Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

HOSPITAL ESPAÑOL AUXILIO 

MUTUO

Peticionario

v.

UNIDAD LABORAL DE 

ENFERMERAS (OS) Y 

EMPLEADOS DE LA SALUD 

Recurrida

KLCE202400227

Recurso de Certiorari

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de San 

Juan

Caso Núm. 

SJ2023CV02019

Sobre: 

Revisión de Laudo

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, 

el Juez Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

Marrero Guerrero, Juez ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de abril de 2024.

Comparece el Hospital Español Auxilio Mutuo (parte 

peticionaria u Hospital) y solicita que revoquemos la Sentencia emitida 

el 20 de enero de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI), notificada y archivada en autos el 24 de 

enero de 2024.1 Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró 

con lugar la solicitud de Desestimación presentada por la Unidad 

Laboral de Enfermeras(os) y Empleados de la Salud (Unidad Laboral o 

parte recurrida) y,2 consecuentemente, por falta de jurisdicción sobre 

la materia, desestimó la Petición de Impugnación de Laudo de Arbitraje, 

presentada por la parte peticionaria el 6 de marzo de 2023.3

Por las razones que expondremos a continuación, expedimos el 

auto de certiorari y confirmamos la determinación recurrida. Veamos 

el tracto procesal y las normas jurídicas que sostienen nuestra 

determinación.

1 Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo I, págs. 1-3; Anejo II, págs. 4-10.

2

Íd., Anejo VII, págs. 22-30.

3

Íd., Anejo XI, págs. 42-506.
KLCE202400227 2

-IEl caso ante nuestra consideración tiene su génesis al 6 de 

marzo de 2023 cuando el Hospital presentó una Petición de 

Impugnación de Laudo de Arbitraje en contra de la Unidad Laboral.4

En la misma solicitó la revocación de un laudo de arbitraje emitido el 

3 de febrero de 2023, notificado y archivado en autos ese mismo día, 

por el Negociado de Conciliación y Arbitraje (Negociado) en los casos 

A-19-2074, A-19-2244 y A-19-2312.5 Por medio de dicho laudo, el 

Negociado determinó que el despido de la señora Zenaida González 

Díaz (señora González Díaz o querellante), quien trabajó como Oficial 

de Registración en el Departamento de Clínicas Externas del Hospital, 

fue injustificado. Consecuentemente, el Negociado revocó el despido de 

la querellante y ordenó la reposición o reinstalación de la señora 

González Díaz en el empleo con paga atrasada a la fecha de su despido. 

Así las cosas, el 6 de marzo de 2024 el Hospital presentó ante el 

TPI su Petición de Impugnación de Laudo de Arbitraje. El 8 de marzo 

de 2023, la Secretaría del TPI emitió una Notificación de Secretaría, 

notificada y archivada en autos ese mismo día, en la cual se consignó 

que, luego de evaluar la petición, no encontró razón para justificar el 

impago de los aranceles correspondientes. Por lo tanto, ordenó a la 

parte peticionaria a pagar el arancel por la cantidad de $90.00. 

Además, la Secretaría del foro primario advirtió que, hasta tanto el 

Hospital no mostrara estar exento de dicho pago o pagara ese arancel, 

4 Íd.

5 Íd., págs. 68-97. El laudo de arbitraje del caso de epígrafe versa sobre los siguientes 

casos presentados por la Unidad Laboral:

Caso A-19-2074, radicado ante el Negociado de Conciliación y 

Arbitraje el 28 de mayo de 2019, el cual contempla un informe de 

intervención (amonestación escrita) del 2 de mayo de 2019.

Caso A-19-2244, radicado ante el Negociado de Conciliación y 

Arbitraje el 19 de junio de 2019, el cual contempla una suspensión 

de empleo y sueldo por dos (2) días, expedida el 3 de mayo de 2019.

Caso A-19-2312, radicado ante el Negociado de Conciliación y 

Arbitraje el 28 de junio de 2019, el cual contempla el despido de la 

Sra. Zenaida González Díaz, efectivo el 5 de junio de 2019. Íd., pág. 

69. (Énfasis en el original). 
KLCE202400227 3

el caso de epígrafe se daba por no presentado a tenor con las 

Directrices Administrativas del Sistema Unificado para el Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC).6

El 10 de marzo de 2023, el Hospital presentó una Moción al 

Expediente Judicial sobre Petición de Impugnación de Laudo de 

Arbitraje, junto a la que acompañó una Declaración Jurada de la 

señora Odette Castillo Ochart (señora Castillo Ochart), Asistente 

Administrativa del bufete Sánchez Betances, Sifre & Muñoz Noya, 

narrando la situación enfrentada por ella cuando intentó presentar la 

aludida petición mediante SUMAC.7 Por medio de esa Declaración 

Jurada, y en lo pertinente, la señora Castillo Ochart expresó lo 

siguiente: 

2. Como parte de mis funciones, el día 6 de marzo de 2023 

realicé los pasos requeridos a través del sistema SUMAC 

para la presentación de un recurso de Impugnación de 

laudo en el que la parte recurrente lo es el Hospital 

Español Auxilio Mutuo de Puerto Rico y la parte recurrida 

lo es la ULEES, firmado electrónicamente por la Lcda. 

Claribel Ortiz Rodríguez.

. . . .

4. El día 6 de marzo de 2023, utilizando el sistema 

SUMAC intenté radicar la Petición de Impugnación de 

Laudo. Una vez finalic[é] de subir los documentos a ser 

radicados, el sistema no me permitió continuar con el 

proceso y me llev[ó] a la p[á]gina inicial del proceso de 

radicación.

5. Ante lo anterior, nuevamente traté de radicar el escrito 

comenzando desde el principio del proceso y al finalizar 

de entrar todos los documentos el sistema pregunta si 

est[á] exento de pagar aranceles o no, indiqué que 

cancelaba y el sistema no me proveyó la alternativa para 

pagar los aranceles y procedió a culminar el proceso de 

radicación.

6. El sistema SUMAC le otorgó el siguiente número al 

caso: SJ2023CV02019.

7. Corroboré en el sistema la presentación del documento 

en el sistema SUMAC.

6

Íd., Anejo X, págs. 40-41; Véase, “Directrices Administrativas para la 

Presentación y Notificación Electrónica de Documentos mediante el Sistema 

Unificado de Manejo y Administración de Casos”, 2021, en 

https://poderjudicial.pr/Documentos/SUMAC/Directrices-Administrativas.pdf

(última visita, 11 de marzo de 2024).

7 Apéndice de la Petición de Certiorari,, Anejo VIII, págs. 31-36.
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8. La licenciada Ortiz Rodriguez [abogada de la parte 

peticionaria] me indicó que recibió un correo electrónico 

en su correo electrónico notificando la emisión del 

comprobante correspondiente pero que no se incluyó el 

comprobante ni se podía ver en el sistema. (Véase Anejo 

I)

9. Por ello, generé una llamada telefónica al personal de 

SUMAC quienes me indicaron que había habido un error 

en el sistema pero que el caso estaba presentado.

10. Recibí un comprobante que establecía que el caso fue 

presentado sin problemas, pero el personal de SUMAC me 

indicó que no hiciera nada hasta recibir un correo 

electrónico.

11. No obstante, entré al sistema SUMAC y verificamos 

que el caso estaba presentado en el sistema y apareció 

con número de caso asignado y presentado el día 6 de 

marzo de 2023. 

12. Posteriormente los días 7 y 8 de marzo de 2023 me 

comuniqu[é] con Secretaría para verificar que estaba 

sucediendo con el escrito y para pagar los aranceles 

correspondientes. En Secretaría me transfirieron al 

Supervisor de Servicios Técnicos indicándome éste que 

ten[í]a que esperar a que se emitiera una deficiencia para 

entonces poder pagar los aranceles. 

13. Que el 8 de marzo de 2023, me comuniqu[é] con 

Secretar[í]a nuevamente y ellos me indicaron que el 

sistema estaba atrasado en la identificación de los casos 

radicados y que la persona encargada de registración de 

los casos todavía no había llegado al n[ú]mero del caso 

antes mencionado. Insistimos en que teníamos que pagar 

los aranceles y nuevamente nos indicaron que para 

pagarlos físicamente teníamos que esperar a que 

emitieran el aviso de deficiencia. 

14. Luego de la llamada relatada en el párrafo anterior, 

Secretar[í]a procedió a emitir el aviso de deficiencia y 

procedimos a ir a Secretar[í]a para presentar el arancel 

correspondiente a la radicación por $90.00. (Véase Anejo 

II)

15. De conformidad con lo antes indicado en mi 

declaración, por causas atribuibles al sistema de SUMAC 

fue que no se pudo pagar los aranceles al momento de la 

radicación y los mismos fueron pagados tan pronto se nos 

indicó que podíamos hacerlo.

. . . .

8

El 12 de marzo de 2023, la parte recurrida presentó una petición 

de Desestimación por la cual arguyó, en síntesis, que el foro a quo

carecía de jurisdicción dado a que la parte peticionaria incumplió con 

8

Íd., págs. 33-34.
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el pago de arancel dentro del término de treinta (30) días que tenía 

para presentar el recurso de impugnación del laudo laboral.9

El 11 de abril de 2023, el Hospital presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden y en Oposición a Desestimación en la que 

reiteró los hechos narrados por la señora Castillo Ochart mediante su 

Declaración Jurada.

10 Además, la parte peticionaria arguyó por 

primera vez en dicha solicitud de desestimación que, luego de 

comunicarse con el personal del Servicio Técnico de SUMAC, “[n]os 

informaron que no se podía efectuar pago mediante SUMAC ni 

personalmente hasta tanto se recibiera el correo electrónico”.11

El 20 de enero de 2024, el TPI emitió una Sentencia, notificada 

y archivada en autos el 24 de enero de 2024,12 por la cual declaró con 

lugar la solicitud de Desestimación presentada por la Unidad Laboral 

el 12 de marzo de 2023 y,13 consecuentemente, desestimó el caso de 

epígrafe. El foro a quo fundamentó su determinación en que la petición

para impugnar el laudo de arbitraje no se perfeccionó dentro de los 

treinta (30) días jurisdiccionales que tenía la parte para presentar la 

solicitud de revisión. Además, el TPI no pudo concluir que la 

deficiencia del pago de arancel se debió a un error del sistema de 

presentación o del tribunal máxime cuando el 8 de marzo de 2023 la 

Secretaría notificó que la referida petición no estaba exenta de pagar 

el arancel y le advirtió a la parte peticionaria que no se daba por 

presentado el recurso hasta que se pagara el arancel, a tenor con las 

Directrices Administrativas, supra.

Inconforme, el 23 de febrero de 2024, la parte peticionaria 

acudió ante nos mediante el presente recurso de certiorari, en el cual 

le atribuyó al TPI la comisión de los siguientes errores:

1. Erró la juez en su Sentencia al omitir que antes de ser 

requerido por el Tribunal, la parte peticionaria había 

9

Íd., Anejo VII, págs. 22-30.

10 Íd., Anejo IV, págs. 12-19.

11 Íd., pág. 13. (Subrayado y énfasis en el original). 

12 Íd., Anejo II, págs. 4-10.

13 Íd., Anejo VII, págs. 22-30.
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presentado una Moción fechada 10 de marzo de 2023 

en la que se explicaron los problemas técnicos habidos 

para la presentación del escrito y se incluyó como 

prueba el Comprobante “generado por SUMAC” el 6 de 

marzo de 2023, comprobante y una declaración 

jurada sobre los hechos sustentando dichos 

problemas técnicos.

2. Erró la juez al incurrir en descuido craso al aseverar 

que la parte peticionaria “presentó su escrito pasado 

el término, el 11 de abril de 2023”, al no reconocer en 

la Sentencia que la parte peticionaria presentó su 

explicación sobre los problemas técnicos

confrontados antes de que el Tribunal emitiera orden 

al respecto. 

3. Erró la Juez al no reconocer que el término concedido 

por ella para la presentación de la moción en 

cumplimiento de orden fue de treinta [(30)] días y no 

de veinte (20) días, como recogió en la Sentencia, por 

lo que no es correcto que el escrito de la parte 

peticionaria se presentara pasado el término 

dispuesto por ella.

4. Erró la juez al incurrir en descuido craso y abuso de 

discreción al determinar que la parte peticionaria 

presentó su moción en cumplimiento de orden pasado 

el término.

5. Erró la juez al no expresar las razones por las que 

procedió a desestimar el recurso y al incurrir en 

perjuicio y parcialidad al emitir la Sentencia 

desestimando el recurso.

En síntesis, la parte peticionaria plantea que procede revocar la 

Sentencia recurrida porque el foro a quo no incluyó las 

determinaciones de hechos que lo llevaron a desestimar su caso, y que 

la deficiencia del pago de arancel se debió a problemas técnicos del 

propio SUMAC y no por razones intencionales. 

Por su parte, la parte recurrida compareció ante nos el 11 de 

marzo de 2024, y alegó que el TPI nunca adquirió jurisdicción. Lo 

anterior, pues según sostuvo al momento de presentar la petición de 

impugnación del laudo de arbitraje en cuestión, la parte peticionaria 

no canceló los aranceles requeridos por ley, lo cual, a su vez, dio paso 

a que no se perfeccionara ese recurso. 

El 15 de marzo de 2024, la parte peticionaria presentó una 

Moción Solicitando Autorización para Presentar Breve Réplica a Moción 

en Oposición a Certiorari. También presentó una Réplica a Oposición a 

Certiorari por la cual aclaró que el Hospital efectuó el pago de arancel 

el 8 de marzo de 2023 y no el 10 de marzo de 2023 tal como alegó la 
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parte recurrida en su Oposición a Certiorari. Además, según sostuvo la 

parte peticionaria, el foro primario debió haber reconocido la existencia 

del comprobante emitido por SUMAC el 6 de marzo de 2023 ante la 

radicación electrónica del recurso de revisión del laudo, y debió haber 

realizado una investigación sobre los problemas confrontados durante 

esa presentación, al igual que las instrucciones impartidas por el 

personal técnico y la Secretaría para el aludido pago del arancel. 

En vista del error imputado al TPI, exponemos la normativa 

jurídica atinente a este recurso.

-II-

-AEl certiorari es un recurso extraordinario cuya característica se 

asienta en la sana discreción confiada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Rivera et al. v. Arcos 

Dorados et al., 2023 TSPR 65; McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 

206 DPR 391, 403 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 

174 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012). Este Tribunal tiene la obligación de ejercer prudentemente su 

juicio al intervenir con el discernimiento del TPI. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008). En los procesos civiles, la 

expedición de un auto de certiorari se encuentra delimitada a las 

instancias y excepciones contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras 

I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone que sólo se 

expedirá un recurso de certiorari cuando "se recurra de una resolución 

u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la 

Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo". 800 Ponce de León v. AIJ, supra, pág. 175. Además, 

cuando se trata de la revisión de cualquier resolución u orden o 

sentencia final sobre un laudo de arbitraje del TPI, se presentará un
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auto de certiorari dentro de un término estricto de treinta (30) días 

siguientes a la fecha del archivo en autos de una copia de la 

notificación de la notificación u orden recurrida, a tenor con la Regla 

32 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32; 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., 183 DPR 1, 23 (2011). Por su 

parte, cuando se consideran remedios post sentencia, nos corresponde 

evaluar la situación al amparo de las disposiciones de la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, supra, R. 40, la cual establece los 

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra 

facultad discrecional:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. Íd.

De no estar presente algunos de estos criterios, corresponde 

abstenernos de expedir el auto de certiorari.

-BLa jurisdicción es el poder o la autoridad que tienen los 

tribunales para considerar y resolver casos o controversias. MCS 

Advantage, Inc. v. Fossas Blanco, 211 DPR 135 (2023); véase, además, 

Administración de Terrenos de Puerto Rico v. Ponce Bayland 

Enterprises, Inc., 207 DPR 586, 600 (2021); Allied Management Group, 
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Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 385 (2020); Beltrán Cintrón v. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 204 DPR 89, 101 (2020). Para 

adjudicar un caso ante sí, los tribunales deben ostentar jurisdicción 

sobre la materia y sobre la persona. Advantage, Inc. v. Fossas Blanco, 

supra, pág. 600; véase, además, Shell v. Srio. De Hacienda, 187 DPR 

109, 122 (2012). La jurisdicción sobre la materia se refiere a la 

capacidad de los tribunales para atender y resolver una controversia 

respecto a un aspecto legal. MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco, 

supra; Beltrán Cintrón v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, 

pág. 101.

Nuestro máximo foro ha resuelto que los asuntos relacionados 

a la jurisdicción son privilegiados y se deben atender primero. Allied 

Management Group, Inc. v. Oriental Bank, supra, pág. 386. Lo anterior 

ya que una sentencia dictada sin jurisdicción es nula en derecho, y, 

por ello, inexistente. Íd. Es por ello que cuando un tribunal determina 

que no ostenta jurisdicción para intervenir en un asunto, procede la 

inmediata desestimación del recurso apelativo. Íd., págs. 386-387. Del 

mismo modo, los foros adjudicativos deben examinar no solo su propia 

jurisdicción sino también la del foro inferior. Íd., pág. 387. 

Es norma conocida que un término de cumplimiento estricto 

puede ser prorrogado por los tribunales. Soto Pino v. Uno Radio Group, 

189 DPR 84, 92 (2013). Para prorrogar ese término, por lo general, se 

requiere que la parte que solicita la prórroga o actúa fuera de dicho 

término, presente justa causa por la cual puede o no pudo cumplir con 

el término. Íd. Asimismo, la acreditación de justa causa “se hace con

explicaciones concretas y particulares —debidamente evidenciadas en 

el escrito— que le permitan al tribunal concluir que hubo una excusa 

razonable para la tardanza o demora. Las vaguedades y las excusas o 

los planteamientos estereotipados no cumplen con el requisito de justa 

causa”. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003). No es así con los 

términos jurisdiccionales, “cuyo incumplimiento impide la 
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revisión judicial por privar de jurisdicción a los tribunales”. Soto 

Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93; véase, además, Cruz Parrilla 

v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393 (2012). Ello se debe a que los 

términos jurisdiccionales son fatales, improrrogables e 

insubsanables, por lo cual no se pueden acortar ni extender. Jorge E. 

Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). 

-CEn nuestro sistema jurídico existe una política pública a favor 

del arbitraje obrero-patronal como “un método alterno ideal, flexible y 

menos oneroso que el litigio judicial, para dirimir las disputas que 

emanan de la relación laboral”. Unión General de Trabajadores v. 

Centro Médico del Turabo, Inc., 2023 TSPR 86, 212 DPR ___; véase, 

además, Ley de Arbitraje Comercial en Puerto Rico, Ley Núm. 376 del 8 

de mayo de 1951, según enmendada, 32 LPRA secs. 3201 et seq.; H.R., 

Inc. v. Vissepo & Diez Constr., 190 DPR 597 (2014). Es por ello que las 

partes pueden obligarse a llevar un proceso de arbitraje “las posibles 

controversias futuras derivadas de su relación contractual”. H.R., Inc. 

v. Vissepo & Diez Constr., supra, pág. 605. No obstante, el arbitraje es 

exigible solamente cuando las partes lo hayan pactado. Íd., pág. 387; 

S.L.G. Méndez Acevedo v. Nieves Rivera, 179 DPR 359, 368 (2010). 

También se ha reconocido que las determinaciones de los 

árbitros “están revestidas de gran deferencia”. Unión General de 

Trabajadores v. Centro Médico del Turabo, Inc., supra; véase, además, 

Unión General de Trabajadores v. Centro Médico del Turabo, Inc., 208 

DPR 944, 955 (2022). En esa misma línea, la revisión de los laudos se 

ajusta a determinar la “existencia de fraude, conducta impropia, falta 

del debido proceso de ley, violación a la política pública, falta de 

jurisdicción o que el laudo no resuelva todos los asuntos litigiosos”. 

Unión General de Trabajadores v. Centro Médico del Turabo, Inc., supra, 

pág. 955-956; véase, además, C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 

443, 449 (2007); Indulac v. Central General de Trabajadores, 207 DPR 
KLCE202400227 11

279, 295 (2021); Aquino González v. A.E.E.L.A., 182 DPR 1, 12 (2011). 

Sin embargo, cuando las partes acuerdan que el laudo sea emitido a 

tenor con el derecho, los tribunales podrán atender el caso en los 

méritos y corregir errores jurídicos conforme al derecho aplicable. Íd., 

pág. 956; véase, además, C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra, pág. 449; 

Unión General de Trabajadores v. Centro Médico del Turabo, Inc., supra. 

Asimismo, en esos casos, la “revisión judicial será más incisiva, 

análoga al escrutinio de las decisiones administrativas”. Unión General 

de Trabajadores v. Centro Médico del Turabo, Inc., supra; Depto. Educ. 

v. Díaz Maldonado, 183 DPR 315, 326 (2011); Constructora Estelar v. 

Aut. Edif. Pub., 183 DPR 1, 33 (2011). 

Por otro lado, el recurso a utilizarse para impugnar los laudos 

de arbitraje obrero-patronal, “no se rige por el trámite procesal común 

y corriente de las acciones civiles ordinarias, gobernadas por las Reglas 

de Procedimiento Civil”. Unión General de Trabajadores v. Centro 

Médico del Turabo, Inc., supra, pág. 956 (citando a R. Hernández Colón, 

Derecho procesal civil, 5ta ed. rev., San Juan, Lexis Nexis, 2010, pág. 

512). En esas instancias, la revisión de los laudos de arbitraje es 

análoga a la revisión judicial de decisiones administrativas. Unión 

General de Trabajadores v. Centro Médico del Turabo, Inc., supra, pág. 

956; Depto. Educ. v. Díaz Maldonado, supra, pág. 326; C.F.S.E. v. Unión 

de Médicos, supra, pág. 449. Por lo tanto, el procedimiento aplicable 

para la impugnación de laudos de arbitraje obrero-patronal “será 

similar al utilizado cuando el tribunal, actuando como foro apelativo, 

revisa la corrección o incorrección de la sentencia emitida por un 

tribunal inferior o la decisión de un organismo administrativo, de 

conformidad con las Reglas para el Procedimiento de Revisión de 

Decisiones Administrativas ante el Tribunal [de Primera Instancia]”. 

Unión General de Trabajadores v. Centro Médico del Turabo, Inc., supra, 

pág. 957 (citando a Corp. Cred. Des. Com. Agrícola v. U.G.T., 138 DPR 

490, 494 (1995)); véase, además, Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 DPR 
KLCE202400227 12

821-822 (1998). Así las cosas, el término para presentar recursos de 

revisión de los laudos emitidos por el Negociado de Conciliación y 

Arbitraje será de treinta (30) días improrrogables, contados a partir 

del archivo en autos de la copia de la notificación del laudo. Unión 

General de Trabajadores v. Centro Médico del Turabo, Inc., supra, pág. 

957; véase, además, U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 DPR 

348, 355 (1985). 

-DEn lo concerniente al caso de epígrafe, las Directrices 

Administrativas, supra, del SUMAC establecen que:

10. Notificación de deficiencia: De no haberse 

realizado la presentación electrónica correctamente 

o ante la insuficiencia del pago de aranceles, la 

Secretaria o el Secretario Auxiliar del Tribunal 

generará electrónicamente una notificación de 

deficiencia para notificarle al abogado o a la 

abogada. El Juez o la Jueza que atienda el caso podrá 

ordenar que se realice nuevamente la presentación 

electrónica conforme estas Directrices Administrativas. 

Las deficiencias identificadas por el personal de 

Secretaría durante el proceso de digitalización de 

expedientes judiciales serán notificadas de conformidad 

con lo dispuesto en la Sección XIII de estas Directrices 

Administrativas. Véase, Directrices Administrativas, 

supra, pág. 3. (Énfasis suplido). 

Según establecido mediante In re Aprobación de los derechos 

arancelarios, 192 DPR 397, 397-398 (2015), por cada demanda civil 

contenciosa presentada ante la Sala Superior del TPI, se pagarán 

$90. La excepción al pago de derechos arancelarios es cuando se 

trate de reclamaciones de alimentos a favor de menores. 

Específicamente, esa excepción aplicará solo a la parte que ejerza la 

custodia del menor, y a la parte que solicite alimentos entre 

parientes o en calidad de excónyuge. 

En esa misma línea, las Directrices Administrativas, supra, 

establecen que:

g. La fecha del pago de derechos arancelarios, de ser 

esta última aplicable, constituirá la fecha de 

presentación en el Tribunal de la demanda o primera 

alegación. Entiéndase, por lo tanto, que la fecha de 

presentación de la demanda o primera alegación no 
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se retrotraerá a la fecha en que se cargó 

electrónicamente el documento al SUMAC. 

h. La demanda o primera alegación se entenderá 

presentada una vez el sistema emita el comprobante de 

presentación y genere el número del caso 

correspondiente, luego de que el abogado o abogada 

haya completado la transacción de cargar el 

documento y emitir el pago de derechos 

arancelarios, de esto último ser aplicable. Véase, 

Directrices Administrativas, supra, pág. 8. (Énfasis 

suplido).

Según la Sección XVII de las Directrices Administrativas:

Ningún documento que requiera el pago de derechos 

arancelarios se entenderá presentado oficialmente en el 

Tribunal, hasta tanto se paguen los aranceles 

correspondientes, de así ser requerido por ley. La fecha 

de presentación en el Tribunal no se retrotraerá a la 

fecha en que se cargó (upload) electrónicamente al 

SUMAC el documento correspondiente. . . . Véase, 

Directrices Administrativas, supra, pág. 22. (Énfasis 

suplido).

Las Directrices Administrativas, supra, pág. 23, también 

contemplan la posibilidad de problemas técnicos en la plataforma 

SUMAC. Sin embargo, esas directrices expresamente disponen que:

Los problemas asociados al equipo y sistemas del 

usuario no eximirán del cumplimiento con los 

términos jurisdiccionales, de estricto cumplimiento 

o de cualquier índole establecidos en las Reglas de 

Procedimiento Civil, las Reglas de Procedimiento 

Criminal, las Reglas para la Administración del 

Tribunal de Primera Instancia, el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, el Reglamento 

del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en cualquier 

legislación aplicable, o por orden judicial.

. . . . Íd. (Énfasis y subrayado suplido). 

De existir problemas técnicos con la plataforma de SUMAC, 

las Directrices Administrativas, supra, exhortan a la representación 

legal de una parte a presentar el escrito personalmente en la 

Secretaría del tribunal con competencia o lo deposite en el buzón de 

las presentaciones del Centro Judicial correspondiente. Además, lo 

anterior “deberá ocurrir antes del vencimiento del término aplicable 

y en el horario regular de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.”. Íd.

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico explica en MCare Compounding v. Departo. Salud, 186 DPR 159, 177 (2012), que 
KLCE202400227 14

“cuando el error en el pago de aranceles se debe a la parte o su 

abogado no se reconoce excepción[,] sino que estamos ante la 

situación que la ley regula: un documento que carece de los 

aranceles correspondientes”.

A esos efectos, la Sección 5 Ley de Aranceles de Puerto Rico, 

Ley Núm. 17 del 11 de marzo de 1915, según enmendada, 32 LPRA 

sec. 1481, expresa que: 

Todos y cada uno de los documentos o escritos que 

requieran el pago de derechos para su presentación 

ante el tribunal serán nulos y sin valor y no se 

admitirán como prueba en juicio a menos que dicho 

pago esté debidamente evidenciado, conforme a las 

normas que a tales fines establezca el(la) Juez(a) 

Presidente(a) del Tribunal Supremo o la persona en 

quien éste(a) delegue. Íd.

Por otro lado, las Directrices Administrativas, supra, pág. 3, 

indican que cuando los representantes legales presentan un caso 

donde no se ha incluido el pago de arancel correspondiente, el número 

asignado por SUMAC es provisional. Por lo tanto, hasta que no se 

satisfagan los derechos arancelarios en su totalidad o cuando se valide 

la aplicación de cualquier exención de pago de derechos arancelarios, 

no se asignará un número único del caso. Íd.

-ELa parte demandada puede presentar varios tipos de mociones 

previo a contestar la demanda incluyendo solicitudes de 

desestimación, para que se dicte sentencia por las alegaciones, para 

solicitar una exposición más definida, al igual que mociones 

eliminatorias. Véanse, Reglas 10.2-10.5 de Procedimiento Civil, supra, 

R. 10.2-10.5; véase, además, Costas Elena v. Magic Sport Culinary 

Corp., 2024 TSPR 13. En cuanto a las solicitudes de desestimación, 

“nuestro ordenamiento procesal civil permite que una persona solicite 

la desestimación de una reclamación judicial que se haya presentado 

en su contra, cuando de las alegaciones de la demanda surja que 

alguna defensa afirmativa derrotará la pretensión del demandante”. 
KLCE202400227 15

Costas Elena v. Magic Sport Culinary Corp., supra; véase, además, 

Eagle Security Police, Inc. v. Dorado, 2023 TSPR 5, 6; Trans-Oceaic Life 

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012). Asimismo, la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, supra, establece las defensas por las cuales se 

puede presentar mociones de desestimación: (1) falta de jurisdicción 

sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) 

insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento 

del emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio, y (6) dejar de acumular una 

parte indispensable. (Énfasis suplido). 

Por otro lado, es norma harta conocida que las sentencias 

dictadas por los tribunales deben cumplir con ciertas exigencias de 

forma. Específicamente, “[e]n todos los pleitos, el tribunal especificará 

los hechos probados, consignará separadamente sus conclusiones de 

derecho y ordenará que se registre la sentencia que corresponda”, 

conforme a la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra, R. 42.2. Sin 

embargo, será innecesario especificar los hechos probados y consignar 

las conclusiones de derecho, si se cumple con una de las siguientes 

excepciones:

(a) al resolver mociones bajo las Reglas 10 ó 36.1 y 

36.2, o al resolver cualquier otra moción, excepto lo 

dispuesto en la Regla 39.2

(b) en casos de rebeldía;

(c) cuando las partes así lo estipulen[;] o

(d) cuando el tribunal así lo estime por la naturaleza de la 

causa de acción o el remedio concedido en la sentencia. 

Íd. (Énfasis suplido).

-IIISegún se relató, el 6 de marzo de 2023 el Hospital presentó una 

Petición de Impugnación de Laudo de Arbitraje. Ante la solicitud de 

desestimación presentada por la parte recurrida, el Hospital alegó que

ante el error técnico de SUMAC y las instrucciones del personal 

asociado a SUMAC, no procedía penalizar a la parte peticionaria por el 

impago del arancel correspondiente. Por ello, le solicitó al foro primario 
KLCE202400227 16

que reconociera la fecha de la Petición de Impugnación de Laudo de 

Arbitraje como la fecha de presentación, y determinara que la aludida 

solicitud de revisión fue presentada dentro del término de treinta (30) 

días para ello.

Tras un minucioso análisis de la normativa relevante y los 

hechos particulares, así como la totalidad del expediente de este caso, 

concluimos que no procede intervenir con la determinación recurrida.

Aunque el Hospital planteó cinco (5) señalamientos de error, en 

realidad existen solamente dos (2) controversias; a saber, (i) si el TPI 

tenía jurisdicción sobre la materia para poder atender y resolver el caso 

ante sí, y (ii) si el foro primario tenía un deber de incluir en la Sentencia

recurrida las determinaciones de hechos que llevaron a dicho foro a 

desestimar el recurso de revisión. 

Con relación a la primera controversia, el Hospital arguye que el 

TPI cambió el contenido de la declaración suscrita por la señora 

Castillo Ochart al mencionar en la Sentencia recurrida que la señora 

Castillo Ochart indicó que sí cancelaba sello, y excluyó que ella declaró 

que SUMAC no le proveyó la alternativa para pagar. Además, sostuvo 

la parte peticionaria que, por lo anterior, el foro primario no podía 

exonerar a SUMAC, pues el Hospital, en efecto, tuvo problemas para 

procesar el pago e incluso, SUMAC le asignó un número de caso. No 

obstante, consideramos la interpretación realizada por el foro primario 

como una razonable. 

Como se expuso en la sección anterior, las Directrices 

Administrativas, supra, pág. 3, de SUMAC indican que cuando los 

representantes legales presentan un caso donde no se ha incluido el 

pago de arancel correspondiente, el número asignado por SUMAC es 

provisional. Hasta que no se satisfagan los derechos arancelarios en 

su totalidad o cuando se valide la aplicación de cualquier exención de 

pago de derechos arancelarios, no se asignará un número único del 

caso. Íd. Por ende, resulta evidente que aun cuando el Hospital alegó 
KLCE202400227 17

que SUMAC le había asignado un número de caso, el mismo fue 

provisional, pues el Hospital no pagó el arancel correspondiente el 6 

de marzo de 2023. 

Además, en el presente caso, el foro primario expresó que, “de 

la declaración jurada surge que cuando el sistema preguntó si el 

documento estaba exento, la Sra. Castillo Ochart contestó que s[í], 

refiriéndose a que si cancelaba. . . . Esto es cónsono, con que la 

determinación de la Secretar[í]a del Tribunal que expresa que luego de 

investigar las razones por las que el recurso estaba exento, no 

encontraron ningunas. . .”. (Énfasis suplido). Esa interpretación del 

foro primario es razonable, pues, aunque la señora Castillo Ochart 

alegó que marcó en SUMAC que el recurso de revisión cancelaba y el 

sistema no le proveyó la alternativa para pagar, una investigación 

realizada por la Secretaría del TPI expuso que la señora Castillo Ochart 

realmente marcó que el recurso estaba exento y es por ello que SUMAC 

no le dio la opción de pagar el arancel correspondiente. Ello pues 

realmente la interrogante formulada por el sistema según surge de la 

declaración jurada, y que admitiría una contestación afirmativa o 

negativa, era si el recurso estaba exento de cancelación.

Mas importante aún, y tal y como se expuso en la sección 

anterior, un término jurisdiccional es fatal, improrrogable e 

insubsanable. Jorge E. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., supra, pág. 

7. En el presente caso, el Hospital tenía treinta (30) días 

jurisdiccionales- hasta el 6 de marzo de 2023- para presentar la 

Petición de Impugnación de Laudo de Arbitraje. En esa misma línea, las 

Directrices Administrativas, supra, pág. 23, expresamente disponen 

que los problemas técnicos con SUMAC no eximen a la parte 

promovente de cumplir con términos jurisdiccionales y estrictos. Aquí, 

el Hospital esperó al último día del término jurisdiccional para 

presentar la petición de revisión del laudo en cuestión, y ello, junto al 

error insubsanable de la señora Castillo Ochart, lamentablemente 
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privó al tribunal de atender el recurso. Lo cierto es que, aun frente a 

los intentos de la parte peticionaria para demostrar justa causa por la 

cual no pudo pagar el arancel correspondiente a la presentación de la 

aludida petición de impugnación, no hay justificación que permita al 

foro primario, o a este, conceder jurisdicción donde no la hay. El TPI 

ni este Tribunal pueden extender el periodo dispuesto para 

perfeccionar dicho recurso de revisión fuera del término jurisdiccional 

e improrrogable de (30) días. 

Por otro lado, y con relación a la segunda controversia, el TPI no 

tenía un deber de especificar los hechos probados en la Sentencia

recurrida, a tenor con las Reglas 10.2 y 42.2 de Procedimiento Civil, 

supra. Aun así, contrario a lo planteado por la parte peticionaria, el 

foro a quo sí explicó en la aludida Sentencia las razones por las que 

consideró que carecía de jurisdicción por lo que procedía la 

desestimación de la petición de impugnación del laudo obreropatronal: 

En este caso el recurso no se perfeccionó dentro de los 30 

días jurisdiccionales que, por ley, tienen las partes para 

presentar la revisión. . . .El Hospital es la parte 

promovente del recurso y es quien viene obligado a 

cumplir con el término de presentación, máxime cuando, 

como en este caso, es un término jurisdiccional. Ante este 

incumplimiento [e]l tribunal no tiene autoridad para 

atender la materia de este caso. Ante los hechos de este 

caso, este tribunal no tiene discreción para dar por 

presentado el recurso antes de que se hubiera pagado el 

arancel de presentación.14

En consideración a lo anterior, resolvemos, conforme a lo 

concluido por el TPI, el foro primario carece de jurisdicción sobre la 

materia y está vedado de atender y mucho menos resolver el caso de 

epígrafe. 

-IVPor los fundamentos expuestos, expedimos el auto de certiorari

solicitado a fines de confirmar la determinación recurrida.

14 Íd., Anejo II, pág. 9.
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Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones