la que se adoptan las medidas disponga otra cosa. La Comisión considera que la conclusión acerca de si los derechos de los beneficiarios o destinatarios finales pueden verse legítimamente afectados por las medidas adecuadas exige un análisis caso por caso, y la Comisión evaluará toda la información pertinente a este respecto. En esta fase, considera que, en principio, cuando el beneficiario o destinatario final haya estado involucrado en la vulneración de los principios del Estado de Derecho, como en los casos de corrupción, fraude sistémico y conflicto de interés, las medidas que se adopten en virtud del Reglamento sobre condicionalidad también podrán tener efectos sobre ese beneficiario o destinatario. Si la Comisión tuviese conocimiento de casos de ese tipo, incluirá en su propuesta al Consejo: i) su conclusión acerca de si los beneficiarios o destinatarios finales en concreto deben verse afectados por las medidas propuestas, ii) los motivos que justifiquen esa decisión, y iii) su propuesta concreta en relación con esos beneficiarios o destinatarios. |
| --- | --- |

91.

Instrumentos de información y notificación

| 92. | Los beneficiarios o destinatarios finales de los programas o fondos de la Unión deben tener conocimiento de sus derechos en virtud del Reglamento sobre condicionalidad. Con ese fin, la Comisión ha establecido una página web específica, https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/protection-eu-budget/rule-law-conditionality-regulation_es, en la que los ciudadanos, incluidos los beneficiarios o destinatarios finales, pueden obtener orientaciones de manera informal. También podrán remitir información a la Comisión sobre asuntos pertinentes para la aplicación del Reglamento sobre condicionalidad cumplimentando y presentando el formulario de denuncia disponible en dicha página web al buzón electrónico específico BUDG-CONDITIONALITY-REGIME-COMPLAINTS@ec.europa.eu La Comisión publicará en su página web información sobre las medidas adoptadas por el Consejo a propuesta suya, de forma que los beneficiarios y destinatarios finales tengan conocimiento de las medidas impuestas a cada Estado miembro. |
| --- | --- |

92.

| 93. | Si, tras la imposición de medidas adecuadas por el Consejo con arreglo al Reglamento sobre condicionalidad, el Estado miembro afectado se niega a cumplir con sus pagos a los beneficiarios o destinatarios finales de los programas o fondos de la Unión afectados por las medidas, los beneficiarios o destinatarios finales afectados deben, en primer lugar, remitir el asunto a las autoridades nacionales competentes haciendo uso de todas las acciones a su disposición con arreglo a las normas nacionales aplicables, incluidas las denuncias a la autoridad pertinente del Estado miembro afectado. En caso de que no se disponga de acciones de ese tipo o estas no sean efectivas (77), los beneficiarios deben informar a la Comisión, y cuando sea posible, facilitar las pruebas pertinentes a ese respecto. Los Estados miembros deben garantizar que las acciones jurídicas reciben el seguimiento adecuado, en cumplimiento del marco jurídico aplicable. |
| --- | --- |

93.

| 94. | Los beneficiarios o destinatarios finales podrían informar a la Comisión sobre posibles vulneraciones del artículo 5, apartado 2, del Reglamento sobre condicionalidad, en caso de que se ven afectados directamente. En sus alegaciones, los beneficiarios o destinatarios finales deben exponer claramente: i) la base jurídica de su derecho a recibir pagos del Estado miembro, ii) el incumplimiento por parte del Estado miembro de su obligación de pagar con arreglo a las normas del programa o fondo correspondiente de la Unión, iii) las acciones jurídicas ya llevadas a cabo y el resultado obtenido, en caso de que lo haya, y facilitar todas las pruebas necesarias y la documentación justificativa que demuestre el inicio de las acciones legales correspondientes, así como el incumplimiento por parte del Estado miembro de sus obligaciones con arreglo al artículo 5 del Reglamento sobre condicionalidad (si se dispone de ella). Las alegaciones contendrán toda la información requerida en el anexo III de las presentes orientaciones. |
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94.

| 95. | Con arreglo al artículo 339 del TFUE y al artículo 17 del Estatuto de los funcionarios, los funcionarios y otros miembros del personal de la Unión Europea no deben divulgar información afectada por la obligación de secreto profesional. La Comisión también garantizará que se cumplan las normas establecidas en la Directiva (UE) 2019/1937 (78). |
| --- | --- |

95.

| 96. | Al ejecutar fondos de la Unión en régimen de gestión compartida, los Estados miembros afectados por medidas adoptadas con arreglo al Reglamento sobre condicionalidad están obligados a notificar a la Comisión las actuaciones concretas que hayan llevado a cabo para el cumplimiento de sus obligaciones de pago para con los destinatarios o beneficiarios finales con arreglo al fondo o programa de la Unión afectado. Esa notificación debe incluir la información y las pruebas que demuestren ese cumplimiento (por ejemplo, los registros contables y documentos justificativos pertinentes) y tener lugar cada tres meses a partir de la adopción de las medidas (79). |
| --- | --- |

96.

| 97. | Basándose en la notificación establecida en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento sobre condicionalidad y cualquier otra prueba proporcionada por el Estado miembro afectado o cualquier otra información recabada, incluida la obtenida de los destinatarios o beneficiarios finales, la Comisión verificará si se han cumplido las obligaciones de pago para con los destinatarios o beneficiarios finales establecidas en el Reglamento sobre condicionalidad y otras normas aplicables de la Unión con respecto a la ejecución de financiación en régimen de gestión compartida. Cuando sea necesario, hará todo lo posible para garantizar que cualquier importe adeudado por entidades públicas o Estados miembros se pague efectivamente a los destinatarios o beneficiarios finales de conformidad con las normas sectoriales concretas que corresponda. Esto puede implicar, por ejemplo, la aplicación de correcciones financieras en consonancia con el Derecho de la Unión aplicable (80). La Comisión también puede decidir iniciar procedimientos de infracción contra el Estado miembro afectado para garantizar el cumplimiento de la obligación del Estado miembro consagrada en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento. Antes de tomar cualquier medida para garantizar el cumplimiento por los Estados miembros de su obligación de pago a los destinatarios o beneficiarios finales, la Comisión garantizará que se respetan los derechos procedimentales del Estado miembro afectado. |
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97.

7.   Revisión de las presentes orientaciones

| 98. | La Comisión puede revisar las presentes orientaciones en la forma debida para tener en cuenta la evolución en su práctica, las modificaciones pertinentes en el Derecho de la Unión o la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin perjuicio de la garantía de la seguridad jurídica. Al revisar las orientaciones, la Comisión consultará con los Estados miembros y con el Parlamento Europeo. |
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98.

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(1)  Véase la sentencia de 23 de abril de 1986, Les Verts/Parliament, C-294/83, ECLI:EU:C:1986:166, apartado 23. Véase también la sentencia de 20 de abril de 2021, Republikka/Il-Prim Ministru, C-896/19, ECLI:EU:C:2021:311, apartados 61 a 65.

(2)  Véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartados 126 y 129.

(3)  Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión (DO L 433I de 22.12.2020, p. 1).

(4)  Véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98, apartado 188.

(5)  Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

(6)  Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

(7)  Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).

(8)  Véase el artículo 19, apartado 1, del TUE.

(9)  Véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 165.

(10)  Véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98, apartado 288.

(11)  Véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98, apartado 154.

(12)  Véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 227.

(13)  Véanse la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 229 y la sentencia de 16 febrero de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98, apartado 324.

(14)  El anexo I de las orientaciones contiene, igualmente, una lista indicativa de vulneraciones de los principios del Estado de Derecho.

(15)  Véanse la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 130; y la sentencia de 16 de febrero de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98, apartado 148.

(16)  Véanse la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 131; y la sentencia de 16 de febrero de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98, apartado 149.

(17)  Véanse la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 132; y la sentencia de 16 de febrero de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98, apartado 150.

(18)  El anexo I de las orientaciones contiene, igualmente, una lista indicativa de esas situaciones concretas.

(19)  Véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 143.

(20)  Véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/-21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 143.

(21)  Véase el artículo 4, apartado 2, letra g), del Reglamento sobre condicionalidad.

(22)  Véanse las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, citado anteriormente.

(23)  Sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros no participantes de cooperar con la Fiscalía Europea, en virtud de las normas de la Unión aplicables, cuando esta ejerza sus competencias en los Estados miembros participantes y requiera dicha cooperación.

(24)  De conformidad con las disposiciones del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013, citado anteriormente.

(25)  Estas obligaciones se prevén en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013. La lista que se facilita en las presentes orientaciones no es exhaustiva.

(26)  Artículo 8 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013.

(27)  Artículo 3 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013.

(28)  Artículo 7, apartado 7, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013.

(29)  Artículo 5, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013.

(30)  Artículo 11, apartados 3 y 5, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013.

(31)  Véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 294.

(32)  Véanse las sentencias de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 301, y Polonia/Parlamento y Consejo, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98, apartado 173.

(33)  Reglamento (UE, Euratom) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17).

(34)  Véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98, apartado 186.

(35)  Véanse la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 265; y la sentencia de 16 de febrero de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98, apartado 297.

(36)  Véanse la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 331; y la sentencia de 16 de febrero de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98, apartado 361.

(37)  Véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 332.

(38)  Véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 262.

(39)  Véanse la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 266, y la sentencia de 16 de febrero de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98, apartado 298.

(40)  Véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 262.

(41)  Véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98, apartado 288.

(42)  Véase el artículo 135 del Reglamento Financiero.

(43)  Véase el artículo 101, apartado 8, del Reglamento Financiero; véanse también, por ejemplo, los artículos 96, 97 y 104 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados («Reglamento sobre disposiciones comunes») (DO L 231 de 30.6.2021, p. 159), y el artículo 52 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n ° 352/78, (CE) n ° 165/94, (CE) n ° 2799/98, (CE) n ° 814/2000, (CE) n ° 1290/2005 y (CE) n ° 485/2008 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 549).

(44)  Véase el artículo 63, apartado 2, del Reglamento Financiero; véanse también, por ejemplo, los artículos 69, apartado 3, y 103 del Reglamento sobre disposiciones comunes, así como el artículo 58 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 y, a partir del 1 de enero de 2023, el artículo 57 del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 (DO L 435 de 6.12.2021, p. 187).

(45)  Los pagos pueden interrumpirse si: a) existen evidencias que dejan entrever una deficiencia grave en relación con la cual no se han adoptado medidas correctoras; b) la Comisión tiene que llevar a cabo verificaciones adicionales tras recibir información que indique que el gasto en una solicitud de pago puede estar vinculado a una irregularidad. Los pagos pueden suspenderse si: a) el Estado miembro se ha abstenido de llevar a cabo las actuaciones necesarias para resolver la situación dando origen a una interrupción de conformidad con el artículo 96 del Reglamento sobre disposiciones comunes; b) existe una deficiencia grave; c) el gasto en las solicitudes de pago está vinculado con una irregularidad que no se ha corregido; d) la Comisión ha emitido un dictamen motivado al respecto de un procedimiento de infracción con arreglo al artículo 258 del TFUE sobre una cuestión que ponga en riesgo la legalidad y la regularidad del gasto. Se efectuarán correcciones financieras si: a) existe una deficiencia grave que haya puesto en riesgo el apoyo de los Fondos ya abonados al programa; b) el gasto reflejado en las cuentas aceptadas es irregular y el Estado miembro no lo ha detectado y notificado; c) el Estado miembro no ha cumplido sus obligaciones con arreglo al artículo 97 antes de que la Comisión haya iniciado el procedimiento de corrección financiera.

(46)  Véase el considerando 15 del Reglamento sobre condicionalidad.

(47)  Véase el artículo 5 de Reglamento sobre condicionalidad.

(48)  Véase el artículo 5, apartado 3, del Reglamento sobre condicionalidad.

(49)  Véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 112.

(50)  Véase el artículo 5, apartado 3, del Reglamento sobre condicionalidad.

(51)  Véanse la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 331; y la sentencia de 16 de febrero de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98, apartado 361.

(52)  Véase el considerando 18 del Reglamento sobre condicionalidad.

(53)  Véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 332.

(54)  Véase el artículo 5, apartado 3, del Reglamento sobre condicionalidad.

(55)  Por ejemplo, en los casos en que los efectos de la vulneración de los principios del Estado de Derecho se produzcan sobre los ingresos del presupuesto de la Unión.

(56)  Véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 275.

(57)  Véase el considerando 16 del Reglamento sobre condicionalidad.

(58)  Véase, entre otros asuntos, la sentencia de 20 de septiembre de 1988, Reino de España/Consejo de las Comunidades Europeas, 203/86, ECLI:EU:C:1988:420, apartado 25. Para consultar un asunto más reciente, véase la sentencia de 8 de octubre de 2020, Universitatea «Lucian Blaga» Sibiu y otros, C-644/19, ECLI:EU:C:2020:810, apartado 44.

(59)  Véanse la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartados 233 y 235; y la sentencia de 16 de febrero de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98, apartados 265 y 283.

(60)  Véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 240.

(61)  Sin perjuicio de la protección de los derechos legítimos de los destinatarios y beneficiarios finales de la financiación de la Unión con arreglo al Reglamento sobre condicionalidad, véase la sección 6.

(62)  Puede consultarse un listado de esos otros recursos, que incluye un formulario de denuncia de una vulneración del Derecho de la Unión, en https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-complaint-eu-level_es

(63)  Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 26.11.2019, p. 17).

(64)  Véase el artículo 6, apartado 5, del Reglamento sobre condicionalidad.

(65)  Véase el artículo 6, apartado 7, del Reglamento sobre condicionalidad.

(66)  Véase el considerando 26 del Reglamento sobre condicionalidad.

(67)  Decisión 2009/937/UE del Consejo, de 1 de diciembre de 2009, por la que se aprueba su Reglamento interno (DO L 325 de 11.12.2009, p. 35).

(68)  Véase el artículo 6, apartado 10, del Reglamento sobre condicionalidad.

(69)  En consonancia con los artículos 7, apartado 2, último párrafo, y 6, apartado 3, del Reglamento sobre condicionalidad.

(70)  Véase la última frase del artículo 7, apartado 2, en combinación con el artículo 6, apartado 5, del Reglamento sobre condicionalidad.

(71)  Véanse la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 178; y la sentencia de 16 de febrero de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98, apartado 217.

(72)  Véase el considerando 26 del Reglamento sobre condicionalidad.

(73)  Decisión 2009/937/UE del Consejo, de 1 de diciembre de 2009, por la que se aprueba su Reglamento interno (DO L 325 de 11.12.2009, p. 35).

(74)  Véase el artículo 6, apartado 10, del Reglamento sobre condicionalidad.

(75)  Véase el artículo 62, apartado 1, letra a), del Reglamento Financiero.

(76)  Véase el artículo 63 de Reglamento Financiero.

(77)  Por ejemplo, en los casos en que las autoridades nacionales retrasen de manera irracional su respuesta o decisión en relación con las acciones del beneficiario.

(78)  Puede consultarse más información acerca del modo en que la Comisión tramita las denuncias en: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-complaint-eu-level_es

(79)  Véanse el artículo 5, apartado 2, y el considerando 19 del Reglamento sobre condicionalidad.

(80)  Véase el considerando 19 del Reglamento sobre condicionalidad.

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ANEXO I

Vulneraciones de los principios del Estado de Derecho

Ejemplos indicativos de vulneraciones de los principios del Estado de Derecho (artículo 3 del Reglamento sobre condicionalidad)

| a) | poner en peligro la independencia de los jueces. Sobre esta materia, el considerando 10 del Reglamento sobre condicionalidad establece que «[l]a independencia de los jueces presupone, en particular, que el órgano jurisdiccional en cuestión esté en condiciones de ejercer, tanto con arreglo a las normas aplicables como en la práctica, sus funciones jurisdiccionales con plena autonomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia, de tal modo que quede protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia de sus miembros a la hora de juzgar o que puedan influir en sus decisiones. Las garantías de independencia e imparcialidad postulan la existencia de reglas, especialmente en lo referente a la composición del órgano, así como al nombramiento, a la duración del mandato y a las causas de recusación y cese de sus miembros, que permitan excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano frente a elementos externos y en lo que respecta a su neutralidad con respecto a los intereses en litigio».


  Según la jurisprudencia del TJCE, «[l]a noción de independencia supone, entre otras cosas, que el órgano en cuestión ejerza sus funciones jurisdiccionales con plena autonomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia, de tal modo que quede protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia de sus miembros a la hora de juzgar o que puedan influir en sus decisiones»
   (1). |
| --- | --- |

a)

poner en peligro la independencia de los jueces. Sobre esta materia, el considerando 10 del Reglamento sobre condicionalidad establece que «[l]a independencia de los jueces presupone, en particular, que el órgano jurisdiccional en cuestión esté en condiciones de ejercer, tanto con arreglo a las normas aplicables como en la práctica, sus funciones jurisdiccionales con plena autonomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia, de tal modo que quede protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia de sus miembros a la hora de juzgar o que puedan influir en sus decisiones. Las garantías de independencia e imparcialidad postulan la existencia de reglas, especialmente en lo referente a la composición del órgano, así como al nombramiento, a la duración del mandato y a las causas de recusación y cese de sus miembros, que permitan excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano frente a elementos externos y en lo que respecta a su neutralidad con respecto a los intereses en litigio».

Según la jurisprudencia del TJCE, «[l]a noción de independencia supone, entre otras cosas, que el órgano en cuestión ejerza sus funciones jurisdiccionales con plena autonomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia, de tal modo que quede protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia de sus miembros a la hora de juzgar o que puedan influir en sus decisiones»
   (1).

| b) | -no impedir, corregir o sancionar decisiones arbitrarias o ilícitas por parte de las autoridades públicas,







  — | incluidas las autoridades policiales, |
| --- | --- | --- |

b)

-no impedir, corregir o sancionar decisiones arbitrarias o ilícitas por parte de las autoridades públicas,

—

incluidas las autoridades policiales,

| — | retener recursos financieros y humanos que afecten a su buen funcionamiento, |
| --- | --- |

—

retener recursos financieros y humanos que afecten a su buen funcionamiento,

| — | no garantizar la ausencia de conflictos de intereses. |
| --- | --- |

—

no garantizar la ausencia de conflictos de intereses.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estas «situaciones pueden llevar a la inobservancia del principio de prohibición del ejercicio arbitrario del poder ejecutivo o del principio de tutela judicial efectiva»
   (2).

| c) | limitar la disponibilidad y eficacia de las vías de recurso judicial, a través, entre otros medios,







  — | de normas procesales restrictivas |
| --- | --- | --- |

c)

limitar la disponibilidad y eficacia de las vías de recurso judicial, a través, entre otros medios,

—

de normas procesales restrictivas

| — | de la no ejecución de las sentencias, |
| --- | --- |

—

de la no ejecución de las sentencias,

| — | o limitar la investigación, la persecución o la sanción efectivas de las infracciones del Derecho. |
| --- | --- |

—

o limitar la investigación, la persecución o la sanción efectivas de las infracciones del Derecho.

En relación con lo anterior, los considerandos 8 y 9 del Reglamento sobre condicionalidad establecen que:

| «(8) | Los Estados miembros solo pueden garantizar la buena gestión financiera si las autoridades públicas actúan conforme a Derecho, si los casos de fraude, incluido el fraude fiscal, de evasión fiscal, de corrupción, de conflictos de interés y otros incumplimientos del Derecho son efectivamente perseguidos por los servicios encargados de la investigación y del ejercicio de la acción penal, y si las decisiones arbitrarias o ilícitas de las autoridades públicas, incluidas las autoridades policiales, son objeto de un control judicial efectivo por parte de órganos jurisdiccionales independientes y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. |
| --- | --- |

«(8)

| (9) | La independencia y la imparcialidad de los jueces siempre deben estar garantizadas y los servicios encargados de la investigación y del ejercicio de la acción penal deben poder desempeñar adecuadamente sus funciones. Los jueces y los servicios encargados de la investigación y del ejercicio de la acción penal deben tener a su disposición los recursos financieros y humanos suficientes y los procedimientos que les permitan actuar de manera eficaz y en pleno respeto del derecho a un juicio justo e imparcial, incluido el respeto de los derechos de defensa. Las sentencias firmes deben ejecutarse de forma efectiva. Estas condiciones son necesarias como garantía mínima frente a decisiones ilícitas y arbitrarias de las autoridades públicas que podrían perjudicar a los intereses financieros de la Unión». |
| --- | --- |

(9)

Ejemplos de situaciones o actuaciones específicas de las autoridades (3)
  que pueden verse afectadas por vulneraciones de los principios del Estado de Derecho (artículo 4, apartado 2, del Reglamento sobre condicionalidad)

Ejemplos de situaciones o actuaciones específicas de las autoridades

3

que pueden verse afectadas por vulneraciones de los principios del Estado de Derecho (artículo 4, apartado 2, del Reglamento sobre condicionalidad)

| a) | el buen funcionamiento de las autoridades que ejecutan el presupuesto de la Unión, incluidos los préstamos y otros instrumentos garantizados por el presupuesto de la Unión, en particular en el contexto de procedimientos de contratación pública o de subvención; |
| --- | --- |

a)

el buen funcionamiento de las autoridades que ejecutan el presupuesto de la Unión, incluidos los préstamos y otros instrumentos garantizados por el presupuesto de la Unión, en particular en el contexto de procedimientos de contratación pública o de subvención;

el buen funcionamiento de las autoridades que ejecutan el presupuesto de la Unión, incluidos los préstamos y otros instrumentos garantizados por el presupuesto de la Unión, en particular en el contexto de procedimientos de contratación pública o de subvención;

| b) | el buen funcionamiento de las autoridades que realizan el control financiero, la supervisión y las auditorías, y el buen funcionamiento de unos sistemas de gestión financiera y rendición de cuentas eficaces y transparentes. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha aclarado que «la expresión “sistemas de gestión financiera y rendición de cuentas eficaces y transparentes” [...] se refiere al concepto de “gestión financiera”, que entra dentro del concepto de “buena gestión financiera” recogido en los propios Tratados, en particular en el artículo 310, apartado 5, y en el artículo 317, párrafo primero, del TFUE, y definido en el artículo 2, punto 59, del Reglamento Financiero como la ejecución del presupuesto de conformidad con los principios de economía, eficiencia y eficacia. La expresión “rendición de cuentas financiera”, por su parte, refleja, en particular, las obligaciones de control financiero, seguimiento y auditoría mencionadas en el artículo 4, apartado 2, letra b), [del Reglamento sobre condicionalidad,] mientras que la expresión “sistemas (...) eficaces y transparentes” implica el establecimiento de un conjunto ordenado de normas que garanticen de manera eficaz y transparente dicha gestión financiera y rendición de cuentas»
   (4).
  El Tribunal de Justicia también aclaró que la expresión «rendición de cuentas financiera» refleja, en particular, las obligaciones de control financiero, seguimiento y auditoría mencionadas en el citado artículo 4, apartado 2, letra b), mientras que los «sistemas (...) eficaces y transparentes» suponen el establecimiento de un conjunto ordenado de normas que garanticen de manera eficaz y transparente dicha gestión financiera y rendición de cuentas
   (5) |
| --- | --- |

b)

el buen funcionamiento de las autoridades que realizan el control financiero, la supervisión y las auditorías, y el buen funcionamiento de unos sistemas de gestión financiera y rendición de cuentas eficaces y transparentes. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha aclarado que «la expresión “sistemas de gestión financiera y rendición de cuentas eficaces y transparentes” [...] se refiere al concepto de “gestión financiera”, que entra dentro del concepto de “buena gestión financiera” recogido en los propios Tratados, en particular en el artículo 310, apartado 5, y en el artículo 317, párrafo primero, del TFUE, y definido en el artículo 2, punto 59, del Reglamento Financiero como la ejecución del presupuesto de conformidad con los principios de economía, eficiencia y eficacia. La expresión “rendición de cuentas financiera”, por su parte, refleja, en particular, las obligaciones de control financiero, seguimiento y auditoría mencionadas en el artículo 4, apartado 2, letra b), [del Reglamento sobre condicionalidad,] mientras que la expresión “sistemas (...) eficaces y transparentes” implica el establecimiento de un conjunto ordenado de normas que garanticen de manera eficaz y transparente dicha gestión financiera y rendición de cuentas»
   (4).

el buen funcionamiento de las autoridades que realizan el control financiero, la supervisión y las auditorías, y el buen funcionamiento de unos sistemas de gestión financiera y rendición de cuentas eficaces y transparentes. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha aclarado que «la expresión “sistemas de gestión financiera y rendición de cuentas eficaces y transparentes” [...] se refiere al concepto de “gestión financiera”, que entra dentro del concepto de “buena gestión financiera” recogido en los propios Tratados, en particular en el artículo 310, apartado 5, y en el artículo 317, párrafo primero, del TFUE, y definido en el artículo 2, punto 59, del Reglamento Financiero como la ejecución del presupuesto de conformidad con los principios de economía, eficiencia y eficacia. La expresión “rendición de cuentas financiera”, por su parte, refleja, en particular, las obligaciones de control financiero, seguimiento y auditoría mencionadas en el artículo 4, apartado 2, letra b), [del Reglamento sobre condicionalidad,] mientras que la expresión “sistemas (...) eficaces y transparentes” implica el establecimiento de un conjunto ordenado de normas que garanticen de manera eficaz y transparente dicha gestión financiera y rendición de cuentas»

4

El Tribunal de Justicia también aclaró que la expresión «rendición de cuentas financiera» refleja, en particular, las obligaciones de control financiero, seguimiento y auditoría mencionadas en el citado artículo 4, apartado 2, letra b), mientras que los «sistemas (...) eficaces y transparentes» suponen el establecimiento de un conjunto ordenado de normas que garanticen de manera eficaz y transparente dicha gestión financiera y rendición de cuentas

5

| c) | el buen funcionamiento de los servicios de investigación y de la fiscalía en relación con la investigación y el ejercicio de la acción penal por:







  — | fraude, en particular por fraude fiscal, especialmente cuando dicho fraude pueda dar lugar a la no recaudación de impuestos como el IVA y de derechos de aduana, afectando directamente a los recursos necesarios para que la Unión alcance sus objetivos y lleve a cabo sus políticas, |
| --- | --- | --- |

c)

el buen funcionamiento de los servicios de investigación y de la fiscalía en relación con la investigación y el ejercicio de la acción penal por:

el buen funcionamiento de los servicios de investigación y de la fiscalía en relación con la investigación y el ejercicio de la acción penal por:

—

fraude, en particular por fraude fiscal, especialmente cuando dicho fraude pueda dar lugar a la no recaudación de impuestos como el IVA y de derechos de aduana, afectando directamente a los recursos necesarios para que la Unión alcance sus objetivos y lleve a cabo sus políticas,

fraude, en particular por fraude fiscal, especialmente cuando dicho fraude pueda dar lugar a la no recaudación de impuestos como el IVA y de derechos de aduana, afectando directamente a los recursos necesarios para que la Unión alcance sus objetivos y lleve a cabo sus políticas,

| — | corrupción u otras infracciones del Derecho de la Unión relativas a la ejecución del presupuesto de la Unión o a la protección de los intereses financieros de la Unión; |
| --- | --- |

—

corrupción u otras infracciones del Derecho de la Unión relativas a la ejecución del presupuesto de la Unión o a la protección de los intereses financieros de la Unión;

corrupción u otras infracciones del Derecho de la Unión relativas a la ejecución del presupuesto de la Unión o a la protección de los intereses financieros de la Unión;

| d) | el control judicial efectivo, por órganos jurisdiccionales independientes, de las acciones u omisiones de las autoridades a que se refiere el artículo 4, apartado 2, letras a), b) y c), del Reglamento sobre condicionalidad.

  Más concretamente, el considerando 9 del Reglamento sobre condicionalidad establece que «[l]os jueces y los servicios encargados de la investigación y del ejercicio de la acción penal deben tener a su disposición los recursos financieros y humanos suficientes y los procedimientos que les permitan actuar de manera eficaz y en pleno respeto del derecho a un juicio justo e imparcial, incluido el respeto de los derechos de defensa. Las sentencias firmes deben ejecutarse de forma efectiva. Estas condiciones son necesarias como garantía mínima frente a decisiones ilícitas y arbitrarias de las autoridades públicas que podrían perjudicar a los intereses financieros de la Unión». |
| --- | --- |

d)

el control judicial efectivo, por órganos jurisdiccionales independientes, de las acciones u omisiones de las autoridades a que se refiere el artículo 4, apartado 2, letras a), b) y c), del Reglamento sobre condicionalidad.

el control judicial efectivo, por órganos jurisdiccionales independientes, de las acciones u omisiones de las autoridades a que se refiere el artículo 4, apartado 2, letras a), b) y c), del Reglamento sobre condicionalidad.

Más concretamente, el considerando 9 del Reglamento sobre condicionalidad establece que «[l]os jueces y los servicios encargados de la investigación y del ejercicio de la acción penal deben tener a su disposición los recursos financieros y humanos suficientes y los procedimientos que les permitan actuar de manera eficaz y en pleno respeto del derecho a un juicio justo e imparcial, incluido el respeto de los derechos de defensa. Las sentencias firmes deben ejecutarse de forma efectiva. Estas condiciones son necesarias como garantía mínima frente a decisiones ilícitas y arbitrarias de las autoridades públicas que podrían perjudicar a los intereses financieros de la Unión».

| e) | la prevención y la sanción del fraude, incluidos el fraude fiscal, la corrupción u otras infracciones del Derecho de la Unión relativas a la ejecución del presupuesto de la Unión o a la protección de los intereses financieros de la Unión, y la imposición de sanciones eficaces y disuasorias a los beneficiarios por los órganos jurisdiccionales o por las autoridades administrativas; |
| --- | --- |

e)

la prevención y la sanción del fraude, incluidos el fraude fiscal, la corrupción u otras infracciones del Derecho de la Unión relativas a la ejecución del presupuesto de la Unión o a la protección de los intereses financieros de la Unión, y la imposición de sanciones eficaces y disuasorias a los beneficiarios por los órganos jurisdiccionales o por las autoridades administrativas;

la prevención y la sanción del fraude, incluidos el fraude fiscal, la corrupción u otras infracciones del Derecho de la Unión relativas a la ejecución del presupuesto de la Unión o a la protección de los intereses financieros de la Unión, y la imposición de sanciones eficaces y disuasorias a los beneficiarios por los órganos jurisdiccionales o por las autoridades administrativas;

| f) | la recuperación de los fondos indebidamente pagados; |
| --- | --- |

f)

la recuperación de los fondos indebidamente pagados;

la recuperación de los fondos indebidamente pagados;

| g) | la cooperación eficaz y en tiempo oportuno con la OLAF y, a reserva de la participación del Estado miembro de que se trate, con la Fiscalía Europea en sus investigaciones o ejercicio de la acción penal en virtud de los actos de la Unión aplicables, de conformidad con el principio de cooperación leal. |
| --- | --- |

g)

la cooperación eficaz y en tiempo oportuno con la OLAF y, a reserva de la participación del Estado miembro de que se trate, con la Fiscalía Europea en sus investigaciones o ejercicio de la acción penal en virtud de los actos de la Unión aplicables, de conformidad con el principio de cooperación leal.

la cooperación eficaz y en tiempo oportuno con la OLAF y, a reserva de la participación del Estado miembro de que se trate, con la Fiscalía Europea en sus investigaciones o ejercicio de la acción penal en virtud de los actos de la Unión aplicables, de conformidad con el principio de cooperación leal.

---

(1)  Sentencia de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, apartado 44. Véanse también, entre otras, las sentencias de 24 de junio de 2019, Comisión/República de Polonia, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531, y de 20 de abril de 2021, Repubblika/Il-Prim Ministru, C-896/19, ECLI:EU:C:2021:311.

1

(2)  Véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 245, y la jurisprudencia citada en él.

2

(3)  Estos ejemplos son meramente indicativos, ya que otras situaciones o actuaciones de las autoridades pertinentes para la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o la protección de sus intereses financieros también pueden entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre condicionalidad [véase el artículo 4, apartado 2, letra h)].

3

(4)  Véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98, apartado 333.

4

(5)  Véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98, apartado 333.

5

---

Anexo II

Elementos que deben incluirse en la denuncia sobre presuntas vulneraciones de los principios del Estado de Derecho con arreglo al Reglamento sobre condicionalidad

Los denunciantes deben incluir los siguientes datos al ponerse en contacto con la Comisión en relación con presuntas vulneraciones de los principios del Estado de Derecho con arreglo al Reglamento sobre condicionalidad:

| — | Identidad y datos de contacto (1). |
| --- | --- |

—

Identidad y datos de contacto (1).

| — | Información sobre cómo se ha vulnerado presuntamente el Estado de Derecho (incluidos los actos u omisiones de las autoridades públicas que presuntamente vulneran los principios del Estado de Derecho) y pruebas pertinentes. |
| --- | --- |

—

Información sobre cómo se ha vulnerado presuntamente el Estado de Derecho (incluidos los actos u omisiones de las autoridades públicas que presuntamente vulneran los principios del Estado de Derecho) y pruebas pertinentes.

| — | Información sobre cómo la presunta infracción es pertinente a efectos del Reglamento sobre condicionalidad (descripción de cómo afecta o amenaza gravemente con afectar al presupuesto de la Unión o a los intereses financieros de la Unión de un modo suficientemente directo) y pruebas pertinentes. |
| --- | --- |

—

Información sobre cómo la presunta infracción es pertinente a efectos del Reglamento sobre condicionalidad (descripción de cómo afecta o amenaza gravemente con afectar al presupuesto de la Unión o a los intereses financieros de la Unión de un modo suficientemente directo) y pruebas pertinentes.

| — | Lista de documentos justificativos que, en el caso de solicitarse, podrían enviarse a la Comisión. |
| --- | --- |

—

Lista de documentos justificativos que, en el caso de solicitarse, podrían enviarse a la Comisión.

Para facilitar la presentación de información pertinente para la aplicación del Reglamento sobre condicionalidad y garantizar que la Comisión reciba información pertinente y estructurada, podría utilizarse el siguiente modelo, disponible en la página web https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/protection-eu-budget/rule-law-conditionality-regulation_es.

COMISIÓN EUROPEA

Denuncia — Vulneración de los principios del Estado de Derecho que afecta al presupuesto o a los intereses financieros de la Unión

Reglamento 2020/2092 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión (en lo sucesivo, «Reglamento sobre condicionalidad»)

El presente formulario de denuncia sirve para notificar a la Comisión Europea las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho en un Estado miembro que afecten o amenacen gravemente con afectar a la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o a la protección de los intereses financieros de la Unión de un modo suficientemente directo.

Para notificar a la Comisión Europea cualquier otra denuncia relacionada con el Estado de Derecho, utilice en su lugar el formulario de denuncia disponible en https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_es/

| Todos los campos marcados con * son obligatorios. Le rogamos concisión. Si es necesario, continúe en otra página. |
| --- |

Todos los campos marcados con * son obligatorios. Le rogamos concisión. Si es necesario, continúe en otra página.

1.   Identidad y datos de contacto

| | Denunciante* | Representante (cuando proceda) |
| --- | --- | --- |
| Tratamiento* (Sr., Sra., Srta.) | | |
| Nombre* | | |
| Apellidos* | | |
| Organización: | | |
| Dirección*: | | |
| Población* | | |
| Código postal* | | |
| País* | | |
| Teléfono | | |
| Correo electrónico | | |
| Idioma* | | |
| ¿La correspondencia debe ir dirigida a usted o a su representante? | ☐ | ☐ |

Denunciante*

Representante (cuando proceda)

Tratamiento* (Sr., Sra., Srta.)

Nombre*

Apellidos*

Organización:

Dirección*:

Población*

Código postal*

País*

Teléfono

Correo electrónico

Idioma*

¿La correspondencia debe ir dirigida a usted o a su representante?

☐

☐

2.   ¿Cuál es la vulneración de los principios del Estado de Derecho denunciada?*

| Poner en peligro la independencia de los jueces | ☐ |
| --- | --- |
| No impedir, corregir o sancionar decisiones arbitrarias o ilícitas por parte de las autoridades públicas, incluidas las autoridades policiales, o retener recursos financieros y humanos que afecten a su buen funcionamiento | ☐ |
| No garantizar la ausencia de conflictos de interés. | ☐ |
| Limitar la disponibilidad y eficacia de las vías de recurso, a través, entre otros medios, de normas procesales restrictivas y de la no ejecución de las resoluciones judiciales | ☐ |
| Limitar la investigación, la persecución o sanción efectivas de las infracciones del Derecho. | ☐ |
| Otros | Desarrolle su respuesta. |

Poner en peligro la independencia de los jueces

☐

No impedir, corregir o sancionar decisiones arbitrarias o ilícitas por parte de las autoridades públicas, incluidas las autoridades policiales, o retener recursos financieros y humanos que afecten a su buen funcionamiento

☐

No garantizar la ausencia de conflictos de interés.

☐

Limitar la disponibilidad y eficacia de las vías de recurso, a través, entre otros medios, de normas procesales restrictivas y de la no ejecución de las resoluciones judiciales

☐

Limitar la investigación, la persecución o sanción efectivas de las infracciones del Derecho.

☐

Otros

Desarrolle su respuesta.

3.   ¿A qué afecta, en su opinión, la supuesta vulneración de los principios del Estado de Derecho indicada en el punto 2?*

(Puede elegir varias respuestas):

| Al buen funcionamiento de las autoridades que ejecutan el presupuesto de la Unión, incluidos los préstamos y otros instrumentos garantizados por el presupuesto de la Unión, en particular en el contexto de procedimientos de contratación pública o de subvención | ☐ |
| --- | --- |
| Al buen funcionamiento de las autoridades que realizan el control financiero, la supervisión y las auditorías, y al buen funcionamiento de unos sistemas de gestión financiera y rendición de cuentas eficaces y transparentes | ☐ |
| Al buen funcionamiento de los servicios de investigación y de la fiscalía en relación con la investigación y el ejercicio de la acción penal por fraude, en particular por fraude fiscal, corrupción u otras infracciones del Derecho de la Unión relativas a la ejecución del presupuesto de la Unión o a la protección de los intereses financieros de la Unión | ☐ |
| Al control judicial efectivo, por órganos jurisdiccionales independientes, de las acciones u omisiones de las autoridades mencionadas anteriormente | ☐ |
| A la prevención y la sanción del fraude, incluidos el fraude fiscal, la corrupción u otras infracciones del Derecho de la Unión relativas a la ejecución del presupuesto de la Unión o a la protección de los intereses financieros de la Unión, y a la imposición de sanciones eficaces y disuasorias a los beneficiarios por los órganos jurisdiccionales o por las autoridades administrativas | ☐ |
| A la recuperación de los fondos indebidamente pagados | ☐ |
| A la cooperación eficaz y en tiempo oportuno con la OLAF en sus investigaciones o ejercicio de la acción penal en virtud de los actos de la Unión aplicables, de conformidad con el principio de cooperación leal | ☐ |
| [A reserva de la participación del Estado miembro de que se trate,] a la cooperación eficaz y en tiempo oportuno con la Fiscalía Europea en sus investigaciones o ejercicio de la acción penal en virtud de los actos de la Unión aplicables, de conformidad con el principio de cooperación leal | ☐ |
| A otras situaciones o actuaciones de las autoridades que sean pertinentes para la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o para la protección de los intereses financieros de la Unión | ☐ |

Al buen funcionamiento de las autoridades que ejecutan el presupuesto de la Unión, incluidos los préstamos y otros instrumentos garantizados por el presupuesto de la Unión, en particular en el contexto de procedimientos de contratación pública o de subvención

☐

Al buen funcionamiento de las autoridades que realizan el control financiero, la supervisión y las auditorías, y al buen funcionamiento de unos sistemas de gestión financiera y rendición de cuentas eficaces y transparentes

☐

Al buen funcionamiento de los servicios de investigación y de la fiscalía en relación con la investigación y el ejercicio de la acción penal por fraude, en particular por fraude fiscal, corrupción u otras infracciones del Derecho de la Unión relativas a la ejecución del presupuesto de la Unión o a la protección de los intereses financieros de la Unión

☐

Al control judicial efectivo, por órganos jurisdiccionales independientes, de las acciones u omisiones de las autoridades mencionadas anteriormente

☐

A la prevención y la sanción del fraude, incluidos el fraude fiscal, la corrupción u otras infracciones del Derecho de la Unión relativas a la ejecución del presupuesto de la Unión o a la protección de los intereses financieros de la Unión, y a la imposición de sanciones eficaces y disuasorias a los beneficiarios por los órganos jurisdiccionales o por las autoridades administrativas

☐

A la recuperación de los fondos indebidamente pagados

☐

A la cooperación eficaz y en tiempo oportuno con la OLAF en sus investigaciones o ejercicio de la acción penal en virtud de los actos de la Unión aplicables, de conformidad con el principio de cooperación leal

☐

[A reserva de la participación del Estado miembro de que se trate,] a la cooperación eficaz y en tiempo oportuno con la Fiscalía Europea en sus investigaciones o ejercicio de la acción penal en virtud de los actos de la Unión aplicables, de conformidad con el principio de cooperación leal

☐

A otras situaciones o actuaciones de las autoridades que sean pertinentes para la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o para la protección de los intereses financieros de la Unión

☐

4   ¿Qué medidas o prácticas nacionales considera que constituyen una violación de los principios del Estado de Derecho con arreglo al Reglamento sobre condicionalidad y por qué? *

| |
| --- |

5   Describa el problema e indique los hechos y motivos en los que se basa su denuncia* (máx. 10 000 caracteres]:

| |
| --- |

6   ¿Cómo afecta o amenaza gravemente con afectar la presunta vulneración de los principios del Estado de Derecho a la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o a la protección de los intereses financieros de la Unión de un modo suficientemente directo?

| 6.1 | ¿De qué modo la vulneración en cuestión afecta o amenaza gravemente con afectar a la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o a la protección de los intereses financieros de la Unión? |
| --- | --- |

6.1

¿De qué modo la vulneración en cuestión afecta o amenaza gravemente con afectar a la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o a la protección de los intereses financieros de la Unión?

| 6.2 | ¿La vulneración es puntual o sistémica? Desarrolle su respuesta. |
| --- | --- |

6.2

¿La vulneración es puntual o sistémica? Desarrolle su respuesta.

| 6.3 | ¿Se han materializado ya los efectos sobre la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o la protección de los intereses financieros de la Unión?
  En caso afirmativo, explique cómo:
  De no ser así, explique por qué estima que existe una amenaza grave para la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o la protección de los intereses financieros de la Unión:
  Señale un vínculo suficientemente directo entre la presunta vulneración o vulneraciones y los efectos o amenaza de efectos para la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o la protección de los intereses financieros de la Unión. |
| --- | --- |

6.3

¿Se han materializado ya los efectos sobre la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o la protección de los intereses financieros de la Unión?

En caso afirmativo, explique cómo:

De no ser así, explique por qué estima que existe una amenaza grave para la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o la protección de los intereses financieros de la Unión:

Señale un vínculo suficientemente directo entre la presunta vulneración o vulneraciones y los efectos o amenaza de efectos para la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o la protección de los intereses financieros de la Unión.

7.   Medidas anteriores adoptadas para resolver el problema*

¿Ha tomado usted ya alguna medida en el país afectado para resolver el problema?*

| EN CASO AFIRMATIVO, ¿de qué tipo? o ¿Administrativa? o ¿Jurídica/Judicial?








  7.1 | Indique: a) el organismo/autoridad/órgano jurisdiccional de que se trate y el tipo de resolución resultante; b) cualquier otra actuación de la que tenga conocimiento. |
| --- | --- |

EN CASO AFIRMATIVO, ¿de qué tipo? o ¿Administrativa? o ¿Jurídica/Judicial?

7.1

| 7.2 | ¿Resolvió el organismo/autoridad/órgano jurisdiccional su denuncia o sigue esta pendiente? Si sigue pendiente, ¿cuándo cabe esperar una resolución?* |
| --- | --- |

7.2

| EN CASO NEGATIVO, especifique su respuesta según proceda






  o | Existe otro asunto sobre el mismo objeto pendiente ante un tribunal nacional o de la UE |
| --- | --- |

EN CASO NEGATIVO, especifique su respuesta según proceda

o

Existe otro asunto sobre el mismo objeto pendiente ante un tribunal nacional o de la UE

| o | No existen vías de recurso para este asunto |
| --- | --- |

o

No existen vías de recurso para este asunto

| o | Existe una vía de recurso, pero es demasiado costosa o requeriría demasiado tiempo |
| --- | --- |

o

Existe una vía de recurso, pero es demasiado costosa o requeriría demasiado tiempo

| o | El plazo para interponer acciones ha expirado |
| --- | --- |

o

El plazo para interponer acciones ha expirado

| o | No tengo capacidad legal (derecho a iniciar acciones legales ante un tribunal) (indicar por qué): |
| --- | --- |

o

No tengo capacidad legal (derecho a iniciar acciones legales ante un tribunal) (indicar por qué):

| o | No tengo asistencia letrada/abogado |
| --- | --- |

o

No tengo asistencia letrada/abogado

| o | No sé qué vías de recurso existen para este asunto |
| --- | --- |

o

No sé qué vías de recurso existen para este asunto

| o | Otros (especificar) |
| --- | --- |

o

Otros (especificar)

8.   Si ya se ha puesto en contacto con alguna de las instituciones de la UE competente en los asuntos que son objeto de su denuncia, facilítenos la referencia de su expediente/correspondencia:

| o | Petición al Parlamento Europeo – Ref.: .... |
| --- | --- |

o

Petición al Parlamento Europeo – Ref.: ....

| o | Comisión Europea — Ref: .... |
| --- | --- |

o

Comisión Europea — Ref: ....

| o | Defensor del Pueblo Europeo — Ref: .... |
| --- | --- |

o

Defensor del Pueblo Europeo — Ref: ....

| o | Otros (indique la institución u organismo al que se haya dirigido y la referencia de su denuncia (SOLVIT, FIN-Net, Centros Europeos del Consumidor, etc.) |
| --- | --- |

o

Otros (indique la institución u organismo al que se haya dirigido y la referencia de su denuncia (SOLVIT, FIN-Net, Centros Europeos del Consumidor, etc.)

9.   Lista de documentos justificativos / pruebas adicionales que, si se solicitan, podría enviar a la Comisión.

Image 1
  No adjunte documentos en esta fase.

| |
| --- |

10.   Datos personales*

¿Autoriza a la Comisión a revelar su identidad en sus contactos con las autoridades a las que se refiere su denuncia?

o Sí o No

Image 2

  Su respuesta no afectará a la forma en que se tramita su denuncia. No obstante, en algunos casos revelar su identidad puede facilitarnos la tramitación de la denuncia.

---

(1)  La divulgación de la identidad de los denunciantes y de la información que estos presenten al Estado miembro afectado está sujeta a su acuerdo previo y debe cumplir, entre otros, el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.° 45/2001 y la Decisión n.° 1247/2002/CE.

---

ANEXO III

Elementos que deben formar parte de la información que remitan los beneficiarios/destinatarios finales de la financiación de la UE

En principio, los siguientes elementos deben formar parte de la información que presenten los beneficiarios o destinatarios finales a la Comisión en relación con posibles infracciones del artículo 5, apartado 2, del Reglamento sobre condicionalidad:

| — | Identidad y datos de contacto (1). |
| --- | --- |

—

Identidad y datos de contacto (1).

| — | Información sobre el programa o fondo de que se trate. |
| --- | --- |

—

Información sobre el programa o fondo de que se trate.

| — | Información sobre la presunta vulneración del artículo 5, apartado 2, del Reglamento sobre condicionalidad; |
| --- | --- |

—

Información sobre la presunta vulneración del artículo 5, apartado 2, del Reglamento sobre condicionalidad;

| — | Documentos justificativos (incluida la prueba de que el destinatario o beneficiario final de que se trate ha presentado una reclamación formal ante la autoridad competente del Estado miembro afectado, así como cualquier información y documento sobre el resultado de dicha reclamación, si se dispone de ellos). |
| --- | --- |

—

Documentos justificativos (incluida la prueba de que el destinatario o beneficiario final de que se trate ha presentado una reclamación formal ante la autoridad competente del Estado miembro afectado, así como cualquier información y documento sobre el resultado de dicha reclamación, si se dispone de ellos).

---

(1)  La divulgación de la identidad de los denunciantes y de la información que estos presenten al Estado miembro afectado está sujeta a su acuerdo previo y debe cumplir, entre otros, el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.° 45/2001 y la Decisión n.° 1247/2002/CE.

---

| 18.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 123/38 |
| --- | --- | --- | --- |

18.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 123/38

---

No oposición a una concentración notificada

(Asunto M.10600 — EDFI / MUBADALA / EMERGE JV)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2022/C 123/03)

El 11 de marzo de 2022, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado interior. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1). El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

| — | en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad, |
| --- | --- |

—

en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,

| — | en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es) con el número de documento 32022M10600. EUR-Lex da acceso al Derecho de la Unión en línea. |
| --- | --- |

—

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es) con el número de documento 32022M10600. EUR-Lex da acceso al Derecho de la Unión en línea.

---

(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

---

| 18.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 123/39 |
| --- | --- | --- | --- |

18.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 123/39

---

No oposición a una concentración notificada

(Asunto M.10541 — GOLDMAN SACHS / GRUPO VISABEIRA / CONSTRUCTEL VISABEIRA)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2022/C 123/04)

El 4 de marzo de 2022, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado interior. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1). El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

| — | en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad, |
| --- | --- |

—

en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,

| — | en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es) con el número de documento 32022M10541. EUR-Lex da acceso al Derecho de la Unión en línea. |
| --- | --- |

—

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es) con el número de documento 32022M10541. EUR-Lex da acceso al Derecho de la Unión en línea.

---

(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

---

| 18.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 123/40 |
| --- | --- | --- | --- |

18.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 123/40

---

No oposición a una concentración notificada

(Asunto M.10621 — WELPUT / PSPIB / ALECTA / 150 VSTREET JV)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2022/C 123/05)

El 28 de febrero de 2022, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado interior. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1). El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

| — | en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad, |
| --- | --- |

—

en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,

| — | en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es) con el número de documento 32022M10621. EUR-Lex da acceso al Derecho de la Unión en línea. |
| --- | --- |

—

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es) con el número de documento 32022M10621. EUR-Lex da acceso al Derecho de la Unión en línea.

---

(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

---

IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

| 18.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 123/41 |
| --- | --- | --- | --- |

18.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 123/41

---

Tipo de cambio del euro (1)

17 de marzo de 2022

(2022/C 123/06)

1 euro =

| | Moneda | Tipo de cambio |
| --- | --- | --- |
| USD | dólar estadounidense | 1,1051 |
| JPY | yen japonés | 131,27 |
| DKK | corona danesa | 7,4439 |
| GBP | libra esterlina | 0,84315 |
| SEK | corona sueca | 10,4503 |
| CHF | franco suizo | 1,0385 |
| ISK | corona islandesa | 142,10 |
| NOK | corona noruega | 9,7800 |
| BGN | leva búlgara | 1,9558 |
| CZK | corona checa | 24,777 |
| HUF | forinto húngaro | 372,05 |
| PLN | esloti polaco | 4,6889 |
| RON | leu rumano | 4,9465 |
| TRY | lira turca | 16,3123 |
| AUD | dólar australiano | 1,5055 |
| CAD | dólar canadiense | 1,3998 |
| HKD | dólar de Hong Kong | 8,6391 |
| NZD | dólar neozelandés | 1,6130 |
| SGD | dólar de Singapur | 1,4980 |
| KRW | won de Corea del Sur | 1 340,02 |
| ZAR | rand sudafricano | 16,5286 |
| CNY | yuan renminbi | 7,0176 |
| HRK | kuna croata | 7,5730 |
| IDR | rupia indonesia | 15 835,97 |
| MYR | ringit malayo | 4,6364 |
| PHP | peso filipino | 57,690 |
| RUB | rublo ruso | |
| THB | bat tailandés | 36,767 |
| BRL | real brasileño | 5,6339 |
| MXN | peso mexicano | 22,7880 |
| INR | rupia india | 83,8435 |

Moneda

Tipo de cambio

USD

dólar estadounidense

1,1051

JPY

yen japonés

131,27

DKK

corona danesa

7,4439

GBP

libra esterlina

0,84315

SEK

corona sueca

10,4503

CHF

franco suizo

1,0385

ISK

corona islandesa

142,10

NOK

corona noruega

9,7800

BGN

leva búlgara

1,9558

CZK

corona checa

24,777

HUF

forinto húngaro

372,05

PLN

esloti polaco

4,6889

RON

leu rumano

4,9465

TRY

lira turca

16,3123

AUD

dólar australiano

1,5055

CAD

dólar canadiense

1,3998

HKD

dólar de Hong Kong

8,6391

NZD

dólar neozelandés

1,6130

SGD

dólar de Singapur

1,4980

KRW

won de Corea del Sur

1 340,02

ZAR

rand sudafricano

16,5286

CNY

yuan renminbi

7,0176

HRK

kuna croata

7,5730

IDR

rupia indonesia

15 835,97

MYR

ringit malayo

4,6364

PHP

peso filipino

57,690

RUB

rublo ruso

THB

bat tailandés

36,767

BRL

real brasileño

5,6339

MXN

peso mexicano

22,7880

INR

rupia india

83,8435

---

(1)  Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

---

V Anuncios

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

Comisión Europea

| 18.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 123/42 |
| --- | --- | --- | --- |

18.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 123/42

---

Notificación previa de una concentración

(Asunto M.10602 – SWISS LIFE INTERNATIONAL HOLDING / ELIPS LIFE)

Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2022/C 123/07)

1.

Esta notificación se refiere a las empresas siguientes:

| — | Swiss Life International Holding AG («Swiss Life», Suiza), |
| --- | --- |

—

Swiss Life International Holding AG («Swiss Life», Suiza),

| — | ELIPS Life AG («ELAG», Liechtenstein) y la cartera de seguros A&H de Elips Versicherungen AG («A&H», Liechtenstein, denominada junto con ELAG «ELAG-A&H»), ambas bajo el control de elipsLife EMEA Holding B.V. (Países Bajos), a su vez bajo el control en última instancia de Swiss Re Ltd (Suiza). |
| --- | --- |

—

ELIPS Life AG («ELAG», Liechtenstein) y la cartera de seguros A&H de Elips Versicherungen AG («A&H», Liechtenstein, denominada junto con ELAG «ELAG-A&H»), ambas bajo el control de elipsLife EMEA Holding B.V. (Países Bajos), a su vez bajo el control en última instancia de Swiss Re Ltd (Suiza).

Swiss Life adquiere, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de concentraciones, el control exclusivo de la totalidad de ELAG-A&H.

La concentración se realiza mediante adquisición de acciones.

2.

| — | Swiss Life es un proveedor europeo de productos en los sectores de los seguros de vida, riesgos, pensiones, gestión de activos y otros productos financieros. |
| --- | --- |

—

Swiss Life es un proveedor europeo de productos en los sectores de los seguros de vida, riesgos, pensiones, gestión de activos y otros productos financieros.

| — | ELAG-A&H es una compañía de seguros europea que ofrece una gama de productos de seguro a clientes institucionales (negocios B2B). |
| --- | --- |

—

ELAG-A&H es una compañía de seguros europea que ofrece una gama de productos de seguro a clientes institucionales (negocios B2B).

3.

En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (2), el presente asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento establecido en dicha Comunicación.

4.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación, indicando siempre la referencia siguiente:

M.10602 – SWISS LIFE INTERNATIONAL HOLDING / ELIPS LIFE

Las observaciones podrán enviarse a la Comisión por correo electrónico, fax o correo postal a la dirección siguiente:

Correo electrónico: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Dirección postal:

| Comisión Europea |
| --- |
| Dirección General de Competencia |
| Registro de Concentraciones |
| 1049 Bruselas |
| BÉLGICA |

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

1049 Bruselas

BÉLGICA

---

(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento de concentraciones»).

1

(2)  DO C 366 de 14.12.2013, p. 5.

2

---

| 18.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 123/44 |
| --- | --- | --- | --- |

18.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 123/44

---

Notificación previa de una concentración

(Asunto M.10657 - SAMSUNG BIOLOGICS / SAMSUNG BIOEPIS)

Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2022/C 123/08)

1.

Esta notificación se refiere a las empresas siguientes:

| — | Samsung BioLogics Co. Ltd. («Samsung BioLogics», Corea del Sur), una empresa controlada por Samsung Group (Corea del Sur), y |
| --- | --- |

—

Samsung BioLogics Co. Ltd. («Samsung BioLogics», Corea del Sur), una empresa controlada por Samsung Group (Corea del Sur), y

| — | Samsung Bioepis Co. Ltd. («Bioepis», Corea del Sur), empresa actualmente bajo el control conjunto de Biogen Therapeutics Inc. (Estados Unidos) y Samsung BioLogics. |
| --- | --- |

—

Samsung Bioepis Co. Ltd. («Bioepis», Corea del Sur), empresa actualmente bajo el control conjunto de Biogen Therapeutics Inc. (Estados Unidos) y Samsung BioLogics.

Samsung BioLogics adquiere, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de concentraciones, el control exclusivo de la totalidad de Bioepis.

La concentración se realiza mediante adquisición de acciones.

2.

| — | Samsung BioLogics es una empresa dedicada al desarrollo y la fabricación de productos biofarmacéuticos a escala mundial. |
| --- | --- |

—

Samsung BioLogics es una empresa dedicada al desarrollo y la fabricación de productos biofarmacéuticos a escala mundial.

| — | Bioepis es una empresa dedicada al desarrollo y la comercialización de medicamentos biosimilares. |
| --- | --- |

—

Bioepis es una empresa dedicada al desarrollo y la comercialización de medicamentos biosimilares.

3.

En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (2), el presente asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento establecido en dicha Comunicación.

4.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación, indicando siempre la referencia siguiente:

M.10657 - SAMSUNG BIOLOGICS / SAMSUNG BIOEPIS

Las observaciones podrán enviarse a la Comisión por correo electrónico, fax o correo postal a la dirección siguiente:

Correo electrónico: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Dirección postal:

| Comisión Europea |
| --- |
| Dirección General de Competencia |
| Registro de Concentraciones |
| 1049 Bruselas |
| BÉLGICA |

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

1049 Bruselas

BÉLGICA

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(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento de concentraciones»).

1

(2)  DO C 366 de 14.12.2013, p. 5.

2

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| 18.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 123/45 |
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18.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 123/45

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Notificación previa de una concentración

(Asunto M.10339 - KKR/Landal)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2022/C 123/09)

1.

Dicha notificación se refiere a las empresas siguientes:

| — | Sandy HoldCo B.V., («Roompot», Países Bajos), bajo el control de KKR & Co. Inc. («KKR», Estados Unidos). |
| --- | --- |

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Sandy HoldCo B.V., («Roompot», Países Bajos), bajo el control de KKR & Co. Inc. («KKR», Estados Unidos).

| — | Vacation Rental B.V. («Landal», Países Bajos). |
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Vacation Rental B.V. («Landal», Países Bajos).

Roompot adquiere, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de concentraciones, el control de la totalidad de Landal.

La concentración se realiza mediante adquisición de acciones.

2.

| — | KKR: empresa de inversiones a escala mundial que ofrece soluciones de gestión de activos alternativos, mercados de capitales y seguros. Roompot gestiona, explota y actúa como agencia de reservas para parques de vacaciones y cámpings. |
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KKR: empresa de inversiones a escala mundial que ofrece soluciones de gestión de activos alternativos, mercados de capitales y seguros. Roompot gestiona, explota y actúa como agencia de reservas para parques de vacaciones y cámpings.

| — | Landal: propietaria, gestora y franquiciadora de parques vacacionales bajo la marca Landal GreenParks. |
| --- | --- |

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Landal: propietaria, gestora y franquiciadora de parques vacacionales bajo la marca Landal GreenParks.

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

4.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de 10 días a partir de la fecha de la presente publicación, indicando siempre la referencia siguiente:

M.10339 - KKR/Landal

Las observaciones podrán enviarse a la Comisión por correo electrónico, fax o correo postal a la dirección siguiente:

Correo electrónico: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Dirección postal:

| Comisión Europea |
| --- |
| Dirección General de Competencia |
| Registro de Concentraciones |
| 1049 Bruselas |
| BÉLGICA |

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

1049 Bruselas

BÉLGICA

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(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento de concentraciones»).

1

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OTROS ACTOS

Comisión Europea

| 18.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 123/46 |
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18.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 123/46

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Publicación de una comunicación de la aprobación de una modificación normal del pliego de condiciones de una denominación del sector vitivinícola, tal como se menciona en el artículo 17, apartados 2 y 3, del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión

(2022/C 123/10)

La presente comunicación se publica con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión (1).

COMUNICACIÓN DE LA APROBACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN NORMAL

«Irpinia»

PDO-IT-A0279-AM02

Fecha de la comunicación: 17 de diciembre de 2021

DESCRIPCIÓN Y MOTIVOS DE LA MODIFICACIÓN APROBADA

1.   Título de Nuevos tipos de producto

| — | Se añaden los siguientes tipos: Spumante Bianco (blanco espumoso), Spumante Rosso (tinto espumoso), Spumante Rosato (rosado espumoso), Spumante Aglianico (Aglianico espumoso), Spumante Aglianico vinificato in bianco (Aglianico espumoso vinificado en blanco), Falanghina Passito (vino de uvas pasificadas) y Aglianico vinificato in bianco (Aglianico vinificado en blanco). |
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Se añaden los siguientes tipos: Spumante Bianco (blanco espumoso), Spumante Rosso (tinto espumoso), Spumante Rosato (rosado espumoso), Spumante Aglianico (Aglianico espumoso), Spumante Aglianico vinificato in bianco (Aglianico espumoso vinificado en blanco), Falanghina Passito (vino de uvas pasificadas) y Aglianico vinificato in bianco (Aglianico vinificado en blanco).

La modificación responde a la necesidad de proteger y promover la DOC «Irpinia», destacando sus características especiales basadas en la versatilidad del territorio. El objetivo es ampliar las posibilidades de expresión de la zona y ofrecer una gama más amplia de productos. La adición de los nuevos tipos permitirá calificar mejor la zona y la denominación, lo cual brindará la posibilidad de una mayor penetración en el mercado y una oferta más amplia para los consumidores finales que incluya los tipos de vino producidos anteriormente como IGT o vinos genéricos.

Esta modificación afecta a los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del pliego de condiciones y a las secciones 4 y 5 del documento único.

2.   Cambios en la mezcla de variedades de los tipos de vino existentes e introducción de la mezcla de variedades de los nuevos tipos

| — | Se modifica la mezcla de variedades de los vinos blancos: se pasa de «Greco, entre el 40 y el 50 %; Fiano, entre el 40 y el 50 %» a «Fiano y Greco, por separado o combinadas, al menos un 50 %». Se ha realizado una revisión de la mezcla de variedades en lo que respecta a los porcentajes de las principales variedades [utilizadas en las mezclas]. Con ello se pretende aprovechar mejor otras variedades cultivadas y poder producir vinos de este tipo que pueden presentar características diferentes. |
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Se modifica la mezcla de variedades de los vinos blancos: se pasa de «Greco, entre el 40 y el 50 %; Fiano, entre el 40 y el 50 %» a «Fiano y Greco, por separado o combinadas, al menos un 50 %». Se ha realizado una revisión de la mezcla de variedades en lo que respecta a los porcentajes de las principales variedades [utilizadas en las mezclas]. Con ello se pretende aprovechar mejor otras variedades cultivadas y poder producir vinos de este tipo que pueden presentar características diferentes.

| — | También se establece la misma mezcla de variedades para el nuevo tipo de vino blanco espumoso. |
| --- | --- |

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También se establece la misma mezcla de variedades para el nuevo tipo de vino blanco espumoso.

| — | Se modifica la mezcla de variedades de los vinos tintos, rosados y «Novello» [jóvenes]: se pasa de «un mínimo del 70 % de Aglianico» a «un mínimo del 50 % de Aglianico». Se ha realizado una revisión de la mezcla de variedades en lo que respecta a los porcentajes de las variedades principales. Con ello se pretende aprovechar mejor otras variedades cultivadas y poder producir vinos de este tipo que pueden presentar características diferentes. |
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Se modifica la mezcla de variedades de los vinos tintos, rosados y «Novello» [jóvenes]: se pasa de «un mínimo del 70 % de Aglianico» a «un mínimo del 50 % de Aglianico». Se ha realizado una revisión de la mezcla de variedades en lo que respecta a los porcentajes de las variedades principales. Con ello se pretende aprovechar mejor otras variedades cultivadas y poder producir vinos de este tipo que pueden presentar características diferentes.

| — | También se establece la misma mezcla de variedades para los nuevos tipos de vinos tintos espumosos y rosados espumosos. |
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También se establece la misma mezcla de variedades para los nuevos tipos de vinos tintos espumosos y rosados espumosos.

| — | Se establece la mezcla de variedades para los nuevos tipos de vinos espumosos elaborados a partir de uvas Aglianico, que son: Aglianico espumoso y Aglianico espumoso vinificado en blanco. |
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Se establece la mezcla de variedades para los nuevos tipos de vinos espumosos elaborados a partir de uvas Aglianico, que son: Aglianico espumoso y Aglianico espumoso vinificado en blanco.

| — | En el caso de los vinos espumosos con mención de la variedad de uva, el pliego de condiciones indica ahora que las variedades secundarias deben ser uvas del mismo color que la variedad mencionada. Se trata de una modificación de la redacción que completa la descripción con el fin de ofrecer más detalles sobre las posibilidades de utilizar variedades de uva secundarias en los diferentes tipos de vino. |
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En el caso de los vinos espumosos con mención de la variedad de uva, el pliego de condiciones indica ahora que las variedades secundarias deben ser uvas del mismo color que la variedad mencionada. Se trata de una modificación de la redacción que completa la descripción con el fin de ofrecer más detalles sobre las posibilidades de utilizar variedades de uva secundarias en los diferentes tipos de vino.

| — | Se establece la mezcla de variedades para los demás tipos de vino: Aglianico vinificado en blanco y Falanghina Passito. |
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Se establece la mezcla de variedades para los demás tipos de vino: Aglianico vinificado en blanco y Falanghina Passito.

| — | En el caso de las nuevas tipologías de vino, las variedades de uva también deben ser adecuadas para su cultivo en la provincia de Avellino, concretamente, y ya no en toda la región de Campania en términos más generales. Se aplican excepciones a los vinos de licor elaborados con uvas Aglianico y a los vinos de la subzona de Campi Taurasini, cuyas uvas pueden proceder de cualquier lugar de la región de Campania. Se trata de una modificación de la redacción destinada a proporcionar una mejor descripción de las distintas variedades de uva inscritas en el registro vitícola. |
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En el caso de las nuevas tipologías de vino, las variedades de uva también deben ser adecuadas para su cultivo en la provincia de Avellino, concretamente, y ya no en toda la región de Campania en términos más generales. Se aplican excepciones a los vinos de licor elaborados con uvas Aglianico y a los vinos de la subzona de Campi Taurasini, cuyas uvas pueden proceder de cualquier lugar de la región de Campania. Se trata de una modificación de la redacción destinada a proporcionar una mejor descripción de las distintas variedades de uva inscritas en el registro vitícola.

Estas modificaciones afectan al artículo 2 del pliego de condiciones.

3.   Actualización de los tipos de producto que figuran en la zona de producción

| — | Se añade la palabra «también» de manera que los nuevos tipos de vinos espumosos, así como los vinos existentes con mención de la variedad de uva, puedan incluirse en la delimitación de las zonas de cultivo. |
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Se añade la palabra «también» de manera que los nuevos tipos de vinos espumosos, así como los vinos existentes con mención de la variedad de uva, puedan incluirse en la delimitación de las zonas de cultivo.

| — | Se añade la nueva categoría «Aglianico vinificado en blanco» para incluirla en la descripción de las zonas destinadas al cultivo de todas las categorías de vino. |
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Se añade la nueva categoría «Aglianico vinificado en blanco» para incluirla en la descripción de las zonas destinadas al cultivo de todas las categorías de vino.

La zona no se amplía. Se trata de modificaciones de la redacción que solo actualizan los tipos de producto establecidos en el artículo 3 del pliego de condiciones.

4.   Producción máxima de uva por hectárea y grado alcohólico volumétrico natural mínimo

| — | En el caso de los vinos espumosos con mención de la variedad de uva, el grado alcohólico se reduce de 10,50 a 10,00, con el fin de producir vinos más frescos y más ligeros. Se añade el nuevo tipo «Aglianico» con los mismos límites. |
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En el caso de los vinos espumosos con mención de la variedad de uva, el grado alcohólico se reduce de 10,50 a 10,00, con el fin de producir vinos más frescos y más ligeros. Se añade el nuevo tipo «Aglianico» con los mismos límites.

| — | Se añade el nuevo tipo «Falanghina Passito» a la descripción de «Falanghina», con los mismos límites. |
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Se añade el nuevo tipo «Falanghina Passito» a la descripción de «Falanghina», con los mismos límites.

| — | Se añaden disposiciones relativas al rendimiento de la uva y al grado alcohólico de los nuevos tipos de vino: Aglianico vinificado en blanco, blanco espumoso, rosado espumoso y tinto espumoso. |
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Se añaden disposiciones relativas al rendimiento de la uva y al grado alcohólico de los nuevos tipos de vino: Aglianico vinificado en blanco, blanco espumoso, rosado espumoso y tinto espumoso.

Esta modificación afecta al artículo 4 del pliego de condiciones y a la sección 5.2 del documento único.

5.   Límites a la ubicación de los viñedos

| — | Se elimina el límite de 600 metros de altitud para los viñedos. Esto se debe a que, en el pliego de condiciones vigente, el límite no se aplica a los viñedos situados en los territorios de los municipios de las zonas de producción de otras denominaciones de Irpinia: las DOCG (denominaciones de origen controladas y garantizadas) «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo» y «Taurasi», ni tampoco a los viñedos de la subzona de «Campi Taurasini». Asimismo, debido a los efectos del cambio climático, el cultivo de la vid en niveles más elevados está aumentando en la zona. |
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Se elimina el límite de 600 metros de altitud para los viñedos. Esto se debe a que, en el pliego de condiciones vigente, el límite no se aplica a los viñedos situados en los territorios de los municipios de las zonas de producción de otras denominaciones de Irpinia: las DOCG (denominaciones de origen controladas y garantizadas) «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo» y «Taurasi», ni tampoco a los viñedos de la subzona de «Campi Taurasini». Asimismo, debido a los efectos del cambio climático, el cultivo de la vid en niveles más elevados está aumentando en la zona.

La modificación afecta al artículo 4 del pliego de condiciones.

6.   Excepciones fuera de la zona para las operaciones de vinificación

| — | Se suprime la sección que contemplaba posibles excepciones fuera de la zona para operaciones como la vinificación, la maduración, la conversión en vino espumoso y el envejecimiento. Se confirman las excepciones ya concedidas. La nueva redacción confirma las autorizaciones de excepciones concedidas en virtud del artículo 5 del pliego de condiciones de la DOC «Irpinia», que figura en el anexo del Decreto Ministerial de 13 de septiembre de 2005. |
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Se suprime la sección que contemplaba posibles excepciones fuera de la zona para operaciones como la vinificación, la maduración, la conversión en vino espumoso y el envejecimiento. Se confirman las excepciones ya concedidas. La nueva redacción confirma las autorizaciones de excepciones concedidas en virtud del artículo 5 del pliego de condiciones de la DOC «Irpinia», que figura en el anexo del Decreto Ministerial de 13 de septiembre de 2005.

Esta modificación afecta al artículo 5 del pliego de condiciones y a la sección 9 del documento único.

7.   Producción de vino espumoso

| — | Se modifica la información relativa a los vinos espumosos producidos por el método tradicional, con una segunda fermentación en botella, o por el método en cuba, también denominado el método de granvás, para tener en cuenta los nuevos tipos de vino. En el caso de los vinos espumosos elaborados mediante el método tradicional, con una segunda fermentación en botella, el período mínimo previo al despacho a consumo se reduce de 20 a 18 meses. |
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Se modifica la información relativa a los vinos espumosos producidos por el método tradicional, con una segunda fermentación en botella, o por el método en cuba, también denominado el método de granvás, para tener en cuenta los nuevos tipos de vino. En el caso de los vinos espumosos elaborados mediante el método tradicional, con una segunda fermentación en botella, el período mínimo previo al despacho a consumo se reduce de 20 a 18 meses.

Esta modificación afecta al artículo 5 del pliego de condiciones y a la sección 5.1 del documento único.

8.   Zona geográfica para la conversión en vino espumoso

| — | Se elimina la referencia a la zona geográfica en la que se realiza la conversión en vino espumoso. Esto se debe a que esta disposición ya consta en la sección sobre las posibles excepciones fuera de la zona para operaciones como la vinificación, la maduración, la conversión en vino espumoso y el envejecimiento. |
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Se elimina la referencia a la zona geográfica en la que se realiza la conversión en vino espumoso. Esto se debe a que esta disposición ya consta en la sección sobre las posibles excepciones fuera de la zona para operaciones como la vinificación, la maduración, la conversión en vino espumoso y el envejecimiento.

Las modificaciones afectan al artículo 5 del pliego de condiciones.

9.   Vinos de uvas pasificadas con mención de la variedad de uva

Se añade la nueva categoría de vino «Falanghina Passito». Se actualiza la lista de vinos de uvas pasificadas con mención de la variedad de uva. Asimismo, el término «elaborado» se ha sustituido por «producido», que es un término más adecuado en este contexto.

La modificación afecta al artículo 5 del pliego de condiciones.

10.   Subzona de Campi Taurasini — fecha de despacho a consumo

En el caso de los vinos «Irpinia» de la subzona Campi Taurasini, el «período de envejecimiento» se sustituye por la «fecha de despacho a consumo» a partir del 1 de septiembre del año siguiente al de la vendimia. El objetivo es adaptar la información a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 6 del pliego de condiciones vigente.

La modificación afecta al artículo 5 del pliego de condiciones.

11.   Descripciones de os nuevos tipos de producto y modificaciones de determinadas características de los vinos ya incluidos

| — | Se añaden las características químicas, físicas y organolépticas de los nuevos tipos: blanco espumoso, tinto espumoso, rosado espumoso, Aglianico espumoso, Aglianico espumoso vinificado en blanco, Aglianico vinificado en blanco y Falanghina Passito.
  La adición de los nuevos tipos hace necesario definir las propiedades químicas, físicas y organolépticas de los vinos en el momento de su consumo. Los datos analíticos detallados y cuidadosamente estudiados y las descripciones demuestran que se trata de productos de calidad. |
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Se añaden las características químicas, físicas y organolépticas de los nuevos tipos: blanco espumoso, tinto espumoso, rosado espumoso, Aglianico espumoso, Aglianico espumoso vinificado en blanco, Aglianico vinificado en blanco y Falanghina Passito.

La adición de los nuevos tipos hace necesario definir las propiedades químicas, físicas y organolépticas de los vinos en el momento de su consumo. Los datos analíticos detallados y cuidadosamente estudiados y las descripciones demuestran que se trata de productos de calidad.

| — | Se añade el término «semiseco» para los siguientes tipos: blanco, tinto, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco (para el que se elimina el término «intenso» con referencia al sabor), Piedirosso, Sciascinoso, Aglianico, y vinos de la subzona de Campi Taurasini.
  Por lo que respecta al contenido de azúcar residual, las modificaciones han ampliado el término «seco» a «seco o semiseco». Esto responde a la creciente preferencia de los consumidores por vinos más suaves, fácilmente abordables y muy bebibles. Los valores se evaluaron detenidamente sobre la base de análisis de tipos similares producidos en la zona. |
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Se añade el término «semiseco» para los siguientes tipos: blanco, tinto, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco (para el que se elimina el término «intenso» con referencia al sabor), Piedirosso, Sciascinoso, Aglianico, y vinos de la subzona de Campi Taurasini.

Por lo que respecta al contenido de azúcar residual, las modificaciones han ampliado el término «seco» a «seco o semiseco». Esto responde a la creciente preferencia de los consumidores por vinos más suaves, fácilmente abordables y muy bebibles. Los valores se evaluaron detenidamente sobre la base de análisis de tipos similares producidos en la zona.

| — | La acidez total mínima se reduce de 5,0 a 4,5 gramos por litro en los vinos rosados y «Novello» (jóvenes).
  Se hizo necesario reducir el nivel mínimo de acidez total debido a los efectos del cambio climático y a los períodos de maduración de las uvas. |
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La acidez total mínima se reduce de 5,0 a 4,5 gramos por litro en los vinos rosados y «Novello» (jóvenes).

Se hizo necesario reducir el nivel mínimo de acidez total debido a los efectos del cambio climático y a los períodos de maduración de las uvas.

| — | El rango de los niveles de azúcar en la dosis se amplía de cero a dulce en el caso de los vinos Falanghina espumoso, Fiano espumoso y Greco espumoso. |
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El rango de los niveles de azúcar en la dosis se amplía de cero a dulce en el caso de los vinos Falanghina espumoso, Fiano espumoso y Greco espumoso.

| — | El grado alcohólico volumétrico total mínimo se reduce de 11,50 a 11,00 en el caso de los Falanghina espumoso, Fiano espumoso y Greco espumoso.
  Las modificaciones han ampliado los diferentes niveles de dulzor en las características gustativas a fin de responder a las demandas comerciales. Se reduce el grado alcohólico volumétrico total mínimo para permitir que se elaboren vinos más frescos y ligeros.
  Esta modificación afecta al artículo 6 del pliego de condiciones y a la sección 4 del documento único. |
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El grado alcohólico volumétrico total mínimo se reduce de 11,50 a 11,00 en el caso de los Falanghina espumoso, Fiano espumoso y Greco espumoso.

Las modificaciones han ampliado los diferentes niveles de dulzor en las características gustativas a fin de responder a las demandas comerciales. Se reduce el grado alcohólico volumétrico total mínimo para permitir que se elaboren vinos más frescos y ligeros.

Esta modificación afecta al artículo 6 del pliego de condiciones y a la sección 4 del documento único.

12.   Actualización de los términos descriptivos en el etiquetado

| — | Los adjetivos «extra» y «fino» se eliminan de la lista de descripciones prohibidas, ya que se utilizan para describir las características de determinados tipos de vinos.
  La modificación afecta al artículo 7 del pliego de condiciones. |
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—

Los adjetivos «extra» y «fino» se eliminan de la lista de descripciones prohibidas, ya que se utilizan para describir las características de determinados tipos de vinos.

La modificación afecta al artículo 7 del pliego de condiciones.

13.   Indicación «vinificación en blanco»

| — | Se añade información sobre los caracteres y la posición de la indicación «vinificado en blanco» en el etiquetado del nuevo tipo de vino Aglianico vinificado en blanco. La indicación «vinificación en blanco» es obligatoria, y deberá figurar inmediatamente debajo del nombre «Irpinia Aglianico», en caracteres que no sean mayores que los que indican la denominación de origen.
  Esta modificación se debe a la necesidad de regular el uso de una indicación para el tipo de vino recién introducido.
  Esta modificación afecta al artículo 7 del pliego de condiciones y a la sección 4 del documento único. |
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Se añade información sobre los caracteres y la posición de la indicación «vinificado en blanco» en el etiquetado del nuevo tipo de vino Aglianico vinificado en blanco. La indicación «vinificación en blanco» es obligatoria, y deberá figurar inmediatamente debajo del nombre «Irpinia Aglianico», en caracteres que no sean mayores que los que indican la denominación de origen.

Esta modificación se debe a la necesidad de regular el uso de una indicación para el tipo de vino recién introducido.

Esta modificación afecta al artículo 7 del pliego de condiciones y a la sección 4 del documento único.

14.   Indicación «sin añada» en los vinos espumosos

Ahora se indica que, en el caso de las botellas que contienen vino espumoso «non millesimato» (sin añada), existe una exención de la obligación de mencionar el año de producción de la uva.

Esta modificación afecta al artículo 7 del pliego de condiciones y a la sección 9 del documento único.

15.   Envasado, volúmenes nominales, cierres y recipientes — modificaciones

| — | El término «tapones» se sustituye por el término «cierres» para precisar el título del artículo. |
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El término «tapones» se sustituye por el término «cierres» para precisar el título del artículo.

| — | Se introduce la opción de utilizar recipientes distintos del vidrio, por ejemplo bolsas en cajas (bag in box), para dar respuesta a los nuevos hábitos de consumo y a las demandas de los mercados extranjeros. |
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Se introduce la opción de utilizar recipientes distintos del vidrio, por ejemplo bolsas en cajas (bag in box), para dar respuesta a los nuevos hábitos de consumo y a las demandas de los mercados extranjeros.

| — | Se añade una disposición que prohíbe el uso del envasado bag in box para los vinos que, por tener más prestigio, se consideran inadecuados para este tipo de recipientes. |
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Se añade una disposición que prohíbe el uso del envasado bag in box para los vinos que, por tener más prestigio, se consideran inadecuados para este tipo de recipientes.

| — | Se añade una disposición que prohíbe el uso del envasado bag in box para los siguientes vinos: Irpinia Campi Taurasini, Irpinia Fiano Passito, Irpinia Greco Passito, Irpinia Falanghina Passito, Irpinia Aglianico Passito e Irpinia Aglianico de licor. Dado su mayor prestigio, estos vinos se consideran inadecuados para estos recipientes. |
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Se añade una disposición que prohíbe el uso del envasado bag in box para los siguientes vinos: Irpinia Campi Taurasini, Irpinia Fiano Passito, Irpinia Greco Passito, Irpinia Falanghina Passito, Irpinia Aglianico Passito e Irpinia Aglianico de licor. Dado su mayor prestigio, estos vinos se consideran inadecuados para estos recipientes.

| — | Se actualiza la referencia para adaptarla a los sistemas de cierre permitidos en la normativa, a excepción de las cápsulas. Además, en el caso de los vinos espumosos, se establece que las botellas de vidrio deben utilizar los cierres tradicionales con la característica forma de seta. No se permite el uso de plástico para volúmenes nominales superiores a 0,200 litros.
  Estas modificaciones afectan al artículo 8 del pliego de condiciones. |
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Se actualiza la referencia para adaptarla a los sistemas de cierre permitidos en la normativa, a excepción de las cápsulas. Además, en el caso de los vinos espumosos, se establece que las botellas de vidrio deben utilizar los cierres tradicionales con la característica forma de seta. No se permite el uso de plástico para volúmenes nominales superiores a 0,200 litros.

Estas modificaciones afectan al artículo 8 del pliego de condiciones.

DOCUMENTO ÚNICO

1.   Nombre del producto

Irpinia

2.   Tipo de indicación geográfica

DOP: Denominación de origen protegida

3.   Categorías de productos vitivinícolas

| 1. | Vino |
| --- | --- |

1.

Vino

| 3. | Vino de licor |
| --- | --- |

3.

Vino de licor

| 4. | Vino espumoso |
| --- | --- |

4.

Vino espumoso

| 15. | Vino de uvas pasificadas |
| --- | --- |

15.

Vino de uvas pasificadas

4.   Descripción del/de los vino(s)

1.   «Irpinia» Bianco («Irpinia» blanco)

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Color: amarillo pajizo más o menos intenso; aroma: floral, afrutado; sabor: seco o semiseco, equilibrado, característico; grado alcohólico volumétrico total mínimo: 10,50 % vol.; extracto no reductor mínimo: 15,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | |
| Acidez total mínima | 4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

Acidez total mínima

4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

2.   «Irpinia» blanco espumoso

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Espuma: fina y persistente; color: amarillo pajizo más o menos intenso, en ocasiones con matices verdosos o dorados; aroma: fino, amplio y compuesto;

sabor: fino y armónico, de dosis cero a dulce; grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11,00 % vol.; extracto no reductor mínimo: 15,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | |
| Acidez total mínima | 5,0 gramos por litro, expresada en ácido tartárico |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

Acidez total mínima

5,0 gramos por litro, expresada en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

3.   «Irpinia» Rosso («Irpinia» tinto)

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Color: rojo rubí más o menos intenso; aroma: floral, afrutado, persistente; sabor: seco o semiseco, equilibrado, característico;

grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11,00 % vol.; extracto no reductor mínimo: 20,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | |
| Acidez total mínima | 4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

Acidez total mínima

4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

4.   «Irpinia» Rosso spumante («Irpinia» tinto espumoso)

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Espuma: fina y persistente; color: rojo rubí más o menos intenso; aroma: fino, amplio y compuesto; sabor: fino y armónico, de dosis cero a dulce; grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11,00 % vol.; extracto no reductor mínimo: 18,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | |
| Acidez total mínima | 5,0 gramos por litro, expresada en ácido tartárico |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

Acidez total mínima

5,0 gramos por litro, expresada en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

5.   «Irpinia» Rosato («Irpinia» rosado)

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Color: rosa más o menos intenso; aroma: floral, afrutado; sabor: seco o semiseco, fresco, suave; grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11,00 % vol.; extracto no reductor mínimo: 18,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | |
| Acidez total mínima | 4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

Acidez total mínima

4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

6.   «Irpinia» Rosato spumante («Irpinia» rosado espumoso)

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Espuma: fina y persistente; color: rosa más o menos intenso; aroma: fino, amplio y compuesto; sabor: fino y armónico, de dosis cero a dulce; grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11,00 % vol.; extracto no reductor mínimo: 16,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | |
| Acidez total mínima | 5,0 gramos por litro, expresada en ácido tartárico |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

Acidez total mínima

5,0 gramos por litro, expresada en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

7.   «Irpinia» Novello («Irpinia» joven)

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Color: rojo púrpura; aroma: vinoso, afrutado, intenso; sabor: seco o semiseco, fresco, intenso; grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11,00 % vol.; extracto no reductor mínimo: 17,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | |
| Acidez total mínima | 4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

Acidez total mínima

4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

8.   «Irpinia» Coda di Volpe

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Color: amarillo pajizo más o menos intenso; aroma: floral, afrutado; sabor: seco o semiseco, fresco, suave; grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11,00 % vol.; extracto no reductor mínimo: 16,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | |
| Acidez total mínima | 4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

Acidez total mínima

4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

9.   «Irpinia» Falanghina

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Color: amarillo pajizo con matices verdosos; aroma: floral, afrutado, intenso; sabor: seco o semiseco, fresco, suave; grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11,00 % vol.; extracto no reductor mínimo: 16,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | |
| Acidez total mínima | 4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

Acidez total mínima

4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

10.   «Irpinia» Falanghina espumoso

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Espuma: fina y persistente; color: amarillo pajizo más o menos intenso, en ocasiones con matices verdosos o dorados; aroma: fino, amplio y compuesto, típico de la variedad de uva utilizada; sabor: fino y armónico, de dosis cero a dulce; grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11,00 % vol.; extracto no reductor mínimo: 18,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | |
| Acidez total mínima | 5,0 gramos por litro, expresada en ácido tartárico |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

Acidez total mínima

5,0 gramos por litro, expresada en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

11.   «Irpinia» Falanghina Passito

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Color: amarillo pajizo intenso tirando a dorado, a veces con matices ámbar; aroma: delicado, característico, floral, afrutado, aromático;

sabor: semidulce o dulce, pleno, equilibrado, típico de la variedad de origen de la uva; grado alcohólico volumétrico total mínimo: 15,50 % vol.; del cual al menos un 12,00 % vol. es adquirido; acidez total mínima: 4,5 g/l; extracto no reductor mínimo: 21,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | 12,00 |
| Acidez total mínima | 4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

12,00

Acidez total mínima

4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

12.   «Irpinia» Fiano

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Color: amarillo pajizo más o menos intenso; aroma: afrutado, floral, característico; sabor: seco o semiseco, fresco, suave; grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11,00 % vol.; extracto no reductor mínimo: 16,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | |
| Acidez total mínima | 4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

Acidez total mínima

4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

13.   «Irpinia» Fiano spumante («Irpinia» Fiano espumoso)

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Espuma: fina y persistente; color: amarillo pajizo más o menos intenso, en ocasiones con matices verdosos o dorados; aroma: fino, amplio y compuesto, típico de la variedad de uva utilizada; sabor: fino y armónico, de dosis cero a dulce; grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11,00 % vol.; extracto no reductor mínimo: 18,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | |
| Acidez total mínima | 5,0 gramos por litro, expresada en ácido tartárico |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

Acidez total mínima

5,0 gramos por litro, expresada en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

14.   «Irpinia» Fiano Passito

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Color: el típico de la variedad de uva utilizada; aroma: delicado, característico, floral, afrutado, aromático; sabor: semidulce o dulce, pleno, equilibrado, típico de la variedad de origen de la vid; grado alcohólico volumétrico total mínimo: 15,50 % vol.; extracto no reductor mínimo: 21,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | 12,00 |
| Acidez total mínima | 4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

12,00

Acidez total mínima

4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

15.   «Irpinia» Greco

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Color: amarillo pajizo más o menos intenso; aroma: floral, afrutado; sabor: seco o semiseco, fresco, suave; grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11,00 % vol.; extracto no reductor mínimo: 16,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | |
| Acidez total mínima | 4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

Acidez total mínima

4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

16.   «Irpinia» Greco espumoso

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Espuma: fina y persistente; color: amarillo pajizo más o menos intenso, en ocasiones con matices verdosos o dorados; aroma: fino, amplio y compuesto, típico de la variedad de uva utilizada; sabor: fino y armónico, de dosis cero a dulce; grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11,00 % vol.; extracto no reductor mínimo: 18,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | |
| Acidez total mínima | 5,0 gramos por litro, expresada en ácido tartárico |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

Acidez total mínima

5,0 gramos por litro, expresada en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

17.   «Irpinia» Greco Passito

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Color: el típico de la variedad de uva utilizada; aroma: delicado, característico, floral, afrutado, aromático; sabor: semidulce o dulce, pleno, equilibrado, típico de la variedad de origen de la vid; grado alcohólico volumétrico total mínimo: 15,50 % vol.; extracto no reductor mínimo: 21,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | 12,00 |
| Acidez total mínima | 4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

12,00

Acidez total mínima

4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

18.   «Irpinia» Piedirosso

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Color: rojo rubí más o menos intenso; aroma: afrutado, persistente e intenso; sabor: seco o semiseco, agradablemente tánico; grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11,50 % vol.; extracto no reductor mínimo: 20,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | |
| Acidez total mínima | 4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

Acidez total mínima

4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

19.   «Irpinia» Sciascinoso

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Color: rojo rubí más o menos intenso; aroma: afrutado, característico, intenso; sabor: seco o semiseco, suave, equilibrado;

grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11,50 % vol.; extracto no reductor mínimo: 20,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | |
| Acidez total mínima | 4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

Acidez total mínima

4,5 gramos por litro, expresada en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

20.   «Irpinia» Aglianico

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Color: rojo rubí más o menos intenso; aroma: característico, intenso; sabor: seco o semiseco, agradablemente tánico, equilibrado;

grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11,50 % vol.; extracto no reductor mínimo: 20,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | |
| Acidez total mínima | 4,5 |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

Acidez total mínima

4,5

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

21.   «Irpinia» Aglianico spumante («Irpinia» Aglianico espumoso)

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Espuma: fina y persistente; color: rosa o rojo más o menos intenso; aroma: fino, amplio y compuesto, típico de la variedad de uva utilizada;

sabor: fino y armónico, de dosis cero a dulce; grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11,00 % vol.; extracto no reductor mínimo: 18,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | |
| Acidez total mínima | |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | 5,0 |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

Acidez total mínima

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

5,0

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

22.   «Irpinia» Aglianico vinificado en blanco

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Color: amarillo pajizo más o menos intenso con matices plateados o rosas; aroma: floral, afrutado; sabor: seco o semiseco, fino, equilibrado, agradable; grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11,50 % vol.; extracto no reductor mínimo: 17,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | |
| Acidez total mínima | 4,5 |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

Acidez total mínima

4,5

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

23.   «Irpinia» Aglianico espumoso vinificado en blanco

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Espuma: fina y persistente; color: amarillo pajizo más o menos intenso con matices plateados o rosas; aroma: fino, amplio y compuesto, típico de la variedad de uva utilizada; sabor: fino y armónico, de dosis cero a dulce; grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11,00 % vol.; extracto no reductor mínimo: 18,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | |
| Acidez total mínima | 5,0 |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

Acidez total mínima

5,0

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

24.   «Irpinia» Aglianico Passito

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Color: el típico de la variedad de uva utilizada; aroma: delicado, característico, floral, afrutado, aromático; sabor: semidulce o dulce, pleno, equilibrado, típico de la variedad de origen de la vid; grado alcohólico volumétrico total mínimo: 15,00 % vol.; extracto no reductor mínimo: 21,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | 12,00 |
| Acidez total mínima | 4,5 |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

12,00

Acidez total mínima

4,5

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

25.   «Irpinia» Aglianico de licor

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Color: rojo rubí intenso, tirando a granate al envejecer; olor: etéreo, intenso, característico; sabor: pleno, aterciopelado, cálido, seco o con plena redondez en el caso de las categorías semiseco, semidulce y dulce; grado alcohólico volumétrico total mínimo: 16,00 % vol.; extracto no reductor mínimo: 21,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | 15,00 |
| Acidez total mínima | 4,5 |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

15,00

Acidez total mínima

4,5

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

26.   «Irpinia» subzona Campi Taurasini

BREVE DESCRIPCIÓN TEXTUAL

Color: rojo rubí, tirando a granate al envejecer; aroma: intenso, persistente, característico y agradable; sabor: seco o semiseco, agradablemente tánico, suave, con cuerpo; grado alcohólico volumétrico total mínimo: 12,00 % vol.; extracto no reductor mínimo: 22,0 g/l.

| Características analíticas generales |
| --- |
| Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.) | |
| Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) | |
| Acidez total mínima | 4,5 |
| Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro) | |
| Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro) | |

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.)

Acidez total mínima

4,5

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por litro)

5.   Prácticas de vinificación

a   Prácticas enológicas específicas

1.   Producción de vino espumoso

Práctica enológica específica

Los vinos espumosos se elaboran mediante una segunda fermentación en botella (método tradicional) o mediante el método en cuba (método de granvás).

2.   Vinificación en blanco

Práctica enológica específica

Vinificación en blanco, sin contacto con la piel, de uvas tintas para obtener un mosto blanco.

3.   Envejecimiento

Práctica enológica específica

Los vinos con la denominación de origen controlada (DOC) «Irpinia» y de la subzona Campi Taurasini deben despacharse al consumo a partir del 1 de septiembre del año siguiente al de la vendimia.

Los vinos espumosos elaborados según el método tradicional no podrán despacharse al consumo antes de que transcurran dieciocho meses desde el 1 de octubre del año en que se hayan vendimiado las últimas uvas de la mezcla.

b   Rendimientos máximos

| 1. | «Irpinia»: Blanco, incluido espumoso, rosado, incluido espumoso, tinto, incluido espumoso, vino joven
  10 000 kilogramos de uvas por hectárea |
| --- | --- |

1.

«Irpinia»: Blanco, incluido espumoso, rosado, incluido espumoso, tinto, incluido espumoso, vino joven

10 000 kilogramos de uvas por hectárea

| 2. | «Irpinia»: Coda di Volpe, Falanghina, incluidos espumoso y Passito, Fiano, incluidos espumoso y Passito, Greco, incluidos espumoso y Passito
  12 000 kilogramos de uvas por hectárea |
| --- | --- |

2.

«Irpinia»: Coda di Volpe, Falanghina, incluidos espumoso y Passito, Fiano, incluidos espumoso y Passito, Greco, incluidos espumoso y Passito

12 000 kilogramos de uvas por hectárea

| 3. | «Irpinia»: Piedirosso, Sciascinoso, Aglianico, incluido espumoso, Aglianico vinificado en blanco, incluido espumoso
  12 000 kilogramos de uvas por hectárea |
| --- | --- |

3.

«Irpinia»: Piedirosso, Sciascinoso, Aglianico, incluido espumoso, Aglianico vinificado en blanco, incluido espumoso

12 000 kilogramos de uvas por hectárea

| 4. | «Irpinia»: Aglianico Passito, Aglianico de licor
  12 000 kilogramos de uvas por hectárea |
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4.

«Irpinia»: Aglianico Passito, Aglianico de licor

12 000 kilogramos de uvas por hectárea

| 5. | «Irpinia» subzona Campi Taurasini: Aglianico
  11 000 kilogramos de uvas por hectárea |
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5.

«Irpinia» subzona Campi Taurasini: Aglianico

11 000 kilogramos de uvas por hectárea

6.   Zona geográfica delimitada

«Irpinia», para todos los tipos, salvo en el caso de la subzona: las zonas aptas para el cultivo de la vid en todo el territorio administrativo de la provincia de Avellino; «Irpinia» subzona Campi Taurasini: todo el territorio administrativo de los siguientes municipios: Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant’Angelo all’Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, Gesualdo, Villamaina, Torella dei Lombardi, Grottaminarda, Melito Irpino, Nusco, Chiusano San Domenico.

7.   Principal(es) variedad(es) de uva de vinificación

| | Aglianico N — Ellenica |
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Aglianico N — Ellenica

| | Coda di Volpe Bianca B — Coda di Volpe |
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Coda di Volpe Bianca B — Coda di Volpe

| | Falanghina B |
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Falanghina B

| | Fiano B |
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Fiano B

| | Greco B |
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Greco B

| | Piedirosso N — Palombina |
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Piedirosso N — Palombina

| | Sciascinoso N |
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Sciascinoso N

8.   Descripción del/de los vínculo(s)

Irpinia

Irpinia es una región histórica y geográfica del sur de Italia que actualmente forma parte de la provincia de Avellino. Se encuentra en la parte central oriental de Campania. Sin litoral, la zona es fundamentalmente montañosa.

La provincia tiene una antigua tradición vitícola. Se distingue por una notable diversidad de características edafológicas y climáticas producidas por las sierras de Partenio y Terminio que atraviesan la zona. Esta diversidad da lugar a varios tipos de viticultura que difieren principalmente con respecto a las distancias de plantación y el crecimiento de la vid. Las tierras de la zona de Irpinia presentan una gran diversidad en función de su ubicación.

El terreno es un mosaico de valles y colinas, con numerosos ríos y arroyos serpenteantes entre los que destacan el Calore Irpino, el Ofanto y el Sele.

Una característica particular es la cadena montañosa de los Apeninos, que divide la zona de Irpinia en dos. Por un lado, el distrito de Avellino se emplaza en las laderas que descienden hacia el mar Tirreno. Por el otro, las laderas del Adriático albergan los distritos de Sant’Angelo dei Lombardi y Ariano Irpino.

En cuanto al terreno, Irpinia es un trazado de colinas y montañas. La parte más llana cuenta con cierta superficie montañosa, con distintos grados de ondulación, y algunas zonas limitadas de fondo de valle.

La parte más montañosa está formada por las dos cadenas de los Apeninos, Terminio y Partenio, que atraviesan la zona. Estas propician diversos tipos de viticultura que difieren principalmente en lo que respecta a las distancias de plantación y el crecimiento de la vid. Las tierras de la zona de Irpinia presentan una gran diversidad en función de su ubicación.

Abundan las zonas de suelos sueltos. Estos presentan características similares a las de los suelos de la zona que rodea al Vesubio debido a la presencia de cenizas volcánicas, especialmente en la zona central de la provincia que abarca la cuenca de Avellino, extendiéndose hacia las zonas desarrolladas sobre yacimientos del Eoceno y el Plioceno. Los suelos no son pedregosos sino que son ricos en arcilla y nutrientes, principalmente alcalinos, en particular en las zonas de colinas de la pendiente septentrional y en la zona oriental.

Aquí pueden encontrarse los mejores exponentes de la viticultura de Campania: vinos blancos como Fiano, Greco, Coda di Volpe y Falanghina; y vinos tintos como Aglianico, Piedirosso y Sciascinoso.

Los factores históricos y humanos vinculados a esta zona de producción son fundamentales y, a través de una larga tradición, han contribuido a la elaboración de los vinos «Irpinia».

En la zona se han cultivado vides desde tiempos inmemoriales. Siempre ha existido una estrecha conexión con el río Sabato que atraviesa la zona, de ahí el nombre del pueblo sabino. Según Tito Livio, los sabinos eran una tribu samnita asentada en la cuenca del río Sabato.

Esta zona prosperó como centro de implantación y desarrollo de la viticultura en el siglo XIX gracias al descubrimiento de enormes depósitos de azufre en el municipio de Tufo. La presencia y disponibilidad de azufre contribuiría al auge del cultivo de la vid en todo el distrito de Irpinia y dio lugar a la técnica de tratamiento de las uvas con productos de azufre para proteger los racimos de agentes patógenos externos.

El gran desarrollo de la economía vitivinícola de Irpinia en la época moderna se produjo hacia finales del siglo XIX, con el inicio de las exportaciones masivas de vinos de Irpinia a Francia. El vino de Irpinia pasó a estar muy solicitado, con precios medios de entre 25 y 30 liras por centara (75 kilos). Las viñas se convirtieron en la principal fuente de riqueza de la provincia (A. Valente). En aquel momento, la superficie plantada superaba las 63 000 hectáreas, de las cuales más de 2 000 se destinaban a cultivos especializados (F. Madaluni, 1929).

En 1835, la publicación Il Giornale Economico del Principato Ulteriore (Revista Económica del Principado Ultra) informó sobre la construcción de nuevas bodegas en la zona, así como la modernización de las instalaciones y los equipos existentes, lo que sirve como testimonio indiscutible del pasado. El artículo en cuestión concluye con una lista de estrategias a seguir.

También encontramos pruebas sólidas en los registros del Comité Agrícola, creado por la reforma de la Sociedad Económica del Principado Ultra de conformidad con el Real Decreto del Ministerio de Agricultura de 23 de diciembre de 1866.

Históricamente, la producción de uva y vino representó una importante fuente de ingresos para la agricultura local. Durante mucho tiempo, Irpinia estuvo a la cabeza de las provincias italianas en cuanto a producción de uva. En 1923, en un prólogo del Anuario Vinícola de Italia, el senador Arturo Marescalchi afirmó que Irpinia era la tercera provincia italiana, con una producción de vino de 2 319 000 hectolitros.

En las zonas caracterizadas por suelos ricos en cenizas volcánicas, la filoxera no se arraigaba fácilmente. Por lo tanto, cuando se perdían cosechas en otras zonas vitícolas, Irpinia constituía un importante depósito de nuevos suministros para los productores arruinados por la epidemia.

En la crónica de 1934 I vini dell’Avellinese («Los vinos de la zona de Avellino»), Amedeo Jannacone sostenía: «Es evidente que la industria vinícola de Irpinia representa una actividad agrícola a gran escala, lo que a su vez implica un considerable capital circulante que, cada año, contribuye a aportar bienestar a muchas familias rurales». La prosperidad económica de muchos pueblos de la provincia de Avellino se debe, sobre todo, a la producción y la venta de vino. Esta prosperidad supuso un avance indiscutible en todos los ámbitos de la actividad agrícola y, sin duda, en la vida de las poblaciones rurales.

En el siglo XIX, la producción superó el millón de hectolitros y fue ampliamente exportada. La actividad vitícola de toda la provincia impulsó la economía agrícola durante años. El catastro agrícola registra inversiones de enormes sumas de dinero, alrededor de 500 millones de liras de aquella época, en la economía y la sociedad rurales. Para apoyar la expansión de las actividades, se construyó el primer ferrocarril en Irpinia. Pronto se conocería como la «ferrovia del vino» [el ferrocarril del vino], ya que unía directamente las mayores y mejores zonas de producción vitícola de las colinas Sabato y Calore con los mayores mercados italianos y europeos. Concretamente en la zona de cultivo de la variedad Greco, siguen funcionando muchas estaciones: Tufo, Prata, Taurasi y Montemiletto.

En 1878, la fundación de la Real Escuela de Viticultura y Enología de Avellino contribuyó a que la zona se convirtiera en uno de los centros más importantes de la viticultura italiana.

La presencia de esta escuela, como motor de progreso social y económico, propiciaría que Avellino, con su sector vitícola, se convirtiera en una de las provincias más importantes de Italia en la producción y exportación de vino, principalmente a Francia, según indican las fuentes.

Esto también dio lugar a la puesta en marcha de ensayos destinados a mejorar las técnicas de producción para crear vides y vinos de alta calidad, así como a ampliar y desarrollar la gama de productos comercializables. Del mismo modo, se dieron los primeros pasos para la producción de vinos espumosos de variedades de uva locales, en particular Fiano, Greco y Aglianico, cuya elaboración se realiza bien por el método en cuba, bien en botella según el método tradicional.

La fuerza de la industria vitícola de Irpinia radicó en impulsar el desarrollo de un sólido sector de apoyo, con la creación de talleres especializados en la producción y venta de pulverizadores de bomba y otros equipos especializados de este tipo para la viticultura, así como de equipos enológicos, barriles y barricas.

A nivel científico, el valor técnico y económico de los vinos de Irpinia ha sido reconocido reiteradamente en estudios sobre variedades de uva y enología.

A lo largo de los siglos, la presencia generalizada y cuidadosamente gestionada de viñedos en toda la zona de Irpinia ha propiciado el desarrollo de sistemas eficaces de formación de viñas que ajustan los requisitos técnicos y de producción a la fisiología de las variedades de uva cultivadas.

Entre estos sistemas figura el sistema de cultivo típico conocido como «Alberata Taurasina» o «Antico Sistema Taurasino», derivado de los métodos etruscos, y que se utiliza con las variedades Aglianico y uva tinta. Otro sistema es el «Avellinese», muy utilizado para el cultivo de variedades de uva blanca: Greco, Fiano, Coda di Volpe, etc.

A lo largo de los siglos, la presencia generalizada y cuidadosamente gestionada de viñedos en toda la zona de Irpinia ha propiciado el desarrollo de sistemas eficaces de formación de viñas que ajustan los requisitos técnicos y de producción a la fisiología de las variedades de vid cultivadas. También es importante señalar que Irpinia tiene un clima moderado, sin temperaturas excesivas, ni inviernos duros, aguanieve o nieve. Los veranos son relativamente suaves. A lo largo del año, las precipitaciones son abundantes, oscilando entre los 800 y los 1 200 milímetros en función de la zona.

Las especiales temperaturas y los patrones de precipitación y viento de la zona son prácticamente perfectos para el proceso de maduración característicamente gradual y el equilibrio entre acidez y azúcar, lo que permite producir vinos de alta calidad.

Esta favorable situación se debe claramente a la ubicación geográfica, al paisaje ondulado y a las importantes variaciones térmicas entre el día y la noche, lo que resulta especialmente beneficioso para las uvas durante los períodos de envero y maduración.

Estas condiciones son excelentes para el crecimiento de la vid y el desarrollo gradual de todos los componentes característicos de la uva madura. También permiten producir uvas con ese perfecto equilibrio entre acidez y azúcar que nos brinda vinos espumosos con notas sensoriales muy distintivas. Asimismo, cabe señalar que, tras la Segunda Guerra Mundial, esta provincia fue una de las primeras zonas de Italia en desarrollar la producción de vinos blancos de calidad que, en aquel momento, eran difíciles de conservar y transportar. Las características edafológicas y climáticas, con la ayuda de las tecnologías modernas, producen vinos blancos y rosados a partir de uvas tintas, con características determinantes y distintivas. En la década de 1970, estos vinos reafirmaron a la zona como una de las más prestigiosas en la elaboración de vinos blancos austeros con características determinantes y distintivas.

9.   Condiciones complementarias esenciales (envasado, etiquetado, otros requisitos)

Zona de vinificación

Marco jurídico:

Legislación nacional

Tipo de condición complementaria:

Excepción relativa a la producción en la zona geográfica delimitada

Descripción de la condición:

Los vinos con la denominación de origen controlada «Irpinia», con o sin mención de la variedad de uva, e «Irpinia» de la subzona Campi Taurasini deben elaborarse y desarrollarse en el territorio de la provincia de Avellino. Cualquier conversión a vino espumoso o envejecimiento también debe realizarse en la provincia.

Siguen en vigor las autorizaciones de las excepciones concedidas en virtud del artículo 5 del pliego de condiciones de la DOC «Irpinia», que figura en el anexo del Decreto Ministerial de 13 de septiembre de 2005.

Descripción y presentación

Marco jurídico:

Legislación nacional

Tipo de condición complementaria:

Disposiciones adicionales relativas al etiquetado

Descripción de la condición:

En la descripción y presentación de los vinos con la denominación de origen controlada «Irpinia», la mención de la variedad de uva, en su caso, deberá figurar en la etiqueta después de la denominación «Irpinia». Los caracteres no deben ser mayores que los utilizados para indicar la denominación de origen.

La indicación «vinificado en blanco» es obligatoria para los vinos del tipo «Irpinia Aglianico vinificado en blanco» y para los vinos espumosos. Deberá figurar inmediatamente debajo del nombre «Irpinia Aglianico», en caracteres que no sean mayores que los utilizados para indicar la denominación de origen.

Año

En las botellas que contengan vino de la denominación de origen controlada «Irpinia» deberá figurar siempre el año de producción de las uvas. Se aplica una excepción a los vinos espumosos y los vinos de licor sin añada.

«Vigna» [viñedo]

De conformidad con las normas vigentes, en las etiquetas puede aparecer el término vigna seguido del topónimo correspondiente.

Enlace al pliego de condiciones

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17662

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(1)  DO L 9 de 11.1.2019, p. 2.

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