Número Identificador

RES2023 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO

Recurrido

v.

WILLIAM AVILÉS GONZÁLEZ

Peticionario

KLCE202300456

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Bayamón

Criminal Núm.:

D VI2020G0006 

y otros

Art. 93 Grado de 

Asesinato 1er 

grado, Inciso A

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 

Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos.

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

Mediante un recurso de certiorari presentado el 26 de abril de 

2023, comparece William Alexis Avilés González (peticionario) y 

solicita que revisemos la Resolución notificada por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Bayamón, el 21 de abril de 

2023. Mediante la decisión recurrida, el foro a quo declaró testigo no 

disponible al Sr. Luis Enrique González Martínez (González 

Martínez), coacusado en el caso de epígrafe. Consecuentemente, 

admitió en evidencia la grabación del testimonio que vertió el

referido testigo de cargo en la vista preliminar, como excepción a la 

regla general de exclusión de prueba de referencia al amparo de la 

Regla 806(b)(1) de Evidencia, infra

Junto a su recurso, Avilés González instó una moción en 

auxilio de jurisdicción, la cual declaramos no ha lugar.

Por los fundamentos que expondremos a continuación,

resolvemos denegar la expedición del auto de certiorari.
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I

Por hechos ocurridos en septiembre de 2019, el Ministerio 

Público radicó cargos por Asesinato en Primer Grado, Tentativas de 

Asesinato y violaciones a la Ley de Armas en contra de Avilés 

González, Keishla Pérez Bigio, y González Martínez. El coacusado 

González Martínez estipuló con el Ministerio Público un acuerdo de 

cooperación y una alegación preacordada de culpabilidad bajo la 

Regla 72(d) de Procedimiento Criminal. Además, el aludido 

coacusado compareció, en calidad de testigo del Ministerio Público, 

a la vista preliminar del caso de epígrafe, la cual se celebró el 9 y 10 

de marzo de 2020. Durante la vista, la defensa de los coacusados 

pudo contrainterrogar a González Martínez.

Tras varios trámites relacionados con la representación legal 

de González Martínez, la continuación del juicio en su fondo de 

Avilés González y Pérez Bigio se calendarizó para el 17 de abril del

año en curso. Ese día, el testigo González Martínez manifestó, desde 

antes de tomársele juramento, que no declararía. Respondió ciertas 

preguntas introductorias hechas por el Ministerio Público, pero 

luego expresó que no recordaba, no podía contestar o simplemente 

que no iba a declarar. Ello, incluso cuando se le mostró su 

declaración jurada y cuando se le presentaron varios exhibits. Ante 

la negativa del testigo, el Ministerio Público requirió al tribunal que

le ordenara a este responder las preguntas formuladas. Sin 

embargo, el foro primario no accedió a dicho petitorio, bajo el 

fundamento de que del contenido del documento del cual surgían 

las preguntas este podía autoincriminarse, pues González Martínez 

no solo era testigo sino también acusado por los mismos hechos.

Lo anterior provocó que el tribunal auscultara las razones de 

la negativa de González Martínez en prestar su testimonio y en esa 

encomienda le explicó sus derechos como acusado y como testigo. 

Por entender que el testigo estaba claro en que no declararía en el 
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juicio, el foro a quo determinó que este era un testigo no disponible.

El abogado de González Martínez no estuvo de acuerdo y manifestó 

que el tribunal no podía comentar el silencio de su representado.1

En el contrainterrogatorio, el testigo se sostuvo en que no declararía. 

En consecuencia, el Ministerio Público le solicitó al tribunal que 

declarara a González Martínez como testigo no disponible y requirió 

que se sustituyera su testimonio con el vertido por este durante la 

vista preliminar. La defensa objetó dicha petición.

El 18 de abril de 2023 se llevó a cabo una vista argumentativa. 

El Ministerio Público sostuvo sus solicitudes amparándose en las

Reglas 806 (a)(l) y 806(b)(1) de Evidencia. A su vez, pidió que se 

admitiera la declaración jurada prestada por González Martínez, 

pues, en la vista preliminar, las representaciones legales de los 

coacusados Avilés González y Pérez Bigio tuvieron oportunidad de

contrainterrogarlo sobre el contenido del documento. Esto último lo 

solicitó al palio de la Regla 902(b)(4) de Evidencia. Se arguyó que lo 

requerido por el Ministerio Público no procedía, toda vez que el 

privilegio de no autoincriminarse nunca fue propiamente invocado.

Por su parte, la defensa de Pérez Bigio expresó que el único 

inciso que podría aplicar en la situación de autos era la que dispone 

la Regla 806(a)(2) de Evidencia. El abogado de Avilés González

discutió que, si se permitía la sustitución del testimonio solicitada 

por el Ministerio Público, se violentaría su derecho de confrontar a 

González Martínez porque este último no estuvo sujeto a 

contrainterrogatorio. El Ministerio Público insistió en que González 

Martínez reclamó el privilegio a la no autoincriminación al momento 

de negarse a responder las preguntas formuladas, lo cual tuvo el 

efecto de que su testimonio no estuviera disponible.

1 En un momento dado, el Lcdo. Carlos Beltrán Meléndez, abogado de Pérez Bigio, 

expresó que González Martínez levantó su privilegio de no autoincriminación. 
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Llegado a este punto, el TPI dictó la Resolución que hoy 

revisamos. Mediante esta determinó que en el presente caso 

concurren los requisitos de la Regla 806 (a)(1) de Evidencia, infra, 

que permiten que González Martínez sea declarado testigo no 

disponible. En consecuencia, admitió el audio de la vista preliminar 

como excepción a la regla general de exclusión de prueba de 

referencia, al amparo de la Regla 806(b)(1) de Evidencia, infra. Sobre 

el particular, expresó, en lo pertinente, lo siguiente:

El señor González Martínez, conocía sus derechos, los

entendía y conocía en qué consistía el convenio con el 

Estado, y así como en un momento dado decidió 

declarar en el inicio del proceso, también decidió 

negarse a hacerlo y manifestándolo repetidamente, para 

que sus contestaciones no fueran usadas en su contra. 

Al no cumplir con su parte del convenio de cooperación, 

González Martínez ya tenía claro que todo lo que él 

dijera le autoincriminaría y así lo dejó manifestado 

cuando le expresó al tribunal que el entendía, pero que 

no iba a declarar más.

[...] El tribunal en todo momento entendió que el

Ministerio Público tenía que completar su interrogatorio 

directo, a pesar de que González Martínez respondiera 

en la negativa a las preguntas formuladas. 

De igual manera, el tribunal concluyó que la negativa de

González Martínez de responder las preguntas del Ministerio Público 

se basó en el privilegio de la no autoincriminación que le cobija. 

Puntualizó que no ordenó que el referido testigo respondiera las 

preguntas para “no violentar el derecho que le acompañaba 

mientras estuvo en la silla de los testigos.”. Estableció que el 

testimonio ofrecido por González Martínez en la vista preliminar es 

permisible bajo la Regla 806(b)(1) de Evidencia, infra. Ello, toda vez 

que el mismo fue bajo juramento y fue ampliamente

contrainterrogado por los abogados de los coacusados Avilés 

González y Pérez Bigio.2

2 Con relación a la solicitud de que la declaración jurada prestada por González 

Martínez, la cual le fuera entregada a los abogados de los coacusados Pérez Bigio 

y Avilés González en la vista preliminar, fuera admitida en su totalidad como 

prueba sustantiva, el TPI entendió que esta no procedía. Lo anterior, por no 

constituir un documento que pueda autenticarse prima facie y la solicitud ser 
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En desacuerdo con la decisión del foro primario, Avilés 

González se unió a la solicitud de reconsideración instada por Pérez 

Bigio, pero esta fue denegada.3 Ante ello, comparece oportunamente 

ante nosotros mediante recurso de certiorari y alega que el TPI 

cometió el siguiente error: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar

TESTIGO NO DISPONIBLE al asesino confeso Luis 

González Martínez y permitir que bajo la Regla 

806(A)(1) de Evidencia, se admita el testimonio que 

prestó en la vista preliminar, cuando nunca levantó 

en el juicio, su derecho a no incriminarse, nunca lo 

levantó su representación legal, nunca se le 

apercibió que de no declarar podía ser [encontrado]

incurso en desacato y que nunca fue confrontado 

con la grabación de su testimonio en vista 

preliminar. Todo ello en clara violación al derecho 

constitucional a la confrontación del imputado.

A tenor con la Regla 7 (B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, este Foro puede “prescindir de 

términos no jurisdiccionales, específicos,” escritos, notificaciones o 

procedimientos adicionales, “con el propósito de lograr su más justo 

y eficiente despacho...”. Ante ello, prescindimos de la comparecencia 

de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, en 

representación del Pueblo de Puerto Rico.

II

La Constitución de Estados Unidos garantiza el derecho que 

tienen todos los acusados de delito a confrontar los testigos que se 

presenten en su contra durante cualquier proceso criminal. Enmda. 

VI, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1. Por igual, la Constitución de 

Puerto Rico reconoce un derecho similar al disponer que los 

acusados tendrán derecho a “carearse con los testigos de cargo” en 

procedimientos criminales. Art. II, Sec. 11, Const. de PR, LPRA, 

Tomo 1, ed. 2008, pág. 34. En Pueblo v. Zeno Torres, Opinión del 16 

de diciembre de 2022, 2022 TSPR 149, 211 DPR __(2022), el 

contraria a lo resuelto por nuestro Tribunal Supremo en Pueblo v. Zeno Torres, 

Opinión del 16 de diciembre de 2022, 2022 TSPR 149, 211 DPR __(2022).

3 Orden emitida y notificada el 24 de abril de 2023.
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Tribunal Supremo de Puerto Rico destacó que “el fundamento 

principal para la exclusión de prueba de referencia es la falta de 

oportunidad para contrainterrogar”.

4

Así, sabido es que la prueba de referencia es definida como

toda aquella declaración que no sea la que la persona declarante 

hace en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para probar la 

verdad de lo aseverado. Como regla general, este tipo de evidencia 

es inadmisible en los procesos judiciales. Reglas 801(c) y 804 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 801(c) y 804. Su exclusión se debe a 

la falta de oportunidad de la parte adversa en contrainterrogar al 

declarante, los riesgos que ella representa en cuanto a la narración 

del evento, percepción, recuerdo del acontecimiento y sinceridad del 

declarante. Pueblo v. Santiago Colón, 125 DPR 442, 446 y 449 (1990) 

(Sentencia, Opinión concurrente del Juez Negrón García); Pueblo v. 

García Reyes, 113 DPR 843, 853 (1983). En otras palabras, es claro 

que dicha prueba lesiona el derecho que tienen las partes a 

confrontarse con la evidencia que se presente en su contra. P.N.P. v. 

Rodríguez Estrada, Pres. C.E.E., 123 DPR 1, 34-35 (1988). 

A pesar de lo anterior, la Regla 802 de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI, R. 802, expone que:

[N]o se considerará prueba de referencia una 

declaración anterior si la persona declarante testifica en 

el juicio o vista sujeto a contrainterrogatorio en relación 

con la declaración anterior y ésta hubiera sido 

admisible de ser hecha por la persona declarante en el 

juicio o vista, y:

(a) Es inconsistente con el testimonio prestado en el 

juicio o vista y fue dada bajo juramento y sujeta 

a perjurio;

(b) es consistente con el testimonio prestado en el 

juicio o vista y se presenta con el propósito de 

refutar una alegación expresa o implícita contra 

la persona declarante sobre fabricación reciente, 

influencia o motivación indebida, o

(c) identifica a una parte o a otra persona que 

participó en un delito o en otro suceso, se hizo en 

el momento en que el delito o suceso estaba fresco 

4 Citando a E.L., Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, 

Ed. Forum, 1992, Vol. 1, pág. 569.
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en la memoria de la persona testigo y se ofrece 

luego de que la persona testigo haya testificado 

haber hecho la identificación y que ésta reflejaba 

fielmente su opinión en aquel momento.5

Ahora bien, como todo principio general, el mismo no es 

absoluto. Existen excepciones a la regla de exclusión de prueba de 

referencia, las cuales están reguladas por las Reglas 805 a la 809 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 805-809. Claro está, si ninguna de las 

circunstancias taxativamente enumeradas en los preceptos antes 

citados se configura, el foro de instancia deberá descartar la 

evidencia ofrecida. 

Entre las excepciones se encuentran las declaraciones 

anteriores de un testigo no disponible. Véase, Regla 806 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 806. En lo aquí pertinente, dicho 

precepto establece:

(a) Definición; no disponible como testigo. - Incluye 

situaciones en que la persona declarante:

(1) Está exenta de testificar por una determinación 

del tribunal por razón de un privilegio reconocido 

en estas reglas en relación con el asunto u objeto 

de su declaración;

(2) insiste en no testificar en relación con el asunto 

u objeto de su declaración a pesar de una orden

del tribunal para que lo haga;

(3) testifica que no puede recordar sobre el asunto u 

objeto de su declaración;

(4) al momento del juicio o vista, ha fallecido o está 

imposibilitada de comparecer a testificar por 

razón de enfermedad o impedimento mental o 

físico, o

(5) está ausente de la vista y quien propone la 

declaración ha desplegado diligencia para 

conseguir su comparecencia mediante citación 

del tribunal.

No se entenderá que una persona declarante está 

no disponible como testigo si ello ha sido 

motivado por la gestión o conducta de quien 

propone la declaración con el propósito de evitar 

que la persona declarante comparezca o 

testifique.

(b) Cuando la persona declarante no está disponible 

como testigo, es admisible como excepción a la regla 

general de exclusión de prueba de referencia lo 

siguiente:

5 Véase, demás, Pueblo v. Santiago Colón, supra, a la pág. 449. 
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(1) Testimonio anterior. - Testimonio dado como 

testigo en otra vista del mismo u otro 

procedimiento, en una deposición tomada 

conforme a Derecho durante el mismo u otro 

procedimiento. Ello si la parte contra quien se 

ofrece ahora el testimonio - o un predecesor en 

interés si se trata de una acción o procedimiento 

civil - tuvo la oportunidad y motivo similar para 

desarrollar el testimonio en interrogatorio 

directo, contrainterrogatorio o en redirecto.

[...]

Sobre el asunto de las declaraciones anteriores como prueba 

sustantiva, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expuso en Pueblo v. 

Zeno Torres, supra:

Ahora bien, la Regla 802 (a) de las Reglas de Evidencia, 

supra, permite que se pueda traer prueba de 

declaraciones anteriores como prueba sustantiva, 

siempre que la declaración anterior fuera bajo 

juramento sujeto a perjurio, y sea inconsistente con el 

testimonio vertido en corte. Además, cabe señalar que 

una declaración anterior de un testigo será admitida 

como prueba sustantiva siempre y cuando pueda haber 

una confrontación con el declarante. En otras palabras, 

el testigo debe encontrarse presente al momento de 

ofrecerse en evidencia la declaración anterior en el 

tribunal sujeto a ser contrainterrogado en relación con 

la declaración anterior y en cuanto a sus declaraciones 

presentes. Así, pasamos a interpretar los requisitos 

presentados en la Regla 802(a) de las Reglas de 

Evidencia, supra.

III

En esencia, el peticionario aduce que el TPI cometió un abuso 

de discreción al determinar que el testigo González Martínez era uno 

no disponible. Añade que la juzgadora de los hechos no podía 

reclamar el derecho a la no autoincriminación del testigo, ni inferirlo 

de manera festinada, aun cuando, ni el testigo, ni su abogado lo 

exigió. Alega que nunca se le advirtió al testigo sobre su obligación 

de declarar, ni se le apercibió sobre el delito de desacato. Destaca 

que González Martínez nunca explicó sus razones para no declarar 

en el juicio. Particulariza que el aludido testigo es el único que 

relaciona a los otros coacusados con los hechos del caso y en el 

juicio -no en testimonios anteriores- no declaró nada en su contra, 

ni estuvo sujeto a ser confrontado.
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Un examen ponderado del expediente nos lleva a concluir que 

no le asiste la razón al peticionario. 

Es un hecho claro que el testigo de cargo y coacusado 

González Martínez se negó categóricamente a declarar durante el 

juicio en su fondo del peticionario. Analizada la línea de preguntas 

efectuada por el Ministerio Público resolvemos que este sentó las 

bases para poder considerar a González Martínez como uno no 

disponible una vez decidió no declarar. El testigo en cuestión fue 

explícito al contestar todas las preguntas con que “no declararía” o 

“no recordaba”. 

Enfrentado a esta situación, el tribunal de instancia ejerció 

prudencia e intervino con González Martínez para explorar las 

razones por las cuales este se negaba a ofrecer su testimonio. De 

hecho, la Jueza le explicó los derechos que como acusado y testigo 

le asistían. Este reconoció haber entendido y no tener duda sobre el 

proceso. No obstante, a las múltiples preguntas que le realizó la 

Jueza, González Martínez respondió: “no puedo contestar”, “no 

recuerdo” y “no voy a seguir declarando”. Ello provocó que el 

tribunal lo catalogara como un testigo no disponible. 

Así las cosas, somos del criterio que la determinación del foro 

primario no es contraria a derecho, ni se cometió un abuso de 

discreción al dictar la Resolución recurrida, por lo que no 

intervendremos con esta. Del expediente se desprende que González 

Martínez no está disponible por insistir en no testificar y expresar 

que no puede recordar en relación con el asunto u objeto de su 

declaración, al palio de la Regla 806(a)(2) y (3) de Evidencia, supra. 

Su testimonio fue ofrecido en la vista preliminar, bajo juramento, 

por un motivo idéntico a las causas del caso de epígrafe. 

Particularmente, González Martínez estuvo sujeto a la intervención 

de los letrados que representaban al peticionario y a la coacusada 

Pérez Bigio, quienes tuvieron oportunidad de contrainterrogarlo. 
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Precisamente, lo que exige nuestro ordenamiento jurídico es que el 

declarante estuvo sujeto a la confrontación en otra vista del mismo 

u otro procedimiento.

En suma, concluimos que mediante la presentación en el 

juicio en su fondo de la regrabación del testimonio anterior del 

testigo no disponible González Martínez no se le violenta al

peticionario su derecho a la confrontación.

IV

Por las consideraciones que preceden, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. Se devuelve, por tanto, el caso de 

epígrafe al TPI para que se continúe con los procedimientos cónsono 

con lo aquí resuelto.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones