# Diario Oficial C 352/1 de

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 352 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 61.° año1 de octubre de 2018 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 352

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

61.° año1 de octubre de 2018

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| Sumario | Página |
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| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Tribunal de Justicia de la Unión Europea |
| 2018/C 352/01 | Últimas publicaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario Oficial de la Unión Europea | 1 |

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

2018/C 352/01

Últimas publicaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario Oficial de la Unión Europea

Diario Oficial de la Unión Europea

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| | V   Anuncios |
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| | PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES |
| | Tribunal de Justicia |
| 2018/C 352/02 | Asuntos acumulados C-96/16 y C-94/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Juzgado de Primera Instancia n.o 38 de Barcelona y el Tribunal Supremo) — Banco Santander, S.A. / Mahamadou Demba, Mercedes Godoy Bonet (C-96/16), Rafael Ramón Escobedo Cortés / Banco de Sabadell, S.A. (C-94/17) (Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas — Ámbito de aplicación — Cesión de crédito — Contrato de préstamo celebrado con un consumidor — Criterios de apreciación del carácter abusivo de una cláusula de dicho contrato que establece el tipo de interés de demora — Consecuencias del carácter abusivo) | 2 |
| 2018/C 352/03 | Asunto C-472/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León) — Jorge Luis Colino Sigüenza / Ayuntamiento de Valladolid y otros (Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/23/CE — Ámbito de aplicación — Artículo 1, apartado 1 — Transmisiones de empresas — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — Contrato de servicios cuyo objeto es la gestión de una escuela municipal de música — Cesación de la actividad del primer adjudicatario antes de finalizar el curso académico y designación de un nuevo adjudicatario al comenzar el nuevo curso académico — Artículo 4, apartado 1 — Prohibición de despidos motivados por una transmisión — Excepción — Despidos efectuados por razones económicas, técnicas o de organización que impliquen cambios en el plano del empleo — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47) | 3 |
| 2018/C 352/04 | Asunto C-561/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) — Saras Energía, S.A. / Administración del Estado (Procedimiento prejudicial — Directiva 2012/27/UE — Artículo 7, apartados 1, 4 y 9 — Artículo 20, apartados 4 y 6 — Fomento de la eficiencia energética — Sistema de obligaciones de eficiencia energética — Otras medidas de actuación — Fondo Nacional de Eficiencia Energética — Creación de este Fondo como principal medida de ejecución de las obligaciones de eficiencia energética — Obligación de aportación al Fondo — Designación de las partes obligadas — Distribuidores de energía y/o empresas minoristas de venta de energía) | 4 |
| 2018/C 352/05 | Asunto C-16/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018 [petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal] — TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal / Autoridade Tributária e Aduaneira [Procedimiento prejudicial — Impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Deducción del impuesto soportado — Nacimiento y alcance del derecho a deducción] | 4 |
| 2018/C 352/06 | Asunto C-52/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Austria) — VTB Bank (Austria) AG / Finanzmarktaufsichtsbehörde [Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Directiva 2013/36/UE — Artículos 64, 65 y 67 — Reglamento (UE) n.o 575/2013 — Artículo 395, apartados 1 y 5 — Supervisión de las entidades de crédito — Facultades supervisoras y sancionadoras — Limitación de la gran exposición — Normativa de un Estado miembro que prevé la imposición de intereses en caso de que se rebasen los límites — Reglamento (UE) n.o 468/2014 — Artículo 48 — Reparto de competencias entre el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades nacionales — Procedimiento de supervisión iniciado formalmente] | 5 |
| 2018/C 352/07 | Asunto C-59/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Château du Grand Bois SCI / Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) [Procedimiento prejudicial — Agricultura — Mercado vitivinícola — Reglamento (CE) n.o 555/2008 — Ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos — Controles sobre el terreno sin previo aviso — Competencias de los agentes de control — Posibilidad de entrar en una explotación agrícola sin consentimiento de su titular] | 6 |
| 2018/C 352/08 | Asuntos acumulados C-61/17, C-62/17 y C-72/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg — Alemania) — Miriam Bichat (C-61/17), Daniela Chlubna (C-62/17), Isabelle Walkner (C-72/17) / Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG (Procedimiento prejudicial — Política social — Despidos colectivos — Directiva 98/59/CE — Artículo 2, apartado 4, párrafo primero — Concepto de empresa que ejerce el control sobre el empresario — Procedimientos de consulta a los trabajadores — Carga de la prueba) | 6 |
| 2018/C 352/09 | Asunto C-115/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation — Francia) — Administration des douanes et droits indirects, Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) / Hubert Clergeau y otros [Procedimiento prejudicial — Reglamento (CEE) n.o 1964/82 — Declaraciones falsas o maniobras destinadas a obtener restituciones especiales a la exportación de determinadas carnes de vacuno deshuesadas — Modificación del Reglamento n.o 1964/82 mediante la que se amplía la concesión de las restituciones especiales a la exportación — Principio de retroactividad de la ley penal más favorable — Artículo 49, apartado 1, tercera frase, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea] | 7 |
| 2018/C 352/10 | Asunto C-120/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Satversmes tiesa — Letonia) — Administratīvā rajona tiesa / Ministru kabinets [Procedimiento prejudicial — Agricultura — Ayuda al desarrollo rural — Reglamento (CE) n.o 1257/1999 — Artículos 10 a 12 — Ayuda al cese anticipado de la actividad agraria — Normativa nacional que prevé la transmisión de la ayuda al cese anticipado de la actividad agraria mortis causa — Normativa aprobada por la Comisión Europea — Cambio posterior de postura — Protección de la confianza legítima] | 8 |
| 2018/C 352/11 | Asunto C-122/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal — Irlanda) — David Smith / Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General (Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles — Directiva 90/232/CEE — Artículo 1 — Responsabilidad en caso de daños corporales causados a todos los ocupantes de un vehículo, con excepción del conductor — Seguro obligatorio — Efecto directo de las directivas — Obligación de inaplicar una normativa nacional contraria a una directiva — Inaplicación de una cláusula contractual contraria a una directiva) | 8 |
| 2018/C 352/12 | Asunto C-123/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Nefiye Yön / Landeshauptstadt Stuttgart (Procedimiento prejudicial — Asociación CEE-Turquía — Decisión n.o 2/76 — Artículo 7 — Cláusula de standstill — Derecho de residencia de los miembros de la familia de un trabajador turco — Obligación de obtener un visado para la admisión en el territorio de un Estado miembro) | 9 |
| 2018/C 352/13 | Asunto C-161/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Land Nordrhein-Westfalen / Dirk Renckhoff (Procedimiento prejudicial — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Sociedad de la información — Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Artículo 3, apartado 1 — Comunicación al público — Concepto — Puesta en línea en un sitio de Internet, sin la autorización del titular de los derechos de autor, de una fotografía previamente publicada, sin medidas restrictivas y con la autorización de dicho titular, en otro sitio de Internet — Público nuevo) | 10 |
| 2018/C 352/14 | Asunto C-300/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria — Hungría) — Hochtief AG / Budapest Főváros Önkormányzata (Procedimiento prejudicial — Contratos públicos — Procedimientos de recurso — Directiva 89/665/CE — Demanda de indemnización por daños y perjuicios — Artículo 2, apartado 6 — Normativa nacional que supedita la admisibilidad de cualquier demanda de indemnización por daños y perjuicios a la declaración previa y definitiva de la ilegalidad de la decisión del poder adjudicador que causó el supuesto daño — Recurso de anulación — Recurso previo ante una comisión arbitral — Control judicial de las resoluciones de la comisión arbitral — Normativa nacional que excluye la invocación de motivos no alegados ante la comisión arbitral — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 — Derecho a la tutela judicial efectiva — Principios de efectividad y equivalencia) | 11 |
| 2018/C 352/15 | Asunto C-329/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Gerhard Prenninger y otros / Oberösterreichische Landesregierung (Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Directiva 2011/92/UE — Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente — Anexo II — Punto 1, letra d) — Concepto de talas de masas forestales con propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo — Tala de una franja de bosque vinculada a la construcción y la explotación de una línea aérea para el transporte de energía eléctrica) | 12 |
| 2018/C 352/16 | Asunto C-435/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tartu Halduskohus — Estonia) — Argo Kalda Mardi talu / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) [Procedimiento prejudicial — Política agrícola común — Pagos directos — Reglamento (UE) n.o 1306/2013 — Artículos 93 y 94 — Anexo II — Condicionalidad — Condiciones agrarias y medioambientales — Requisitos mínimos — Aplicación por un Estado miembro — Obligación de mantenimiento de los lugares considerados patrimonios funerarios — Alcance] | 12 |
| 2018/C 352/17 | Asunto C-475/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Riigikohus — Estonia) — Viking Motors AS y otros / Tallinna linn, Maksu- ja Tolliamet [Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Artículo 401 — Impuestos nacionales que tienen carácter de impuestos sobre el volumen de negocios — Prohibición — Concepto de impuesto sobre el volumen de negocios — Impuesto local sobre las ventas — Características esenciales del IVA — Inexistencia] | 13 |
| 2018/C 352/18 | Asunto C-485/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Verbraucherzentrale Berlin eV / Unimatic Vertriebs GmbH (Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 2011/83/UE — Artículo 2, punto 9 — Concepto de establecimiento mercantil — Criterios — Contrato de compraventa celebrado en el stand de un comerciante durante una feria comercial) | 14 |
| 2018/C 352/19 | Asunto C-521/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tallinna Ringkonnakohus — Estonia) — Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. / Deepak Mehta (Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual e industrial — Directiva 2004/48/CE — Artículo 4 — Legitimación de un organismo de representación colectiva de titulares de marcas para ejercitar acciones judiciales — Directiva 2000/31/CE — Artículos 12 a 14 — Responsabilidad de un prestador de servicios de arrendamiento y registro de direcciones IP que permite la utilización anónima de nombres de dominio y de sitios de Internet) | 15 |
| 2018/C 352/20 | Asunto C-396/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 15 de junio de 2018 — Gennaro Cafaro / DQ | 15 |
| 2018/C 352/21 | Asunto C-417/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) el 26 de junio de 2018 — AW, BV, CU y DT / República de Lituania, representada por la Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, el Bendrasis pagalbos centras y el Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | 16 |
| 2018/C 352/22 | Asunto C-430/18: Recurso interpuesto el 29 de junio de 2018 — Comisión Europea / Reino de España | 17 |
| 2018/C 352/23 | Asunto C-433/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein oikeus (Finlandia) el 2 de julio de 2018 — ML / OÜ Aktiva Finants | 18 |
| 2018/C 352/24 | Asunto C-435/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria) el 29 de junio de 2018 — Otis Gesellschaft m.b.H. y otros / Land Oberösterreich y otros | 19 |
| 2018/C 352/25 | Asunto C-454/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Förvaltningsrätten i Linköping (Suecia) el 12 de julio de 2018 — Baltic Cable AB / Energimarknadsinspektionen | 19 |
| 2018/C 352/26 | Asunto C-467/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rayonen sad Lukovit (Bulgaria) el 17 de julio de 2018 — Procedimiento penal contra EP | 20 |
| 2018/C 352/27 | Asunto C-476/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Pesti Központi Kerületi Bíróság (Hungría) el 23 de julio de 2018 — PannonHitel Pénzügyi Zrt. / WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft. | 22 |
| 2018/C 352/28 | Asunto C-482/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría) el 24 de julio de 2018 — Google Ireland Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága | 23 |
| 2018/C 352/29 | Asunto C-484/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 20 de julio de 2018 — Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF / Institut national de l’audiovisuel | 24 |
| 2018/C 352/30 | Asunto C-485/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 24 de julio de 2018 — Groupe Lactalis / Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Économie et des Finances | 25 |
| 2018/C 352/31 | Asunto C-486/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 23 de julio de 2018 — RE / Praxair MRC | 26 |
| 2018/C 352/32 | Asunto C-495/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší súd Slovenskej republiky (República Eslovaca) el 30 de julio de 2018 — YX | 26 |
| | Tribunal General |
| 2018/C 352/33 | Asunto T-680/13: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — K. Chrysostomides & Co. y otros/Consejo y otros (Responsabilidad extracontractual — Política económica y monetaria — Programa de apoyo a la estabilidad de Chipre — Decisión del Consejo de Gobierno del BCE relativa a la provisión de liquidez de urgencia a solicitud del Banco Central de Chipre — Declaraciones del Eurogrupo de 25 de marzo, de 12 de abril, de 13 de mayo y de 13 de septiembre de 2013 sobre Chipre — Decisión 2013/236/UE — Memorándum de Entendimiento de 26 de abril de 2013 sobre Condiciones Específicas de Política Económica, celebrado entre Chipre y el Mecanismo Europeo de Estabilidad — Competencia del Tribunal General — Admisibilidad — Requisitos de forma — Agotamiento de los recursos en Derecho interno — Violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Derecho de propiedad — Confianza legítima — Igualdad de trato) | 28 |
| 2018/C 352/34 | Asunto T-786/14: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — Bourdouvali y otros/Consejo y otros (Responsabilidad extracontractual — Política económica y monetaria — Programa de apoyo a la estabilidad de Chipre — Decisión del Consejo de Gobierno del BCE relativa a la provisión de liquidez de urgencia a solicitud del Banco Central de Chipre — Declaraciones del Eurogrupo de 25 de marzo, de 12 de abril, de 13 de mayo y de 13 de septiembre de 2013 sobre Chipre — Decisión 2013/236/UE — Memorándum de Entendimiento de 26 de abril de 2013 sobre Condiciones Específicas de Política Económica, celebrado entre Chipre y el Mecanismo Europeo de Estabilidad — Competencia del Tribunal General — Admisibilidad — Requisitos de forma — Agotamiento de los recursos en Derecho interno — Violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Derecho de propiedad — Confianza legítima — Igualdad de trato) | 29 |
| 2018/C 352/35 | Asunto T-733/16: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — Banque postale/BCE [Política económica y monetaria — Supervisión prudencial de las entidades de crédito — Artículo 4, apartado 1, letra d), y apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 — Cálculo del ratio de apalancamiento — Negativa del BCE a autorizar a la demandante a que excluya del cálculo del ratio de apalancamiento las exposiciones que cumplan determinados requisitos — Artículo 429, apartado 14, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 — Facultad discrecional del BCE — Errores de Derecho — Error manifiesto de apreciación] | 30 |
| 2018/C 352/36 | Asunto T-751/16: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — Confédération nationale du Crédit mutuel/BCE [Política económica y monetaria — Supervisión prudencial de las entidades de crédito — Artículo 4, apartado 1, letra d), y apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 — Cálculo del ratio de apalancamiento — Negativa del BCE a autorizar a la demandante a que excluya del cálculo del ratio de apalancamiento las exposiciones que cumplan determinados requisitos — Artículo 429, apartado 14, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 — Facultad discrecional del BCE — Errores de Derecho — Error manifiesto de apreciación] | 31 |
| 2018/C 352/37 | Asunto T-768/16: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — BNP Paribas/BCE [Política económica y monetaria — Supervisión prudencial de las entidades de crédito — Artículo 4, apartado 1, letra d), y apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 — Cálculo del ratio de apalancamiento — Negativa del BCE a autorizar a la demandante a que excluya del cálculo del ratio de apalancamiento las exposiciones que cumplan determinados requisitos — Artículo 429, apartado 14, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 — Facultad discrecional del BCE — Errores de Derecho — Error manifiesto de apreciación] | 32 |
| 2018/C 352/38 | Asunto T-825/16: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — Chipre/EUIPO — Papouis Dairies (Pallas Halloumi) [Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión Europea Pallas Halloumi — Marca de certificación del Reino Unido denominativa anterior HALLOUMI — Motivo de denegación relativo — Inexistencia de riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]] | 32 |
| 2018/C 352/39 | Asunto T-847/16: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — Chipre/EUIPO — POA (COWBOYS HALLOUMI) [Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión COWBOYS HALLOUMI — Marca de certificación del Reino Unido denominativa anterior HALLOUMI — Motivo de denegación relativo — Inexistencia de riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]] | 33 |
| 2018/C 352/40 | Asunto T-797/17: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — Star Television Productions/EUIPO — Marc Dorcel (STAR) [Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Marca figurativa de la Unión STAR — Falta de uso efectivo de la marca — Artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001]] | 34 |
| 2018/C 352/41 | Asunto T-388/18: Recurso interpuesto el 27 de junio de 2018 — WV/SEAE | 34 |
| 2018/C 352/42 | Asunto T-391/18: Recurso interpuesto el 27 de junio de 2018 — Riesco García/Parlamento | 36 |
| 2018/C 352/43 | Asunto T-396/18: Recurso interpuesto el 29 de junio de 2018 — ITSA/Comisión | 36 |
| 2018/C 352/44 | Asunto T-436/18: Recurso interpuesto el 13 de julio de 2018 — Prigent/Comisión | 37 |
| 2018/C 352/45 | Asunto T-453/18: Recurso interpuesto el 24 de julio de 2018 — Biasotto/EUIPO — OOFOS (OOF) | 38 |
| 2018/C 352/46 | Asunto T-454/18: Recurso interpuesto el 24 de julio de 2018 — Biasotto/EUIPO — OOFOS (OO) | 39 |
| 2018/C 352/47 | Asunto T-463/18: Recurso interpuesto el 30 de julio de 2018 — Novartis/EUIPO (SMARTSURFACE) | 40 |
| 2018/C 352/48 | Asunto T-473/18: Recurso interpuesto el 27 de julio de 2018 — Getsmarter Online/EUIPO (getsmarter) | 40 |
| 2018/C 352/49 | Asunto T-474/18: Recurso interpuesto el 6 de agosto de 2018 — Veit/BCE | 41 |
| 2018/C 352/50 | Asunto T-481/18: Recurso interpuesto el 1 de agosto de 2018 — Electroquímica Onubense/ECHA | 42 |
| 2018/C 352/51 | Asunto T-487/18: Recurso interpuesto el 14 de agosto de 2018 — Stada Arzneimittel/EUIPO (ViruProtect) | 42 |
| 2018/C 352/52 | Asunto T-491/18: Recurso interpuesto el 14 de agosto de 2018 — Vafo Praha/EUIPO — Rutzinger-Kurpas (Meatlove) | 43 |
| 2018/C 352/53 | Asunto T-492/18: Recurso interpuesto el 15 de agosto de 2018 — Zhadanov/EUIPO (Scanner Pro) | 44 |
| 2018/C 352/54 | Asunto T-495/18: Recurso interpuesto el 17 de agosto de 2018 — Dermatest/EUIPO (DERMATEST) | 44 |
| 2018/C 352/55 | Asunto T-496/18: Recurso interpuesto el 17 de agosto de 2018 — OCU/JUR | 45 |
| 2018/C 352/56 | Asunto T-497/18: Recurso interpuesto el 14 de agosto de 2018 — IAK — Forum International/EUIPO — Schwalb (IAK) | 46 |
| 2018/C 352/57 | Asunto T-498/18: Recurso interpuesto el 20 de agosto de 2018 — ZPC Flis/EUIPO — Aldi Einkauf (Happy Moreno choco) | 47 |

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PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

Tribunal de Justicia

2018/C 352/02

Asuntos acumulados C-96/16 y C-94/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Juzgado de Primera Instancia n.o 38 de Barcelona y el Tribunal Supremo) — Banco Santander, S.A. / Mahamadou Demba, Mercedes Godoy Bonet (C-96/16), Rafael Ramón Escobedo Cortés / Banco de Sabadell, S.A. (C-94/17) (Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas — Ámbito de aplicación — Cesión de crédito — Contrato de préstamo celebrado con un consumidor — Criterios de apreciación del carácter abusivo de una cláusula de dicho contrato que establece el tipo de interés de demora — Consecuencias del carácter abusivo)

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2018/C 352/03

Asunto C-472/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León) — Jorge Luis Colino Sigüenza / Ayuntamiento de Valladolid y otros (Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/23/CE — Ámbito de aplicación — Artículo 1, apartado 1 — Transmisiones de empresas — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — Contrato de servicios cuyo objeto es la gestión de una escuela municipal de música — Cesación de la actividad del primer adjudicatario antes de finalizar el curso académico y designación de un nuevo adjudicatario al comenzar el nuevo curso académico — Artículo 4, apartado 1 — Prohibición de despidos motivados por una transmisión — Excepción — Despidos efectuados por razones económicas, técnicas o de organización que impliquen cambios en el plano del empleo — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47)

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2018/C 352/04

Asunto C-561/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) — Saras Energía, S.A. / Administración del Estado (Procedimiento prejudicial — Directiva 2012/27/UE — Artículo 7, apartados 1, 4 y 9 — Artículo 20, apartados 4 y 6 — Fomento de la eficiencia energética — Sistema de obligaciones de eficiencia energética — Otras medidas de actuación — Fondo Nacional de Eficiencia Energética — Creación de este Fondo como principal medida de ejecución de las obligaciones de eficiencia energética — Obligación de aportación al Fondo — Designación de las partes obligadas — Distribuidores de energía y/o empresas minoristas de venta de energía)

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2018/C 352/05

Asunto C-16/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018 [petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal] — TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal / Autoridade Tributária e Aduaneira [Procedimiento prejudicial — Impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Deducción del impuesto soportado — Nacimiento y alcance del derecho a deducción]

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2018/C 352/06

Asunto C-52/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Austria) — VTB Bank (Austria) AG / Finanzmarktaufsichtsbehörde [Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Directiva 2013/36/UE — Artículos 64, 65 y 67 — Reglamento (UE) n.o 575/2013 — Artículo 395, apartados 1 y 5 — Supervisión de las entidades de crédito — Facultades supervisoras y sancionadoras — Limitación de la gran exposición — Normativa de un Estado miembro que prevé la imposición de intereses en caso de que se rebasen los límites — Reglamento (UE) n.o 468/2014 — Artículo 48 — Reparto de competencias entre el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades nacionales — Procedimiento de supervisión iniciado formalmente]

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2018/C 352/07

Asunto C-59/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Château du Grand Bois SCI / Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) [Procedimiento prejudicial — Agricultura — Mercado vitivinícola — Reglamento (CE) n.o 555/2008 — Ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos — Controles sobre el terreno sin previo aviso — Competencias de los agentes de control — Posibilidad de entrar en una explotación agrícola sin consentimiento de su titular]

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2018/C 352/08

Asuntos acumulados C-61/17, C-62/17 y C-72/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg — Alemania) — Miriam Bichat (C-61/17), Daniela Chlubna (C-62/17), Isabelle Walkner (C-72/17) / Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG (Procedimiento prejudicial — Política social — Despidos colectivos — Directiva 98/59/CE — Artículo 2, apartado 4, párrafo primero — Concepto de empresa que ejerce el control sobre el empresario — Procedimientos de consulta a los trabajadores — Carga de la prueba)

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2018/C 352/09

Asunto C-115/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation — Francia) — Administration des douanes et droits indirects, Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) / Hubert Clergeau y otros [Procedimiento prejudicial — Reglamento (CEE) n.o 1964/82 — Declaraciones falsas o maniobras destinadas a obtener restituciones especiales a la exportación de determinadas carnes de vacuno deshuesadas — Modificación del Reglamento n.o 1964/82 mediante la que se amplía la concesión de las restituciones especiales a la exportación — Principio de retroactividad de la ley penal más favorable — Artículo 49, apartado 1, tercera frase, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea]

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2018/C 352/10

Asunto C-120/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Satversmes tiesa — Letonia) — Administratīvā rajona tiesa / Ministru kabinets [Procedimiento prejudicial — Agricultura — Ayuda al desarrollo rural — Reglamento (CE) n.o 1257/1999 — Artículos 10 a 12 — Ayuda al cese anticipado de la actividad agraria — Normativa nacional que prevé la transmisión de la ayuda al cese anticipado de la actividad agraria mortis causa — Normativa aprobada por la Comisión Europea — Cambio posterior de postura — Protección de la confianza legítima]

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2018/C 352/11

Asunto C-122/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal — Irlanda) — David Smith / Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General (Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles — Directiva 90/232/CEE — Artículo 1 — Responsabilidad en caso de daños corporales causados a todos los ocupantes de un vehículo, con excepción del conductor — Seguro obligatorio — Efecto directo de las directivas — Obligación de inaplicar una normativa nacional contraria a una directiva — Inaplicación de una cláusula contractual contraria a una directiva)

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2018/C 352/12

Asunto C-123/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Nefiye Yön / Landeshauptstadt Stuttgart (Procedimiento prejudicial — Asociación CEE-Turquía — Decisión n.o 2/76 — Artículo 7 — Cláusula de standstill — Derecho de residencia de los miembros de la familia de un trabajador turco — Obligación de obtener un visado para la admisión en el territorio de un Estado miembro)

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2018/C 352/13

Asunto C-161/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Land Nordrhein-Westfalen / Dirk Renckhoff (Procedimiento prejudicial — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Sociedad de la información — Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Artículo 3, apartado 1 — Comunicación al público — Concepto — Puesta en línea en un sitio de Internet, sin la autorización del titular de los derechos de autor, de una fotografía previamente publicada, sin medidas restrictivas y con la autorización de dicho titular, en otro sitio de Internet — Público nuevo)

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2018/C 352/14

Asunto C-300/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria — Hungría) — Hochtief AG / Budapest Főváros Önkormányzata (Procedimiento prejudicial — Contratos públicos — Procedimientos de recurso — Directiva 89/665/CE — Demanda de indemnización por daños y perjuicios — Artículo 2, apartado 6 — Normativa nacional que supedita la admisibilidad de cualquier demanda de indemnización por daños y perjuicios a la declaración previa y definitiva de la ilegalidad de la decisión del poder adjudicador que causó el supuesto daño — Recurso de anulación — Recurso previo ante una comisión arbitral — Control judicial de las resoluciones de la comisión arbitral — Normativa nacional que excluye la invocación de motivos no alegados ante la comisión arbitral — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 — Derecho a la tutela judicial efectiva — Principios de efectividad y equivalencia)

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2018/C 352/15

Asunto C-329/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Gerhard Prenninger y otros / Oberösterreichische Landesregierung (Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Directiva 2011/92/UE — Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente — Anexo II — Punto 1, letra d) — Concepto de talas de masas forestales con propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo — Tala de una franja de bosque vinculada a la construcción y la explotación de una línea aérea para el transporte de energía eléctrica)

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2018/C 352/16

Asunto C-435/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tartu Halduskohus — Estonia) — Argo Kalda Mardi talu / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) [Procedimiento prejudicial — Política agrícola común — Pagos directos — Reglamento (UE) n.o 1306/2013 — Artículos 93 y 94 — Anexo II — Condicionalidad — Condiciones agrarias y medioambientales — Requisitos mínimos — Aplicación por un Estado miembro — Obligación de mantenimiento de los lugares considerados patrimonios funerarios — Alcance]

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2018/C 352/17

Asunto C-475/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Riigikohus — Estonia) — Viking Motors AS y otros / Tallinna linn, Maksu- ja Tolliamet [Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Artículo 401 — Impuestos nacionales que tienen carácter de impuestos sobre el volumen de negocios — Prohibición — Concepto de impuesto sobre el volumen de negocios — Impuesto local sobre las ventas — Características esenciales del IVA — Inexistencia]

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2018/C 352/18

Asunto C-485/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Verbraucherzentrale Berlin eV / Unimatic Vertriebs GmbH (Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 2011/83/UE — Artículo 2, punto 9 — Concepto de establecimiento mercantil — Criterios — Contrato de compraventa celebrado en el stand de un comerciante durante una feria comercial)

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2018/C 352/19

Asunto C-521/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tallinna Ringkonnakohus — Estonia) — Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. / Deepak Mehta (Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual e industrial — Directiva 2004/48/CE — Artículo 4 — Legitimación de un organismo de representación colectiva de titulares de marcas para ejercitar acciones judiciales — Directiva 2000/31/CE — Artículos 12 a 14 — Responsabilidad de un prestador de servicios de arrendamiento y registro de direcciones IP que permite la utilización anónima de nombres de dominio y de sitios de Internet)

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2018/C 352/20

Asunto C-396/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 15 de junio de 2018 — Gennaro Cafaro / DQ

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2018/C 352/21

Asunto C-417/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) el 26 de junio de 2018 — AW, BV, CU y DT / República de Lituania, representada por la Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, el Bendrasis pagalbos centras y el Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

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2018/C 352/22

Asunto C-430/18: Recurso interpuesto el 29 de junio de 2018 — Comisión Europea / Reino de España

17

2018/C 352/23

Asunto C-433/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein oikeus (Finlandia) el 2 de julio de 2018 — ML / OÜ Aktiva Finants

18

2018/C 352/24

Asunto C-435/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria) el 29 de junio de 2018 — Otis Gesellschaft m.b.H. y otros / Land Oberösterreich y otros

19

2018/C 352/25

Asunto C-454/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Förvaltningsrätten i Linköping (Suecia) el 12 de julio de 2018 — Baltic Cable AB / Energimarknadsinspektionen

19

2018/C 352/26

Asunto C-467/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rayonen sad Lukovit (Bulgaria) el 17 de julio de 2018 — Procedimiento penal contra EP

20

2018/C 352/27

Asunto C-476/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Pesti Központi Kerületi Bíróság (Hungría) el 23 de julio de 2018 — PannonHitel Pénzügyi Zrt. / WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

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2018/C 352/28

Asunto C-482/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría) el 24 de julio de 2018 — Google Ireland Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

23

2018/C 352/29

Asunto C-484/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 20 de julio de 2018 — Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF / Institut national de l’audiovisuel

24

2018/C 352/30

Asunto C-485/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 24 de julio de 2018 — Groupe Lactalis / Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Économie et des Finances

25

2018/C 352/31

Asunto C-486/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 23 de julio de 2018 — RE / Praxair MRC

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2018/C 352/32

Asunto C-495/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší súd Slovenskej republiky (República Eslovaca) el 30 de julio de 2018 — YX

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Tribunal General

2018/C 352/33

Asunto T-680/13: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — K. Chrysostomides & Co. y otros/Consejo y otros (Responsabilidad extracontractual — Política económica y monetaria — Programa de apoyo a la estabilidad de Chipre — Decisión del Consejo de Gobierno del BCE relativa a la provisión de liquidez de urgencia a solicitud del Banco Central de Chipre — Declaraciones del Eurogrupo de 25 de marzo, de 12 de abril, de 13 de mayo y de 13 de septiembre de 2013 sobre Chipre — Decisión 2013/236/UE — Memorándum de Entendimiento de 26 de abril de 2013 sobre Condiciones Específicas de Política Económica, celebrado entre Chipre y el Mecanismo Europeo de Estabilidad — Competencia del Tribunal General — Admisibilidad — Requisitos de forma — Agotamiento de los recursos en Derecho interno — Violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Derecho de propiedad — Confianza legítima — Igualdad de trato)

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2018/C 352/34

Asunto T-786/14: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — Bourdouvali y otros/Consejo y otros (Responsabilidad extracontractual — Política económica y monetaria — Programa de apoyo a la estabilidad de Chipre — Decisión del Consejo de Gobierno del BCE relativa a la provisión de liquidez de urgencia a solicitud del Banco Central de Chipre — Declaraciones del Eurogrupo de 25 de marzo, de 12 de abril, de 13 de mayo y de 13 de septiembre de 2013 sobre Chipre — Decisión 2013/236/UE — Memorándum de Entendimiento de 26 de abril de 2013 sobre Condiciones Específicas de Política Económica, celebrado entre Chipre y el Mecanismo Europeo de Estabilidad — Competencia del Tribunal General — Admisibilidad — Requisitos de forma — Agotamiento de los recursos en Derecho interno — Violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Derecho de propiedad — Confianza legítima — Igualdad de trato)

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2018/C 352/35

Asunto T-733/16: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — Banque postale/BCE [Política económica y monetaria — Supervisión prudencial de las entidades de crédito — Artículo 4, apartado 1, letra d), y apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 — Cálculo del ratio de apalancamiento — Negativa del BCE a autorizar a la demandante a que excluya del cálculo del ratio de apalancamiento las exposiciones que cumplan determinados requisitos — Artículo 429, apartado 14, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 — Facultad discrecional del BCE — Errores de Derecho — Error manifiesto de apreciación]

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2018/C 352/36

Asunto T-751/16: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — Confédération nationale du Crédit mutuel/BCE [Política económica y monetaria — Supervisión prudencial de las entidades de crédito — Artículo 4, apartado 1, letra d), y apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 — Cálculo del ratio de apalancamiento — Negativa del BCE a autorizar a la demandante a que excluya del cálculo del ratio de apalancamiento las exposiciones que cumplan determinados requisitos — Artículo 429, apartado 14, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 — Facultad discrecional del BCE — Errores de Derecho — Error manifiesto de apreciación]

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2018/C 352/37

Asunto T-768/16: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — BNP Paribas/BCE [Política económica y monetaria — Supervisión prudencial de las entidades de crédito — Artículo 4, apartado 1, letra d), y apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 — Cálculo del ratio de apalancamiento — Negativa del BCE a autorizar a la demandante a que excluya del cálculo del ratio de apalancamiento las exposiciones que cumplan determinados requisitos — Artículo 429, apartado 14, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 — Facultad discrecional del BCE — Errores de Derecho — Error manifiesto de apreciación]

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2018/C 352/38

Asunto T-825/16: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — Chipre/EUIPO — Papouis Dairies (Pallas Halloumi) [Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión Europea Pallas Halloumi — Marca de certificación del Reino Unido denominativa anterior HALLOUMI — Motivo de denegación relativo — Inexistencia de riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]]

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2018/C 352/39

Asunto T-847/16: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — Chipre/EUIPO — POA (COWBOYS HALLOUMI) [Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión COWBOYS HALLOUMI — Marca de certificación del Reino Unido denominativa anterior HALLOUMI — Motivo de denegación relativo — Inexistencia de riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]]

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2018/C 352/40

Asunto T-797/17: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — Star Television Productions/EUIPO — Marc Dorcel (STAR) [Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Marca figurativa de la Unión STAR — Falta de uso efectivo de la marca — Artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001]]

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2018/C 352/41

Asunto T-388/18: Recurso interpuesto el 27 de junio de 2018 — WV/SEAE

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2018/C 352/42

Asunto T-391/18: Recurso interpuesto el 27 de junio de 2018 — Riesco García/Parlamento

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2018/C 352/43

Asunto T-396/18: Recurso interpuesto el 29 de junio de 2018 — ITSA/Comisión

36

2018/C 352/44

Asunto T-436/18: Recurso interpuesto el 13 de julio de 2018 — Prigent/Comisión

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2018/C 352/45

Asunto T-453/18: Recurso interpuesto el 24 de julio de 2018 — Biasotto/EUIPO — OOFOS (OOF)

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2018/C 352/46

Asunto T-454/18: Recurso interpuesto el 24 de julio de 2018 — Biasotto/EUIPO — OOFOS (OO)

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2018/C 352/47

Asunto T-463/18: Recurso interpuesto el 30 de julio de 2018 — Novartis/EUIPO (SMARTSURFACE)

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2018/C 352/48

Asunto T-473/18: Recurso interpuesto el 27 de julio de 2018 — Getsmarter Online/EUIPO (getsmarter)

40

2018/C 352/49

Asunto T-474/18: Recurso interpuesto el 6 de agosto de 2018 — Veit/BCE

41

2018/C 352/50

Asunto T-481/18: Recurso interpuesto el 1 de agosto de 2018 — Electroquímica Onubense/ECHA

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2018/C 352/51

Asunto T-487/18: Recurso interpuesto el 14 de agosto de 2018 — Stada Arzneimittel/EUIPO (ViruProtect)

42

2018/C 352/52

Asunto T-491/18: Recurso interpuesto el 14 de agosto de 2018 — Vafo Praha/EUIPO — Rutzinger-Kurpas (Meatlove)

43

2018/C 352/53

Asunto T-492/18: Recurso interpuesto el 15 de agosto de 2018 — Zhadanov/EUIPO (Scanner Pro)

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2018/C 352/54

Asunto T-495/18: Recurso interpuesto el 17 de agosto de 2018 — Dermatest/EUIPO (DERMATEST)

44

2018/C 352/55

Asunto T-496/18: Recurso interpuesto el 17 de agosto de 2018 — OCU/JUR

45

2018/C 352/56

Asunto T-497/18: Recurso interpuesto el 14 de agosto de 2018 — IAK — Forum International/EUIPO — Schwalb (IAK)

46

2018/C 352/57

Asunto T-498/18: Recurso interpuesto el 20 de agosto de 2018 — ZPC Flis/EUIPO — Aldi Einkauf (Happy Moreno choco)

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| ES | |
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ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/1 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/1

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Últimas publicaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario Oficial de la Unión Europea

(2018/C 352/01)

Última publicación

DO C 341 de 24.9.2018

Recopilación de las publicaciones anteriores

DO C 328 de 17.9.2018

DO C 319 de 10.9.2018

DO C 311 de 3.9.2018

DO C 301 de 27.8.2018

DO C 294 de 20.8.2018

DO C 285 de 13.8.2018

Estos textos se encuentran disponibles en

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

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V Anuncios

PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

Tribunal de Justicia

| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/2 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/2

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Juzgado de Primera Instancia n.o 38 de Barcelona y el Tribunal Supremo) — Banco Santander, S.A. / Mahamadou Demba, Mercedes Godoy Bonet (C-96/16), Rafael Ramón Escobedo Cortés / Banco de Sabadell, S.A. (C-94/17)

(Asuntos acumulados C-96/16 y C-94/17) (1)

((Procedimiento prejudicial - Directiva 93/13/CEE - Cláusulas abusivas - Ámbito de aplicación - Cesión de crédito - Contrato de préstamo celebrado con un consumidor - Criterios de apreciación del carácter abusivo de una cláusula de dicho contrato que establece el tipo de interés de demora - Consecuencias del carácter abusivo))

(2018/C 352/02)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Juzgado de Primera Instancia n.o 38 de Barcelona, Tribunal Supremo

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Banco Santander, S.A. (C-96/16), Rafael Ramón Escobedo Cortés (C-94/17)

Demandadas: Mahamadou Demba, Mercedes Godoy Bonet (C-96/16), Banco de Sabadell, S.A. (C-94/17)

Fallo

| 1) | La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido, por una parte, de que no es aplicable a una práctica empresarial de cesión o compra de créditos frente a un consumidor, sin que la posibilidad de tal cesión esté prevista en el contrato de préstamo celebrado con el consumidor, sin que este último haya tenido conocimiento previo de la cesión ni haya dado su consentimiento y sin que se le haya ofrecido la posibilidad de extinguir la deuda con el pago del precio, intereses, gastos y costas del proceso al cesionario. Por otra parte, la citada Directiva tampoco es aplicable a disposiciones nacionales, como las que figuran en el artículo 1535 del Código Civil y en los artículos 17 y 540 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regulan la transmisión de créditos y la sustitución del cedente por el cesionario en los procedimientos en curso. |
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1)

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido, por una parte, de que no es aplicable a una práctica empresarial de cesión o compra de créditos frente a un consumidor, sin que la posibilidad de tal cesión esté prevista en el contrato de préstamo celebrado con el consumidor, sin que este último haya tenido conocimiento previo de la cesión ni haya dado su consentimiento y sin que se le haya ofrecido la posibilidad de extinguir la deuda con el pago del precio, intereses, gastos y costas del proceso al cesionario. Por otra parte, la citada Directiva tampoco es aplicable a disposiciones nacionales, como las que figuran en el artículo 1535 del Código Civil y en los artículos 17 y 540 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regulan la transmisión de créditos y la sustitución del cedente por el cesionario en los procedimientos en curso.

| 2) | La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una jurisprudencia nacional, como la del Tribunal Supremo cuestionada en el litigio principal, según la cual una cláusula no negociada de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor, que establece el tipo de interés de demora aplicable, es abusiva por imponer al consumidor en mora en el pago una indemnización de una cuantía desproporcionadamente alta, cuando tal cuantía suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio. |
| --- | --- |

2)

La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una jurisprudencia nacional, como la del Tribunal Supremo cuestionada en el litigio principal, según la cual una cláusula no negociada de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor, que establece el tipo de interés de demora aplicable, es abusiva por imponer al consumidor en mora en el pago una indemnización de una cuantía desproporcionadamente alta, cuando tal cuantía suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio.

| 3) | La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una jurisprudencia nacional, como la del Tribunal Supremo cuestionada en los litigios principales, según la cual la consecuencia del carácter abusivo de una cláusula no negociada de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor que establece el tipo de interés de demora consiste en la supresión total de los intereses de demora, sin que dejen de devengarse los intereses remuneratorios pactados en el contrato. |
| --- | --- |

3)

La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una jurisprudencia nacional, como la del Tribunal Supremo cuestionada en los litigios principales, según la cual la consecuencia del carácter abusivo de una cláusula no negociada de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor que establece el tipo de interés de demora consiste en la supresión total de los intereses de demora, sin que dejen de devengarse los intereses remuneratorios pactados en el contrato.

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(1)  DO C 145 de 25.4.2016.

DO C 151 de 15.5.2017.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/3 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/3

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León) — Jorge Luis Colino Sigüenza / Ayuntamiento de Valladolid y otros

(Asunto C-472/16) (1)

((Procedimiento prejudicial - Directiva 2001/23/CE - Ámbito de aplicación - Artículo 1, apartado 1 - Transmisiones de empresas - Mantenimiento de los derechos de los trabajadores - Contrato de servicios cuyo objeto es la gestión de una escuela municipal de música - Cesación de la actividad del primer adjudicatario antes de finalizar el curso académico y designación de un nuevo adjudicatario al comenzar el nuevo curso académico - Artículo 4, apartado 1 - Prohibición de despidos motivados por una transmisión - Excepción - Despidos efectuados por razones económicas, técnicas o de organización que impliquen cambios en el plano del empleo - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 47))

(2018/C 352/03)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Jorge Luis Colino Sigüenza

Demandadas: Ayuntamiento de Valladolid, In-Pulso Musical, SC, Miguel del Real Llorente, administrador concursal de Músicos y Escuela, S.L., Músicos y Escuela, S.L., Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Fallo

| 1) | El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, debe interpretarse en el sentido de que puede estar comprendida en el ámbito de aplicación de esta Directiva una situación, como la controvertida en el litigio principal, en la que el adjudicatario de un contrato de servicios cuyo objeto es la gestión de una escuela municipal de música, al que el Ayuntamiento había proporcionado todos los medios materiales necesarios para el ejercicio de esa actividad, la finaliza dos meses antes de terminar el curso académico, despide a la plantilla y restituye dichos medios materiales al citado Ayuntamiento, que efectúa una nueva adjudicación solo para el siguiente curso académico y proporciona al nuevo adjudicatario los mismos medios materiales. |
| --- | --- |

1)

El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, debe interpretarse en el sentido de que puede estar comprendida en el ámbito de aplicación de esta Directiva una situación, como la controvertida en el litigio principal, en la que el adjudicatario de un contrato de servicios cuyo objeto es la gestión de una escuela municipal de música, al que el Ayuntamiento había proporcionado todos los medios materiales necesarios para el ejercicio de esa actividad, la finaliza dos meses antes de terminar el curso académico, despide a la plantilla y restituye dichos medios materiales al citado Ayuntamiento, que efectúa una nueva adjudicación solo para el siguiente curso académico y proporciona al nuevo adjudicatario los mismos medios materiales.

| 2) | El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/23 debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, donde el adjudicatario de un contrato de servicios cuyo objeto es la gestión de una escuela municipal de música finaliza esta actividad dos meses antes de terminar el curso académico, despidiendo a la plantilla, y el nuevo adjudicatario reanuda la actividad al comenzar el siguiente curso académico, resulta plausible que el despido se haya efectuado por «razones económicas, técnicas o de organización que impliquen cambios en el plano del empleo», en el sentido del citado precepto, siempre que las circunstancias que hayan dado lugar al despido de todos los trabajadores y el retraso en la designación de un nuevo contratista de servicios no formen parte de una medida deliberada destinada a privar a estos trabajadores de los derechos que les reconoce la Directiva 2001/23, extremo que deberá comprobar el tribunal remitente. |
| --- | --- |

2)

El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/23 debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, donde el adjudicatario de un contrato de servicios cuyo objeto es la gestión de una escuela municipal de música finaliza esta actividad dos meses antes de terminar el curso académico, despidiendo a la plantilla, y el nuevo adjudicatario reanuda la actividad al comenzar el siguiente curso académico, resulta plausible que el despido se haya efectuado por «razones económicas, técnicas o de organización que impliquen cambios en el plano del empleo», en el sentido del citado precepto, siempre que las circunstancias que hayan dado lugar al despido de todos los trabajadores y el retraso en la designación de un nuevo contratista de servicios no formen parte de una medida deliberada destinada a privar a estos trabajadores de los derechos que les reconoce la Directiva 2001/23, extremo que deberá comprobar el tribunal remitente.

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(1)  DO C 441 de 28.11.2016.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/4 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/4

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) — Saras Energía, S.A. / Administración del Estado

(Asunto C-561/16) (1)

((Procedimiento prejudicial - Directiva 2012/27/UE - Artículo 7, apartados 1, 4 y 9 - Artículo 20, apartados 4 y 6 - Fomento de la eficiencia energética - Sistema de obligaciones de eficiencia energética - Otras medidas de actuación - Fondo Nacional de Eficiencia Energética - Creación de este Fondo como principal medida de ejecución de las obligaciones de eficiencia energética - Obligación de aportación al Fondo - Designación de las partes obligadas - Distribuidores de energía y/o empresas minoristas de venta de energía))

(2018/C 352/04)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Supremo

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Saras Energía, S.A.

Demandada: Administración del Estado

con intervención de: Endesa, S.A., Endesa Energía, S.A., Endesa Energía XXI, S.L.U., Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.U., Nexus Energía, S.A., Nexus Renovables, S.L.U., Engie España, S.L., Villar Mir Energía, S.L., Energya VM Gestión de Energía, S.L.U., Estaciones de Servicio de Guipúzcoa, S.A., Acciona Green Energy Developments, S.L.U., Fortia Energía, S.L.

Fallo

| 1) | Los artículos 7 y 20 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece como modo principal de ejecución de las obligaciones de eficiencia energética un sistema de contribución anual a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, siempre que, por una parte, esa normativa garantice la obtención de ahorros de energía en una medida equivalente a los sistemas de obligaciones de eficiencia energética que pueden crearse con arreglo al artículo 7, apartado 1, de esta Directiva y que, por otra parte, se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 7, apartados 10 y 11, de dicha Directiva, extremos cuya verificación incumbe al tribunal remitente. |
| --- | --- |

1)

Los artículos 7 y 20 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece como modo principal de ejecución de las obligaciones de eficiencia energética un sistema de contribución anual a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, siempre que, por una parte, esa normativa garantice la obtención de ahorros de energía en una medida equivalente a los sistemas de obligaciones de eficiencia energética que pueden crearse con arreglo al artículo 7, apartado 1, de esta Directiva y que, por otra parte, se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 7, apartados 10 y 11, de dicha Directiva, extremos cuya verificación incumbe al tribunal remitente.

| 2) | El artículo 7 de la Directiva 2012/27 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que sólo impone obligaciones de eficiencia energética a algunas empresas determinadas del sector de la energía, siempre que la designación de esas empresas como partes obligadas se base efectivamente en criterios objetivos y no discriminatorios expresamente indicados, extremo cuya verificación incumbe al tribunal remitente. |
| --- | --- |

2)

El artículo 7 de la Directiva 2012/27 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que sólo impone obligaciones de eficiencia energética a algunas empresas determinadas del sector de la energía, siempre que la designación de esas empresas como partes obligadas se base efectivamente en criterios objetivos y no discriminatorios expresamente indicados, extremo cuya verificación incumbe al tribunal remitente.

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(1)  DO C 22 de 23.1.2017.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/4 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/4

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018 [petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal] — TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Asunto C-16/17) (1)

([Procedimiento prejudicial - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Deducción del impuesto soportado - Nacimiento y alcance del derecho a deducción])

(2018/C 352/05)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD

Partes en el procedimiento principal

Demandante: TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal

Demandada: Autoridade Tributária e Aduaneira

Fallo

Los artículos 167 y 168 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010, y el principio de neutralidad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que la Administración tributaria de un Estado miembro considere que una sociedad que tiene su sede en otro Estado miembro y la sucursal que tiene en el primer Estado constituyen dos sujetos pasivos distintos debido a que cada una de dichas entidades dispone de un número de identificación fiscal y deniega, por esa razón, a la sucursal el derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido (IVA) correspondiente a las notas de adeudo emitidas por una agrupación de interés económico de la que dicha sociedad, y no la sucursal, es miembro.

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(1)  DO C 104 de 3.4.2017.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/5 |
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1.10.2018

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/5

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Austria) — VTB Bank (Austria) AG / Finanzmarktaufsichtsbehörde

(Asunto C-52/17) (1)

([Procedimiento prejudicial - Aproximación de las legislaciones - Directiva 2013/36/UE - Artículos 64, 65 y 67 - Reglamento (UE) n.o 575/2013 - Artículo 395, apartados 1 y 5 - Supervisión de las entidades de crédito - Facultades supervisoras y sancionadoras - Limitación de la gran exposición - Normativa de un Estado miembro que prevé la imposición de intereses en caso de que se rebasen los límites - Reglamento (UE) n.o 468/2014 - Artículo 48 - Reparto de competencias entre el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades nacionales - Procedimiento de supervisión iniciado formalmente])

(2018/C 352/06)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesverwaltungsgericht

Partes en el procedimiento principal

Demandante: VTB Bank (Austria) AG

Demandada: Finanzmarktaufsichtsbehörde

Fallo

| 1) | Los artículos 64 y 65, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, y el artículo 395, apartados 1 y 5, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una legislación nacional en virtud de la cual, en caso de que se rebasen los límites de exposición fijados en el artículo 395, apartado 1, del Reglamento n.o 575/2013, se imponen intereses de exacción de manera automática a una entidad de crédito, aun cuando esta cumpla las condiciones, establecidas en el artículo 395, apartado 5, del mencionado Reglamento, que permiten a una entidad de crédito rebasar tales límites. |
| --- | --- |

1)

Los artículos 64 y 65, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, y el artículo 395, apartados 1 y 5, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una legislación nacional en virtud de la cual, en caso de que se rebasen los límites de exposición fijados en el artículo 395, apartado 1, del Reglamento n.o 575/2013, se imponen intereses de exacción de manera automática a una entidad de crédito, aun cuando esta cumpla las condiciones, establecidas en el artículo 395, apartado 5, del mencionado Reglamento, que permiten a una entidad de crédito rebasar tales límites.

| 2) | El artículo 48, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS), debe interpretarse en el sentido de que un procedimiento de supervisión no puede considerarse iniciado formalmente, en el sentido de dicha disposición, ni cuando una entidad de crédito declara a la autoridad nacional de supervisión el exceso de los límites fijados en el artículo 395, apartado 1, del Reglamento n.o 575/2013 ni cuando tal autoridad ya ha adoptado una resolución en un procedimiento paralelo relativo a infracciones similares. |
| --- | --- |

2)

El artículo 48, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS), debe interpretarse en el sentido de que un procedimiento de supervisión no puede considerarse iniciado formalmente, en el sentido de dicha disposición, ni cuando una entidad de crédito declara a la autoridad nacional de supervisión el exceso de los límites fijados en el artículo 395, apartado 1, del Reglamento n.o 575/2013 ni cuando tal autoridad ya ha adoptado una resolución en un procedimiento paralelo relativo a infracciones similares.

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(1)  DO C 144 de 8.5.2017.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/6 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/6

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Château du Grand Bois SCI / Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Asunto C-59/17) (1)

([Procedimiento prejudicial - Agricultura - Mercado vitivinícola - Reglamento (CE) n.o 555/2008 - Ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos - Controles sobre el terreno sin previo aviso - Competencias de los agentes de control - Posibilidad de entrar en una explotación agrícola sin consentimiento de su titular])

(2018/C 352/07)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d’État

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Château du Grand Bois SCI

Recurrida: Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Fallo

Los artículos 76, 78 y 81 del Reglamento (CE) n.o 555/2008 de la Comisión, de 27 de junio de 2008, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 479/2008 del Consejo, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo relativo a los programas de apoyo, el comercio con terceros países, el potencial productivo y los controles en el sector vitivinícola, deben interpretarse en el sentido de que no autorizan a los agentes que efectúen un control sobre el terreno a entrar en una explotación agrícola sin consentimiento de su titular.

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(1)  DO C 112 de 10.4.2017.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/6 |
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1.10.2018

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/6

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg — Alemania) — Miriam Bichat (C-61/17), Daniela Chlubna (C-62/17), Isabelle Walkner (C-72/17) / Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG

(Asuntos acumulados C-61/17, C-62/17 y C-72/17) (1)

((Procedimiento prejudicial - Política social - Despidos colectivos — Directiva 98/59/CE - Artículo 2, apartado 4, párrafo primero - Concepto de «empresa que ejerce el control sobre el empresario» - Procedimientos de consulta a los trabajadores - Carga de la prueba))

(2018/C 352/08)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Miriam Bichat (C-61/17), Daniela Chlubna (C-62/17), Isabelle Walkner (C-72/17)

Demandada: Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG

Fallo

El artículo 2, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «empresa que ejerce el control sobre el empresario» engloba toda empresa vinculada a dicho empresario mediante relaciones de participación en el capital social de este o por otros vínculos jurídicos que le permitan ejercer una influencia determinante sobre los órganos de decisión del empresario y obligarlo a examinar o proyectar despidos colectivos.

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(1)  DO C 144 de 8.5.2017.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/7 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/7

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation — Francia) — Administration des douanes et droits indirects, Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) / Hubert Clergeau y otros

(Asunto C-115/17) (1)

([Procedimiento prejudicial - Reglamento (CEE) n.o 1964/82 - Declaraciones falsas o maniobras destinadas a obtener restituciones especiales a la exportación de determinadas carnes de vacuno deshuesadas - Modificación del Reglamento n.o 1964/82 mediante la que se amplía la concesión de las restituciones especiales a la exportación - Principio de retroactividad de la ley penal más favorable - Artículo 49, apartado 1, tercera frase, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea])

(2018/C 352/09)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Administration des douanes et droits indirects, Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Demandadas: Hubert Clergeau, Jean-Luc Labrousse, Jean-Jacques Berthellemy, Alain Bouchet, Jean-Pierre Dubois, Marcel Géry, Jean-Paul Matrat, Jean-Pierre Paziot, Patrice Raillot

Fallo

El principio de retroactividad de la ley penal más favorable, consagrado en el artículo 49, apartado 1, tercera frase, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una persona sea condenada por haber obtenido indebidamente ciertas restituciones especiales a la exportación establecidas por el Reglamento (CEE) n.o 1964/82 de la Comisión, de 20 de julio de 1982, por el que se establecen las condiciones de concesión de restituciones especiales a la exportación para determinadas carnes de vacuno deshuesadas, valiéndose de maniobras o de falsas declaraciones relativas a la naturaleza de las mercancías para las que se solicitaron las restituciones, cuando, a raíz de una modificación de dicho Reglamento efectuada con posterioridad a los hechos imputados, las mercancías exportadas por dicha persona dan derecho a estas restituciones.

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(1)  DO C 178 de 6.6.2017.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/8 |
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Satversmes tiesa — Letonia) — Administratīvā rajona tiesa / Ministru kabinets

(Asunto C-120/17) (1)

([Procedimiento prejudicial - Agricultura - Ayuda al desarrollo rural - Reglamento (CE) n.o 1257/1999 - Artículos 10 a 12 - Ayuda al cese anticipado de la actividad agraria - Normativa nacional que prevé la transmisión de la ayuda al cese anticipado de la actividad agraria mortis causa - Normativa aprobada por la Comisión Europea - Cambio posterior de postura - Protección de la confianza legítima])

(2018/C 352/10)

Lengua de procedimiento: letón

Órgano jurisdiccional remitente

Satversmes tiesa

Partes en el procedimiento principal

Solicitante: Administratīvā rajona tiesa

Otra parte en el procedimiento principal: Ministru kabinets

Fallo

| 1) | Los artículos 10 a 12 del Reglamento (CE) n.o 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, en el marco de la aplicación de estos artículos, los Estados miembros adopten medidas que permitan la transmisión mortis causa de una ayuda al cese anticipado de la actividad agraria como la controvertida en el litigio principal. |
| --- | --- |

1)

Los artículos 10 a 12 del Reglamento (CE) n.o 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, en el marco de la aplicación de estos artículos, los Estados miembros adopten medidas que permitan la transmisión mortis causa de una ayuda al cese anticipado de la actividad agraria como la controvertida en el litigio principal.

| 2) | El principio de protección de la confianza legítima debe interpretarse en el sentido de que una norma nacional como la controvertida en el litigio principal, que permitía la transmisión mortis causa de una ayuda al cese anticipado y que fue aprobada por la Comisión al considerarse conforme con el Reglamento n.o 1257/1999, generó, en los herederos de los agricultores que se beneficiaron de esta ayuda, una confianza legítima y que una conclusión como la incluida en el acta de la reunión del Comité de desarrollo rural de la Comisión de 19 de octubre de 2011, por la que dicha ayuda no se transmite mortis causa, no puso fin a dicha confianza legítima. |
| --- | --- |

2)

El principio de protección de la confianza legítima debe interpretarse en el sentido de que una norma nacional como la controvertida en el litigio principal, que permitía la transmisión mortis causa de una ayuda al cese anticipado y que fue aprobada por la Comisión al considerarse conforme con el Reglamento n.o 1257/1999, generó, en los herederos de los agricultores que se beneficiaron de esta ayuda, una confianza legítima y que una conclusión como la incluida en el acta de la reunión del Comité de desarrollo rural de la Comisión de 19 de octubre de 2011, por la que dicha ayuda no se transmite mortis causa, no puso fin a dicha confianza legítima.

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(1)  DO C 168 de 29.5.2017.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/8 |
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C 352/8

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal — Irlanda) — David Smith / Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General

(Asunto C-122/17) (1)

((Procedimiento prejudicial - Aproximación de las legislaciones - Seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles - Directiva 90/232/CEE - Artículo 1 - Responsabilidad en caso de daños corporales causados a todos los ocupantes de un vehículo, con excepción del conductor - Seguro obligatorio - Efecto directo de las directivas - Obligación de inaplicar una normativa nacional contraria a una directiva - Inaplicación de una cláusula contractual contraria a una directiva))

(2018/C 352/11)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal

Partes en el procedimiento principal

Demandante: David Smith

Demandadas: Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General

Fallo

El Derecho de la Unión, en particular el artículo 288 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que un tribunal nacional que conoce de un litigio entre particulares y que se encuentra en la imposibilidad de interpretar las disposiciones de su Derecho nacional contrarias a una disposición de una Directiva que cumple todos los requisitos necesarios para producir efecto directo de manera conforme con esta última disposición no está obligado, únicamente sobre la base del Derecho de la Unión, a inaplicar dichas disposiciones nacionales y una cláusula incluida, en virtud de dichas disposiciones, en un contrato de seguro.

En una situación como la del litigio principal, la parte perjudicada por la falta de conformidad del Derecho nacional con el Derecho de la Unión, o la persona que se subrogue en los derechos de dicha parte, podría, no obstante, invocar la jurisprudencia derivada de la sentencia de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros (C-6/90 y C-9/90, EU:C:1991:428), para obtener del Estado miembro, en su caso, la reparación del perjuicio sufrido.

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(1)  DO C 151 de 15.5.2017.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/9 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/9

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Nefiye Yön / Landeshauptstadt Stuttgart

(Asunto C-123/17) (1)

((Procedimiento prejudicial - Asociación CEE-Turquía - Decisión n.o 2/76 - Artículo 7 - Cláusula de «standstill» - Derecho de residencia de los miembros de la familia de un trabajador turco - Obligación de obtener un visado para la admisión en el territorio de un Estado miembro))

(2018/C 352/12)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesverwaltungsgericht

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Nefiye Yön

Demandada: Landeshauptstadt Stuttgart

con intervención de: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Fallo

El artículo 7 de la Decisión n.o 2/76 del Consejo de Asociación, de 20 de diciembre de 1976, adoptada por el Consejo de Asociación instituido mediante el Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, firmado el 12 de septiembre de 1963 en Ankara por la República de Turquía, por una parte, y por los Estados miembros de la CEE y la Comunidad, por otra, y concluido, aprobado y confirmado en nombre de esta última por la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963, debe interpretarse en el sentido de que una medida de Derecho nacional, como la controvertida en el litigio principal, introducida en el período comprendido entre el 20 de diciembre de 1976 y el 30 de noviembre de 1980, que supedita la expedición de un permiso de residencia a efectos de reagrupación familiar en favor de nacionales de terceros Estados, miembros de la familia de un trabajador turco que reside legalmente en el Estado miembro de que se trate, a la obtención por dichos nacionales, antes de entrar en el territorio nacional, de un visado a efectos de dicho reagrupamiento constituye una «nueva restricción» en el sentido de esta disposición.

Sin embargo, una medida de este tipo puede estar justificada por razones inherentes al control eficaz de la inmigración y de la gestión de los flujos migratorios, pero únicamente si sus modalidades de aplicación no van más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

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(1)  DO C 318 de 25.9.2017.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/10 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/10

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Land Nordrhein-Westfalen / Dirk Renckhoff

(Asunto C-161/17) (1)

((Procedimiento prejudicial - Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor - Directiva 2001/29/CE - Sociedad de la información - Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor - Artículo 3, apartado 1 - Comunicación al público - Concepto - Puesta en línea en un sitio de Internet, sin la autorización del titular de los derechos de autor, de una fotografía previamente publicada, sin medidas restrictivas y con la autorización de dicho titular, en otro sitio de Internet - Público nuevo))

(2018/C 352/13)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Land Nordrhein-Westfalen

Recurrida: Dirk Renckhoff

Fallo

El concepto de «comunicación al público», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que comprende la puesta en línea en un sitio de Internet de una fotografía publicada previamente, sin medidas restrictivas que impidan su descarga y con la autorización del titular del derecho de autor, en otro sitio de Internet.

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(1)  DO C 231 de 17.7.2017.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/11 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/11

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria — Hungría) — Hochtief AG / Budapest Főváros Önkormányzata

(Asunto C-300/17) (1)

((Procedimiento prejudicial - Contratos públicos - Procedimientos de recurso - Directiva 89/665/CE - Demanda de indemnización por daños y perjuicios - Artículo 2, apartado 6 - Normativa nacional que supedita la admisibilidad de cualquier demanda de indemnización por daños y perjuicios a la declaración previa y definitiva de la ilegalidad de la decisión del poder adjudicador que causó el supuesto daño - Recurso de anulación - Recurso previo ante una comisión arbitral - Control judicial de las resoluciones de la comisión arbitral - Normativa nacional que excluye la invocación de motivos no alegados ante la comisión arbitral - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 47 - Derecho a la tutela judicial efectiva - Principios de efectividad y equivalencia))

(2018/C 352/14)

Lengua de procedimiento: húngaro

Órgano jurisdiccional remitente

Kúria

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Hochtief AG

Demandada: Budapest Főváros Önkormányzata

Fallo

| 1) | El artículo 2, apartado 6, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa procesal nacional como la controvertida en el litigio principal, que supedita la posibilidad de hacer valer una pretensión civil en caso de infracción a las normas que regulan la contratación pública y la adjudicación de contratos públicos al requisito de que una comisión arbitral, o, en el marco del control de una resolución de esta comisión arbitral, un tribunal, haya declarado con carácter definitivo la existencia de la infracción. |
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1)

El artículo 2, apartado 6, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa procesal nacional como la controvertida en el litigio principal, que supedita la posibilidad de hacer valer una pretensión civil en caso de infracción a las normas que regulan la contratación pública y la adjudicación de contratos públicos al requisito de que una comisión arbitral, o, en el marco del control de una resolución de esta comisión arbitral, un tribunal, haya declarado con carácter definitivo la existencia de la infracción.

| 2) | El Derecho de la Unión, y, en particular, el artículo 1, apartados 1 y 3, de la Directiva 89/665, en su versión modificada por la Directiva 2014/23, debe interpretarse, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que no se opone a una norma procesal nacional como la controvertida en el litigio principal que, en el contexto de una demanda de indemnización por daños y perjuicios, limita el control jurisdiccional de las resoluciones dictadas por una comisión arbitral competente para controlar en primera instancia las decisiones adoptadas por los poderes adjudicadores en el marco de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos únicamente al examen de los motivos invocados ante tal comisión. |
| --- | --- |

2)

El Derecho de la Unión, y, en particular, el artículo 1, apartados 1 y 3, de la Directiva 89/665, en su versión modificada por la Directiva 2014/23, debe interpretarse, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que no se opone a una norma procesal nacional como la controvertida en el litigio principal que, en el contexto de una demanda de indemnización por daños y perjuicios, limita el control jurisdiccional de las resoluciones dictadas por una comisión arbitral competente para controlar en primera instancia las decisiones adoptadas por los poderes adjudicadores en el marco de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos únicamente al examen de los motivos invocados ante tal comisión.

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(1)  DO C 269 de 14.8.2017.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/12 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/12

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Gerhard Prenninger y otros / Oberösterreichische Landesregierung

(Asunto C-329/17) (1)

((Procedimiento prejudicial - Medio ambiente - Directiva 2011/92/UE - Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente - Anexo II - Punto 1, letra d) - Concepto de «talas de masas forestales con propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo» - Tala de una franja de bosque vinculada a la construcción y la explotación de una línea aérea para el transporte de energía eléctrica))

(2018/C 352/15)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Gerhard Prenninger, Karl Helmberger, Franziska Zimmer, Franz Scharinger, Norbert Pühringer, Agrargemeinschaft Pettenbach, Marktgemeinde Vorchdorf, Marktgemeinde Pettenbach, Gemeinde Steinbach am Ziehberg

Demandada: Oberösterreichische Landesregierung

Con intervención de: Netz Oberösterreich GmbH

Fallo

El punto 1, letra b), del anexo II de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el concepto de «talas de masas forestales con propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo», en el sentido de dicha disposición, la tala de una franja de bosque para la instalación y la explotación de una línea eléctrica aérea, como la controvertida en el litigio principal, durante la duración legal de su existencia.

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(1)  DO C 318 de 25.9.2017.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/12 |
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1.10.2018

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/12

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tartu Halduskohus — Estonia) — Argo Kalda Mardi talu / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Asunto C-435/17) (1)

([Procedimiento prejudicial - Política agrícola común - Pagos directos - Reglamento (UE) n.o 1306/2013 - Artículos 93 y 94 - Anexo II - Condicionalidad - Condiciones agrarias y medioambientales - Requisitos mínimos - Aplicación por un Estado miembro - Obligación de mantenimiento de los lugares considerados «patrimonios funerarios» - Alcance])

(2018/C 352/16)

Lengua de procedimiento: estonio

Órgano jurisdiccional remitente

Tartu Halduskohus

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Argo Kalda Mardi talu

Demandada: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Fallo

| 1) | Los artículos 93, apartado 1, y 94 y el anexo II del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro imponga, como norma relativa a las buenas condiciones agrarias y medioambientales previstas en el citado anexo II, que se conserven, en una superficie agrícola, lugares de enterramiento marcados mediante piedras, cuyo desplazamiento conlleva una infracción de dicha norma y, por tanto, la reducción de los pagos adeudados al agricultor de que se trata. |
| --- | --- |

1)

Los artículos 93, apartado 1, y 94 y el anexo II del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro imponga, como norma relativa a las buenas condiciones agrarias y medioambientales previstas en el citado anexo II, que se conserven, en una superficie agrícola, lugares de enterramiento marcados mediante piedras, cuyo desplazamiento conlleva una infracción de dicha norma y, por tanto, la reducción de los pagos adeudados al agricultor de que se trata.

| 2) | Los artículos 72, apartado 1, letra a), 91, apartados 1 y 2, 93, apartado 1, y 94 del Reglamento n.o 1306/2013 y el artículo 4, apartado 1, letras b), c), y e), del Reglamento n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que las obligaciones en materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales, previstas en el Reglamento n.o 1306/2013, deben respetarse en toda la explotación agrícola y no únicamente en la superficie agrícola para la que se ha solicitado concretamente una ayuda. |
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2)

Los artículos 72, apartado 1, letra a), 91, apartados 1 y 2, 93, apartado 1, y 94 del Reglamento n.o 1306/2013 y el artículo 4, apartado 1, letras b), c), y e), del Reglamento n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que las obligaciones en materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales, previstas en el Reglamento n.o 1306/2013, deben respetarse en toda la explotación agrícola y no únicamente en la superficie agrícola para la que se ha solicitado concretamente una ayuda.

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(1)  DO C 338 de 9.10.2017.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/13 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/13

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Riigikohus — Estonia) — Viking Motors AS y otros / Tallinna linn, Maksu- ja Tolliamet

(Asunto C-475/17) (1)

([Procedimiento prejudicial - Fiscalidad - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Artículo 401 - Impuestos nacionales que tienen carácter de impuestos sobre el volumen de negocios - Prohibición - Concepto de «impuesto sobre el volumen de negocios» - Impuesto local sobre las ventas - Características esenciales del IVA - Inexistencia])

(2018/C 352/17)

Lengua de procedimiento: estonio

Órgano jurisdiccional remitente

Riigikohus

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes en casación: Viking Motors AS, TKM Beauty Eesti OÜ, TKM King AS, Kaubamaja AS, Selver AS

Recurridas en casación: Tallinna linn, Maksu- ja Tolliamet

Fallo

El artículo 401 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que no se opone al mantenimiento o al establecimiento de un impuesto como el impuesto sobre las ventas controvertido en el litigio principal.

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(1)  DO C 347 de 16.10.2017.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/14 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/14

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Verbraucherzentrale Berlin eV / Unimatic Vertriebs GmbH

(Asunto C-485/17) (1)

((Procedimiento prejudicial - Protección de los consumidores - Directiva 2011/83/UE - Artículo 2, punto 9 - Concepto de «establecimiento mercantil» - Criterios - Contrato de compraventa celebrado en el stand de un comerciante durante una feria comercial))

(2018/C 352/18)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Verbraucherzentrale Berlin eV

Demandada: Unimatic Vertriebs GmbH

Fallo

El artículo 2, punto 9, de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que un stand, como el controvertido en el litigio principal, explotado por un comerciante en una feria comercial y en el que este ejerce sus actividades durante unos días al año, constituye un «establecimiento mercantil», en el sentido de esta disposición, siempre que, habida cuenta de todas las circunstancias de hecho que rodean a esas actividades y, en particular, de la apariencia del stand y de la información proporcionada en los propios locales de la feria, un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz pueda contar razonablemente con que el comerciante ejerce sus actividades en ese stand y con que el comerciante le proponga celebrar un contrato, extremo que debe comprobar el órgano jurisdiccional nacional.

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(1)  DO C 392 de 20.11.2017.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/15 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/15

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tallinna Ringkonnakohus — Estonia) — Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. / Deepak Mehta

(Asunto C-521/17) (1)

((Procedimiento prejudicial - Propiedad intelectual e industrial - Directiva 2004/48/CE - Artículo 4 - Legitimación de un organismo de representación colectiva de titulares de marcas para ejercitar acciones judiciales - Directiva 2000/31/CE - Artículos 12 a 14 - Responsabilidad de un prestador de servicios de arrendamiento y registro de direcciones IP que permite la utilización anónima de nombres de dominio y de sitios de Internet))

(2018/C 352/19)

Lengua de procedimiento: estonio

Órgano jurisdiccional remitente

Tallinna Ringkonnakohus

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A.

Demandada: Deepak Mehta

Fallo

| 1) | El artículo 4, letra c), de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros están obligados a reconocer a un organismo de gestión de representación colectiva de titulares de marcas, como el que es objeto del procedimiento principal, legitimación para solicitar, en nombre propio, la aplicación de los recursos establecidos por dicha Directiva, a fin de proteger los derechos de los titulares, y para ejercitar acciones judiciales, en nombre propio, a fin de hacer valer esos derechos, siempre que conforme a la legislación nacional dicho organismo tenga un interés directo en la defensa de tales derechos y legitimación para ejercitar acciones judiciales con ese fin, extremo que corresponde verificar al tribunal remitente. |
| --- | --- |

1)

El artículo 4, letra c), de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros están obligados a reconocer a un organismo de gestión de representación colectiva de titulares de marcas, como el que es objeto del procedimiento principal, legitimación para solicitar, en nombre propio, la aplicación de los recursos establecidos por dicha Directiva, a fin de proteger los derechos de los titulares, y para ejercitar acciones judiciales, en nombre propio, a fin de hacer valer esos derechos, siempre que conforme a la legislación nacional dicho organismo tenga un interés directo en la defensa de tales derechos y legitimación para ejercitar acciones judiciales con ese fin, extremo que corresponde verificar al tribunal remitente.

| 2) | Los artículos 12 a 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), deben interpretarse en el sentido de que las limitaciones de responsabilidad que establecen son aplicables al prestador de un servicio de arrendamiento y de registro de direcciones IP que permite utilizar nombres de dominio de Internet de manera anónima, como el que es objeto del litigio principal, siempre que dicho servicio esté comprendido en alguna de las categorías de servicios contempladas en los artículos citados y cumpla todos los requisitos pertinentes, en la medida en que la actividad del prestador de servicios sea de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo que implica que no conozca ni controle la información transmitida o almacenada por sus clientes y que no desempeñe un papel activo permitiendo que estos últimos optimicen su actividad de venta en línea, extremo que corresponde verificar al tribunal remitente. |
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2)

Los artículos 12 a 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), deben interpretarse en el sentido de que las limitaciones de responsabilidad que establecen son aplicables al prestador de un servicio de arrendamiento y de registro de direcciones IP que permite utilizar nombres de dominio de Internet de manera anónima, como el que es objeto del litigio principal, siempre que dicho servicio esté comprendido en alguna de las categorías de servicios contempladas en los artículos citados y cumpla todos los requisitos pertinentes, en la medida en que la actividad del prestador de servicios sea de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo que implica que no conozca ni controle la información transmitida o almacenada por sus clientes y que no desempeñe un papel activo permitiendo que estos últimos optimicen su actividad de venta en línea, extremo que corresponde verificar al tribunal remitente.

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(1)  DO C 382 de 13.11.2017.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/15 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/15

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 15 de junio de 2018 — Gennaro Cafaro / DQ

(Asunto C-396/18)

(2018/C 352/20)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte suprema di cassazione

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Gennaro Cafaro

Recurrida: DQ

Cuestiones prejudiciales

| 1) | Si la normativa nacional establecida en el Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri de 9 de septiembre de 2008 que, en aplicación del artículo 748, apartado 3, del codice della navigazione (Código de la Navegación), regula los límites de empleo del personal de vuelo de DQ y dispone, en particular, la extinción automática de la relación laboral al alcanzarse los 60 años de edad, es contraria al Reglamento n.o 1178/2011 (1) en la parte en que este último fija un límite de 65 años de edad para el empleo de los pilotos en el transporte aéreo comercial, y si este último Reglamento es aplicable al presente asunto, tras descartar la aplicación de la normativa especial nacional. |
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1)

Si la normativa nacional establecida en el Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri de 9 de septiembre de 2008 que, en aplicación del artículo 748, apartado 3, del codice della navigazione (Código de la Navegación), regula los límites de empleo del personal de vuelo de DQ y dispone, en particular, la extinción automática de la relación laboral al alcanzarse los 60 años de edad, es contraria al Reglamento n.o 1178/2011 (1) en la parte en que este último fija un límite de 65 años de edad para el empleo de los pilotos en el transporte aéreo comercial, y si este último Reglamento es aplicable al presente asunto, tras descartar la aplicación de la normativa especial nacional.

| 2) | Con carácter subsidiario, en el caso de que se considerase que el Reglamento no es aplicable ratione materiae al presente asunto, si la normativa nacional antes citada es contraria al principio de no discriminación por razón de edad establecido en la Directiva 2000/78 y en la Carta de los Derechos Fundamentas de la Unión Europea (artículo 21, apartado 1), del que la Directiva 2000/78 (2) constituye una expresión concreta. |
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2)

Con carácter subsidiario, en el caso de que se considerase que el Reglamento no es aplicable ratione materiae al presente asunto, si la normativa nacional antes citada es contraria al principio de no discriminación por razón de edad establecido en la Directiva 2000/78 y en la Carta de los Derechos Fundamentas de la Unión Europea (artículo 21, apartado 1), del que la Directiva 2000/78 (2) constituye una expresión concreta.

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(1)  Reglamento (UE) n.o 1178/2011 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2011, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil en virtud del Reglamento (CE) n.o 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2011, L 311, p. 1).

(2)  Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO 2000, L 303, p. 16).

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/16 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/16

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) el 26 de junio de 2018 — AW, BV, CU y DT / República de Lituania, representada por la Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, el Bendrasis pagalbos centras y el Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

(Asunto C-417/18)

(2018/C 352/21)

Lengua de procedimiento: lituano

Órgano jurisdiccional remitente

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: AW, BV, CU y DT

Demandadas: República de Lituania, representada por la Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, el Bendrasis pagalbos centras y el Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Establece el artículo 26, apartado 5, de la Directiva 2002/22/CE, (1) en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE, (2) la obligación de facilitar información relativa a la ubicación cuando las llamadas se efectúan desde dispositivos móviles sin tarjeta SIM? |
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1)

¿Establece el artículo 26, apartado 5, de la Directiva 2002/22/CE, (1) en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE, (2) la obligación de facilitar información relativa a la ubicación cuando las llamadas se efectúan desde dispositivos móviles sin tarjeta SIM?

| 2) | Cuando la legislación nacional de un Estado miembro permite que se efectúen llamadas al número europeo de emergencia «112» desde dispositivos sin tarjeta SIM, ¿debe determinarse la información relativa a la ubicación conforme al artículo 26, apartado 5, de la Directiva 2002/22/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE? |
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2)

Cuando la legislación nacional de un Estado miembro permite que se efectúen llamadas al número europeo de emergencia «112» desde dispositivos sin tarjeta SIM, ¿debe determinarse la información relativa a la ubicación conforme al artículo 26, apartado 5, de la Directiva 2002/22/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE?

| 3) | ¿Es compatible con el artículo 26, apartado 5, de la Directiva 2002/22/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE, según el cual las autoridades de reglamentación competentes deben establecer criterios para la precisión y la fiabilidad de la información facilitada sobre la ubicación de las personas que efectúan llamadas, la norma nacional contenida en el punto 4.5.4 del Procedimiento para el acceso de los abonados y usuarios a los servicios de las autoridades que prestan servicios de emergencia (versión vigente entre el 11 de noviembre de 2011 y el 15 de abril de 2016), que dispone, inter alia, que los proveedores de redes públicas de telefonía móvil están obligados a facilitar información sobre la ubicación con una precisión basada en la cobertura («Cell-ID» o identificador de célula) de la estación base (sector), pero que no especifica la precisión mínima con que las estaciones base deben determinar la ubicación de la persona que efectúa la llamada o la densidad (en términos de distancia) con la que deben distribuirse las estaciones base? |
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3)

¿Es compatible con el artículo 26, apartado 5, de la Directiva 2002/22/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE, según el cual las autoridades de reglamentación competentes deben establecer criterios para la precisión y la fiabilidad de la información facilitada sobre la ubicación de las personas que efectúan llamadas, la norma nacional contenida en el punto 4.5.4 del Procedimiento para el acceso de los abonados y usuarios a los servicios de las autoridades que prestan servicios de emergencia (versión vigente entre el 11 de noviembre de 2011 y el 15 de abril de 2016), que dispone, inter alia, que los proveedores de redes públicas de telefonía móvil están obligados a facilitar información sobre la ubicación con una precisión basada en la cobertura («Cell-ID» o identificador de célula) de la estación base (sector), pero que no especifica la precisión mínima con que las estaciones base deben determinar la ubicación de la persona que efectúa la llamada o la densidad (en términos de distancia) con la que deben distribuirse las estaciones base?

| 4) | En caso de que el Tribunal de Justicia responda a la primera o segunda cuestión prejudicial en el sentido de que el Estado miembro está obligado a velar por que se determine información sobre la ubicación con arreglo al artículo 26, apartado 5, de la Directiva 2002/22/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE, o responde a la tercera cuestión prejudicial en el sentido de que la normativa nacional es incompatible con el artículo 26, apartado 5, de la Directiva 2002/22/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE, el cual prevé que las autoridades de reglamentación competentes deben establecer criterios para la precisión y la fiabilidad de la información facilitada sobre la ubicación de las personas que efectúan llamadas, ¿debe el órgano jurisdiccional nacional, al pronunciarse sobre la indemnización por daños, establecer una relación de causalidad directa entre la vulneración del Derecho de la Unión y el perjuicio sufrido por los particulares, o basta con que aprecie una relación de causalidad indirecta entre la vulneración del Derecho de la Unión y el perjuicio sufrido por los particulares, cuando, con arreglo a la legislación o jurisprudencia nacional, es suficiente demostrar una relación de causalidad indirecta entre los actos ilícitos y el perjuicio sufrido por los particulares para que se genere la responsabilidad? |
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4)

En caso de que el Tribunal de Justicia responda a la primera o segunda cuestión prejudicial en el sentido de que el Estado miembro está obligado a velar por que se determine información sobre la ubicación con arreglo al artículo 26, apartado 5, de la Directiva 2002/22/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE, o responde a la tercera cuestión prejudicial en el sentido de que la normativa nacional es incompatible con el artículo 26, apartado 5, de la Directiva 2002/22/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE, el cual prevé que las autoridades de reglamentación competentes deben establecer criterios para la precisión y la fiabilidad de la información facilitada sobre la ubicación de las personas que efectúan llamadas, ¿debe el órgano jurisdiccional nacional, al pronunciarse sobre la indemnización por daños, establecer una relación de causalidad directa entre la vulneración del Derecho de la Unión y el perjuicio sufrido por los particulares, o basta con que aprecie una relación de causalidad indirecta entre la vulneración del Derecho de la Unión y el perjuicio sufrido por los particulares, cuando, con arreglo a la legislación o jurisprudencia nacional, es suficiente demostrar una relación de causalidad indirecta entre los actos ilícitos y el perjuicio sufrido por los particulares para que se genere la responsabilidad?

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(1)  Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO 2002, L 108, p. 51).

(2)  Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 , por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (DO 2009, L 337, p. 11).

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/17 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/17

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Recurso interpuesto el 29 de junio de 2018 — Comisión Europea / Reino de España

(Asunto C-430/18)

(2018/C 352/22)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: T. Scharf, J. Rius, G. von Rintelen, agentes)

Demandada: Reino de España

Pretensiones

| — | Que se declare que el Reino de España, al no haber adoptado, antes del 18 de septiembre de 2016, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas (1), o, en todo caso, al no haber notificado la totalidad de esas disposiciones a la Comisión, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 29, apartado 1, de dicha Directiva; |
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—

Que se declare que el Reino de España, al no haber adoptado, antes del 18 de septiembre de 2016, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas (1), o, en todo caso, al no haber notificado la totalidad de esas disposiciones a la Comisión, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 29, apartado 1, de dicha Directiva;

| — | Que se imponga al Reino de España, con arreglo al artículo 260, apartado 3, TFUE, una multa coercitiva diaria de 48 919,20 EUR, con efecto a partir de la fecha del pronunciamiento de la sentencia por la que se declara el incumplimiento de la obligación de adoptar o, en todo caso, notificar a la Comisión, las disposiciones necesarias para cumplir la Directiva 2014/92/UE; |
| --- | --- |

—

Que se imponga al Reino de España, con arreglo al artículo 260, apartado 3, TFUE, una multa coercitiva diaria de 48 919,20 EUR, con efecto a partir de la fecha del pronunciamiento de la sentencia por la que se declara el incumplimiento de la obligación de adoptar o, en todo caso, notificar a la Comisión, las disposiciones necesarias para cumplir la Directiva 2014/92/UE;

| — | Que se condene en costas al Reino de España. |
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—

Que se condene en costas al Reino de España.

Motivos y principales alegaciones

De conformidad con el artículo 29, apartado 1, de la Directiva 2014/92/UE, los Estados miembros debían adoptar y publicar, a más tardar el 18 de septiembre de 2016, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva, e informar de ello inmediatamente a la Comisión.

Dado que el Reino de España no ha procedido a la transposición completa de la Directiva 2014/92/UE y no ha notificado a la Comisión las medidas de transposición, la Comisión decidió interponer el presente recurso ante el Tribunal de Justicia.

La Comisión propone la imposición al Reino de España del pago de una multa coercitiva diaria de 48 919,20 EUR a partir de la fecha del pronunciamiento de la sentencia, calculada atendiendo a la gravedad, a la duración de la infracción y al efecto disuasorio con respecto a la capacidad de pago de dicho Estado miembro.

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(1)  DO 2014, L 257, p. 214

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/18 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/18

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein oikeus (Finlandia) el 2 de julio de 2018 — ML / OÜ Aktiva Finants

(Asunto C-433/18)

(2018/C 352/23)

Lengua de procedimiento: finés

Órgano jurisdiccional remitente

Korkein oikeus

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: ML

Recurrida: OÜ Aktiva Finants

Cuestiones prejudiciales

| 1) | El procedimiento para la admisión de recursos a trámite para su ulterior examen, previsto en el sistema nacional para la interposición de recursos, ¿es compatible con el recurso efectivo garantizado para ambas partes en el artículo 43, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001, (1) cuando se interpone recurso contra una resolución de un tribunal de primera instancia relativa al reconocimiento o la ejecución de una sentencia en virtud del Reglamento n.o 44/2001? |
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1)

El procedimiento para la admisión de recursos a trámite para su ulterior examen, previsto en el sistema nacional para la interposición de recursos, ¿es compatible con el recurso efectivo garantizado para ambas partes en el artículo 43, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001, (1) cuando se interpone recurso contra una resolución de un tribunal de primera instancia relativa al reconocimiento o la ejecución de una sentencia en virtud del Reglamento n.o 44/2001?

| 2) | ¿Se reúnen en un procedimiento sobre la admisión de recursos a trámite para su ulterior examen los requisitos relativos a un procedimiento contradictorio en el sentido del artículo 43, apartado 3, del Reglamento n.o 44/2001, si la parte recurrida no es oída en lo relativo a un recurso antes de decidirse sobre la admisión de dicho recurso a trámite? ¿Se reúnen los referidos requisitos, si la parte recurrida es oída antes de decidirse sobre la admisión de un recurso a trámite para su ulterior examen? |
| --- | --- |

2)

¿Se reúnen en un procedimiento sobre la admisión de recursos a trámite para su ulterior examen los requisitos relativos a un procedimiento contradictorio en el sentido del artículo 43, apartado 3, del Reglamento n.o 44/2001, si la parte recurrida no es oída en lo relativo a un recurso antes de decidirse sobre la admisión de dicho recurso a trámite? ¿Se reúnen los referidos requisitos, si la parte recurrida es oída antes de decidirse sobre la admisión de un recurso a trámite para su ulterior examen?

| 3) | ¿Resulta relevante para la interpretación el hecho de que no solo pueda interponer recurso la parte que ha solicitado infructuosamente la ejecución, sino también la parte en cuya contra se ha solicitado la ejecución cuando se haya estimado dicha solicitud? |
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3)

¿Resulta relevante para la interpretación el hecho de que no solo pueda interponer recurso la parte que ha solicitado infructuosamente la ejecución, sino también la parte en cuya contra se ha solicitado la ejecución cuando se haya estimado dicha solicitud?

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(1)  Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/19 |
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1.10.2018

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/19

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria) el 29 de junio de 2018 — Otis Gesellschaft m.b.H. y otros / Land Oberösterreich y otros

(Asunto C-435/18)

(2018/C 352/24)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberster Gerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Otis Gesellschaft m.b.H., Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone Aktiengesellschaft, ThyssenKrupp Aufzüge Gesellschaft m.b.H.

Recurridas: Land Oberösterreich, Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft «Lebensräume» eingetragene Gen.m.b.H., EBS Wohnungsgesellschaft mbH, WAG Wohnungsanlagen Gesellschaft m.b.H., WSG Gemeinnützige Wohn- und Siedlergemeinschaft reg.Gen.m.b.H., Neue Heimat Oberösterreich Gemeinnützige Wohnungs- und SiedlungsgesmbH, BRW Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft «Baureform Wohnstätte» eingetragene Gen.m.b.H., Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft «Familie» eingetragene Gen.m.b.H., VLW Vereinigte Linzer Wohnungsgenossenschaften Gemeinnützige GmbH, Gemeinnützige Steyrer Wohn- und Siedlungs Genossenschaft «Styria» reg.Gen.m.b.H., Innviertler Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H., Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Steyr GmbH, Gemeinnützige Industrie-Wohnungsaktiengesellschaft, Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft m.b.H. für den Bezirk Vöcklabruck, GEWOG Neues Heim Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft m.b.H.

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse el artículo 85 TCE, el artículo 81 CE o el artículo 101 TFUE en el sentido de que, para preservar la plena efectividad de dichas disposiciones y la efectividad práctica de la prohibición que de ellas resulta, es necesario también que puedan exigir una indemnización a los participantes en un cártel las personas que, aun sin operar como ofertantes o demandantes en el mercado material y territorialmente pertinente afectado por el cártel, actúan en virtud de la legislación vigente como entidades de fomento concediendo préstamos en condiciones favorables a los demandantes de los productos que se ofertan en el mercado afectado por el cártel y cuyo perjuicio consiste en que el importe de los préstamos concedidos como un porcentaje del coste de los productos excede el que se habría concedido en ausencia del pacto colusorio, por lo que no pudieron invertir las sumas correspondientes y obtener el consiguiente beneficio?

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/19 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/19

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Förvaltningsrätten i Linköping (Suecia) el 12 de julio de 2018 — Baltic Cable AB / Energimarknadsinspektionen

(Asunto C-454/18)

(2018/C 352/25)

Lengua de procedimiento: sueco

Órgano jurisdiccional remitente

Förvaltningsrätten i Linköping

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Baltic Cable AB

Demandada: Energimarknadsinspektionen

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Debe aplicarse el artículo 16, apartado 6, del Reglamento sobre la electricidad (1) en todos los casos en que una persona obtenga beneficios derivados de la asignación de interconexión, con independencia de sus circunstancias, o solo es de aplicación cuando dicha persona sea un gestor de la red de transporte en el sentido del artículo 2, punto 4, de la Directiva sobre el mercado de la electricidad? |
| --- | --- |

1)

¿Debe aplicarse el artículo 16, apartado 6, del Reglamento sobre la electricidad (1) en todos los casos en que una persona obtenga beneficios derivados de la asignación de interconexión, con independencia de sus circunstancias, o solo es de aplicación cuando dicha persona sea un gestor de la red de transporte en el sentido del artículo 2, punto 4, de la Directiva sobre el mercado de la electricidad?

| 2) | En caso de que se responda a la primera cuestión prejudicial en el sentido de que el artículo 16, apartado 6, del Reglamento sobre la electricidad solo es aplicable a los gestores de la red de transporte, ¿una empresa que solo gestiona un interconector es un gestor de la red de transporte? |
| --- | --- |

2)

En caso de que se responda a la primera cuestión prejudicial en el sentido de que el artículo 16, apartado 6, del Reglamento sobre la electricidad solo es aplicable a los gestores de la red de transporte, ¿una empresa que solo gestiona un interconector es un gestor de la red de transporte?

| 3) | En caso de que, conforme a la respuesta que se dé a alguna de las dos primeras cuestiones prejudiciales, el artículo 16, apartado 6, del Reglamento sobre la electricidad sea aplicable a una empresa que solo gestiona un interconector, ¿los costes relativos al funcionamiento y mantenimiento de un interconector pueden considerarse en todo caso inversiones en la red para mantener o aumentar la capacidad de transmisión, en el sentido del artículo 16, apartado 6, párrafo primero, letra b)? |
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3)

En caso de que, conforme a la respuesta que se dé a alguna de las dos primeras cuestiones prejudiciales, el artículo 16, apartado 6, del Reglamento sobre la electricidad sea aplicable a una empresa que solo gestiona un interconector, ¿los costes relativos al funcionamiento y mantenimiento de un interconector pueden considerarse en todo caso inversiones en la red para mantener o aumentar la capacidad de transmisión, en el sentido del artículo 16, apartado 6, párrafo primero, letra b)?

| 4) | En caso de que, conforme a la respuesta que se dé a alguna de las dos primeras cuestiones prejudiciales, el artículo 16, apartado 6, del Reglamento sobre la electricidad sea aplicable a una empresa que solo gestiona un interconector, ¿puede la autoridad reguladora aprobar que una empresa que solo gestiona un interconector y que cuenta con una metodología de fijación de tarifas, pero no tiene clientes que efectúen pagos directos de costes de red (tarifas) que se puedan reducir, utilice los ingresos procedentes de la asignación de interconexión para obtener beneficios o, en caso de respuesta negativa a la tercera cuestión prejudicial, para el funcionamiento y mantenimiento? |
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4)

En caso de que, conforme a la respuesta que se dé a alguna de las dos primeras cuestiones prejudiciales, el artículo 16, apartado 6, del Reglamento sobre la electricidad sea aplicable a una empresa que solo gestiona un interconector, ¿puede la autoridad reguladora aprobar que una empresa que solo gestiona un interconector y que cuenta con una metodología de fijación de tarifas, pero no tiene clientes que efectúen pagos directos de costes de red (tarifas) que se puedan reducir, utilice los ingresos procedentes de la asignación de interconexión para obtener beneficios o, en caso de respuesta negativa a la tercera cuestión prejudicial, para el funcionamiento y mantenimiento?

| 5) | En caso de que, conforme a la respuesta que se dé a alguna de las dos primeras cuestiones prejudiciales, el artículo 16, apartado 6, del Reglamento sobre la electricidad sea aplicable a una empresa que solo opera un interconector y, conforme a la respuesta que se dé a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, bien dicha empresa no pueda utilizar los ingresos procedentes de la asignación de interconexión para el funcionamiento y mantenimiento o para obtener beneficios, bien dicha empresa pueda utilizarlos para el funcionamiento y mantenimiento pero no para obtener beneficios, ¿es contraria al principio de proporcionalidad que rige en el Derecho de la Unión o a algún otro principio pertinente la aplicación del artículo 16, apartado 6, del Reglamento sobre la electricidad a una empresa que solo gestiona un interconector? |
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5)

En caso de que, conforme a la respuesta que se dé a alguna de las dos primeras cuestiones prejudiciales, el artículo 16, apartado 6, del Reglamento sobre la electricidad sea aplicable a una empresa que solo opera un interconector y, conforme a la respuesta que se dé a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, bien dicha empresa no pueda utilizar los ingresos procedentes de la asignación de interconexión para el funcionamiento y mantenimiento o para obtener beneficios, bien dicha empresa pueda utilizarlos para el funcionamiento y mantenimiento pero no para obtener beneficios, ¿es contraria al principio de proporcionalidad que rige en el Derecho de la Unión o a algún otro principio pertinente la aplicación del artículo 16, apartado 6, del Reglamento sobre la electricidad a una empresa que solo gestiona un interconector?

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(1)  Reglamento (CE) n.o 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 , relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1228/2003 (DO 2009, L 211, p. 15).

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/20 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/20

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Rayonen sad Lukovit (Bulgaria) el 17 de julio de 2018 — Procedimiento penal contra EP

(Asunto C-467/18)

(2018/C 352/26)

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Rayonen sad Lukovit

Partes en el procedimiento principal

Otra parte: EP

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Se encuentra el procedimiento pendiente ante este tribunal, sobre petición de actuaciones médicas obligatorias que implican una forma de coacción estatal respecto a las personas que, según lo afirmado por la Fiscalía, han cometido un acto que daña a la comunidad, comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2012/13/UE, (1) relativa al derecho a la información en los procesos penales, y de la Directiva 2013/48/UE, (2) sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales? |
| --- | --- |

1)

¿Se encuentra el procedimiento pendiente ante este tribunal, sobre petición de actuaciones médicas obligatorias que implican una forma de coacción estatal respecto a las personas que, según lo afirmado por la Fiscalía, han cometido un acto que daña a la comunidad, comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2012/13/UE, (1) relativa al derecho a la información en los procesos penales, y de la Directiva 2013/48/UE, (2) sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales?

| 2) | ¿Ofrece el Derecho procesal búlgaro —en particular, la normativa que regula el procedimiento especial de petición de actuaciones médicas obligatorias con arreglo a los artículos 427 y siguientes del NPK (Nakazatelno-protsesualen kodeks) (Código de procedimiento penal búlgaro), de acuerdo con la cual, el tribunal que conoce del proceso no está autorizado para devolver el asunto a la Fiscalía y encomendarle que subsane las infracciones procesales sustanciales producidas en el procedimiento cautelar, sino que o bien puede estimar la petición de que se ordenen actuaciones médicas obligatorias o bien, en cambio, puede desestimarla— una vía de recurso efectiva a efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Directiva 2013/48/UE y en el artículo 8 de la Directiva 2012/13/UE, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconoce a la persona el derecho a impugnar en vía judicial los posibles actos lesivos de sus derechos en el procedimiento cautelar? |
| --- | --- |

2)

¿Ofrece el Derecho procesal búlgaro —en particular, la normativa que regula el procedimiento especial de petición de actuaciones médicas obligatorias con arreglo a los artículos 427 y siguientes del NPK (Nakazatelno-protsesualen kodeks) (Código de procedimiento penal búlgaro), de acuerdo con la cual, el tribunal que conoce del proceso no está autorizado para devolver el asunto a la Fiscalía y encomendarle que subsane las infracciones procesales sustanciales producidas en el procedimiento cautelar, sino que o bien puede estimar la petición de que se ordenen actuaciones médicas obligatorias o bien, en cambio, puede desestimarla— una vía de recurso efectiva a efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Directiva 2013/48/UE y en el artículo 8 de la Directiva 2012/13/UE, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconoce a la persona el derecho a impugnar en vía judicial los posibles actos lesivos de sus derechos en el procedimiento cautelar?

| 3) | ¿Son aplicables al procedimiento penal (cautelar) las Directivas 2012/13/UE y 2013/48/UE, cuando el Derecho nacional, en concreto, el Código de procedimiento penal, desconoce la figura jurídica del «sospechoso» y la Fiscalía no contempla formalmente como acusada a la persona en el procedimiento cautelar, pues supone que el homicidio que es objeto de la investigación fue cometido cuando esa persona se encontraba en una situación de irresponsabilidad penal y, por lo tanto, suspende el procedimiento penal, sin notificarlo a la persona, y solicita ante el tribunal competente que se ordenen actuaciones médicas obligatorias respecto a ella? |
| --- | --- |

3)

¿Son aplicables al procedimiento penal (cautelar) las Directivas 2012/13/UE y 2013/48/UE, cuando el Derecho nacional, en concreto, el Código de procedimiento penal, desconoce la figura jurídica del «sospechoso» y la Fiscalía no contempla formalmente como acusada a la persona en el procedimiento cautelar, pues supone que el homicidio que es objeto de la investigación fue cometido cuando esa persona se encontraba en una situación de irresponsabilidad penal y, por lo tanto, suspende el procedimiento penal, sin notificarlo a la persona, y solicita ante el tribunal competente que se ordenen actuaciones médicas obligatorias respecto a ella?

| 4) | ¿Cabe considerar que la persona respecto de la cual se han solicitado actuaciones médicas obligatorias es «sospechosa», en el sentido de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2012/13/UE y en el artículo 2, apartado 3 de la Directiva 2013/48/UE, cuando en la primera inspección ocular del lugar de los hechos y durante la investigación preliminar en la residencia de la víctima y de su hijo, un agente de policía, después de observar manchas de sangre en el cuerpo de la primera, preguntó al segundo por los motivos del homicidio de su madre y el desplazamiento del cadáver a la calle, y le puso las esposas después de que respondiera a estas preguntas? Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, ¿es necesario informar ya en este momento a la persona con arreglo al artículo 3, apartado 1, en relación con el apartado 2, de la Directiva 2012/13/UE, y cómo deben garantizarse las necesidades particulares de información de la persona de acuerdo con el citado apartado 2 en un caso como este, cuando el agente de policía tenía conocimiento de que esa persona padecía una enfermedad mental? |
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4)

¿Cabe considerar que la persona respecto de la cual se han solicitado actuaciones médicas obligatorias es «sospechosa», en el sentido de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2012/13/UE y en el artículo 2, apartado 3 de la Directiva 2013/48/UE, cuando en la primera inspección ocular del lugar de los hechos y durante la investigación preliminar en la residencia de la víctima y de su hijo, un agente de policía, después de observar manchas de sangre en el cuerpo de la primera, preguntó al segundo por los motivos del homicidio de su madre y el desplazamiento del cadáver a la calle, y le puso las esposas después de que respondiera a estas preguntas? Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, ¿es necesario informar ya en este momento a la persona con arreglo al artículo 3, apartado 1, en relación con el apartado 2, de la Directiva 2012/13/UE, y cómo deben garantizarse las necesidades particulares de información de la persona de acuerdo con el citado apartado 2 en un caso como este, cuando el agente de policía tenía conocimiento de que esa persona padecía una enfermedad mental?

| 5) | ¿Son las normas nacionales como las aplicables en el caso de autos, que en la práctica determinan la privación de libertad mediante el internamiento obligatorio en un hospital psiquiátrico, en un procedimiento regulado por la Ley de Sanidad (Zakon za zdraveto) (medida cautelar obligatoria ordenada cuando se demuestra que la persona padece una enfermedad mental y hay peligro de que cometa un delito, pero no cuando ya se ha cometido el acto) compatibles con lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 2016/343, (3) por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia, cuando el verdadero motivo para la incoación del procedimiento es el acto por cuya causa se inició un procedimiento penal contra la persona internada para su tratamiento, eludiéndose de este modo el derecho a un proceso equitativo en caso de detención que debe atenerse a los principios del artículo 5, apartado 4, del CEDH, esto es, debe tratarse de un proceso en el que el tribunal competente pueda supervisar tanto la observancia de las normas procedimentales como la sospecha que fundamente la detención y la adecuación a Derecho del objetivo perseguido con esta medida, a lo cual está obligado dicho tribunal cuando la persona es detenida de acuerdo con el procedimiento establecido en el Código de procedimiento penal? |
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5)

¿Son las normas nacionales como las aplicables en el caso de autos, que en la práctica determinan la privación de libertad mediante el internamiento obligatorio en un hospital psiquiátrico, en un procedimiento regulado por la Ley de Sanidad (Zakon za zdraveto) (medida cautelar obligatoria ordenada cuando se demuestra que la persona padece una enfermedad mental y hay peligro de que cometa un delito, pero no cuando ya se ha cometido el acto) compatibles con lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 2016/343, (3) por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia, cuando el verdadero motivo para la incoación del procedimiento es el acto por cuya causa se inició un procedimiento penal contra la persona internada para su tratamiento, eludiéndose de este modo el derecho a un proceso equitativo en caso de detención que debe atenerse a los principios del artículo 5, apartado 4, del CEDH, esto es, debe tratarse de un proceso en el que el tribunal competente pueda supervisar tanto la observancia de las normas procedimentales como la sospecha que fundamente la detención y la adecuación a Derecho del objetivo perseguido con esta medida, a lo cual está obligado dicho tribunal cuando la persona es detenida de acuerdo con el procedimiento establecido en el Código de procedimiento penal?

| 6) | ¿Comprende el concepto de presunción de inocencia, de acuerdo con el artículo 3 de la Directiva (UE) 2016/343 también la presunción de que las personas penalmente irresponsables no han cometido el acto que daña a la comunidad y que les imputa la Fiscalía, salvo que se demuestre lo contrario con arreglo a las normas procesales (en un procedimiento penal en el que esté garantizado el derecho de defensa)? |
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6)

¿Comprende el concepto de presunción de inocencia, de acuerdo con el artículo 3 de la Directiva (UE) 2016/343 también la presunción de que las personas penalmente irresponsables no han cometido el acto que daña a la comunidad y que les imputa la Fiscalía, salvo que se demuestre lo contrario con arreglo a las normas procesales (en un procedimiento penal en el que esté garantizado el derecho de defensa)?

| 7) | Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 13, en relación con el artículo 12 de la Directiva 2013/48/UE y en el artículo 8, apartado 2, en relación con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2012/13/UE, ¿garantizan una vía de recurso efectiva a la persona vulnerable las normas nacionales que atribuyen al tribunal que conoce del asunto distintas facultades para comprobar de oficio la regularidad del procedimiento cautelar, dependiendo de que:






  1) | El tribunal examine un escrito de acusación de la Fiscalía en el que se afirma que determinada persona, mentalmente sana, ha cometido un homicidio (artículo 249 NPK, apartado 1, en relación con el apartado 4); |
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7)

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 13, en relación con el artículo 12 de la Directiva 2013/48/UE y en el artículo 8, apartado 2, en relación con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2012/13/UE, ¿garantizan una vía de recurso efectiva a la persona vulnerable las normas nacionales que atribuyen al tribunal que conoce del asunto distintas facultades para comprobar de oficio la regularidad del procedimiento cautelar, dependiendo de que:

1)

El tribunal examine un escrito de acusación de la Fiscalía en el que se afirma que determinada persona, mentalmente sana, ha cometido un homicidio (artículo 249 NPK, apartado 1, en relación con el apartado 4);

| 2) | Alternativamente, de que el tribunal examine una petición de la Fiscalía en la que se afirma que la persona ha cometido un homicidio, pero que el acto no es punible debido a la enfermedad mental del autor, y mediante la que se solicita que se ordene judicialmente un tratamiento médico obligatorio?
  Asimismo, ¿son las citadas facultades del tribunal, que dependen del tipo de procedimiento, el cual a su vez depende de si la persona calificada como autor está mentalmente sana para ser considerada responsable penalmente, compatibles con el principio de no discriminación establecido en el artículo 21, apartado 1, de la Carta? |
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2)

Alternativamente, de que el tribunal examine una petición de la Fiscalía en la que se afirma que la persona ha cometido un homicidio, pero que el acto no es punible debido a la enfermedad mental del autor, y mediante la que se solicita que se ordene judicialmente un tratamiento médico obligatorio?

Asimismo, ¿son las citadas facultades del tribunal, que dependen del tipo de procedimiento, el cual a su vez depende de si la persona calificada como autor está mentalmente sana para ser considerada responsable penalmente, compatibles con el principio de no discriminación establecido en el artículo 21, apartado 1, de la Carta?

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(1)  Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO 2012, L 142, p. 1).

(2)  Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (DO 2013, L 294, p. 1).

(3)  Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio (DO 2016, L 65, p. 1).

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/22 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/22

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Pesti Központi Kerületi Bíróság (Hungría) el 23 de julio de 2018 — PannonHitel Pénzügyi Zrt. / WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

(Asunto C-476/18)

(2018/C 352/27)

Lengua de procedimiento: húngaro

Órgano jurisdiccional remitente

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Partes en el procedimiento principal

Demandante: PannonHitel Pénzügyi Zrt.

Demandada: WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Deben interpretarse los artículos 5 a 7 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (en lo sucesivo, «Reglamento»), (1) en el sentido de que los pasajeros afectados por una modificación del horario pueden equipararse a los pasajeros de los vuelos cancelados a los efectos de la aplicación del derecho a compensación y de que, por lo tanto, pueden invocar el derecho a compensación previsto en el artículo 7 de dicho Reglamento cuando el transportista aéreo informa a los pasajeros de la modificación del horario la víspera de la fecha de salida prevista en el horario inicial y, como consecuencia de la modificación, los pasajeros soportan una pérdida de tiempo igual o superior a tres horas con respecto a la hora de llegada prevista en el horario inicial, es decir, llegan a su destino final tres o más horas después de lo previsto en el horario facilitado inicialmente por el transportista aéreo? |
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1)

¿Deben interpretarse los artículos 5 a 7 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (en lo sucesivo, «Reglamento»), (1) en el sentido de que los pasajeros afectados por una modificación del horario pueden equipararse a los pasajeros de los vuelos cancelados a los efectos de la aplicación del derecho a compensación y de que, por lo tanto, pueden invocar el derecho a compensación previsto en el artículo 7 de dicho Reglamento cuando el transportista aéreo informa a los pasajeros de la modificación del horario la víspera de la fecha de salida prevista en el horario inicial y, como consecuencia de la modificación, los pasajeros soportan una pérdida de tiempo igual o superior a tres horas con respecto a la hora de llegada prevista en el horario inicial, es decir, llegan a su destino final tres o más horas después de lo previsto en el horario facilitado inicialmente por el transportista aéreo?

| 2) | ¿Deben interpretarse los artículos 5 a 7 del Reglamento en el sentido de que los pasajeros afectados por una modificación del horario pueden equipararse a los pasajeros de vuelos afectados por un retraso a los efectos de la aplicación del derecho a compensación y de que, por lo tanto, pueden invocar el derecho a compensación previsto en el artículo 7 de dicho Reglamento cuando, debido a la modificación del horario, soportan una pérdida de tiempo igual o superior a tres horas, es decir, cuando llegan a su destino final tres o más horas después de lo previsto en el horario facilitado inicialmente por el transportista aéreo? |
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2)

¿Deben interpretarse los artículos 5 a 7 del Reglamento en el sentido de que los pasajeros afectados por una modificación del horario pueden equipararse a los pasajeros de vuelos afectados por un retraso a los efectos de la aplicación del derecho a compensación y de que, por lo tanto, pueden invocar el derecho a compensación previsto en el artículo 7 de dicho Reglamento cuando, debido a la modificación del horario, soportan una pérdida de tiempo igual o superior a tres horas, es decir, cuando llegan a su destino final tres o más horas después de lo previsto en el horario facilitado inicialmente por el transportista aéreo?

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(1)  DO 2004, L 46, p. 1.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/23 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/23

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría) el 24 de julio de 2018 — Google Ireland Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

(Asunto C-482/18)

(2018/C 352/28)

Lengua de procedimiento: húngaro

Órgano jurisdiccional remitente

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Google Ireland Limited

Demandada: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Procede interpretar los artículos 18 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE») y la prohibición de discriminación en el sentido de que se oponen a la normativa tributaria de un Estado miembro cuyo régimen sancionador prevé, para el incumplimiento de la obligación de darse de alta a efectos del impuesto sobre la publicidad, la imposición de una multa por omisión que, en el caso de las sociedades no establecidas en Hungría, puede ser en total hasta 2 000 veces superior que la aplicable a las sociedades establecidas en Hungría? |
| --- | --- |

1)

¿Procede interpretar los artículos 18 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE») y la prohibición de discriminación en el sentido de que se oponen a la normativa tributaria de un Estado miembro cuyo régimen sancionador prevé, para el incumplimiento de la obligación de darse de alta a efectos del impuesto sobre la publicidad, la imposición de una multa por omisión que, en el caso de las sociedades no establecidas en Hungría, puede ser en total hasta 2 000 veces superior que la aplicable a las sociedades establecidas en Hungría?

| 2) | ¿Cabe considerar que la sanción descrita en la cuestión anterior, de cuantía llamativamente alta y carácter punitivo, puede llegar a disuadir a los proveedores de servicios no establecidos en Hungría de prestar servicios en ese país? |
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2)

¿Cabe considerar que la sanción descrita en la cuestión anterior, de cuantía llamativamente alta y carácter punitivo, puede llegar a disuadir a los proveedores de servicios no establecidos en Hungría de prestar servicios en ese país?

| 3) | ¿Procede interpretar el articulo 56 TFUE y la prohibición de discriminación en el sentido de que se oponen a una normativa según la cual, en el caso de las empresas establecidas en Hungría, la obligación de darse de alta se cumple automáticamente, sin solicitud expresa, con la atribución de un número de identificación fiscal húngaro en el curso de su inscripción en el Registro mercantil, con independencia de que la empresa publique o no anuncios, mientras que, en el caso de las empresas no establecidas en Hungría pero que publican anuncios en ese país, esto no sucede automáticamente, sino que han de cumplir expresamente con la obligación de darse de alta y, en caso de que no lo hagan, puede imponérseles una sanción específica? |
| --- | --- |

3)

¿Procede interpretar el articulo 56 TFUE y la prohibición de discriminación en el sentido de que se oponen a una normativa según la cual, en el caso de las empresas establecidas en Hungría, la obligación de darse de alta se cumple automáticamente, sin solicitud expresa, con la atribución de un número de identificación fiscal húngaro en el curso de su inscripción en el Registro mercantil, con independencia de que la empresa publique o no anuncios, mientras que, en el caso de las empresas no establecidas en Hungría pero que publican anuncios en ese país, esto no sucede automáticamente, sino que han de cumplir expresamente con la obligación de darse de alta y, en caso de que no lo hagan, puede imponérseles una sanción específica?

| 4) | En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿procede interpretar el articulo 56 TFUE y la prohibición de discriminación en el sentido de que se oponen a una sanción como la que es objeto del litigio principal, aplicada por incumplimiento de la obligación de darse de alta a efectos del impuesto sobre la publicidad, en la medida en que dicha normativa resulte ser contraria al citado artículo? |
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4)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿procede interpretar el articulo 56 TFUE y la prohibición de discriminación en el sentido de que se oponen a una sanción como la que es objeto del litigio principal, aplicada por incumplimiento de la obligación de darse de alta a efectos del impuesto sobre la publicidad, en la medida en que dicha normativa resulte ser contraria al citado artículo?

| 5) | ¿Procede interpretar el articulo 56 TFUE y la prohibición de discriminación en el sentido de que se oponen a una disposición según la cual, en el caso de las empresas establecidas en el extranjero, la resolución por la que se les impone una multa es definitiva y ejecutiva desde su comunicación y solo puede recurrirse a través de un procedimiento judicial en el cual el órgano jurisdiccional no puede celebrar vista y en el que únicamente se admite prueba documental, mientras que, en el caso de las empresas establecidas en Hungría, cabe interponer recurso administrativo contra las multas que se les impongan y, además, el procedimiento judicial no está limitado en modo alguno? |
| --- | --- |

5)

¿Procede interpretar el articulo 56 TFUE y la prohibición de discriminación en el sentido de que se oponen a una disposición según la cual, en el caso de las empresas establecidas en el extranjero, la resolución por la que se les impone una multa es definitiva y ejecutiva desde su comunicación y solo puede recurrirse a través de un procedimiento judicial en el cual el órgano jurisdiccional no puede celebrar vista y en el que únicamente se admite prueba documental, mientras que, en el caso de las empresas establecidas en Hungría, cabe interponer recurso administrativo contra las multas que se les impongan y, además, el procedimiento judicial no está limitado en modo alguno?

| 6) | ¿Procede interpretar el articulo 56 TFUE, a la luz del derecho a un procedimiento equitativo establecido en el artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales (en lo sucesivo, «Carta»), en el sentido de que no se cumple tal exigencia cuando la multa por omisión se impone a diario triplicando su importe sin que el proveedor de servicios tenga aún conocimiento de la resolución anterior, por lo que es imposible que subsane su omisión antes de que se le imponga la siguiente multa? |
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6)

¿Procede interpretar el articulo 56 TFUE, a la luz del derecho a un procedimiento equitativo establecido en el artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales (en lo sucesivo, «Carta»), en el sentido de que no se cumple tal exigencia cuando la multa por omisión se impone a diario triplicando su importe sin que el proveedor de servicios tenga aún conocimiento de la resolución anterior, por lo que es imposible que subsane su omisión antes de que se le imponga la siguiente multa?

| 7) | ¿Procede interpretar el articulo 56 TFUE, en relación con el derecho a un procedimiento equitativo establecido en el artículo 41, apartado 1, de la Carta, con el derecho a ser oído establecido en el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta y con el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial establecido en el artículo 47 de la Carta, en el sentido de que no se cumplen tales exigencias cuando la resolución no es recurrible en vía administrativa y, en el procedimiento contencioso-administrativo, únicamente se admite prueba documental y el órgano jurisdiccional no puede celebrar vista en el asunto? |
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7)

¿Procede interpretar el articulo 56 TFUE, en relación con el derecho a un procedimiento equitativo establecido en el artículo 41, apartado 1, de la Carta, con el derecho a ser oído establecido en el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta y con el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial establecido en el artículo 47 de la Carta, en el sentido de que no se cumplen tales exigencias cuando la resolución no es recurrible en vía administrativa y, en el procedimiento contencioso-administrativo, únicamente se admite prueba documental y el órgano jurisdiccional no puede celebrar vista en el asunto?

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/24 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/24

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 20 de julio de 2018 — Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF / Institut national de l’audiovisuel

(Asunto C-484/18)

(2018/C 352/29)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF

Recurrida: Institut national de l’audiovisuel

Otras partes: Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA), Syndicat français des artistes-interprètes (CGT)

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los artículos 2, letra b), 3, apartado 2, letra a), y 5 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, (1) en el sentido de que no se oponen a que una norma nacional, como el artículo 49, apartado II, de la loi n.o 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Ley n.o 86-1067, de 30 de septiembre de 1986, reguladora de la libertad de comunicación), modificado por el artículo 44 de la loi n.o 2006-961 du 1er août 2006 (Ley de 1 de agosto de 2006), que establece en favor del Institut national de l’audiovisuel, beneficiario de los derechos de explotación de los entes nacionales de radio y televisión sobre los archivos audiovisuales, un régimen de excepción según el cual las condiciones de explotación de las actuaciones de los artistas intérpretes y las remuneraciones a las que dicha explotación da lugar se rigen por los acuerdos o convenios celebrados entre los propios artistas intérpretes, o sus organizaciones representativas, y el Institut, los cuales deben fijar, en particular, el baremo de las remuneraciones y sus modalidades de abono?

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(1)  DO 2001, L 167, p. 10.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/25 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/25

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 24 de julio de 2018 — Groupe Lactalis / Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Économie et des Finances

(Asunto C-485/18)

(2018/C 352/30)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d’État

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Groupe Lactalis

Demandada: Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Économie et des Finances

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Debe entenderse el artículo 26 del Reglamento n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, (1) que establece, en particular, que la Comisión presentará informes al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia para la leche y la leche utilizada como ingrediente, en el sentido de que ha armonizado expresamente esta cuestión a efectos del artículo 38, apartado 1, de este Reglamento y de que limita la facultad de los Estados miembros para adoptar medidas que exijan realizar menciones obligatorias adicionales con arreglo al artículo 39 del citado Reglamento? |
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1)

¿Debe entenderse el artículo 26 del Reglamento n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, (1) que establece, en particular, que la Comisión presentará informes al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia para la leche y la leche utilizada como ingrediente, en el sentido de que ha armonizado expresamente esta cuestión a efectos del artículo 38, apartado 1, de este Reglamento y de que limita la facultad de los Estados miembros para adoptar medidas que exijan realizar menciones obligatorias adicionales con arreglo al artículo 39 del citado Reglamento?

| 2) | En el caso de que las medidas nacionales estén justificadas por la protección de los consumidores a efectos del artículo 39, apartado 1, ¿deben interpretarse de manera conjunta los dos criterios previstos en el apartado 2 de este artículo, relativos, por un lado, a la demostración de la existencia de una relación entre determinadas cualidades del alimento y su origen o procedencia y, por otro lado, a las pruebas de que la mayoría de los consumidores consideran importante que se les facilite dicha información? En particular, ¿puede basarse la apreciación de dicha relación en elementos meramente subjetivos relativos a la importancia de la asociación que la mayor parte de los consumidores pueden realizar entre las cualidades de un alimento y su origen o procedencia? |
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2)

En el caso de que las medidas nacionales estén justificadas por la protección de los consumidores a efectos del artículo 39, apartado 1, ¿deben interpretarse de manera conjunta los dos criterios previstos en el apartado 2 de este artículo, relativos, por un lado, a la demostración de la existencia de una relación entre determinadas cualidades del alimento y su origen o procedencia y, por otro lado, a las pruebas de que la mayoría de los consumidores consideran importante que se les facilite dicha información? En particular, ¿puede basarse la apreciación de dicha relación en elementos meramente subjetivos relativos a la importancia de la asociación que la mayor parte de los consumidores pueden realizar entre las cualidades de un alimento y su origen o procedencia?

| 3) | En la medida en que las cualidades del alimento parecen poder deducirse de todos los elementos que contribuyen a su calidad, ¿pueden contribuir las consideraciones asociadas a la capacidad de resistencia del alimento al transporte y los riesgos de alteración del alimento durante un trayecto a apreciar la existencia de una relación demostrada entre determinadas cualidades del alimento y su origen o procedencia a efectos de la aplicación del artículo 39, apartado 2? |
| --- | --- |

3)

En la medida en que las cualidades del alimento parecen poder deducirse de todos los elementos que contribuyen a su calidad, ¿pueden contribuir las consideraciones asociadas a la capacidad de resistencia del alimento al transporte y los riesgos de alteración del alimento durante un trayecto a apreciar la existencia de una relación demostrada entre determinadas cualidades del alimento y su origen o procedencia a efectos de la aplicación del artículo 39, apartado 2?

| 4) | ¿Supone considerar la apreciación de los requisitos que establece el artículo 39 que las cualidades de un alimento son únicas por su origen o procedencia o que están garantizadas por ese origen o esa procedencia y, en este último caso, a pesar de la armonización de las normas sanitarias y medioambientales aplicables en el seno de la Unión Europea, puede ser más precisa la mención del origen o de la procedencia que una indicación de tipo «UE» o «fuera de la UE»? |
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4)

¿Supone considerar la apreciación de los requisitos que establece el artículo 39 que las cualidades de un alimento son únicas por su origen o procedencia o que están garantizadas por ese origen o esa procedencia y, en este último caso, a pesar de la armonización de las normas sanitarias y medioambientales aplicables en el seno de la Unión Europea, puede ser más precisa la mención del origen o de la procedencia que una indicación de tipo «UE» o «fuera de la UE»?

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(1)  Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1924/2006 y (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.o 608/2004 de la Comisión (DO 2011, L 304, p. 18).

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/26 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/26

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 23 de julio de 2018 — RE / Praxair MRC

(Asunto C-486/18)

(2018/C 352/31)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: RE

Recurrida: Praxair MRC

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Debe interpretarse la cláusula 2, apartados 4 y 6, del Acuerdo marco sobre el permiso parental que figura en anexo a la Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES, (1) en el sentido de que se opone a que se aplique a un trabajador que en el momento de su despido disfruta de un permiso parental a tiempo parcial una disposición de Derecho interno como el artículo L. 3123-13 del Código laboral, vigente en ese momento, según el cual «la indemnización por despido y la indemnización por jubilación de un trabajador que ha trabajado a tiempo completo y a tiempo parcial en la misma empresa se calcularán en proporción a los períodos trabajados en una u otra modalidad desde su incorporación a la empresa»? |
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1)

¿Debe interpretarse la cláusula 2, apartados 4 y 6, del Acuerdo marco sobre el permiso parental que figura en anexo a la Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES, (1) en el sentido de que se opone a que se aplique a un trabajador que en el momento de su despido disfruta de un permiso parental a tiempo parcial una disposición de Derecho interno como el artículo L. 3123-13 del Código laboral, vigente en ese momento, según el cual «la indemnización por despido y la indemnización por jubilación de un trabajador que ha trabajado a tiempo completo y a tiempo parcial en la misma empresa se calcularán en proporción a los períodos trabajados en una u otra modalidad desde su incorporación a la empresa»?

| 2) | ¿Debe interpretarse la cláusula 2, apartados 4 y 6, del Acuerdo marco sobre el permiso parental que figura en anexo a la Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES, en el sentido de que se opone a que se aplique a un trabajador que en el momento de su despido disfruta de un permiso parental a tiempo parcial una disposición de Derecho interno como el artículo R. 1233-32 del Código laboral según el cual, durante el período del permiso de recolocación que exceda la duración del preaviso, el trabajador tendrá derecho a una retribución mensual a cargo del empleador, cuyo importe será al menos igual al 65 % de su retribución bruta mensual media sujeta a las cotizaciones señaladas en el artículo L. 5422-9 durante los doce meses anteriores a la notificación del despido? |
| --- | --- |

2)

¿Debe interpretarse la cláusula 2, apartados 4 y 6, del Acuerdo marco sobre el permiso parental que figura en anexo a la Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES, en el sentido de que se opone a que se aplique a un trabajador que en el momento de su despido disfruta de un permiso parental a tiempo parcial una disposición de Derecho interno como el artículo R. 1233-32 del Código laboral según el cual, durante el período del permiso de recolocación que exceda la duración del preaviso, el trabajador tendrá derecho a una retribución mensual a cargo del empleador, cuyo importe será al menos igual al 65 % de su retribución bruta mensual media sujeta a las cotizaciones señaladas en el artículo L. 5422-9 durante los doce meses anteriores a la notificación del despido?

| 3) | En caso de respuesta afirmativa a alguna de las dos cuestiones prejudiciales anteriores, ¿debe interpretarse el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el sentido de que se opone a disposiciones del Derecho interno como los artículos L. 3123-13 del Código laboral, vigente en ese momento, y R. 1233-32 de dicho Código, en la medida en que un número significativamente mayor de mujeres que de hombres elige acogerse a un permiso parental a tiempo parcial y la consiguiente discriminación indirecta que resulta en una indemnización por despido y una prestación del permiso de recolocación cuyos importes son menores que las de los trabajadores que no se han acogido a un permiso parental a tiempo parcial no está justificada en virtud de elementos objetivos, ajenos a toda discriminación? |
| --- | --- |

3)

En caso de respuesta afirmativa a alguna de las dos cuestiones prejudiciales anteriores, ¿debe interpretarse el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el sentido de que se opone a disposiciones del Derecho interno como los artículos L. 3123-13 del Código laboral, vigente en ese momento, y R. 1233-32 de dicho Código, en la medida en que un número significativamente mayor de mujeres que de hombres elige acogerse a un permiso parental a tiempo parcial y la consiguiente discriminación indirecta que resulta en una indemnización por despido y una prestación del permiso de recolocación cuyos importes son menores que las de los trabajadores que no se han acogido a un permiso parental a tiempo parcial no está justificada en virtud de elementos objetivos, ajenos a toda discriminación?

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(1)  DO 1996, L 145, p. 4.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/26 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/26

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší súd Slovenskej republiky (República Eslovaca) el 30 de julio de 2018 — YX

(Asunto C-495/18)

(2018/C 352/32)

Lengua de procedimiento: eslovaco

Órgano jurisdiccional remitente

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: YX

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Decisión Marco (1) en el sentido de que los criterios establecidos en él se cumplen únicamente en el caso de que el condenado tenga en el Estado miembro cuya nacionalidad posee vínculos familiares, sociales, laborales o de otro tipo, en virtud de los cuales quepa presumir fundadamente que la ejecución de la pena en dicho Estado puede facilitar su reinserción social y, por tanto, dicha disposición se opone a una disposición de Derecho nacional como el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Ley n.o 549/2011, que permite en tales casos reconocer y ejecutar una sentencia basándose solo en la residencia habitual formalmente registrada en el Estado de ejecución, sin considerar si el condenado tiene en dicho Estado vínculos concretos que puedan reforzar sus posibilidades de reinserción social? |
| --- | --- |

1)

¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Decisión Marco (1) en el sentido de que los criterios establecidos en él se cumplen únicamente en el caso de que el condenado tenga en el Estado miembro cuya nacionalidad posee vínculos familiares, sociales, laborales o de otro tipo, en virtud de los cuales quepa presumir fundadamente que la ejecución de la pena en dicho Estado puede facilitar su reinserción social y, por tanto, dicha disposición se opone a una disposición de Derecho nacional como el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Ley n.o 549/2011, que permite en tales casos reconocer y ejecutar una sentencia basándose solo en la residencia habitual formalmente registrada en el Estado de ejecución, sin considerar si el condenado tiene en dicho Estado vínculos concretos que puedan reforzar sus posibilidades de reinserción social?

| 2) | En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿debe interpretarse el artículo 4, apartado 2, de la Decisión Marco en el sentido de que, también en el supuesto contemplado en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Decisión Marco, la autoridad competente del Estado de emisión está obligada a comprobar, antes de la transmisión de la sentencia y del certificado, que la ejecución de la condena por el Estado de ejecución contribuirá a alcanzar el objetivo de facilitar la reinserción social del condenado, y en tal contexto está obligada además a indicar en el número 4 de la letra d) del certificado la información obtenida al respecto, en particular si el condenado, en su opinión expresada de conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Decisión Marco, afirma tener vínculos familiares, sociales o laborales concretos en el Estado de emisión? |
| --- | --- |

2)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿debe interpretarse el artículo 4, apartado 2, de la Decisión Marco en el sentido de que, también en el supuesto contemplado en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Decisión Marco, la autoridad competente del Estado de emisión está obligada a comprobar, antes de la transmisión de la sentencia y del certificado, que la ejecución de la condena por el Estado de ejecución contribuirá a alcanzar el objetivo de facilitar la reinserción social del condenado, y en tal contexto está obligada además a indicar en el número 4 de la letra d) del certificado la información obtenida al respecto, en particular si el condenado, en su opinión expresada de conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Decisión Marco, afirma tener vínculos familiares, sociales o laborales concretos en el Estado de emisión?

| 3) | En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 9, apartado 1, letra b), de la Decisión Marco en el sentido de que concurre un motivo para denegar el reconocimiento y ejecución de una sentencia cuando, en el supuesto previsto en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Decisión Marco y a pesar de la consulta contemplada en el apartado 3 de dicho artículo y de la eventual aportación de otras informaciones necesarias, no queda demostrada la existencia de vínculos familiares, sociales, laborales o de otro tipo que permitan presumir fundadamente que la ejecución de la pena en el Estado de ejecución puede facilitar la reinserción social del condenado? |
| --- | --- |

3)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 9, apartado 1, letra b), de la Decisión Marco en el sentido de que concurre un motivo para denegar el reconocimiento y ejecución de una sentencia cuando, en el supuesto previsto en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Decisión Marco y a pesar de la consulta contemplada en el apartado 3 de dicho artículo y de la eventual aportación de otras informaciones necesarias, no queda demostrada la existencia de vínculos familiares, sociales, laborales o de otro tipo que permitan presumir fundadamente que la ejecución de la pena en el Estado de ejecución puede facilitar la reinserción social del condenado?

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(1)  Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea (DO 2008, L 327, p. 27).

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Tribunal General

| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/28 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/28

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Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — K. Chrysostomides & Co. y otros/Consejo y otros

(Asunto T-680/13) (1)

((«Responsabilidad extracontractual - Política económica y monetaria - Programa de apoyo a la estabilidad de Chipre - Decisión del Consejo de Gobierno del BCE relativa a la provisión de liquidez de urgencia a solicitud del Banco Central de Chipre - Declaraciones del Eurogrupo de 25 de marzo, de 12 de abril, de 13 de mayo y de 13 de septiembre de 2013 sobre Chipre - Decisión 2013/236/UE - Memorándum de Entendimiento de 26 de abril de 2013 sobre Condiciones Específicas de Política Económica, celebrado entre Chipre y el Mecanismo Europeo de Estabilidad - Competencia del Tribunal General - Admisibilidad - Requisitos de forma - Agotamiento de los recursos en Derecho interno - Violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares - Derecho de propiedad - Confianza legítima - Igualdad de trato»))

(2018/C 352/33)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC (Nicosia, Chipre) y las otras 50 partes demandantes cuyos nombres figuran en el anexo de la sentencia (representante: P. Tridimas, Barrister)

Demandadas: Consejo de la Unión Europea (representantes: A. de Gregorio Merino, E. Dumitriu-Segnana, E. Chatziioakeimidou y E. Moro, agentes), Comisión Europea (representantes: inicialmente B. Smulders, J.-P. Keppenne y M. Konstantinidis, posteriormente J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis y L. Flynn, agentes), Banco Central Europeo (representantes: inicialmente N. Lenihan y F. Athanasiou, posteriormente P. Papapaschalis y P. Senkovic y finalmente M. Szablewska y K. Laurinavičius, agentes, asistidos por H.-G. Kamann, abogado), Eurogrupo, representado por el Consejo de la Unión Europea (representantes: A. de Gregorio Merino, E. Dumitriu-Segnana, E. Chatziioakeimidou y E. Moro, agentes), Unión Europea, representada por la Comisión Europea (representantes: inicialmente B. Smulders, J.-P. Keppenne y M. Konstantinidis, posteriormente J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis y L. Flynn, agentes)

Objeto

Recurso basado en el artículo 268 TFUE por el que se solicita la indemnización del perjuicio supuestamente sufrido por los demandantes a resultas de la decisión del Consejo de Gobierno del BCE de 21 de marzo de 2013 relativa a la provisión de liquidez de urgencia a solicitud del Banco Central de Chipre, de las Declaraciones del Eurogrupo de 25 de marzo, de 12 de abril, de 13 de mayo y de 13 de septiembre de 2013 sobre Chipre, de la Decisión 2013/236/UE del Consejo, de 25 de abril de 2013, dirigida a Chipre y relativa a medidas específicas destinadas a restablecer la estabilidad financiera y un crecimiento sostenible (DO 2013, L 141, p. 32), del Memorándum de Entendimiento de 26 de abril de 2013 sobre Condiciones Específicas de Política Económica celebrado entre la República de Chipre y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), así como de otros actos y comportamientos de la Comisión, del Consejo, del BCE y del Eurogrupo relacionados con la concesión de un instrumento de asistencia financiera en favor de la República de Chipre.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Condenar a Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC y a las demás partes demandantes cuyos nombres figuran en anexo a cargar, además de con sus propias costas, con las del Consejo de la Unión Europea, de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE). |
| --- | --- |

2)

Condenar a Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC y a las demás partes demandantes cuyos nombres figuran en anexo a cargar, además de con sus propias costas, con las del Consejo de la Unión Europea, de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE).

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(1)  DO C 194 de 24.6.2014.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/29 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/29

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Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — Bourdouvali y otros/Consejo y otros

(Asunto T-786/14) (1)

((«Responsabilidad extracontractual - Política económica y monetaria - Programa de apoyo a la estabilidad de Chipre - Decisión del Consejo de Gobierno del BCE relativa a la provisión de liquidez de urgencia a solicitud del Banco Central de Chipre - Declaraciones del Eurogrupo de 25 de marzo, de 12 de abril, de 13 de mayo y de 13 de septiembre de 2013 sobre Chipre - Decisión 2013/236/UE - Memorándum de Entendimiento de 26 de abril de 2013 sobre Condiciones Específicas de Política Económica, celebrado entre Chipre y el Mecanismo Europeo de Estabilidad - Competencia del Tribunal General - Admisibilidad - Requisitos de forma - Agotamiento de los recursos en Derecho interno - Violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares - Derecho de propiedad - Confianza legítima - Igualdad de trato»))

(2018/C 352/34)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: Eleni Pavlikka Bourdouvali (Meneou, Chipre) y los otros 51 demandantes cuyos nombres figuran en anexo a la sentencia (representante: P. Tridimas, Barrister)

Demandadas: Consejo de la Unión Europea (representantes: A. de Gregorio Merino, E. Moro y E. Chatziioakeimidou, agentes), Comisión Europea (representantes: J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis y L. Flynn, agentes), Banco Central Europeo (representantes: K. Laurinavičius y M. Szablewska, agentes, asistidos por H.-G. Kamann, abogado), Eurogrupo, representado por el Consejo de la Unión Europea (representantes: A. de Gregorio Merino, E. Moro y E. Chatziioakeimidou, agentes) y Unión Europea, representada por la Comisión Europea (representantes: J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis y L. Flynn, agentes)

Objeto

Recurso basado en el artículo 268 TFUE por el que se solicita la indemnización del perjuicio supuestamente sufrido por los demandantes a resultas de la decisión del Consejo de Gobierno del BCE de 21 de marzo de 2013 relativa a la provisión de liquidez de urgencia a solicitud del Banco Central de Chipre, de las Declaraciones del Eurogrupo de 25 de marzo, 12 de abril, 13 de mayo y 13 de septiembre de 2013 sobre Chipre, de la Decisión 2013/236/UE del Consejo, de 25 de abril de 2013, dirigida a Chipre y relativa a medidas específicas destinadas a restablecer la estabilidad financiera y un crecimiento sostenible (DO 2013, L 141, p. 32), del Memorándum de Entendimiento de 26 de abril de 2013 sobre Condiciones Específicas de Política Económica celebrado entre la República de Chipre y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MES) así como de otros actos y comportamientos de la Comisión, del Consejo, del BCE y del Eurogrupo relacionados con la concesión de un instrumento de asistencia financiera en favor de la República de Chipre.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Condenar a la Sra. Eleni Pavlikka Bourdouvali y a las otras partes demandantes cuyo nombre figura en anexo a cargar, además de con sus propias costas, con las del Consejo de la Unión Europea, de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE). |
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2)

Condenar a la Sra. Eleni Pavlikka Bourdouvali y a las otras partes demandantes cuyo nombre figura en anexo a cargar, además de con sus propias costas, con las del Consejo de la Unión Europea, de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE).

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(1)  DO C 73 de 2.3.2015.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/30 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/30

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Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — Banque postale/BCE

(Asunto T-733/16) (1)

([«Política económica y monetaria - Supervisión prudencial de las entidades de crédito - Artículo 4, apartado 1, letra d), y apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 - Cálculo del ratio de apalancamiento - Negativa del BCE a autorizar a la demandante a que excluya del cálculo del ratio de apalancamiento las exposiciones que cumplan determinados requisitos - Artículo 429, apartado 14, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 - Facultad discrecional del BCE - Errores de Derecho - Error manifiesto de apreciación»])

(2018/C 352/35)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: La Banque postale (París, Francia) (representantes: E. Guillaume y L. Coudray, abogados)

Demandada: Banco Central Europeo (representantes: K. Lackhoff, R. Bax y G. Bassani, agentes, asistidos por H.-G. Kamann y F. Louis, abogados)

Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: República de Finlandia (representante: S. Hartikainen, agente)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la decisión ECB/SSM/2016-96950066U5XAAIRCPA 78/16 del BCE, de 24 de agosto de 2016, adoptada con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra d), y al artículo 10 del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63), y al artículo 429, apartado 14, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1, corrección de errores en DO 2013, L 208, p. 68, DO 2013, L 321, p. 6 y DO 2017, L 20, p. 2).

Fallo

| 1) | Anular la decisión ECB/SSM/2016-96950066U5XAAIRCPA 78/16 del Banco Central Europeo (BCE), de 24 de agosto de 2016. |
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1)

Anular la decisión ECB/SSM/2016-96950066U5XAAIRCPA 78/16 del Banco Central Europeo (BCE), de 24 de agosto de 2016.

| 2) | Condenar en costas al BCE. |
| --- | --- |

2)

Condenar en costas al BCE.

| 3) | La República de Finlandia cargará con sus propias costas. |
| --- | --- |

3)

La República de Finlandia cargará con sus propias costas.

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(1)  DO C 454 de 5.12.2016.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/31 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/31

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Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — Confédération nationale du Crédit mutuel/BCE

(Asunto T-751/16) (1)

([«Política económica y monetaria - Supervisión prudencial de las entidades de crédito - Artículo 4, apartado 1, letra d), y apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 - Cálculo del ratio de apalancamiento - Negativa del BCE a autorizar a la demandante a que excluya del cálculo del ratio de apalancamiento las exposiciones que cumplan determinados requisitos - Artículo 429, apartado 14, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 - Facultad discrecional del BCE - Errores de Derecho - Error manifiesto de apreciación»])

(2018/C 352/36)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Confédération nationale du Crédit mutuel (París, Francia) (representantes: M. Grégoire y C. De Jonghe, abogados)

Demandada: Banco Central Europeo (representantes: K. Lackhoff, R. Bax y G. Bassani, agentes, asistidos por H.-G. Kamann y F. Louis, abogados)

Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: República de Finlandia (representante: S. Hartikainen, agente)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la decisión ECB/SSM/2016-9695000CG7B84NLR5984/92 del BCE, de 24 de agosto de 2016, adoptada con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra d), y al artículo 10 del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63), y al artículo 429, apartado 14, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1, corrección de errores en DO 2013, L 208, p. 68; DO 2013, L 321, p. 6, y DO 2017, L 20, p. 2).

Fallo

| 1) | Anular la decisión ECB/SSM/2016-9695000CG7B84NLR5984/92 del Banco Central Europeo (BCE), de 24 de agosto de 2016. |
| --- | --- |

1)

Anular la decisión ECB/SSM/2016-9695000CG7B84NLR5984/92 del Banco Central Europeo (BCE), de 24 de agosto de 2016.

| 2) | Condenar en costas al BCE. |
| --- | --- |

2)

Condenar en costas al BCE.

| 3) | La República de Finlandia cargará con sus propias costas. |
| --- | --- |

3)

La República de Finlandia cargará con sus propias costas.

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(1)  DO C 6 de 9.1.2017.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/32 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/32

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Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — BNP Paribas/BCE

(Asunto T-768/16) (1)

([«Política económica y monetaria - Supervisión prudencial de las entidades de crédito - Artículo 4, apartado 1, letra d), y apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 - Cálculo del ratio de apalancamiento - Negativa del BCE a autorizar a la demandante a que excluya del cálculo del ratio de apalancamiento las exposiciones que cumplan determinados requisitos - Artículo 429, apartado 14, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 - Facultad discrecional del BCE - Errores de Derecho - Error manifiesto de apreciación»])

(2018/C 352/37)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: BNP Paribas (París, Francia) (representantes: A. Champsaur y A. Delors, abogados)

Demandada: Banco Central Europeo (representantes: K. Lackhoff, R. Bax, G. Bassani, y C. Olivier, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: República de Finlandia (representante: S. Hartikainen, agente)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la decisión ECB/SSM/2016-R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/136 del BCE, de 24 de agosto de 2016, adoptada con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra d), y al artículo 10 del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63), y al artículo 429, apartado 14, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1, corrección de errores en DO 2013, L 208, p. 68; DO 2013, L 321, p. 6, y DO 2017, L 20, p. 2).

Fallo

| 1) | Anular la decisión ECB/SSM/2016-R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/136 del Banco Central Europeo (BCE), de 24 de agosto de 2016. |
| --- | --- |

1)

Anular la decisión ECB/SSM/2016-R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/136 del Banco Central Europeo (BCE), de 24 de agosto de 2016.

| 2) | Condenar en costas al BCE. |
| --- | --- |

2)

Condenar en costas al BCE.

| 3) | La República de Finlandia cargará con sus propias costas. |
| --- | --- |

3)

La República de Finlandia cargará con sus propias costas.

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(1)  DO C 6 de 9.1.2017.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/32 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/32

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Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — Chipre/EUIPO — Papouis Dairies (Pallas Halloumi)

(Asunto T-825/16) (1)

([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca figurativa de la Unión Europea Pallas Halloumi - Marca de certificación del Reino Unido denominativa anterior HALLOUMI - Motivo de denegación relativo - Inexistencia de riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 352/38)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: República de Chipre (representantes: S. Malynicz, QC, y V. Marsland, Solicitor)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: D. Gája, agente)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, coadyuvante ante el Tribunal General: Papouis Dairies Ltd (Nicosia, Chipre) (représentante: N. Korogiannakis, abogado)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 22 de septiembre de 2016 (asunto R 2065/2014-4), relativa a un procedimiento de oposición entre la República de Chipre y Papouis Dairies.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Condenar en costas a la República de Chipre. |
| --- | --- |

2)

Condenar en costas a la República de Chipre.

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(1)  DO C 22 de 23.1.2017.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/33 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/33

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Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — Chipre/EUIPO — POA (COWBOYS HALLOUMI)

(Asunto T-847/16) (1)

([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca figurativa de la Unión COWBOYS HALLOUMI - Marca de certificación del Reino Unido denominativa anterior HALLOUMI - Motivo de denegación relativo - Inexistencia de riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 352/39)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: República de Chipre (representantes: S. Malynicz, QC, y V. Marsland, Solicitor)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: D. Gája, agente)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante ante el Tribunal General: Pagkypriosorganismos ageladotrofon (POA) (Latsia, Chipre) (representante: N. Korogiannakis, abogado)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 22 de septiembre de 2016 (asunto R 2781/2014-4), relativa a un procedimiento de oposición entre la República de Chipre y el POA.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Condenar en costas a la República de Chipre. |
| --- | --- |

2)

Condenar en costas a la República de Chipre.

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(1)  DO C 22 de 23.1.2017.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/34 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/34

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Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018 — Star Television Productions/EUIPO — Marc Dorcel (STAR)

(Asunto T-797/17) (1)

([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de caducidad - Marca figurativa de la Unión STAR - Falta de uso efectivo de la marca - Artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 352/40)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Star Television Productions Ltd (Tortola, Islas Vírgenes Británicas, Reino Unido) (representante: D. Farnsworth, Solicitor)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: V. Ruzek, agente)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante ante el Tribunal General: Marc Dorcel SA (París, Francia) (representante: B. Soyer, abogado)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 14 de septiembre de 2017 (asunto R 1519/2016-2), relativa a un procedimiento de caducidad entre Star Television Productions y Marc Dorcel.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Condenar en costas a Star Television Productions Ltd. |
| --- | --- |

2)

Condenar en costas a Star Television Productions Ltd.

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(1)  DO C 42 de 5.2.2018.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/34 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/34

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Recurso interpuesto el 27 de junio de 2018 — WV/SEAE

(Asunto T-388/18)

(2018/C 352/41)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: WV (representante: É. Boigelot, abogado)

Demandada: Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Declare su recurso admisible y fundado.
  y, en consecuencia:






  — | Con carácter previo y con arreglo al artículo 89, apartado 3, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, que establece «Diligencias de ordenación del procedimiento», requiera a la demandada que presente cualquier documento relacionado con el presente asunto —en particular, el mandato y las conclusiones de la investigación interna de seguridad llevada a cabo por la AFPN; todos los documentos y decisiones internos del [SEAE] elaborados en relación con las acusaciones relativas a la supuesta extracción de documentos y la posible transmisión de información por parte de la demandante a cualquier Estado tercero (Israel/Turquía), las fechas precisas, las información supuestamente compartida y las pruebas concretas, así como la información transmitida al servicio de seguridad y la respuesta de este; los documentos o decisiones internos supuestamente elaborados o adoptados en relación con el incidente de 27 de julio de 2016 y, en concreto, una nota del Secretario General del SEAE sobre la exclusión de la demandante de la división Turquía; el correo electrónico de la Sra. [X] enviado en septiembre de 2015 al Sr. [Y] en el que aparentemente se hacía referencia a «problemas serios esencialmente vinculados a su comportamiento»; la información relativa a la naturaleza de los distintos traslados de los que fue objeto con el fin de clarificar si tales traslados se efectuaron con su puesto o con otro puesto; los términos de referencia de los expertos nacionales puestos a disposición de la división Turquía del [SEAE] que reflejaban el acuerdo celebrado con los diferentes Estados miembros en junio de 2015 a efectos de establecer dicha división; las actas de la reunión de 18 de mayo de 2017 entre la demandante, un representante del comité del personal y la AFPN; los intercambios de correos electrónicos realizados el 10 de julio de 2017 entre el Sr. [Z] y el jefe de la delegación de la UE en Turquía—. |
| --- | --- | --- |

—

Declare su recurso admisible y fundado.

y, en consecuencia:

—

Con carácter previo y con arreglo al artículo 89, apartado 3, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, que establece «Diligencias de ordenación del procedimiento», requiera a la demandada que presente cualquier documento relacionado con el presente asunto —en particular, el mandato y las conclusiones de la investigación interna de seguridad llevada a cabo por la AFPN; todos los documentos y decisiones internos del [SEAE] elaborados en relación con las acusaciones relativas a la supuesta extracción de documentos y la posible transmisión de información por parte de la demandante a cualquier Estado tercero (Israel/Turquía), las fechas precisas, las información supuestamente compartida y las pruebas concretas, así como la información transmitida al servicio de seguridad y la respuesta de este; los documentos o decisiones internos supuestamente elaborados o adoptados en relación con el incidente de 27 de julio de 2016 y, en concreto, una nota del Secretario General del SEAE sobre la exclusión de la demandante de la división Turquía; el correo electrónico de la Sra. [X] enviado en septiembre de 2015 al Sr. [Y] en el que aparentemente se hacía referencia a «problemas serios esencialmente vinculados a su comportamiento»; la información relativa a la naturaleza de los distintos traslados de los que fue objeto con el fin de clarificar si tales traslados se efectuaron con su puesto o con otro puesto; los términos de referencia de los expertos nacionales puestos a disposición de la división Turquía del [SEAE] que reflejaban el acuerdo celebrado con los diferentes Estados miembros en junio de 2015 a efectos de establecer dicha división; las actas de la reunión de 18 de mayo de 2017 entre la demandante, un representante del comité del personal y la AFPN; los intercambios de correos electrónicos realizados el 10 de julio de 2017 entre el Sr. [Z] y el jefe de la delegación de la UE en Turquía—.

| — | Anule la decisión de desestimación tácita de la solicitud de asistencia basada en el artículo 24 del Estatuto, que se produjo el 4 de septiembre de 2017. |
| --- | --- |

—

Anule la decisión de desestimación tácita de la solicitud de asistencia basada en el artículo 24 del Estatuto, que se produjo el 4 de septiembre de 2017.

| — | Anule la decisión Ares(2018)1705593, de 28 de marzo de 2018, notificada el mismo día, mediante la cual la AFPN desestimó la reclamación de la demandante, que esta había presentado el 29 de noviembre de 2017, bajo el número de referencia R/510/17, contra la desestimación tácita de la solicitud de asistencia basada en el artículo 24 del Estatuto. |
| --- | --- |

—

Anule la decisión Ares(2018)1705593, de 28 de marzo de 2018, notificada el mismo día, mediante la cual la AFPN desestimó la reclamación de la demandante, que esta había presentado el 29 de noviembre de 2017, bajo el número de referencia R/510/17, contra la desestimación tácita de la solicitud de asistencia basada en el artículo 24 del Estatuto.

| — | Condene a la demandada a cargar con la totalidad de las costas, de conformidad con el artículo 134 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de la Unión Europea. |
| --- | --- |

—

Condene a la demandada a cargar con la totalidad de las costas, de conformidad con el artículo 134 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de la Unión Europea.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca un único motivo, basado en la violación del deber de asistencia y protección; en la infracción de los artículos 1 sexies, apartados 2, 12, 12 bis y 22 ter, 24, 25 y 26 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»); en la vulneración del principio de buena administración, y en la infracción de los artículos 1 y 2 del anexo IX del [Estatuto] y del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO 2001, L 8, p. 1).

La parte demandante invoca igualmente, dentro del motivo, la infracción, en especial, de los artículos 41, 47 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; la violación del derecho de defensa; el abuso de derecho; la utilización de procedimiento inadecuado, y la vulneración manifiesta del principio de confianza legítima y de la igualdad de armas.

La parte demandante invoca finalmente, dentro de dicho motivo, la vulneración del principio que impone a la administración adoptar una decisión únicamente sobre la base de motivos admisibles legalmente, es decir, pertinentes y no viciados por errores manifiestos de apreciación, de hecho o de Derecho; la vulneración de los principios de proporcionalidad, de contradicción, de buena administración y de seguridad jurídica, y la infracción del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43).

Se aduce que, al adoptar la decisión impugnada en las condiciones expuestas y denegar a continuación la reclamación de la parte demandante, la AFPN manifiestamente no aplicó ni interpretó correctamente las disposiciones estatutarias ni los principios anteriormente mencionados, basó su decisión en motivaciones inexactas tanto de hecho como de Derecho y puso, por consiguiente, a la parte demandante en una situación administrativa ilegal, desprovista de cualquier adecuación entre los hechos probados y la desestimación de la solicitud de asistencia.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/36 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/36

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Recurso interpuesto el 27 de junio de 2018 — Riesco García/Parlamento

(Asunto T-391/18)

(2018/C 352/42)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Juan Carlos Riesco García (Rota, España) (representante: M. Tey Ariza, abogado)

Demandada: Parlamento Europeo

Pretensiones

El demandante solicita al Tribunal General que:

| — | por medio del presente escrito y en virtud de las competencias del Tribunal General de la Unión Europea, vengo a formular Recurso de Omisión a la respuesta recibida por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de fecha 31 de mayo de 2017 a mi petición no 0741/2015 sobre la presunta discriminación existente entre los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos respecto a la diferencia de trato respecto a las condiciones de jubilación de funcionarios de cuerpos de la Administración General del Estado Español. |
| --- | --- |

—

por medio del presente escrito y en virtud de las competencias del Tribunal General de la Unión Europea, vengo a formular Recurso de Omisión a la respuesta recibida por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de fecha 31 de mayo de 2017 a mi petición no 0741/2015 sobre la presunta discriminación existente entre los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos respecto a la diferencia de trato respecto a las condiciones de jubilación de funcionarios de cuerpos de la Administración General del Estado Español.

| — | en función de la normativa referida (Directiva 1999/70 del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada), se admita el presente escrito, se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión planteada y, en base al mismo, se inste al Estado Español a declarar y hacer efectivo de forma inmediata el derecho de todos los funcionarios de cuerpos de la Administración General del Estado a tener las mismas o similares condiciones en el acceso a la jubilación anticipada. |
| --- | --- |

—

en función de la normativa referida (Directiva 1999/70 del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada), se admita el presente escrito, se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión planteada y, en base al mismo, se inste al Estado Español a declarar y hacer efectivo de forma inmediata el derecho de todos los funcionarios de cuerpos de la Administración General del Estado a tener las mismas o similares condiciones en el acceso a la jubilación anticipada.

Motivos y principales alegaciones

El demandante señala que, con arreglo a la legislación española objeto de la petición de autos, a unos trabajadores fijos (de carrera) pertenecientes al régimen de Seguridad Social, de cara a la jubilación voluntaria, se les permite el cambio de régimen de seguridad social, porque son trabajadores; mientras que a los trabajadores interinos, esto mismo no les está permitido, porque no son trabajadores fijos.

Para el demandante resulta decepcionante e incomprensible la infundada respuesta recibida por parte de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a la petición (0741/2015); institución que habiéndola admitido a trámite y considerado el 3 de agosto de 2016 que era necesario adaptar la legislación española a la Directiva 1999/70 respecto a lo solicitado (igualdad de condiciones de jubilación), e incluso contemplando la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción, posteriormente se desdice, argumentando que hay «cuestiones fácticas» sin resolver.

Más incomprensible aún es que, si se tienes dudas sobre la cuestión, no se plantee a la institución con competencias para decidir si es necesario en este caso adaptar la legislación nacional a la Directiva 1999/70, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, proponiendo en cambio resolver dicha cuestión ante los tribunales de justicia nacionales, que son menos o nada competentes para decidir sobre la necesidad de adaptación de la legislación nacional a la europea.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/36 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/36

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Recurso interpuesto el 29 de junio de 2018 — ITSA/Comisión

(Asunto T-396/18)

(2018/C 352/43)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) (Sunbury-on-Thames, Reino Unido) (representante: F. Scanvic, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Anule el Reglamento Delegado (UE) 2018/573 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2017, sobre los elementos clave de los contratos de almacenamiento de datos que deben celebrarse como parte de un sistema de trazabilidad de los productos del tabaco, el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/574 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2017, relativo a las normas técnicas para el establecimiento y el funcionamiento de un sistema de trazabilidad para los productos del tabaco, y la Decisión de Ejecución (UE) 2018/576 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2017, sobre las normas técnicas de las medidas de seguridad que se aplican a los productos del tabaco. |
| --- | --- |

—

Anule el Reglamento Delegado (UE) 2018/573 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2017, sobre los elementos clave de los contratos de almacenamiento de datos que deben celebrarse como parte de un sistema de trazabilidad de los productos del tabaco, el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/574 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2017, relativo a las normas técnicas para el establecimiento y el funcionamiento de un sistema de trazabilidad para los productos del tabaco, y la Decisión de Ejecución (UE) 2018/576 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2017, sobre las normas técnicas de las medidas de seguridad que se aplican a los productos del tabaco.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 8 del Protocolo OMS para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, hecho en Seúl el 12 de noviembre de 2012, que prohíbe que el marcado de los productos del tabaco se encomiende a la industria tabacalera. A este respecto, la demandante considera que, aunque dicho Protocolo no haya entrado todavía en vigor, ha sido celebrado y firmado por la Unión Europea, lo que le prohíbe adoptar actos contrarios a él.

Por otra parte, la demandante señala que la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE (DO 2014, L 127, p. 1), en virtud de la cual se adoptó el Reglamento impugnado en el presente asunto, puede y debe interpretarse en el sentido de que es conforme con el Protocolo antes citado, a pesar del hecho de que esta Directiva no prohíba expresamente que las operaciones de que se trata se encomienden a la industria tabacalera.

Por último, en el supuesto de que esta interpretación no fuera posible, sería entonces la propia Directiva la que sería contraria al Protocolo y, por tanto, a los Tratados europeos.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/37 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/37

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Recurso interpuesto el 13 de julio de 2018 — Prigent/Comisión

(Asunto T-436/18)

(2018/C 352/44)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Claude Prigent (Caudan, Francia) (representante: A. Bove, abogada)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Admita el presente recurso de anulación. |
| --- | --- |

—

Admita el presente recurso de anulación.

| — | Estime el recurso en cuanto al fondo, por estar fundados sus motivos. |
| --- | --- |

—

Estime el recurso en cuanto al fondo, por estar fundados sus motivos.

| — | Por ello, anule la Decisión de la Comisión Europea de 23 de mayo de 2018, sobre la base del principio de solidaridad nacional definido por el TJUE (principio general del Derecho) y/o del artículo 9 de Tratado de la Unión Europea, |
| --- | --- |

—

Por ello, anule la Decisión de la Comisión Europea de 23 de mayo de 2018, sobre la base del principio de solidaridad nacional definido por el TJUE (principio general del Derecho) y/o del artículo 9 de Tratado de la Unión Europea,

| — | y devuelva el expediente a la autoridad competente. |
| --- | --- |

—

y devuelva el expediente a la autoridad competente.

| — | Ordene lo que proceda conforme a Derecho en esta materia. |
| --- | --- |

—

Ordene lo que proceda conforme a Derecho en esta materia.

| — | Condene en costas a la demandada. |
| --- | --- |

—

Condene en costas a la demandada.

| — | Reserve al demandante cuantos derechos y acciones le puedan corresponder. |
| --- | --- |

—

Reserve al demandante cuantos derechos y acciones le puedan corresponder.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

| 1. | Primer motivo basado en la violación del principio de solidaridad nacional definido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que constituye un principio general del Derecho. A este respecto el demandante señala que el TJUE considera que un régimen dirigido a una categoría concreta de la población o de trabajadores no es un régimen legal sino un régimen profesional. El demandante alega que, en el presente asunto, a la vista de la discriminación existente, en su opinión, entre los trabajadores por cuenta propia obligados a afiliarse al régime social des travailleurs indépendants [régimen de seguridad social de los trabajadores por cuenta propia] (en lo sucesivo, «RSI»), incluso en caso de volumen de negocios inexistente o que arroje pérdidas, y otros como los autoempresarios, los asalariados o incluso los funcionarios, claramente no se trata de un régimen legal.
  Además, el demandante considera que el principio de solidaridad, en el que, según el Estado francés, se basa el RSI como régimen legal de seguridad social, no se respeta en el presente caso por el RSI, en la medida en que este recibe cotizaciones mínimas y a tanto alzado, incluso en supuestos de escasos ingresos. Por otra parte, puede verse totalmente privado de prestación dineraria de enfermedad o jubilación en caso de insuficiencia de cotizaciones o de simple retraso, lo que no ocurre en el caso de otros trabajadores franceses afiliados a otro régimen de seguridad social. |
| --- | --- |

1.

Primer motivo basado en la violación del principio de solidaridad nacional definido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que constituye un principio general del Derecho. A este respecto el demandante señala que el TJUE considera que un régimen dirigido a una categoría concreta de la población o de trabajadores no es un régimen legal sino un régimen profesional. El demandante alega que, en el presente asunto, a la vista de la discriminación existente, en su opinión, entre los trabajadores por cuenta propia obligados a afiliarse al régime social des travailleurs indépendants [régimen de seguridad social de los trabajadores por cuenta propia] (en lo sucesivo, «RSI»), incluso en caso de volumen de negocios inexistente o que arroje pérdidas, y otros como los autoempresarios, los asalariados o incluso los funcionarios, claramente no se trata de un régimen legal.

Además, el demandante considera que el principio de solidaridad, en el que, según el Estado francés, se basa el RSI como régimen legal de seguridad social, no se respeta en el presente caso por el RSI, en la medida en que este recibe cotizaciones mínimas y a tanto alzado, incluso en supuestos de escasos ingresos. Por otra parte, puede verse totalmente privado de prestación dineraria de enfermedad o jubilación en caso de insuficiencia de cotizaciones o de simple retraso, lo que no ocurre en el caso de otros trabajadores franceses afiliados a otro régimen de seguridad social.

| 2. | Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 9 del Tratado de la Unión Europea, dado que se produce una desigualdad entre todos los ciudadanos europeos, en la medida en que, según el demandante, no es posible calcular el valor de las cotizaciones al RSI de forma desfavorable para los trabajadores por cuenta propia como el demandante con respecto a otros trabajadores franceses. Por ello, al archivar su denuncia, la Comisión violó el principio de solidaridad nacional definido por el TJUE como principio general del Derecho y el artículo 9 del Tratado de la Unión Europea, lo que debería conllevar la anulación de su decisión. |
| --- | --- |

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 9 del Tratado de la Unión Europea, dado que se produce una desigualdad entre todos los ciudadanos europeos, en la medida en que, según el demandante, no es posible calcular el valor de las cotizaciones al RSI de forma desfavorable para los trabajadores por cuenta propia como el demandante con respecto a otros trabajadores franceses. Por ello, al archivar su denuncia, la Comisión violó el principio de solidaridad nacional definido por el TJUE como principio general del Derecho y el artículo 9 del Tratado de la Unión Europea, lo que debería conllevar la anulación de su decisión.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/38 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/38

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Recurso interpuesto el 24 de julio de 2018 — Biasotto/EUIPO — OOFOS (OOF)

(Asunto T-453/18)

(2018/C 352/45)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Recurrente: Alessandro Biasotto (Treviso, Italia) (representantes: F. Le Divelec Lemmi, R. Castiglioni y E. Cammareri, abogados)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: OOFOS LLC (Reno, Nevada, Estados Unidos)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Solicitante de la marca controvertida: Parte recurrente

Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión OOF — Solicitud de registro n.o 14961767

Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 10 de mayo de 2018 en el asunto R 1270/2017-2

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

| — | Estime el recurso en su totalidad. |
| --- | --- |

—

Estime el recurso en su totalidad.

| — | Anule la resolución impugnada en su integridad y, en consecuencia, autorice el registro de la marca de la Unión con solicitud de registro n.o 14961767 en relación con todos los productos y servicios designados por la misma de las clases 18, 25 y 35 (o, eventualmente, pida a la EUIPO que examine de nuevo el recurso interpuesto por la parte recurrente el 15 de junio de 2017, pero que esta vez, no obstante, compare la solicitud controvertida con la marca reivindicada por el registro internacional anterior n.o 1258728 del oponente). |
| --- | --- |

—

Anule la resolución impugnada en su integridad y, en consecuencia, autorice el registro de la marca de la Unión con solicitud de registro n.o 14961767 en relación con todos los productos y servicios designados por la misma de las clases 18, 25 y 35 (o, eventualmente, pida a la EUIPO que examine de nuevo el recurso interpuesto por la parte recurrente el 15 de junio de 2017, pero que esta vez, no obstante, compare la solicitud controvertida con la marca reivindicada por el registro internacional anterior n.o 1258728 del oponente).

| — | Condene a la EUIPO o a la parte coadyuvante a cargar con todas las costas relativas no solo al presente procedimiento ante el Tribunal General, sino también a los procedimientos de oposición y de recurso ante la EUIPO. |
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—

Condene a la EUIPO o a la parte coadyuvante a cargar con todas las costas relativas no solo al presente procedimiento ante el Tribunal General, sino también a los procedimientos de oposición y de recurso ante la EUIPO.

Motivo invocado

| — | Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
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—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/39 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/39

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Recurso interpuesto el 24 de julio de 2018 — Biasotto/EUIPO — OOFOS (OO)

(Asunto T-454/18)

(2018/C 352/46)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Recurrente: Alessandro Biasotto (Treviso, Italia) (representantes: F. Le Divelec Lemmi, R. Castiglioni y E. Cammareri, abogados)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: OOFOS LLC (Reno, Nevada, Estados Unidos)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Solicitante de la marca controvertida: Parte recurrente

Marca controvertida: Marca de la Unión OO — Solicitud de registro n.o 14961791

Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 15 de mayo de 2018 en el asunto R 1281/2017-2

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

| — | Estime el recurso en su totalidad. |
| --- | --- |

—

Estime el recurso en su totalidad.

| — | Anule la resolución impugnada en su integridad, confirmando en esencia la conclusión a la que llegó la EUIPO en su resolución de 17 de mayo de 2017 relativa al procedimiento de oposición n.o B 2683558 y, en consecuencia, autorice el registro de la marca de la Unión con solicitud de registro n.o 14961791 en relación con todos los productos y servicios designados por la misma de las clases 18, 25 y 35. |
| --- | --- |

—

Anule la resolución impugnada en su integridad, confirmando en esencia la conclusión a la que llegó la EUIPO en su resolución de 17 de mayo de 2017 relativa al procedimiento de oposición n.o B 2683558 y, en consecuencia, autorice el registro de la marca de la Unión con solicitud de registro n.o 14961791 en relación con todos los productos y servicios designados por la misma de las clases 18, 25 y 35.

| — | Condene a la parte coadyuvante a cargar con todas las costas relativas no solo al presente procedimiento ante el Tribunal General, sino también a los procedimientos de oposición y de recurso ante la EUIPO. |
| --- | --- |

—

Condene a la parte coadyuvante a cargar con todas las costas relativas no solo al presente procedimiento ante el Tribunal General, sino también a los procedimientos de oposición y de recurso ante la EUIPO.

Motivo invocado

| — | Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
| --- | --- |

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/40 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/40

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Recurso interpuesto el 30 de julio de 2018 — Novartis/EUIPO (SMARTSURFACE)

(Asunto T-463/18)

(2018/C 352/47)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Novartis AG (Basilea, Suiza) (representante: L. Junquera Lara, abogada)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Marca controvertida: Registro de la marca denominativa de la Unión SMARTSURFACE — Solicitud de registro n.o 16492076

Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 25 de mayo 2018 en el asunto R 1765/2017-2

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

| — | Anule la resolución impugnada. |
| --- | --- |

—

Anule la resolución impugnada.

| — | Declare que el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 no se oponen al registro del signo controvertido (Marca Comunitaria n.o 16492076) para los productos de la clase 9 que se describen en la solicitud de registro. |
| --- | --- |

—

Declare que el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 no se oponen al registro del signo controvertido (Marca Comunitaria n.o 16492076) para los productos de la clase 9 que se describen en la solicitud de registro.

| — | Condene en costas a la EUIPO. |
| --- | --- |

—

Condene en costas a la EUIPO.

Motivo invocado

| — | Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
| --- | --- |

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/40 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/40

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Recurso interpuesto el 27 de julio de 2018 — Getsmarter Online/EUIPO (getsmarter)

(Asunto T-473/18)

(2018/C 352/48)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Getsmarter Online Ltd (Londres, Reino Unido) (representante: I. Silcock, Barrister)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Marca controvertida: Solicitud de marca figurativa de la Unión «getsmarter» — Solicitud de registro n.o 16565939

Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 10 de mayo de 2018 en el asunto R 2632/2017-1

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

| — | Anule la resolución impugnada. |
| --- | --- |

—

Anule la resolución impugnada.

| — | Condene en costas a la EUIPO. |
| --- | --- |

—

Condene en costas a la EUIPO.

Motivos invocados

| — | Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
| --- | --- |

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

| — | Infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
| --- | --- |

—

Infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/41 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/41

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Recurso interpuesto el 6 de agosto de 2018 — Veit/BCE

(Asunto T-474/18)

(2018/C 352/49)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Sebastian Veit (Fráncfort del Meno, Alemania) (representante: K. Kujath, abogado)

Demandada: Banco Central Europeo

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Anule la decisión de la demandada, de 3 de enero de 2018, sobre la clasificación del demandante con efectos de 1 de enero de 2018, en la medida en que se asigna a este exclusivamente el escalón 17 del grupo salarial F/G. |
| --- | --- |

—

Anule la decisión de la demandada, de 3 de enero de 2018, sobre la clasificación del demandante con efectos de 1 de enero de 2018, en la medida en que se asigna a este exclusivamente el escalón 17 del grupo salarial F/G.

| — | Anule la decisión de la demandada de 25 de mayo de 2018 por la que se deniega al demandante la asignación del escalón 83 del grupo salarial F/G con efectos de 1 de enero de 2018. |
| --- | --- |

—

Anule la decisión de la demandada de 25 de mayo de 2018 por la que se deniega al demandante la asignación del escalón 83 del grupo salarial F/G con efectos de 1 de enero de 2018.

| — | Condene en costas a la demandada. |
| --- | --- |

—

Condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca los siguientes motivos:

| 1. | Primer motivo, basado en la vulneración del principio de igualdad de trato






  — | En el marco de este motivo se alega que la demandada apenas si tuvo en cuenta la experiencia laboral pertinente de los candidatos del personal interno, a diferencia de los candidatos externos, los cuales se encontraban en una situación comparable dentro de un proceso de selección idéntico. |
| --- | --- | --- |

1.

Primer motivo, basado en la vulneración del principio de igualdad de trato

—

En el marco de este motivo se alega que la demandada apenas si tuvo en cuenta la experiencia laboral pertinente de los candidatos del personal interno, a diferencia de los candidatos externos, los cuales se encontraban en una situación comparable dentro de un proceso de selección idéntico.

| 2. | Segundo motivo, basado en la vulneración del principio del deber general de asistencia y protección






  — | En el segundo motivo se alega que la demandada, a la hora de asignar la correspondiente clasificación al demandante, como empleado de la institución, hizo objeto a este, de forma injustificada, de un trato peor que el reservado a los candidatos que aún no habían sido contratados. |
| --- | --- | --- |

2.

Segundo motivo, basado en la vulneración del principio del deber general de asistencia y protección

—

En el segundo motivo se alega que la demandada, a la hora de asignar la correspondiente clasificación al demandante, como empleado de la institución, hizo objeto a este, de forma injustificada, de un trato peor que el reservado a los candidatos que aún no habían sido contratados.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/42 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/42

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Recurso interpuesto el 1 de agosto de 2018 — Electroquímica Onubense/ECHA

(Asunto T-481/18)

(2018/C 352/50)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Electroquímica Onubense, S.L. (Palos de la Frontera, España) (representante: D. González Blanco, abogado)

Demandada: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)

Pretensiones

La demandante solicita al Tribunal General que dicte nueva resolución considerando que Electroquímica Onubense (EQO) cumple con los requisitos de una mediana empresa a los efectos de aplicación de tasas de registro de productos en la ECHA.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la demandante invoca cinco motivos.

| 1. | Primer motivo, basado en que el informe de cálculo de PYME adjuntado a la resolución recurrida se refiere a su vinculación con ERCROS en los años 2013 y 2014, desconociendo el autor del mismo, un hecho tan relevante como la constitución de la misma en febrero de 2015, con un capital social de 3.000 €, el mínimo capital legalmente exigible según la legislación mercantil española. Se afirma a este respecto que el expresado dato del capital social de la nueva sociedad fue el determinante para efectuar la declaración de la misma como «pequeña empresa», ya que efectivamente EQO cumplía los parámetros requeridos por la normativa aplicable, siendo a todas luces inadecuado que la participación societaria de ERCROS en la misma pueda convertirla, sin más, en una «gran empresa». |
| --- | --- |

1.

Primer motivo, basado en que el informe de cálculo de PYME adjuntado a la resolución recurrida se refiere a su vinculación con ERCROS en los años 2013 y 2014, desconociendo el autor del mismo, un hecho tan relevante como la constitución de la misma en febrero de 2015, con un capital social de 3.000 €, el mínimo capital legalmente exigible según la legislación mercantil española. Se afirma a este respecto que el expresado dato del capital social de la nueva sociedad fue el determinante para efectuar la declaración de la misma como «pequeña empresa», ya que efectivamente EQO cumplía los parámetros requeridos por la normativa aplicable, siendo a todas luces inadecuado que la participación societaria de ERCROS en la misma pueda convertirla, sin más, en una «gran empresa».

| 2. | Segundo motivo, basado en que ERCROS ha sido socio único de EQO durante el periodo comprendido entre la constitución de la sociedad (18/02/15) y la transmisión de las participaciones sociales a SALINAS DEL ODIEL (02/06/15), y con un carácter meramente coyuntural o instrumental, para facilitar el traspaso de la propiedad de EQO a su destinatario final, SALINAS DEL ODIEL. |
| --- | --- |

2.

Segundo motivo, basado en que ERCROS ha sido socio único de EQO durante el periodo comprendido entre la constitución de la sociedad (18/02/15) y la transmisión de las participaciones sociales a SALINAS DEL ODIEL (02/06/15), y con un carácter meramente coyuntural o instrumental, para facilitar el traspaso de la propiedad de EQO a su destinatario final, SALINAS DEL ODIEL.

| 3. | Tercer motivo, basado en que, al final del ejercicio económico de 201, EQO no estaba ya participada por ERCROS (considerada como «gran empresa»), ni directa ni indirectamente, y sí lo estaba por SALINAS DE ONIEL (considerada como «mediana empresa»). |
| --- | --- |

3.

Tercer motivo, basado en que, al final del ejercicio económico de 201, EQO no estaba ya participada por ERCROS (considerada como «gran empresa»), ni directa ni indirectamente, y sí lo estaba por SALINAS DE ONIEL (considerada como «mediana empresa»).

| 4. | Cuarto motivo, basado en que el hecho relevante para la determinación del tamaño de empresa de EQO, a los efectos de la aplicación de la normativa de autos, no puede ser otro que el de la vinculación que ostentaba EQO con la empresa que era su matriz al final del ejercicio económico de 2015 -como así se refleja en las cuentas anuales correspondientes a dicho año-, y no quien lo fue coyuntural e instrumentalmente durante el ejercicio de referencia. |
| --- | --- |

4.

Cuarto motivo, basado en que el hecho relevante para la determinación del tamaño de empresa de EQO, a los efectos de la aplicación de la normativa de autos, no puede ser otro que el de la vinculación que ostentaba EQO con la empresa que era su matriz al final del ejercicio económico de 2015 -como así se refleja en las cuentas anuales correspondientes a dicho año-, y no quien lo fue coyuntural e instrumentalmente durante el ejercicio de referencia.

| 5. | Quinto motivo, basado en que la aplicación de la tasa correcta no debería ser la prevista para una gran empresa, sino para una mediana empresa, toda vez que la vinculación que debe establecerse a tales efectos es entre EQO y SALINAS DEL ODIEL, y no entre EQO y ERCROS. |
| --- | --- |

5.

Quinto motivo, basado en que la aplicación de la tasa correcta no debería ser la prevista para una gran empresa, sino para una mediana empresa, toda vez que la vinculación que debe establecerse a tales efectos es entre EQO y SALINAS DEL ODIEL, y no entre EQO y ERCROS.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/42 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/42

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Recurso interpuesto el 14 de agosto de 2018 — Stada Arzneimittel/EUIPO (ViruProtect)

(Asunto T-487/18)

(2018/C 352/51)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Alemania) (representantes: J.-C. Plate y R. Kaase, abogados)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Marca controvertida: Solicitud de marca denominativa de la Unión ViruProtect — Solicitud de registro n.o 16295511

Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 4 de junio de 2018 en el asunto R 1886/2017-5

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

| — | Anule la resolución impugnada. |
| --- | --- |

—

Anule la resolución impugnada.

| — | Condene en costas a la EUIPO. |
| --- | --- |

—

Condene en costas a la EUIPO.

Motivos invocados

| — | Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
| --- | --- |

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

| — | Infracción del artículo 7, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
| --- | --- |

—

Infracción del artículo 7, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

| — | Infracción del artículo 75, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
| --- | --- |

—

Infracción del artículo 75, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/43 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/43

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Recurso interpuesto el 14 de agosto de 2018 — Vafo Praha/EUIPO — Rutzinger-Kurpas (Meatlove)

(Asunto T-491/18)

(2018/C 352/52)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Recurrente: Vafo Praha s.r.o. (Chrášt’any, República Checa) (representante: M. Vojáček, abogado)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Susanne Rutzinger-Kurpas (Spigelau, Alemania)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Solicitante de la marca controvertida: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «Meatlove» — Solicitud de registro n.o 15557374

Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 12 de junio de 2018 en el asunto R 264/2018-4

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

| — | Anule la resolución impugnada. |
| --- | --- |

—

Anule la resolución impugnada.

| — | Condene en costas a la EUIPO. |
| --- | --- |

—

Condene en costas a la EUIPO.

Motivo invocado

| — | Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con su artículo 46. |
| --- | --- |

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con su artículo 46.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/44 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/44

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Recurso interpuesto el 15 de agosto de 2018 — Zhadanov/EUIPO (Scanner Pro)

(Asunto T-492/18)

(2018/C 352/53)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Igor Zhadanov (Odesa, Ucrania) (representante: P. Olson, abogado)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Marca controvertida: Solicitud de marca denominativa de la Unión «Scanner Pro» — Solicitud de registro n.o 16257727

Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 6 de junio de 2018 en el asunto R 1812/2017-2

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

| — | Anule la resolución impugnada. |
| --- | --- |

—

Anule la resolución impugnada.

| — | Registre la solicitud de marca de la Unión 016257727 para productos de las clases 9 y 42. |
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—

Registre la solicitud de marca de la Unión 016257727 para productos de las clases 9 y 42.

| — | Condene en costas a la EUIPO. |
| --- | --- |

—

Condene en costas a la EUIPO.

Motivo invocado

| — | Infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009. |
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—

Infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/44 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/44

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Recurso interpuesto el 17 de agosto de 2018 — Dermatest/EUIPO (DERMATEST)

(Asunto T-495/18)

(2018/C 352/54)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH (Münster, Alemania) (representantes: J. Bühling y D. Graetsch, abogados)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Marca controvertida: Solicitud de marca denominativa de la Unión DERMATEST — Solicitud de registro n.o 17542986

Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 12 de junio de 2018 en el asunto R 426/2018-4

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

| — | Anule la resolución impugnada. |
| --- | --- |

—

Anule la resolución impugnada.

| — | Condene en costas a la EUIPO, incluidas las del procedimiento ante la Sala de Recurso. |
| --- | --- |

—

Condene en costas a la EUIPO, incluidas las del procedimiento ante la Sala de Recurso.

Motivo invocado

| — | Infracción del Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
| --- | --- |

—

Infracción del Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/45 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/45

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Recurso interpuesto el 17 de agosto de 2018 — OCU/JUR

(Asunto T-496/18)

(2018/C 352/55)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) (Madrid, España) (representantes: E. Martínez Martínez y C. López-Mélida de Ramón, abogados)

Demandada: Junta Única de Resolución

Pretensiones

La demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Anule la Decisión final («Final Decision») de 19 de junio de 2018 del Panel de Recurso de la Junta Única de Resolución recaída en el marco del Caso 54/2017, seguido contra la Junta Única de Resolución; |
| --- | --- |

—

Anule la Decisión final («Final Decision») de 19 de junio de 2018 del Panel de Recurso de la Junta Única de Resolución recaída en el marco del Caso 54/2017, seguido contra la Junta Única de Resolución;

| — | Condene en costas al «Panel de recurso de la Junta Única de Resolución». |
| --- | --- |

—

Condene en costas al «Panel de recurso de la Junta Única de Resolución».

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la demandante invoca tres motivos:

| 1. | Primer motivo, basado en la violación del derecho fundamental del artículo 41,2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) y del principio de respeto al derecho de Defensa (derecho a una buena administración en su expresión de acceso a documentos para el legítimo ejercicio del derecho de la defensa).






  — | Se alega a este respecto que la Decisión recurrida por la que el Panel de Recurso no concede el acceso íntegro a la documentación que obra en poder de la Junta Única de Resolución (JUR), solicitada para ejercitar el legítimo derecho de defensa, constituye una grave violación del derecho fundamental a una buena administración, en su expresión de acceso a documentos del artículo 41,2 de la CDFUE y del principio fundamental de Derecho comunitario de respeto al derecho de defensa. |
| --- | --- | --- |

1.

Primer motivo, basado en la violación del derecho fundamental del artículo 41,2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) y del principio de respeto al derecho de Defensa (derecho a una buena administración en su expresión de acceso a documentos para el legítimo ejercicio del derecho de la defensa).

—

Se alega a este respecto que la Decisión recurrida por la que el Panel de Recurso no concede el acceso íntegro a la documentación que obra en poder de la Junta Única de Resolución (JUR), solicitada para ejercitar el legítimo derecho de defensa, constituye una grave violación del derecho fundamental a una buena administración, en su expresión de acceso a documentos del artículo 41,2 de la CDFUE y del principio fundamental de Derecho comunitario de respeto al derecho de defensa.

| 2. | Segundo motivo, basado en la violación de los artículos que exceptúan el límite de confidencialidad y secreto empresarial en el acceso a documentación cuando la solicitud se efectúa en el ejercicio de derecho de defensa y acceso a la tutela judicial efectiva, contemplados en el artículo 88 del Reglamento (UE) no 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión y se modifica el Reglamento (UE) no 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1); en el artículo 84 de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la restructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 201336/UE, y los Reglamentos (UE) no 1093/2010 y (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190); y en el artículo 53 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE (DO 2013, L 176, p. 338).






  — | Se alega a este respecto que la Decisión recurrida, por la que el Panel de Recurso no concede el acceso íntegro a la documentación que obre en poder de la JUR, realiza una aplicación errónea de las excepciones al acceso general a la documentación recogidas en la normativa apenas mencionada, ya que dicho acceso se solicita en el marco del ejercicio del derecho de defensa y acceso a la tutela judicial efectiva. |
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2.

Segundo motivo, basado en la violación de los artículos que exceptúan el límite de confidencialidad y secreto empresarial en el acceso a documentación cuando la solicitud se efectúa en el ejercicio de derecho de defensa y acceso a la tutela judicial efectiva, contemplados en el artículo 88 del Reglamento (UE) no 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión y se modifica el Reglamento (UE) no 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1); en el artículo 84 de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la restructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 201336/UE, y los Reglamentos (UE) no 1093/2010 y (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190); y en el artículo 53 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE (DO 2013, L 176, p. 338).

—

Se alega a este respecto que la Decisión recurrida, por la que el Panel de Recurso no concede el acceso íntegro a la documentación que obre en poder de la JUR, realiza una aplicación errónea de las excepciones al acceso general a la documentación recogidas en la normativa apenas mencionada, ya que dicho acceso se solicita en el marco del ejercicio del derecho de defensa y acceso a la tutela judicial efectiva.

| 3. | Tercer motivo, basado en la violación del derecho fundamental del artículo 41,2 de la CDFUE (derecho a una buena administración, por lo que respecta al deber de motivación de los actos).






  — | Se alega a este respecto que la Decisión recurrida, por la que el Panel de Recurso no concede el acceso íntegro a la documentación que obra en poder de la JUR constituye une violación grave del derecho fundamental a una buena administración, contemplado en el artículo 41,2 de la CDFUE, en la medida en que desconoce el deber de motivación de los actos. |
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3.

Tercer motivo, basado en la violación del derecho fundamental del artículo 41,2 de la CDFUE (derecho a una buena administración, por lo que respecta al deber de motivación de los actos).

—

Se alega a este respecto que la Decisión recurrida, por la que el Panel de Recurso no concede el acceso íntegro a la documentación que obra en poder de la JUR constituye une violación grave del derecho fundamental a una buena administración, contemplado en el artículo 41,2 de la CDFUE, en la medida en que desconoce el deber de motivación de los actos.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/46 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/46

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Recurso interpuesto el 14 de agosto de 2018 — IAK — Forum International/EUIPO — Schwalb (IAK)

(Asunto T-497/18)

(2018/C 352/56)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

Partes

Recurrentes: IAK GmbH — Forum International (Kirchzarten, Alemania) (representante: G. Wilke, abogado)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Ulrich Schwalb (Colonia, Alemania)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Titular de la marca controvertida: La recurrente

Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión IAK — Marca de la Unión n.o 9843533

Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de anulación

Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 11 de junio de 2018 en el asunto R 1511/2017-4

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

| — | Modifique la resolución impugnada, que se desestime en su totalidad la solicitud de nulidad. |
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—

Modifique la resolución impugnada, que se desestime en su totalidad la solicitud de nulidad.

| — | Condene en costas a la EUIPO. |
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—

Condene en costas a la EUIPO.

Motivos invocados

| — | Infracción del Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
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—

Infracción del Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

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| 1.10.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 352/47 |
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1.10.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/47

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Recurso interpuesto el 20 de agosto de 2018 — ZPC Flis/EUIPO — Aldi Einkauf (Happy Moreno choco)

(Asunto T-498/18)

(2018/C 352/57)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: ZPC Flis sp.j. (Radziejowice, Polonia) (representante: M. Kondrat, abogado)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Alemania)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Solicitante de la marca controvertida: parte recurrente en el procedimiento ante el Tribunal General

Marca controvertida: solicitud de marca figurativa de la Unión «Happy Moreno choco» — Solicitud de registro n.o 15028087

Procedimiento ante la EUIPO: procedimiento de oposición

Resolución impugnada: resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 31 de mayo de 2018, en el asunto R 1464/2017-1

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

| — | Anule la resolución impugnada y devuelva el asunto a la EUIPO para que lo reexamine.
  o |
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—

Anule la resolución impugnada y devuelva el asunto a la EUIPO para que lo reexamine.

o

| — | Modifique la resolución impugnada declarando que no existen motivos de denegación relativos del registro de la marca de la Unión 015028087 «Happy Moreno choco» para todos los productos de las clases 30 y 35 y ordene el registro de la marca. |
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—

Modifique la resolución impugnada declarando que no existen motivos de denegación relativos del registro de la marca de la Unión 015028087 «Happy Moreno choco» para todos los productos de las clases 30 y 35 y ordene el registro de la marca.

| — | Conceda a la recurrente el reembolso de las costas. |
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—

Conceda a la recurrente el reembolso de las costas.

Motivos invocados

| — | Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
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—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

| — | Vulneración de los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica. |
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—

Vulneración de los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica.

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