# Diario Oficial C 440/6 de

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 440 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 61.° año6 de diciembre de 2018 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 440

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

61.° año6 de diciembre de 2018

---

| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes |
| | DICTÁMENES |
| | Comité Económico y Social Europeo |
| | 537.o Pleno del CESE, 19.9.2018 – 20.9.2018 |
| 2018/C 440/01 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Inteligencia artificial: anticipar su impacto en el trabajo para garantizar una transición justa (dictamen de iniciativa) | 1 |
| 2018/C 440/02 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Confianza, privacidad y seguridad de los consumidores y las empresas en el internet de las cosas (dictamen de iniciativa) | 8 |
| 2018/C 440/03 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre los Indicadores más adaptados para evaluar los ODS — Contribución de la sociedad civil (Dictamen de iniciativa) | 14 |
| 2018/C 440/04 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre La contribución de las zonas rurales de Europa al Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 para garantizar la sostenibilidad y la cohesión entre zonas urbanas y rurales (Dictamen de iniciativa) | 22 |
| 2018/C 440/05 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre El impacto de la subsidiariedad y de la sobrerregulación en la economía y el empleo (Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia austriaca) | 28 |
| 2018/C 440/06 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre La brecha digital de género (Dictamen exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo) | 37 |
| 2018/C 440/07 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre La bioeconomía como contribución a la consecución de los objetivos en materia de clima y de energía de la Unión Europea y de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (Dictamen exploratorio) | 45 |

Sumario

Página

I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

DICTÁMENES

Comité Económico y Social Europeo

537.o Pleno del CESE, 19.9.2018 – 20.9.2018

o

2018/C 440/01

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Inteligencia artificial: anticipar su impacto en el trabajo para garantizar una transición justa (dictamen de iniciativa)

1

2018/C 440/02

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Confianza, privacidad y seguridad de los consumidores y las empresas en el internet de las cosas (dictamen de iniciativa)

8

2018/C 440/03

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre los Indicadores más adaptados para evaluar los ODS — Contribución de la sociedad civil (Dictamen de iniciativa)

14

2018/C 440/04

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre La contribución de las zonas rurales de Europa al Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 para garantizar la sostenibilidad y la cohesión entre zonas urbanas y rurales (Dictamen de iniciativa)

22

2018/C 440/05

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre El impacto de la subsidiariedad y de la sobrerregulación en la economía y el empleo (Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia austriaca)

28

2018/C 440/06

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre La brecha digital de género (Dictamen exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo)

37

2018/C 440/07

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre La bioeconomía como contribución a la consecución de los objetivos en materia de clima y de energía de la Unión Europea y de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (Dictamen exploratorio)

45

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| | III   Actos preparatorios |
| --- | --- |
| | COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO |
| | 537.o Pleno del CESE, 19.9.2018 – 20.9.2018 |
| 2018/C 440/08 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo — Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Inteligencia artificial para Europa [COM(2018) 237 final] | 51 |
| 2018/C 440/09 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa a la consecución de la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales en el Mercado Único Digital, la capacitación de los ciudadanos y la creación de una sociedad más saludable[COM(2018) 233 final] | 57 |
| 2018/C 440/10 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre a) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE[COM(2018) 184 final — 2018/0089 (COD)] y b) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE[COM(2018) 185 final — 2018/0090 (COD)] | 66 |
| 2018/C 440/11 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Nueva agenda europea de investigación e innovación: una oportunidad para que Europa trace su futuro(Contribución de la Comisión Europea a la reunión informal de dirigentes de la UE sobre innovación el 16 mayo de 2018 en Sofía)
  [COM(2018) 306 final] | 73 |
| 2018/C 440/12 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 596/2014 y (UE) 2017/1129 en relación con el fomento del uso de los mercados de pymes en expansión [COM(2018) 331 final — 2018/0165 (COD)] | 79 |
| 2018/C 440/13 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad[COM(2018) 336 final-2018/0168 (COD)] | 85 |
| 2018/C 440/14 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos, referentes a su seguridad general y a la protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/... y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 78/2009, (CE) n.o 79/2009 y (CE) n.o 661/2009 [COM(2018) 286 final — 2018/0145 COD] | 90 |
| 2018/C 440/15 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que complementa la legislación de la UE sobre homologación de tipo por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión[COM(2018) 397 final-2018/0220 (COD)] | 95 |
| 2018/C 440/16 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 469/2009 relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos[COM(2018) 317 final — 2018/0161 (COD)] | 100 |
| 2018/C 440/17 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica y se corrige el Reglamento (UE) n.o 167/2013, relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos [COM(2018) 289 final — 2018/0142 (COD)] | 104 |
| 2018/C 440/18 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad. El marco financiero plurianual para el período 2021-2027[COM(2018) 321 final] — Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027[COM(2018) 322 final/2-2018/0166 (APP)] — Propuesta de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea[COM(2018) 325 final-2018/0135 (CNS)] — Propuesta de Reglamento del Consejo sobre los métodos y el procedimiento de puesta a disposición de los recursos propios basados en la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea y en los residuos de envases de plástico que no se reciclan, y sobre las medidas para hacer frente a las necesidades de tesorería[COM(2018) 326 final-2018/0131 (NLE)] — Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas de ejecución del sistema de recursos propios de la Unión Europea[COM(2018) 327 final-2018/0132 (APP)] y Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1553/89 del Consejo, relativo al régimen uniforme definitivo de recaudación de los recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor añadido[COM(2018) 328 final-2018/0133 (NLE)] | 106 |
| 2018/C 440/19 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) financiado con ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y los instrumentos de financiación exterior[COM(2018) 374 final — 2018/0199 (COD)] | 116 |
| 2018/C 440/20 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo[COM(2018) 373 final — 2018/0198 (COD)] | 124 |
| 2018/C 440/21 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Autoridad Laboral Europea[COM(2018) 131 final — 2018/0064 (COD)] | 128 |
| 2018/C 440/22 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Recomendación del Consejo relativa al acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia[COM(2018) 132 final] | 135 |
| 2018/C 440/23 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Adaptación de la política común de visados a los nuevos retos[COM(2018) 251 final] y sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 810/2009 por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados) [COM(2018) 252 final — 2018/0061 (COD)] | 142 |
| 2018/C 440/24 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo [COM(2018) 171 final — 2018/0081 (COD)] | 145 |
| 2018/C 440/25 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Recomendación del Consejo sobre la intensificación de la cooperación contra las enfermedades evitables por vacunación[COM(2018) 244 final — SWD(2018) 149 final] | 150 |
| 2018/C 440/26 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 767/2008, el Reglamento (CE) n.o 810/2009, el Reglamento (UE) 2017/2226, el Reglamento (UE) 2016/399, el Reglamento (UE) 2018/... [Reglamento sobre interoperabilidad] y la Decisión 2004/512/CE, y se deroga la Decisión 2008/633/JAI del Consejo[COM(2018) 302 final] | 154 |
| 2018/C 440/27 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la transparencia y la sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la UE, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.o 178/2002 (legislación alimentaria general), la Directiva 2001/18/CE (liberación intencional en el medio ambiente de OMG), el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 (alimentos y piensos modificados genéticamente), el Reglamento (CE) n.o 1831/2003 (aditivos en los piensos), el Reglamento (CE) n.o 2065/2003 (aromas de humo), el Reglamento (CE) n.o 1935/2004 (materiales en contacto con alimentos), el Reglamento (CE) n.o 1331/2008 (procedimiento de autorización común para aditivos, enzimas y aromas alimentarios), el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 (productos fitosanitarios) y el Reglamento (UE) 2015/2283 (nuevos alimentos) [COM(2018) 179 final-2018/0088 (COD)] | 158 |
| 2018/C 440/28 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro alimentario [COM(2018) 173 final] | 165 |
| 2018/C 440/29 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas adyacentes, así como para las pesquerías que explotan estas poblaciones, se modifica el Reglamento (UE) 2016/1139 por el que se establece un plan plurianual para el mar Báltico y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 811/2004, (CE) n.o 2166/2005, (CE) n.o 388/2006, (CE) n.o 509/2007 y (CE) n.o 1300/2008 [COM(2018) 149 final — 2018/0074 (COD)] | 171 |
| 2018/C 440/30 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un plan de recuperación plurianual para el pez espada del Mediterráneo y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1967/2006 y (UE) 2017/2107[COM(2018) 229 final — 2018/0109 (COD)] | 174 |
| 2018/C 440/31 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea[COM(2018) 238 final — 2018/0112 (COD)] | 177 |
| 2018/C 440/32 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — La lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo[COM(2018) 236 final] | 183 |
| 2018/C 440/33 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Mecanismo Conectar Europa y se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1316/2013 y (UE) n.o 283/2014 [COM(2018) 438 final — 2018/0228 (COD)] | 191 |
| 2018/C 440/34 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda para el período 2021-2027 (Programa Pericles IV) [COM(2018) 369 final — 2018/0194 (CNS)] | 199 |

III   Actos preparatorios

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

537.o Pleno del CESE, 19.9.2018 – 20.9.2018

o

2018/C 440/08

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo — Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Inteligencia artificial para Europa [COM(2018) 237 final]

[COM(2018) 237 final]

51

2018/C 440/09

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa a la consecución de la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales en el Mercado Único Digital, la capacitación de los ciudadanos y la creación de una sociedad más saludable[COM(2018) 233 final]

[COM(2018) 233 final]

57

2018/C 440/10

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre a) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE[COM(2018) 184 final — 2018/0089 (COD)] y b) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE[COM(2018) 185 final — 2018/0090 (COD)]

[COM(2018) 184 final — 2018/0089 (COD)]

[COM(2018) 185 final — 2018/0090 (COD)]

66

2018/C 440/11

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Nueva agenda europea de investigación e innovación: una oportunidad para que Europa trace su futuro(Contribución de la Comisión Europea a la reunión informal de dirigentes de la UE sobre innovación el 16 mayo de 2018 en Sofía)
  [COM(2018) 306 final]

(Contribución de la Comisión Europea a la reunión informal de dirigentes de la UE sobre innovación el 16 mayo de 2018 en Sofía)

[COM(2018) 306 final]

73

2018/C 440/12

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 596/2014 y (UE) 2017/1129 en relación con el fomento del uso de los mercados de pymes en expansión [COM(2018) 331 final — 2018/0165 (COD)]

o

[COM(2018) 331 final — 2018/0165 (COD)]

79

2018/C 440/13

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad[COM(2018) 336 final-2018/0168 (COD)]

[COM(2018) 336 final-2018/0168 (COD)]

85

2018/C 440/14

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos, referentes a su seguridad general y a la protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/... y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 78/2009, (CE) n.o 79/2009 y (CE) n.o 661/2009 [COM(2018) 286 final — 2018/0145 COD]

o

o

o

[COM(2018) 286 final — 2018/0145 COD]

90

2018/C 440/15

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que complementa la legislación de la UE sobre homologación de tipo por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión[COM(2018) 397 final-2018/0220 (COD)]

[COM(2018) 397 final-2018/0220 (COD)]

95

2018/C 440/16

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 469/2009 relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos[COM(2018) 317 final — 2018/0161 (COD)]

o

[COM(2018) 317 final — 2018/0161 (COD)]

100

2018/C 440/17

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica y se corrige el Reglamento (UE) n.o 167/2013, relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos [COM(2018) 289 final — 2018/0142 (COD)]

o

[COM(2018) 289 final — 2018/0142 (COD)]

104

2018/C 440/18

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad. El marco financiero plurianual para el período 2021-2027[COM(2018) 321 final] — Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027[COM(2018) 322 final/2-2018/0166 (APP)] — Propuesta de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea[COM(2018) 325 final-2018/0135 (CNS)] — Propuesta de Reglamento del Consejo sobre los métodos y el procedimiento de puesta a disposición de los recursos propios basados en la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea y en los residuos de envases de plástico que no se reciclan, y sobre las medidas para hacer frente a las necesidades de tesorería[COM(2018) 326 final-2018/0131 (NLE)] — Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas de ejecución del sistema de recursos propios de la Unión Europea[COM(2018) 327 final-2018/0132 (APP)] y Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1553/89 del Consejo, relativo al régimen uniforme definitivo de recaudación de los recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor añadido[COM(2018) 328 final-2018/0133 (NLE)]

[COM(2018) 321 final]

[COM(2018) 322 final/2-2018/0166 (APP)]

[COM(2018) 325 final-2018/0135 (CNS)]

[COM(2018) 326 final-2018/0131 (NLE)]

[COM(2018) 327 final-2018/0132 (APP)]

o

[COM(2018) 328 final-2018/0133 (NLE)]

106

2018/C 440/19

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) financiado con ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y los instrumentos de financiación exterior[COM(2018) 374 final — 2018/0199 (COD)]

[COM(2018) 374 final — 2018/0199 (COD)]

116

2018/C 440/20

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo[COM(2018) 373 final — 2018/0198 (COD)]

[COM(2018) 373 final — 2018/0198 (COD)]

124

2018/C 440/21

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Autoridad Laboral Europea[COM(2018) 131 final — 2018/0064 (COD)]

[COM(2018) 131 final — 2018/0064 (COD)]

128

2018/C 440/22

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Recomendación del Consejo relativa al acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia[COM(2018) 132 final]

[COM(2018) 132 final]

135

2018/C 440/23

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Adaptación de la política común de visados a los nuevos retos[COM(2018) 251 final] y sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 810/2009 por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados) [COM(2018) 252 final — 2018/0061 (COD)]

[COM(2018) 251 final]

o

[COM(2018) 252 final — 2018/0061 (COD)]

142

2018/C 440/24

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo [COM(2018) 171 final — 2018/0081 (COD)]

[COM(2018) 171 final — 2018/0081 (COD)]

145

2018/C 440/25

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Recomendación del Consejo sobre la intensificación de la cooperación contra las enfermedades evitables por vacunación[COM(2018) 244 final — SWD(2018) 149 final]

[COM(2018) 244 final — SWD(2018) 149 final]

150

2018/C 440/26

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 767/2008, el Reglamento (CE) n.o 810/2009, el Reglamento (UE) 2017/2226, el Reglamento (UE) 2016/399, el Reglamento (UE) 2018/... [Reglamento sobre interoperabilidad] y la Decisión 2004/512/CE, y se deroga la Decisión 2008/633/JAI del Consejo[COM(2018) 302 final]

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[COM(2018) 302 final]

154

2018/C 440/27

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la transparencia y la sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la UE, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.o 178/2002 (legislación alimentaria general), la Directiva 2001/18/CE (liberación intencional en el medio ambiente de OMG), el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 (alimentos y piensos modificados genéticamente), el Reglamento (CE) n.o 1831/2003 (aditivos en los piensos), el Reglamento (CE) n.o 2065/2003 (aromas de humo), el Reglamento (CE) n.o 1935/2004 (materiales en contacto con alimentos), el Reglamento (CE) n.o 1331/2008 (procedimiento de autorización común para aditivos, enzimas y aromas alimentarios), el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 (productos fitosanitarios) y el Reglamento (UE) 2015/2283 (nuevos alimentos) [COM(2018) 179 final-2018/0088 (COD)]

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[COM(2018) 179 final-2018/0088 (COD)]

158

2018/C 440/28

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro alimentario [COM(2018) 173 final]

[COM(2018) 173 final]

165

2018/C 440/29

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas adyacentes, así como para las pesquerías que explotan estas poblaciones, se modifica el Reglamento (UE) 2016/1139 por el que se establece un plan plurianual para el mar Báltico y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 811/2004, (CE) n.o 2166/2005, (CE) n.o 388/2006, (CE) n.o 509/2007 y (CE) n.o 1300/2008 [COM(2018) 149 final — 2018/0074 (COD)]

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[COM(2018) 149 final — 2018/0074 (COD)]

171

2018/C 440/30

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un plan de recuperación plurianual para el pez espada del Mediterráneo y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1967/2006 y (UE) 2017/2107[COM(2018) 229 final — 2018/0109 (COD)]

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[COM(2018) 229 final — 2018/0109 (COD)]

174

2018/C 440/31

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea[COM(2018) 238 final — 2018/0112 (COD)]

[COM(2018) 238 final — 2018/0112 (COD)]

177

2018/C 440/32

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — La lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo[COM(2018) 236 final]

[COM(2018) 236 final]

183

2018/C 440/33

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Mecanismo Conectar Europa y se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1316/2013 y (UE) n.o 283/2014 [COM(2018) 438 final — 2018/0228 (COD)]

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[COM(2018) 438 final — 2018/0228 (COD)]

191

2018/C 440/34

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda para el período 2021-2027 (Programa Pericles IV) [COM(2018) 369 final — 2018/0194 (CNS)]

[COM(2018) 369 final — 2018/0194 (CNS)]

199

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| ES | |
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ES

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I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

DICTÁMENES

Comité Económico y Social Europeo

537.o Pleno del CESE, 19.9.2018 – 20.9.2018

| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/1 |
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6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/1

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Inteligencia artificial: anticipar su impacto en el trabajo para garantizar una transición justa»

(dictamen de iniciativa)

(2018/C 440/01)

| Ponente: | Franca SALIS-MADINIER |
| --- | --- |

Ponente:

Franca SALIS-MADINIER

| Decisión del Pleno | 15.2.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno |
| Sección competente | Mercado Único, Producción y Consumo |
| Aprobado en sección | 4.9.2018 |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 183/1/2 |

Decisión del Pleno

15.2.2018

Fundamento jurídico

Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno

Sección competente

Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobado en sección

4.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

183/1/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | La inteligencia artificial (IA) y la robótica contribuirán a aumentar y amplificar los efectos de la digitalización de la economía en los mercados de trabajo (1). El progreso técnico siempre ha influido en el trabajo y el empleo y ha hecho necesarias nuevas formas de encuadramiento social y de la sociedad. El CESE está convencido de que el desarrollo tecnológico puede contribuir al progreso económico y social, pero considera que sería una equivocación descuidar sus efectos globales en la sociedad. La IA aumentará y amplificará el alcance de la automatización de los puestos de trabajo en el mundo laboral (2). Por esta razón, el CESE desea contribuir a preparar las transformaciones sociales que acompañarán el auge de la IA y la robótica mediante el refuerzo y la renovación del modelo social europeo. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El CESE desea subrayar el potencial que abren la IA y sus aplicaciones, en particular en los ámbitos de la asistencia sanitaria, la seguridad en el transporte y la energía, la lucha contra el cambio climático y la anticipación de las amenazas en materia de ciberseguridad. La Unión Europea, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil tienen un importante papel que desempeñar para aprovechar plenamente los beneficios que puede aportar la IA, en particular a las personas con discapacidad, las personas con movilidad reducida, las personas mayores y los enfermos crónicos. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Sin embargo, la UE carece aún de datos sobre la economía digital y la consiguiente transformación social. El CESE recomienda mejorar las herramientas estadísticas y la investigación, en particular sobre la IA, la utilización de robots industriales y de servicios, la internet de las cosas y los nuevos modelos económicos (como la economía de las plataformas y las nuevas modalidades de empleo y de trabajo). |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | El CESE pide que la Comisión Europea promueva y apoye la realización de estudios por los comités de diálogo social sectorial europeos sobre las repercusiones sectoriales de la IA y la robótica y, más en general, de la digitalización de la economía. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | En general, se admite que la IA y la robótica van a desplazar y transformar los puestos de trabajo, suprimiendo unos y creando otros. En todo caso, la UE debe garantizar el acceso a todos los trabajadores, por cuenta ajena, autónomos o falsos autónomos, a la protección social, de conformidad con el pilar europeo de derechos sociales. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | La Comisión ha propuesto reforzar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para que se beneficien de él, en particular, los trabajadores por cuenta ajena que pierden su empleo y los autónomos que se han visto obligados a interrumpir su actividad como consecuencia de la digitalización de la economía (3). El CESE considera que se trata de un paso hacia la creación de un auténtico Fondo Europeo de Transición que contribuya a una gestión socialmente responsable de la transformación digital. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | El CESE recomienda aplicar y reforzar los principios, compromisos y obligaciones enunciados en los textos existentes adoptados por las instituciones europeas, así como por los interlocutores sociales, sobre la información y consulta a los trabajadores (4), en particular con ocasión de la introducción de nuevas tecnologías, en particular la IA y la robótica. El CESE pide que se elabore un programa europeo inclusivo de IA, construido a partir de esos textos y del pilar europeo de derechos sociales, en el que participen todas las partes interesadas. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | El CESE recomienda que las directrices éticas sobre la IA que elabore la Comisión establezcan un límite claro en la interacción entre los trabajadores y las máquinas inteligentes, de modo que el ser humano no se convierta nunca en ejecutor de la máquina. Con vistas a una IA inclusiva, estas directrices deberán establecer principios de participación, responsabilidad y apropiación de los procesos de producción, de modo que, como se subraya en la Constitución de la OIT, el trabajo brinde a quienes lo realizan la satisfacción de utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y de contribuir al máximo al bienestar común. |
| --- | --- |

1.8.

| 1.9. | El CESE recomienda asimismo que dichas directrices incluyan principios de transparencia en la utilización de los sistemas de IA para la contratación, la evaluación y la supervisión administrativa de los trabajadores, así como principios de salud y seguridad y de mejora de las condiciones de trabajo. Por último, deberán garantizar la protección de los derechos y libertades relativos al tratamiento de los datos de los trabajadores, de conformidad con el principio de no discriminación. |
| --- | --- |

1.9.

| 1.10. | La aplicación de las directrices sobre ética en el ámbito de la IA deberá supervisarse. Podría asignarse esta función de supervisión o vigilancia a un Observatorio europeo de la ética de los sistemas de IA, también en el entorno empresarial. |
| --- | --- |

1.10.

| 1.11. | El CESE recomienda formar en las cuestiones éticas a los ingenieros y diseñadores de máquinas inteligentes, para evitar le creación de nuevas formas de taylorismo digital, en las que el ser humano quedaría relegado a ejecutar las consignas de las máquinas. Es necesario fomentar la difusión de buenas prácticas y los intercambios de experiencias en este ámbito. |
| --- | --- |

1.11.

| 1.12. | El CESE pide que se aclare el principio de responsabilidad legal. En la relación entre el hombre y la máquina, los riesgos emergentes para la salud y la seguridad deben ser objeto de un enfoque más ambicioso, de conformidad con la Directiva relativa a la responsabilidad por productos defectuosos (5). |
| --- | --- |

1.12.

| 1.13. | Dado el riesgo de polarización social en la transformación digital, el CESE pide a las instituciones de la UE que entablen un debate sobre la cuestión de la financiación de los presupuestos públicos y los sistemas de protección social en una economía en la que aumenta la densidad robótica (6), mientras los impuestos sobre el trabajo siguen siendo la principal fuente de ingresos fiscales en Europa. Para aplicar el principio de equidad, sería útil que este debate incluyera la cuestión de la redistribución de los beneficios de la digitalización. |
| --- | --- |

1.13.

2.   Introducción

| 2.1. | La IA registró una evolución desigual desde la aparición del concepto en 1956 y durante la segunda mitad del siglo XX. En ocasiones suscitó grandes esperanzas y, en otras, grandes desilusiones. Pero desde hace algunos años registra un nuevo e importante auge, que ha sido posible gracias a la recogida, organización y almacenamiento de una cantidad de datos (macrodatos) inédita en la historia de la humanidad y al aumento exponencial de la potencia de cálculo de los ordenadores y las capacidades de los algoritmos. |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | El CESE elaboró un dictamen sobre la IA en 2017 (7), en el que abordó numerosos retos. Tal como se resaltaba en dicho dictamen, no existe una definición precisa de IA. A los efectos del presente dictamen, consideraremos la IA como una disciplina tendente a utilizar las tecnologías digitales para crear sistemas capaces de reproducir de forma autónoma las funciones cognitivas humanas, incluida la captación de datos y formas de comprensión y adaptación (solución de problemas, razonamiento y aprendizaje automáticos). |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | En la actualidad, los sistemas de IA son capaces de resolver problemas complejos, en ocasiones fuera del alcance de la inteligencia humana. Las aplicaciones parecen potencialmente infinitas, tanto en los sectores de la banca, los seguros, el transporte, la asistencia sanitaria, la educación, la energía, el marketing y la defensa como en sectores como la industria, la construcción, la agricultura y la artesanía, etc. (8) Se espera que la IA mejore la eficiencia de los procesos de producción de bienes y servicios, estimule la rentabilidad empresarial y contribuya al crecimiento económico. |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | Este nuevo auge de la IA ha hecho resurgir numerosas cuestiones sobre su posible función en la sociedad, su grado de autonomía y su interacción con el ser humano. Como resaltaba el dictamen del CESE sobre la IA aprobado en 2017 (9), dichas cuestiones afectan, en particular, a la ética, la seguridad, la transparencia, la vida privada y las normas laborales, la educación, la accesibilidad, la legislación y la reglamentación, la gobernanza y la democracia. |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | Es conveniente combinar los distintos enfoques adoptados en el debate sobre la IA para sacar este debate del carril económico en el que se desliza a veces. Ese marco multidisciplinario sería útil para analizar las repercusiones de la IA en el mundo laboral, ya que es uno de los principales lugares de interacción entre el ser humano y la máquina. Desde siempre, la técnica ha tenido un impacto sobre el trabajo. Los efectos de la IA en el empleo y el trabajo requieren, por tanto, especial atención política, ya que las instituciones tienen el papel esencial de hacer que los procesos de transformación económica sean socialmente sostenibles (10). |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | El objetivo del presente dictamen de iniciativa es poner de manifiesto los retos que plantea la IA en el ámbito del trabajo, por lo que respecta, entre otras cosas, a su naturaleza, las condiciones laborales y su organización. Como ya ha resaltado el CESE (11), es conveniente mejorar las estadísticas y la investigación para poder elaborar previsiones precisas sobre la evolución de los mercados de trabajo, así como indicadores claros sobre determinadas tendencias, relativas, en particular, a la calidad del trabajo, la polarización de los puestos de trabajo y las rentas y las condiciones laborales en la transformación digital. La UE carece de datos sobre la denominada economía «colaborativa», las plataformas de trabajo según demanda y los nuevos modelos de subcontratación en línea, así como sobre la utilización de los robots industriales y de servicios personales, la internet de las cosas y el uso y la definición de los sistemas de IA. |
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2.6.

3.   IA y evolución del volumen de empleo

| 3.1. | La cuestión de la repercusión que tendrá la introducción de la IA y la robótica en los procesos de producción es controvertida. Muchos estudios han intentado responder a esta cuestión sin alcanzar un consenso científico. La diversidad de resultados (del 9 % al 54 % de empleos amenazados (12)) refleja la complejidad de las opciones metodológicas y su decisiva repercusión en los resultados de la investigación. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Las previsiones son inciertas, ya que intervienen factores distintos del potencial técnico de automatización, como la evolución política, reglamentaria, económica y demográfica y la aceptación social. No basta que una tecnología esté desarrollada para garantizar su uso y difusión. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Por último, es imposible predecir un balance neto de puestos de trabajo automatizables en cada sector sin tener en cuenta la transformación de las profesiones y el ritmo de creación de nuevos puestos. El desarrollo de los sistemas de IA requerirá, en efecto, nuevos puestos de trabajo en ingeniería, informática y telecomunicaciones (ingenieros, técnicos y operadores), así como profesiones asociadas a los macrodatos (big data): delegados de datos, analistas de datos, exploradores de datos, etc. |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | El papel de las instituciones públicas será garantizar la sostenibilidad social de la transformación digital, que podrá afectar tanto a la cantidad como a la calidad de los puestos de trabajo (13). Uno de los riesgos señalados por los expertos es el de una polarización de los puestos de trabajo entre las «superestrellas», por un lado, que poseen cualificaciones útiles para la economía digital, y los «perdedores», por otro, cuyas cualificaciones, experiencia y conocimientos técnicos quedarán obsoletos de forma progresiva debido a esta transformación. En su reciente Comunicación (14), la Comisión Europea propone una respuesta a este reto esencial en materia de esfuerzos de educación, formación y mejora de las competencias básicas en escritura, lectura y cálculo, así como de las competencias digitales. Esa respuesta merece el apoyo de los agentes económicos y sociales, en particular en el marco del diálogo social nacional, europeo, interprofesional y sectorial (15). |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | El CESE considera, no obstante, que esos esfuerzos no bastarán para responder a todos los retos, en particular a la incertidumbre sobre la evolución del empleo. Merece la pena desarrollar tres pistas complementarias: la de una IA «inclusiva», la de la anticipación de los cambios y, por último, cuando resulte inevitable la adopción de planes sociales, unas reestructuraciones socialmente responsables y reguladas. |
| --- | --- |

3.5.

4.   Una IA y una robotización inclusivas e inteligentes

| 4.1. | El CESE respalda la aplicación del principio de un programa de IA y de robotización inclusivas. Esto significa que, al introducir en las empresas nuevos procesos en los que se utilicen las nuevas tecnologías, sería útil hacer participar a los trabajadores en las modalidades de funcionamientos de esos procesos. Como señala el WRR (16), la introducción «inclusiva e inteligente» de nuevas tecnologías, en las que los trabajadores sigan ocupando un lugar central en el proceso y participen en su mejora, puede contribuir a favorecer la mejora de los procesos de producción (17). |
| --- | --- |

4.1.

| 4.2. | Dado el papel que desempeñan los algoritmos en las condiciones de contratación, trabajo y evaluación profesional, el CESE apoya el principio de transparencia algorítmica, que no consiste en revelar códigos, sino en hacer inteligibles los parámetros y criterios de las decisiones que se toman. El recurso humano debe ser posible en todo momento. |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | Una IA que sitúa al trabajador en un lugar central tiene en cuenta las opiniones de las personas que deberán trabajar con los nuevos procesos tecnológicos, define claramente las tareas y responsabilidades que seguirán estando en manos de los trabajadores y mantiene formas de apropiación del trabajo por los trabajadores, para que estos no se conviertan en meros ejecutores. |
| --- | --- |

4.3.

| 4.4. | El principio de responsabilidad legal debe aclararse. Los robots industriales o de servicios colaboran cada vez más con el ser humano. La IA permite a los robots «salir de sus jaulas» y se pueden producir accidentes (18). Por esta razón, hay que establecer claramente las responsabilidades de los sistemas autónomos en caso de accidente, y se han de cubrir los riesgos en materia de salud y seguridad que puedan correr los trabajadores. La Comisión Europea está iniciando una reflexión sobre estos riesgos emergentes en el marco de la Directiva relativa a la responsabilidad por productos defectuosos (19). En lo que respecta a la seguridad en el trabajo, este enfoque debe ser más ambicioso. |
| --- | --- |

4.4.

| 4.5. | El principio de equidad aplicado al mundo laboral consiste en no desposeer al trabajador de su trabajo. Algunos expertos advierten del riesgo de que la IA contribuya a una forma de pérdida de cualificaciones de los trabajadores. Por lo tanto, es preciso velar por que, como se subraya en la Constitución de la OIT, el trabajo brinde a quienes lo realizan la satisfacción de utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y de contribuir al máximo al bienestar común. Desde el punto de vista de la gestión, es también una forma de mantener la motivación en el trabajo. |
| --- | --- |

4.5.

5.   Anticipación del cambio

| 5.1. | Numerosos estudios han señalado en los últimos años un debilitamiento del diálogo social europeo, y en ocasiones nacional, y ello a pesar de la voluntad de «reactivación» expresada por la Comisión y el Consejo Europeo. Sin embargo, este diálogo social es una de las herramientas más adecuadas para hacer frente a los retos sociales de la digitalización. Por esta razón, el CESE aboga enérgicamente por que, en las empresas y a todos los niveles pertinentes, este diálogo sea una práctica constante a fin de preparar las transformaciones de un modo socialmente aceptable. El CESE recuerda que el diálogo social es uno de los mejores garantes de la paz social y la reducción de las desigualdades. Más allá de las declaraciones políticas de reactivación, las instituciones de la UE tienen la gran responsabilidad de fomentar y alimentar este diálogo social. |
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5.1.

| 5.2. | En particular, cuando se trata de introducir estas tecnologías, el diálogo social debe permitir conocer las perspectivas de transformación de los procesos de producción a escala de las empresas y los sectores, y apreciar las nuevas necesidades en términos de cualificaciones y formación, pero también reflexionar en fases previas sobre la utilización de la IA para mejorar los procesos organizativos y de producción, aumentar las cualificaciones de los trabajadores y optimizar los recursos liberados por la IA para desarrollar nuevos productos y servicios, o mejorar la calidad del servicio al cliente. |
| --- | --- |

5.2.

| 5.3. | Reestructuraciones socialmente responsables |
| --- | --- |

5.3.

| 5.4. | Cuando se considere inevitable la adopción de planes sociales, los retos consistirán en la gestión social de las reestructuraciones. Como han señalado los interlocutores sociales europeos en sus «Orientaciones de referencia para la gestión del cambio y sus consecuencias sociales» (20), muchos estudios de casos resaltan la importancia de buscar todas las alternativas posibles a los despidos, como la formación, la reconversión y el apoyo a la creación de empresas. |
| --- | --- |

5.4.

| 5.5. | En caso de reestructuraciones, la información y la consulta de los trabajadores deben permitir, conforme a las directivas europeas aplicables (21), favorecer la prevención de los riesgos, facilitar el acceso de los trabajadores a la formación dentro de la empresa, flexibilizar la organización del trabajo garantizando la seguridad, y promover la participación de los trabajadores en la marcha y el futuro de la empresa. |
| --- | --- |

5.5.

| 5.6. | Por último, como destaca con acierto la Comisión Europea, la UE debe garantizar el acceso de todos los ciudadanos, incluidos los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos o falsos autónomos, a la protección social, «con independencia del tipo y la duración de su relación laboral», de acuerdo con el pilar europeo de derechos sociales (22). |
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5.6.

6.   IA y evolución de las condiciones de trabajo

| 6.1. | El 25 de abril de 2018, la Comisión Europea propuso un «enfoque europeo» a fin de promover políticas de inversión para el desarrollo de la IA y establecer directrices en materia de ética. La Comisión destaca el potencial de las tecnologías de IA de transformar nuestras sociedades, sobre todo en los sectores del transporte, sanitario y de la industria manufacturera. |
| --- | --- |

6.1.

| 6.2. | Este potencial de transformación se manifiesta en los procesos de producción y también tiene un impacto en el contenido del trabajo, que puede ser positivo, debido, en particular, a que la IA puede mejorar dichos procesos y la calidad del trabajo. Los mismos efectos positivos pueden registrarse en las organizaciones de trabajo «flexibles», en las que el poder de decisión compartido tiene más importancia, así como la autonomía de los equipos, la polivalencia, la organización horizontal y las prácticas innovadoras y participativas (23). |
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6.2.

| 6.3. | Como resaltan el CESE (24) y la propia Comisión, la IA puede ayudar a los trabajadores en las tareas repetitivas, arduas e incluso peligrosas, y algunas aplicaciones de IA pueden mejorar su bienestar y facilitarles su vida diaria. |
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6.3.

| 6.4. | Pero esta visión plantea nuevas cuestiones, en particular en lo concerniente a la interacción entre la IA y el trabajador, y la evolución del contenido del trabajo. En las fábricas, las empresas y las oficinas, ¿hasta qué punto las máquinas inteligentes serán autónomas y cuáles serán las formas de complementariedad con el trabajo humano? El CESE destaca que, en el nuevo mundo laboral, resulta esencial definir la relación del ser humano con la máquina. Se considera fundamental adoptar un enfoque centrado en el control de la máquina por el ser humano (25). |
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6.4.

| 6.5. | A priori, no es éticamente aceptable que un ser humano se vea limitado por la IA, o que sea considerado un ejecutor de la máquina, que le dictaría las tareas que debe realizar, el modo de hacerlo y los plazos de ejecución. Sin embargo, en ocasiones, parece que se franquea esta frontera ética (26). Por consiguiente, es importante que esta frontera quede claramente formulada en las directrices sobre ética en el ámbito de la IA. |
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6.5.

| 6.6. | Evitar reproducir hoy nuevas formas de taylorismo digital orquestado por los desarrolladores de máquinas inteligentes, debe ser una prioridad para la UE. Por esta razón, como ha afirmado el CESE recientemente, los investigadores, ingenieros, diseñadores y empresarios europeos que contribuyen a desarrollar y comercializar sistemas de IA, deben actuar con arreglo a criterios de responsabilidad ética y social. La integración ética y de las ciencias humanas en el plan de estudios de ingeniería puede constituir una buena respuesta ante este imperativo (27). |
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6.6.

| 6.7. | Otra cuestión tiene que ver con la vigilancia y el control administrativo. Todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de una vigilancia razonable de los procesos de producción y, por tanto, también del trabajo efectuado. Hoy, nuevas herramientas tecnológicas permiten, en potencia, implantar sistemas inteligentes de control total en tiempo real de los trabajadores, lo que entraña el riesgo de una vigilancia y un control desproporcionados. |
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6.7.

| 6.8. | La cuestión del carácter razonable y proporcionado del control de la ejecución del trabajo y de los indicadores de rendimiento, de la relación de confianza entre gestor y gestionado, es un tema que merece figurar también en el orden del día del diálogo social nacional, europeo, interprofesional y sectorial. |
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6.8.

| 6.9. | Los temas de los sesgos de los algoritmos, los datos de entrenamiento y los posibles efectos perversos de discriminación siguen siendo controvertidos. Para algunos, los algoritmos y otros programas informáticos de contratación predictivos podrían reducir las discriminaciones en la contratación y favorecer la contratación de los más «inteligentes». Para otros, los programas informáticos de contratación siempre pueden reflejar, incluso de forma involuntaria, los sesgos de los programadores de los robots-contratadores. Según algunos expertos, los modelos algorítmicos nunca dejarán de ser más que opiniones revestidas de matemáticas (28). Por esta razón, es necesario velar por que sea posible un recurso humano (en relación con el principio de transparencia anteriormente desarrollado: derecho a solicitar los criterios de decisión), y por que la recogida de los datos y su tratamiento respondan a los principios de proporcionalidad y finalidad. En todos los casos, los datos solo pueden utilizarse para los fines para los que han sido recogidos (29). |
| --- | --- |

6.9.

| 6.10. | La posibilidad que el Reglamento general de protección de datos ofrece a los Estados miembros de prever, por ley o mediante convenios colectivos, normas más específicas para garantizar la protección de los derechos y libertades en materia de tratamiento de los datos personales de los trabajadores en el marco de las relaciones laborales, representa una auténtica palanca que deben aprovechar los Estados y los interlocutores sociales (30). |
| --- | --- |

6.10.

| 6.11. | Conviene señalar aquí que los riesgos no solo afectan a los trabajadores por cuenta ajena. El desarrollo de la subcontratación en línea, del trabajo en plataformas y de las distintas formas de trabajo participativo va acompañada también de nuevos sistemas de gestión automatizados del rendimiento y la asistencia, cuyos límites éticos parecen franquearse en ocasiones (activación de la webcam del trabajador por la plataforma, capturas de pantalla a distancia, etc.). |
| --- | --- |

6.11.

| 6.12. | A menudo, los algoritmos de esas plataformas, que definen entre otras cosas la remuneración del trabajador autónomo, su reputación digital y sus posibilidades de acceso a las tareas, son opacos. No se explican sus modos de funcionamiento a los trabajadores, que no tienen acceso a los criterios de funcionamiento que se les aplican. |
| --- | --- |

6.12.

7.   Preparar una transición justa

| 7.1. | A medio plazo, el riesgo de polarización social resaltado por numerosos expertos hace necesaria una reflexión de fondo sobre el futuro de nuestros modelos sociales, incluida su financiación. El CESE pide a la Comisión que entable un debate sobre la cuestión de los impuestos y la financiación de los presupuestos públicos y los sistemas de protección social en una economía en la que aumenta rápidamente la densidad robótica (31), mientras los impuestos sobre el trabajo siguen siendo la principal fuente de ingresos fiscales en Europa. Este debate debería incluir la cuestión de la redistribución de los dividendos de la digitalización. |
| --- | --- |

7.1.

| 7.2. | La Comisión propone reforzar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para que se beneficien de él, en particular, los trabajadores por cuenta ajena que pierdan su empleo y los autónomos que se hayan visto obligados a interrumpir su actividad como consecuencia de la digitalización o automatización de la economía (32). El CESE considera que se trata de un paso hacia la creación de un auténtico Fondo Europeo de Transición que contribuya a la anticipación y a la gestión socialmente responsable de la transformación digital y de las reestructuraciones que conlleve. |
| --- | --- |

7.2.

| 7.3. | Los aspectos sociales y, más en general, societales de la IA son objeto cada vez más de debates nacionales. Los recientes debates en el Parlamento británico (33) y en el Senado francés han puesto de manifiesto la necesidad de promover un enfoque ético de la IA, basado en cierto número de principios, como la lealtad, la transparencia y la explicación de los sistemas algorítmicos, la ética y la responsabilidad de las aplicaciones de IA, y la sensibilización de los investigadores, expertos y especialistas en la posible mala utilización de los resultados de sus investigaciones. En Francia, el informe Villani se propone «dar un sentido» a la IA (34). Numerosos expertos de las universidades de Yale, Stanford, Cambridge y Oxford advierten contra las «vulnerabilidades no resueltas» de la IA y hacen valer la imperiosa necesidad de preverlas, prevenirlas y mitigarlas (35). Del mismo modo, el Fonds de recherche du Québec (FRQ), en cooperación de la Universidad de Montreal, trabaja desde hace algunos meses en un proyecto para crear un Observatorio mundial del impacto social de la IA y la digitalización (36). |
| --- | --- |

7.3.

| 7.4. | Todas estas iniciativas demuestran la necesidad de sacar el debate sobre la IA del carril económico y técnico, y ampliar las deliberaciones públicas sobre el papel que la sociedad quiere que desempeñe la IA, también en el mundo laboral. Esas deliberaciones permitirán evitar la trampa de la «falsa dicotomía» entre una visión totalmente inocente y optimista de la IA y sus efectos, y una visión catastrofista (37). Que esos debates se lancen a escala nacional es una primera etapa útil, pero la UE tiene también un papel que desempeñar, en particular mediante la definición de directrices en materia ética, como ha empezado a hacer la Comisión. |
| --- | --- |

7.4.

| 7.5. | La aplicación de dichas directrices deberá confiarse a un Observatorio consagrado a la ética de los sistemas de IA. Se trata de poner la IA y sus aplicaciones al servicio del bienestar y la emancipación de los ciudadanos y los trabajadores, dentro del respeto de los derechos fundamentales, y evitar que contribuyan de forma directa o indirecta a procesos de desapropiación, desaprendizaje y pérdida de cualificaciones y de autonomía. El principio del «ser humano al mando» en todos los contextos, entre ellos el laboral, debe encontrar aplicaciones concretas. |
| --- | --- |

7.5.

| 7.6. | Este principio ha de aplicarse asimismo a otros sectores de actividad, como los profesionales de la salud, que proporcionan servicios estrechamente vinculados con la vida, la salud, la seguridad y la calidad de vida de los seres humanos. Únicamente unas normas éticas rigurosas podrán garantizar que no solo los trabajadores, sino también los consumidores, los pacientes, los clientes y los demás prestatarios de servicios, puedan beneficiarse plenamente de las nuevas aplicaciones de IA. |
| --- | --- |

7.6.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  Acemoglu, D., Restrepo, P. (2018), «Artificial Intelligence, Automation and Work», NBER Working Paper 24196, enero de 2018. Véase también: Conseil d’orientation pour l’emploi (2017), Automatisation, numérisation et emploi. (tomo 1) (www.coe.gouv.fr)

1

Automatisation, numérisation et emploi

(2)  Acemoglu, D., op.cit.; Conseil d’orientation pour l’emploi (2017), op. cit.

2

(3)  COM(2018) 380 final.

3

(4)  Directiva 2002/14/CE; Declaración conjunta de intenciones UNICE-CESE-CEEP sobre el diálogo social y las nuevas tecnologías, 1985; Dictamen conjunto de los interlocutores sociales sobre las nuevas tecnologías, la organización del trabajo y la capacidad de adaptación del mercado de trabajo, 1991; Orientaciones de referencia para la gestión del cambio y sus consecuencias sociales, 2003.

4

(5)  COM(2018) 246 final.

5

(6)  https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robots-double-worldwide-by-2020.

6

(7)  DO C 288 de 31.8.2017, p. 1.

7

(8)  Véase asimismo: https://www.techemergence.com.

8

(9)  DO C 288 de 31.8.2017, p. 1.

9

(10)  Eurofound (2018), Automation, digitalisation and platforms: Implications for work and employment, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.

10

Automation, digitalisation and platforms: Implications for work and employment

(11)  DO C 13 de 15.1.2016, p. 161.

11

(12)  Frey y Osborne, 2013; Bowles, 2014; Arntz, Gregory y Zierahn, 2016; Le Ru, 2016; McKinsey, 2016; OCDE, 2017; véase también el Dictamen exploratorio CCMI/136, DO C 13 de 15.1.2016, p. 161.

12

(13)  http://www.oecd.org/fr/emploi/avenir-du-travail/.

13

(14)  COM(2018) 237 final.

14

(15)  DO C 367 de 10.10.2018, p. 15.

15

(16)  Consejo científico neerlandés para la política gubernamental.

16

(17)  https://english.wrr.nl/latest/news/2015/12/08/wrr-calls-for-inclusive-robot-agenda.

17

(18)  Véanse los trabajos sobre «riesgos emergentes» de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (https://osha.europa.eu/fr/emerging-risks). Según la Agencia, los actuales enfoques y normas técnicas dirigidos a proteger a los empleados de los riesgos de trabajar con robots colaborativos tendrán que revisarse a la luz de estos desarrollos.

18

(19)  COM(2018) 246 final.

19

(20)  Texto conjunto UNICE, CEEP, UEAPME y CESE, 16.10.2003.

20

(21)  Directiva 2002/14/CE que establece un marco general relativo a la información y consulta de los trabajadores en la UE.

21

(22)  DO C 303 de 19.8.2016, p. 54; DO C 173 de 31.5.2017, p. 15; DO C 129 de 11.4.2018, p. 7 y DO C 434 de 15.12.2017, p. 30.

22

(23)  DO C 434 de 15.12.2017, p. 30.

23

(24)  DO C 367 de 10.10.2018, p. 15.

24

(25)  DO C 288 de 31.8.2017, p. 1; DO C 367 de 10.10.2018, p. 15.

25

(26)  Varios medios de comunicación europeos se han hecho eco de las condiciones de trabajo en algunos centros logísticos, en los que los trabajadores se encuentran bajo el control de algoritmos que les indican las tareas que deben realizar en plazos prescritos y en los que su rendimiento se mide en tiempo real.

26

(27)  DO C 367 de 10.10.2018, p. 15.

27

(28)  Para Cathy O’Neil, doctora por la Universidad de Harvard y especialista en la ciencia de datos, «Models are opinions embedded in mathematics» (los modelos son opiniones incorporadas a las matemáticas) (https://www.theguardian.com/books/2016/oct/27/cathy-oneil-weapons-of-math-destruction-algorithms-big-data).

28

(29)  Véanse, en particular, los trabajos de la CNIL (Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades) en Francia («Comment permettre à l’homme de garder la main? Les enjeux éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle» (¿Cómo lograr que el hombre mantenga el control? Los desafíos éticos de los algoritmos y la inteligencia artificial),

29

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_rapport_garder_la_main_web.pdf).

(30)  Reglamento (UE) n.o 2016/679 (artículo 88).

30

o

(31)  https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robots-double-worldwide-by-2020.

31

(32)  COM(2018) 380 final.

32

(33)  https://www.parliament.uk/ai-committee.

33

(34)  http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128577/rapport-de-cedric-villani-donner-un-sens-a-l-intelligence-artificielle-ia.html.

34

(35)  https://www.eff.org/files/2018/02/20/malicious_ai_report_final.pdf.

35

(36)  http://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/03/29/le-quebec-jette-les-bases-d-un-observatoire-mondial-sur-les-impacts-societaux-de-l-ia/.

36

(37)  Acemoglu, D., op.cit. Véase también Eurofound 2018, Automation, digitalisation and platforms: Implications for work and employment, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, p. 23: «The risks comprise unwarranted optimism, undue pessimism and mistargeted insights».

37

Automation, digitalisation and platforms: Implications for work and employment

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| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/8 |
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6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/8

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Confianza, privacidad y seguridad de los consumidores y las empresas en el internet de las cosas»

(dictamen de iniciativa)

(2018/C 440/02)

| Ponente: | Carlos TRIAS PINTÓ |
| --- | --- |
| Coponente: | Dimitris DIMITRIADIS |

Ponente:

Carlos TRIAS PINTÓ

Coponente:

Dimitris DIMITRIADIS

| Decisión del Pleno | 15.2.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 29. 2 del Reglamento interno
  Dictamen de iniciativa |
| Sección competente | Sección de Mercado Único, Producción y Consumo |
| Aprobación en sección | 4.9.2018 |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 182/3/2 |

Decisión del Pleno

15.2.2018

Fundamento jurídico

Artículo 29. 2 del Reglamento interno

Dictamen de iniciativa

Sección competente

Sección de Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobación en sección

4.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

182/3/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El internet de las cosas (en adelante, IoT, por sus siglas en inglés), a partir de la interconectividad de personas y objetos, representa un inmenso abanico de oportunidades para los ciudadanos y las empresas, que deben venir acompañadas de una serie de garantías y controles para asegurar una implantación satisfactoria. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | Teniendo en cuenta que uno de los pilares del IoT radica en la toma de decisiones automática sin intervención humana, debe garantizarse que estas no socavan los derechos de los consumidores ni conllevan en modo alguno riesgos de carácter ético o contrarios a principios y derechos humanos fundamentales. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | El CESE solicita a las instituciones europeas y a los Estados miembros que: |
| --- | --- |

1.3.

| 1.3.1. | velen por la protección de la seguridad y la privacidad, a través de la elaboración de los marcos regulatorios adecuados, que contemplen estrictas medidas de seguimiento y control; |
| --- | --- |

1.3.1.

| 1.3.2. | delimiten con claridad la responsabilidad de todos los profesionales en la cadena de suministro del producto y en los flujos de información asociados al mismo, evitando los vacíos legales cuando concurren diversos productores y distribuidores; |
| --- | --- |

1.3.2.

| 1.3.3. | establezcan recursos adecuados y mecanismos efectivos de coordinación entre la Comisión Europea y los Estados miembros para garantizar una aplicación coherente y armonizada tanto de la normativa que se someta a revisión como de la nueva regulación, abordando en paralelo el entorno internacional; |
| --- | --- |

1.3.3.

| 1.3.4. | vigilen el desarrollo de las tecnologías emergentes relacionadas con el IoT, para garantizar un nivel elevado de seguridad, plena transparencia y una accesibilidad equitativa; |
| --- | --- |

1.3.4.

| 1.3.5. | fomenten las iniciativas de normalización europeas e internacionales para garantizar la fiabilidad, disponibilidad, resistencia y mantenimiento de los productos; |
| --- | --- |

1.3.5.

| 1.3.6. | vigilen los mercados y preserven el level playing field en la implementación del IoT, evitando la concentración de poder económico transnacional en los nuevos actores tecnológicos; |
| --- | --- |

1.3.6.

| 1.3.7. | se comprometan a promover acciones de sensibilización y capacitación en competencias digitales, de la mano de la investigación fundamental e innovación en la materia; |
| --- | --- |

1.3.7.

| 1.3.8. | garanticen la plena aplicación y una utilización eficaz de los sistemas de resolución alternativa de litigios o de resolución de litigios en línea (RAL y RLL), y |
| --- | --- |

1.3.8.

| 1.3.9. | aseguren la existencia, la aplicación y el funcionamiento eficaz de un sistema europeo de acciones colectivas que permita las órdenes de cesación y la obtención de una indemnización en aquellos casos en que el uso del IoT cause daños o perjuicios de carácter colectivo, como se desprende del Nuevo Marco para los Consumidores. |
| --- | --- |

1.3.9.

| 1.4. | La confianza de los consumidores vendrá asociada tanto al estricto cumplimiento de la legislación correspondiente como a la comunicación de buenas prácticas empresariales en materia de privacidad y seguridad, y es deber de las instituciones engarzarlas con las estrategias de responsabilidad social corporativa y de inversión socialmente responsable. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | El impacto social y económico del IoT se acrecentará positivamente en la medida en que se entrelace adecuadamente con el desarrollo de políticas socioambientales en el marco de la economía colaborativa, la economía circular y la economía de la funcionalidad. |
| --- | --- |

1.5.

2.   Antecedentes y contexto

| 2.1. | Durante los quince últimos años, la irrupción de internet ha producido transformaciones en todos los ámbitos de la vida cotidiana, afectando a los diferentes hábitos de consumo. Se prevé que en los próximos diez años la revolución del internet de las cosas alcance los sectores energético, agropecuario o de transportes, así como los más tradicionales de la economía y la sociedad, lo cual lleva a diseñar políticas integrales que aborden de forma inteligente esta disrupción tecnológica. |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | El concepto de IoT surgió en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), y su idea radica básicamente en un mundo lleno de dispositivos totalmente interconectados de manera que puedan automatizarse en conjunto los distintos procesos interoperables. Por su parte, la Unión Europea lleva preparándose para abordar la convergencia digital y los nuevos desafíos del IoT desde el lanzamiento del plan «i2010: Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo» (1), hasta el reciente Plan de Acción de IoT (véase el documento Advancing the Internet of Things in Europe, que formó parte en 2016 de la Comunicación «Digitalización de la industria europea. Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital») (2). |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | El CESE se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre la cuarta revolución industrial, marcada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, y se remite en particular al Dictamen emitido en 2017 (3). De hecho, el IoT es el ámbito predilecto de aplicación de las formas más avanzadas de IA y donde los principios definidos por el CESE son puestos a prueba, en particular el principio de que los seres humanos tengan en todo momento control. |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | Los dispositivos del IoT carecen a menudo de las normas de autenticación necesarias para mantener la seguridad de los datos de usuario. Esto da lugar a la aparición de problemas, al quedar expuestos a fallos de seguridad los dispositivos, los datos y los miembros de la cadena de suministro. |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | Las tecnologías emergentes, como la cadena de bloques, pueden resolver problemas de seguridad y confianza: pueden utilizarse para rastrear las mediciones de los datos procedentes de sensores y evitar no solo la duplicación con cualquier otro dato malintencionado sino también preservar la integridad y la trazabilidad de las modificaciones; un libro de contabilidad distribuido puede permitir la identificación de dispositivos del IoT, la autenticación y la transferencia de datos segura, sin fallas; los sensores del IoT pueden utilizarse para intercambiar datos a través de una cadena de bloques en lugar de un tercero; el uso de contratos inteligentes permite la autonomía de los dispositivos, así como la identidad individual y la integridad de los datos; los costes de creación y funcionamiento se reducen al no haber intermediarios; por último, los dispositivos del IoT de la cadena de bloques proporcionan el historial de los dispositivos conectados, muy útil si es necesario resolver problemas (4). |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | Por otra parte, se están desarrollando tecnologías de contabilidad distribuida de código abierto para el intercambio de información y valor entre máquinas en el IoT. No permiten la minería de datos pero utilizan una arquitectura inspirada en un concepto matemático llamado gráfico acíclico dirigido (DAG), que evita las comisiones y propicia que la red aumente su capacidad conforme se incremente el número de usuarios. |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | Estamos ante un hecho con un gran potencial económico y social (5), que presenta grandes oportunidades pero también importantes desafíos asociados a riesgos implícitos, con un carácter multidisciplinar y transversal que afecta por igual a empresas y consumidores, administraciones y ciudadanos. Por ello, el tratamiento de este asunto debe contemplar un enfoque común y, a la vez, particularizado en todo aquello que resulte singular para una u otra condición. Al respecto, basta apuntar que Naciones Unidas estimaba para 2020 en cincuenta mil millones los dispositivos interconectados, con aplicaciones para consumidores a través de televisores, refrigeradores, cámaras de seguridad, vehículos, etc. |
| --- | --- |

2.7.

| 2.8. | Las aplicaciones del IoT ya arrojan beneficios económicos y sociales en el marco de un mundo globalizado, entre otros, más servicios sensibles al contexto socioeconómico, ciclos de retroalimentación más cortos, reparaciones a distancia, soportes para la toma de decisiones, mejor asignación de recursos o un control remoto de servicios. Sin embargo, hay factores asociados muy sensibles, tales como la privacidad y la seguridad, la asimetría informativa y la transparencia de las transacciones, responsabilidades complejas, bloqueos de productos y sistemas, o también, un incremento de los productos híbridos que puede afectar en términos de propiedad y exponer a los consumidores a la aplicación de contratos a distancia, con la consiguiente merma de garantías. |
| --- | --- |

2.8.

| 2.9. | Los ingentes desafíos legales a los que se enfrentan la UE y sus Estados miembros se explican por el hecho de que muchas de las características específicas del IoT (altos niveles de complejidad y alta interdependencia, el elemento de autonomía, los componentes de generación y/o procesamiento de datos, y una dimensión abierta) son compartidas con otras tecnologías digitales emergentes como la blockchain, la impresión en 3D y la computación en la nube. En opinión del CESE, el documento de trabajo de la Comisión Europea (6) sobre la responsabilidad de las tecnologías digitales emergentes da un paso más en la dirección adecuada. |
| --- | --- |

2.9.

| 2.10. | En definitiva, maximizar beneficios y minimizar los riesgos asociados al IoT conlleva facilitar información accesible, clara, concisa y precisa, promoviendo en particular la inclusión y la conectividad digital de los consumidores más vulnerables, mediante el diseño de productos y servicios plenamente trazables que incorporen normas integradas de confianza, privacidad y seguridad. |
| --- | --- |

2.10.

3.   Confianza de consumidores y empresarios en el IoT

| 3.1. | El IoT es un complejo ecosistema que permite la interconexión de dispositivos procedentes de diferentes fabricantes, distribuidores o desarrolladores de software, lo que puede generar dificultades para determinar la responsabilidad en situaciones de incumplimiento normativo, o de daños materiales u otros daños a terceros o a sistemas causados por productos defectuosos o por el uso indebido de los productos en la red por parte de terceros, excluidos los usuarios finales. Incluso cabe la posibilidad de que muchos de los operarios que participan en la cadena de valor global del producto no cuenten con suficientes conocimientos y experiencia en temas de seguridad o de protección de datos para dispositivos en red. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Por ello se requiere un nuevo enfoque de las responsabilidades orientado a garantizar que tanto los consumidores como las empresas que adopten aplicaciones de IoT estén protegidos en un entorno en el que productos con una configuración adecuada puedan volverse defectuosos e inseguros como resultado de incidentes de seguridad digital o utilizarse indebidamente (por ejemplo, por piratas informáticos). Este entorno debe permitir anticipar, prevenir y protegerse de aquellas decisiones automatizadas que puedan vulnerar los fundamentos éticos y los derechos humanos universalmente reconocidos. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | El CESE aplaude tanto la revisión de la aplicación de la Directiva de 1985 en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (7) como la reciente creación del grupo de expertos multistakeholder sobre responsabilidad y nuevas tecnologías, para garantizar un equilibrio justo entre los intereses de los productores y los consumidores. Un nuevo marco de responsabilidad deberá contemplar de forma clara la trazabilidad de la responsabilidad y la seguridad tanto a lo largo de la cadena de valor del producto como durante su ciclo de vida, incorporando la sostenibilidad como nuevo factor que obligará a contemplar la actualización, mejora, portabilidad, compatibilidad, reutilización, reparación o readaptación del producto. |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | También debe ser objeto de consideración específica para el IoT la determinación de responsabilidad de todos los profesionales en la cadena de suministro del producto, evitando los vacíos legales cuando concurren diversos productores y distribuidores. El CESE considera imprescindible especificar claramente los procedimientos que los consumidores deben seguir en cada caso, promoviendo los mecanismos de resolución alternativa de litigios (ADR, por sus siglas en inglés). |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | El CESE hace hincapié en la importancia de la información precontractual y la transparencia de las cláusulas que se estipulen, así como de las instrucciones de uso de los dispositivos, con advertencia explícita de los posibles riesgos asociados y de la cobertura de los mismos. |
| --- | --- |

3.5.

| 3.6. | La interoperabilidad y compatibilidad de los dispositivos y software asociados debe garantizarse, para evitar bloqueos y posibilitar al consumidor comparar proveedores. El CESE remarca que este factor también es clave para establecer un level playing field entre grandes empresas y pymes. |
| --- | --- |

3.6.

| 3.7. | Finalmente, el CESE aboga por respetar la neutralidad de la red y exhorta a la Comisión a que ejerza una estricta vigilancia de la conducta de mercado. |
| --- | --- |

3.7.

4.   Privacidad de los consumidores en el IoT

| 4.1. | Los consumidores han visto reforzada la capacidad de ejercer control sobre sus datos personales y preferencias de privacidad con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (8). El usuario de un dispositivo debe tener el control de cómo se utilizan los datos que genera y quién puede acceder a ellos, teniendo en cuenta que la diversidad de datos, así como la agregación y vinculación a otros datos, suponen un grave riesgo para la privacidad en el ecosistema del IoT. |
| --- | --- |

4.1.

| 4.2. | Conviene tener presente la incidencia que la multiplicidad de productos, servicios o entidades puede tener en la privacidad y en la protección de datos cuando estos se transfieren de forma autónoma con arreglo a su interconectividad. Y del mismo modo, en aquellos casos en los que se trata o reelabora la información a partir de datos inicialmente inocuos, se podría llegar a adquirir un conocimiento preciso de hábitos, ubicaciones, intereses y preferencias de los individuos, lo que incrementa la accesibilidad y rastreabilidad del perfil del usuario. |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | Las garantías jurídicas deben asegurar la plena capacidad de los usuarios para ejercer sus derechos de privacidad y protección de datos personales sin limitación alguna, evitando así potenciales daños como las prácticas discriminatorias, la comercialización invasiva, la pérdida de privacidad o las violaciones de seguridad. Por otra parte, los consumidores deberían tener información sobre el valor económico de sus datos y reservarse el derecho de poder compartirlos. |
| --- | --- |

4.3.

| 4.4. | Como ya dispone el RGPD, empresas y reguladores deberán revisar periódicamente el alcance de la recopilación de datos personales y evaluar en qué medida los datos procesados son proporcionados y necesarios para la realización del servicio. Los aspectos e impactos de privacidad deben evaluarse a lo largo de toda la concepción, ciclo de diseño y desarrollo de un producto conectado y el ecosistema en red en el que opera (privacidad por diseño). Por consiguiente, los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto deben aplicarse de manera coherente en el IoT. |
| --- | --- |

4.4.

| 4.5. | Así mismo, de forma predeterminada, la configuración de cualquier producto conectado debe establecerse en el nivel más alto de protección de la privacidad (por diseño y por defecto), evitando el seguimiento no deseado del comportamiento de los usuarios y sus ocupaciones. |
| --- | --- |

4.5.

| 4.6. | En todo caso, los consumidores deberán conocer de forma fehaciente los datos que se recopilan, quienes acceden a ellos y la utilidad que se les pretende dar mientras la relación de producto o servicio se mantenga activa, así como la política de privacidad aplicable y si los algoritmos utilizados afectan a la calidad, el precio o el acceso a un servicio. |
| --- | --- |

4.6.

5.   Seguridad de consumidores y empresarios en el IoT

| 5.1. | La interconectividad de dispositivos que caracteriza el ecosistema del IoT puede alentar el desarrollo de prácticas tecnológicas ilegales o indeseables, convirtiéndose en un espacio propicio para la vulnerabilidad y su propagación viral. Por ello debe acometerse la seguridad de forma integral, en todos y cada uno de los componentes del sistema. |
| --- | --- |

5.1.

| 5.2. | La oferta de productos y actualizaciones vinculadas a la ciberseguridad deberá ser justificada y brindar cobertura no solo a dispositivos individuales, sino extenderse también a los riesgos de seguridad que comporta la interconectividad con otros dispositivos en el IoT, no reduciéndose por razón de su número los estándares de calidad de dicha seguridad. |
| --- | --- |

5.2.

| 5.3. | A este respecto, la propuesta de Reglamento relativo a la Agencia de Ciberseguridad de la UE (9) incluye un marco de certificación de las tecnologías de la información y la comunicación que permitirá la definición de esquemas de certificación de seguridad y etiquetado para diferentes tipos de productos, entre los que se encuentran los del IoT. Si bien el CESE aplaude esta medida, también expresa su preocupación por el hecho de que no tenga carácter obligatorio. |
| --- | --- |

5.3.

| 5.4. | Las medidas de ciberseguridad deberían abarcar los riesgos contra cualquier tipo de vulnerabilidad y, en particular, el hackeo, el acceso no permitido o el mal uso, así como en lo relativo a los medios de pago y los fraudes financieros. A este respecto, el CESE respalda las competencias atribuidas al grupo de expertos multistakeholdersobre responsabilidad y nuevas tecnologías. |
| --- | --- |

5.4.

| 5.5. | Asimismo, deberá contemplarse la seguridad personal de los consumidores ante riesgos como el uso de proximidad, las bandas de frecuencia compartidas, la exposición a campos electromagnéticos o posibles interferencias con equipos vitales conectados. El CESE aboga por aplicar medidas de vigilancia y retirada preventiva ante riesgos que afecten a la salud y la seguridad de los consumidores o a sus intereses personales y económicos. |
| --- | --- |

5.5.

| 5.6. | Las empresas deberán adoptar estándares de buenas prácticas, como la seguridad por diseño y por defecto, y someterse a evaluaciones externas independientes. En caso de incidentes de seguridad o violaciones de datos, las empresas estarán obligadas a notificar dichas incidencias, incluyendo información relativa a la responsabilidad por daños e incumplimiento normativo. |
| --- | --- |

5.6.

| 5.7. | Las empresas deberán facilitar a los consumidores información sencilla y accesible que les permita tomar decisiones adecuadas y adoptar prácticas seguras, proporcionando las actualizaciones de seguridad que resulten esenciales a lo largo del ciclo de vida del producto. |
| --- | --- |

5.7.

| 5.8. | Debe abordarse la falta de normas coherentes en relación con las redes de IoT. Es preciso desarrollar tecnologías avanzadas de banda ancha y de nueva generación que mejoren las actuales infraestructuras. |
| --- | --- |

5.8.

6.   Propuestas de acción en el marco de las políticas públicas (10)

| 6.1. | Los poderes públicos, en el ejercicio de sus competencias en los diferentes ámbitos territoriales de la Unión Europea, deberán participar activamente en la elaboración de las políticas y planes de acción del IoT con el objetivo de lograr un equilibrio entre las distintas partes interesadas, anticipando las problemáticas y paliando prudencialmente los posibles efectos adversos. El CESE propone: |
| --- | --- |

6.1.

| 6.1.1. | crear entornos de prueba (sand boxes), es decir, espacios físicos, clusters, etc., para los proyectos piloto y las pruebas de concepto; Estos deberían tener como objetivo ensayar no solo tecnologías, sino también los modelos de reglamentación (11). |
| --- | --- |

6.1.1.

| 6.1.2. | financiar infraestructuras tecnológicas que permitan el desarrollo de proyectos innovadores de IoT en el marco del nuevo programa «Horizonte Europa»; |
| --- | --- |

6.1.2.

| 6.1.3. | designar institutos y agencias independientes como facilitadores y supervisores de los proyectos del IoT. El CESE se congratula de las medidas contempladas a este respecto en el Reglamento de 2017 relativo a la ciberseguridad y demanda a la Comisión que impulse de forma eficaz y con los recursos presupuestarios adecuados los procesos de normalización para la industria digital (12); |
| --- | --- |

6.1.3.

| 6.1.4. | impulsar asociaciones y plataformas de colaboración público-privadas, en las que participen la comunidad científica, la industria y los consumidores; |
| --- | --- |

6.1.4.

| 6.1.5. | alentar las inversiones en el desarrollo de modelos empresariales locales que aprovechen los beneficios del IoT y faciliten que se aborden aspectos tan complicados como la protección y la propiedad de los datos; |
| --- | --- |

6.1.5.

| 6.1.6. | llevar a cabo acciones de capacitación en el ámbito empresarial desde la óptica de la corresponsabilidad. Es preciso garantizar que la seguridad y la privacidad por diseño y por defecto se integren en los productos y servicios de las TIC, de acuerdo con el principio del «deber de diligencia» que propugna el nuevo Reglamento sobre ciberseguridad. A este respecto, el CESE saluda la prevista elaboración de códigos de conducta, complementarios a la acción normativa; |
| --- | --- |

6.1.6.

| 6.1.7. | fomentar las iniciativas de normalización europeas e internacionales para garantizar que los sistemas de IoT dispongan de las características esenciales, es decir, fiabilidad, inocuidad, disponibilidad, resistencia, mantenibilidad y utilización. En particular, la normalización es esencial para la rápida realización de procesos de fabricación industrial altamente digitalizados; |
| --- | --- |

6.1.7.

| 6.1.8. | garantizar un acceso asequible y de alta calidad a los usuarios del IoT, en particular, a la población más vulnerable o que resida en áreas menos pobladas; |
| --- | --- |

6.1.8.

| 6.1.9. | impulsar campañas de sensibilización y programas educativos para facilitar la adopción del IoT por parte de las empresas y de los consumidores, habilitando la adquisición de las capacidades y competencias precisas (13), con especial atención a los colectivos vulnerables y a la diversidad; |
| --- | --- |

6.1.9.

| 6.1.10. | emprender iniciativas en el ámbito educativo para una adecuada prevención, dada la incorporación precoz de la población infantil a los entornos digitales; |
| --- | --- |

6.1.10.

| 6.1.11. | realizar análisis y estudios diagnósticos del impacto del IoT en los nuevos modelos de producción y consumo sostenibles; |
| --- | --- |

6.1.11.

| 6.1.12. | garantizar la plena aplicación y una utilización eficaz de los sistemas de resolución alternativa de litigios o de resolución de litigios en línea (RAL y RLL), y |
| --- | --- |

6.1.12.

| 6.1.13. | asegurar la existencia, la aplicación y el funcionamiento eficaz de un sistema europeo de acciones colectivas que permita las órdenes de cesación y la obtención de una indemnización en aquellos casos en que el uso del IoT cause daños o perjuicios de carácter colectivo, como se desprende del Nuevo Marco para los Consumidores. |
| --- | --- |

6.1.13.

| 6.2. | Asimismo, el CESE demanda a la Comisión que evalúe la normativa relacionada directa o indirectamente con el IoT y, en su caso, mejore los actos legislativos en vigor. En ese sentido, el
  New Deal for Consumers
  debería poner también la lupa tanto sobre los dispositivos que se conectan como sobre las redes y su seguridad, así como sobre los datos asociados a los dispositivos. |
| --- | --- |

6.2.

| 6.3. | Finalmente, el CESE señala la importancia de dotarse de mecanismos de cooperación y coordinación entre los Estados miembros para una aplicación eficiente y uniforme de las regulaciones previstas, así como para los convenios que la Unión Europea deba establecer fuera de su territorio debido a la ubicación de las sedes de empresas y proveedores, con especial énfasis en el intercambio de mejores prácticas. La política internacional sobre flujos de datos transfronterizos debe coordinarse para que los países involucrados puedan establecer normas de protección igualmente elevadas en sus leyes nacionales, tanto sustantivas como procesales. |
| --- | --- |

6.3.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  COM(2005) 229 final.

1

(2)  COM(2016) 180 final.

2

(3)  Inteligencia artificial: las consecuencias de la inteligencia artificial para el mercado único (digital), la producción, el consumo, el empleo y la sociedad (DO C 288 de 31.8.2017, p. 1).

3

(4)  Véase Khwaja Shaik, Why blockchain and IoT are best friends, https://www.ibm.com/us-en/?lnk=m; sobre las innovaciones en el sector financiero europeo, véase DO C 246 de 28.7.2017 p.8.

4

Why blockchain and IoT are best friends

(5)  Digital McKinsey estima que el IoT tiene un impacto económico potencial de 3,9 a 11,1 billones USD anuales.

5

(6)  SWD(2018) 137.

6

(7)  COM(2018) 246 final.

7

(8)  Vigente desde el 25 de mayo de 2018.

8

(9)  Véase el COM(2017) 477 final.

9

(10)  Véase el informe del Grupo del Banco Mundial, Internet of Things: The New Government-to-Business Platform (informe sobre el internet de las cosas, la nueva plataforma gobierno-empresa).

10

Internet of Things: The New Government-to-Business Platform

(11)  Véase https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-and-eea-member-states-sign-cross-border-experiments-cooperative-connected-and-automated.

11

(12)  DO C 197 de 8.6.2018, p. 17.

12

(13)  DO C 434 de 15.12.2017, p. 36.

13

---

| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/14 |
| --- | --- | --- | --- |

6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/14

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre los «Indicadores más adaptados para evaluar los ODS — Contribución de la sociedad civil»

(Dictamen de iniciativa)

(2018/C 440/03)

| Ponente: | Brenda KING |
| --- | --- |
| Coponente: | Thierry LIBAERT |

Ponente:

Brenda KING

Coponente:

Thierry LIBAERT

| Decisión del Pleno | 15.2.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno |
| | Dictamen de iniciativa |
| Sección competente | Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente |
| Aprobado en la sección | 5.9.2018 |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 194/2/3 |

Decisión del Pleno

15.2.2018

Fundamento jurídico

Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno

Dictamen de iniciativa

Sección competente

Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Aprobado en la sección

5.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

194/2/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | Desde que las instituciones europeas aprobaron la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en 2015, el CESE ha venido solicitando a la Comisión la creación de una estrategia europea global en materia de desarrollo sostenible con objetivos, metas y acciones concretos a fin de lograr los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS). A pesar de que la UE lideró la adopción de la Agenda 2030 y que los ODS reflejan los valores fundamentales de la UE, que consisten en promover una mayor armonía social, política, económica y medioambiental, la Comisión Europea no ha desarrollado hasta ahora una estrategia global. El documento de reflexión «Hacia una Europa sostenible de aquí a 2030», que se publicará a finales de 2018, brinda la oportunidad de subrayar la importancia de adoptar una estrategia europea global. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | La actual falta de una estrategia europea de desarrollo sostenible pone en peligro la coherencia de la aplicación de la Agenda 2030, tanto en la UE como a nivel nacional. Se pueden dar diferencias en los enfoques adoptados para abordar los ODS, puesto que varios Estados miembros ya están preparando sus estrategias nacionales de desarrollo sostenible, cuando aún no existen ni un marco estratégico europeo ni directrices comunes de aplicación. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | El CESE acoge con satisfacción el primer informe de seguimiento anual de los ODS (1) de Eurostat para 2017, que se basa en un conjunto de cien indicadores que utilizan criterios rigurosos aplicables a los datos. Sin embargo, el Comité ha detectado una serie de deficiencias en relación con el actual conjunto de indicadores que deberían tenerse en cuenta en las próximas ediciones del informe de seguimiento anual de los ODS de Eurostat. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | El CESE pide que los indicadores puedan servir de base para la planificación y elaboración de políticas. El actual conjunto de indicadores no evalúa la distancia que nos separa de las metas ni informa adecuadamente sobre los progresos realizados. Deben establecerse objetivos políticos específicos a escala de la UE para los ODS, y los indicadores deben ser capaces de supervisar su consecución. A falta de estos objetivos políticos específicos, la UE podría evaluar los resultados nacionales en comparación con los mejores y con el promedio de resultados. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | El CESE también señala algunas limitaciones técnicas que deben abordarse para garantizar la utilización de los mejores indicadores. Por ejemplo, el uso de indicadores transversales sigue siendo insuficiente para proporcionar información sobre las sinergias y los dilemas entre los objetivos. Tampoco se han integrado plenamente los efectos indirectos sobre el desarrollo sostenible de los países asociados ni la supervisión de la coherencia política entre objetivos políticos externos y nacionales importantes. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Eurostat y las oficinas nacionales de estadística deben asegurarse de que utilizan un marco coherente de indicadores. Deberá establecerse un sistema global e integrado de indicadores para garantizar la fiabilidad del ejercicio de seguimiento de la aplicación de los ODS a nivel europeo y nacional. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | Eurostat y las oficinas nacionales de estadística cuentan con recursos humanos y financieros limitados para recopilar datos nuevos y, por lo tanto, no siempre es posible generar indicadores nuevos y más específicos. El CESE pide que se garanticen recursos suficientes para superar esta importante limitación. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | Pide asimismo que la sociedad civil participe en mayor medida en la definición de los indicadores y en la evaluación de los progresos de la UE hacia la consecución de los objetivos. La naturaleza transversal de los ODS exige que todas las partes interesadas cooperen de forma integrada. |
| --- | --- |

1.8.

| 1.9. | El CESE recomienda que el conjunto de indicadores se complete con un informe alternativo cualitativo, elaborado en estrecha colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, para que todas las partes interesadas sientan en mayor medida los ODS como algo suyo. Una información cualitativa permite resaltar tendencias que de otra manera, es decir, con parámetros exclusivamente cuantitativos, no se hubieran observado. El CESE propone liderar la coordinación de la preparación del informe cualitativo complementario. Sugiere asimismo que la Comisión Europea coopere en la organización de una cumbre europea de los ODS, como un ejercicio de evaluación en el que participen todas las partes interesadas. |
| --- | --- |

1.9.

| 1.10. | Un marco estratégico coherente también requiere que los otros indicadores de la UE (por ejemplo, los indicadores incluidos en el cuadro de indicadores sociales o los indicadores de la biodiversidad europea) sean coherentes con el marco de la Agenda 2030. Una estrategia global debería proporcionar esta visión general de la interrelación entre los ODS, las políticas de la UE y los diferentes conjuntos de indicadores. |
| --- | --- |

1.10.

| 1.11. | El CESE pide que el actual sistema de gobernanza de la UE se adapte a la aplicación de la Agenda 2030. Una estrategia europea global en materia de desarrollo sostenible plenamente alineada con la Agenda 2030 garantizaría la integración de los ODS en todas las políticas de la UE y ofrecería un marco para la coordinación y el seguimiento de la aplicación de los ODS a escala nacional y de la Unión. Por ejemplo, el aparato del Semestre Europeo debería supervisar y contribuir a la aplicación de los ODS. Además, la formulación y evaluación de políticas de la UE (por ejemplo, el programa de mejora de la legislación) deberían adaptarse a fin de incorporar plenamente los ODS en el ciclo político. Se deberían someter todas las propuestas legislativas y políticas a una prueba de sostenibilidad, a fin de evaluar su impacto en los ODS y decidir sobre la idoneidad de las mismas. |
| --- | --- |

1.11.

| 1.12. | El CESE recomienda establecer, dentro de la Comisión, una estructura de trabajo encabezada por un vicepresidente, que disponga de un equipo específico y un presupuesto propio, trabaje con todos los comisarios y los servicios de la Comisión, y esté encargada de integrar los ODS en las políticas de la UE. Asimismo, el presidente de la Comisión Europea deberá presentar los avances realizados y describir las acciones adicionales necesarias para aplicar los ODS en el discurso anual sobre el estado de la Unión Europea. |
| --- | --- |

1.12.

| 1.13. | Por último, el CESE pide que se llegue a un acuerdo sobre un presupuesto de la UE que haga del desarrollo sostenible el objetivo central. El CESE recuerda que la versión final del marco financiero plurianual (MFP) para el período 2021-2027 mostrará la capacidad de la UE para cumplir sus compromisos en relación con la Agenda 2030. La propuesta de la Comisión de mayo de 2018 va en la buena dirección, pero, en definitiva, ha dejado escapar la oportunidad de hacer de la Agenda 2030 la prioridad de la agenda europea. |
| --- | --- |

1.13.

2.   Ausencia de una estrategia de la UE

| 2.1. | La UE debería comprometerse en mayor medida con su papel de liderazgo para garantizar y promover el desarrollo sostenible. En realidad, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas está directamente alineada con el propósito fundamental de la Unión Europea, a saber, promover una mayor armonía social, política, económica y medioambiental, tanto dentro de Europa como en todo el planeta. Sin embargo, aunque la UE y sus Estados miembros han firmado la Agenda global, Europa se está quedando rezagada. Hasta ahora, ni la UE ni algunos Estados miembros han sido capaces de aplicar una estrategia de desarrollo sostenible que permita garantizar la consecución de los ODS. |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | En una referencia al desarrollo sostenible contenida en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea se indica lo siguiente: «En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión [...] contribuirá [...] [al] desarrollo sostenible del planeta [...]». Pese a que se incluyen cada vez más elementos de sostenibilidad en las distintas políticas de la UE, como la política industrial, el transporte y la energía, sigue existiendo una falta de ambición y de financiación. En general, el CESE lamenta la evidente falta de estrategia, coherencia política e integración en la coordinación general de las políticas de la UE. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | El CESE es la única institución a escala europea que ha hecho del desarrollo sostenible una prioridad. El Parlamento Europeo no dispone de una estructura para abordar el desarrollo sostenible, aunque algunos grupos políticos están incluyendo la Agenda 2030 en sus prioridades políticas para las elecciones europeas de mayo de 2019. Por su parte, la Comisión Europea ha establecido la plataforma multilateral para la aplicación de los ODS, que supone un paso en la dirección adecuada, aunque no está claro si esta plataforma continuará más allá de esta Comisión. Además, el CESE propugnaba ya en el pasado un foro de la sociedad civil más ambicioso y más amplio que el que se creó finalmente (2). |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | A nivel nacional, el grado de planificación y aplicación de los ODS es diferente (3). Algunos Estados miembros ya han adoptado estrategias nacionales globales de desarrollo sostenible y, en algunos casos, las autoridades regionales y locales, así como las partes interesadas, también están llevando a cabo iniciativas relacionadas con los ODS para aumentar el nivel de concienciación. Existe el riesgo de incoherencia entre los enfoques nacionales, al carecerse aún de un marco europeo. El CESE pide que el desarrollo sostenible se integre en las políticas nacionales y que la sociedad civil organizada participe plenamente en la elaboración y aplicación, en consonancia con la estrategia global de la UE. |
| --- | --- |

2.4.

3.   Los pasos siguientes

| 3.1. | El 13 de septiembre de 2017, el presidente Juncker anunció la elaboración de un documento de reflexión titulado «Hacia una Europa sostenible de aquí a 2030» sobre el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, en particular con respecto al Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Este documento se publicará en invierno de 2018. En la fase actual de preparación, la Comisión está examinando los puntos de vista de los miembros de la Plataforma multilateral sobre los ODS. Estos presentan sugerencias sobre cómo mejorar la gobernanza de la UE en relación con los ODS (por ejemplo, adoptando una estrategia global) y formulan recomendaciones políticas sobre la manera en que deberían evolucionar los instrumentos de la UE para coordinar las políticas, el seguimiento y la rendición de cuentas. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | La aplicación de los ODS implica fijarse unos objetivos económicos, sociales, políticos y medioambientales que requerirán cambios fundamentales en las sociedades europeas y en las instituciones de la UE. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | A este respecto, los debates sobre el futuro de Europa que se celebren antes de las elecciones europeas de 2019 son cruciales para sensibilizar a los ciudadanos sobre el desarrollo sostenible. Los partidos políticos europeos deben posicionarse al respecto y abordar el desarrollo sostenible en sus programas electorales. |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Además, el CESE considera que la futura Comisión Europea y el nuevo Parlamento Europeo que surjan tras las elecciones europeas de 2019 deberían fijarse la prioridad de integrar mejor los ODS en las políticas de la UE. Insta al Parlamento Europeo a reforzar su capacidad de seguimiento y supervisión de los avances en los ODS y a asumir la responsabilidad de los objetivos. Por lo que respecta a la Comisión, también es recomendable reforzar el liderazgo del vicepresidente responsable de la política de desarrollo sostenible y reestructurar las carteras de las direcciones generales para que quede claro quién es responsable de cada uno de los ODS. |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | La decisión definitiva sobre el marco financiero plurianual (MFP) para el período 2021-2027 mostrará la capacidad de la UE para cumplir sus compromisos en relación con la Agenda 2030. El MFP es esencial para garantizar la integración de los ODS en el resto de las políticas. La propuesta de la Comisión Europea publicada en mayo de 2018 va en la buena dirección, pero ha dejado escapar la oportunidad de presentar la Agenda 2030 como la prioridad de la agenda europea. Más allá del incremento limitado que se propone para el objetivo de la integración climática, el nuevo MFP debe asignar los recursos financieros correspondientes al desarrollo sostenible y garantizar también que ningún tipo de financiación menoscabe la aplicación de los ODS. La financiación tiene que ponerse a disposición de quienes ejecutan los ODS, incluidos los Estados miembros, los entes locales, las empresas y las ONG, para que la destinen a proyectos innovadores y modulables. |
| --- | --- |

3.5.

| 3.6. | La UE está experimentando una grave crisis política e institucional y se enfrenta a retos como las crecientes desigualdades sociales, los problemas medioambientales y la pérdida de confianza en los gobiernos y en la UE (4). Para superar esta situación, la Unión necesita adoptar un nuevo discurso que pueda aportar soluciones concretas a los retos a los que se enfrentan nuestras sociedades. Los debates en curso sobre el futuro de Europa deben contribuir a este nuevo discurso, teniendo en cuenta la Agenda 2030 y el Sexto Escenario para Europa (5), para que la UE se convierta en un motor de la sostenibilidad. Se requiere un mayor liderazgo por parte de los Jefes de Estado europeos para hacer de los ODS una parte central de su discurso y de su visión política para Europa. |
| --- | --- |

3.6.

| 3.7. | La Agenda 2030 se basa en los valores fundamentales de Europa: democracia y participación, justicia social, solidaridad y sostenibilidad, y respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos, tanto en Europa como en el resto del mundo. El nuevo discurso sobre el desarrollo sostenible debe ofrecer a los ciudadanos respuestas sobre la manera en que las administraciones públicas y la sociedad civil organizada piensan materializar sus aspiraciones de bienestar económico, social y medioambiental. |
| --- | --- |

3.7.

4.   La cuestión de los indicadores

| 4.1. | El CESE considera que el enfoque de la UE respecto a sus indicadores relativos a los ODS debe ir más allá de la mera evaluación y contribuir a la formulación y el diseño de las políticas, en vez de limitarse a ser un instrumento de información. Los indicadores deben ayudar a los responsables políticos de la UE a definir las futuras políticas y a planificar la mejor manera de alcanzar los ODS. También deben ayudarles a detectar las desviaciones que se producen con respecto a los ODS e introducir a tiempo los cambios políticos necesarios para que los objetivos se alcancen para 2030. |
| --- | --- |

4.1.

| 4.2. | El CESE opina que el informe de seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en la UE para 2017 de Eurostat (2017 Monitoring Report of the Sustainable Development Goals in an EU context) constituye un buen punto de partida, pero hay margen de mejora. Es preciso desarrollarlo mejorando los indicadores. El método actual de evaluación de los progresos (es decir, un cambio positivo de un 1 %), si no hay objetivos cuantificados de la UE, puede inducir a error dado que, a diferencia de otros informes, no proporciona información sobre la distancia que queda por recorrer hasta los ODS. Por ejemplo, mientras que Eurostat concluye que en Europa se han realizado progresos significativos respecto al ODS 12 (6), otras fuentes, como la OCDE, llegan a conclusiones diferentes (7). El informe de seguimiento debe hacer más para que quede clara la naturaleza integrada de la agenda, en la que los esfuerzos tienen que reforzar todos los objetivos en lugar de ir en contra de alguno de ellos. Pese a su valor, el uso de indicadores transversales sigue siendo insuficiente para proporcionar información sobre las sinergias y los dilemas que plantean los objetivos. Además, el informe debe evaluar los efectos indirectos sobre el desarrollo sostenible de los países asociados y supervisar la coherencia política entre objetivos políticos externos y nacionales importantes. Por último, los indicadores deben permitir comparaciones entre los países europeos, detectar divergencias en la aplicación por los Estados miembros y actualizarse con frecuencia para basarse en los mejores datos científicos, conocimientos e información disponibles. |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | Para disponer de un conjunto coherente de indicadores que ofrezca una visión clara de la aplicación de los ODS a nivel de la UE, es fundamental crear un sistema global de indicadores que abarque los niveles europeo y nacionales. En primer lugar, es preciso armonizar o, al menos, interrelacionar los indicadores de los ODS de la UE con los indicadores actuales que se utilizan para los diferentes ámbitos políticos a escala de la UE. Por ejemplo, los conjuntos de indicadores pertinentes, como el cuadro de indicadores sociales o los indicadores de la biodiversidad europea, deben vincularse a los indicadores de los ODS de la UE, y su relación debe definirse claramente. En segundo lugar, las estrategias nacionales de desarrollo sostenible deben utilizar los mismos indicadores o, al menos, otros comparables a los indicadores de los ODS de la UE. De no ser así, se corre un alto riesgo de incoherencia entre los distintos enfoques adoptados por los Estados miembros. En tercer lugar, la UE debe garantizar un proceso global de presentación de informes al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. La Comisión Europea debe ser capaz de ofrecer una visión clara de la aplicación de los ODS, tanto a escala de la UE como en todos y cada uno de los Estados miembros. |
| --- | --- |

4.3.

| 4.4. | El CESE considera que hay que abordar determinadas limitaciones en relación con el proceso de definición de indicadores. Eurostat y las oficinas nacionales de estadística cuentan con recursos humanos y financieros limitados para recopilar datos nuevos y, por lo tanto, no siempre es posible generar indicadores nuevos y más específicos. Según el Informe Anual 2017 presentado por el Comité Consultivo Europeo para la Gobernanza Estadística al Parlamento Europeo, el coste del sistema estadístico europeo asciende al 0,02 % del PIB, y tras los recortes de personal relacionados con la austeridad presupuestaria, la plantilla no se ha restablecido a los niveles anteriores a la crisis económica (8). A fin de mejorar el conjunto de indicadores, se debe dar mayor prioridad al desarrollo de indicadores de sostenibilidad y, por tanto, asignar a Eurostat y a las oficinas nacionales de estadística una financiación adecuada para este tipo de indicadores, de acuerdo con los ODS 17. De este modo, será posible añadir indicadores nuevos que podrían requerir una recopilación adicional de datos. |
| --- | --- |

4.4.

| 4.5. | En lo que respecta al actual conjunto de indicadores de Eurostat, el CESE detecta una serie de deficiencias, que idealmente deberían subsanarse tras la publicación del informe de seguimiento de los avances hacia los ODS de 2018 de Eurostat. Entre los ámbitos que deben mejorar figuran los siguientes:






  — | una presentación visual más objetiva de los resultados globales, para no dar la impresión equivocada de que Europa está prácticamente al día con los ODS, lo que contradice otras investigaciones cualitativas o temáticas, así como las percepciones de los ciudadanos; |
| --- | --- | --- |

4.5.

—

una presentación visual más objetiva de los resultados globales, para no dar la impresión equivocada de que Europa está prácticamente al día con los ODS, lo que contradice otras investigaciones cualitativas o temáticas, así como las percepciones de los ciudadanos;

| — | una mayor atención a los efectos indirectos del modelo de desarrollo actual de Europa, por ejemplo, basándose en los trabajos actuales de Eurostat sobre las huellas ambientales, así como a la contribución de Europa en apoyo de los países asociados para lograr los ODS; |
| --- | --- |

—

una mayor atención a los efectos indirectos del modelo de desarrollo actual de Europa, por ejemplo, basándose en los trabajos actuales de Eurostat sobre las huellas ambientales, así como a la contribución de Europa en apoyo de los países asociados para lograr los ODS;

| — | un enfoque más innovador que permita comprender la indivisibilidad de la agenda de los ODS, más allá de los indicadores transversales, que por sí solos no muestran los desequilibrios y las contradicciones entre las diferentes dimensiones de la sostenibilidad y que carecen de un marco adecuado para evaluar la coherencia política; |
| --- | --- |

—

un enfoque más innovador que permita comprender la indivisibilidad de la agenda de los ODS, más allá de los indicadores transversales, que por sí solos no muestran los desequilibrios y las contradicciones entre las diferentes dimensiones de la sostenibilidad y que carecen de un marco adecuado para evaluar la coherencia política;

| — | más datos sobre los resultados de las empresas, los entes locales y las ONG; |
| --- | --- |

—

más datos sobre los resultados de las empresas, los entes locales y las ONG;

| — | más información sobre los resultados de los Estados miembros en relación con los ODS, dado que los promedios ofrecen una imagen incompleta. También es importante proporcionar información a nivel nacional, ya que los Estados miembros tienen competencia exclusiva en relación con varios ODS; |
| --- | --- |

—

más información sobre los resultados de los Estados miembros en relación con los ODS, dado que los promedios ofrecen una imagen incompleta. También es importante proporcionar información a nivel nacional, ya que los Estados miembros tienen competencia exclusiva en relación con varios ODS;

| — | mejores indicadores de cumplimiento de los ODS, en particular los ODS 16 (9) y 17 (10), por ejemplo en relación con el espacio que se da a la sociedad civil en Europa (11) y las asociaciones innovadoras; |
| --- | --- |

—

mejores indicadores de cumplimiento de los ODS, en particular los ODS 16 (9) y 17 (10), por ejemplo en relación con el espacio que se da a la sociedad civil en Europa (11) y las asociaciones innovadoras;

| — | una metodología más sólida para medir los avances hacia la consecución de los ODS cuando no hay un objetivo europeo, por ejemplo, comparando los resultados medios con los mejores resultados entre los Estados miembros europeos o con objetivos sustitutivos derivados de otros compromisos internacionales o de la investigación disponible. |
| --- | --- |

—

una metodología más sólida para medir los avances hacia la consecución de los ODS cuando no hay un objetivo europeo, por ejemplo, comparando los resultados medios con los mejores resultados entre los Estados miembros europeos o con objetivos sustitutivos derivados de otros compromisos internacionales o de la investigación disponible.

| 4.6. | Aunque las series de larga duración son útiles, los indicadores se deben revisar y mejorar basándose en el establecimiento de nuevos retos y en el progreso del conocimiento científico, incluidos datos nuevos. Pese a que los esfuerzos de Eurostat por incorporar indicadores nuevos en 2018 van por el buen camino, es esencial que haya claridad sobre el proceso y los plazos para incluir indicadores «en espera». Por ejemplo, se debe disponer de un plan de acción y un calendario para el indicador propuesto «Magnitud de la situación de carencia de hogar en la UE», recomendado por la FEANTSA (Federación Europea de Asociaciones Nacionales que Trabajan con Personas sin Hogar), que actualmente figura como «en espera». |
| --- | --- |

4.6.

| 4.7. | Hay que potenciar el papel de la sociedad civil organizada en relación con el informe anual de Eurostat. Eurostat debe realizar más consultas a la sociedad civil sobre el proceso de definición de los indicadores y sobre la evaluación del progreso de los indicadores. Como norma general, se deberá consultar a la sociedad civil en las fases iniciales del proceso para que las recomendaciones puedan tenerse en cuenta, y Eurostat tendrá que explicar las razones por las que se han tenido en cuenta, o no, dichas recomendaciones. |
| --- | --- |

4.7.

| 4.8. | Lo que se supervisa y lo que no, en particular el diseño y la elección de los indicadores, tiene importantes implicaciones políticas (12). Por lo tanto, el proceso mediante el cual Eurostat prepara el informe anual debería permitir a la sociedad civil contribuir con una interpretación cualitativa de los indicadores. Este proceso debería ir acompañado de encuestas frecuentes del Eurobarómetro para evaluar la percepción de los ciudadanos sobre los progresos realizados. |
| --- | --- |

4.8.

| 4.9. | El CESE es consciente de que la sociedad civil tiene una capacidad estadística limitada a la hora de proponer indicadores nuevos que puedan satisfacer los criterios de solidez estadística de Eurostat. No obstante, la sociedad civil es capaz de definir indicadores útiles que usen otras fuentes distintas de los datos de Eurostat, por ejemplo, los indicadores que está desarrollando la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible. Por tanto, el CESE considera que es necesario apoyar a las organizaciones de la sociedad civil con medidas de capacitación, a fin de garantizar que estas sean capaces de contribuir en mayor medida al diálogo con Eurostat. |
| --- | --- |

4.9.

| 4.10. | Al objeto de consolidar el nuevo y poderoso discurso sobre el desarrollo sostenible mencionado anteriormente, el CESE pide a la Comisión Europea y a Eurostat que mejoren la forma de comunicar sobre los progresos de los ODS. El informe de Eurostat no es fácil de leer en su conjunto, y tampoco se ha difundido ampliamente; por lo tanto, se deben explorar vías nuevas para darlo a conocer entre una audiencia y unos ciudadanos no especializados. También deberían explorarse otros productos de investigación y comunicación, como parte de una estrategia ambiciosa de sensibilización. Por ejemplo, crear una sección de «seguimiento de la sociedad civil» en el sitio web de los ODS de Eurostat permitiría compartir la responsabilidad del seguimiento de los objetivos de forma interactiva. |
| --- | --- |

4.10.

| 4.11. | El CESE reconoce que el informe anual de Eurostat no incluye ni puede incluir información cualitativa. Para paliar esta laguna (y reforzar la participación de la sociedad civil), el CESE propone que el seguimiento de la aplicación de los ODS se complete con un informe alternativo separado, independiente y centrado en la calidad, elaborado en estrecha colaboración con las partes interesadas de la sociedad civil. Dicho informe alternativo debería centrarse en: a) ofrecer una reflexión y un análisis del informe de Eurostat; b) completar el informe de Eurostat con información cualitativa procedente de la sociedad civil organizada, y c) facilitar a la sociedad civil organizada una interpretación de los progresos realizados en la aplicación de los ODS. El CESE está realizando un estudio sobre la participación de la sociedad civil en el seguimiento de los ODS (que espera finalizar para noviembre de 2018), dedicado específicamente a explorar y proponer un enfoque metodológico de cara a la redacción de este informe complementario al informe anual de Eurostat. |
| --- | --- |

4.11.

| 4.12. | La rendición de cuentas constituye el núcleo de la agenda de los ODS. Una estrategia ambiciosa de los ODS tiene que completarse con un marco de rendición de cuentas sólido en el que la sociedad civil organizada desempeñe una función clave. Todo ello exige sensibilizar a los ciudadanos de toda la Unión, así como realizar encuestas de opinión y establecer otros mecanismos para recopilar las opiniones de los ciudadanos. A este respecto, la Comisión Europea (en colaboración con el CESE) debería organizar una cumbre de los ODS a fin de realizar un balance anual con los Estados miembros, el Parlamento Europeo, la sociedad civil, las empresas y los entes regionales y locales, y comprometerse a mantener un diálogo incluyente y periódico con las partes interesadas. Por último, debe promoverse el intercambio de buenas prácticas derivadas de la participación de la sociedad civil en la evaluación de los ODS. El CESE podría desempeñar un papel clave a la hora de ayudar a las organizaciones de la sociedad civil a intercambiar este tipo de experiencias, crear sinergias, aumentar los conocimientos y la sensibilización y fomentar la colaboración. |
| --- | --- |

4.12.

5.   Integración de los ODS en la gobernanza de la UE

| 5.1. | Convendría adaptar el actual sistema de gobernanza de la UE para que contribuya a la aplicación de la Agenda 2030. A tal fin, todas las instituciones de la UE deberían tomar medidas para garantizar un trabajo coordinado que permitiera avanzar hacia el logro de los ODS. |
| --- | --- |

5.1.

| 5.2. | Pese al liderazgo del vicepresidente de la Comisión Europea, es obvio que hay un bajo nivel de aceptación entre varios servicios de la Comisión, lo que obstaculiza el progreso. Lo mismo se aplica al Parlamento, que debe establecer un proceso fiable en todas las comisiones a fin de dialogar sobre la aplicación de los ODS. Por último, el grupo de trabajo sobre los ODS del Consejo Europeo, que es objeto de una favorable acogida, tiene que garantizar la integración adecuada de los ODS en todos los asuntos que trate el Consejo Europeo como, por ejemplo, el futuro de la PAC, la política de cohesión, la política de transporte (13), las relaciones exteriores (14) y el próximo MFP para 2021-2027. |
| --- | --- |

5.2.

| 5.3. | Una estrategia europea global de la UE en materia de desarrollo sostenible desempeñaría un papel esencial en la integración de los ODS en todas las políticas de la UE y ofrecería un marco para la coordinación y el seguimiento de la aplicación de los ODS a escala nacional y de la Unión. Como ya se ha señalado, la estrategia debe establecer objetivos, los medios para alcanzarlos y un conjunto coherente de indicadores que se usarán para hacer un seguimiento de los progresos. El CESE está de acuerdo con el Consejo en lo que respecta a la necesidad de desarrollar un marco de indicadores de referencia (15). |
| --- | --- |

5.3.

| 5.4. | Como también se ha indicado ya, este marco de indicadores de referencia debería integrar todos los indicadores europeos pertinentes que se utilizan actualmente en diferentes ámbitos políticos y definir la interrelación entre los indicadores existentes y los indicadores de los ODS. En particular, la Comisión Europea debería garantizar la plena armonización y coherencia entre el cuadro de indicadores sociales y los indicadores de los ODS de la UE. En la actualidad, de los doce indicadores del cuadro de indicadores sociales, ocho están incluidos de forma total o parcial en el conjunto de los ODS de la UE. |
| --- | --- |

5.4.

| 5.5. | La coordinación y el seguimiento de los ODS deben integrarse en el proceso del Semestre Europeo, tal y como ha solicitado insistentemente el CESE (por ejemplo, en sus Dictámenes NAT/693 (16), NAT/700 (17), SC/047 (18) y SC/050 (19)). Esto debe incluir un proceso de supervisión de la idoneidad de las estrategias de aplicación de los ODS a nivel de los Estados miembros. Las autoridades nacionales han de recibir orientaciones comunes y ser supervisadas para que todos los esfuerzos vayan en la misma dirección. Además, hay que fomentar el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros. En el contexto de una futura estrategia global de desarrollo sostenible, el Semestre Europeo debe extender su ámbito de aplicación más allá de la mera dimensión económica tradicional e integrar plenamente las dimensiones social y medioambiental, que deben gozar del mismo nivel de importancia. Por consiguiente, las recomendaciones específicas por país deben ser coherentes con los ODS, así como con el análisis realizado en los informes nacionales en el marco del proceso del Semestre Europeo. |
| --- | --- |

5.5.

| 5.6. | El recientemente creado programa de apoyo a las reformas estructurales (SRSP, por sus siglas en inglés) está destinado a ayudar a los Estados miembros a aplicar reformas institucionales, estructurales y administrativas. Se espera que el SRSP desempeñe un papel importante en los próximos años. Como ya han indicado el CESE (20) y el informe Falkenberg (21), el SRSP debe asumir que todas las reformas que se promuevan tienen que ser coherentes con la Agenda 2030 y los ODS. |
| --- | --- |

5.6.

| 5.7. | A fin de garantizar que los ODS se integren en todas las políticas de la UE, el programa de mejora de la legislación tiene que adaptarse en consecuencia para garantizar un enfoque completo y global en relación con los ODS. El CESE considera que los principios de los ODS deben mencionarse de forma explícita en las directrices e instrumentos de mejora de la legislación. Asimismo, los métodos de mejora de la legislación deben revisarse para garantizar que sean capaces de evaluar objetivos a largo plazo y medir la distancia que nos separa de alcanzar los ODS. Por último, es necesario prestar más atención a la coherencia de las políticas como herramienta para aplicar los ODS, usando, por ejemplo, el marco de la OCDE sobre coherencia de las políticas en favor del desarrollo sostenible (CPDS). |
| --- | --- |

5.7.

| 5.8. | Al proponer nuevas iniciativas legislativas o políticas, la Comisión Europea debe indicar claramente a qué ODS se dirige y realizar una prueba de sostenibilidad para evaluar el impacto esperado en los ODS (como parte del proceso de evaluación de impacto, destinado a evaluar las dimensiones económica, social y medioambiental de las propuestas). En la aplicación de los ODS, hay que determinar cuáles son los principales problemas que persigue solucionar la política propuesta. Del mismo modo, el seguimiento y la evaluación de las políticas actuales de la UE tienen que adaptarse para medir los progresos hacia la consecución de los ODS y para recomendar modificaciones políticas que tengan un mayor impacto en la promoción de los ODS. |
| --- | --- |

5.8.

| 5.9. | El programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) de la Comisión también debe integrar el punto de vista del desarrollo sostenible. Los trabajos en el marco del programa REFIT deben garantizar que toda simplificación o modernización propuesta del Derecho de la Unión sea coherente y contribuya al logro de los ODS. |
| --- | --- |

5.9.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

EL Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  Sustainable development in the European Union: Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context (Desarrollo sostenible en la Unión Europea: Informe de seguimiento de los avances hacia los ODS en la UE). Edición de 2017.

1

Sustainable development in the European Union: Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context

(2)  Dictamen del CESE sobre el tema «Próximas etapas para un futuro europeo sostenible» (DO C 345 de 13.10.2017, p. 91).

2

Dictamen del CESE sobre «Un foro europeo de la sociedad civil en favor del desarrollo sostenible» (DO C 303 de 19.8.2016, p. 73).

(3)  El CESE está elaborando un inventario de las iniciativas de desarrollo sostenible que existen a nivel nacional. En el sitio web del CESE se publicará un resumen de la situación en cada Estado miembro.

3

(4)  Dictamen del CESE sobre «La transición hacia un futuro más sostenible en Europa» (SC/047) (DO C 81 de 2.3.2018, p. 44).

4

(5)  http://www.foeeurope.org/sites/default/files/other/2017/6th_scenario_future_of_europe.pdf.

5

(6)  ODS 12. El consumo y la producción responsables.

6

(7)  Véase, por ejemplo, el documento de la OCDE 2017. Measuring Distance to the SDG Targets: an assessment of where OECD countries stand (Medición de la distancia con respecto a los objetivos de los ODS: evaluación de la situación de los países de la OCDE).

7

Measuring Distance to the SDG Targets: an assessment of where OECD countries stand

(8)  Informe Anual 2017 del Comité Consultivo Europeo para la Gobernanza Estadística, pp. 25-26.

8

(9)  ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

9

(10)  ODS 17. Asociaciones para los Objetivos.

10

(11)  Basarse en las metodologías existentes, como el monitor Civicus, https://civicus.org/index.php/what-we-do/innovate/civicus-monitor.

11

(12)  Dictamen del CESE sobre el tema «Próximas etapas para un futuro europeo sostenible» (NAT/700) (DO C 345 de 13.10.2017, p. 91).

12

(13)  Dictamen del CESE sobre «El papel del transporte en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y sus consiguientes repercusiones en la formulación de las políticas de la UE», (DO C 367 de 10.10.2018, p. 9).

13

(14)  Dictamen del CESE sobre «Una asociación renovada con los países de África, el Caribe y el Pacífico» (REX/485) (DO C 129 de 11.4.2018, p. 76).

14

(15)  https://www.consilium.europa.eu/media/23989/st10370-en17.pdf.

15

(16)  Dictamen del CESE sobre el tema «Desarrollo sostenible: Inventario de las políticas interiores y exteriores de la UE» (NAT/693) (DO C 487 de 28.12.2016, p. 41).

16

(17)  Dictamen del CESE sobre el tema «Próximas etapas para un futuro europeo sostenible» (NAT/700) (DO C 345 de 13.10.2017, p). 91.

17

(18)  Dictamen del CESE sobre «La transición hacia un futuro más sostenible en Europa» (SC/047) (DO C 81 de 2.3.2018, p. 44).

18

(19)  Dictamen del CESE sobre el «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2018» (SC/50) (DO C 227 de 28.6.2018, p. 95).

19

(20)  Dictamen del CESE sobre el programa de apoyo a las reformas estructurales (ECO/398) (DO C 177 de 18.5.2016, p. 47).

20

(21)  «Sustainability Now!» Nota estratégica del CEEP. Número 18 (2016) https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/rapport_kff.pdf.

21

---

| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/22 |
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6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/22

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La contribución de las zonas rurales de Europa al Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 para garantizar la sostenibilidad y la cohesión entre zonas urbanas y rurales»

(Dictamen de iniciativa)

(2018/C 440/04)

| Ponente: | Tom JONES |
| --- | --- |

Ponente:

Tom JONES

| Decisión del Pleno | 15.2.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno |
| | Dictamen de iniciativa |
| Sección competente | Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente |
| Aprobación en sección | 5.9.2018 |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 201/2/7 |

Decisión del Pleno

15.2.2018

Fundamento jurídico

Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno

Dictamen de iniciativa

Sección competente

Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Aprobación en sección

5.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

201/2/7

1.   Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

| 1.1. | El CESE apoya plenamente que se designe 2018 como Año Europeo del Patrimonio Cultural y alaba todos los esfuerzos realizados por los promotores y organizadores a todos los niveles para rendir homenaje e incrementar la visibilidad del rico y diverso patrimonio cultural de Europa (1). |
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1.1.

| 1.2. | El CESE anima a todas las partes interesadas y participantes a que adopten una definición de «cultura» lo más amplia posible y a que incluyan a todos los ciudadanos. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Este año no solo debe servir para conmemorar el pasado, sino que también debe fomentar expresiones cambiantes, nuevas y estimulantes de la inspiración y la habilidad humanas, que a menudo son fruto de tradiciones arraigadas en el patrimonio rural de cada país. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Doce meses constituyen un período breve, pero cabe esperar que este esfuerzo y estas inversiones adicionales animen a los ciudadanos a centrarse en las oportunidades que brinda el patrimonio cultural en las regiones rurales. Todo ello debería permitirles crear un capital renovado, estético, social y económico del bienestar para las generaciones presentes y futuras. A mitad de recorrido han obtenido el distintivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural más de 3 500 proyectos, y el porcentaje de proyectos rurales varía de una región a otra. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | El CESE apoya el llamamiento de la Alianza Europea para la Cultura y las Artes, de enero de 2018, para que las instituciones europeas y los Estados miembros garanticen un apoyo considerable dentro del marco financiero plurianual (MFP) posterior a 2020. También acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión Europea con la cultura, anunciado en su proyecto de presupuesto de mayo de 2018, así como los otros compromisos contraídos por medio de la Nueva Agenda para la Cultura (2). |
| --- | --- |

1.5.

Recomendaciones

| 1.6. | El patrimonio cultural rural, con toda su riqueza y diversidad, debe reconocerse formalmente por su valor artístico intrínseco y su contribución económica y social al bienestar de todos los ciudadanos europeos (3). |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | Se deberán examinar las repercusiones que la inversión de los financiadores públicos tienen en las zonas rurales de modo que, cuando se diseñe cualquier flujo de financiación nuevo, este incluya apoyo a las contribuciones en curso de las familias y los trabajadores agrícolas, así como a las ONG que integren artistas individuales, asociaciones folclóricas, grupos de acción local o explotaciones de la agricultura social. Al hacerlo, se tendrán plenamente presentes las medidas que se necesitan para potenciar las infraestructuras del patrimonio rural. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | Los flujos de financiación existentes de la UE, incluido el Programa de Desarrollo Rural, deben apreciar cada vez más el valor horizontal de la cultura y ofrecer un apoyo a los proyectos culturales, incluidos aquellos que protegen, fomentan y potencian los paisajes ricos en biodiversidad. La recuperación del pastoreo y la restauración de cabañas remotas en los Pirineos, los viñedos de Santorini, la protección de los pastos comunales en Șeica Mare (Rumanía) son buenos ejemplos de todo ello, al igual que el proyecto cultural Leader de Lesbos (Grecia) para apoyar la integración de los inmigrantes. Los programas agroambientales deben seguir creando hábitats agrarios y el entorno construido debe hacer gala de unos niveles de diseño elevados que respeten los modelos culturales tradicionales sin dejar de ser adecuados para el uso moderno. |
| --- | --- |

1.8.

| 1.9. | Las superficies arboladas, los bosques y las vías navegables sostenibles merecen ser objeto de medidas de apoyo para evitar la degradación y la contaminación. Deben preverse fondos para la conservación de los cinturones protectores de áreas verdes y arbustos creados en el pasado en espacios rurales (por ejemplo en Polonia, según el concepto de Dezydery Chłapowski), que reducen la erosión del suelo y las emisiones de CO2, favorecen el rendimiento y enriquecen el paisaje. |
| --- | --- |

1.9.

| 1.10. | La contribución de las jornadas de puertas abiertas en explotaciones, las visitas escolares al campo, las exposiciones, el artesanado y las demás ferias y festivales culturales ayudan a los habitantes de las ciudades a comprender y apreciar mejor las zonas rurales, por lo que merecen recibir financiación pública, al igual que las medidas para tender puentes entre los ciudadanos rurales y urbanos mediante proyectos culturales. |
| --- | --- |

1.10.

| 1.11. | Deben promoverse medidas para dar a conocer la cultura y tradiciones rurales a las nuevas generaciones a través de lenguajes modernos e innovadores y se deben cuantificar sus beneficios económicos y sociales, además de compartir y alabar las buenas prácticas. Debe apoyarse a los artistas y otros agentes culturales inspiradores, en ocasiones provenientes de otras partes, para ayudar a las comunidades a materializar todo el potencial de los activos culturales locales. |
| --- | --- |

1.11.

| 1.12. | Es necesario hacer frente a la grave pérdida de habilidades artesanales mediante una mayor inversión en formación al objeto de garantizar que las transferencias intergeneracionales se fundamentan en los conocimientos anteriores y alientan la innovación. Las escuelas rurales, por su parte, deben instruir sobre el potencial para el empleo que tienen los activos rurales, así como sobre oportunidades laborales externas. No solo los jóvenes agricultores sino toda la juventud del mundo rural se enfrenta al reto particular de ser emprendedor en su función de custodios de su propio patrimonio. |
| --- | --- |

1.12.

| 1.13. | El patrimonio cultural rural debe promoverse, entre otras cosas, de forma sostenible con fines turísticos, de modo que los habitantes de las ciudades aprendan a apreciar los valores culturales de las zonas rurales y opten cada vez más por vivir en el campo y por trabajar en lugares más apartados. |
| --- | --- |

1.13.

| 1.14. | Hay que promover la comercialización de productos culturales rurales, incluido el patrimonio gastronómico, y proteger el estatus de las marcas con indicación geográfica, a la vez que proporcionar seguridad a la ciudadanía acerca de su calidad y rastreabilidad. |
| --- | --- |

1.14.

| 1.15. | Debe fomentarse que, en beneficio de todos los ciudadanos, las actividades de voluntariado, la participación comunitaria y las empresas sociales, así como las empresas privadas rurales, desarrollen y compartan sus actividades culturales, incluida la promoción de la diversidad de idiomas y dialectos. Las pequeñas comunidades rurales han de hacer suyos el valor y el potencial de sus activos culturales locales y buscar oportunidades para cooperar con grupos similares en otros lugares a fin de fomentar los vínculos, por ejemplo, con vistas a impulsar los beneficios económicos de una mejor oferta turística. |
| --- | --- |

1.15.

| 1.16. | Pese a que es probable que los proyectos para conmemorar el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 se prolonguen en el futuro, es importante realizar un balance y una evaluación de la inversión y los resultados cuantificables, teniendo en cuenta factores económicos, sociales y culturales. A raíz de las negociaciones tripartitas entre el Parlamento Europeo y el Consejo en 2017 se asignaron cerca de 8 millones de euros a dicho Año; sería razonable esperar que una proporción cuantificable de esta ayuda se pusiera a disposición de las zonas rurales. |
| --- | --- |

1.16.

| 1.17. | Se requiere más investigación para cuantificar y medir la calidad de los beneficios del patrimonio y de la actividad cultural en curso sobre el bienestar de los ciudadanos, así como para respaldar ideas de futuras acciones. Los estoicos defensores del patrimonio precisan apoyo para acoger a nuevos migrantes y tradiciones culturales distintas. |
| --- | --- |

1.17.

| 1.18. | Hay que actuar de modo urgente en el ámbito de la conectividad del transporte y las infraestructuras digitales, algo fundamental para el asentamiento en las zonas rurales y el desarrollo del turismo cultural. |
| --- | --- |

1.18.

2.   Introducción

| 2.1. | Este dictamen se centra específicamente en la amplia variedad de activos y talentos que han aportado, y aportarán, las zonas rurales y sus ciudadanos al patrimonio cultural europeo y en cómo esta amplia definición de cultura favorece una ruralidad más viable y próspera. Apoyamos la Carta paneuropea del patrimonio rural que promueve un desarrollo territorial sostenible (4) y el siguiente enunciado de la Declaración de Cork 2.0 de 2016: «La gestión de la tierra desempeña un papel clave en la relación entre la ciudadanía y el medio ambiente. Las políticas deben incentivar la generación de bienes públicos medioambientales, incluida la conservación del patrimonio natural y cultural de Europa [...]». |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Debe examinarse esta iniciativa desde el punto de vista de las zonas rurales y el CESE muestra su preocupación ante el hecho de que no llegue suficiente información sobre el Año a pequeños grupos comunitarios en pueblos y poblaciones pequeñas a tiempo de que preparen y celebren la gran gama de activos culturales que los rodean. Este año no solo debe servir para conmemorar el pasado, sino que también debe fomentar expresiones cambiantes, nuevas y estimulantes de la inspiración y la habilidad humanas, que a menudo son fruto de tradiciones arraigadas en el patrimonio rural de cada país. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | Es importante hacer un listado de las actividades culturales que ya existen y aprender de los proyectos que tienen éxito, pero las celebraciones de 2018 deben incluir actos culturales nuevos e innovadores que se basen en el pasado y transmitan el patrimonio cultural a las nuevas generaciones de forma contemporánea, ofreciendo, de este modo, oportunidades a las zonas rurales. Europa Creativa desarrolla dos proyectos rurales —«Raíces y rutas» y «La comida es cultura»— que, si se saldan con éxito, podrían contribuir al aprendizaje y el desarrollo. |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | Si bien es difícil cuantificar los beneficios económicos y sociales de la actividad cultural (más de 300 000 empleos directamente relacionados con la cultura europea), la OCDE cree que la cultura ha de ser utilizada como indicador de bienestar, por lo que conviene que los organizadores del EYCH 2018 lleven a cabo algunos análisis que puedan justificar futuras inversiones públicas. Debe haber una descripción clara de hasta qué punto el año ha tenido éxito a la hora de llegar a las zonas rurales y remotas, y de cómo se pueden usar todas las buenas prácticas transferidas —como los proyectos AlpFoodway (5) y Terract (6)— para establecer prioridades en el futuro a escala regional y europea. |
| --- | --- |

2.4.

3.   Observaciones generales y específicas

| 3.1. | Los paisajes rurales, el mosaico de estructuras geológicas naturales y las huellas humanas de la agricultura, la silvicultura, los lagos, los ríos y los asentamientos construidos ofrecen, quizá, el mayor patrimonio cultural que existe. Desde los parques naturales y los espacios Natura 2000 hasta las zonas verdes de la periferia urbana, se puede apreciar una belleza diversa, una fuente de inspiración para generaciones de artistas, músicos, literatos, bailarines y para todos nosotros, que no entramos en ninguna de esas categorías. La Nueva Agenda para la Cultura de la Comisión es bastante sucinta por lo que se refiere a las perspectivas rurales. No obstante, sí estipula que «la restauración y la actualización del patrimonio cultural y natural contribuye al potencial de crecimiento y a la sostenibilidad. Una gestión integrada de los activos culturales y naturales anima a las personas a descubrir dichos activos y a implicarse en ellos». El pueblo mayangna de Nicaragua usa el mismo vocablo para la naturaleza y la cultura, un ejemplo de civismo ecológico. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Las comunidades rurales incluso añaden valor a los paisajes. Son los administradores y empleados de las explotaciones y las superficies arboladas, junto con los artesanos, —hombres y mujeres— quienes han esculpido estos paisajes. Generaciones de personas cualificadas que han utilizado la tierra y el agua para obtener alimento, abrigo y generar ingresos. Por ejemplo, la idea de crear cinturones protectores de áreas verdes y arbustos para la preservación de los suelos, que se desarrolló en Polonia en el siglo XIX, da hoy al paisaje su carácter distintivo. Hombres y mujeres que delimitaron el campo con piedras y ramas y construyeron graneros y talleres. Durante sucesivas generaciones, criaron razas autóctonas de ganado adaptadas al terreno y al clima, a la vez que gestionaron la vegetación. Desarrollaron una gastronomía local y unas tradiciones folclóricas específicas. Asimismo, hemos heredado un rico patrimonio de magníficas construcciones, no solo mansiones, castillos e iglesias, sino también casas de campesinos, pequeños molinos y tiendas rurales, como las que se pueden admirar, cuidadosamente restauradas, en el museo de Saint Fagan, en Gales. El mantenimiento de este tipo de arquitectura histórica descansa a menudo en la inversión privada, con cierto apoyo público y benéfico crucial. Un innovador proyecto en el norte de Gales utiliza la energía renovable del lecho marino para producir calor y, de ese modo, reducir los costes en Plas Newydd, una casa señorial del National Trust (7). Al conmemorar el pasado y el presente hay que buscar un equilibrio entre el idealismo y la realidad de la lucha y el esfuerzo humanos. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Apreciamos todos los esfuerzos que se despliegan para preservar de manera sensible este patrimonio, y también los de European Heritage Alliance. La restauración implica la necesidad de unas autoridades responsables del ordenamiento que, con su apoyo, garanticen conversiones comprensivas a la hora de edificar. El proyecto REVAB, cofinanciado por el programa Erasmus, ofrece formación para promover las posibilidades que brinda la reutilización de edificaciones agrícolas obsoletas, lo que evita su demolición. |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | La población rural creó su propia cultura, reflejando su trabajo, tiempo libre y retos sociales en todas las expresiones del arte, el deporte y las actividades comunitarias, en general. Con frecuencia, las zonas rurales asumen una importante función de viveros donde se mantiene la diversidad de lenguas y dialectos minoritarios. Los toponímicos de los pueblos, las granjas y los campos revisten interesantes significados que han de ser comprendidos y respetados. Así pues, han creado, y siguen creando, un legado valioso para la sociedad en general. |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | No obstante, sus actividades económicas también evolucionan y, en ocasiones, desaparecen. No todos los paisajes están inmaculados. Algunos dan fe de la explotación industrial, de las guerras y el expolio, de los estragos de la sequía, las inundaciones o el fuego, o incluso de la sobreexplotación causada por una concentración de actividad turística excesiva. Todos tienen una historia que contar, lecciones que aprender. Mitigar la repercusión del cambio climático exigirá la intervención positiva para conservar la diversidad y una variedad de experiencias. Mantener los vínculos con el pasado se considera «suministro de bienes públicos» y los paisajes se degradan si no existe una biodiversidad sostenible, una planificación sensible y un acceso controlado. Incluso las manifestaciones culturales artísticas desaparecen si las poblaciones rurales caen por debajo de niveles sostenibles. |
| --- | --- |

3.5.

| 3.6. | En Eurostat 2017 se señala que más de un tercio de los europeos no participa en actividades culturales, razón por la cual el desarrollo del turismo cultural/rural, vinculado a actividades saludables y de ocio, es y será siempre un puente privilegiado entre los habitantes de la ciudad y el campo. La ciudad de Galway es un buen ejemplo de las asociaciones rurales y urbanas, y la iniciativa de las Capitales Europeas de la Cultura (por ejemplo, Plovdiv, Bulgaria, y Matera, Italia, en 2019) debe mostrar siempre características culturales de las zonas rurales, así como de las ciudades. En Gales, el organismo encargado del patrimonio, CADW, tiene una iniciativa de puertas abiertas, que forma parte de un proyecto integrado por cincuenta países para ayudar a los ciudadanos a seguir los pasos del cambio a fin de entender mejor su propia existencia: «para diseñar el futuro es necesario entender el pasado». |
| --- | --- |

3.6.

| 3.7. | En Grecia encontramos otro ejemplo de conocimientos compartidos en el espacio Art Farm (8), desarrollado por Sotiris Marinis. En el pueblo de Megali Mantineia, en Mani Occidental, Sotiris Marinis ha construido casas en los árboles y un centro de formación, trabajando sobre el principio de que «una experiencia aquí educa acerca de nuestro patrimonio rural y cultural». |
| --- | --- |

3.7.

| 3.8. | El turismo cultural rural es un proveedor de recursos económicos y sociales vigente y creciente, así como la base de la inversión conjunta. La responsabilidad de proteger y apoyar el patrimonio cultural europeo es una competencia nacional, regional y local, y es fundamental que los ciudadanos se sientan orgullosos de ello. Las instituciones europeas pueden promover un sentimiento en favor de los valores comunes europeos e incentivar y promover las buenas prácticas y la puesta en común de las experiencias (9). Las recetas gastronómicas, las cervezas y los vinos regionales y tradicionales, así como los trajes y la música, tal y como se vio en la Semana Verde de Berlín (10), atraen a miles de visitantes extranjeros al año y ayudan a conectar el presente con el pasado. Conectar los alimentos y los productos artesanales directamente con los consumidores y los productores rurales a través de los mercados agrícolas y la venta por internet es algo cada vez más popular, como atestiguan, por ejemplo, los grupos locales de distribución de alimentos REKO, en Finlandia. |
| --- | --- |

3.8.

| 3.9. | Los lugares en los que reina la soledad, en los que escuchar y ver aves y experimentar las superficies arboladas —la diversidad forestal y las especies de plantas para usos medicinales— contribuyen a ampliar la curiosidad, el afán de estudio y el bienestar de los ciudadanos. Ampliar el abanico de oportunidades y descubrimientos debería contribuir a evitar el exceso de visitas en sitios vulnerables. Todo esto genera valor añadido en el plano económico y del empleo, a partir de activos rurales básicos, en las regiones más remotas, valor que ya reconocen los pueblos y comunidades pequeños. En las zonas de montaña de Lombardía, el proyecto AttivAree cimienta el sentimiento de pertenencia de las personas al reforzar el patrimonio natural a través del arte. Asimismo, establece colaboraciones para renovar los albergues y promover la disponibilidad de alojamiento en aldeas remotas como Lavenone (11). Debería animarse a las agencias de viaje a colaborar con las empresas y empresas sociales situadas en zonas remotas que promuevan el turismo cultural sostenible. |
| --- | --- |

3.9.

| 3.10. | Difundir y presentar información cultural usando la tecnología digital hará menguar de una forma original una brecha que no hacía sino aumentar entre la ciudad y el campo, entre las generaciones jóvenes y las de más edad. Proyectos como YourAlps (12), que reconectan a la juventud con el patrimonio de la montaña, merecen una acogida positiva. Hay muchos ejemplos nuevos de formas innovadoras de retratar las tradiciones culturales, como el proyecto artístico desarrollado en Aasted, Dinamarca, y en el pueblo de Pfyn, Suiza. Se trata de proyectos que surgen de iniciativas locales y de las necesidades locales detectadas y que se sirven de procesos participativos, que forman parte de la tradición cultural europea. Deben estar disponibles recursos públicos y privados a escala europea, estatal y regional para acelerar las inversiones en iniciativas similares. |
| --- | --- |

3.10.

| 3.11. | También se recurre cada vez más a las nuevas herramientas digitales —por ejemplo, en lugares de conflicto, pasado o presente— para recrear lugares históricos importantes destruidos por el abandono o la guerra. La tecnología se utiliza para leer con mayor precisión lápidas y manuscritos descoloridos (13). Se valoran positivamente los planes de la Comisión para una estrategia «#Digital4Culture» y esperamos que esta tenga presentes todos los aspectos rurales pertinentes. El Proyecto MEMOLA, por ejemplo, utiliza digitalizaciones tridimensionales de antiguas zonas de riego para enseñar nuevos procedimientos de irrigación. |
| --- | --- |

3.11.

| 3.12. | Se requiere más investigación para entender en qué medida la actividad cultural importa a las personas y qué beneficios para la salud se derivan para todas las edades y, especialmente, para los pacientes de enfermedades físicas o mentales (14), mientras que los actuales programas de Erasmus+, como los másteres de TEMA, financian buenas oportunidades de investigación en la actualidad. La conferencia de alto nivel sobre innovación y patrimonio cultural (15) en el marco de Horizonte 2020 y del EYCH solicitó que se realizasen más esfuerzos para desarrollar labores de investigación a fin de identificar prioridades y mejores prácticas en la promoción de las actividades culturales. |
| --- | --- |

3.12.

| 3.13. | Diversas iniciativas apoyadas por fundaciones caritativas y filantrópicas han contribuido de manera significativa a la conservación de los sitios naturales y al apoyo de actividades, a menudo a través de empresas sociales, que impulsan el desarrollo sostenible de las zonas rurales. La Fundación Cultural Finlandesa apoya la investigación de medidas para evitar que los residuos agrícolas afecten a la calidad del agua en el Mar Báltico. Esta Fundación colabora con los agricultores en la creencia de que una mayor biodiversidad equivale a una mayor riqueza paisajística. También se acogen favorablemente otras iniciativas benéficas, como la del Fondo del Patrimonio Cultural en los colegios galeses, que fomenta los concursos culturales entre escuelas involucrando a los jóvenes en la definición y ejecución de una actividad cultural de su elección (16). Encontramos un ejemplo que permite a los jóvenes explorar su patrimonio cultural en la escuela de Piscu (17), Rumanía, que está especializada en el patrimonio y organiza seminarios y conferencias. El CESE dio la bienvenida a alumnos de escuelas de toda Europa en marzo de 2018 para hablar sobre sus prioridades culturales bajo el lema «Tu Europa, tu voz» (18). Suscribieron lo siguiente: «Quiero vivir en una Europa que valore y proteja todas las formas de cultura [...] queremos evitar el elitismo y popularizar la cultura [...], pero también tener la oportunidad de crear una cultura propia [...]». En Giffoni, un pueblo del sur de Italia, cerca de 300 alumnos prepararon películas y vídeos para promover su región. |
| --- | --- |

3.13.

| 3.14. | Se deberán examinar las repercusiones que la inversión de los financiadores públicos tienen en las zonas rurales de modo que, cuando se diseñe cualquier flujo de financiación nuevo, este incluya apoyo a las contribuciones en curso de las familias y los trabajadores agrícolas, así como a las ONG que integren artistas individuales, asociaciones folclóricas, grupos de acción local o explotaciones de la agricultura social. Se deberán tener plenamente presentes las medidas que se necesitan para potenciar las infraestructuras del patrimonio rural. |
| --- | --- |

3.14.

| 3.15. | Existe una demanda por parte de los turistas culturales en favor de una mayor vinculación temática y geográfica. Se da la bienvenida a los proyectos de imagen de marca compartida y de acceso conjunto. Las ferias agrícolas de pueblos y ciudades pequeñas y los actos de carácter nacional, como el Royal Welsh en Builth Wells (19), que atrae a unos 240 000 visitantes, o el festival literario Hay on Wye, que aporta unos 21 millones de libras esterlinas a una pequeña zona rural, son importantes contribuyentes económicos y sociales. Las jornadas de puertas abiertas en granjas, las ferias, los festivales culturales —como el Llangollen International Eisteddfod—, los conciertos, las procesiones, como la de Veurne en Bélgica, los trenes de vapor de vía estrecha, la marcha nórdica y los grupos de danzas tradicionales contribuyen inmensamente, todos ellos, a mantener y promover el patrimonio cultural rural. La participación de voluntarios en estos actos, a lo largo de generaciones, es, en sí misma, una parte importante de nuestro legado cultural. Se reconoce la labor del Centro Europeo del Voluntariado y las organizaciones de voluntarios nacionales y regionales en cuanto a la promoción del voluntariado cultural de calidad y se les anima a seguir desarrollando sus valiosas iniciativas, prestando también formación en materia de salud y seguridad para garantizar experiencias seguras y agradables para voluntarios y turistas por igual. |
| --- | --- |

3.15.

| 3.16. | No obstante, estamos ante una creciente escasez de artesanos cualificados que puedan transmitir sus conocimientos a la nueva generación y formarla de modo que se proteja y desarrolle este patrimonio diverso. La iniciativa JEMA (20), de origen francés, fomenta de forma periódica el trabajo de los artesanos y la necesidad de formar a las nuevas generaciones. Hacer frente a esta necesidad es una buena oportunidad para crear vínculos intergeneracionales con y para fines culturales. Es esencial que haya más formación práctica y un reconocimiento de las capacidades adquiridas dentro de los programas nacionales o regionales y de la UE, centrados no solo en las habilidades artesanales y medioambientales existentes, sino también en el asesoramiento, desarrollando técnicas nuevas y la actividad empresarial en el ámbito cultural. Es necesario ayudar a los artistas y otras personas para que trabajen con las escuelas locales rurales y urbanas desarrollando, de manera inclusiva, ideas culturales entre generaciones y grupos étnicos. |
| --- | --- |

3.16.

| 3.17. | El patrimonio cultural rural también está relacionado con la democracia participativa. Existe una larga tradición europea de solidaridad colectiva y de lucha contra el aislamiento y las desventajas mediante actividades comunitarias, muchas de las cuales se basan en la cultura. Forjar un liderazgo local sostenible y ejecutar las prioridades locales mediante el desarrollo local participativo y el método LEADER se suma a un acervo de grupos y movimientos civiles organizados. Las actividades sociales y culturales ayudan a unir a las personas en áreas geográficas con escasez de servicios públicos y privados. Una tradición de intervención del sector voluntario, en ocasiones como proveedor de último recurso, conserva paisajes delicados y vulnerables de supervivencia humana. El apoyo público es esencial para dichas actividades. |
| --- | --- |

3.17.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  Dictamen del CESE «Nueva Agenda para la Cultura» (pendiente de publicación en el Diario Oficial).

1

(2)  https://ec.europa.eu/culture/news/new-european-agenda-culture_es

2

(3)  Conferencia del CESE de los días 20 y 21 de junio de 2016.

3

(4)  Resolución n.o 2 de la Conferencia Europea de ministros de Ordenación Territorial o Regional de los Estados miembros del Consejo de Europa (CEMAT) sobre la Carta paneuropea del patrimonio rural: la promoción de una ordenación territorial sostenible («El patrimonio rural como un factor de cohesión territorial»), aprobada en la 15.a sesión de la CEMAT, Moscú, Federación de Rusia, 9 de julio de 2010.

4

o

a

(5)  http://www.alpine-space.eu/projects/alpfoodway/en/home

5

(6)  http://www.terract.eu/fr/

6

(7)  https://www.bangor.ac.uk/studentlife/studentnews/gift-s-marine-renewable-visit-to-plas-newydd-18421

7

(8)  https://www.facebook.com/agroktima.artfarm/

8

(9)  Dictamen del CESE «Nueva Agenda para la Cultura» (pendiente de publicación en el Diario Oficial).

9

(10)  https://www.gruenewoche.de/

10

(11)  AttivAree project in the Lombardy region

11

(12)  http://www.alpine-space.eu/projects/youralps/en/home

12

(13)  Proyecto de Andrew Skerrett, presentado en la audiencia del Grupo de Estudio el 24 de julio de 2018 en Cardiff.

13

(14)  Innovate Trust — Resultados positivos de las jornadas del proyecto hortícola.

14

Innovate Trust

(15)  https://ec.europa.eu/info/events/innovation-and-cultural-heritage-2018-mar-20_en

15

(16)  https://jamesprotheroe.wordpress.com/Darren Park Primary School, Ferndale.

16

(17)  http://piscu.ro/piscu-school/#

17

(18)  https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/civil-society-citizens-participation/your-europe-your-say

18

(19)  http://www.rwas.wales/royal-welsh-show/

19

(20)  Journées Européennes des Métiers d’Art https://www.journeesdesmetiersdart.fr/

20

Journées Européennes des Métiers d’Art

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| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/28 |
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6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/28

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El impacto de la subsidiariedad y de la sobrerregulación en la economía y el empleo»

(Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia austriaca)

(2018/C 440/05)

Ponente:

Coponente:

| Consulta | Presidencia austriaca del Consejo, 12.2.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Sección de Mercado Único, Producción y Consumo |
| Aprobación en sección | 4.9.2018 |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 192/1/1 |

Consulta

Presidencia austriaca del Consejo, 12.2.2018

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Sección de Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobación en sección

4.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

192/1/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El CESE celebra que la Presidencia austriaca del Consejo de la Unión Europea haya solicitado un dictamen exploratorio sobre «El impacto de la subsidiariedad y de la sobrerregulación en la economía y el empleo». Este dictamen aporta valor y otros aspectos al debate en curso sobre la mejora de la legislación para ofrecer seguridad jurídica, normas claras y «cargas reglamentarias mínimas para las empresas, ciudadanos o administraciones públicas» (1). No debe cuestionarse el nivel actual de protección de los ciudadanos, consumidores, trabajadores, inversores y el medio ambiente en los Estados miembros al aplicar la legislación de la UE. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El CESE reitera su exigencia de que las cuestiones relacionadas con el futuro, incluyendo debates sobre competencias y sobre el nivel de reglamentación, deben abordarse en el ámbito nacional y el europeo con la plena participación de los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil. Se trata de una expresión fundamental de democracia participativa multinivel y, por tanto, se debe reforzar tanto en la UE como en los Estados miembros. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | El CESE subraya la importancia capital de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad para alcanzar un proceso legislativo europeo completo y sólido. Destaca que la UE debe centrarse en áreas en las que el Derecho de la UE aporte un valor añadido considerable. Por tanto, la Comisión Europea (CE) debe indicar las cuestiones que realmente han de tratarse a escala de la UE de la manera más eficaz posible. En caso de que las decisiones requieran que se tengan debidamente en cuenta características nacionales, regionales y locales, las autoridades respectivas deben tener margen de maniobra para poder especificarlas y contar con la participación activa de las partes interesadas pertinentes, incluyendo a los interlocutores sociales. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Dentro del CESE hay diversas opiniones respecto del término «sobrerregulación» que reflejan los diferentes puntos de vista de los distintos agentes. Pese a que no existe una definición inequívoca, «sobrerregulación», en general, hace referencia a una situación en la que los Estados miembros introducen requisitos superiores a los mínimos establecidos de conformidad con la legislación de la UE (principalmente las directivas) durante su transposición a la legislación nacional. La Comisión debe establecer una orientación que ayude a los Estados miembros a transponer correctamente los requisitos correspondientes de un acto jurídico, al tiempo que se respetan los principios de proporcionalidad y de subsidiariedad, así como unas condiciones equitativas de competencia. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | El CESE observa que, sobre todo en vista de la subsidiariedad y la proporcionalidad y de conformidad con el Derecho de la UE, es competencia exclusiva de los Estados miembros introducir medidas adicionales diferentes de aquellas previstas por los requisitos (mínimos) de la UE con objeto de reflejar sus características específicas. Dichas decisiones deben adoptarse de manera transparente, tras la consulta de los interlocutores sociales y las partes interesadas, y deben ajustarse a la legislación de la UE. En ese sentido, el CESE no pone en cuestión la soberanía, libertad y responsabilidad de los Estados miembros a la hora de estipular normas y prácticas nacionales. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | El CESE pide a las instituciones europeas y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para reducir las cargas administrativas irracionales con objeto de impulsar el crecimiento y la creación de empleo sostenible. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.6.1. | En el contexto de la preparación del marco financiero plurianual (MFP) para el período 2021-2027, el CESE insta a la CE a que tome medidas rápidamente para afrontar las cargas administrativas innecesarias que dificultan seriamente las inversiones de los Fondos EIE: las ayudas estatales, la verificación de la conformidad en materia de contratación, las prácticas de auditoría y la demora al adoptar orientaciones detalladas universales o, incluso, su adopción con carácter retroactivo. |
| --- | --- |

1.6.1.

| 1.6.2. | El CESE subraya que la carga normativa y administrativa innecesaria es un obstáculo a la hora de optimizar los beneficios y minimizar los costes normativos de las empresas, los ciudadanos y los poderes públicos. Reitera la necesidad de adoptar una normativa simplificada, coherente y de mejor calidad, que se entienda y se aplique adecuadamente, y de contar con la participación igualmente indispensable de los cuatro niveles de gobernanza: UE, nacional, regional y local. |
| --- | --- |

1.6.2.

| 1.6.3. | Al igual que en anteriores dictámenes (2), el CESE recomienda realizar una prueba rigurosa de las pymes en las evaluaciones de impacto de la CE. |
| --- | --- |

1.6.3.

| 1.7. | El CESE reitera que las normas mínimas europeas, especialmente en el contexto de las políticas social, de protección de los consumidores y de protección ambiental de la UE, tienen por objeto la aproximación de las condiciones de vida y de trabajo en toda la UE con vistas a una convergencia ascendente. Las normas mínimas de las directivas de la UE no deben interpretarse como un «nivel máximo» que no se debe reforzar nunca durante su transposición a los ordenamientos jurídicos nacionales. Sin embargo, el CESE cree que la aceptación popular del proceso de integración europeo no se debe poner en riesgo por la competencia en materia de regulación mediante la nivelación a la baja de las normas. Todas las decisiones deben adoptarse de manera transparente y en diálogo abierto con los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil. |
| --- | --- |

1.7.

2.   Introducción

| 2.1. | La Presidencia austriaca del Consejo de la UE pidió al CESE un dictamen exploratorio sobre «El impacto de la subsidiariedad y de la sobrerregulación en la economía y el empleo». |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | El CESE observa que la solicitud alude al principio de subsidiariedad y a la sobrerregulación, y que amplía el debate actual sobre la mejora de la legislación, tema sobre el que el CESE ha expresado su opinión en varios dictámenes de reciente aprobación (3). |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | La cuestión de la subsidiariedad ha cobrado recientemente nueva relevancia, en particular con el Libro Blanco sobre el Futuro de Europa. El Grupo Operativo sobre Subsidiariedad y Proporcionalidad, establecido por el presidente de la Comisión Juncker en noviembre de 2017, presentó un informe con recomendaciones para mejorar la aplicación de los principios de subsidiariedad (4).
  El CESE opina que el carácter del informe es, en cierto modo, restringido y cree que esto refleja la composición limitada del Grupo Operativo. Por lo tanto, sugiere encarecidamente que en los actos de seguimiento se incluyan de manera activa representantes de la sociedad civil. El Comité considera que urge abordar la proporcionalidad de la acción europea y, lo que es aún más importe, los ámbitos en que la UE debe intensificar, reducir o incluso detener su acción de conformidad con los intereses de los ciudadanos, la economía y otros intereses sociales. |
| --- | --- |

2.3.

El CESE opina que el carácter del informe es, en cierto modo, restringido y cree que esto refleja la composición limitada del Grupo Operativo. Por lo tanto, sugiere encarecidamente que en los actos de seguimiento se incluyan de manera activa representantes de la sociedad civil. El Comité considera que urge abordar la proporcionalidad de la acción europea y, lo que es aún más importe, los ámbitos en que la UE debe intensificar, reducir o incluso detener su acción de conformidad con los intereses de los ciudadanos, la economía y otros intereses sociales.

| 2.4. | Para el CESE, estas cuestiones relacionadas con el futuro se deben abordar a escala nacional y de la UE con la participación de los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil. Dar a estos agentes espacio a escala local y regional en los procesos de elaboración y aplicación de las políticas nacionales y de la UE contribuiría directamente a practicar de forma manifiesta la subsidiariedad horizontal. |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | El CESE acoge con satisfacción el reconocimiento por parte de la Presidencia austriaca de la conveniencia de incluir la dilatada experiencia que tienen los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en la concepción, la aplicación y la evaluación de las medidas políticas a escala nacional y de la UE. Se trata de una expresión fundamental de democracia participativa multinivel y, por tanto, se debe reforzar tanto en la UE como en los Estados miembros. |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | A este respecto, el CESE pide al Grupo Operativo que tenga en la debida consideración sus dictámenes sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad, en los que también se basan las observaciones y las recomendaciones del presente dictamen. |
| --- | --- |

2.6.

3.   El principio de subsidiariedad

| 3.1. | El principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE tiene por objeto garantizar que ninguna acción de la UE vaya más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado y que la UE solo actúe en aquellos ámbitos en los cuales no tenga competencia exclusiva cuando sea posible conseguir de un modo más eficaz los objetivos de una medida legislativa a escala de la UE que a escala nacional, regional o local. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | El CESE subraya la vital importancia que revisten estos principios en una comunidad supranacional como la UE, y se felicita expresamente por los instrumentos que establece el Tratado de Lisboa para respetar el principio de subsidiariedad, desde el análisis de la subsidiariedad antes de adoptar un acto legislativo hasta las reclamaciones en materia de subsidiariedad por parte de los órganos legislativos nacionales. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | El CESE destaca también que todos los ámbitos previstos en el TFUE requieren el buen funcionamiento de Europa y que el principio de subsidiariedad no debe emplearse para contrarrestar una acción de la UE, que tiene claro valor añadido europeo, dar en principio prioridad a enfoques nacionales ni tampoco para que la UE abandone por adelantado ámbitos políticos esenciales. Solo deberían adoptarse las normas que tengan un valor añadido europeo. El CESE considera que los desafíos que actualmente afronta el continente no implican una renacionalización en favor de la opción «menos Europa», sino la adopción de medidas audaces hacia una Europa mejor y más cercana a los ciudadanos que promueva también la cohesión. |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | El CESE reconoce que el papel de los Estados miembros a la hora de aplicar la legislación de la UE es crucial, particularmente en el caso de la transposición de las directivas, que son vinculantes en cuanto al resultado que debe alcanzarse, aunque deja en manos de las autoridades nacionales elegir la forma y los métodos de aplicación, así como decidir —conforme al Derecho de la UE— una mejora de las normas si se estimara oportuno. Al mismo tiempo, la transposición no debería obstaculizar unas condiciones de competencia equitativas entre todos los actores del mercado interior, que son importantes para su correcto funcionamiento. |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | Si bien los Estados miembros son los responsables de transponer las directivas de manera precisa y oportuna, el papel de la Comisión Europea como guardiana de los Tratados estriba en garantizar la aplicación adecuada a escala nacional. Esta «responsabilidad compartida» debe apreciarse claramente desde el comienzo del proceso legislativo: la aplicación correcta depende de una evaluación de impacto clara, transparente y completa como base de la nueva legislación de la UE, de que la propuesta se presente con un lenguaje claro y sencillo y de que se ofrezca un plazo realista de aplicación. |
| --- | --- |

3.5.

| 3.6. | No obstante, el CESE advierte de que, incluso si se cumpliesen los requisitos anteriores, la aplicación a escala nacional, regional y local podría ser insuficiente o ineficaz. A este respecto, reitera su petición a la CE para que redoble sistemáticamente sus esfuerzos, en función de sus competencias, a fin de actuar con mayor rapidez y rigor cuando los Estados miembros no transpongan correctamente, o en modo alguno, la legislación de la UE (5) tras haber explorado todas las opciones de cooperación. |
| --- | --- |

3.6.

| 3.7. | El CESE observa que determinados compromisos jurídicos y políticos han sido percibidos como abusos de competencias por parte de las instituciones de la UE e injerencias en los ámbitos y las decisiones de los Estados miembros (por ej., relaciones laborales e iniciativas sindicales nacionales; sistemas de pensiones, de salud y de seguridad social de otro tipo o normativas profesionales, como criterios de admisibilidad en el sector sanitario).
  Por lo tanto, el CESE se opone igualmente, no solo a dicho abuso de competencias por parte de las instituciones de la UE, sino también a la transferencia de importantes ámbitos de regulación del TFUE, como por ejemplo las normas de protección de los consumidores y de protección del medio ambiente y la política social europea a escala nacional, con el pretexto de la subsidiariedad. |
| --- | --- |

3.7.

Por lo tanto, el CESE se opone igualmente, no solo a dicho abuso de competencias por parte de las instituciones de la UE, sino también a la transferencia de importantes ámbitos de regulación del TFUE, como por ejemplo las normas de protección de los consumidores y de protección del medio ambiente y la política social europea a escala nacional, con el pretexto de la subsidiariedad.

4.   Evitar cargas normativas y administrativas innecesarias: la «sobrerregulación»

4.1.   El debate en torno a la «sobrerregulación».

| 4.1.1. | Al transponer legislación de la UE, en ocasiones los Estados miembros introducen medidas más estrictas o avanzadas que las establecidas por los requisitos de la legislación de la UE (principalmente directivas) o no usan las opciones que ofrece la directiva para una posible simplificación. En muchos documentos, este fenómeno se denomina «sobrerregulación». En el primer caso se considera «sobrerregulación activa», en el segundo «sobrerregulación pasiva». |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | En el CESE hay diversas opiniones sobre la «sobrerregulación» que reflejan también los distintos puntos de vista de los diferentes agentes. Algunas partes interesadas la perciben como un exceso de normas, orientaciones y procedimientos acumulados a nivel nacional, regional y local que genera una carga administrativa innecesaria e interfiere en la consecución de los objetivos esperados que deben lograrse mediante la transposición de la legislación. Sin embargo, otras partes interesadas opinan que el empleo del estigmatizado término «sobrerregulación» conllevaría el riesgo de cuestionar las normas avanzadas de algunos Estados miembros adoptadas democráticamente e incorporadas en sus ordenamientos jurídicos, en particular en los ámbitos del Derecho laboral, en materia de protección del medio ambiente y de protección de los consumidores, así como en relación con las profesiones liberales. |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.1.3. | Por tanto, el CESE es partidario de un enfoque pragmático y equilibrado y, a efectos del presente dictamen, centrará su atención en emplear una terminología neutra y más precisa, de conformidad con en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de mayo de 2016. |
| --- | --- |

4.1.3.

4.2.   Definición de «sobrerregulación».

| 4.2.1. | El CESE sugiere definir la «sobrerregulación» de forma más precisa. En aquellos casos en que los Estados miembros transponen el contenido de legislación de la UE de una forma más ambiciosa (en lo sustantivo o en relación con el procedimiento) o se esfuerzan por ser coherentes con la legislación nacional, se podrán emplear expresiones como «disposiciones más avanzadas», «disposiciones más estrictas» o «requisitos más estrictos». El uso de la expresión «sobrerregulación» debe limitarse a aquellos casos en que se introducen elementos añadidos no razonables e innecesarios a la legislación de la UE durante su transposición a la legislación nacional, que no puedan justificarse a la luz de uno o varios de los objetivos de la medida propuesta o que impliquen una carga administrativa adicional innecesaria. En cualquier caso, la expresión «sobrerregulación» [«gold-plating»] es muy general, su traducción a muchas lenguas nacionales resulta engañosa y debe sustituirse por un término mucho más concreto. |
| --- | --- |

4.2.1.

| 4.2.2. | Con independencia de la terminología (e incluso cuando se utilice el término «sobrerregulación»), el CESE reitera que este concepto no debe referirse, en particular, a lo siguiente:






  — | la restricción de normas establecidas en ámbitos como el Derecho laboral, social, en materia de protección del medio ambiente y de protección de los consumidores al transponer y aplicar legislación de la UE; |
| --- | --- | --- |

4.2.2.

—

la restricción de normas establecidas en ámbitos como el Derecho laboral, social, en materia de protección del medio ambiente y de protección de los consumidores al transponer y aplicar legislación de la UE;

| — | las medidas nacionales que no están asociadas (de manera objetiva ni temporal) a la transposición del Derecho de la UE; |
| --- | --- |

—

las medidas nacionales que no están asociadas (de manera objetiva ni temporal) a la transposición del Derecho de la UE;

| — | el establecimiento de disposiciones generales del Derecho de la UE durante su transposición (por ejemplo, establecer sanciones legales concretas en casos de infracción); |
| --- | --- |

—

el establecimiento de disposiciones generales del Derecho de la UE durante su transposición (por ejemplo, establecer sanciones legales concretas en casos de infracción);

| — | la aplicación de una de las distintas opciones explícitas de transposición del Derecho de la UE; |
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—

la aplicación de una de las distintas opciones explícitas de transposición del Derecho de la UE;

| — | las disposiciones nacionales avanzadas que superan a las normas mínimas basadas en «cláusulas de no regresión» del Derecho de la UE; |
| --- | --- |

—

las disposiciones nacionales avanzadas que superan a las normas mínimas basadas en «cláusulas de no regresión» del Derecho de la UE;

| — | la aplicación del contenido de una directiva en casos similares a fin de garantizar la coherencia y la consistencia de la legislación nacional. |
| --- | --- |

—

la aplicación del contenido de una directiva en casos similares a fin de garantizar la coherencia y la consistencia de la legislación nacional.

| 4.2.3. | El CESE reitera que el principio de subsidiariedad permite a los Estados miembros introducir medidas más estrictas al ejercer su derecho a garantizar la consecución de sus diferentes objetivos (por ejemplo, económicos, sociales o medioambientales) y demostrar su compromiso con respecto a un alto nivel de protección, respetando el carácter específico de los instrumentos jurídicos, como las «directivas», así como determinados límites de competencias. El CESE subraya que dichos compromisos más rigurosos solo deben contraerse tras un debate transparente e inclusivo con los interlocutores sociales y las partes interesadas, en un espíritu de entendimiento mutuo y mediante un proceso de toma de decisiones equilibrado. |
| --- | --- |

4.2.3.

4.3.   «Sobrerregulación» y mejora de la legislación.

| 4.3.1. | En el contexto del Programa de Mejora de la Legislación, la CE reconoce el derecho de los Estados miembros a ir más allá de las normas establecidas en la legislación de la UE (sobrerregulación), pero manifiesta su preocupación por la falta de transparencia al respecto. El Reino Unido, los Países Bajos, Bélgica, Alemania y Austria han establecido sistemas para detectar casos de «sobrerregulación». En el Reino Unido y los Países Bajos, la «sobrerregulación» se regula a través de políticas oficiales centralizadas dirigidas a promover el crecimiento económico. |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Pese a que el CESE no cuestiona en modo alguno las disposiciones vigentes del Tratado —especialmente las competencias de la UE o de los Estados miembros—, reitera la importancia de respetar «principios generales del Derecho de la Unión, como los principios de legitimidad democrática, subsidiariedad y proporcionalidad, y seguridad jurídica». Entre otras cosas, esto implica el respeto de la soberanía democrática, la libertad y la responsabilidad de los Estados miembros para concebir leyes y prácticas nacionales que tengan debidamente en cuenta el papel que desempeñan los interlocutores sociales a este respecto. El CESE siempre ha reclamado promover la simplicidad, la claridad y la coherencia en la elaboración de la legislación de la Unión, así como una mayor transparencia en el proceso legislativo. |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | El CESE ha subrayado en repetidas ocasiones que «[l]a normativa europea es un factor de integración clave que no constituye una carga o un coste que se deba reducir. Al contrario, si es [equilibrada], proporcionada [y no discriminatoria], ejerce una importante función de protección, promoción y seguridad jurídica para todos los agentes y ciudadanos europeos» (6). Reitera su opinión de que la legislación es primordial para alcanzar los objetivos del Tratado y para crear el entorno adecuado para un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo que beneficie a los poderes públicos, las empresas y los ciudadanos (7). Con arreglo al artículo 3 del TFUE, la legislación contribuye también a mejorar el bienestar, proteger el interés general y los derechos fundamentales, promover un alto grado de protección social y medioambiental, y garantizar la seguridad y la previsibilidad jurídicas. Asimismo debería evitar el falseamiento de la competencia y el dumping social (8). |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.3.4. | Al transponer directivas, los Estados miembros a veces añaden elementos que no guardan una clara relación con la legislación de la UE en cuestión. El CESE opina que estos elementos añadidos deben ponerse de manifiesto bien en la ley de transposición, bien en los documentos asociados. La legitimidad de los Estados miembros para complementar actos de la UE debido a una armonización mínima debe reconocerse en general, siempre que sea transparente y respete los principios de no discriminación y proporcionalidad. Son muchos los ejemplos de transposición no minimalista de directivas en los Estados miembros que pueden entenderse como casos de sobrerregulación. |
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4.3.4.

| 4.3.5. | El CESE subraya que, en los casos de armonización mínima, los Estados miembros podrán redactar disposiciones que tengan como objetivo la creación de empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, una protección social adecuada, un nivel de empleo elevado y sostenible y la lucha contra las exclusiones (artículo 151 del TFUE), la promoción y el desarrollo de las pymes y un nivel elevado de protección de la salud humana y de los consumidores (artículos 168 y 169 del TFUE), así como la protección del medio ambiente (artículo 191 del TFUE), sin que ello suponga la creación de cargas normativas o administrativas innecesarias. |
| --- | --- |

4.3.5.

| 4.4. | El CESE opina que las siguientes medidas contribuirán a sortear cargas normativas y administrativas innecesarias:






  — | la CE debe llevar a cabo evaluaciones de impacto integradas en la legislación europea que tengan debidamente en cuenta las cargas innecesarias y cualquier otro impacto de los textos normativos importantes; |
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4.4.

—

la CE debe llevar a cabo evaluaciones de impacto integradas en la legislación europea que tengan debidamente en cuenta las cargas innecesarias y cualquier otro impacto de los textos normativos importantes;

| — | las leyes europeas deben evaluarse según sus propios méritos, caso por caso, a fin de lograr la armonización deseada que, en función de las circunstancias, permita una forma de armonización más avanzada en algunos aspectos y menos en otros. Corresponde a la CE proponer, a través de las evaluaciones de impacto, el nivel más adecuado de armonización, teniendo en cuenta la necesidad de un alto nivel de protección; |
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—

las leyes europeas deben evaluarse según sus propios méritos, caso por caso, a fin de lograr la armonización deseada que, en función de las circunstancias, permita una forma de armonización más avanzada en algunos aspectos y menos en otros. Corresponde a la CE proponer, a través de las evaluaciones de impacto, el nivel más adecuado de armonización, teniendo en cuenta la necesidad de un alto nivel de protección;

| — | al transponer la legislación de la UE, los Estados miembros, a escala nacional y regional, deberían ser plenamente transparentes con respecto a los requisitos complementarios que pudiesen afectar negativamente al mercado único, la competitividad y el crecimiento; |
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—

al transponer la legislación de la UE, los Estados miembros, a escala nacional y regional, deberían ser plenamente transparentes con respecto a los requisitos complementarios que pudiesen afectar negativamente al mercado único, la competitividad y el crecimiento;

| — | el hecho de que un Estado miembro imponga normas menos estrictas que otro no implica automáticamente que las normas de este último sean desproporcionadas e incompatibles con el Derecho de la UE. Es responsabilidad de los Estados miembros realizar una evaluación caso por caso en la que se tengan en cuenta los puntos de vista de todas las partes interesadas y la totalidad del marco reglamentario. La evaluación de impacto podría ser una importante herramienta a tal efecto; |
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el hecho de que un Estado miembro imponga normas menos estrictas que otro no implica automáticamente que las normas de este último sean desproporcionadas e incompatibles con el Derecho de la UE. Es responsabilidad de los Estados miembros realizar una evaluación caso por caso en la que se tengan en cuenta los puntos de vista de todas las partes interesadas y la totalidad del marco reglamentario. La evaluación de impacto podría ser una importante herramienta a tal efecto;

| — | cualquier requisito adicional durante la transposición de directivas debe acompañarse de documentos donde se indiquen de forma transparente las razones específicas que justifican dichas adiciones. |
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—

cualquier requisito adicional durante la transposición de directivas debe acompañarse de documentos donde se indiquen de forma transparente las razones específicas que justifican dichas adiciones.

| 4.5. | A fin de evitar poner a las empresas y otras partes interesadas en una posición de desventaja competitiva con respecto a sus equivalentes de otros Estados miembros, la CE debe establecer una orientación que ayude a los Estados miembros a transponer correctamente los requisitos de un acto jurídico, al tiempo que se respetan los principios de proporcionalidad y subsidiariedad y unas condiciones de competencia equitativas. A este respecto, el CESE reitera su requerimiento de contar con la máxima participación posible de los interlocutores sociales y otros intereses pertinentes en los ejercicios de transposición, así como la participación activa de los Estados miembros y los Parlamentos nacionales y regionales en sus respectivas evaluaciones ex post (9). |
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4.5.

| 4.6. | Recomendaciones del CESE para una transposición eficaz: |
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4.6.

| 4.6.1. | Los Estados miembros han de prestar atención a los plazos de aplicación pertinentes para que se disponga de tiempo suficiente para realizar las consultas con todas las partes implicadas:






  — | al preparar las posiciones marco nacionales para las negociaciones iniciales en los órganos de trabajo de los Estados miembros, hay que prestar atención al plazo de transposición; |
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4.6.1.

—

al preparar las posiciones marco nacionales para las negociaciones iniciales en los órganos de trabajo de los Estados miembros, hay que prestar atención al plazo de transposición;

| — | se debe comprobar si las directivas de la UE proporcionan dos plazos, uno para elaborar la legislación de aplicación nacional y otro relacionado con la fecha en que la legislación debe entrar en vigor; |
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—

se debe comprobar si las directivas de la UE proporcionan dos plazos, uno para elaborar la legislación de aplicación nacional y otro relacionado con la fecha en que la legislación debe entrar en vigor;

| — | es preciso seguir y no perder de vista el plazo de transposición durante todo el proceso legislativo; |
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—

es preciso seguir y no perder de vista el plazo de transposición durante todo el proceso legislativo;

| — | los planes de aplicación de la CE ofrecen apoyo y asistencia. |
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—

los planes de aplicación de la CE ofrecen apoyo y asistencia.

| 4.6.2. | Consultas:






  — | a escala de la UE, la asistencia que ofrece la CE durante el proceso de aplicación, como las recomendaciones y los debates de los grupos de expertos, puede ser útil y contribuir a un entendimiento común entre los Estados miembros; |
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4.6.2.

—

a escala de la UE, la asistencia que ofrece la CE durante el proceso de aplicación, como las recomendaciones y los debates de los grupos de expertos, puede ser útil y contribuir a un entendimiento común entre los Estados miembros;

| — | la Comisión Europea debe adaptar la metodología de transposición existente (orientaciones) no solo para garantizar que la transposición de las directivas no entre en conflicto con el Derecho de la UE, sino también para salvaguardar la eficacia de la transposición; |
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—

la Comisión Europea debe adaptar la metodología de transposición existente (orientaciones) no solo para garantizar que la transposición de las directivas no entre en conflicto con el Derecho de la UE, sino también para salvaguardar la eficacia de la transposición;

| — | se podría fomentar más el desarrollo por parte de la CE de plataformas electrónicas especializadas (como la interfaz de notificación electrónica existente) o de una base de datos electrónica para determinados actos del Derecho de la UE con vistas al intercambio de mejores prácticas. Hay que promover la gobernanza multinivel, que deberá incluir a todas las partes interesadas. |
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se podría fomentar más el desarrollo por parte de la CE de plataformas electrónicas especializadas (como la interfaz de notificación electrónica existente) o de una base de datos electrónica para determinados actos del Derecho de la UE con vistas al intercambio de mejores prácticas. Hay que promover la gobernanza multinivel, que deberá incluir a todas las partes interesadas.

| 4.6.3. | Terminología y actos delegados:






  — | se anima a los Estados miembros a que comprueben que se emplea un lenguaje preciso y consensuado durante todo el proceso de negociación en el Consejo; |
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4.6.3.

—

se anima a los Estados miembros a que comprueben que se emplea un lenguaje preciso y consensuado durante todo el proceso de negociación en el Consejo;

| — | los términos básicos y las definiciones deben establecerse con claridad tan pronto como sea posible en la etapa inicial de las negociaciones; |
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—

los términos básicos y las definiciones deben establecerse con claridad tan pronto como sea posible en la etapa inicial de las negociaciones;

| — | la CE habrá de tener en cuenta los distintos significados de los términos y las definiciones que planteen los Estados miembros; |
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—

la CE habrá de tener en cuenta los distintos significados de los términos y las definiciones que planteen los Estados miembros;

| — | las definiciones de un acto legislativo específico deben ser coherentes con las que establece la legislación de la UE; |
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—

las definiciones de un acto legislativo específico deben ser coherentes con las que establece la legislación de la UE;

| — | los actos delegados estarán sujetos a los requisitos del artículo 290 del TFUE, y se proporcionarán definiciones claras y explícitas en el texto legislativo de base; |
| --- | --- |

—

los actos delegados estarán sujetos a los requisitos del artículo 290 del TFUE, y se proporcionarán definiciones claras y explícitas en el texto legislativo de base;

| — | los actos delegados solo han de tenerse en cuenta con respecto a elementos no esenciales del acto legislativo y solo estas partes pueden completarse o modificarse (10). |
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—

los actos delegados solo han de tenerse en cuenta con respecto a elementos no esenciales del acto legislativo y solo estas partes pueden completarse o modificarse (10).

5.   Ámbitos sensibles específicos

5.1.   Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE)

| 5.1.1. | La política de cohesión europea, especialmente los Fondos Estructurales y el Fondo Social Europeo, que se aplican en un complejo entorno administrativo, institucional y reglamentario, constituye un ámbito específico donde una transposición innecesaria y gravosa puede tener un efecto negativo en las políticas de la UE. En tal contexto, las normas a escala nacional o regional a menudo «añaden elementos» en lugar de limitarse a garantizar que se cumplen los requisitos (europeos) mínimos. Muchas de estas normas conducen a cargas administrativas adicionales. Cabe señalar que los requisitos adicionales suelen sustentarse en la asunción de que son importantes, útiles, necesarios y resultado de un proceso democrático. |
| --- | --- |

5.1.1.

| 5.1.2. | En el contexto de la preparación del MFP para el período 2021-2027, el CESE insta a la CE a que tome medidas rápidamente para afrontar la carga administrativa innecesaria que dificulta seriamente las inversiones de los Fondos EIE: las ayudas estatales, el cumplimiento en materia de contratación, las prácticas de auditoría y la demora al adoptar orientaciones detalladas universales, o incluso su adopción con carácter retroactivo. Reducir o eliminar la carga administrativa innecesaria es una responsabilidad conjunta de todos los agentes. |
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5.1.2.

| 5.1.3. | Las prácticas inapropiadas podrían generar falta de confianza en todo el sistema de aplicación de los Fondos EIE. Entre dichas prácticas se incluyen: un enfoque de aversión al riesgo a todos los niveles; la falta de coherencia al interpretar las respuestas de las distintas DG de la CE; la persistencia de deficiencias en la armonización de las normas sobre los Fondos EIE a escala nacional, local y regional; el miedo a no cumplir la normativa sobre ayudas estatales; los diversos enfoques a escala de la UE (con el acento puesto en la transparencia) y nacional (con el acento puesto en la relación entre los costes y las prestaciones) con respecto a la política de contratación pública; y las distintas culturas administrativas nacionales. |
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5.1.3.

| 5.1.4. | Las prácticas inapropiadas también podrían perjudicar a los beneficiarios y a los órganos que gestionan el programa, y aumentar la carga y los costes administrativos derivados de la aplicación de los Fondos EIE, lo que les restaría atractivo. Debido a la falta de sistemas alternativos de solución de diferencias, las empresas, y en particular las pymes, podrían verse perjudicadas por las demoras en el pago, la sobrecarga administrativa, el control inapropiado, el rechazo de proyectos, la exclusión de acciones colectivas, etc. Por estos motivos, el CESE pide que se creen sistemas de solución de diferencias especializados. |
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5.1.4.

| 5.1.5. | Recomendaciones para acciones futuras para el período 2021-2027: |
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5.1.5.

| 5.1.5.1. | Reducción de las cargas administrativas en el ámbito de la gestión y del control:






  — | acción rápida a escala de la UE y nacional para detectar y, si fuese posible, eliminar las prácticas, los procesos y los procedimientos redundantes, así como para proponer soluciones más eficaces basadas en buenas prácticas; |
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5.1.5.1.

—

acción rápida a escala de la UE y nacional para detectar y, si fuese posible, eliminar las prácticas, los procesos y los procedimientos redundantes, así como para proponer soluciones más eficaces basadas en buenas prácticas;

| — | la «gestión compartida» es una causa sustancial de la complejidad de los Fondos EIE. Es preciso aplicar el «enfoque integrado», por el que la administración y el control de los Fondos EIE se realizan conforme a las normas nacionales («gestión descentralizada»); |
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—

la «gestión compartida» es una causa sustancial de la complejidad de los Fondos EIE. Es preciso aplicar el «enfoque integrado», por el que la administración y el control de los Fondos EIE se realizan conforme a las normas nacionales («gestión descentralizada»);

| — | los Estados miembros deben llevar a cabo revisiones de sus propios sistemas de auditoría, gestión y control con vistas a detectar y eliminar normas excesivas o redundantes, salvaguardando al mismo tiempo el uso correcto de los fondos de la UE; |
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los Estados miembros deben llevar a cabo revisiones de sus propios sistemas de auditoría, gestión y control con vistas a detectar y eliminar normas excesivas o redundantes, salvaguardando al mismo tiempo el uso correcto de los fondos de la UE;

| — | la CE debe tener más en cuenta la intensidad de la ayuda y los elementos específicos que presentan los distintos modelos y mecanismos de aplicación (es decir, subvenciones, instrumentos financieros, costes simplificados, etc.) a la hora de elaborar las normas y los procedimientos pertinentes. |
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—

la CE debe tener más en cuenta la intensidad de la ayuda y los elementos específicos que presentan los distintos modelos y mecanismos de aplicación (es decir, subvenciones, instrumentos financieros, costes simplificados, etc.) a la hora de elaborar las normas y los procedimientos pertinentes.

| 5.1.5.2. | El CESE pide que se simplifiquen y racionalicen las normas sobre ayudas estatales, eliminado también todas las fuentes de incertidumbre en su aplicación. Debe considerarse la posibilidad de realizar modificaciones, también a las normas aplicables cuando sea preciso, de manera que los proyectos de Fondos EIE se traten igual que los que reciben financiación del FEIE y de programas directamente gestionados por la CE, como Horizonte 2020. Asimismo, el CESE advierte de que todas las notas interpretativas y orientativas y los documentos basados en preguntas y respuestas deben restringirse para no añadir capas adicionales de legislación de facto. Recomienda que se sustituyan por una amplia difusión de buenas prácticas y que se evite la aplicación retroactiva. Solicita a la CE que se abstenga de elaborar orientaciones aplicables a todos los Estados miembros cuando se basan en una petición o en problemas de un solo Estado miembro o de un reducido número de Estados miembros. |
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5.1.5.2.

| 5.1.5.3. | Con objeto de contemplar los distintos enfoques al tratar las normas de contratación pública, el CESE propone la creación de un grupo de trabajo conjunto compuesto por representantes de las DG pertinentes y representantes de los Fondos para que ofrezca una interpretación coherente de las normas cuando sea necesario, así como asesoramiento coherente y un enfoque uniforme en relación con las correcciones financieras. |
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5.1.5.3.

| 5.1.5.4. | El CESE opina que es mejor aplicar la subsidiariedad durante la ejecución de los Fondos EIE, y considera que deben ser las autoridades nacionales las que verifiquen el cumplimiento de las normas nacionales. Invita a los Estados miembros a que hagan pleno uso de las opciones de simplificación proporcionadas en el nuevo período de programación, a que eviten la sobrerregulación, que aquí se refiere a todas las normas, orientaciones y procedimientos de aplicación que pueden considerarse innecesarios con respecto a los objetivos políticos que han fijado las autoridades de gestión, y a que eliminen las cargas administrativas innecesarias. |
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5.1.5.4.

5.2.   Hacia una mejor regulación

| 5.2.1. | El CESE subraya que la carga normativa y administrativa innecesaria es un obstáculo para las empresas, los ciudadanos y las autoridades públicas. Reitera la necesidad de adoptar una normativa simplificada, coherente y de mejor calidad, que se entienda y se aplique de manera adecuada y transparente, y de contar con la participación igualmente indispensable de los cuatro niveles de gobernanza: UE, nacional, local y regional. |
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5.2.1.

| 5.2.2. | Algunos Estados miembros cuentan con comités nacionales ante los que los Gobiernos deben justificar regulaciones más estrictas que los niveles mínimos establecidos en la legislación de la UE («sobrerregulación»). En los Estados miembros en los que dichos órganos no existen no es necesario crear nuevos órganos administrativos, pero sin embargo el proceso de adoptar cualquier requisito superior a las normas de la UE en estos países debe ser transparente. |
| --- | --- |

5.2.2.

| 5.2.3. | Como en los dictámenes previos (11), el CESE recomienda llevar a cabo pruebas de pymes en las evaluaciones de impacto relativas a propuestas de nuevos actos legislativos europeos de manera más eficaz. Pide a los Estados miembros que aprovechen las opciones de conceder excepciones a las microempresas por lo que respecta a determinadas normas de conformidad con el Derecho de la UE. El CESE reitera su opinión de que los objetivos para reducir la carga normativa deben basarse en una evaluación exhaustiva que incluya un diálogo con la sociedad civil y las partes interesadas. No debe cuestionarse el nivel actual de protección de los ciudadanos, consumidores, trabajadores, inversores y el medio ambiente en un Estado miembro al aplicar la legislación de la UE (12). |
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5.2.3.

| 5.2.4. | El CESE reitera la igualdad y la homogeneidad de los diferentes objetivos de las políticas de la UE de conformidad con el Tratado, destacando en particular una economía de mercado altamente competitiva y socialmente responsable, tendente al pleno empleo y al progreso social, y un nivel elevado de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente. |
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5.2.4.

| 5.2.5. | Siempre que sea razonable y esté justificado, el CESE invita a la CE a que considere el uso de modelos basados en incentivos, así como normas y orientaciones internacionales. |
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5.2.5.

6.   Impacto en las normas de protección del empleo, los consumidores y el medio ambiente

| 6.1. | En las últimas décadas, se ha establecido a escala de la UE una serie de normas mínimas en materia de protección del consumidor, del medio ambiente y de los trabajadores con miras a lograr la convergencia ascendente hacia mejores condiciones de vida y de trabajo en la Unión, es decir, una mayor convergencia social conforme al artículo 151 del TFUE. |
| --- | --- |

6.1.

| 6.2. | El legislador de la UE ha dejado margen deliberadamente para que los Estados miembros apliquen las normas mínimas a la luz de los principios del Tratado de la UE, ateniéndose en particular al respeto de la proporcionalidad. Por consiguiente, las directivas disponen que los Estados miembros puedan tener en cuenta sus normas más estrictas durante el proceso de aplicación. El CESE subraya que, cuando los Estados miembros decidan introducir normas de protección más ambiciosas, podrían tener en cuenta, entre otras consideraciones, los principios de mejora de la legislación. |
| --- | --- |

6.2.

| 6.3. | Estas normas nacionales son el resultado de procesos democráticos de negociación que cuentan con una considerable participación de interlocutores sociales nacionales y europeos, y que benefician a los trabajadores, los consumidores y las empresas. De conformidad con los objetivos del Tratado de la UE, el establecimiento de estas normas mínimas debe tener por objeto garantizar el mejor funcionamiento del mercado único y, al mismo tiempo, no debe afectar negativamente a unos niveles más altos de protección a escala nacional. Las normas mínimas del Derecho de la UE a menudo incluyen, incluso explícitamente, «cláusulas de no regresión» que indican que la aplicación de la directiva no puede utilizarse como pretexto para rebajar normas nacionales más estrictas al nivel europeo. Sin embargo, esto no significa que las normas nacionales sean eternas e inmutables y no puedan modificarse nunca. |
| --- | --- |

6.3.

| 6.4. | Durante la transposición nacional del Derecho de la UE, los Estados miembros podrían utilizar evaluaciones de impacto para controlar los efectos sociales, económicos y de otro tipo. |
| --- | --- |

6.4.

| 6.5. | En los ámbitos de la política social y de la protección de los consumidores y el medio ambiente, la legislación de la UE se aseguró de que las normas más estrictas de los Estados miembros no debían ser objeto de menoscabo sino de salvaguardia, incluyendo a todas las partes interesadas en las evaluaciones de impacto. A este respecto, el CESE ha expresado en repetidas ocasiones su opinión de que el Programa de Mejora de la Legislación debería garantizar una legislación de la UE de alta calidad, sin socavar los principales objetivos políticos ni ejercer presiones desreguladoras sobre las normas de protección social y ambiental ni los derechos fundamentales (13). |
| --- | --- |

6.5.

| 6.6. | El CESE reitera que las normas mínimas europeas, especialmente en el contexto de la política social de la UE, tienen por objeto la aproximación de las condiciones de vida y de trabajo en toda la UE con vistas a una convergencia social ascendente. Las normas mínimas de las directivas de la UE no deben interpretarse como un «nivel máximo» que no deba superarse nunca durante su transposición a los ordenamientos jurídicos nacionales. |
| --- | --- |

6.6.

| 6.7. | El CESE apoya el proceso de mejora de la legislación y reconoce su valor añadido. Al mismo tiempo, advierte de que en modo alguno debe utilizarse este proceso como pretexto para rebajar los requisitos, especialmente en ámbitos como la protección de los consumidores o del medio ambiente, la legislación laboral o la promoción de la prosperidad, el crecimiento o la creación de empleo sostenible. El CESE advierte de que esto alimentaría el creciente escepticismo frente a la UE en amplios sectores de la población. El CESE cree que la aceptación popular del proceso de unificación europeo no se debe poner en riesgo por la competencia en materia de regulación mediante la nivelación a la baja de las normas. |
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6.7.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

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(1)  https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_es

1

(2)  DO C 197 de 8.6.2018, p. 1.

2

(3)  DO C 434 de 15.12.2017, p. 11; DO C 13 de 15.1.2016, p. 192; DO C 303 de 19.8.2016, p. 45; DO C 487 de 28.12.2016, p. 51; DO C 262 de 25.7.2018, p. 22.

3

(4)  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-doing-less-more-efficiently_1.pdf.

4

(5)  DO C 262 de 25.7.2018, p. 22, DO C 18 de 19.1.2017, p. 10.

5

(6)  Véase, entre otros, el punto 1.2 del dictamen del CESE sobre el «Programa REFIT» (DO C 303 de 19.8.2016, p. 45).

6

(7)  COM(2012) 746 final, p. 2.

7

(8)  DO C 303 de 19.8.2016, p. 45, punto 2.1.

8

(9)  DO C 262 de 25.7.2018, p. 22, punto 1.2.

9

(10)  CES248-2013 (documento informativo) (DO C 13 de 15.1.2016, p. 145).

10

(11)  DO C 197 de 8.6.2018, p. 1.

11

(12)  DO C 262 de 25.7.2018, p. 22, puntos 4.7.1 y 4.8.3.

12

(13)  DO C 262 de 25.7.2018, p. 22 (puntos 1.1 y 3.4.); DO C 303 de 19.8.2016, p. 45 (puntos 2.1, 2.2 y 2.5); DO C 13 de 15.1.2016, p. 192 (punto 2.4).

13

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| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/37 |
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6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/37

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La brecha digital de género»

(Dictamen exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo)

(2018/C 440/06)

| Ponente: | Giulia BARBUCCI |
| --- | --- |

Ponente:

Giulia BARBUCCI

| Dictamen exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo | Carta, 19.4.18 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía |
| Aprobación en sección | 19.7.2018 |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 176/2/6 |

Dictamen exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo

Carta, 19.4.18

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Aprobación en sección

19.7.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

176/2/6

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | Las causas de la brecha digital de género son múltiples y, por consiguiente, las medidas deben abordar diferentes ámbitos: el sistema educativo desde la niñez hasta la edad adulta, el mercado laboral, la conciliación entre la vida profesional y la vida privada, los servicios públicos y la brecha digital en general. Se recomienda utilizar un enfoque pluridisciplinar que reúna distintos aspectos de la innovación (tecnológicos, sociales, culturales, etc.). |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | La brecha digital de género no solo es una cuestión tecnológica: es una cuestión económica, social y cultural que debe abordarse con políticas globales y a distintos niveles, para dar una respuesta a la desigualdad de género en sus raíces sociales y culturales más profundas. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Es importante adoptar medidas para aumentar el número de mujeres en el ámbito de CTIM, ya que esto también puede mejorar las condiciones en otros sectores, así como en el conjunto de la economía y la sociedad. Al mismo tiempo, es esencial reconocer la creciente importancia de la educación relacionada con las TIC, así como de las aptitudes transversales, empresariales, digitales e interpersonales (como la empatía, la creatividad y la resolución de problemas complejos) en todos los sectores de la era digital. La educación interdisciplinaria y los conjuntos de aptitudes centrados en el ser humano serán fundamentales, y los sistemas educativos deben tener en cuenta estos aspectos. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Es primordial garantizar la alfabetización digital y la educación para todos, prestando especial atención a las niñas, a fin de eliminar desde la raíz la brecha digital de género. Para superar los estereotipos es extremadamente importante contar con más modelos de referencia femeninos en el ámbito digital. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | A fin de prevenir la exclusión de las mujeres del mercado laboral, es necesario alentarlas a que participen en empleos técnicos y de alto nivel, superando las barreras y los estereotipos educativos y profesionales y garantizando el aprendizaje digital permanente. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Los profesores y formadores deberán contar con las herramientas adecuadas para utilizar las TIC en todos los niveles de la enseñanza, promoviendo la democracia y unos sistemas de educación y formación más inclusivos y personalizados. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | Con objeto de evitar la espiral de feminización de la pobreza, deben garantizarse unas condiciones de trabajo justas y el acceso a la protección social (1). Este es especialmente el caso en la «economía de los trabajos ocasionales» (2). El diálogo social y la negociación colectiva desempeñan un papel fundamental a este respecto. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | La presencia de las mujeres en empleos para desarrolladores de TIC puede ayudar a superar el sesgo de género que puede ir incluido en el diseño de una determinada tecnología. |
| --- | --- |

1.8.

| 1.9. | Debe apoyarse el emprendimiento femenino eliminando las barreras para el acceso de las mujeres al trabajo autónomo y mejorando el acceso a las medidas de protección social y su calidad (3). |
| --- | --- |

1.9.

| 1.10. | El «trabajo inteligente» y el teletrabajo deben supervisarse a fin de sortear el peligro de que se diluyan las líneas divisorias entre la prestación de cuidados, la vida laboral y la vida privada. |
| --- | --- |

1.10.

| 1.11. | Es importante mejorar la participación en el mercado laboral de las mujeres con discapacidad, en aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) (4). |
| --- | --- |

1.11.

| 1.12. | La digitalización del sector público representa una gran oportunidad para facilitar la participación de las mujeres en el mercado laboral y ayudar a las mujeres con responsabilidades familiares, así como para superar los obstáculos relacionados con la burocracia y el acceso a los servicios públicos. |
| --- | --- |

1.12.

| 1.13. | Es importante hacer frente a los estereotipos de género: esta cuestión debe considerarse en todas las políticas y en todos los ámbitos, y debe abordarse desde sus raíces sociales y culturales más profundas. |
| --- | --- |

1.13.

| 1.14. | Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para participar en actividades en línea y redes sociales es el ciberacoso. Hay que ratificar y aplicar el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. |
| --- | --- |

1.14.

| 1.15. | Todas las políticas a nivel nacional, europeo e internacional deben tener en cuenta la discriminación contra las mujeres en el ámbito digital, que también tiene consecuencias negativas en la economía y la sociedad en general. |
| --- | --- |

1.15.

| 1.16. | Las políticas públicas habrían de diseñarse atendiendo a (la integración de) una perspectiva de género. En este sentido, la presupuestación con perspectiva de género y la «lente» de género pueden ser herramientas útiles. |
| --- | --- |

1.16.

| 1.17. | El CESE anima a la Comisión Europea a que refuerce el Grupo de Trabajo «Women in Digital» (mujeres en el ámbito digital) y la iniciativa «Digital4Her». Es importante crear y desarrollar redes europeas de mujeres en el ámbito digital que promuevan la participación de niñas y mujeres en estudios y profesiones digitales en toda la UE. |
| --- | --- |

1.17.

| 1.18. | La Comisión Europea debería recomendar a los países de la UE que fijaran objetivos e indicadores nacionales para hacer un seguimiento de la situación (cuadro de indicadores anual). Además, habría que medir la mejora o el empeoramiento, recurriendo también a investigaciones realizadas por el EIGE. Se podrían elaborar recomendaciones específicas por país en este ámbito para los Estados miembros en el proceso del Semestre Europeo. |
| --- | --- |

1.18.

| 1.19. | Los interlocutores sociales de los niveles adecuados están comprometidos con la mejora de la igualdad de género en la educación y el mercado de trabajo, y desempeñan un papel fundamental en ella, a fin de eliminar la brecha digital de género. En particular, el papel de la negociación colectiva es fundamental para el aprendizaje permanente y el mercado laboral, la lucha contra los roles de género, la promoción del papel de las mujeres en la toma de decisiones y en diversos órganos, el apoyo a la conciliación de la vida profesional y privada, y la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres (5). |
| --- | --- |

1.19.

| 1.20. | El CESE recomienda que el Parlamento Europeo apoye dichas recomendaciones para la siguiente legislatura del PE, pues este tema es fundamental para el futuro desarrollo de Europa. |
| --- | --- |

1.20.

2.   Introducción

2.1.   Desigualdad de género

| 2.1.1. | En su discurso ante el Parlamento Europeo sobre las prioridades políticas de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker declaró que la discriminación no debe tener lugar en la Unión Europea, e incluyó el ámbito de la justicia y los derechos fundamentales entre las diez prioridades políticas de la labor de la Comisión. La igualdad de género forma parte de dicho ámbito, aunque la Carta de los Derechos Fundamentales ya desempeña un papel importante en este campo al establecer que «[l]a igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución» (6). Mariya Gabriel, comisaria de Economía y Sociedad Digitales, ha esbozado recientemente diversas acciones como parte de su estrategia para facilitar un aumento de la participación de las mujeres en el sector digital. Por lo tanto, es necesario garantizar el seguimiento de la declaración Digital4Her, firmada por empresas de TI, que prevé una cultura y un entorno de trabajo inclusivos y con paridad de género. |
| --- | --- |

2.1.1.

| 2.1.2. | Las mujeres continúan siendo discriminadas en el mercado laboral y en la sociedad en general. El índice de igualdad de género —que mide la desigualdad en los ámbitos del trabajo, el tiempo, el dinero, el conocimiento, el poder, la violencia y la salud— muestra que el avance en estos ámbitos es lento: el índice aumentó de 62 puntos en 2005 a 65 puntos en 2012, y llegó hasta los 66,2 puntos en 2017 (7). Las causas de dicha discriminación son múltiples. Para superar los desequilibrios que provoca esta discriminación, el primer capítulo del pilar europeo de derechos sociales se refiere a la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado de trabajo, reconociendo el hecho de que la igualdad de género y la igualdad de oportunidades son los ámbitos en los que la discriminación es más habitual. |
| --- | --- |

2.1.2.

| 2.1.3. | La brecha digital de género es una forma de desigualdad que tiene su origen en la discriminación que afecta a las mujeres, que es probablemente un obstáculo insostenible para la participación de las mujeres a escala europea y mundial. Esta discriminación ralentiza el crecimiento de la economía europea del futuro, que se caracteriza por la digitalización. En la actualidad, el 68 % de los hombres y el 62 % de las mujeres utilizan un ordenador e internet con regularidad, el 33 % de los hombres y el 18 % de las mujeres instalan software en sus dispositivos, y el 47 % de los hombres y el 35 % de las mujeres utilizan servicios de banca por internet (8). Asimismo, a pesar de representar más de la mitad del número total de titulados, las mujeres continúan estando infrarrepresentadas en los cursos de ciencia y de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación): constituyen alrededor de un tercio del total de empleados en el sector, con diferentes porcentajes dependiendo del trabajo específico (en los operadores de tecnologías de la información, un 8 % en software y un 54 % en puestos de nivel inferior). El presente dictamen tiene como finalidad ofrecer recomendaciones y propuestas para superar los desequilibrios relacionados con el sistema educativo y el mercado de trabajo. |
| --- | --- |

2.1.3.

| 2.1.4. | Las mujeres también se enfrentan a más dificultades en línea, debido al ciberacoso: el acoso en línea se dirige mucho más hacia las niñas (según datos del EIGE, el 51 % de las mujeres deben hacer frente al acoso en línea, frente al 42 % de los hombres) (9). Hay que ratificar y aplicar el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. |
| --- | --- |

2.1.4.

2.2.   Digitalización y brecha digital

| 2.2.1. | La digitalización ya no es simplemente un proceso tecnológico, sino un proceso económico, social y cultural. |
| --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Según un estudio de la Comisión Europea (10), la digitalización podría suponer un incremento anual de 415 000 millones EUR en el PIB de la UE, y un aumento en el número de mujeres en empleos digitales podría traducirse en un impulso anual de 16 000 millones EUR para el PIB de la UE. Al mismo tiempo, las empresas se enfrentan a dificultades a la hora de contratar expertos en TIC, por lo que hay margen para más empleo y una educación mejor en el campo digital. |
| --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | La brecha digital no solo incluye el acceso limitado a una conexión a internet, sino también la falta de las habilidades básicas necesarias para utilizar las herramientas TIC. Uno de los aspectos que conforman la brecha digital es la brecha digital de género. Según los datos desglosados por género de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para 91 economías, en 2017 la penetración general de internet fue del 44,9 % para las mujeres, frente al 50,9 % para los hombres; según los datos de Eurostat, en 2017 el 71 % de las mujeres tenía acceso diario a internet frente al 74 % de los hombres, y el 49 % de las mujeres accedía a servicios de banca por internet frente al 54 % de los hombres (11). Es importante considerar la cuestión desde la perspectiva del mercado laboral (la digitalización afectará a todos los trabajadores) y desde el punto de vista de los usuarios (todo individuo es usuario de la tecnología). |
| --- | --- |

2.2.3.

| 2.2.4. | A menudo, la brecha digital se entrelaza con otras formas de discriminación: pertenencia a una minoría étnica, vida en una zona rural, condición de inmigrante, persona con discapacidad o en situación de pobreza, etc. La tecnología puede ayudar a superar dichas barreras, haciendo que el mundo sea más inclusivo para todos, aunque, si este proceso no es dirigido por los interlocutores sociales, también puede acentuarlas. |
| --- | --- |

2.2.4.

| 2.2.5. | La brecha digital de género es una cuestión económica, social y cultural, que debe abordarse con políticas globales y multinivel, ya que provoca una creciente desigualdad de género. Además, la desigualdad de género ha de considerarse en todas las políticas y en todos los ámbitos, y debe abordarse desde sus raíces sociales y culturales más profundas. |
| --- | --- |

2.2.5.

| 2.2.6. | El impacto cualitativo de la digitalización en las necesidades de capacidades también es interesante desde la perspectiva de género debido a que las mujeres están más representadas en algunos trabajos e infrarrepresentadas en otros, como el ámbito de CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Es necesario adoptar medidas para aumentar el número de mujeres en el ámbito de CTIM. |
| --- | --- |

2.2.6.

| 2.2.7. | Sin embargo, también es fundamental reconocer la creciente importancia de las aptitudes interpersonales en la era digital en todos los sectores: la característica principal de la inteligencia artificial (IA) y del internet de las cosas (IdC) es que las máquinas se están volviendo cada vez más sensibles e inteligentes, con el resultado de que la mano de obra humana solo se vuelve irreemplazable si compite sobre la base de habilidades realmente humanas como la capacidad de adaptarse a los cambios y de cooperar. En la sociedad actual, la empatía, la creatividad y la resolución de problemas complejos cada vez se enseñan más a niñas que a niños, y son desarrolladas más por niñas que por niños (12). Se recomienda un enfoque pluridisciplinar que reúna distintos aspectos de la innovación (tecnológicos, sociales, culturales, etc.) en un intento no solo de contrarrestar los riesgos, sino también de aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización a las mujeres. |
| --- | --- |

2.2.7.

| 2.2.8. | Hay que prestar particular atención a las personas con discapacidad, y especialmente a las mujeres, cuya situación «no solo es peor que la de las mujeres sin discapacidad» (13). Por ese motivo, es importante garantizar «a las mujeres y las niñas con discapacidad la igualdad de acceso a las instalaciones de TIC y a la sociedad de la información» (14). |
| --- | --- |

2.2.8.

3.   La brecha digital de género en el sistema educativo

| 3.1. | El sistema educativo es el ámbito político principal que debe abordarse. Se ha producido un descenso en el número de mujeres que realizan estudios superiores relacionados con las TIC con respecto a 2011 (15). Por tanto, mejorar la alfabetización y las capacidades digitales de las mujeres en todos los niveles es fundamental para permitirles participar activamente en el desarrollo de la sociedad, beneficiarse de las oportunidades que surgen de la digitalización y evitar quedarse atrás. Las mujeres con discapacidad deben tener derecho a una educación integradora y de alta calidad. Hay que eliminar los estereotipos culturales y lingüísticos, proporcionando a las niñas diferentes modelos de referencia, especialmente en el sector de los medios de comunicación. Asimismo, las herramientas de TIC se pueden utilizar en la enseñanza y en las actividades en las aulas. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | En la educación primaria, es fundamental garantizar la alfabetización y la educación digitales para todos, a fin de asegurar la capacidad de adaptación de los futuros hombres y mujeres a las tecnologías en rápida evolución. De acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), que mide el progreso educativo de los adolescentes de quince años en todos los países de la OCDE, hay casi cuatro veces más niños que niñas que aspiran a una carrera en el ámbito de CTIM (16). Según un estudio del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), en la UE entre el 3 % y el 15 % de los chicos adolescentes aspiran a trabajar como profesionales de las TIC, pero solo en cuatro países de la UE entre el 1 % y el 3 % de las chicas adolescentes aspiran a trabajar como profesionales de las TIC. Además, aun si las cibercapacidades de los jóvenes en la UE son iguales entre chicos y chicas, los chicos se sienten más seguros de sus cibercapacidades: de nuevo este es un problema de percepción errónea y de estereotipos de género (17). «El CESE recuerda a los Estados miembros la necesidad de invertir en unos sistemas educativos no discriminatorios e inclusivos» (18). |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Es importante formar a los formadores para que utilicen las TIC como herramientas de enseñanza. La atención a las niñas reviste una importancia esencial para eliminar la brecha digital de género desde la raíz y promover sistemas educativos y de formación más inclusivos y personalizados. Las herramientas digitales también pueden ser útiles para reducir las cargas burocráticas de los profesores y formadores (19). |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | En la educación interdisciplinaria secundaria y terciaria, las chicas siguen realizando menos cursos de CTIM que los chicos: menos de uno de cada cinco titulados en TIC son mujeres (20). La educación interdisciplinaria y las aptitudes interpersonales centradas en el ser humano también serán fundamentales. |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | La formación dual y la EFP (educación y formación profesionales) deberían reforzarse y tomar en consideración el acceso de las niñas al aprendizaje técnico y a la formación en el empleo (21). |
| --- | --- |

3.5.

4.   La brecha digital de género en el mercado laboral

| 4.1. | Es necesario alentar a las mujeres a que participen en trabajos técnicos y de alto nivel, eliminando las barreras y los estereotipos educativos y profesionales. Una mayor presencia de mujeres en las TIC podría beneficiar a dicho sector y a toda la economía y la sociedad en su conjunto. |
| --- | --- |

4.1.

| 4.2. | Para superar la brecha digital de género en el mercado laboral, el papel de los interlocutores sociales en el nivel empresarial, nacional y europeo es de vital importancia. El diálogo social y la negociación colectiva pueden proponer soluciones aceptables, teniendo en cuenta tanto las necesidades de los empleadores como las de los trabajadores (22). Un mayor número de mujeres en el ámbito de CTIM y en trabajos de alto nivel también puede contribuir a reducir la brecha salarial de género. |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | El aprendizaje permanente es esencial para evitar la exclusión del mercado de trabajo, lo cual reviste aun si cabe más importancia para las mujeres. El papel de los interlocutores sociales es fundamental en este sentido. |
| --- | --- |

4.3.

| 4.4. | La polarización del mercado de trabajo y la «economía de los trabajos ocasionales»: incluso aunque las máquinas pudieran técnicamente reemplazar empleos poco cualificados (tanto manuales como intelectuales, debido al IdC, los sensores, las tecnologías de IA), si dichos empleos son precarios y no se garantiza ningún derecho, podría ser más fácil para las empresas contratar a personas a bajo coste en vez de invertir en máquinas nuevas. Esto ya es una realidad en la denominada «economía de los trabajos ocasionales» o «economía de bolos». En estos contextos no se garantiza ningún tipo de protección social en el sentido de las formas habituales de trabajo (23): debido al carácter informal de este tipo de empleo, las mujeres corren el riesgo de alejarse del empleo tradicional con beneficios sociales en favor del trabajo esporádico que es de más fácil acceso y, en ocasiones, más fácil de gestionar en términos de horario laboral. A fin de evitar la espiral de feminización de la pobreza (24), deben garantizarse condiciones de trabajo justas y todas las partes interesadas deben promover un modelo de desarrollo basado en el high road («la mejor vía»). Para ello, el papel de los interlocutores sociales y de la negociación colectiva es fundamental (25). |
| --- | --- |

4.4.

| 4.5. | La tecnología no es neutral: si bien el software o un algoritmo deberían reducir la subjetividad típica de un proceso o decisión humanos, si se introduce un sesgo cultural (como un sesgo de género), siempre reproducirán este tipo de discriminación de manera estructural (y no casual). Por esta razón, las personas que trabajan en el diseño de dichos sistemas deberían ser lo más diversas posible. En la actualidad, solo el 17 % de los ocho millones de personas que trabajan en las TIC son mujeres (26); asimismo, en la UE, solo el 20 % de las mujeres de treinta años o más que poseen un título relacionado con las TIC deciden permanecer en la industria tecnológica (27). Aumentar la participación de las mujeres en dichos empleos y, por consiguiente, la diversidad, puede ayudar a superar el sesgo que podría ir incluido en el diseño de una determinada tecnología. |
| --- | --- |

4.5.

| 4.6. | Romper el «techo de cristal» para un sistema económico más digital: solo el 32 % de los líderes económicos son mujeres (28) a pesar de que se ha demostrado que las empresas con mujeres en posiciones de toma de decisiones tienen mejores estilos de gobernanza, que por lo general son más «horizontales» y que fomentan la diversidad y el pensamiento creativo e innovador. Por lo tanto, si las empresas formulan políticas de género a fin de ascender a las mujeres a los niveles más altos de la organización, la empresa se beneficiará en términos de capacidad de innovación. Si se aplica a gran escala, esto, a su vez, beneficiará a todo el sistema económico. |
| --- | --- |

4.6.

| 4.7. | El sistema de producción europeo está compuesto en gran medida por pymes que se enfrentan a más dificultades al invertir en nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, las tecnologías digitales facilitan el microemprendimiento: a través de algunas herramientas digitales (tales como el comercio electrónico), es posible para las microempresas tener acceso a los mercados globales y, en términos generales, eliminar las barreras de acceso al trabajo autónomo. De acuerdo con el 2.o
  European Start-up Monitor, solo el 14,8 % de los fundadores de empresas emergentes son mujeres (29). Este problema está relacionado con redes empresariales más débiles, estereotipos y apoyo financiero inadecuado. La digitalización puede crear el entorno adecuado para el emprendimiento femenino; hay que garantizar la educación y los servicios de apoyo a fin de permitir que las mujeres abran sus propias empresas utilizando las tecnologías digitales disponibles. |
| --- | --- |

4.7.

5.   La digitalización y la conciliación de la vida profesional y privada

| 5.1. | De acuerdo con un estudio del EIGE, en los empleos del sector de las TIC los horarios de trabajo son más largos que en otros sectores (30). Por consiguiente, el primer asunto que hay que tratar es el reparto de la prestación de cuidados entre hombres y mujeres: es importante emprender medidas encaminadas a un reparto más equitativo de la prestación de cuidados entre los géneros, aprobando también la propuesta de Directiva sobre la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores (31). |
| --- | --- |

5.1.

| 5.2. | El «trabajo inteligente» y el teletrabajo son considerados con frecuencia herramientas para conciliar la vida familiar y la vida profesional que tienen en cuenta tanto los riesgos como las oportunidades. Si el trabajo inteligente puede ayudar a los trabajadores a gestionar sus vidas privadas (especialmente al eliminar el «tiempo muerto» que se pierde de ida y vuelta al trabajo), también es cierto que, si no se gestiona adecuadamente, el trabajo inteligente puede conducir a que se diluyan las líneas divisorias entre la prestación de cuidados, el horario laboral y el tiempo libre. El trabajo inteligente debe gestionarse a través de convenios colectivos de empresa específicos, a fin de adaptarse al contexto cultural, los medios de producción y la organización del trabajo. A más largo plazo, el trabajo inteligente también puede modificar la forma en la que vive la gente en las ciudades —y en las zonas rurales— y los espacios sociales. |
| --- | --- |

5.2.

| 5.3. | Asimismo, las herramientas digitales pueden representar una oportunidad para quienes están excluidos del mercado laboral. Estas herramientas también pueden facilitar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Sin embargo, las mujeres con discapacidad están mucho más excluidas del mercado laboral (32). Por consiguiente, es muy importante aplicar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) (33). |
| --- | --- |

5.3.

6.   Digitalización del sector público

| 6.1. | Debido al aumento de la esperanza de vida y a la baja tasa de natalidad, la población europea está envejeciendo y la carga de la prestación de cuidados para las mujeres de mediana edad está aumentando. Si bien es esencial lograr un reparto equitativo entre los géneros en la prestación de cuidados, también es importante reconocer que la digitalización —y especialmente la robótica— en el sector público representa una gran oportunidad para facilitar la participación de las mujeres en el mercado laboral y ayudarlas con cualquier responsabilidad de prestación de cuidados que pudiesen tener que asumir. |
| --- | --- |

6.1.

| 6.2. | La robótica puede automatizar y —lo que es más importante— facilitar algunas de las tareas más pesadas que entraña la prestación de cuidados (como el traslado de una persona con discapacidad), ayudar en la rehabilitación de personas con lesiones, prevenir enfermedades, etc. Estas tecnologías pueden mejorar la calidad de vida de toda la sociedad, en particular la de las mujeres, así como la participación de las mujeres en el mercado laboral de dos maneras: podría facilitar el trabajo en el sector de servicios de atención personal, en el que las mujeres están muy representadas, y puede beneficiar a las mujeres que prestan asistencia no remunerada, aunque únicamente si dichas tecnologías están disponibles y garantizadas para todos aquellos que las necesiten. |
| --- | --- |

6.2.

| 6.3. | Las tecnologías digitales también pueden tener un profundo impacto en todos los procedimientos burocráticos relacionados con los servicios públicos. Algunos países ya aplican este tipo de tecnología a gran escala y han creado una identidad digital única para todos los procedimientos relacionados con el sector público (impuestos, asistencia sanitaria, educación, etc.). Ampliar este proceso podría mejorar la calidad de vida; sin embargo, también es importante tener en cuenta (y prevenir) los riesgos relacionados con el control de datos por parte de un único agente (aun si se trata de una autoridad pública), con la privacidad, la ciberseguridad, la transparencia y la ética (34). |
| --- | --- |

6.3.

| 6.4. | La administración pública debería preparar los presupuestos atendiendo a una perspectiva de género para todos los servicios y actividades, al objeto de promover la igualdad y estudiar el impacto de las políticas en las mujeres. Toda decisión de inversión debería adoptarse recurriendo a la «lente de género» en tres ámbitos: la igualdad de género en el lugar de trabajo, el acceso de las mujeres al capital, y los productos y servicios que benefician a las mujeres. |
| --- | --- |

6.4.

| 6.5. | Si bien en algunos países la digitalización del sector público ya está muy avanzada, en otros este proceso apenas está comenzando, y esta podría ser una oportunidad para formar y emplear a más mujeres en el sector público desde una perspectiva de género. |
| --- | --- |

6.5.

| 6.6. | Para poder desarrollar la digitalización, se deben facilitar, sin discriminación geográfica, las infraestructuras necesarias, como la banda ancha, el 5G, etc. |
| --- | --- |

6.6.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  SOC/581 — Dictamen del CESE sobre el tema «Acceso a la protección social» (Véase la página 135 del presente Diario Oficial).

1

(2)  La protección social de los trabajadores en la economía de plataformas, Parlamento Europeo, 7.12.2017.

2

(3)  DO C 173 de 31.5.2017, p. 45.

3

(4)  Dictamen del CESE sobre «La situación de las mujeres con discapacidad» (DO C 367 de 10.10.2018, p. 20).

4

(5)  «A Toolkit for Gender Equality in Practice» (Conjunto de herramientas para la igualdad de género en la práctica), de los interlocutores sociales europeos CESE, BusinessEurope, CEEP y UEAPME.

5

(6)  Capítulo III, artículo 23.

6

(7)  EIGE, Informe de 2017 del índice de igualdad de género.

7

(8)  Véase la Resolución del PE de 17 de abril de 2018.

8

(9)  EIGE: «Youth, digitalisation and gender equality: opportunities and risks of digital technologies for girls and boys» (Juventud, digitalización e igualdad de género: oportunidades y riesgos de las tecnologías digitales para niños y niñas), 2018 (en preparación).

9

(10)  Vessela Karloukovska, Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías, Grupo de Trabajo «Women in Digital» (Mujeres en el ámbito digital), Comisión Europea.

10

(11)  Datos de Eurostat.

11

(12)  Martha Ochoa (UNI Global Union) «The path to genderless digitalisation» (La ruta hacia la digitalización neutral en cuanto al género).

12

(13)  Dictamen del CESE sobre «La situación de las mujeres con discapacidad», (DO C 367 de 10.10.2018, p. 20), punto 2.1.

13

(14)  Ídem, punto 5.36.

14

(15)  «Women in the Digital Age» (Mujeres en la era digital), Comisión Europea, 2018.

15

(16)  Konstantina Davaki, autora del estudio «The underlying causes of the digital gender gap and possible solutions for enhanced digital inclusion of women and girls» (Las causas subyacentes de la brecha de género digital y posibles soluciones para reforzar la inclusión digital de mujeres y niñas).

16

(17)  Lina Salanauskaitė, Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE).

17

(18)  Dictamen del CESE sobre el «Plan de Acción de la UE 2017-2019-Abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres», punto 4.4 (DO C 262 de 25.7.2018, p. 101).

18

(19)  Ekaterina Efimenko, Comité Sindical Europeo de la Educación (ETUCE).

19

(20)  Vessela Karloukovska, Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías, Grupo de Trabajo «Women in Digital» (Mujeres en el ámbito digital), Comisión Europea.

20

(21)  DO C 13 de 15.1.2016, p. 161; DO C 434 de 15.12.2017, p. 36.

21

(22)  Dictamen del CESE sobre «Conceptos de la UE para gestionar la transición en un mundo laboral digitalizado» (DO C 367, de 10.10.2018, p.15).

22

(23)  Dictámenes del CESE sobre el tema «Por una Directiva marco europea sobre la renta mínima» (se aprobará en el pleno de diciembre) y sobre el tema «Acceso a la protección social» (Véase la página 135 del presente Diario Oficial).

23

(24)  Mary Collins, Lobby Europeo de Mujeres (EWL) (DO C 129 de 11.4.2018, p. 7).

24

(25)  Véanse por ejemplo los acuerdos de los interlocutores sociales europeos, así como la propuesta de Directiva sobre la conciliación de la vida profesional y privada, y el pilar europeo de derechos sociales.

25

(26)  Vessela Karloukovska, Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías, Grupo de Trabajo «Women in Digital» (Mujeres en el ámbito digital), Comisión Europea.

26

(27)  Mary Collins, Lobby Europeo de Mujeres (EWL).

27

(28)  Vessela Karloukovska, Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías, Grupo de Trabajo «Women in Digital» (Mujeres en el ámbito digital), Comisión Europea.

28

(29)  «Women in the digital age» (Las mujeres en la era digital), estudio para el PE.

29

(30)  Lina Salanauskaitė, Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE).

30

(31)  COM(2017) 253.

31

(32)  Dictamen del CESE sobre «La situación de las mujeres con discapacidad», (DO C 367 de 10.10.2018, p. 20), punto 5.4.1.

32

(33)  Dictamen del CESE sobre «La situación de las mujeres con discapacidad», (DO C 367 de 10.10.2018, p. 20), punto 1.2, Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

33

(34)  «Digital Public Services (e-Government and e-Health)» (Servicios públicos digitales: administración electrónica y sanidad electrónica).

34

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| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/45 |
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6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/45

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La bioeconomía como contribución a la consecución de los objetivos en materia de clima y de energía de la Unión Europea y de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas»

(Dictamen exploratorio)

(2018/C 440/07)

| Ponente: | Tellervo KILÄ-HARAKKA-RUONALA |
| --- | --- |
| Coponente: | Andreas THURNER |

Ponente:

Tellervo KILÄ-HARAKKA-RUONALA

Coponente:

Andreas THURNER

| Consulta | Presidencia austriaca del Consejo, 12.2.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 302 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
  Dictamen exploratorio |
| Decisión del pleno | 13.3.2018 |
| Sección competente | Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente |
| Aprobado en la sección | 5.9.2018 |
| Aprobación en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 180/1/4 |

Consulta

Presidencia austriaca del Consejo, 12.2.2018

Fundamento jurídico

Artículo 302 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Dictamen exploratorio

Decisión del pleno

13.3.2018

Sección competente

Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Aprobado en la sección

5.9.2018

Aprobación en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

180/1/4

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El CESE considera que la bioeconomía es crear valor añadido para la sociedad a través de la producción, la conversión y el uso de recursos biológicos naturales. La transición hacia un balance neutro de carbono y hacia la circularidad actuará cada vez más como un motor para la bioeconomía, dado que una bioeconomía sostenible puede generar al mismo tiempo beneficios económicos, sociales y climáticos. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El CESE señala que la bioeconomía contribuye a la mitigación del cambio climático de varios modos: capturando CO2 de la atmósfera en biomasa, almacenando carbono en bioproductos y sustituyendo productos y materias primas fósiles por bioproductos y materias primas biológicos. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Asimismo, el CESE hace hincapié en que la bioeconomía contribuye a las metas tanto climáticas como energéticas de la UE, al sustituir los combustibles fósiles por bioenergía en la producción de electricidad, la calefacción y refrigeración y el transporte. También contribuye a la eficiencia energética y a la seguridad del suministro energético. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | El CESE se muestra convencido de que la bioeconomía desempeña un papel fundamental en el logro de los objetivos generales en economía, medio ambiente y sociedad consagrados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ODS). El papel de la bioeconomía está estrechamente relacionado con objetivos relativos a la industria y la agricultura y a la creación de empleo en estos ámbitos. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | El Comité solicita que la Estrategia de Bioeconomía de la UE se adapte para proporcionar, en línea con la sostenibilidad económica, medioambiental y social, las condiciones más favorables para que la bioeconomía europea se convierta en una ventaja competitiva para la UE. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | El CESE subraya que los responsables políticos deben promover la producción y la movilización de biomasa sostenible en la UE, y garantizar un marco estable, fiable y coherente para las inversiones en bioeconomía a lo largo de toda la cadena de valor. Asimismo, deberían impulsar la demanda de bioproductos a través de la contratación pública, y adoptar un marco coherente para las normas técnicas, de seguridad y en materia de ayudas estatales, a fin de crear unas condiciones de competencia equitativas para los bioproductos. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | El CESE considera que la investigación y la innovación son elementos clave para el desarrollo de una bioeconomía con garantías de futuro. Por lo tanto, deben proseguirse los esfuerzos de innovación promovidos por la Estrategia de Bioeconomía, incluida la Empresa Común para las Bioindustrias (BBI). |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | El Comité subraya asimismo el papel fundamental de la educación, los servicios de asesoramiento, la transmisión de conocimientos y la formación a la hora de garantizar que trabajadores y empresarios cuenten con la información y las competencias necesarias. Se debe informar debidamente a los ciudadanos sobre la bioeconomía y concienciarlos de sus responsabilidades, de modo que puedan ser consumidores activos y conscientes y tomar decisiones de consumo sostenible. |
| --- | --- |

1.8.

| 1.9. | El CESE insiste en que una infraestructura apropiada es un requisito previo para la bioeconomía y requiere una financiación adecuada. Se necesitan unos sistemas de transporte eficaces para permitir el acceso a las materias primas y la distribución de los productos a los mercados. |
| --- | --- |

1.9.

| 1.10. | El CESE recomienda que la UE se esfuerce por establecer un sistema de precios mundial para las emisiones de carbono, que constituiría una manera imparcial y eficaz de promover la bioeconomía e implicar a todos los agentes del mercado en la lucha contra el cambio climático. |
| --- | --- |

1.10.

| 1.11. | A juicio del CESE, es primordial involucrar a la sociedad civil en las iniciativas de bioeconomía y los procesos de toma de decisiones. El Comité subraya asimismo que es fundamental garantizar que la transición a una economía hipocarbónica se lleve a cabo de manera justa. |
| --- | --- |

1.11.

| 1.12. | Destaca que una bioeconomía sostenible solo puede tener éxito si adopta un planteamiento intersectorial. Por lo tanto, se necesitan coherencia y coordinación entre las distintas políticas y objetivos de la UE. También es importante garantizar la coherencia de las medidas en los Estados miembros. |
| --- | --- |

1.12.

2.   Antecedentes

| 2.1. | La Presidencia austriaca del Consejo pidió al CESE que elaborase un dictamen exploratorio acerca del papel de la bioeconomía en la consecución de los objetivos en materia de clima y de energía de la UE y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS). El CESE también está preparando un dictamen de iniciativa sobre las nuevas oportunidades para la economía europea que ofrece una bioeconomía sostenible e inclusiva (CCMI/160). |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Al mismo tiempo, la Comisión Europea está actualizando la Estrategia de Bioeconomía europea de 2012. El CESE está haciendo un seguimiento de este proceso y acoge favorablemente los denuedos de la Comisión. Esta ha definido la bioeconomía como «la producción de recursos biológicos renovables y la transformación de estos recursos y flujos de residuos en productos con valor añadido, como alimentos para humanos, piensos, bioproductos y bioenergía». |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | En términos generales, la bioeconomía implica la sustitución de los combustibles y materias primas fósiles por bioenergía y materias primas biológicas. La bioeconomía conlleva actividades económicas basadas en la producción, extracción, transformación y utilización de recursos naturales biológicos. Los flujos de residuos, los productos secundarios y los desechos pueden ser otra fuente importante de suministro de materias primas. |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | La agricultura y la silvicultura, junto con la pesca, deben desempeñar un papel fundamental en la producción de biomasa para usos adicionales. Una amplia gama de sectores, como la silvicultura, la alimentación, la energía y las industrias química, textil y de la construcción, transforman la biomasa, incluidas las materias primas secundarias, en bienes de consumo o productos intermedios destinados a otras industrias. Por regla general, la bioeconomía se basa en cadenas de valor extensas, que incluyen el transporte, el comercio y otros servicios relacionados con las actividades anteriormente mencionadas. Además, los servicios ecosistémicos forman parte de la bioeconomía. |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | La UE se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 40 % con respecto a los niveles de 1990 para 2030 (1), con metas y normas distintas para los sectores que comercian con derechos de emisión y los demás sectores. Además, el sector UTCUTS, es decir el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, ha sido integrado en el marco de 2030, con la condición de que dicho sector no genere emisiones netas, sino que contribuya al objetivo de mejorar los sumideros de carbono a largo plazo. Esto refleja los requisitos fijados en el artículo 4, apartado 1 del Acuerdo de París, que pide «un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero para la segunda mitad del siglo» (2). |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | Para cumplir los objetivos en materia de energía de la UE para 2030, debe aumentarse la eficiencia energética en un 32,5 % con respecto a las previsiones y la cuota de energía renovable en la combinación energética general debe ser del 32 %, ambas entendidas como metas comunes de la UE y no como metas de cada Estado miembro (3). |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | Los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS) cubren las distintas facetas de los desafíos económicos, sociales y medioambientales a los que se enfrenta el mundo. Aunque ninguno de los ODS se centra específicamente en la bioeconomía, esta guarda relación con varios de estos objetivos. |
| --- | --- |

2.7.

3.   Contribución de la bioeconomía a los objetivos en materia de clima y energía de la UE

| 3.1. | La transición hacia la neutralidad carbónica constituye un inmenso desafío y precisa de una reducción considerable en las emisiones, así como de un aumento en el almacenamiento de carbono. El uso sostenible de recursos naturales biológicos es un elemento clave en este sentido. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | La bioeconomía contribuye a la mitigación del cambio climático mediante diversos mecanismos: la captura de CO2 de la atmósfera en biomasa a través de la fotosíntesis, el almacenamiento de carbono en bioproductos y la sustitución de productos y materias primas fósiles por bioproductos y materias primas biológicas. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Una absorción eficaz del CO2 requiere un crecimiento de biomasa sostenible. Una gestión de los bosques y un uso de la madera activos y sostenibles son elementos clave para alcanzar las metas climáticas (como se señaló ya en el los dictámenes NAT/655 (4), sobre las implicaciones de la política energética y climática, y NAT/696 (5), sobre el reparto del esfuerzo y el sector UTCUTS). Un metro cúbico de madera captura aproximadamente 1000 kg de CO2. Dado que solo una biomasa creciente tiene la capacidad de absorber CO2, resulta vital no fijar límites en lo que se refiere al uso de los bosques, siempre que el ritmo de aprovechamiento no supere el ritmo de replantación y crecimiento de los bosques y se apliquen prácticas de gestión forestal sostenible. |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Existen varios tipos de bioproductos, y se están desarrollando otros nuevos. Dichos productos pueden almacenar carbono, evitando que vaya a parar a la atmósfera. Los productos de madera duraderos, como los edificios y los muebles de alta calidad, son el medio más eficaz de almacenamiento de carbono. Mientras los bioproductos de vida más corta se reciclen, tampoco liberarán su contenido de carbono. Además, al final de su vida útil, los bioproductos pueden utilizarse como bioenergía y, por consiguiente, sustituir las fuentes de energía fósiles. |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.3. | La bioenergía también contribuye al objetivo de eficiencia energética de la UE. Las redes de calefacción urbana en las comunidades y la producción combinada de calor y electricidad (PCCE) de manera industrial y sostenible ofrecen buenos ejemplos de ello. Puesto que los edificios consumen una cantidad considerable de energía, la eficiencia energética de los edificios, junto con la fuente de energía utilizada, es muy importante. |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | El transporte debe desempeñar un papel decisivo en la consecución de las metas climáticas. Es preciso recurrir a todos los tipos de medidas que ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a la vista de las diferentes necesidades y características de los diversos modos de transporte (como se ha señalado en varios dictámenes del CESE, por ejemplo TEN/609 (6) sobre la descarbonización del transporte). |
| --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Parece que existe una tendencia creciente a electrificar el transporte. Para que esto tenga un impacto positivo en el clima, la electricidad debe producirse utilizando fuentes de energía con un bajo nivel de emisiones de gases de efecto, entre otros mediante el uso de fuentes de bioenergía sostenibles. |
| --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Parte del sector del transporte está sustituyendo los combustibles fósiles por biocarburantes sostenibles. A pesar de la creciente electrificación de los turismos, la aviación y el transporte marítimo, así como el transporte pesado por carretera y la maquinaria no de carretera siguen dependiendo en gran medida de los combustibles. A este respecto, los biocarburantes avanzados son especialmente prometedores. |
| --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Además de los beneficios climáticos, el uso de bioenergía contribuye a la disponibilidad de energía y a la seguridad del suministro energético. Por lo tanto, si se gestiona correctamente, la bioenergía desempeñará un papel significativo en la consecución de los objetivos básicos establecidos en la política energética europea. |
| --- | --- |

3.5.

4.   Contribución de la bioeconomía a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

| 4.1. | Los ODS nos plantean el reto de evaluar el papel de la bioeconomía no solo desde las perspectivas climática y energética, sino desde los puntos de vista generales de la economía, la sociedad y el medio ambiente, integrando además una perspectiva global a largo plazo. Dada la gran transversalidad de la bioeconomía, existen interconexiones prácticamente con los diecisiete ODS. Sin embargo, la bioeconomía contribuye, en particular, a los siguientes ODS: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15. |
| --- | --- |

4.1.

| 4.2. | La bioeconomía tiene el potencial de generar crecimiento económico y empleo, no solo en las zonas urbanas sino también en las regiones rurales. Por lo tanto, debe desempeñar un papel significativo en el logro del ODS 1 (fin de la pobreza). |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | El ODS 2 consiste en poner fin al hambre. La biomasa es un recurso limitado, y hay una relación entre la producción de alimentos, de piensos y de productos de fibra. Se necesita un planteamiento responsable respecto de la bioeconomía sostenible a fin de permitir una producción suficiente para diferentes fines –la seguridad alimentaria es prioritaria– y garantizar unos ecosistemas sólidos. Los principios de la eficiencia en el uso de recursos y la circularidad, así como la transición hacia dietas más vegetarianas, son maneras de cumplir estos objetivos. |
| --- | --- |

4.3.

| 4.4. | Una bioeconomía sostenible contribuye al ODS 6 (agua limpia y saneamiento), por ejemplo al mantener unos ecosistemas forestales sanos, que constituyen una condición previa necesaria para disponer de agua limpia. |
| --- | --- |

4.4.

| 4.5. | El ODS 7 (energía sostenible y no contaminante) es parte esencial de la bioeconomía. El uso de flujos laterales y flujos de residuos proporciona energía limpia y reduce la dependencia de los recursos energéticos fósiles. |
| --- | --- |

4.5.

| 4.6. | En su conjunto, la bioeconomía debe desempeñar un papel fundamental en la consecución de las metas económicas y sociales. Cumple un papel significativo en la consecución del ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico). Además, la bioeconomía de la UE puede ayudar a reducir sustancialmente la dependencia de las importaciones de bienes fósiles, al tiempo que fomenta el valor añadido interior y apoya las cadenas de valor locales. |
| --- | --- |

4.6.

| 4.7. | El ODS 9 pide un aumento significativo de la participación de la industria en la creación de empleo y en el PIB, así como la readaptación de las industrias para hacerlas sostenibles, junto con una mayor eficiencia en el uso de los recursos y un mayor recurso a tecnologías y procesos industriales limpios y racionales desde un punto de vista medioambiental. La bioeconomía guarda una estrecha relación con todos estos objetivos, y el uso sostenible de biomasa puede mejorar el liderazgo industrial de la UE. Además, también tiene un gran potencial para fomentar el crecimiento de las pymes e integrarlas en las cadenas de valor. |
| --- | --- |

4.7.

| 4.8. | La bioeconomía puede desempeñar un papel importante en el logro del ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles). El concepto de ciudades con un enfoque climático inteligente (7) y de bienestar en las zonas urbanas va parejo con soluciones ofrecidas por la bioeconomía (por ejemplo, construcción con madera, o transporte y calefacción urbana de bajas emisiones). |
| --- | --- |

4.8.

| 4.9. | La bioeconomía se encuentra en una buena posición para contribuir al ODS 12 (producción y consumo responsables). Mediante la optimización del uso de materias primas, la aplicación del diseño ecológico y la producción de productos duraderos y reciclables, la bioeconomía desempeña un papel destacado en la transición hacia la economía circular. Sin embargo, el aumento de la sensibilización de los consumidores se considera una importante condición previa para hacer posibles patrones de consumo informados y responsables y fomentar una producción sostenible. |
| --- | --- |

4.9.

| 4.10. | La bioeconomía puede contribuir de forma significativa a la mitigación del cambio climático a escala mundial, como reclama el ODS 13 (acción por el clima) y como ya se mencionó en el capítulo 3. Además de sus acciones interiores, la UE puede tener un impacto mundial notable a través de la exportación de bioproductos, soluciones climáticas y conocimientos especializados. |
| --- | --- |

4.10.

| 4.11. | Por último, la bioeconomía afecta a los ODS 14 (vida submarina) y 15 (vida de ecosistemas terrestres). Por lo tanto, el uso sostenible, responsable y eficiente de los recursos naturales debe constituir una parte esencial de la bioeconomía. |
| --- | --- |

4.11.

5.   Requisitos previos para el desarrollo de la bioeconomía

| 5.1. | Si bien la bioeconomía contribuye de muchas maneras a la consecución de las metas en materia de clima y de energía y de los ODS, las condiciones para ponerla en marcha deben ser favorables. Por una parte, los ODS apoyan y mejoran las condiciones necesarias para ayudar al desarrollo de la bioeconomía; por la otra, ciertos ODS imponen requisitos que la bioeconomía debe cumplir. |
| --- | --- |

5.1.

| 5.2. | La Estrategia de Bioeconomía de la UE debe adaptarse a los nuevos mercados a fin de proporcionar, en línea con la sostenibilidad económica, medioambiental y social, las condiciones más favorables para la bioeconomía europea, que se está desarrollando y expandiendo rápidamente. |
| --- | --- |

5.2.

| 5.3. | Sobre todo, los responsables políticos deben promover la producción y la movilización de biomasa sostenible en la UE, y la política de desarrollo regional de la UE debería proporcionar apoyo suficiente para garantizar el desarrollo de empresas rurales. Asimismo, deben garantizar un marco estable, fiable y coherente para las inversiones en bioeconomía a través de las cadenas de valor. |
| --- | --- |

5.3.

| 5.4. | Los responsables políticos también deberían adoptar un marco coherente para las normas técnicas, de seguridad y en materia de ayudas estatales, a fin de crear unas condiciones de competencia equitativas para los bioproductos. El sector público también desempeña un importante papel en la demanda de bioproductos a través de la contratación pública. Iniciativas como una «Semana Europea de la Bioeconomía» podrían ayudar a impulsar la penetración en el mercado y a potenciar diferentes proyectos. |
| --- | --- |

5.4.

| 5.5. | La investigación y la innovación son fundamentales para el desarrollo de una bioeconomía con garantías de futuro, que podría constituir una ventaja competitiva para la UE. Esto debería considerarse a la luz del inmenso potencial ofrecido por nuevos tipos de bioproductos, desde alimentos y productos de fibras tradicionales a nuevos tipos de materiales de construcción y envasado, textiles, bioquímicos y bioplásticos. Lo mismo es aplicable al potencial de la mejora vegetal y de diferentes sustancias como materias primas para bioproductos (por ejemplo, la lignocelulosa, el aceite vegetal, el almidón, el azúcar o las proteínas). |
| --- | --- |

5.5.

| 5.6. | Deben proseguirse los esfuerzos de innovación impulsados por la Estrategia de Bioeconomía de la UE, incluida la Empresa Común para las Bioindustrias (8). El Centro de Conocimientos en Bioeconomía (9) también debe desempeñar un papel importante para fomentar el uso de conocimientos, ayudando al crecimiento de la bioeconomía. Además, las iniciativas y programas de investigación e innovación deben hacerse más atractivos para las empresas. |
| --- | --- |

5.6.

| 5.7. | La educación, los servicios de asesoramiento, la transmisión de conocimientos y la formación desempeñan un papel vital a la hora de garantizar que trabajadores y empresarios cuenten con la información y las competencias necesarias, con la posible consecuencia de aumentar la sostenibilidad de las empresas actuales y aprovechar nuevas oportunidades en la bioeconomía. |
| --- | --- |

5.7.

| 5.8. | Al mismo tiempo, es preciso velar por informar debidamente a los ciudadanos sobre la bioeconomía y concienciarlos de sus responsabilidades, de modo que puedan ser consumidores activos y conscientes y tomar decisiones de consumo sostenible, teniendo en cuenta la distinta disposición al cambio de las personas de diferentes edades. A tal fin, deben organizarse campañas de información que refuercen la confianza de los consumidores en la bioeconomía y los bioproductos. |
| --- | --- |

5.8.

| 5.9. | El acceso a las materias primas es otro de los prerrequisitos básicos para la bioeconomía. Por lo tanto, se necesita un entorno empresarial apropiado para la agricultura y la silvicultura, a fin de fomentar la disponibilidad y la movilización de la biomasa. La gestión sostenible de los bosques y los recursos terrestres y marinos, como reclaman los ODS 14 y 15, contribuye de forma esencial a la seguridad del suministro de materias primas. En este contexto, deben reconocerse y promoverse los marcos legislativo y no legislativo existentes relativos a las materias primas sostenibles y renovables en la UE. La creciente utilización de flujos laterales y residuos como materias primas para nuevos usos también ayuda a garantizar la disponibilidad de biomasa. En el caso de las estructuras de pequeña escala, las cooperativas y las organizaciones de productores pueden desempeñar un papel importante. |
| --- | --- |

5.9.

| 5.10. | Contar con infraestructuras físicas adecuadas es otro prerrequisito para la bioeconomía, que requiere una financiación adecuada en infraestructuras de energía, transporte y digitales. Unos sistemas de transporte eficaces son fundamentales para posibilitar el acceso a las materias primas y la distribución de los productos a los mercados. |
| --- | --- |

5.10.

| 5.11. | En lo que respecta a los mercados globales, la bioeconomía está estrechamente relacionada con el ODS 17, que tiene por objeto reforzar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. Este objetivo requiere promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la OMC. Es importante para el comercio de productos tanto agrícolas como industriales de la bioeconomía. No obstante, la cooperación a lo largo de las cadenas de valor regionales debe reforzarse, a fin de fomentar el desarrollo regional. |
| --- | --- |

5.11.

| 5.12. | Para impulsar el desarrollo de la bioeconomía de una forma imparcial, la UE debe esforzarse por crear un sistema de precios mundial para las emisiones de carbono, implicando así a todos los agentes del mercado y estableciendo condiciones de competencia equitativas. |
| --- | --- |

5.12.

| 5.13. | Es de suma importancia involucrar a la sociedad civil en las estructuras de las iniciativas de bioeconomía y los procesos de toma de decisiones a fin de reforzar la cooperación entre diferentes agentes de la sociedad y aumentar la sensibilización del público en lo que se refiere a la bioeconomía sostenible. |
| --- | --- |

5.13.

| 5.14. | Mientras que la transición hacia una economía hipocarbónica y circular constituye un inmenso desafío e implica profundos cambios estructurales en lo que se refiere a los empleos relacionados, es importante garantizar que la transición se lleva a cabo de manera justa. |
| --- | --- |

5.14.

| 5.15. | Una bioeconomía sostenible solo puede tener éxito si se adopta un planteamiento intersectorial. Por lo tanto, son necesarias coherencia y coordinación entre las distintas políticas y objetivos de la UE, en particular en materia de clima, medio ambiente, alimentación, agricultura, silvicultura, industria, energía, economía circular, investigación e innovación. A tal efecto, debería establecerse un grupo de alto nivel sobre la bioeconomía sostenible que cuente con la participación de múltiples partes interesadas y el apoyo del presidente de la Comisión. |
| --- | --- |

5.15.

| 5.16. | El progreso en el logro de los ODS se mide y se supervisa a través de 232 indicadores. Estos incluyen indicadores relacionados con el clima y la energía, pero no existe ningún indicador de bioeconomía específico. Por lo tanto, la Comisión debe desarrollar los indicadores más relevantes a fin de obtener una imagen realista e ilustrativa del desarrollo de la bioeconomía de la UE. |
| --- | --- |

5.16.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  Véase el Marco sobre clima y energía para 2030: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es

1

(2)  Véase el artículo 4, apartado 1 del Acuerdo de París: https://unfccc.int/sites/default/files/paris_agreement_spanish_.pdf

2

(3)  Véase la Declaración de la Comisión Europea de 19 de junio de 2018: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3997_en.htm

3

(4)  Véase el Dictamen NAT/655 «Implicaciones de la política del clima y la energía para los sectores de la agricultura y la silvicultura» (DO C 291 de 4.9.2015, p. 1).

4

(5)  Véase el Dictamen NAT/696 «Reparto del esfuerzo 2030 y uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS)» (DO C 75 de 10.3.2017, p. 103).

5

(6)  Véase el Dictamen TEN/609 «Descarbonización del transporte» (DO C 173 de 31.5.2017, p. 55).

6

(7)  http://www.climatesmartcities.org/

7

(8)  https://www.bbi-europe.eu

8

(9)  https://biobs.jrc.ec.europa.eu

9

---

III Actos preparatorios

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

537.o Pleno del CESE, 19.9.2018 – 20.9.2018

| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/51 |
| --- | --- | --- | --- |

6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/51

---

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo — Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Inteligencia artificial para Europa

[COM(2018) 237 final]

(2018/C 440/08)

| Ponente: | Giuseppe GUERINI |
| --- | --- |
| Coponente: | Gonçalo LOBO XAVIER |

Ponente:

Giuseppe GUERINI

Coponente:

Gonçalo LOBO XAVIER

| Consulta | Comisión Europea, 12.7.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Mercado Único, Producción y Consumo |
| Aprobado en sección | 4.9.2018 |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 199/1/2 |

Consulta

Comisión Europea, 12.7.2018

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobado en sección

4.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

199/1/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El CESE cree que la inteligencia artificial («IA») y los procesos de automatización presentan un enorme potencial para mejorar la sociedad europea en términos de innovación y transformación positiva, pero también plantean importantes retos, riesgos y preocupaciones. Por lo tanto, resulta fundamental que las instituciones europeas comiencen a desarrollar y regular plenamente la IA de forma rápida y exhaustiva. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | Un enfoque avanzado respecto de la IA en Europa debe comprender varios ámbitos, como: (i) inversiones públicas y privadas en I+D y en infraestructuras digitales avanzadas, (ii) aplicación de nuevas normas legislativas o adaptación de las normas aplicables en vigor, (iii) desarrollo de un conocimiento y una concienciación adecuados entre los ciudadanos y los consumidores y (iv) programas de formación específicos para trabajadores. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | En particular, deberían identificarse y abordarse de manera sistemática a escala internacional, de la UE y de los Estados miembros los retos relativos a la responsabilidad que se plantean en el contexto de las nuevas tecnologías digitales. El CESE desearía colaborar estrechamente con las instituciones de la UE en el análisis y la evaluación de toda la legislación de la UE en materia de responsabilidad, seguridad de los productos y responsabilidad civil, la cual deberá modificarse en consecuencia. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | El CESE concuerda con el objetivo de la Comunicación de la Comisión, esto es, reforzar la capacidad industrial y tecnológica de la UE con el fin de extender la IA en el mercado interior. El esfuerzo necesario para mantener el ritmo de otros actores globales es tan grande que se requiere un elevado nivel de coordinación entre todos los instrumentos y la financiación disponibles a escala europea y nacional.
  Dicho esto, los valores y principios de la UE no deben sacrificarse en aras de la competitividad mundial. |
| --- | --- |

1.4.

Dicho esto, los valores y principios de la UE no deben sacrificarse en aras de la competitividad mundial.

| 1.5. | Con respecto al objetivo de la Comisión de llevar la IA a todos los usuarios potenciales, con especial hincapié en las pequeñas y medianas empresas, el CESE considera que, para hacer frente al reto de la competitividad global, la IA debe ser accesible al mayor número posible de entidades. Por consiguiente, es crucial ponerla a disposición de los distintos tipos de empresas que operan en el mercado único de la UE, incluidas las pymes, los agricultores, las empresas sociales, las cooperativas, las empresas individuales y las asociaciones de consumidores. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | La Comisión Europea y los Estados miembros deben trabajar en conjunto para elaborar directrices sobre la ética de la inteligencia artificial y deben implicar a todas las partes interesadas públicas y privadas pertinentes en dicho esfuerzo. Estas directrices deberán incluir principios de transparencia en el uso de los sistemas de IA para contratar personal y evaluar o controlar su rendimiento. Además de los principios éticos, el CESE sugiere que se elabore —a nivel europeo— un marco jurídico claro, armonizado y obligatorio que regule debidamente la IA y actualice las normas existentes afectadas por la IA, en particular las relativas a la responsabilidad del productor y a la protección del consumidor. El CESE desea colaborar estrechamente con las instituciones de la UE en el análisis y la evaluación de la legislación de la Unión pertinente, que deberá modificarse en el futuro debido a los avances en IA. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.6.1. | La Comisión Europea también deberá llevar a cabo una cuidadosa evaluación de los efectos de la IA en el mercado de trabajo. Dicho examen debe tener en cuenta la posible sustitución de algunos trabajadores por dispositivos electrónicos o robots y el hecho de que algunas funciones, aunque no sean por completo automáticas, se verán profundamente modificadas por las nuevas tecnologías. |
| --- | --- |

1.6.1.

| 1.7. | Por este motivo, el CESE recomienda que el deseo expresado de que «nadie se quede atrás» no se limite a una simple propuesta o exhortación, sino que se traduzca en hechos concretos. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | Es importante hacer hincapié en el papel que desempeñan los programas educativos y formativos en la protección de aquellos trabajadores europeos cuyo entorno laboral se ve profundamente afectado por la aparición gradual de la IA. Los ciudadanos europeos deberían tener acceso a información adecuada que les permita ser usuarios responsables y utilizar con conocimiento de causa los dispositivos y aplicaciones que ofrecen los rápidos avances tecnológicos. |
| --- | --- |

1.8.

| 1.9. | En aquellos casos en que las nuevas medidas permitan que las administraciones públicas utilicen la tecnología para tomar decisiones organizativas y hacer elecciones más rápidas, será necesario hacer frente a la cuestión de la responsabilidad jurídica de dichas decisiones, en un marco jurídico claro que garantice la plena rendición de cuentas de la administración ante los ciudadanos. |
| --- | --- |

1.9.

| 1.10. | Debería prestarse especial atención al papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil y la economía social en el aumento de la participación activa de los ciudadanos en los procesos económicos y sociales que, gracias a la inteligencia artificial, incrementarán la participación en nuestra sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil y las empresas sociales pueden desempeñar un papel importante para promover la comprensión y la aceptación de las tecnologías por parte de los individuos, en particular, mediante mecanismos colaborativos que permitan la participación de los ciudadanos en la actual transformación digital. |
| --- | --- |

1.10.

| 1.11. | La actual revolución tecnológica no puede —ni debe— llevarse a cabo sin incluir de manera significativa y activa a trabajadores, consumidores y organizaciones sociales, y los avances tecnológicos en curso deben ir dirigidos a garantizar una participación mayor y más responsable de ciudadanos plenamente informados. Por este motivo, el CESE recomienda que, al establecer la Alianza Europea de la IA, la Comisión Europea tenga en cuenta la necesidad de crear una plataforma inclusiva, pluridisciplinar y representativa de las distintas partes interesadas que representan a los ciudadanos europeos, entre otros los representantes de los trabajadores, que tendrán que interactuar con máquinas inteligentes (1). |
| --- | --- |

1.11.

2.   Observaciones generales

| 2.1. | Los dispositivos digitales y las máquinas de aprendizaje de gran escala están aumentando constantemente la capacidad de los algoritmos para trabajar con enormes cantidades de datos y es probable que esta capacidad aumente aún más en el futuro gracias a las «redes neuronales» (que ya utilizan, por ejemplo, los teléfonos inteligentes para el reconocimiento visual de objetos, rostros e imágenes). |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Estos cambios están transformando el modo tradicional de «aprender» que las máquinas de IA han empleado hasta ahora, pues ya no se limitan a aprender extrayendo reglas a partir de los datos, sino que también desarrollan una capacidad de aprendizaje flexible y adaptativa. Este proceso incrementará la capacidad de la IA para aprender y actuar en el mundo real. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | A la vista de la gran velocidad con que se producen los cambios tecnológicos, es crucial que la Comisión Europea y los Estados miembros colaboren para examinar en profundidad los nuevos retos que plantean los rápidos avances de la IA e implicar en el proceso a todas las partes interesadas pertinentes, tanto públicas como privadas, sin socavar las oportunidades de progreso y desarrollo tecnológico. |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | La Comunicación COM(2018) 237 de la Comisión tiene como finalidad reforzar la capacidad industrial y tecnológica de la UE y fomentar la proliferación de la IA en la economía europea, tanto en el sector privado como en la administración pública. Como ya se mencionó en un Dictamen de iniciativa (2), el CESE respalda la iniciativa de la Comisión, que, de hecho, incorpora en su Comunicación una gran cantidad de propuestas anteriores del Comité, pero insta a la Comisión a que actúe de manera rápida y decisiva. |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | La adopción de un enfoque europeo eficaz respecto de la IA conlleva promover una significativa inversión en investigación e innovación, entre otros en las infraestructuras digitales, necesarias para prepararse para los importantes desafíos socioeconómicos que los avances en las nuevas tecnologías plantearán a la sociedad y los mercados europeos en los próximos años. |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | La Comisión Europea y los Estados miembros deben trabajar en conjunto para perfilar directrices sobre la ética de la inteligencia artificial e implicar en el proceso a todas las partes interesadas pertinentes, tanto públicas como privadas. |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | Al mismo tiempo, debe aprobarse un marco jurídico armonizado a escala europea que sea conforme con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y con los principios consagrados en los Tratados de la UE. El nuevo marco reglamentario debe incluir normas precisas que aborden los riesgos que entraña el aprendizaje automático, como la falta de transparencia del mercado, la falta de competencia, la discriminación, las prácticas comerciales desleales, las amenazas a la ciberseguridad y la seguridad de los productos.
  En particular, deben aplicarse estrictas salvaguardas reglamentarias para aquellas situaciones en las que los datos con los que operan los sistemas de inteligencia artificial se recuperen automáticamente durante la utilización de dispositivos electrónicos y ordenadores. |
| --- | --- |

2.7.

En particular, deben aplicarse estrictas salvaguardas reglamentarias para aquellas situaciones en las que los datos con los que operan los sistemas de inteligencia artificial se recuperen automáticamente durante la utilización de dispositivos electrónicos y ordenadores.

| 2.8. | El CESE observa que el documento de trabajo de los servicios de la Comisión SWD(2018) 137 final, adjunto a la Comunicación de la Comisión, analiza debidamente las implicaciones de la IA para la legislación de la UE y esquematiza los retos en materia de responsabilidad que surgen en el contexto de las nuevas tecnologías digitales. |
| --- | --- |

2.8.

| 2.9. | Asimismo, será necesario adoptar planes de acción globales para (i) apuntalar la modernización de los sistemas de educación y formación, alimentando las nuevas capacidades que requerirá el mercado laboral del futuro, y (ii) garantizar un alto nivel de protección de ciudadanos y trabajadores frente a los desafíos previstos (3). |
| --- | --- |

2.9.

| 2.10. | El CESE insta a la Comisión a que adopte sin demora más medidas encaminadas a regular y promover las inversiones: el rápido ritmo con que se producen los cambios también exige tiempos de respuesta ágiles. |
| --- | --- |

2.10.

3.   La propuesta de la Comisión Europea: apoyo europeo para la IA e inversión en ella

| 3.1. | La Comisión anuncia en su Comunicación que apoyará la difusión de la IA, tanto en la vertiente de la investigación básica como en el sector de las aplicaciones industriales. En este sentido, el CESE destaca la importancia de la participación en dicho proceso de todo tipo de agentes, incluidas las pymes, las empresas de servicios, las empresas sociales, los agricultores, las cooperativas, las asociaciones de consumidores y las asociaciones que representan a las personas de edad avanzada. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Con respecto al objetivo de la Comisión de «llevar la IA a todos los usuarios potenciales, con especial hincapié en las pequeñas y medianas empresas», el CESE considera que, para hacer frente al reto de la competitividad global, la IA debe ser accesible al mayor número posible de entidades. Además de los pasos que la Comisión ya ha previsto para desarrollar una «plataforma de IA a la carta», también es importante establecer formas adecuadas de participación y consulta de las distintas partes interesadas, incluidas las pymes, las redes de la economía social y las organizaciones de la sociedad civil (estas últimas asumen la crucial función de implicar a los ciudadanos europeos de un modo informado y activo). |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | La Comisión ha anunciado que apoyará la innovación basada en la inteligencia artificial a través de un proyecto piloto creado por el Consejo Europeo de Innovación, que cuenta con un presupuesto de 2 700 millones de euros para el período 2018-2020. |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | El CESE cree que esta iniciativa puede resultar útil para el desarrollo de la IA, pero resalta al mismo tiempo que la financiación de la investigación debería pasar rápidamente de la fase de experimentación a la fase estructural. También es importante que la Comisión respalde los diversos centros de investigación que ahora tienen su sede en los Estados miembros, con el fin de desarrollar una red europea de colaboración dedicada a la inteligencia artificial. |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | El CESE observa que la Comisión pretende aumentar la inversión en IA en el marco del programa Horizonte 2020 hasta unos 1 500 millones de euros para finales de 2020. Si este enfoque se adopta rápidamente en las asociaciones público-privadas actuales, podría generar 2 500 millones de euros adicionales de inversión en dos años. En el futuro programa marco Horizonte Europa también debe adoptarse el mismo enfoque. |
| --- | --- |

3.5.

| 3.6. | Desde una perspectiva diferente, es una buena señal que la Comisión Europea y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, que debería desempeñar un papel esencial en el apoyo al desarrollo de la IA en la UE, hayan puesto en marcha el programa VentureEU, un fondo de capital riesgo de 2 100 millones de euros consagrado a impulsar la inversión en empresas innovadoras de toda Europa. |
| --- | --- |

3.6.

| 3.7. | Sin embargo, el esfuerzo necesario para mantener el ritmo de otros actores globales es tan grande que se requiere un elevado nivel de coordinación y sinergia entre todos los instrumentos y la financiación disponible a escala europea y nacional. Está claro que competir en el ámbito de la IA con China y Estados Unidos requiere aunar las fuerzas de todas las partes interesadas públicas y privadas que operan en Europa, para garantizar que la UE desempeña un papel de liderazgo global. |
| --- | --- |

3.7.

| 3.8. | A fin de que la UE pueda asumir una función competitiva y rentable en el ámbito de la IA, también será importante realizar inversiones adecuadas en infraestructuras digitales y programas y equipos informáticos apropiados que garanticen a la Unión un papel creíble. |
| --- | --- |

3.8.

| 3.9. | La inversión en IA debería tener en cuenta que las empresas europeas son particularmente fuertes en las áreas de automatización y robótica. Por lo tanto, estos sectores, que forman parte de la IA en sentido amplio, podrían resultar verdaderamente importantes para garantizar un papel global significativo de la UE con respecto al desarrollo tecnológico en curso y, por ende, merecen una atención específica. |
| --- | --- |

3.9.

4.   La inteligencia artificial y su impacto en las personas y los trabajadores

| 4.1. | No cabe duda de que el desarrollo de la IA está avanzando a un ritmo muy rápido. Por este motivo, es preciso que las instituciones europeas, a la hora de evaluar el impacto de las medidas reglamentarias en materia de inteligencia artificial, adopten un enfoque pluridisciplinar que incorpore no solo los aspectos administrativos, jurídicos y económicos sino también consideraciones antropológicas, psicológicas, sociológicas y tecnológicas. |
| --- | --- |

4.1.

| 4.2. | Para apoyar estas innovaciones —pero sobre todo para encaminarlas en una dirección que garantice que los seres humanos sigan siendo los actores centrales—, es importante que la Unión Europea actúe para lograr un nivel elevado de competitividad tecnológica, sin pasar por alto las consideraciones esenciales de carácter ético, social y humano. |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | Por consiguiente, el CESE considera esencial que (i) la privacidad individual y el tratamiento responsable de los datos personales estén regidos por la legislación adecuada, como la puesta en marcha del nuevo Reglamento general de protección de datos, que, en caso necesario, deberá actualizarse constantemente para seguir el ritmo del rápido desarrollo de la IA, (ii) se evalúen actos importantes de la legislación aplicable de la UE y, en su caso, se adapten a los nuevos escenarios generados por la IA, y (iii) se desarrollen las competencias y las capacidades que necesitan las personas, las administraciones y las empresas europeas para aprovechar de modo eficaz las ventajas que ofrece la inteligencia artificial. |
| --- | --- |

4.3.

| 4.4. | Como punto de partida para el análisis que debe realizarse, cabe destacar que la IA se apoya en el uso y el tratamiento de grandes cantidades de datos, que conforman el fundamento de cualquier aplicación basada en las nuevas tecnologías. Al ser este el caso, el principal reto para los reguladores europeos es establecer un acceso transparente y regulado a los datos de los usuarios finales. |
| --- | --- |

4.4.

| 4.5. | Cuanto mejor sea la calidad de los datos procesados, mejor será la precisión y el rendimiento de los sistemas de IA. Sin embargo, no debe olvidarse que los datos relativos a los individuos deben adquirirse de forma legal y utilizarse de un modo conocido por aquellos directamente afectados, a fin de garantizar la utilización de los datos personales para fines predeterminados y transparentes, para los que el usuario haya otorgado un consentimiento adecuado e informado. |
| --- | --- |

4.5.

| 4.6. | Vale la pena señalar que varios ámbitos importantes de la legislación europea —por ejemplo, los que se refieren a la publicidad en línea, las prácticas comerciales desleales, la seguridad y la responsabilidad de los productos, los derechos de los consumidores, las cláusulas contractuales abusivas, las ventas y garantías, los seguros y la indicación de precios— podrían tener que ser modificados y debidamente adaptados a los nuevos escenarios surgidos de un uso más generalizado y refinado de la inteligencia artificial, con el fin de proteger a los consumidores finales. |
| --- | --- |

4.6.

| 4.7. | La cuestión decisiva de la seguridad y la responsabilidad de los productos ha sido debidamente tenida en cuenta por la Comisión en su documento de trabajo SWD(2018) 137 final mediante el análisis de estudios de caso y la presentación de una lista de los actos legislativos de la UE que merecen un mayor análisis y evaluación. El CESE anima plenamente a la Comisión a que continúe esta labor y está dispuesto a aportar su propia contribución a este respecto. |
| --- | --- |

4.7.

| 4.8. | También es importante poner de relieve el papel de la formación cultural, educativa y académica, por una parte, y el suministro de información adecuada para el público en general, por otra, con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos europeos frente a los avances de la IA. En particular, es importante garantizar la transparencia y la corrección en la gestión de los algoritmos de IA y de las bases de datos en las que operan. |
| --- | --- |

4.8.

| 4.9. | Por consiguiente, es esencial que los ciudadanos europeos reciban formación adecuada, así como información simple y comprensible que les permita ser usuarios responsables e informados de los dispositivos y las aplicaciones que pone a su disposición la rápida evolución tecnológica que se está produciendo actualmente y generalizándose cada vez más en todos los niveles. |
| --- | --- |

4.9.

| 4.10. | A la luz de todas estas demandas, la UE y los Estados miembros deben ofrecer soluciones claras y eficaces, en particular promoviendo un sistema educativo moderno y ampliando constantemente la formación permanente en el mercado laboral y la sociedad civil. |
| --- | --- |

4.10.

| 4.11. | La Comisión Europea deberá llevar a cabo una cuidadosa evaluación de los efectos de la IA en el mercado de trabajo. Esto suscita una gran preocupación entre numerosos trabajadores europeos que cuentan con una vida laboral avanzada pero que aún están lejos de la edad de jubilación y contemplan los cambios que se producen con desconfianza y miedo. Dicho examen debe tener en cuenta la posible sustitución de algunos trabajadores por dispositivos electrónicos o robots y el hecho de que algunas funciones, aunque no sean por completo automáticas, se verán profundamente modificadas por las nuevas tecnologías. El examen y la evaluación deberían centrarse, por lo tanto, no solo en los cambios inevitables y previstos en las líneas de producción, sino también en la nueva concepción de los procesos organizativos y los objetivos empresariales tras un diálogo social adecuado con los trabajadores. |
| --- | --- |

4.11.

| 4.12. | En algunas situaciones, tal y como sucede y ha sucedido con otras muchas tecnologías, será recomendable probar la IA en todas las fases y en los sucesivos grados de adaptación antes de utilizarla plenamente, con el fin de que los afectados se familiaricen con las nuevas tecnologías —también mediante itinerarios de formación adecuados— y solucionen los errores de adaptación durante el proceso (4). |
| --- | --- |

4.12.

| 4.13. | La introducción de las nuevas tecnologías en las empresas requiere un diálogo social entre los diferentes interlocutores implicados. A este respecto, las organizaciones de trabajadores y los sindicatos deberán ser informados y consultados constantemente. |
| --- | --- |

4.13.

5.   Inteligencia artificial, administración pública y sociedad civil

| 5.1. | La IA constituye una innovación tecnológica y social capaz de transformar radicalmente el conjunto de la sociedad y de mejorar el sector público y la relación entre los ciudadanos y la administración pública. Las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial podrían aumentar la eficiencia administrativa y la satisfacción de los ciudadanos con los servicios prestados por la administración pública y con el funcionamiento eficaz de dicha administración. |
| --- | --- |

5.1.

| 5.2. | A fin de lograr estos objetivos también es esencial que los funcionarios estén preparados para hacer frente a los cambios y desafíos que traerá la IA a la sociedad europea. Es preciso que los empleadores públicos y los jefes de la administración —junto con los profesores, los formadores y el personal universitario mencionados— sean capaces de comprender en profundidad el fenómeno de la IA y decidir qué nuevas herramientas deben introducirse en los procedimientos administrativos. |
| --- | --- |

5.2.

| 5.3. | La introducción de la IA en los sectores público y privado requiere diseñar procedimientos que promuevan la comprensión y la aceptación de las tecnologías por parte de los usuarios, a través de mecanismos de cooperación que permitan a los ciudadanos contribuir —si es posible, mediante sistemas de gobernanza participativa— al desarrollo de las tecnologías basadas en la IA. |
| --- | --- |

5.3.

| 5.4. | Para obtener resultados significativos en este contexto, puede ser útil desarrollar modos de colaboración y asociación cada vez más fiables entre los sectores público y privado, encaminados a aprovechar las oportunidades que surjan de las aplicaciones tecnológicas, la inteligencia artificial y la robótica. |
| --- | --- |

5.4.

| 5.5. | El reto para las administraciones públicas es especialmente complicado en términos jurídicos y de legitimidad, ya que deberá lograrse el equilibrio adecuado entre los intereses públicos (que entrañan el ejercicio de las competencias públicas) y los individuales (manifestación específica de la libertad del individuo). A este respecto, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial por parte de las administraciones públicas exigirá conciliar el principio de transparencia y publicación de documentos administrativos con la protección de los datos personales y el derecho de los individuos a la privacidad, con arreglo a un marco reglamentario claro y explícito. |
| --- | --- |

5.5.

| 5.6. | En aquellos casos en que las nuevas medidas permitan que las administraciones públicas utilicen tecnología para tomar decisiones organizativas y hacer elecciones más rápidas —como la selección de un contratista en una licitación pública, la gestión de una lista de espera para servicios particulares o la contratación de nuevos empleados en una administración pública—, será necesario hacer frente a la cuestión de la responsabilidad jurídica efectiva de dichas decisiones, en un marco jurídico claro, que garantice la plena rendición de cuentas de la administración ante los ciudadanos. |
| --- | --- |

5.6.

| 5.7. | Las organizaciones de la sociedad civil y las empresas sociales asumen un papel importante para promover la comprensión y la aceptación de las tecnologías por parte de los individuos, en particular, mediante mecanismos colaborativos que permitan la participación en los procesos de transformación digital. En este sentido, reviste gran importancia la posibilidad de crear sistemas de gobernanza participativa para estos instrumentos, por ejemplo, de carácter cooperativo, que partan de las plataformas digitales ya en uso para configurar nuevas formas de relaciones económicas en la gestión del trabajo. |
| --- | --- |

5.7.

| 5.8. | Las autoridades administrativas encargadas de los mecanismos de vigilancia del mercado deberían tener la experiencia y las competencias necesarias para proteger la competencia leal, los derechos de los consumidores y la seguridad y los derechos de los empleados. Los organismos públicos o independientes deberían encargarse de la auditoría algorítmica. Al mismo tiempo, las empresas deben introducir mecanismos eficaces para auditar el uso de los datos por parte de la IA. |
| --- | --- |

5.8.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  Véase el Dictamen aprobado del CESE INT/845 — Inteligencia artificial: anticipar su impacto en el trabajo para garantizar una transición justa (Dictamen de iniciativa); ponente: Franca Salis-Madinier (véase la página 1 del presente Diario Oficial).

1

(2)  INT/806 de 31 de mayo de 2017 — Inteligencia artificial: las consecuencias de la inteligencia artificial para el mercado único (digital), la producción, el consumo, el empleo y la sociedad — (DO C 288 de 31.8.2017, p. 1).

2

(3)  Dictamen aprobado del CESE SOC/578 — Gestión de la transición en un mundo laboral digitalizado (DO C 367 de 10.10.2018, p. 15).

3

(4)  Véase el Dictamen aprobado del CESE INT/845 — Inteligencia artificial: anticipar su impacto en el trabajo para garantizar una transición justa (Dictamen de iniciativa); ponente: Franca Salis-Madinier (véase la página 1 del DO).

4

---

| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/57 |
| --- | --- | --- | --- |

6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/57

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa a la consecución de la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales en el Mercado Único Digital, la capacitación de los ciudadanos y la creación de una sociedad más saludable»

[COM(2018) 233 final]

(2018/C 440/09)

| Ponente: | Diego DUTTO |
| --- | --- |
| Coponente: | Thomas KATTNIG |

Ponente:

Diego DUTTO

Coponente:

Thomas KATTNIG

| Consulta | Comisión Europea, 18.6.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Sección de Mercado Único, Producción y Consumo |
| Aprobado en sección | 4.9.2018 |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 193/0/3 |

Consulta

Comisión Europea, 18.6.2018

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Sección de Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobado en sección

4.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

193/0/3

1.   Conclusiones

| 1.1. | Al operarse los cambios generados por la transformación digital, las personas deben situarse en el centro de la atención asistencial. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | Los procesos de digitalización deben ayudar a los profesionales sanitarios a dedicar más tiempo a los pacientes. Hay que garantizar que las profesiones sanitarias estén adecuadamente dotadas de personal cualificado y con las competencias digitales apropiadas. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | La transición digital está cambiando la naturaleza del trabajo en la sanidad y los servicios asistenciales. Todas las personas involucradas deben abordar esta transformación de manera profesional y con una mente abierta para lograr niveles de calidad elevados. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Debe reforzarse el diálogo social a escala europea en relación con los hospitales y la atención sanitaria, así como los servicios sociales. Se necesitan programas adecuados de formación y educación continua, deben mejorarse las condiciones de trabajo y la calidad del empleo y reforzarse la protección de los datos del personal. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | El CESE es consciente de que la organización y la prestación de servicios sanitarios y de asistencia social recaen en el ámbito de responsabilidad de los Estados miembros. En virtud de la Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, hay que crear una red de sanidad en línea (la red de sanidad electrónica) para promover la interoperabilidad de soluciones en el ámbito de la sanidad electrónica. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Las herramientas digitales tienen que ser un instrumento para desarrollar nuevas formas de organización en los sistemas de salud y atención sanitaria. Apoyan el potencial de los individuos, las comunidades locales y las economías sociales. Hay que reafirmar, mediante una inversión pública adecuada, los valores de solidaridad y universalidad como la base de estos sistemas. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | Los procesos de digitalización no han de ser malinterpretados como un paquete de ahorro para los presupuestos sanitarios. No deben dar lugar a reducciones de personal ni a recortes en los servicios. Hay que considerar que la asistencia es un servicio personal y es necesario desarrollar, especialmente a la vista del envejecimiento de la población, nuevos conceptos de asistencia de larga duración. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | El CESE comparte la visión esbozada en la Comunicación: promover la salud, prevenir y combatir las enfermedades, ayudar a responder a las necesidades no atendidas de los pacientes y facilitar a los ciudadanos la igualdad de acceso a servicios asistenciales de alta calidad a través de un uso apropiado de las innovaciones digitales y la economía social. |
| --- | --- |

1.8.

| 1.9. | En el plano social y digital, la alfabetización sanitaria se entiende como la capacidad de una persona para adquirir, comprender y utilizar la información para favorecer su bienestar y mantener un buen estado de salud. |
| --- | --- |

1.9.

| 1.10. | Los ciudadanos deben tener derecho a acceder a sus datos sanitarios. Ellos deciden si compartir sus datos, así como en qué momento hacerlo. Es indispensable tener en cuenta el Reglamento general de protección de datos, que permite a los ciudadanos controlar el uso de sus datos personales y, en particular, sus datos sanitarios. |
| --- | --- |

1.10.

| 1.11. | El CESE sugiere que el «derecho de copia (gratuita)» podría ser una forma activa de protección. Esto afecta a todos los datos generados por los usuarios al interactuar con las plataformas sanitarias digitales, y permite a los ciudadanos reutilizar sus propios datos. |
| --- | --- |

1.11.

| 1.12. | Los datos originales de los usuarios tienen un valor útil para los algoritmos y las plataformas; han de considerarse un producto original generado por los usuarios y deben protegerse de acuerdo con la legislación en materia de propiedad intelectual. |
| --- | --- |

1.12.

| 1.13. | El «derecho de copia (gratuita)» también ayuda a implicar la protección y la promoción de la competencia, que está siendo puesto a prueba implacablemente por los sistemas utilizados actualmente por las plataformas digitales para expropiar datos e historiales personales. |
| --- | --- |

1.13.

| 1.14. | El CESE apoya (1) el proceso de cuatro pilares para el trabajo conjunto transfronterizo sobre transformación digital en la sanidad y los servicios asistenciales, incluidas las evaluaciones clínicas conjuntas, las consultas científicas conjuntas, la definición de tecnologías sanitarias emergentes y la cooperación voluntaria entre los Estados miembros. |
| --- | --- |

1.14.

| 1.15. | El CESE sugiere que se adopten las medidas adecuadas para investigar nuevos marcos éticos, jurídicos y sociales que tengan en cuenta los riesgos asociados a la extracción de datos. |
| --- | --- |

1.15.

| 1.16. | El CESE sugiere que se fomente la investigación y la innovación en materia de integración de las tecnologías digitales para renovar los procesos sanitarios en campos como, por ejemplo, la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la interoperabilidad. El CESE apoya plenamente a los ciudadanos en el acceso transfronterizo seguro a datos sanitarios fiables para realizar avances en la investigación y la prevención de enfermedades. |
| --- | --- |

1.16.

| 1.17. | El CESE también respalda el apoyo de la UE a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas sociales que están desarrollando soluciones digitales para prestar servicios asistenciales centrados en el paciente y para recabar sus puntos de vista. |
| --- | --- |

1.17.

| 1.18. | El CESE apoya «reequilibrar» la asimetría socioeconómica en las economías de los datos promoviendo el desarrollo de plataformas seguras y apoyando a las organizaciones cooperativas sin ánimo de lucro para que almacenen, gestionen y compartan copias digitales de todos los datos personales. |
| --- | --- |

1.18.

2.   Antecedentes y observaciones generales

| 2.1. | El 25 de abril de 2018, la Comisión Europea publicó su Comunicación sobre la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales en el mercado único digital (2), que aborda las reformas y soluciones innovadoras necesarias para que los sistemas de salud y asistencia lleguen a ser más robustos, accesibles y eficaces a la hora de prestar un servicio asistencial de calidad a los ciudadanos europeos y de crear una sociedad más saludable. Si se diseñan adecuadamente y se aplican de una manera rentable, las soluciones digitales aplicadas a la salud y la asistencia sanitaria pueden aumentar el bienestar de millones de ciudadanos y mejorar radicalmente la eficacia de los servicios sanitarios y asistenciales que se prestan a los pacientes. La digitalización puede favorecer la continuidad del servicio asistencial transfronterizo (Directiva 2011/24/UE), lo cual constituye un factor importante para aquellos que pasan tiempo en el extranjero con fines de negocio o placer. La digitalización también puede contribuir a promover la salud y a prevenir enfermedades, incluida la salud en el lugar de trabajo. Puede favorecer la reforma de los sistemas sanitarios y su transición hacia nuevos modelos de servicios asistenciales, basados en las necesidades de las personas, y permitir una transición desde sistemas centrados en los hospitales hacia estructuras asistenciales integradas y más basadas en la comunidad. Al operarse los cambios, es necesario garantizar que los ciudadanos se sitúen en el centro de la atención asistencial. Los procesos de digitalización deberían ayudar a los profesionales sanitarios a dedicar más tiempo al paciente. Por tanto, hay que garantizar que las profesiones sanitarias estén adecuadamente dotadas de personal cualificado y con las competencias digitales apropiadas. |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | La transición hacia la sanidad y la asistencia digital está transformando la naturaleza del trabajo en estos ámbitos. Esto solo puede conseguirse con un nivel de calidad elevado si todas las personas implicadas abordan la transformación de un modo profesional y con amplitud de miras. Por consiguiente, es necesario seguir reforzando el diálogo social a nivel europeo en el sector de la salud y los servicios sociales, de forma que se desarrollen adecuadamente la formación y la educación continua y se mejoren las condiciones laborales, en particular el equilibrio entre la vida privada y la vida profesional, la protección de los datos del personal y la calidad del empleo. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | Según la Comisión Europea, los sistemas sanitarios y de bienestar en Europa se enfrentan a retos muy importantes, como el envejecimiento de la población, la multimorbilidad, la vacunación, la escasez de personal sanitario debido a las difíciles condiciones laborales y el creciente problema de las enfermedades no transmisibles prevenibles provocadas por factores de riesgo como el tabaco, el alcohol y la obesidad, así como otras afecciones, incluidas las enfermedades raras y las neurodegenerativas. Las enfermedades infecciosas también constituyen una creciente amenaza debido a una mayor resistencia a los antibióticos y a patógenos nuevos o reemergentes. El gasto público en sanidad y asistencia de larga duración está aumentando en los Estados miembros de la UE y se prevé que esta tendencia continúe. Es especialmente importante que los costes asociados se utilicen para mejorar la calidad del empleo de los profesionales sanitarios, evitando promover salarios bajos y condiciones de trabajo onerosas. Con el envejecimiento de la población, es necesario desarrollar nuevos conceptos de asistencia de larga duración. |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | Incluso cuando se dispone de datos sanitarios, estos a menudo dependen de tecnologías que no son interoperables entre sí, lo que constituye un obstáculo para su uso generalizado. |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | Por esta razón, los sistemas sanitarios carecen de información esencial para optimizar sus servicios y los proveedores de servicios se enfrentan a dificultades para generar economías de escala para poder ofrecer soluciones digitales eficientes en el ámbito de la salud y la asistencia, y para promover el uso transfronterizo de servicios sanitarios. Los resultados cuantificados basados en datos sanitarios deben aportar información sanitaria personalizada y ser accesibles para los médicos de cabecera, los especialistas médicos y los científicos, de modo que puedan utilizarlos para realizar agrupamientos de datos y modelos predictivos, y recurrir a las mejores prácticas. |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | Como muestran las conclusiones del informe sobre el Estado de la Salud en la UE, el uso de datos sanitarios centrados en el paciente aún no está suficientemente desarrollado en la UE. |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | La organización y prestación de servicios sanitarios y de asistencia social es responsabilidad de los Estados miembros. En algunos de ellos, especialmente los que tienen sistemas federales, son las autoridades regionales quienes se encargan de la financiación y la prestación de servicios sanitarios. |
| --- | --- |

2.7.

| 2.8. | En virtud de la Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, se creó una red de sanidad en línea (la red de sanidad electrónica) para promover la interoperabilidad de soluciones en el ámbito de la sanidad electrónica. |
| --- | --- |

2.8.

| 2.9. | También se han desarrollado estructuras de cooperación, como la Asociación Europea para la Innovación sobre un Envejecimiento Activo y Saludable, el programa conjunto de apoyo a una vida activa y autónoma (Programa «Vida Cotidiana Asistida y Activa») y los acuerdos de colaboración entre el sector público y privado, como la Iniciativa sobre medicamentos innovadores y la Iniciativa sobre componentes y sistemas electrónicos para un liderazgo europeo. Las estrategias regionales y nacionales para la especialización inteligente también desempeñan un papel central en el desarrollo de ecosistemas regionales más sólidos en el ámbito de la atención sanitaria. Desde 2004, dos planes de acción en materia de sanidad electrónica han proporcionado un marco político para los Estados miembros y la Comisión, y el Grupo de partes interesadas en la sanidad electrónica desempeña un importante papel. |
| --- | --- |

2.9.

| 2.10. | Habida cuenta de las posiciones adoptadas en sus anteriores dictámenes (3), el CESE considera que deberían apoyarse las medidas que la Comisión tiene previsto tomar en tres ámbitos, a saber, el acceso seguro de los ciudadanos a datos sanitarios y el intercambio de estos datos con otros Estados miembros; la fiabilidad de los datos para realizar avances en la investigación, la prevención de enfermedades y la personalización de la sanidad y los servicios asistenciales; y la creación de instrumentos digitales para empoderar a los ciudadanos y prestar una asistencia centrada en las personas. Como ya se ha señalado anteriormente, debe garantizarse que los procesos de digitalización no se malinterpretan como un paquete de ahorro para los presupuestos sanitarios y no dan lugar a reducciones de personal o a recortes en los servicios. La escasez de personal da lugar a una asistencia deficiente y a un mayor riesgo de morbilidad. No debe olvidarse que la transformación digital es un fenómeno bidimensional que incluye una dirección y un proceso. En cuanto a la dirección, nos centramos en los factores externos que afectan a las organizaciones, examinando constantemente «qué» aborda la transformación digital. En cuanto al proceso, se pone el acento en la reflexión dentro de las organizaciones, con especial atención a «cómo» se realiza la transformación digital. Por tanto, es absolutamente necesario tener en cuenta este enfoque al examinar el objeto del dictamen con el fin de garantizar un enfoque orientado al paciente. |
| --- | --- |

2.10.

| 2.11. | Precisamente por este motivo, el CESE señala, como ya hizo en su dictamen anterior (4), que, para sacar partido de la transformación digital, las redes de la UE y las medidas de apoyo previstas deberían utilizar instrumentos digitales para ejercer y reforzar, y no debilitar, nuestros derechos fundamentales en materia de salud y servicios asistenciales. Las herramientas digitales han de apoyar el desarrollo del potencial individual y de las comunidades locales y la economía social; deben constituir un poderoso catalizador al servicio de la promoción de los derechos y el desarrollo de nuevas formas de organización y gobernanza de la sanidad y los servicios asistenciales; y tienen que contribuir a reafirmar los valores de solidaridad y universalidad en los que se basa nuestro sistema sanitario. Esto habría de garantizarse por medio de una inversión pública adecuada, tal como se recoge en un dictamen anterior del CESE (5). |
| --- | --- |

2.11.

| 2.12. | Al igual que en sus anteriores dictámenes, el CESE considera que la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria, que es uno de los objetivos principales de las políticas sanitarias, puede beneficiarse de las ventajas digitales siempre que se respeten varias condiciones:






  — | la igualdad de cobertura territorial, teniendo en cuenta las zonas insuficientemente atendidas por los operadores del sector digital (acceso, banda ancha); |
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2.12.

—

la igualdad de cobertura territorial, teniendo en cuenta las zonas insuficientemente atendidas por los operadores del sector digital (acceso, banda ancha);

| — | la reducción de la brecha digital en el uso que hacen los ciudadanos, los profesionales de la salud y los agentes de los sistemas de seguro de enfermedad y asistencia sanitaria; |
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—

la reducción de la brecha digital en el uso que hacen los ciudadanos, los profesionales de la salud y los agentes de los sistemas de seguro de enfermedad y asistencia sanitaria;

| — | la interoperabilidad entre los diferentes componentes de la arquitectura digital (bases de datos, productos médicos) para facilitar la continuidad de la asistencia dentro de cada estructura y entre estructuras; |
| --- | --- |

—

la interoperabilidad entre los diferentes componentes de la arquitectura digital (bases de datos, productos médicos) para facilitar la continuidad de la asistencia dentro de cada estructura y entre estructuras;

| — | la protección de los datos sanitarios, que en ningún caso pueden utilizarse en detrimento de los pacientes; |
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—

la protección de los datos sanitarios, que en ningún caso pueden utilizarse en detrimento de los pacientes;

| — | la difusión electrónica de la información del producto autorizada por las agencias de medicamentos competentes para mejorar el acceso (como se menciona en un dictamen anterior del CESE (6)). |
| --- | --- |

—

la difusión electrónica de la información del producto autorizada por las agencias de medicamentos competentes para mejorar el acceso (como se menciona en un dictamen anterior del CESE (6)).

| 2.13. | El auge de la telemedicina, los productos conectados y las nanotecnologías, las biotecnologías, las tecnologías de la información y las ciencias cognitivas (NBIC) no debe conducir a considerar a los pacientes meros cuerpos conectados que podrían ser analizados, controlados y vigilados a distancia por un todopoderoso programa informático. La tecnificación de la salud incita, en realidad, a lo contrario, es decir, a reafirmar la importancia de la relación interpersonal y el vínculo social en la práctica de la medicina y la asistencia. |
| --- | --- |

2.13.

3.   Las consecuencias de la transformación digital

3.1.   La incidencia de la transformación digital en la sanidad y los servicios asistenciales

| 3.1.1. | La Comunicación de la Comisión ilustra cómo la UE puede contribuir a alcanzar los objetivos de las Conclusiones del Consejo, concretamente desarrollando la cooperación e infraestructura necesarias en la UE y ayudando, de este modo, a los Estados miembros a cumplir su compromiso político en estos ámbitos. Las acciones propuestas también respaldan el compromiso contraído por la Comisión de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas «Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades», así como de aplicar los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales. |
| --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | El CESE comparte la visión esbozada en la Comunicación: promover la salud, prevenir y combatir las enfermedades, ayudar a responder a las necesidades no atendidas de los pacientes y facilitar a los ciudadanos la igualdad de acceso a servicios asistenciales de alta calidad a través de un uso apropiado de las innovaciones digitales y las empresas sociales. |
| --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | El CESE opina que es fundamental aumentar la sostenibilidad de los sistemas de salud y asistencia sanitaria en Europa, ayudando a maximizar el potencial del mercado único digital mediante un mayor recurso a los productos y servicios digitales en los ámbitos de la salud y la asistencia sanitaria. Las medidas propuestas también deben tener por objetivo estimular el crecimiento y promover la industria europea en este ámbito, así como las empresas, con o sin ánimo de lucro, que diseñan y gestionan los servicios de salud y asistencia sanitaria. |
| --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | La transformación digital permite, en particular, consultar y explotar datos que ofrecen la posibilidad de reducir los costes de la atención sanitaria a medida que la población crece y la esperanza de vida aumenta, contribuyendo así a optimizar la acción de los poderes públicos a nivel nacional y europeo. |
| --- | --- |

3.1.4.

| 3.1.5. | La digitalización de la sanidad no solo contribuirá a reducir el tiempo de hospitalización, con un impacto directo positivo en la atención sanitaria en los hospitales, sino que también contribuirá a la recuperación de los propios pacientes. En el contexto de un reconocimiento internacional, la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), ha propuesto las «Herramientas de las estrategias nacionales de salud electrónica», que ofrecen fundamentalmente un método para mejorar y desarrollar estrategias nacionales de sanidad electrónica, los planes de acción y los marcos de supervisión. |
| --- | --- |

3.1.5.

3.2.   La repercusión de la transformación digital en las personas

| 3.2.1. | La transformación digital ofrece a los ciudadanos la oportunidad de acceder ampliamente a conocimientos, infraestructuras y servicios sanitarios personalizados innovadores y más eficientes, así como de contribuir (como proveedores de servicios, productores de información y suministradores de datos) a mejorar la salud de los demás. |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | También podría considerarse que los ciudadanos tienen el derecho de acceder a sus datos sanitarios y decidir si desean compartir tales datos y en qué momento. El CESE también cree indispensable que se tenga en cuenta el Reglamento general de protección de datos, en vigor desde el 25 de mayo de 2018, que permitirá a los ciudadanos controlar el uso de sus datos personales, incluidos sus datos sanitarios. Además, hay que tener en cuenta la declaración de la Asociación Médica Mundial (AMM) sobre las consideraciones éticas relacionadas con las bases de datos sanitarios y los biobancos en su Declaración de Taipéi, adoptada por la 53.a Asamblea General de la AMM en Washington D. C. (EE. UU.), en octubre de 2002, y revisada por la 67.a Asamblea General de la AMM en Taipéi (Taiwán), en octubre de 2016. |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | A este respecto, es esencial hacer frente al riesgo de una brecha cada vez mayor en los niveles de alfabetización digital de las personas. En el plano social y digital, la alfabetización sanitaria se entiende como la capacidad de una persona para adquirir, comprender y utilizar la información de forma responsable para favorecer su bienestar y mantener un buen estado de salud. Para ello, es necesario garantizar a las personas un nivel de competencias y de conocimiento de las nuevas herramientas que les permita mejorar su propio bienestar y el de la comunidad mediante medidas que mejoren su estilo de vida y sus condiciones de vida. |
| --- | --- |

3.2.3.

| 3.2.4. | Habida cuenta de que los usuarios se sitúan en el centro del diseño y del servicio, los datos que generan también deben considerarse fundamentales, y deberían establecerse normativas adecuadas en relación con la propiedad de los datos y el derecho de uso de tales datos por parte del propio usuario y de terceros. Las cuestiones que deben plantearse son: «¿a quién pertenecen los datos?», «¿quién tiene derecho a utilizarlos?», «¿en qué condiciones pueden ser utilizados por terceros que ofrecen servicios?», «¿puede el usuario utilizar los datos libremente?», etc. A este respecto, es importante distinguir bien entre los diferentes tipos de datos: los datos no procesados, por un lado, y los datos generados por algoritmos y servicios de inteligencia artificial, por el otro. Si un tercero genera nuevos datos agregados utilizando algoritmos registrados, ¿cómo debería gestionarse la propiedad de la información? ¿Cómo se diseñan los modelos empresariales para gestionar la presencia de múltiples partes interesadas, cuando cada una de ellas presta una parte fundamental del servicio? También es preciso distinguir entre los modelos empresariales basados únicamente en servicios (más tradicionales, como, por ejemplo, la asistencia en las actividades de la vida diaria), y aquellos basados en datos centrados en los pacientes, con la posibilidad de desarrollar nuevos servicios en el ámbito de la salud a distancia (por ejemplo, los servicios de prevención, apoyo y adaptación al tratamiento). |
| --- | --- |

3.2.4.

| 3.2.5. | Los datos auténticos (es decir, originales) de cada usuario son el único valor útil para algoritmos, servicios y plataformas, lo que significa que pueden o deben considerarse como un producto original generado por los usuarios (y únicamente por ellos mismos, con sus características biológicas, cognitivas, culturales y conductuales) y, como tal, son una «contribución original» que debe protegerse conforme a normas similares a las de la propiedad intelectual, pero adaptadas de manera ad hoc. Se podría sugerir una forma de protección activa mediante un «derecho de copia (gratuita)» de todos los datos generados por los usuarios al interactuar con plataformas sanitarias digitales, de modo que se les permita reutilizarlos (si se considera apropiado), reagrupándolos por medio de otros servicios o algoritmos. El «derecho de copia (gratuita)» también ayuda a solucionar otro problema relacionado con la protección y la promoción de la competencia, que está siendo puesto a prueba implacablemente por los sistemas utilizados actualmente por las plataformas digitales (basándose en contratos u otros medios) para expropiar datos e historiales personales. |
| --- | --- |

3.2.5.

| 3.2.6. | La propia UE ha abordado en diferentes ocasiones la cuestión mencionada en el punto 3.2.5 y, en algunos casos, ha optado por un derecho de puesta a disposición (copia) de los datos (véase el artículo 9 de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética: «cuando los clientes finales lo soliciten, la información exacta de los contadores sobre la entrada y salida de electricidad que les corresponda les sea facilitada a ellos mismos o a un tercero que actúe en nombre de los clientes finales, en un formato fácilmente comprensible que puedan utilizar para comparar ofertas en condiciones de igualdad»). |
| --- | --- |

3.2.6.

| 3.2.7. | El CESE sugiere la creación de una infraestructura informática conectada de modo que los pacientes con una enfermedad rara puedan ser contactados rápidamente y puedan poner sus datos sanitarios y médicos a disposición de la investigación global sin ánimo de lucro. La Unión Europea está promoviendo la creación de un sistema de historiales médicos electrónicos, apoyando el intercambio de información y la normalización y el desarrollo de redes para el intercambio de información entre proveedores de atención sanitaria con el fin de coordinar las medidas que deberán tomarse en caso de riesgo para la salud pública. |
| --- | --- |

3.2.7.

| 3.2.8. | Esto permitiría a las personas, ciudadanos, pacientes y usuarios recuperar el pleno control de su identidad digital. Les permitirá participar en la adquisición de conocimientos obtenidos a partir de datos sanitarios agregados para la medicina y prevención personalizadas, y también les permitirá disfrutar de los considerables beneficios económicos derivados de estos datos agregados. |
| --- | --- |

3.2.8.

3.3.   La repercusión de la transformación digital en los sistemas sociales y sanitarios

| 3.3.1. | El CESE apoya (tal y como se menciona en otro Dictamen del CESE (7)) el proceso de cuatro pilares para el trabajo conjunto transfronterizo sobre transformación digital en la sanidad y los servicios asistenciales. |
| --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.1.1. | La propuesta establece un grupo de coordinación, compuesto por representantes de los organismos de evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) de los Estados miembros, y describe los cuatro pilares de la futura cooperación. El trabajo conjunto estaría liderado por los Estados miembros a través del grupo de coordinación y abarcaría:






  — | evaluaciones clínicas conjuntas; |
| --- | --- | --- |

3.3.1.1.

—

evaluaciones clínicas conjuntas;

| — | consultas científicas conjuntas; |
| --- | --- |

—

consultas científicas conjuntas;

| — | identificación de tecnologías sanitarias emergentes; |
| --- | --- |

—

identificación de tecnologías sanitarias emergentes;

| — | cooperación voluntaria entre los Estados miembros. |
| --- | --- |

—

cooperación voluntaria entre los Estados miembros.

| 3.3.1.1.1. | Las evaluaciones clínicas conjuntas se refieren a las tecnologías más innovadoras, entre las que se incluyen: i) los medicamentos sometidos al procedimiento centralizado de autorización de la comercialización, y ii) determinadas clases de productos sanitarios y productos sanitarios para diagnóstico in vitro que permiten abordar las necesidades médicas no satisfechas, el impacto potencial en los pacientes, la salud pública o los sistemas sanitarios y una dimensión transfronteriza importante. Estas evaluaciones serían elaboradas y definidas por los organismos de ETS de los Estados miembros, las empresas farmacéuticas o los fabricantes de equipos médicos (el «desarrollador»), los pacientes, los expertos clínicos y otras partes interesadas. Una vez verificado por la Comisión, el informe se publicará y después será utilizado por los Estados miembros. |
| --- | --- |

3.3.1.1.1.

| 3.3.1.1.2. | Las consultas científicas conjuntas, también denominadas «diálogos precoces», permitirían a un desarrollador de una tecnología sanitaria solicitar el asesoramiento de los organismos de ETS sobre los datos y las pruebas que probablemente se requerirán como parte de una futura evaluación clínica conjunta. Los desarrolladores tendrían la posibilidad de solicitar una consulta científica conjunta con el grupo de coordinación. Tras la aprobación del grupo de coordinación, los informes de consulta científica conjunta se transmitirían al desarrollador de tecnologías sanitarias, pero no se publicarían. |
| --- | --- |

3.3.1.1.2.

| 3.3.1.1.3. | La «exploración de perspectivas», o la identificación de tecnologías sanitarias emergentes (tecnologías sanitarias que aún no se han adoptado en el sistema de atención sanitaria), ayudaría a garantizar que las tecnologías sanitarias que se espera que tengan un impacto importante en los pacientes, la salud pública o los sistemas sanitarios se identifiquen en una fase temprana de su desarrollo y se incluyan en el trabajo conjunto. |
| --- | --- |

3.3.1.1.3.

| 3.3.1.1.4. | Los Estados miembros tendrían la posibilidad de continuar la cooperación voluntaria a nivel de la UE en ámbitos no cubiertos por la cooperación obligatoria. Esto ofrecería, entre otras cosas, la posibilidad de realizar ETS sobre tecnologías sanitarias distintas de los medicamentos o los productos sanitarios (como los procedimientos quirúrgicos), así como la evaluación de aspectos no clínicos (como, por ejemplo, el impacto de los productos médicos en la organización de la asistencia). |
| --- | --- |

3.3.1.1.4.

| 3.3.2. | El despliegue de soluciones innovadoras en el ámbito de la atención sanitaria posibilitadas por la transformación digital plantea una serie de cuestiones multidisciplinares importantes, en particular, cuestiones éticas, legales y sociales. Aunque ya existe un marco jurídico para la protección de datos y la seguridad de los pacientes, deben abordarse otras cuestiones, como el acceso a la banda ancha, los riesgos asociados a la extracción de datos y la toma automática de decisiones, la adopción de normas y de una legislación apropiadas a fin de garantizar una calidad adecuada en los servicios de sanidad electrónica o móvil, y la accesibilidad y calidad de los servicios. Asimismo, en lo que respecta a los servicios, si bien existen normas a nivel nacional y de la UE por las que se rigen la contratación pública, la competencia y el mercado interior, deben examinarse y adoptarse nuevos enfoques que tengan en cuenta la transformación digital. |
| --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | La transformación digital llevará consigo una reorganización del sistema de atención sanitaria, con nuevas formas y normas para la prestación de servicios (por ejemplo, utilizando robots junto con los cuidadores). Además, los cuidadores deben someterse a programas de formación adecuados y específicos (por ejemplo, con formación social, médica o técnica) y estar preparados para los nuevos perfiles de empleo y las transformaciones del entorno laboral. Esto dará lugar a la definición de nuevos modelos de servicios, políticas de apoyo, certificaciones y normas adecuadas para la introducción de servicios y tecnologías digitales en contextos y mercados asistenciales reales. Su diseño y desarrollo debería seguir los principios del diseño centrado en el usuario, la ingeniería del uso por diseño, el diseño universal, etc., con los usuarios y sus necesidades en el centro del proceso, y evitando crear una brecha digital y excluir a las personas de los servicios. |
| --- | --- |

3.3.3.

| 3.3.4. | El CESE respalda los esfuerzos de la Comisión por contribuir al desarrollo y la adopción del formato de intercambio de historiales médicos electrónicos de ámbito europeo, así como por desarrollar medidas comunes de identificación y autenticación, conforme a lo dispuesto en el artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2011/24/UE. |
| --- | --- |

3.3.4.

3.4.   La repercusión de la transformación digital en el mercado digital

| 3.4.1. | El reto es «reequilibrar la asimetría socioeconómica en la economía de los datos» (8) por medio de:






  — | un derecho legal a la copia digital de todos los datos personales (médicos y no médicos); portabilidad de los datos (artículo 20 de la Directiva de la UE sobre protección de datos); |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

—

un derecho legal a la copia digital de todos los datos personales (médicos y no médicos); portabilidad de los datos (artículo 20 de la Directiva de la UE sobre protección de datos);

| — | una plataforma segura que permita a las personas almacenar, gestionar y compartir activamente los datos según sus propias condiciones; |
| --- | --- |

—

una plataforma segura que permita a las personas almacenar, gestionar y compartir activamente los datos según sus propias condiciones;

| — | una estructura organizativa cooperativa sin ánimo de lucro de plataformas de datos personales, para que sean propiedad de los ciudadanos; |
| --- | --- |

—

una estructura organizativa cooperativa sin ánimo de lucro de plataformas de datos personales, para que sean propiedad de los ciudadanos;

| — | una reinversión de los ingresos derivados del uso secundario de los datos controlado por los ciudadanos en proyectos y servicios que benefician a los miembros de las plataformas y a la sociedad en general. |
| --- | --- |

—

una reinversión de los ingresos derivados del uso secundario de los datos controlado por los ciudadanos en proyectos y servicios que benefician a los miembros de las plataformas y a la sociedad en general.

| 3.4.2. | Las evaluaciones clínicas conjuntas facilitarían un acceso más rápido, evitarían la duplicación a nivel nacional y aportarían una mayor coherencia, claridad y previsibilidad para todos los que participan en el proceso. La industria de los productos médicos es, en general, más escéptica en relación con la propuesta. La cooperación obligatoria en las evaluaciones clínicas de tecnologías aplicadas a la salud (ETS) podría ralentizar el acceso de los productos al mercado, en lugar de agilizarlo. |
| --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Al aumentar la penetración de los dispositivos móviles, las soluciones de sanidad electrónica o móvil ofrecerán servicios innovadores con procesos optimizados. Estos procesos ayudarán a facilitar la movilidad de los profesionales sanitarios y asistenciales. |
| --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | La transformación digital fomentará el desarrollo de nuevos modelos empresariales flexibles, impulsará la participación en el negocio de diferentes partes interesadas y reportará beneficios gracias a la cuantificación de las experiencias de los usuarios. Su éxito dependerá de que esté centrada en el consumidor (o en el usuario), con el fin de garantizar que la perspectiva del usuario se tenga en cuenta desde el principio del proceso de diseño (reflexión conceptual). |
| --- | --- |

3.4.4.

| 3.4.5. | La transformación digital permitirá el uso generalizado de datos sanitarios y sociales, fomentando la integración de sistemas y dispositivos con servicios de aprendizaje automático y la necesidad de interoperabilidad y capacidad de interacción (M2M), que debe tener en cuenta los diferentes requisitos y preferencias de los usuarios, el desarrollo de sistemas «a prueba de futuro», la posibilidad de integración con las infraestructuras existentes y los proveedores de servicios locales, con toda tecnología disruptiva y no planificada y con los servicios con nuevos requisitos en materia de normalización. |
| --- | --- |

3.4.5.

| 3.4.6. | Las nuevas tecnologías facilitadoras esenciales, como la 5G, crearán oportunidades para mejores productos y servicios móviles de banda ancha, contribuyendo así al despliegue de millones de conexiones para dispositivos de la internet de las cosas (IdC) a una escala masiva. Con la proliferación de la 5G y de la IdC, las estrategias de transformación digital son fundamentales para muchas partes interesadas que actúan en el ámbito de la asistencia sanitaria, sobre todo porque las nuevas conductas y necesidades de los consumidores exigirán nuevas ofertas digitalizadas. |
| --- | --- |

3.4.6.

| 3.4.7. | El CESE apoya los servicios relacionados con la información sanitaria, la prevención de enfermedades, el desarrollo de sistemas de asesoramiento a distancia, la prescripción en línea, la derivación de pacientes y el reembolso de los gastos médicos. Las plataformas existentes, como Alfred, Big White Wall, Medicine Patient Portal, Empower, etc., pueden considerarse como facilitadoras de la transformación digital en el mercado único digital. Curiosamente, el 29 de mayo de 2018, se anunció que la Nube Europea de la Ciencia Abierta apoyaría a los sectores científicos de la UE que ocupan una posición de liderazgo mundial, creando un entorno seguro para almacenar y procesar datos de investigación. La Nube debería ser una federación amplia y paneuropea de infraestructuras existentes y emergentes excelentes que respete los mecanismos de gobernanza y financiación de sus diversos componentes; la pertenencia a esta federación sería voluntaria; y la estructura de gobernanza incluiría a representantes de ministerios, partes interesadas y científicos de los Estados miembros. |
| --- | --- |

3.4.7.

3.5.   La incidencia de la transformación digital en los proveedores de servicios

| 3.5.1. | En este contexto, el CESE suscribe los siguientes objetivos:






  — | poner el acento en los proveedores de atención sanitaria; |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

—

poner el acento en los proveedores de atención sanitaria;

| — | poner el acento en los pacientes cuando acceden al sistema de atención sanitaria; |
| --- | --- |

—

poner el acento en los pacientes cuando acceden al sistema de atención sanitaria;

| — | garantizar una transferencia de datos eficiente en la atención primaria (sanidad electrónica, expediente clínico electrónico o ECE); |
| --- | --- |

—

garantizar una transferencia de datos eficiente en la atención primaria (sanidad electrónica, expediente clínico electrónico o ECE);

| — | obtener el consentimiento de los pacientes para que sus datos puedan utilizarse con fines de investigación; ofrecer incentivos para que se aporten datos adicionales (sanidad móvil); |
| --- | --- |

—

obtener el consentimiento de los pacientes para que sus datos puedan utilizarse con fines de investigación; ofrecer incentivos para que se aporten datos adicionales (sanidad móvil);

| — | reducir las dificultades para asociar a los pacientes a la investigación. |
| --- | --- |

—

reducir las dificultades para asociar a los pacientes a la investigación.

| 3.5.2. | Según estudios tecnológicos, sociales y económicos recientes, la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la robótica permitirán diseñar y desarrollar nuevos enfoques en ámbitos como la medicina personalizada y de precisión, la fragilidad cognitiva y la robótica cooperativa. Su utilización en la atención sanitaria exigirá adaptar y desarrollar todos los procesos relacionados con el diseño, la prestación y la evaluación de los servicios. En este contexto, la transformación digital representa un factor fundamental, pero también facilitador (o «acelerador») de la integración de las tecnologías innovadoras en el sector de la atención sanitaria. |
| --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | La transformación digital tiene el potencial de poner a disposición una gran cantidad de datos que permitan la investigación y el desarrollo de soluciones de servicios innovadoras y ambiciosas basadas en la inteligencia artificial. Esto podría servir de base para crear un marco que permita cuantificar objetivamente las enfermedades crónicas e identificar oportunidades de diagnóstico precoz y seguimiento terapéutico. Además, los avances recientes en la inteligencia artificial se beneficiarían de la disponibilidad de datos para desarrollar sistemas que puedan aprender y después adaptarse a las formas en las que evolucionan las enfermedades. |
| --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | El uso generalizado de los datos y la capacidad de las partes interesadas para utilizarlos y transformarlos en función de las necesidades de los usuarios abren nuevas posibilidades para intercambiar datos, conocimientos y experiencia, como ya apoyan las redes europeas de referencia, que proporcionan una estructura de gobernanza para el intercambio de conocimientos y la coordinación de la asistencia en el ámbito de las enfermedades raras en toda la UE. Si un territorio determinado (región o país) no cuenta con experiencia en relación con una enfermedad específica, la red puede ayudar a los médicos a obtener información de los centros de experiencia de otros territorios. Asimismo, los hospitales de toda Europa pueden utilizar los sistemas digitales de interconexión para compartir conocimientos y apoyarse mutuamente. |
| --- | --- |

3.5.4.

| 3.5.5. | Una consecuencia obvia de los puntos anteriores es que la ciberseguridad es una prioridad clave. Como se señala en un informe de la ENISA (ENISA Threat Landscape Report 2017: 15 Top Cyber-Threats and Trends, Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea), la complejidad de los ataques y la sofisticación de las acciones malintencionadas en el ciberespacio siguen aumentando. En el ámbito de la atención sanitaria, donde muchos sistemas generalizados están interconectados y hay mucho en juego, en particular, la vida de los pacientes, datos personales sensibles, recursos financieros, etc., la seguridad de la información es un aspecto prioritario. En el contexto de la transformación digital, se requieren nuevos métodos y orientación para diseñar los marcos de evaluación de la ciberseguridad, las medidas de respuesta organizativas y la conformidad de la interoperabilidad basada en la ciberseguridad. |
| --- | --- |

3.5.5.

| 3.5.6. | El CESE también respalda el apoyo de la UE a las pequeñas y medianas empresas que están desarrollando soluciones digitales para prestar servicios asistenciales centrados en el paciente y recabar sus puntos de vista. Evidentemente, esta cooperación contará con la participación de las autoridades públicas y de otras partes interesadas que se han comprometido a promover principios comunes o mutuamente reconocidos con el fin de validar y certificar soluciones digitales con vistas a su adopción en los sistemas sanitarios (por ejemplo, sanidad móvil y vida independiente). |
| --- | --- |

3.5.6.

| 3.5.7. | El CESE considera, asimismo, que las iniciativas que se han emprendido anteriormente para que los Estados miembros de la UE expidan tarjetas sanitarias deben proseguir en el marco de la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales en el mercado digital. Habida cuenta del carácter sensible de los datos médicos que pueden almacenar, este tipo de tarjeta sanitaria electrónica debe ofrecer una sólida protección de la privacidad. |
| --- | --- |

3.5.7.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  DO C 283 de 10.8.2018, p. 28.

1

(2)  COM(2018) 233 final.

2

(3)  DO C 434 de 15.12.2017, p. 1; DO C 13 de 15.1.2016, p. 14, y DO C 458 de 19.12.2014, p. 54.

3

(4)  DO C 434 de 15.12.2017, p. 1.

4

(5)  DO C 173 de 31.5.2017, p. 33.

5

(6)  DO C 13 de 15.1.2016, p. 14.

6

(7)  DO C 283 de 10.8.2018, p. 28.

7

(8)  Foro Económico Mundial — Global Information Technology Report 2014 (Informe mundial sobre la tecnología de la información en 2014).

8

---

| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/66 |
| --- | --- | --- | --- |

6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/66

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre a) «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE»

[COM(2018) 184 final — 2018/0089 (COD)]

y b) «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE»

[COM(2018) 185 final — 2018/0090 (COD)]

(2018/C 440/10)

| Ponente: | Jarosław MULEWICZ |
| --- | --- |
| Coponente: | Antonio LONGO |

Ponente:

Jarosław MULEWICZ

Coponente:

Antonio LONGO

| Consulta | a) | Parlamento Europeo, 2.5.2018 |
| --- | --- | --- |

Consulta

a)

Parlamento Europeo, 2.5.2018

| a) | Consejo, 22.5.2018 |
| --- | --- |

a)

Consejo, 22.5.2018

| b) | Parlamento Europeo, 2.5.2018 |
| --- | --- |

b)

Parlamento Europeo, 2.5.2018

| b) | Consejo, 22.5.2018 |
| --- | --- |

b)

Consejo, 22.5.2018

Fundamento jurídico

Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobado en sección

4.9.2018

Aprobado en el pleno

20.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

155/1/5

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El CESE toma nota de la propuesta de la Comisión Europea relativa a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE, y del objetivo de actualizar las normas vigentes para tener en cuenta los nuevos hábitos de consumo y adaptarlas a la evolución del mercado único digital. Sin embargo, como recomendó el CESE en su dictamen sobre la fragilidad de los consumidores frente a las prácticas comerciales (1), todavía deben abordarse las preocupaciones relacionadas con la falta de aplicación de las normas vigentes. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El CESE coincide con la Comisión Europea en cuanto a la necesidad de modernizar y simplificar la política de los consumidores de la Unión y considera que el nuevo conjunto de medidas legislativas puede contribuir a reducir las diferencias creadas por el crecimiento exponencial del comercio electrónico, que socavan la confianza de los consumidores y ocasionan distorsiones en el mercado único. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | En general, el Comité considera que la armonización de la legislación en materia de protección de los consumidores no debe reducir su nivel de protección en los Estados miembros, y al mismo tiempo debe alcanzar un equilibrio con respecto a la seguridad jurídica para los comerciantes. El CESE toma nota de las conclusiones del programa REFIT de que las normas de protección de los consumidores son adecuadas para el fin que persiguen, pero también observa un aumento en el número de consumidores objeto de prácticas de comercialización agresivas y engañosas. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | El CESE apoya la propuesta de ampliar los derechos de los consumidores a todos los servicios digitales «aparentemente gratuitos» a cambio de los cuales los usuarios facilitan datos personales y no personales. También apoya una mayor transparencia y responsabilidad de las plataformas en línea. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Con respecto a la revisión de la Directiva 2011/83/UE relativa a la protección de los derechos de los consumidores, han surgido dos cuestiones preocupantes en el seno del Comité. Los comerciantes están a favor de actualizar, simplificar y adaptar la información precontractual, mientras que los consumidores consideran que esto supondría una reducción de su nivel de protección. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | El CESE considera que las disposiciones sobre contenido digital, servicios digitales y ventas en línea deben corresponderse con la legislación del mercado único digital. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | El CESE considera que el derecho de desistimiento es un instrumento eficaz de protección de los consumidores que no se debe menoscabar. Los miembros del Comité comparten opiniones diferentes sobre la propuesta de la Comisión. Los comerciantes, y las pymes en particular, necesitan mayor seguridad jurídica en relación con los productos indebidamente comprobados y el reembolso anticipado. Los consumidores rechazan la modificación y piden que se respete el statu quo. El Comité pide a la Comisión que reconsidere esta importante disposición para ofrecer un equilibro entre los intereses opuestos. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | El CESE considera que las medidas para proteger a los consumidores contra los productos «de calidad dual» están justificadas y apoya la propuesta de la Comisión de garantizar una mayor transparencia. |
| --- | --- |

1.8.

| 1.9. | El Comité apoya el uso de mecanismos de resolución alternativa de litigios y resolución de litigios en línea como la mediación o el arbitraje, que deben promoverse a nivel nacional y europeo. |
| --- | --- |

1.9.

| 1.10. | El CESE pide a la Comisión que garantice la aplicación y ejecución eficaces de las normas de protección de los consumidores vigentes por parte de los Estados miembros; que respalde la armonización de las normas de protección de los consumidores; que fomente la cooperación transfronteriza de las autoridades nacionales a través del canal de cooperación en materia de protección de los consumidores (CPC) y que presente una campaña de comunicación que facilite a las pequeñas y medianas empresas cumplir la legislación en materia de protección de los consumidores. |
| --- | --- |

1.10.

| 1.11. | El CESE invita a los Estados miembros a promulgar normas más estrictas para aplicar la legislación vigente en materia de protección de los consumidores, luchar contra las infracciones nacionales y transfronterizas y respaldar el nivel actual de protección de los consumidores. |
| --- | --- |

1.11.

| 1.12. | El CESE respalda la propuesta de criterios específicos para el establecimiento de multas como instrumento eficaz de protección de los consumidores. Es importante contar con sanciones verdaderamente disuasorias para las empresas que incumplan las normas, que asciendan a un porcentaje considerable de su volumen de negocios anual y tengan en cuenta las infracciones a escala de la Unión. |
| --- | --- |

1.12.

| 1.13. | El CESE toma nota de la propuesta de Directiva relativa a acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE. Sin embargo, el Comité lamenta que las recomendaciones del dictamen del CESE sobre un marco horizontal europeo de recurso colectivo (2) no se hayan tenido en cuenta al redactar la propuesta legislativa. |
| --- | --- |

1.13.

| 1.14. | Debe garantizarse el acceso rápido y sencillo a la justicia a todos los ciudadanos europeos. Los consumidores deben poder obtener una indemnización en caso de sufrir un perjuicio como consecuencia de un incumplimiento del contrato. Por lo tanto, se acoge con satisfacción un sistema de recurso adaptado para perjuicios colectivos. Este sistema debe ser pragmático, rentable, ofrecer las salvaguardias pertinentes y tener en cuenta los sistemas judiciales nacionales en vigor. |
| --- | --- |

1.14.

| 1.15. | El CESE reconoce los esfuerzos de la Comisión para identificar las entidades habilitadas capaces de solicitar reparación colectiva, de conformidad con el principio de subsidiariedad y el Derecho nacional. |
| --- | --- |

1.15.

| 1.16. | Además, los Estados miembros deben respaldar la creación de fondos destinados a litigios para las entidades habilitadas. En casos en los que el perjuicio sea de escasa cuantía y no se pueda localizar a todas las personas que lo hayan sufrido, el CESE apoya la propuesta de la Comisión de destinar dichas cuantías a un fin público; sin embargo, el Comité pide que se aclare su naturaleza (por ejemplo, asistencia a los consumidores, programas de información y educación, y fondos destinados a litigios). |
| --- | --- |

1.16.

| 1.17. | Por último, una importante salvaguardia que debe incluirse en la Directiva es la posibilidad de participar o de desvincularse de una acción colectiva. En consonancia con la recomendación del dictamen del CESE sobre un marco horizontal europeo de recurso colectivo (3), los consumidores deberían ser libres para decidir si quieren participar o desvincularse de una acción colectiva. |
| --- | --- |

1.17.

2.   Información básica e introducción

| 2.1. | El 11 de abril de 2018, la Comisión Europea presentó un conjunto de medidas legislativas relativas a un «Nuevo marco para los consumidores». Este conjunto de medidas contiene una propuesta de Directiva («Directiva Ómnibus») por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE (4), la Directiva 98/6/CE (5), la Directiva 2005/29/CE (6) y la Directiva 2011/83/UE (7) en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE y la propuesta de Directiva relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE. |
| --- | --- |

2.1.

Directiva Ómnibus

| 2.2. | La propuesta de la Comisión COM(2018) 185 relativa a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE tiene como objetivo completar los mecanismos vigentes de protección de los consumidores, infracciones transfronterizas y comercio electrónico, así como reducir la carga que afrontan los comerciantes. La propuesta se atiene a las conclusiones del control de adecuación en el marco del programa REFIT sobre los derechos de los consumidores y el acervo legislativo (8) en materia de comercialización de la Unión y la evaluación de la Directiva 2011/83/UE relativa a los derechos de los consumidores. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | En particular, la propuesta de Directiva Ómnibus incluye: |
| --- | --- |

2.3.

| 2.3.1. | la introducción de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias de forma coordinada tanto para infracciones nacionales como transfronterizas; |
| --- | --- |

2.3.1.

| 2.3.2. | mayor transparencia en el mercado único digital con obligaciones en materia de transparencia para las plataformas en línea; |
| --- | --- |

2.3.2.

| 2.3.3. | la ampliación de la protección de los consumidores a la esfera de los servicios digitales, especialmente aquellos en los que los consumidores no pagan dinero, pero ofrecen datos personales y no personales que tienen valor económico y, por consiguiente, no pueden considerarse «gratuitos»; |
| --- | --- |

2.3.3.

| 2.3.4. | la reducción de la carga para las empresas, que permite a los profesionales la utilización de nuevos medios de comunicación en línea, como formularios web o chats como alternativa al correo electrónico; |
| --- | --- |

2.3.4.

| 2.3.5. | la revisión de determinados aspectos relacionados con el derecho de desistimiento. En particular, el comerciante puede reembolsar al consumidor únicamente tras haber inspeccionado los productos y haber verificado que el consumidor no ha «usado» los bienes en lugar de limitarse a probarlos; |
| --- | --- |

2.3.5.

| 2.3.6. | la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan prácticas agresivas y engañosas no solicitadas en el contexto de la venta a domicilio y las excursiones de venta; |
| --- | --- |

2.3.6.

| 2.3.7. | la inclusión explícita de los productos «de calidad dual» y todas las prácticas de comercialización vinculadas a los mismos, incluidas las prácticas comerciales engañosas, especialmente generalizadas en el sector agroalimentario. |
| --- | --- |

2.3.7.

Directiva relativa a las acciones de representación

| 2.4. | La propuesta de la Comisión COM(2018) 184 relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores sienta las bases para un mecanismo europeo de recurso colectivo contra infracciones generalizadas de la legislación en materia de protección de los consumidores. Esta herramienta, ya disponible en algunos Estados miembros, debe extenderse a todos. No obstante, debe aplicarse el principio de subsidiariedad para permitir a los Estados miembros definir este sistema a nivel nacional, al mismo tiempo que se mantienen los sistemas vigentes. |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | Únicamente las entidades habilitadas a nivel nacional deben poder actuar en nombre de los consumidores y deben cumplir algunos de los requisitos mínimos establecidos por la Comisión Europea. |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | El mecanismo de compensación está vinculado a una resolución de cesación. Las entidades habilitadas deben poder iniciar un proceso de recurso colectivo únicamente después de que el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa haya constatado una infracción de los derechos de los consumidores. La Directiva se aplica a infracciones cometidas a nivel nacional y a nivel de la Unión, permitiendo a los consumidores el recurso colectivo transfronterizo. |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | Respecto de la compensación del perjuicio sufrido por los consumidores, la propuesta establece una distinción entre pérdidas de escasa cuantía, en las que la compensación se destina directamente a un fin público, y cuantías importantes, en las que los consumidores afectados reciben la compensación directamente. |
| --- | --- |

2.7.

3.   Observaciones generales sobre la Directiva Ómnibus

| 3.1. | El CESE toma nota de la propuesta de la Comisión Europea relativa a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE, y del objetivo de actualizar las normas vigentes para tener en cuenta los nuevos hábitos de consumo y adaptarlas a la evolución del mercado único digital. Sin embargo, como recomendó el CESE en su dictamen sobre la fragilidad de los consumidores frente a las prácticas comerciales (9), todavía deben abordarse las preocupaciones relacionadas con la inaplicación de las normas vigentes. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | El CESE remite al documento informativo «Derecho de la UE sobre protección de los consumidores y comercialización» (10), en el que se evalúa la manera en que las organizaciones de la sociedad civil en toda la UE perciben la aplicación del Derecho de la UE sobre los consumidores y la comercialización, y al documento informativo «Directiva sobre los derechos de los consumidores» (11), que evalúa la aplicación de esta Directiva. Estos documentos informativos se basan en tres herramientas diferentes de recogida de datos, a saber: un cuestionario, una audiencia con expertos y nueve misiones de investigación, concretamente a Riga, Roma, Varsovia, Madrid, París, Atenas, Vilna, Lisboa y Bruselas. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | El CESE señala que la propuesta de la Comisión tiene en cuenta los documentos informativos, abogando por incrementar los esfuerzos de sensibilización, formación y coordinación relativos a la política de los consumidores, y la regulación de las plataformas en línea y la economía digital. No obstante, el CESE manifiesta su preocupación por que la armonización de la política de los consumidores, la fragmentación de la ejecución a nivel nacional, así como la necesidad de financiar campañas de sensibilización, fomentar la formación a lo largo de toda la vida, apoyar a las pymes, simplificar la información jurídica dada a los consumidores y promover los sistemas alternativos de resolución de litigios, la autorregulación y los códigos de conducta no se abordan adecuadamente en la propuesta. |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | El CESE reconoce que los consumidores pueden encontrarse en situaciones en las que son engañados o forzados de manera agresiva a celebrar contratos. Se han señalado problemas concretos con las centrales de llamadas que venden contratos de energía, telecomunicaciones o agua que son engañosos para los consumidores. Del mismo modo, se ha señalado una presión similar durante excursiones organizadas para vender productos a determinadas categorías de consumidores vulnerables. En estas situaciones, los consumidores deben tener derecho a desistir del contrato de venta o recibir una indemnización por el perjuicio sufrido. |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | Como recomendó el dictamen del CESE sobre la fragilidad de los consumidores frente a las prácticas comerciales, deben ofrecerse a los consumidores medidas correctoras individuales adecuadas como el reembolso, la sustitución o la resolución del contrato de venta. Las medidas correctoras también deben adaptarse a la situación de cada consumidor, permitiéndole optar por soluciones a medida. |
| --- | --- |

3.5.

| 3.6. | El CESE también considera que no se debe rebajar la armonización alcanzada por la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores. Dar un paso atrás no crea igualdad de condiciones; no beneficia ni a los consumidores ni a los comerciantes. |
| --- | --- |

3.6.

| 3.7. | El CESE subraya que las tácticas de venta agresivas o engañosas ya están prohibidas por la plena armonización de la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales. El CESE anima a la Comisión a que garantice una aplicación más estricta de las normas vigentes por parte de los Estados miembros. |
| --- | --- |

3.7.

| 3.8. | El Comité presenta divisiones en cuanto a la propuesta de la Comisión de restringir determinados métodos de distribución. Los comerciantes consideran que estas medidas no deben limitarse a la venta a domicilio, estigmatizando un sector económico completo, sino que deberían aplicarse a todas las prácticas agresivas; los consumidores respaldan la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan ciertos métodos de venta para determinadas categorías de bienes (como medicamentos, armas y productos farmacéuticos) por razones de salud y seguridad. |
| --- | --- |

3.8.

| 3.9. | A ese respecto, la cooperación entre las autoridades de protección de los consumidores de los Estados miembros, en el marco del Reglamento CPC, resulta esencial para luchar de forma eficaz contra las prácticas abusivas sin penalizar a los operadores legales. Los consumidores deben tener acceso a información sobre los comerciantes, y deben fomentarse campañas de sensibilización a escala nacional y de la Unión. |
| --- | --- |

3.9.

| 3.10. | Con respecto a la revisión de la Directiva 2011/83/UE relativa a la protección de los derechos de los consumidores, han surgido dos posturas y cuestiones preocupantes dentro del Comité. Los comerciantes están a favor de actualizar, simplificar y adaptar la información precontractual, mientras que los consumidores consideran que esto supondría una reducción de su nivel de protección. El Comité apoya un enfoque equilibrado entre la protección de los consumidores y la seguridad jurídica de los comerciantes. El CESE considera que las disposiciones sobre contenido digital, servicios digitales y ventas en línea deben corresponderse con la legislación del mercado único digital. |
| --- | --- |

3.10.

| 3.11. | En lo que atañe a las plataformas en línea, debe prevalecer la transparencia con respecto a su identificación y responsabilidad. El CESE considera que es esencial para los consumidores obtener toda la información pertinente sobre su contraparte en el momento de firmar un contrato. Además, la transparencia de las plataformas en línea es un factor clave para el desarrollo del mercado único digital, tanto para los consumidores como para las empresas (B2B: negocios entre empresas) (12). |
| --- | --- |

3.11.

| 3.12. | Asimismo, el CESE también apoya la propuesta de ampliar los derechos de los consumidores a todos los servicios digitales «gratuitos» a cambio de los cuales los usuarios facilitan sus datos personales o no personales. Puesto que dichos datos tienen un valor comercial, sería injusto para los consumidores considerarlos «gratuitos» y no ofrecer la protección pertinente. El conjunto de medidas propuestas por la Comisión Europea hace que sea posible reequilibrar, al menos en parte, la relación entre las principales plataformas en línea mundiales y los usuarios individuales. |
| --- | --- |

3.12.

| 3.13. | El CESE está a favor de introducir mecanismos modernos de intercambio de información entre comerciantes y consumidores (por ejemplo, bots conversacionales y formularios en línea). El Comité considera que estos mecanismos deben simplificar el diálogo entre las partes siempre que se incluyan salvaguardias apropiadas para los consumidores, como la posibilidad de rastrear el intercambio de información, para obtener información adicional y presentar reclamaciones. En particular, siempre debe ser posible utilizar las formas tradicionales de contacto (como las centrales de llamadas, por ejemplo). |
| --- | --- |

3.13.

| 3.14. | El CESE apoya el concepto del derecho de desistimiento y reconoce su función como un instrumento eficaz de protección de los consumidores que no se debe menoscabar. La propuesta de la Comisión se arriesga a limitar los derechos de los consumidores sin ofrecer pruebas adecuadas en lo que concierne al abuso sistemático y generalizado de dichos derechos. Por otro lado, los comerciantes y, en particular, las pymes necesitan mayor seguridad jurídica en relación con los productos indebidamente comprobados y el reembolso anticipado. El Comité pide a la Comisión que reconsidere esta cuestión importante con el fin de alcanzar un equilibro. |
| --- | --- |

3.14.

| 3.15. | El CESE acoge favorablemente las aclaraciones en torno a los productos de calidad dual, ya que parece que algunos productos, alimentos en particular, se etiquetaron de forma idéntica aunque su composición era diferente, con el riesgo de engañar a los consumidores. La descripción y el etiquetado engañosos de los productos deben prohibirse para garantizar la transparencia. |
| --- | --- |

3.15.

| 3.16. | El CESE respalda la propuesta de criterios específicos para el establecimiento de multas como instrumento eficaz de protección de los consumidores. Como señala el Grupo Consultivo Europeo de los Consumidores, es importante disponer de sanciones disuasorias que asciendan a un porcentaje significativo del volumen de negocios anual de las empresas que incumplan las normas y que tenga en cuenta la dimensión europea de la infracción. La Comisión debe examinar la posibilidad de adaptar la propuesta a las disposiciones del Reglamento general de protección de datos. |
| --- | --- |

3.16.

| 3.17. | El CESE también apoya el uso de mecanismos de resolución alternativa de litigios y resolución de litigios en línea (13) como la mediación o el arbitraje, que deben promoverse a nivel nacional. Los acuerdos extrajudiciales pueden ser una opción previa a las acciones judiciales y deben apoyarse si procede. Los tribunales deben seguir siendo una opción de último recurso. La propuesta de la Comisión Europea debe apoyar en mayor medida estas opciones para resolver los problemas relacionados con la protección de los consumidores. |
| --- | --- |

3.17.

| 3.18. | En general, el CESE considera que la sostenibilidad y la calidad deben ser la base de la cadena de suministro para garantizar la protección de los consumidores durante todo el ciclo de vida de producción. |
| --- | --- |

3.18.

4.   Observaciones específicas sobre las acciones colectivas en la UE

| 4.1. | El CESE toma nota de la propuesta de Directiva relativa a acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE (14). Sin embargo, el Comité lamenta que ninguna de las recomendaciones de varios dictámenes del CESE sobre un marco horizontal europeo de recurso colectivo (15) se haya tenido en cuenta al redactar la propuesta legislativa. |
| --- | --- |

4.1.

| 4.2. | La evaluación del control de adecuación REFIT demostró que el riesgo de infracciones del Derecho de la Unión que afectan a los intereses colectivos de los consumidores aumenta debido a la globalización y la digitalización de la economía. Además, varios Estados miembros no prevén mecanismos de recurso colectivo de indemnización eficaces adaptados a situaciones de perjuicio masivo y no han aplicado las salvaguardias previstas por la Recomendación de la Comisión de 2013 sobre el recurso colectivo (16). |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | Debe garantizarse el acceso rápido y sencillo a la justicia a todos los ciudadanos europeos. Los consumidores deben poder obtener una indemnización en caso de sufrir un perjuicio como consecuencia de un incumplimiento del contrato. Sin embargo, lo mismo se aplica a los comerciantes, que no deberían ser objeto de litigios injustificados. Las acciones colectivas son un instrumento jurídico, un derecho procesal y un derecho fundamental para permitir la tutela judicial de intereses difusos, colectivos o individuales homogéneos en virtud del artículo 81 del TFUE, que debería ser neutral y no limitarse a los consumidores (medio ambiente, derechos de los trabajadores y las pymes, energía, economía colaborativa, economía circular, plataformas, todos los derechos digitales, etc.). |
| --- | --- |

4.3.

| 4.4. | Por lo tanto, acoge con satisfacción un sistema de recurso adaptado para perjuicios colectivos. Este sistema debe ser pragmático, rentable, ofrecer las salvaguardias pertinentes y tener en cuenta los sistemas judiciales nacionales en vigor (por ejemplo, Noruega o Dinamarca). La Directiva de la UE debería determinar las principales directrices para una acción colectiva armonizada, exponiendo claramente, con arreglo al principio de subsidiariedad, qué debe regirse por un instrumento jurídico de la UE y qué debe dejarse a los Estados miembros; garantizar que el sistema contribuya a una aplicación de la justicia más eficaz, rápida, asequible y equitativa; permitir una compensación efectiva y total de los daños y garantizar la sostenibilidad de este mecanismo mediante una financiación suficiente. La propuesta de la Comisión actual no cumple estos objetivos. |
| --- | --- |

4.4.

| 4.5. | El CESE reconoce el esfuerzo de la Comisión para identificar las entidades habilitadas capaces de solicitar reparación colectiva, de conformidad con el principio de subsidiariedad. También debe quedar claro que el lugar de establecimiento de la entidad habilitada debe ser lugar de la competencia judicial y determinar el Derecho aplicable. Asimismo, el CESE considera que la Comisión debería especificar más el papel del juez para decidir sobre la coherencia de la demanda; la carga de la prueba y la presentación de pruebas; el régimen de aplicabilidad de la «resolución» —«inter partes» o «erga omnes»; y el sistema de recursos. |
| --- | --- |

4.5.

| 4.6. | Deberían sufragarse todos los gastos procesales de las acciones colectivas con arreglo a los sistemas nacionales de asistencia jurídica. |
| --- | --- |

4.6.

| 4.7. | Las organizaciones de consumidores o de la sociedad civil deben poder recibir una financiación adecuada y asesoramiento jurídico para solicitar reparación. Las entidades habilitadas deberían recibir la ayuda de fondos específicos para la remuneración de los consejeros jurídicos. Los Estados miembros deben respaldar la creación de fondos destinados a litigios para las entidades habilitadas. |
| --- | --- |

4.7.

| 4.8. | En cuanto a la compensación, la legislación propuesta no aborda plenamente la necesidad de ofrecer a los consumidores una compensación real por el perjuicio sufrido. La propuesta debe hacer clara referencia a la compensación de la cantidad total que hayan perdido los consumidores, independientemente del perjuicio sufrido. |
| --- | --- |

4.8.

| 4.9. | Al CESE le preocupa la protección de los derechos de los emprendedores, incluida la salvaguardia de los secretos de empresa. Sin menoscabar la protección de los consumidores que hayan sufrido un perjuicio, el CESE acogería con satisfacción la introducción de mecanismos que confirmen la confidencialidad de la información facilitada, no solo en la fase de los procedimientos, sino también en las decisiones finales. |
| --- | --- |

4.9.

| 4.10. | Del mismo modo, los comerciantes acogerían con satisfacción la posibilidad de resolver los asuntos dentro de un plazo de tiempo breve, también a través de los mecanismos de resolución alternativa de litigios mencionados anteriormente. |
| --- | --- |

4.10.

| 4.11. | El CESE pide a la Comisión que incluya en la propuesta sobre el recurso colectivo una recomendación a los Estados miembros para utilizar las innovaciones tecnológicas, como hacen ya las entidades RAL (resolución alternativa de litigios) y RLL (resolución de litigios en línea) tecnológicamente más avanzadas, en particular para reunir a los participantes en una acción colectiva. Esta medida debería permitir un ahorro de costes considerable para los organizadores de la acción colectiva y las organizaciones de consumidores que decidan sumarse a ella. La Comisión también debería fomentar el intercambio de las mejores prácticas, centrándose específicamente en la recogida de datos sobre todos los casos que sean objeto de una acción colectiva. |
| --- | --- |

4.11.

| 4.12. | En consonancia con la recomendación del dictamen del CESE sobre un marco horizontal europeo de recurso colectivo (17), el Comité considera que los consumidores deberían ser libres para decidir si quieren participar o desvincularse de una acción colectiva. En particular, el CESE considera que la participación sería adecuada en aquellos casos en los que un número reducido de perjudicados haya sufrido perjuicios considerables, mientras que la desvinculación sería adecuada en casos en que un gran número de perjudicados haya sufrido perjuicios reducidos. |
| --- | --- |

4.12.

Bruselas, 20 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  DO C 12 de 15.1.2015, p. 1.

1

(2)  DO C 170 de 5.6.2014, p. 68.

2

(3)  DO C 170 de 5.6.2014, p. 68.

3

(4)  Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95 de 21.4.1993, p. 29).

4

(5)  Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores (DO L 80 de 18.3.1998, p. 27).

5

(6)  Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 149 de 11.6.2005, p. 22).

6

o

(7)  Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 64).

7

(8)  SWD(2017) 208 final y SWD(2017) 209 final, de 23.5.2017.

8

(9)  DO C 12 de 15.1.2015, p. 1.

9

(10)  Documento informativo del CESE presentado al pleno de 14 de diciembre de 2016 (INT/796).

10

(11)  Documento informativo del CESE presentado al pleno de 14 de diciembre de 2016 (INT/795).

11

(12)  Dictamen del CESE: TEN/662-Equidad y transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea (véase la página 177 del presente Diario Oficial).

12

(13)  Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo) (DO L 165 de 18.6.2013, p. 63).

13

o

(14)  Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (DO L 110 de 1.5.2009, p. 30).

14

(15)  DO C 170 de 5.6.2014, p. 68.

15

(16)  Recomendación 2013/396/UE de la Comisión, de 11 de junio de 2013, sobre los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados miembros (DO L 201 de 26.7.2013, p. 60).

16

(17)  DO C 170 de 5.6.2014, p. 68.

17

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| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/73 |
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6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/73

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Nueva agenda europea de investigación e innovación: una oportunidad para que Europa trace su futuro»

(Contribución de la Comisión Europea a la reunión informal de dirigentes de la UE sobre innovación el 16 mayo de 2018 en Sofía)

[COM(2018) 306 final]

(2018/C 440/11)

| Ponente: | Ulrich SAMM |
| --- | --- |
| Coponente: | Stefano PALMIERI |

Ponente:

Ulrich SAMM

Coponente:

Stefano PALMIERI

| Consulta | Comisión Europea, 18.6.2018 |
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| Fundamento jurídico | Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
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| Sección competente | Sección de Mercado Único, Producción y Consumo |
| Aprobación en sección | 4.9.2018 |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 196/1/2 |

Consulta

Comisión Europea, 18.6.2018

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Sección de Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobación en sección

4.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

196/1/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El CESE celebra el hecho de que, también en el contexto del marco financiero plurianual para el período 2021-2027, la Comisión haya precisado que la investigación y la innovación deben seguir siendo una prioridad esencial de la UE. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El CESE acoge favorablemente que la innovación tenga más peso y recuerda su llamamiento a favor de que la futura política de financiación esté bien equilibrada para toda la cadena de investigación e innovación, desde la investigación científica básica hasta la investigación centrada en productos. La innovación es crucial para el crecimiento económico y los nuevos instrumentos serán especialmente beneficiosos para las pymes. El CESE reitera la importancia de la inversión pública en investigación y desarrollo como motor clave para producir y mantener un efecto indirecto en las economías de los Estados miembros. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Asimismo, el CESE se felicita por el objetivo de simplificar aún más las normas en materia de ayudas estatales a fin de facilitar la combinación de distintos fondos, lo cual puede ser decisivo para superar las grandes desigualdades entre los Estados miembros y las regiones por lo que se refiere al número de proyectos de investigación e innovación que se han saldado con éxito. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | El programa Horizonte Europa debe invertir en ámbitos en los que existe un particular valor añadido europeo. Los proyectos de investigación en colaboración deben gozar de prioridad, ya que cumplen este requisito como casi ningún otro programa lo hace. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | El CESE está convencido de que muchos de los grandes retos sociales solo pueden solucionarse a nivel europeo y requieren los esfuerzos concertados de muchos actores, que van más allá del ámbito de aplicación de los proyectos individuales de investigación en colaboración. Por esta razón se apoya la idea de las misiones. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Apoyar la movilidad de los investigadores a través de las Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) constituye otro factor fundamental para seguir reforzando el Espacio Europeo de Investigación, mientras que las políticas de la UE y nacionales deben tener como objetivo establecer unas condiciones de trabajo adecuadas y atractivas para los profesionales a fin de evitar el fenómeno de la fuga de cerebros, que es contraproducente para lograr la coherencia en la UE. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | El CESE considera necesario aumentar el volumen de las inversiones de la UE para ayudar a los trabajadores europeos a mantenerse al día de la evolución de las profesiones digitales y a adquirir cualificaciones para poder ejercerlas. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | El CESE considera asimismo que deberían apoyarse más eficazmente las iniciativas dirigidas a ayudar a las pymes a valorizar y sacar partido de los resultados de la investigación y la innovación. |
| --- | --- |

1.8.

2.   Introducción

| 2.1. | En la reunión informal de dirigentes de la UE sobre innovación celebrada el 16 de mayo de 2018 en Sofía, la Comisión Europea invitó a los presentes a debatir y proporcionar orientación estratégica con vistas al próximo marco financiero plurianual en general y a examinar las prioridades que deben concederse a la investigación y la innovación en particular. A tal efecto, la Comisión propuso prioridades y nuevas iniciativas en su Comunicación (1). |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | La propuesta sirve asimismo como un primer paso hacia la definición del próximo programa marco (PM9 u Horizonte Europa) destinado a continuar y mejorar el fructífero programa Horizonte 2020 (2). |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | Igualmente, se proponen actividades para apoyar la innovación e impulsar el liderazgo industrial a raíz de la estrategia renovada en materia de política industrial de la UE (3). |
| --- | --- |

2.3.

3.   Síntesis de la propuesta

| 3.1. | La propuesta de la Comisión Europea pretende garantizar que la investigación y la innovación sigan siendo uno de los elementos esenciales de las políticas y las prioridades de financiación de la UE en el futuro en los distintos instrumentos presupuestarios. Se hace más hincapié en la innovación para que Europa se sitúe a la vanguardia de la innovación creadora de mercados. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | La Comisión propone aumentar la inversión en investigación e innovación mediante la asignación de alrededor de 100 000 millones EUR al futuro programa Horizonte Europa y el Programa de Investigación y Formación de Euratom (4). |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | La Comisión propuso igualmente movilizar aproximadamente 11 000 millones EUR para instrumentos de mercado, incluidos los instrumentos financieros y las garantías presupuestarias, en un apartado específico del Fondo InvestEU, lo que permitiría movilizar 200 000 millones EUR de inversión privada para apoyar la investigación y la innovación. |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Se insta a los Estados miembros a que adopten las medidas necesarias para aumentar su gasto en investigación e innovación a fin de alcanzar el objetivo del 3 % del PIB. |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | Se pone en marcha de una primera serie de misiones de investigación e innovación a escala de la UE con objetivos ambiciosos y audaces y un gran valor añadido europeo. Las misiones fomentarán la inversión y la participación en múltiples sectores en las cadenas de valor, ámbitos estratégicos (por ejemplo, energía y clima, transportes, tecnologías de fabricación avanzada, salud y nutrición, y mundo digital) y disciplinas científicas (incluidas las ciencias sociales y las humanidades). |
| --- | --- |

3.5.

| 3.6. | La Comisión propone que cuando se revisen las políticas y la legislación de la UE y los marcos normativos nacionales se aplique el principio de innovación, garantizando la plena evaluación del impacto sobre la innovación. |
| --- | --- |

3.6.

| 3.7. | Se establecerá un Consejo Europeo de Innovación (CEI) para detectar y extender las innovaciones de ruptura y las de vanguardia, centrándose en aquellas innovaciones dinámicas y de riesgo elevado que tengan un gran potencial de creación de mercados totalmente nuevos. |
| --- | --- |

3.7.

| 3.8. | Se toman medidas para aumentar la inversión privada en investigación e innovación y ampliar las iniciativas:






  — | la aplicación del programa de fondo de fondos paneuropeos de capital de riesgo (VentureEU); |
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3.8.

—

la aplicación del programa de fondo de fondos paneuropeos de capital de riesgo (VentureEU);

| — | la transposición de la Directiva (5) sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración. |
| --- | --- |

—

la transposición de la Directiva (5) sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración.

| 3.9. | La Comisión propone simplificar aún más la normativa de ayudas estatales para facilitar la combinación armoniosa de distintos fondos y mejorar el uso de normas de evaluación comunes para proyectos de investigación e innovación. |
| --- | --- |

3.9.

| 3.10. | Defiende asimismo un sistema tributario (6) que apoye la innovación al hacer posible deducir los costes de la inversión en investigación e innovación y contemplar bonificaciones adicionales para las empresas jóvenes. |
| --- | --- |

3.10.

| 3.11. | Se propone introducir un sello de ciencia abierta para universidades y organismos públicos de investigación a fin de empoderarlos para que puedan ser más emprendedores e interdisciplinarios. |
| --- | --- |

3.11.

4.   Observaciones generales

| 4.1. | El CESE celebra el hecho de que, también en el contexto del marco financiero plurianual para el período 2021-2027, la Comisión haya precisado que la investigación y la innovación deben seguir siendo una prioridad esencial de la UE. Un programa fuerte y exitoso que reúna excelencia, infraestructuras de investigación conjunta, colaboración transfronteriza, así como sinergias entre el mundo académico, la industria, las pymes y las organizaciones de investigación es un instrumento político fundamental para lograr un crecimiento económico sostenible en Europa y la competitividad, y abordar los principales retos a los que se enfrenta la sociedad europea. |
| --- | --- |

4.1.

| 4.2. | El CESE acoge con satisfacción el hecho de que la innovación debe tener más peso y recuerda su petición de que la futura política de financiación esté bien equilibrada para toda la cadena de investigación e innovación, desde la investigación básica hasta la investigación centrada en el producto (7). La innovación es clave para el crecimiento económico y los nuevos instrumentos serán particularmente beneficiosos para las pymes. El CESE reitera la importancia de la inversión pública en investigación y desarrollo como motor clave para producir y mantener un efecto indirecto en las economías de los Estados miembros. |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | Con respecto a las grandes expectativas relacionadas con el impacto de Horizonte Europa y su papel en lo que se refiere a garantizar la competitividad europea, el CESE recomienda una financiación de 120 000 millones EUR, como propone también el Parlamento Europeo. Las instituciones europeas deben demostrar que son conscientes de la enorme importancia de la investigación y la innovación para la futura competitividad de la UE. |
| --- | --- |

4.3.

| 4.4. | El CESE considera necesario aumentar el volumen de las inversiones de la UE para ayudar a los trabajadores europeos a mantenerse al día de la evolución de las profesiones digitales y a adquirir cualificaciones para poder ejercerlas. Por otra parte, el CESE considera que deberían apoyarse más eficazmente las iniciativas dirigidas a ayudar a las pymes a sacar partido de los resultados de la investigación y la innovación. |
| --- | --- |

4.4.

5.   Observaciones específicas

5.1.   Investigación a lo largo de toda la cadena de valor

| 5.1.1. | Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos deben utilizarse para incorporar a las regiones en la economía de la innovación. Deben crearse sinergias con el programa Horizonte Europa, el Fondo InvestEU, el Fondo Social Europeo, el programa Erasmus+, el Programa Europa Digital, la política agrícola común y otros programas. |
| --- | --- |

5.1.1.

| 5.1.2. | La UE es el espacio de investigación e innovación más abierto de todo el mundo. No solo son bien recibidos en sus proyectos organismos de investigación de todo el mundo, sino que también colabora ampliamente con socios internacionales en programas conjuntos. Horizonte Europa debe invertir en aquellos ámbitos en los que existe un valor añadido europeo especial. Los proyectos de investigación en colaboración (8) deben tener prioridad, ya que cumplen este requisito de una forma que casi ningún otro programa lo hace: a fin de seguir avanzando en los retos sociales que no pueden resolverse a nivel nacional, estos proyectos reúnen a los mejores científicos, así como a las pymes más innovadoras y a las partes interesadas de la industria en Europa. Al combinar sus habilidades y competencias en distintas disciplinas, los proyectos de investigación en colaboración dan como resultado valiosos beneficios para los ciudadanos europeos. |
| --- | --- |

5.1.2.

| 5.1.3. | El CESE está convencido de que muchos de los grandes retos sociales solo pueden solucionarse a nivel europeo y requieren los esfuerzos concertados de muchos actores, que van más allá del ámbito de aplicación de los proyectos individuales de investigación en colaboración. Por esta razón se apoya la idea de las misiones. El CESE reconoce que los objetivos ambiciosos comunes pueden inspirar y generar un impulso, es decir, la voluntad de actuar, en diferentes comunidades, incluido el público. Las misiones deben ofrecer una perspectiva de financiación a largo plazo durante todo el período de financiación de Horizonte Europa. Es fundamental que las misiones se conciban, en primer lugar, como misiones de investigación a gran escala, incluso si incorporan varias partes interesadas en sus subproyectos. A fin de lograr los objetivos ambiciosos de las misiones, estas deben cubrir toda la cadena de innovación e incluir actividades de investigación a todos los niveles de desarrollo de la tecnología. El CESE insta a no valorar en exceso el concepto de misiones, sino a proporcionarles la financiación adecuada que necesitan para conseguir sus objetivos, que deben ser alcanzables y tangibles. |
| --- | --- |

5.1.3.

| 5.1.4. | Uno de los puntos fuertes de los programas marco de investigación europeos es su compromiso tangible en toda Europa para fomentar el Espacio Europeo de Investigación abierto a todos los Estados miembros. Esta apertura podría verse respaldada por unas sinergias más fuertes entre el próximo programa marco y los Fondos Estructurales. Colmar las brechas entre las regiones de manera más eficaz es uno de los principales retos políticos para los próximos años, y las asociaciones eficaces entre las instituciones de investigación podrían ser un elemento clave en esta labor. |
| --- | --- |

5.1.4.

| 5.1.5. | Un instrumento importante en este contexto son los buques insignia FET, que se caracterizan por un fuerte enfoque en el desarrollo de tecnologías innovadoras. Este es un punto fuerte sin parangón. Europa necesita permitirse proyectos a gran escala y a largo plazo que, aunque puedan tener cierto nivel de incertidumbre, sean tan innovadores como prospectivos. Por consiguiente, los buques insignia FET deben diferenciarse claramente de las misiones. Es esencial que los futuros buques insignia FET comiencen según lo previsto y continúen financiándose de forma prioritaria. |
| --- | --- |

5.1.5.

| 5.1.6. | Hacer que la infraestructura de investigación sea accesible en toda la UE y más allá de sus fronteras es uno de los grandes logros de los programas marco. Sin duda alguna, la infraestructura de investigación de alto nivel atrae a los mejores científicos y, a menudo, únicamente el acceso a la infraestructura de investigación permite obtener resultados innovadores. Por consiguiente, la infraestructura de investigación necesita urgentemente una mayor financiación a nivel europeo, no la reducción del presupuesto que la Comisión Europea ha establecido en su propuesta. Garantizar el acceso de los usuarios de los países de la EU-13 debe ser una cuestión prioritaria. |
| --- | --- |

5.1.6.

| 5.1.7. | Apoyar la movilidad de los investigadores a través de las Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) es otro factor fundamental para seguir reforzando el Espacio Europeo de Investigación y producir un impacto que no puede lograrse a nivel nacional. El CESE acoge favorablemente cualquier iniciativa destinada a apoyar la movilidad de los investigadores que trabajan en pymes. No obstante, expresa su preocupación por el fenómeno de la fuga de cerebros, que podría incluso verse agravado por la financiación de la movilidad. Pide, por tanto, que las políticas de la UE y nacionales se centren en la creación de unas condiciones de trabajo adecuadas y atractivas para los profesionales, a fin de evitar este fenómeno, que es contraproducente para lograr la coherencia en la UE. |
| --- | --- |

5.1.7.

| 5.1.8. | Cabe señalar que las partes interesadas del mundo académico de las instituciones financiadas con fondos públicos en muchos Estados miembros no tienen permitido recibir préstamos. Por consiguiente, Horizonte Europa debe seguir centrándose principalmente en la cofinanciación, no en los préstamos. |
| --- | --- |

5.1.8.

| 5.1.9. | El CESE se une a la petición de que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para aumentar su gasto en investigación e innovación a fin de alcanzar el objetivo del 3 % del PIB. |
| --- | --- |

5.1.9.

5.2.   Investigación e innovación para abrir nuevos mercados y reforzar la cohesión en Europa

| 5.2.1. | Como se subraya en el 7.o informe sobre la cohesión económica, social y territorial, la investigación y la innovación en la UE siguen estando muy concentradas en un número limitado de regiones. En los Estados miembros noroccidentales, las buenas conexiones interregionales, una fuerza laboral altamente cualificada y un atractivo entorno empresarial han permitido aprovechar la «investigación e innovación» para apoyar de manera tangible la competitividad económica y la cohesión social. En los Estados miembros meridionales y orientales, los resultados de la innovación son menos satisfactorios y las regiones cercanas a los centros de innovación, principalmente las capitales, no se benefician de esta proximidad. Esta situación requiere unas políticas que conecten a las empresas, los centros de investigación y los servicios empresariales especializados en todas las regiones. El CESE considera que simplificar aún más las normas en materia de ayudas estatales para facilitar la combinación armoniosa de distintos fondos puede ser clave para lograr este objetivo. |
| --- | --- |

5.2.1.

| 5.2.2. | Los programas de «investigación e innovación» posteriores a 2020 deben tener en cuenta las dimensiones económica, social y territorial que caracterizan a las regiones de la UE, evitando la aplicación de estrategias de «talla única». Este enfoque puede apoyarse con la aplicación de estrategias basadas en la «innovación abierta». En relación con la dimensión territorial de las políticas de «investigación e innovación», es importante desarrollar nuevos programas y prioridades, teniendo en cuenta los aspectos económicos y sociales que caracterizan a los territorios en los que se aplicará la acción. |
| --- | --- |

5.2.2.

| 5.2.3. | Las políticas y los programas de «investigación e innovación» posteriores a 2020 deben ser coherentes con los objetivos de la «economía del bien común —EBC», un modelo económico sostenible orientado a la cohesión social. La EBC es un proceso de «innovación social» y emprendimiento positivo que contribuye a promover y apoyar nuevas ideas que, de manera simultánea, resuelven las necesidades sociales, crean nuevas relaciones sociales y refuerzan la creación de valor económico. |
| --- | --- |

5.2.3.

| 5.2.4. | A pesar de los amplios compromisos asumidos como parte de la aplicación de los programas 2014-2020, el acceso de las pymes a las oportunidades de crecimiento propiciadas por la innovación ha tenido poco impacto en términos de competitividad y creación de empleo. En algunas regiones, el sistema de apoyo a la investigación e innovación sigue siendo demasiado complejo, lo que aleja en particular a las pequeñas y medianas empresas de los proyectos de investigación de la UE. Por consiguiente, el CESE acoge con satisfacción la creación de un Consejo Europeo de Innovación (CEI), que debería acelerar la comercialización y el desarrollo de las innovaciones de empresas emergentes que surjan de los proyectos Horizonte Europa. El CEI podría convertirse en un mecanismo más rápido para completar los últimos pasos para cerrar la brecha en el ámbito de la innovación. |
| --- | --- |

5.2.4.

| 5.2.5. | A fin de transformar las oportunidades de investigación e innovación en factores para la competitividad y el desarrollo económico, es fundamental apoyar la cooperación entre las pymes y las instituciones I+D+i, las empresas emergentes basadas en la transferencia de información e innovación, y las actividades de orientación y recaudación de fondos. El CESE considera que es importante apoyar la transferencia y capitalización del modelo de la «quíntuple hélice» (9) para impulsar las asociaciones públicas y privadas. |
| --- | --- |

5.2.5.

| 5.2.6. | Las pymes podrían ser líderes en términos de «innovaciones sociales abiertas», en las que los conocimientos técnicos humanos para la creación de redes y capacidades para crear, diseñar e innovar conjuntamente son fundamentales para la plena consecución de la innovación social en toda Europa. Es necesario promover unas políticas de innovación adecuadas para las pymes, a semejanza de lo que ya se ha realizado con la iniciativa Eureka. Esta tarea podrían llevarla a cabo específicamente las instituciones que pueden apoyar de manera directa a las pymes para participar en el desarrollo empresarial y la innovación, como las cámaras de comercio. |
| --- | --- |

5.2.6.

| 5.2.7. | No obstante, a fin de respetar el principio de subsidiariedad y las capacidades importantes de las regiones y los Estados miembros en materia del apoyo a las pymes, insta a centrarse en el valor añadido europeo. Esto puede traducirse en apoyar la colaboración de más de dos actores europeos en materia de innovación o en proporcionar capital a innovadores con conceptos demasiado arriesgados para ser apoyados a nivel nacional. Asimismo, la simplificación de los instrumentos antes mencionados debería conducir a una mayor eficacia del panorama de financiación. Por consiguiente, cabe esperar que el CEI requiera una dotación presupuestaria de Horizonte Europa más reducida que los instrumentos financieros de Horizonte 2020, en lugar del aumento considerable previsto en la propuesta de la Comisión. En los programas de «investigación e innovación» posteriores a 2020, debe prestarse un mayor apoyo a los aspectos cualitativos de los objetivos. |
| --- | --- |

5.2.7.

| 5.2.8. | La «inteligencia» de un sistema socioeconómico no puede medirse únicamente mediante indicadores cuantitativos como el gasto de investigación e innovación; también deben utilizarse indicadores cualitativos como el tipo de innovaciones aportadas, las ventajas para la sociedad civil y el número de nuevos empleos creados. Por consiguiente, el CESE acoge con satisfacción las propuestas en este sentido. |
| --- | --- |

5.2.8.

| 5.2.9. | El CESE acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión haya incluido la accesibilidad como «condición favorable» en el nuevo marco financiero plurianual. Toda la financiación de I+D, tanto de la UE como nacional, debe cumplir plenamente los criterios de accesibilidad, de modo que los resultados beneficien a todos los grupos sociales, incluidas las personas con discapacidad, que representan el 15 % de la población de la UE. |
| --- | --- |

5.2.9.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  COM(2018) 306 final.

1

(2)  Véanse DO C 34 de 2.2.2017, p. 66, y «Evaluación intermedia de Horizonte 2020» (documento informativo).

2

(3)  DO C 197 de 8.6.2018, p. 10.

3

(4)  La dotación presupuestaria propuesta de 100 000 millones EUR para el período 2021-2027 comprende 97 600 millones EUR en el marco de Horizonte Europa (de los que 3 500 millones EUR se asignarán mediante el fondo InvestEU) y 2 400 millones EUR para el Programa de Investigación y Formación de Euratom.

4

(5)  COM(2016) 723 final.

5

(6)  Anticipado con la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS).

6

(7)  DO C 34 de 2.2.2017, p. 66.

7

(8)  La investigación colaborativa como la diseñada y ejecutada por Eureka, con un mínimo de tres socios de diferentes Estados miembros, permite aunar fuerzas para abordar retos que no pueden afrontar los países de manera individual y crea sinergias en el panorama de investigación de la UE, aportando así un importante valor añadido de la UE.

8

Eureka

(9)  Quintuple Helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other? A proposed framework for a trans-disciplinary analysis of sustainable development and social ecology, International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, Vol.1, N.o.1, pp. 41-69.

9

Quintuple Helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other? A proposed framework for a trans-disciplinary analysis of sustainable development and social ecology

o

---

| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/79 |
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6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/79

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 596/2014 y (UE) 2017/1129 en relación con el fomento del uso de los mercados de pymes en expansión

[COM(2018) 331 final — 2018/0165 (COD)]

(2018/C 440/12)

| Ponente: | Mihai IVAȘCU |
| --- | --- |

Ponente:

Mihai IVAȘCU

| Consulta | Parlamento Europeo, 11/06/2018
  Consejo, 21.6.2018 |
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| Fundamento jurídico | Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Mercado Único, Producción y Consumo |
| Aprobado en sección | 4.9.2018 |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 196/1/1 |

Consulta

Parlamento Europeo, 11/06/2018

Consejo, 21.6.2018

Fundamento jurídico

Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobado en sección

4.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

196/1/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El CESE respalda la propuesta de la Comisión de hacer de los mercados de capitales una alternativa de financiación creíble y cree que debe lograrse un equilibrio entre los tres objetivos principales de la propuesta: expandir los mercados de pymes, reducir las cargas y aumentar el nivel de liquidez. La Comisión Europea no debe sobrerregular, sino mantener un nivel de obstáculos que disuada a las empresas que no estén preparadas. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El CESE considera que la propuesta objeto de examen, si bien supone un paso en la dirección adecuada, no basta para abordar los obstáculos existentes en los mercados de pymes en expansión. Aunque efectivamente es necesario un enfoque holístico, cada paso individual debe tener su propio peso. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | En comparación con las empresas de Estados Unidos, las de la UE siguen recurriendo a los préstamos bancarios como opción de financiación en mucha mayor medida, a veces incluso aceptando costes adicionales considerables. Es necesaria una mayor educación financiera, puesto que los mercados públicos de la UE han tenido dificultades para atraer a nuevos emisores y el número de ofertas públicas iniciales (OPI) no ha aumentado significativamente. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | El CESE se reafirma sus dictámenes anteriores de que el bajo nivel de comunicación (1) y los enfoques burocráticos (2) son obstáculos considerables y deben realizarse esfuerzos mucho mayores para superarlos. La comunicación desde Bruselas debe dirigirse siempre al último eslabón de la cadena —las propias pymes— involucrando a asociaciones de pymes, interlocutores sociales, cámaras de comercio, etc. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | El Comité acoge muy favorablemente la propuesta de mantener únicamente listas de iniciados permanentes para las pymes y la prórroga de dos días propuesta en el plazo para publicar las operaciones de los directivos. Con respecto a estas últimas, el CESE solo puede sugerir que la Comisión estudie métodos adicionales para quitar cargas de las pymes y trasladarlas a otras partes interesadas, como por ejemplo las autoridades nacionales competentes. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | El folleto simplificado supone efectivamente una reducción significativa de las cargas, pero el CESE estima que deben examinarse otras posibilidades para simplificar gradualmente el folleto de transferencia para las empresas que han demostrado su madurez cotizando en los mercados de pymes en expansión durante un número considerable de años. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | El CESE se muestra a favor de los cambios propuestos en el régimen de prospección de mercado y desea prevenir en contra de que las autoridades nacionales competentes soliciten explicaciones excesivamente detalladas o prescriptivas. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | El CESE aconseja a la Comisión que estudie la posibilidad de atraer a inversores institucionales, como fondos de pensiones privados, para que inviertan en estos mercados de pymes en expansión, ofreciendo incentivos relacionados, en particular, con el tratamiento fiscal. Los Estados miembros deberán examinar las posibilidades que brindan los sistemas de apoyo de ámbito nacional para incrementar el atractivo de las inversiones. |
| --- | --- |

1.8.

| 1.9. | Se acogen muy favorablemente los contratos de liquidez, especialmente para los mercados subdesarrollados. El CESE considera que el 29.o régimen de contratos de liquidez preparado por la Comisión brindará a los emisores una opción más, que vendrá a sumarse a la legislación nacional. |
| --- | --- |

1.9.

| 1.10. | El CESE desea señalar que está justificada una evaluación de impacto exhaustiva y periódica. Estas evaluaciones, realizadas anualmente, podrían proporcionar información valiosa para futuros cambios en el marco normativo. |
| --- | --- |

1.10.

2.   La propuesta de la Comisión Europea

| 2.1. | La propuesta de Reglamento forma parte de la agenda de la Unión de los Mercados de Capitales y se centra en cambios específicos en el funcionamiento de los mercados de pymes en expansión, regulados desde enero de 2018. La UE ha progresado considerablemente en cuanto a aumento de las fuentes de financiación a disposición de las empresas a medida que se expanden, y a disponibilidad más generalizada de la financiación del mercado en toda la UE. Existen ya nuevas normas dirigidas a impulsar la inversión de los fondos de capital riesgo de la UE (FCRE) en empresas emergentes y medianas empresas. Además, la Comisión, junto con el Fondo Europeo de Inversiones, ha puesto en marcha un fondo de fondos paneuropeo de capital riesgo (programa VentureEU). |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | El objetivo principal de la propuesta es facilitar a las pequeñas y medianas empresas su salida a bolsa y la utilización de mercados de capitales para financiar su expansión. La propuesta incluye un perfeccionamiento del marco inicial que representa un paso adelante hacia una regulación mejorada y más eficaz. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | La propuesta se aplicará a todas las empresas que cotizan en los mercados de pymes en expansión, sean pymes o no, lo que garantiza, en primer lugar, que no se penalice a las empresas en rápida expansión por sus resultados económicos positivos y, en segundo lugar, que estos mercados puedan atraer también a grandes empresas. Mediante la introducción de estas nuevas normas, la Comisión espera que haya más sistemas multilaterales de negociación (SMN) que se registren como mercados de pymes en expansión (hasta ahora lo han hecho solo tres de cuarenta). |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | La propuesta incluye simplificaciones que:






  — | reducirían las cargas para las pymes en relación con las obligaciones de registro y divulgación, preservando la integridad del mercado y un flujo integral de información hacia los inversores; |
| --- | --- | --- |

2.4.

—

reducirían las cargas para las pymes en relación con las obligaciones de registro y divulgación, preservando la integridad del mercado y un flujo integral de información hacia los inversores;

| — | crearían normas comunes para los contratos de liquidez en los mercados de pymes en expansión, permitiendo un aumento en la liquidez de las acciones; |
| --- | --- |

—

crearían normas comunes para los contratos de liquidez en los mercados de pymes en expansión, permitiendo un aumento en la liquidez de las acciones;

| — | permitirían a los emisores elaborar un folleto simplificado en el momento de intentar pasar a un mercado regulado (una nueva categoría de folleto de transferencia permitirá a los emisores que hayan cotizado durante al menos tres años moverse con mayor facilidad para acceder a las principales bolsas, centrándose por tanto en una mejor liquidez y un mayor número de inversores). |
| --- | --- |

—

permitirían a los emisores elaborar un folleto simplificado en el momento de intentar pasar a un mercado regulado (una nueva categoría de folleto de transferencia permitirá a los emisores que hayan cotizado durante al menos tres años moverse con mayor facilidad para acceder a las principales bolsas, centrándose por tanto en una mejor liquidez y un mayor número de inversores).

3.   Observaciones generales

| 3.1. | Las pymes representan el 99,8 % de las empresas no financieras en la UE, generan alrededor del 58 % del valor añadido total y emplean a más de 90 millones de personas. Sin embargo, cada año, alrededor de 200 000 pymes quiebran, lo que afecta a 1,7 millones de trabajadores (3). |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Según la encuesta de inversión del BEI 2016/2017, las pymes habitualmente dependen de financiación interna para invertir (más del 60 %) (4). El resto se compone principalmente de instrumentos bancarios. No se está aprovechando el potencial de financiación que ofrece el mercado. El CESE considera que es fundamental revertir la situación para las empresas innovadoras o para aquellas con un perfil de riesgo y rentabilidad altos.

  Cuadro 1


  Fuente de financiación de las inversiones en el último ejercicio financiero, Europa de los Veintiocho
   (5)










  (%) |
| --- | --- |
| | Micro | Pequeña | Media | Grande |
| Fondos internos o ganancias acumuladas | 71 | 64 | 59 | 57 |
| Financiación externa | 28 | 35 | 38 | 38 |
| Préstamos bancarios | 60 | 60 | 57 | 54 |
| Otra financiación bancaria | 11 | 8 | 10 | 11 |
| Leasing | 18 | 23 | 24 | 23 |
| Factoraje | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Contratos de origen familiar o de amistades | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Subvenciones | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Bonos | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Financiación interna del grupo | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Nota: Todas las empresas que realizaron inversiones el pasado ejercicio presupuestario (no se incluyen las respuestas no sabe/no contesta). |

3.2.

Cuadro 1

Fuente de financiación de las inversiones en el último ejercicio financiero, Europa de los Veintiocho
   (5)

(%)

Micro

Pequeña

Media

Grande

Fondos internos o ganancias acumuladas

71

64

59

57

Financiación externa

28

35

38

38

Préstamos bancarios

60

60

57

54

Otra financiación bancaria

11

8

10

11

Leasing

18

23

24

23

Factoraje

2

3

3

4

Contratos de origen familiar o de amistades

4

2

1

1

Subvenciones

4

3

4

3

Bonos

0

0

1

4

Obligaciones

0

0

0

1

Otros

1

1

1

1

Financiación interna del grupo

0

1

3

5

Nota: Todas las empresas que realizaron inversiones el pasado ejercicio presupuestario (no se incluyen las respuestas no sabe/no contesta).

| 3.3. | El CESE desea señalar la renuencia de las pymes a buscar financiación en los mercados de capitales y su predisposición a soportar mayores costes de financiación recurriendo al crédito bancario. Esta característica cultural es uno de los principales factores de diferenciación respecto de los mercados de capitales estadounidenses, más prósperos, y la menor dependencia de las empresas estadounidenses de los préstamos bancarios. Es fundamental una mayor educación financiera. |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | En otros dictámenes, el CESE ya ha mencionado que considera que «sigue predominando el enfoque burocrático y la complejidad de las normas administrativas en las políticas de la Unión para las pymes y en los mecanismos de apoyo actuales, pese a los constantes esfuerzos que se realizan a escala europea por minimizar la carga administrativa» (6). |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | El CESE ha expresado previamente su apoyo a otras propuestas destinadas a reducir la carga administrativa de elaborar folletos para todos los emisores, en particular para las pymes, emisores frecuentes de valores y emisiones secundarias (7). Además, el CESE ha explicado que «mientras que los préstamos bancarios son un hecho, también es necesario el acceso al capital como instrumento financiero, pero no está suficientemente desarrollado en Europa a causa de los regímenes fiscales punitivos, la falta de cultura accionarial, una escasa cultura financiera y la fragmentación de los regímenes de insolvencia» (8). |
| --- | --- |

3.5.

| 3.6. | El CESE está a favor de la iniciativa de la Comisión Europea de reducir la carga administrativa para las pymes, permitiéndoles acceder más fácilmente a los mercados de capitales y diversificar sus fuentes de financiación. También respalda el objetivo declarado de esta propuesta de aumentar la liquidez de las acciones emitidas por emisores de los mercados de pymes en expansión. |
| --- | --- |

3.6.

| 3.7. | Aunque las ventajas para las pymes de cotizar en los mercados específicos son evidentes, y a pesar de que esto mejora y diversifica sus posibilidades de financiación, los mercados públicos de la UE en la práctica han tenido dificultades para atraer a nuevos emisores, y el número de ofertas públicas iniciales (OPI) no aumenta de forma significativa. Solo 3 000 de las más de 20 millones de pymes existentes cotizan, y solo se registra la mitad de OPI que antes de la crisis financiera. La liquidez insuficiente en estos mercados se traduce en mayores costes de obtención de capital para los emisores y en reticencias a la hora de invertir por parte de los proveedores de capital e implica que los intermediarios de mercado son menos propensos a apoyar a las pequeñas empresas cotizadas. |
| --- | --- |

3.7.

| 3.8. | La financiación mediante emisión de acciones es clave para las empresas innovadoras que generan valor y crecimiento y especialmente para las empresas que presentan un perfil de riesgo y rentabilidad elevados. La financiación inicial mediante emisión de acciones puede impulsar la creación y el desarrollo de empresas, mientras que otros instrumentos de capital, como las plataformas especializadas para la cotización pública de pymes, pueden ofrecer recursos financieros para las pymes innovadoras y orientadas al crecimiento. Además, la financiación mediante emisión de acciones puede resultar más adecuada que la financiación mediante endeudamiento en el caso de las pymes que carecen de garantías, tienen flujos de caja negativos o irregulares o necesitan plazos de vencimiento más largos para amortizar sus inversiones (9). |
| --- | --- |

3.8.

| 3.9. | Los mercados de la UE siguen estando fragmentados y no parecen capaces de soportar un gran número de OPI. Europa parece disfrutar de una posición destacada en el crecimiento de empresas innovadoras de alta tecnología, pero, cuando estas empresas necesitan inversiones de capital sólidas, normalmente quiebran. Las empresas en rápida expansión también abandonan a menudo el mercado de la UE en favor de Estados Unidos, en busca de sistemas de opciones bursátiles más accesibles. |
| --- | --- |

3.9.

| 3.10. | Las empresas que cotizan dependen menos de la financiación bancaria, pueden acceder a una base de inversiones más amplia y tienen un mayor perfil público. Pese a ello, es necesario seguir trabajando para desarrollar un marco normativo más propicio que sustente el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la financiación en los mercados públicos, especialmente promoviendo el distintivo «mercado de pymes en expansión». También debe lograrse el equilibrio adecuado entre protección de los inversores e integridad del mercado mediante una regulación apropiada. |
| --- | --- |

3.10.

| 3.11. | Las pymes con fuentes de financiación diversificadas son más sólidas y competitivas y se benefician de costes reducidos y mejores perspectivas de desarrollo, lo que posibilita un mercado laboral más fuerte y mejores oportunidades para los ciudadanos que buscan empleo, independientemente de su nivel de formación. |
| --- | --- |

3.11.

| 3.12. | El CESE recomienda que la Comisión Europea estudie nuevas simplificaciones de las normas y requisitos de los mercados de pymes en expansión, con el fin de diferenciarlos mejor de los mercados regulados y hacerlos más atractivos como mercados de nivel inicial. |
| --- | --- |

3.12.

4.   Observaciones específicas

| 4.1. | El CESE respalda totalmente los esfuerzos en curso para convertir los mercados de capitales en una alternativa de financiación creíble, en el marco de la agenda de la Unión de los Mercados de Capitales. Sin embargo, sigue dudando de que las iniciativas actuales sean suficientes para reducir los obstáculos considerables que existen a día de hoy en el mercado. Las pymes no parecen estar cambiando su comportamiento en materia de financiación, por lo que debe hacerse más. La Comisión Europea ha reconocido que apenas se trata de un paso adelante y que no es una solución definitiva para todos los desafíos que plantean los mercados de capitales.

  Cuadro 2


  Tipos de financiación que las pymes quieren ver más en la combinación de financiación en los próximos tres años, Europa de los Veintiocho (10) |
| --- | --- |

4.1.

Cuadro 2

Tipos de financiación que las pymes quieren ver más en la combinación de financiación en los próximos tres años, Europa de los Veintiocho (10)

Image

| 4.2. | Aunque queda por ver si las medidas propuestas en efecto reducirán los costes de cumplimiento, aliviarán las cargas y promoverán la liquidez en el mercado —puesto que todos estos objetivos son bastante ambiciosos—, el CESE considera que son un paso en la dirección correcta. |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | El CESE cree que el bajo número de pymes que acceden a financiación de mercado se debe también a la falta de comunicación destinada a la base. Los mensajes y herramientas a nivel de la UE no están llegando al último eslabón de la cadena: las pymes a las que se dirigen. Esto se debe a varios motivos, y el principal es la insuficiente comunicación proactiva e interacción de Bruselas con los Estados miembros y las asociaciones de pymes, los interlocutores sociales o las cámaras de comercio. El CESE advirtió de ello en un dictamen anterior (11), pero apenas ha visto mejoras hasta la fecha. |
| --- | --- |

4.3.

| 4.4. | Por otro lado, el bajo número de inversores institucionales en los mercados de acciones y obligaciones de pymes puede explicarse por la falta de incentivos ofrecidos a estos inversores, especialmente en relación con el tratamiento fiscal. El CESE aconseja a la Comisión estudiar esta posibilidad. |
| --- | --- |

4.4.

| 4.5. | El CESE acoge favorablemente la prórroga de dos días propuesta en el plazo para hacer públicas las operaciones de los directivos. Se trata de una herramienta importante para preservar la transparencia y la simetría de los mercados «junior», pero el plazo de tres días constituía un enorme obstáculo para las pymes. El CESE considera que la modificación propuesta dará lugar a un procedimiento más racionalizado en los períodos más difíciles o de mayor trabajo para las empresas. El CESE recomienda que la Comisión estudie formas de eliminar la carga administrativa de las empresas y trasladarla a otros agentes, como las autoridades nacionales competentes. |
| --- | --- |

4.5.

| 4.6. | El CESE ya ha manifestado su pleno apoyo a la simplificación y la racionalización de los requisitos del folleto publicado cuando se ofrecen valores en un mercado regulado, haciéndolos más económicos y más útiles para los inversores en cuanto a la información que contienen (12). Toda nueva propuesta encaminada hacia ese objetivo es más que bienvenida. Teniendo en cuenta la gran cantidad de información que están obligadas a divulgar las empresas en los mercados de pymes en expansión con arreglo al Reglamento y la Directiva 2014/65/UE sobre el abuso de mercado, el CESE considera que un folleto de transferencia más simple es suficiente para las empresas que pasan a un mercado regulado. |
| --- | --- |

4.6.

| 4.7. | Además, el CESE apoyaría la simplificación gradual del folleto de transferencia al mercado regulado para las empresas que llevan cotizando un número razonable de años en un mercado de pymes en expansión. |
| --- | --- |

4.7.

| 4.8. | El CESE acoge con satisfacción la propuesta de mantener solo listas de iniciados permanentes para las empresas que cotizan en los mercados de pymes en expansión, puesto que el número de empleados con acceso a información privilegiada es limitado y casi idéntico. Esto representa una reducción considerable de la carga. |
| --- | --- |

4.8.

| 4.9. | El CESE apoya las modificaciones en el régimen de prospección de mercado toda vez que las modificaciones propuestas facilitarán la emisión de bonos de empresa por parte de emisores de los mercados de pymes en expansión. Por lo que respecta a las justificaciones facilitadas por estos emisores de los mercados de pymes en expansión cuando se demore la divulgación pública de información privilegiada, el CESE considera que las explicaciones que soliciten, caso por caso, las autoridades nacionales competentes tras la notificación del emisor no deben ser demasiado detalladas ni excesivamente prescriptivas. |
| --- | --- |

4.9.

| 4.10. | El Reglamento sobre el abuso de mercado es una fuente de gastos administrativos y jurídicos y los emisores no pertenecientes a la UE pueden considerarlo una barrera a la cotización en mercados de la Unión. El CESE recomienda que se realicen nuevas modificaciones a fin de adaptar los requisitos para los mercados de pymes en expansión. |
| --- | --- |

4.10.

| 4.11. | Aunque los contratos de liquidez son bienvenidos, especialmente para los mercados subdesarrollados, una propuesta a nivel europeo crearía unas condiciones equitativas que podrían servir de base a las condiciones locales. El CESE opina que el 29.o régimen de contratos de liquidez en el que está trabajando actualmente la Comisión brindará a los emisores del mercado la posibilidad de celebrar contratos bien con arreglo a la legislación nacional, allí donde exista, bien sobre la base de una normativa de ámbito europeo. |
| --- | --- |

4.11.

| 4.12. | La propuesta de la Comisión Europea es un paso adelante definitivo. Con todo, el CESE sugiere que se realicen evaluaciones de impacto periódicas con un amplio acceso a datos no confidenciales y análisis basados en indicadores cuantitativos. |
| --- | --- |

4.12.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  DO C 345 de 13.10.2017, p. 15.

1

(2)  DO C 345 de 13.10.2017, p. 15.

2

(3)  Marcin Szczepanski, «Helping European SMEs to grow: Start-up and scale-up initiatives for business ventures in the EU».

3

(4)  «EIBIS 2016/2017: Surveying Corporate Investment Activities, Needs and Financing in the EU», Banco Europeo de Inversiones, 2017.

4

(5)  Apostolos Thomadakis, «Developing EU Capital Markets for SMEs: Mission impossible?», ECMI Commentary No. 46, 4 de septiembre de 2017.

5

ECMI Commentary

(6)  DO C 345 de 13.10.2017, p. 15.

6

(7)  DO C 177 de 18.5.2016, p. 9.

7

(8)  DO C 288 de 31.8.2017, p. 20.

8

(9)  Iota Kaousar Nassr y Gert Wehinger, «Opportunities and limitations of public equity markets for SMEs», OECD Journal: Financial Market Trends 2015/1, 49-84.

9

OECD Journal: Financial Market Trends

(10)  Apostolos Thomadakis, «Developing EU Capital Markets for SMEs: Mission impossible?», ECMI Commentary No. 46, 4 de septiembre de 2017.

10

ECMI Commentary

(11)  DO C 345 de 13.10.2017, p. 15.

11

(12)  DO C 177 de 18.5.2016, p. 9.

12

---

| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/85 |
| --- | --- | --- | --- |

6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/85

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad»

[COM(2018) 336 final-2018/0168 (COD)]

(2018/C 440/13)

| Ponente: | Christophe LEFÈVRE |
| --- | --- |

Ponente:

Christophe LEFÈVRE

| Consulta | Consejo, 6.6.2018
  Parlamento Europeo, 11.6.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 114, apartado 1, del TFUE |
| Sección competente | Mercado Único, Producción y Consumo |
| Aprobado en sección | 4.9.2018 |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 191/0/6 |

Consulta

Consejo, 6.6.2018

Parlamento Europeo, 11.6.2018

Fundamento jurídico

Artículo 114, apartado 1, del TFUE

Sección competente

Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobado en sección

4.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

191/0/6

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge favorablemente la propuesta de la Comisión por la que se modifica la Directiva relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad. No obstante, el Comité lamenta que la Comisión no haya aprovechado la ocasión para anticiparse a los avances en el ámbito de los vehículos autónomos, a pesar de las observaciones formuladas en la evaluación de impacto (1) que acompaña a la propuesta. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | Por lo que se refiere a la mejora de la protección de las víctimas de accidentes de tráfico en caso de insolvencia del asegurador, el Comité considera pertinente la propuesta de que sea el organismo del Estado miembro en el que reside la víctima quien indemnice a las víctimas. Sin embargo, la Comisión excluye el recurso al organismo si la víctima ha presentado una reclamación directamente al asegurador o ha emprendido acciones legales. Por lo tanto, el Comité recomienda que esta exclusión no se aplique si entretanto se produce una deficiencia económica (quiebra, liquidación) del asegurador o si la víctima autoriza al organismo a subrogarse en los beneficios de las acciones de recurso, con el fin de recibir una indemnización más rápidamente. El Comité recomienda que cuando los niveles de indemnización (factores de perjuicio) del país donde ocurrió el accidente y los del país de residencia sean diferentes, se apliquen a la víctima los que le sean más favorables. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | En cuanto a la mejora del reconocimiento de los informes de siniestros, el Comité recomienda que se especifique el nombre del conductor implicado y su grado de responsabilidad en el acaecimiento del accidente (total, parcial o nula). El Comité cuestiona el contenido de la certificación en el contexto de una legislación nacional que cubriría un vehículo con independencia del conductor, frente a una legislación que prevé asegurar un vehículo con un conductor declarado y al que se aplican unas tarifas en función del perfil de riesgo y de siniestralidad individual, o incluso el titular del permiso de conducción, independientemente del vehículo utilizado. El Comité pide a la Comisión que exija la emisión de soportes seguros para las certificaciones de seguro y los registros de siniestralidad, y que autorice, para verificar su validez, el uso de una base de datos interconectada que pueda ser consultada por las fuerzas del orden. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Por lo que se refiere a los controles del seguro para luchar contra la conducción sin seguro, el Comité acoge con satisfacción la propuesta de utilizar tecnologías de reconocimiento de matrículas para controlar los vehículos en un dispositivo nacional sin tener que detenerlos. En ausencia de una póliza de seguro, el Comité recomienda que se inmovilice el vehículo hasta que se presente un certificado de seguro válido. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | En cuanto a la armonización de los importes mínimos de cobertura, el Comité recomienda a la Comisión que fije una fecha límite para completar la introducción de los umbrales mínimos de indemnización. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | En relación con el ámbito de aplicación de la Directiva, el Comité acoge favorablemente la aclaración relativa al concepto de medio de transporte en terrenos públicos o privados, fijo o en movimiento, excluyendo un uso exclusivamente agrícola de los vehículos identificados. Con todo, será necesario garantizar que los vehículos agrícolas que circulan por la vía pública estén sujetos a la Directiva. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | Por último, por lo que se refiere a la coherencia con las disposiciones vigentes en la misma política sectorial, el Comité observa también que las propuestas de la Comisión están en consonancia con la libre circulación de personas y bienes, así como con los principios del mercado interior que garantizan la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento de los aseguradores. |
| --- | --- |

1.7.

2.   Antecedentes e introducción

| 2.1. | La Comisión propone una modificación de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad. |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | El objetivo de la Comisión Europea es mejorar la protección, actualmente insuficiente, de las víctimas de accidentes de vehículos automóviles, reducir las diferencias de trato de los titulares de pólizas en la UE en lo que se refiere a los bonus/malus, e incorporar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictadas desde la aplicación de la primera Directiva de la UE sobre el seguro de automóviles, adoptada en 1972. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | La Directiva es un instrumento jurídico esencial para el buen funcionamiento del mercado único en materia de libre circulación, basada en una prima única, sin tener que suscribir una póliza de seguro adicional para circular en otro Estado miembro. Su objeto es, asimismo, garantizar un alto grado de convergencia por lo que respecta a la protección de las víctimas de accidentes de tráfico. |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | La legislación se basa en el sistema internacional de la carta verde, que no es exclusivo de la UE y que engloba a 48 países. Los elementos clave de la Directiva 2009/103/CE son los siguientes:






  — | la obligación de que los vehículos automóviles dispongan de una póliza de seguro de responsabilidad civil frente a terceros válida en cualquier parte de la UE, sobre la base de una prima única; |
| --- | --- | --- |

2.4.

—

la obligación de que los vehículos automóviles dispongan de una póliza de seguro de responsabilidad civil frente a terceros válida en cualquier parte de la UE, sobre la base de una prima única;

| — | los importes mínimos obligatorios de cobertura que esas pólizas de seguro deben proporcionar (los Estados miembros pueden exigir una cobertura mayor a nivel nacional); |
| --- | --- |

—

los importes mínimos obligatorios de cobertura que esas pólizas de seguro deben proporcionar (los Estados miembros pueden exigir una cobertura mayor a nivel nacional);

| — | la prohibición de que los Estados miembros lleven a cabo controles sistemáticos del seguro de los vehículos que tengan su estacionamiento habitual en otro Estado miembro; |
| --- | --- |

—

la prohibición de que los Estados miembros lleven a cabo controles sistemáticos del seguro de los vehículos que tengan su estacionamiento habitual en otro Estado miembro;

| — | la obligación de los Estados miembros de crear fondos de garantía para la indemnización de las víctimas de accidentes causados por vehículos no asegurados o no identificados; |
| --- | --- |

—

la obligación de los Estados miembros de crear fondos de garantía para la indemnización de las víctimas de accidentes causados por vehículos no asegurados o no identificados;

| — | la protección de las víctimas de accidentes de automóvil en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de residencia («víctimas transeúntes»); |
| --- | --- |

—

la protección de las víctimas de accidentes de automóvil en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de residencia («víctimas transeúntes»);

| — | el derecho de los titulares de pólizas a obtener de su asegurador una certificación de sus antecedentes de siniestralidad en los últimos cinco años. |
| --- | --- |

—

el derecho de los titulares de pólizas a obtener de su asegurador una certificación de sus antecedentes de siniestralidad en los últimos cinco años.

| 2.5. | En el marco del programa de trabajo de la Comisión para 2016 y del Plan de acción de servicios financieros de marzo de 2017, en 2017 se llevó a cabo una evaluación (3) de la Directiva 2009/103/CE y, ese mismo año, el TJUE dictó dos sentencias. Estos elementos han llevado a la Comisión a adoptar una posición. |
| --- | --- |

2.5.

2.5.1.   Mejora de la protección de las víctimas de accidentes de tráfico en caso de insolvencia del asegurador

| 2.5.1.1. | La Comisión propone encomendar a un organismo de cada Estado miembro la indemnización de los perjudicados que residan habitualmente en su territorio, al menos dentro de los límites de la obligación del seguro, por los daños corporales o materiales causados por un vehículo asegurado, a falta de una respuesta motivada, en un plazo de tres meses, a lo planteado en la reclamación de indemnización, o en caso de quiebra o liquidación del organismo de seguros o reaseguros, a menos que la víctima ya haya presentado una reclamación directamente al asegurador o haya entablado acciones legales aún pendientes. |
| --- | --- |

2.5.1.1.

| 2.5.1.2. | La Comisión prevé que este organismo pueda obtener el reembolso del organismo del país del responsable. |
| --- | --- |

2.5.1.2.

2.5.2.   Mejora del reconocimiento de los informes de siniestros, en particular en un contexto transfronterizo

| 2.5.2.1. | La Directiva exige la presentación de un registro de siniestralidad de la póliza de seguro de automóviles durante los últimos cinco años. No existe obligación alguna de que los aseguradores tengan en cuenta tal registro a la hora de calcular las primas. |
| --- | --- |

2.5.2.1.

| 2.5.2.2. | La Comisión recomienda normalizar el contenido y la forma de dichos registros, que deberían especificar los elementos que permitan adaptar las tarifas en función de la siniestralidad y proteger la certificación. |
| --- | --- |

2.5.2.2.

2.5.3.   Controles del seguro para luchar contra la conducción sin seguro

| 2.5.3.1. | La Comisión recomienda el uso de tecnologías de reconocimiento de matrículas para controlar los vehículos sin detenerlos, en el marco de un sistema de control nacional general, procedimiento que no interfiere con la libre circulación de personas y vehículos. |
| --- | --- |

2.5.3.1.

| 2.5.3.2. | La Comisión precisa que esa verificación del seguro de los vehículos que entran en el territorio nacional requiere el intercambio de datos entre Estados miembros. |
| --- | --- |

2.5.3.2.

2.5.4.   Armonización de los importes mínimos de cobertura

| 2.5.4.1. | La Comisión observa asimismo que los niveles mínimos de indemnización varían de un país a otro, en particular porque dichos niveles no se ajustaron durante el período transitorio. La Comisión recomienda armonizar los importes mínimos de cobertura, pero cada Estado miembro puede imponer umbrales mínimos superiores. |
| --- | --- |

2.5.4.1.

2.5.5.   Ámbito de aplicación de la Directiva

| 2.5.5.1. | Al incorporar tres sentencias del TJUE (4), la Comisión precisa el alcance de la obligación del seguro de responsabilidad civil de los automóviles, con exclusión de los accidentes en los que el vehículo se haya utilizado exclusivamente para fines agrícolas: cualquier utilización de un vehículo conforme con su función habitual de medio de transporte, con independencia del terreno en el que se utilice (público o privado) y de si este está parado o en movimiento. |
| --- | --- |

2.5.5.1.

2.6.   Coherencia con otras políticas de la Unión

| 2.6.1. | La Comisión señala que sus propuestas están en consonancia con la libre circulación de personas y bienes y con los principios del mercado interior que garantizan la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento de los aseguradores. |
| --- | --- |

2.6.1.

3.   Observaciones

| 3.1. | El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión por la que se modifica la Directiva relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad. Dicha modificación es el resultado del análisis de la experiencia previsto en el marco legislativo, pero también de la evaluación de impacto y de las consultas públicas, así como de la integración de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. |
| --- | --- |

3.1.

3.2.   Mejora de la protección de las víctimas de accidentes de tráfico en caso de insolvencia del asegurador

| 3.2.1. | El Comité considera pertinente la propuesta de que sea el organismo de residencia del Estado miembro quien indemnice a las víctimas para paliar la carencia de aseguradores, o en ausencia de una respuesta motivada en un plazo razonable, y acoge con satisfacción el hecho de que el organismo de residencia de la víctima pueda presentar un recurso financiero ante el organismo del tercer país del asegurado responsable. |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | No obstante, teniendo en cuenta que el organismo gestor no puede indemnizar a la víctima en caso de que haya recurrido directamente al asegurador o en caso de que se haya iniciado un procedimiento judicial, el Comité recomienda que esta exclusión no se aplique en los siguientes casos:






  — | si ocurre entretanto una deficiencia del asegurador (quiebra, liquidación), |
| --- | --- | --- |

3.2.2.

—

si ocurre entretanto una deficiencia del asegurador (quiebra, liquidación),

| — | en caso de retirada de la autorización por parte de las autoridades de control, |
| --- | --- |

—

en caso de retirada de la autorización por parte de las autoridades de control,

| — | si la víctima autoriza a la organización a subrogarse en el beneficio de las acciones de recurso, con el fin de recibir una indemnización más rápidamente. |
| --- | --- |

—

si la víctima autoriza a la organización a subrogarse en el beneficio de las acciones de recurso, con el fin de recibir una indemnización más rápidamente.

El Comité recomienda que cuando los niveles de indemnización (factores de perjuicio) del país donde ocurrió el accidente y los del país de residencia sean diferentes, se apliquen a la víctima los que le sean más favorables.

3.3.   Mejora del reconocimiento de los informes de siniestros, en particular en un contexto transfronterizo.

| 3.3.1. | El Comité acoge con satisfacción la presentación sistemática de un registro normalizado de la información, que certifique la existencia o no de siniestros relativos a los últimos cinco años. |
| --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | El Comité recomienda, además, que se especifique el nombre del conductor implicado, así como su grado de responsabilidad en el acaecimiento del accidente (total, parcial o nula). |
| --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | El Comité cuestiona el contenido de la certificación en el contexto de una legislación nacional que cubriría un vehículo con independencia del conductor, frente a una legislación que prevé asegurar un vehículo con un conductor declarado y al que se aplican unas tarifas en función del perfil de riesgo y de siniestralidad individual, o incluso el titular del permiso de conducción, independientemente del vehículo utilizado. |
| --- | --- |

3.3.3.

| 3.3.4. | No obstante, el Comité tiene dudas acerca de la situación de los vehículos de motor sin conductor o, en su caso, del concepto de «conductor» responsable cuando el vehículo de motor se conduce a distancia. |
| --- | --- |

3.3.4.

| 3.3.5. | El Comité observa que la Comisión no tiene previsto legislar sobre el fraude documental vinculado a los registros de siniestralidad o a las certificaciones de seguro. |
| --- | --- |

3.3.5.

| 3.3.6. | El Comité pide a la Comisión que exija la emisión de soportes seguros para las certificaciones de seguro y los registros de siniestralidad, y que autorice, para verificar su validez, el uso de una base de datos interconectada que pueda ser consultada por las fuerzas del orden. |
| --- | --- |

3.3.6.

| 3.3.7. | El Comité observa que la Comisión no se refiere a la financiación del establecimiento de estos sistemas de interconexión transfronteriza. |
| --- | --- |

3.3.7.

3.4.   Controles del seguro para luchar contra la conducción sin seguro.

| 3.4.1. | El Comité acoge con satisfacción la propuesta de utilizar la tecnología de reconocimiento de matrículas para controlar los vehículos sin detenerlos, siempre que los controles realizados formen parte de un sistema nacional general de controles, no sean discriminatorios y no exijan que se detenga el vehículo. |
| --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Por el contrario, la Comisión no se pronuncia sobre la suerte de los vehículos que, gracias a esta tecnología, se detecte que no están cubiertos por una póliza de seguro. El Comité recomienda que se inmovilice el vehículo hasta la presentación de un certificado de seguro válido o con una fecha final del período de validez inferior a un mes. |
| --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | La Comisión especifica que esta verificación del seguro de los vehículos a su entrada en el territorio nacional requiere un intercambio de datos entre los Estados miembros y que los derechos, libertades e intereses legítimos de las personas afectadas por estos datos deben estar garantizados por el Reglamento general de protección de datos (RGPD). |
| --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Sin embargo, la Comisión no se pronuncia sobre el operador gestor ni sobre la financiación de los costes de establecimiento y gestión de una base de datos interconectada de pólizas de seguro válidas o inválidas. |
| --- | --- |

3.4.4.

3.5.   Armonización de los importes mínimos de cobertura

| 3.5.1. | El Comité coincide con el análisis de la Comisión sobre los umbrales mínimos dispares y, sobre todo, no conformes, que están por debajo de los umbrales establecidos en la Directiva en casi la mitad de los Estados miembros de la UE. |
| --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Además de la simple recomendación de armonizar los umbrales (5), el Comité recomienda que la Comisión fije una fecha límite de aplicación, que puede ser finales de 2019, para completar la introducción de umbrales mínimos de indemnización, una vez transcurrido el plazo. |
| --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | El Comité recomienda que cuando los niveles de indemnización (factores de perjuicio) del país donde ocurrió el accidente y los del país de residencia sean diferentes, se apliquen a la víctima los que le sean más favorables. |
| --- | --- |

3.5.3.

3.6.   Ámbito de aplicación de la Directiva

| 3.6.1. | El Comité acoge con satisfacción la aclaración relativa al concepto de medio de transporte en terrenos públicos o privados, fijo o en movimiento, excluyendo exclusivamente el uso agrícola. Con todo, será necesario garantizar que los vehículos agrícolas que circulan por la vía pública estén sujetos a la Directiva. |
| --- | --- |

3.6.1.

3.7.   Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

| 3.7.1. | El Comité señala igualmente que las propuestas de la Comisión están en consonancia con la libre circulación de personas y bienes, y que son conformes con los principios del mercado interior que garantizan la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento de los aseguradores. |
| --- | --- |

3.7.1.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-247-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF.

1

(2)  DO L 263 de 7.10.2009, p. 11.

2

(3)  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3714481_en.

3

(4)  Sentencias Vnuk (2014 C-162/13), Rodrigues de Andrade (2017 C-514/16) y Torreiro (2017 C-334/16).

4

(5)  Directiva 84/5/CEE, modificada por la Directiva 2005/14/CE.

5

---

| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/90 |
| --- | --- | --- | --- |

6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/90

---

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos, referentes a su seguridad general y a la protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/... y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 78/2009, (CE) n.o 79/2009 y (CE) n.o 661/2009

[COM(2018) 286 final — 2018/0145 COD]

(2018/C 440/14)

| Ponente: | Raymond HENCKS |
| --- | --- |

Ponente:

Raymond HENCKS

| Consulta | Parlamento Europeo, 28.5.2018
  Consejo, 4.6.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 114, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Mercado Único, Producción y Consumo |
| Aprobado en sección | 4.9.2018 |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 193/1/2 |

Consulta

Parlamento Europeo, 28.5.2018

Consejo, 4.6.2018

Fundamento jurídico

Artículo 114, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobado en sección

4.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

193/1/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1 | A lo largo de los últimos decenios, la seguridad vial en la Unión Europea ha mejorado significativamente gracias al refuerzo del código de circulación, de los requisitos sobre el comportamiento de los conductores y de las condiciones laborales y de formación de los conductores profesionales, a la mejora de las infraestructuras viarias y de la eficacia de los servicios de emergencia, así como al endurecimiento de la normativa de la UE sobre la seguridad de los vehículos, a la que la industria de la automoción ha sabido responder en todo momento con soluciones técnicas innovadoras. |
| --- | --- |

1.1

| 1.2 | Sin embargo, la cantidad de víctimas mortales en las carreteras de la Unión sigue siendo muy superior al objetivo que esta se fijó en el Libro Blanco del Transporte de 2011, en particular, aproximarse al objetivo de «cero muertes» para 2050 y reducir a la mitad la cantidad de accidentes mortales en las carreteras de aquí a 2020. |
| --- | --- |

1.2

| 1.3 | La mayoría de accidentes de tráfico se deben en exclusiva a un error humano, relacionado en la mayoría de casos con un exceso de velocidad, una distracción o incluso la conducción en estado de embriaguez. Por lo tanto, habrá que animar más, o incluso obligar, a los ciudadanos de la UE a que asuman la responsabilidad principal sobre su propia seguridad y la de los otros usuarios de la vía pública en la Unión mediante la adopción de un comportamiento adecuado. |
| --- | --- |

1.3

| 1.4 | Así las cosas, conviene adoptar un enfoque integrado en materia de seguridad vial respecto del comportamiento de los conductores, las condiciones laborales y las capacidades de los conductores profesionales así como las infraestructuras. Los sistemas de seguridad a bordo de los vehículos, capaces de evitar o subsanar errores humanos, también son otro elemento de seguridad decisivo. |
| --- | --- |

1.4

| 1.5 | El CESE acoge con satisfacción que la Comisión quiera imponer a todos los vehículos una nueva gama de medidas de seguridad avanzadas como equipamiento de serie para los vehículos de carretera, en particular, sistemas de control de la presión de los neumáticos, asistentes de velocidad inteligentes, sistemas de monitorización de la somnolencia y la atención del conductor, sistemas de reconocimiento de distracciones, sistemas detectores de marcha atrás, sistemas de señal de parada de emergencia y de frenado de emergencia. |
| --- | --- |

1.5

| 1.6 | El CESE también aprueba que los vehículos pesados y los autobuses estén obligatoriamente equipados con un sistema de detección y advertencia de la presencia de usuarios vulnerables de la vía pública que estén muy cerca de las partes delantera y lateral del vehículo, que se diseñen y construyan de manera que se mejore la visibilidad de los usuarios vulnerables de la vía pública desde el asiento del conductor y que estén equipados con un sistema de advertencia de abandono del carril. Además, recibe con satisfacción la obligación adicional de diseñar y construir autobuses que también sean accesibles para las personas con movilidad reducida, incluidas las personas en silla de ruedas. |
| --- | --- |

1.6

| 1.7 | En cambio, se pregunta por qué motivo la Comisión no impone la instalación de alcoholímetros antiarranque y se limita a prever simplemente la interfaz para la instalación de este dispositivo. El CESE considera que la colocación de un alcoholímetro debe ser una obligación y no una opción. |
| --- | --- |

1.7

| 1.8 | Por otra parte, el CESE recomienda que se incluyan registradores de eventos (accidentes) también para los camiones, vehículos pesados y autobuses, dado que, pese a que los tacógrafos facilitan ya una serie de datos sobre la conducción, estos no memorizan datos esenciales durante un accidente ni después de que ocurra. |
| --- | --- |

1.8

| 1.9 | Por último, el CESE lamenta que los sistemas de seguridad que son más estrictos que los que impone la legislación europea, aquellos que instalan los fabricantes de forma voluntaria, se limiten a menudo a los modelos de gama alta, en detrimento de los modelos más baratos, que quedan desprovistos de medidas de seguridad avanzadas no obligatorias. De lo anterior se deduce que no todos los ciudadanos de la UE tienen acceso a automóviles con un nivel de seguridad equivalente. A fin de remediar esta situación, el CESE recomienda a la Comisión Europea que exija, respecto del Reglamento analizado y en general, que se adapten las normas europeas a la evolución tecnológica en el menor plazo de tiempo posible. |
| --- | --- |

1.9

| 1.10 | Lo anterior también se aplica a los vehículos pesados y los autobuses, en especial en lo que respecta al sistema de detección y advertencia de la presencia de usuarios que estén muy cerca de las partes delantera y lateral del vehículo, cuya instalación ya se prevé en la propuesta de Reglamento objeto de examen, pero que deberá tener carácter obligatorio en el menor plazo de tiempo posible. |
| --- | --- |

1.10

2.   Introducción

| 2.1 | A lo largo de los últimos decenios, la seguridad vial ha mejorado significativamente sobre todo gracias a sistemas de seguridad avanzados a bordo de los vehículos, la mejora de las infraestructuras viales, el refuerzo del código de circulación, las campañas de sensibilización de los conductores y la rapidez y competencia de los servicios de emergencia. |
| --- | --- |

2.1

| 2.2 | Sin embargo, sigue habiendo grandes diferencias entre los distintos Estados miembros pese a los esfuerzos de la Comisión que, a través de diferentes programas y directrices, intenta armonizar las normas de seguridad en toda la Unión Europea. |
| --- | --- |

2.2

| 2.3 | Así, por ejemplo:






  — | las señales de tráfico y la edad mínima para conducir no son las mismas en todas partes; |
| --- | --- | --- |

2.3

—

las señales de tráfico y la edad mínima para conducir no son las mismas en todas partes;

| — | la utilización del teléfono móvil al volante con ayuda de un sistema «manos libres» está permitida en algunos países; |
| --- | --- |

—

la utilización del teléfono móvil al volante con ayuda de un sistema «manos libres» está permitida en algunos países;

| — | la tasa de alcoholemia permitida varía desde la tolerancia cero hasta un enfoque algo permisivo en función de los Estados miembros; |
| --- | --- |

—

la tasa de alcoholemia permitida varía desde la tolerancia cero hasta un enfoque algo permisivo en función de los Estados miembros;

| — | los límites de velocidad son diferentes; |
| --- | --- |

—

los límites de velocidad son diferentes;

| — | los equipos de seguridad requeridos para los ciclistas (casco) y para los conductores (chaleco de seguridad fluorescente, triángulo de señalización de peligro, botiquín de primeros auxilios, extintor) no son los mismos en todas partes. |
| --- | --- |

—

los equipos de seguridad requeridos para los ciclistas (casco) y para los conductores (chaleco de seguridad fluorescente, triángulo de señalización de peligro, botiquín de primeros auxilios, extintor) no son los mismos en todas partes.

| 2.4 | En 2017 la cifra de víctimas mortales en las carreteras de la UE ascendió a 25 300, lo que supuso un descenso del 2 % en un año (1), cifra que sigue siendo claramente insuficiente para reducir de forma significativa la cantidad de muertes en la carretera (2) a fin de aproximarse al objetivo de «cero muertes» en el transporte por carretera de aquí a 2050. |
| --- | --- |

2.4

| 2.5 | Alrededor de 135 000 personas resultaron gravemente heridas el año pasado (3), de las cuales muchas eran peatones, ciclistas y motociclistas, a quienes la Comisión considera usuarios especialmente «vulnerables». |
| --- | --- |

2.5

| 2.6 | Según la Comisión Europea, el coste socioeconómico de los accidentes de carretera se calcula en 120 000 millones EUR al año (tratamientos médicos, incapacidad laboral, etc.). |
| --- | --- |

2.6

3.   Propuesta de la Comisión

| 3.1 | La iniciativa analizada forma parte del tercer paquete de movilidad «Europa en movimiento», que pretende hacer que la movilidad europea sea más segura y accesible, que la industria europea sea más competitiva y que los empleados europeos estén más seguros, así como lograr una mejor adaptación a la obligación de luchar contra el cambio climático, en especial mediante un refuerzo de los requisitos relativos a las funciones de seguridad en los vehículos de carretera. |
| --- | --- |

3.1

| 3.2 | En vista de que las disposiciones actuales sobre el procedimiento de homologación de tipo de los vehículos de la UE, en el marco de la seguridad de los peatones y de la seguridad del hidrógeno, están superadas en gran medida por la evolución tecnológica, los Reglamentos (CE) n.o 78/2009 (seguridad de los peatones), (CE) n.o 79/2009 (vehículos de motor impulsados por hidrógeno) y (CE) n.o 661/2009 (requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor) se derogan y sustituyen por las disposiciones equivalentes de los Reglamentos de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) y sus modificaciones a los que la Unión haya dado su voto favorable o que la Unión aplique de acuerdo con la Decisión 97/836/CE. |
| --- | --- |

3.2

| 3.3 | En general, se mantiene el ámbito de aplicación del Reglamento de seguridad general de los vehículos (RSG), aunque, en el contexto de las funciones de seguridad de los vehículos actualmente aplicables y de las exenciones conexas, el ámbito de aplicación se ha ampliado para incluir todas las categorías de vehículos y eliminar las exenciones correspondientes vinculadas a vehículos utilitarios deportivos (sport utility vehicle) y furgonetas. |
| --- | --- |

3.3

| 3.4 | El proyecto de Reglamento establece los requisitos técnicos generales para la homologación de tipo de vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes y proporciona una lista de áreas de seguridad para las que se desarrollan (o deben desarrollarse) normas detalladas en el Derecho derivado. Todos los Reglamentos de seguridad vial de la CEPE aplicables de forma obligatoria en la UE se recogen en un anexo del proyecto de Reglamento que se examina. |
| --- | --- |

3.4

| 3.5 | Esta propuesta también prevé facultar a la Comisión para definir normas y requisitos técnicos detallados mediante actos delegados. |
| --- | --- |

3.5

| 3.6 | El actual ámbito de aplicación de la obligación de instalar en los turismos un sistema de control de la presión de los neumáticos se amplía a todas las categorías de vehículos. |
| --- | --- |

3.6

| 3.7 | Una serie de funciones avanzadas de seguridad, como el asistente de velocidad inteligente, los sistemas de monitorización de la somnolencia y la atención del conductor y de reconocimiento de distracciones del conductor, el detector de marcha atrás, la señal de parada de emergencia, la interfaz para la instalación de alcoholímetros antiarranque y el sistema avanzado de frenado de emergencia, son obligatorias para todos los vehículos. |
| --- | --- |

3.7

| 3.8 | Además, los turismos y los vehículos comerciales ligeros deberán estar equipados con lo siguiente:






  — | registrador de datos de eventos (accidentes); |
| --- | --- | --- |

3.8

—

registrador de datos de eventos (accidentes);

| — | sistema de mantenimiento del carril, y |
| --- | --- |

—

sistema de mantenimiento del carril, y

| — | protección delantera diseñada y construida para ofrecer a los usuarios vulnerables de la vía pública una zona ampliada de protección contra impactos en la cabeza. |
| --- | --- |

—

protección delantera diseñada y construida para ofrecer a los usuarios vulnerables de la vía pública una zona ampliada de protección contra impactos en la cabeza.

Los camiones y los vehículos pesados (categorías N2 y N3) y los autobuses (categorías M2 y M3) deberán estar equipados con lo siguiente:

| — | sistema de detección y advertencia de la presencia de usuarios vulnerables de la vía pública que estén muy cerca de las partes delantera y lateral del vehículo, así como estar diseñados y construidos de manera que se mejore la visibilidad de los usuarios vulnerables de la vía pública desde el asiento del conductor, y |
| --- | --- |

—

sistema de detección y advertencia de la presencia de usuarios vulnerables de la vía pública que estén muy cerca de las partes delantera y lateral del vehículo, así como estar diseñados y construidos de manera que se mejore la visibilidad de los usuarios vulnerables de la vía pública desde el asiento del conductor, y

| — | sistema de advertencia de abandono del carril. |
| --- | --- |

—

sistema de advertencia de abandono del carril.

Los autobuses deben, además, diseñarse y construirse para que sean accesibles para las personas con movilidad reducida, incluidas las personas en silla de ruedas.

Los vehículos impulsados por hidrógeno deben ser conformes con los requisitos recogidos en el anexo V del Reglamento objeto de examen.

Por lo que respecta a los vehículos automatizados, deben seguir desarrollándose normas y disposiciones técnicas detalladas como base para el despliegue de vehículos automatizados.

4.   Observaciones generales

| 4.1 | El CESE felicita a la Comisión por su iniciativa destinada a imponer una nueva gama de medidas de seguridad avanzadas como equipamiento de serie para los vehículos de carretera. Sin embargo, recuerda que, además de revisar las normas mínimas obligatorias para los vehículos nuevos que se venden en el mercado europeo, es necesario animar, o incluso obligar, a los ciudadanos de la UE a que asuman la responsabilidad principal sobre su propia seguridad y la de los otros usuarios de la vía pública en la UE mediante la adopción de un comportamiento adecuado. |
| --- | --- |

4.1

| 4.2 | Se corre el riesgo de que, por sí solas, las nuevas medidas relativas a los dispositivos de seguridad a bordo de los vehículos, por útiles y esenciales que sean, solo tengan un efecto limitado sobre la reducción contemplada de accidentes graves de carretera, si no se toman otras medidas complementarias en materia de comportamiento de los usuarios, condiciones laborales y capacidades de los conductores profesionales e infraestructuras viarias. La persistencia de un número elevado de accidentes de carretera, que se traduce en un número elevado de muertes y de lesiones graves, exige un ajuste dinámico adicional de la política en materia de seguridad vial en cuyo marco, además del refuerzo de los requisitos relativos a las funciones de seguridad en los vehículos de carretera y medidas preventivas, se adopten también medidas disuasorias dirigidas a todos aquellos que no respeten las normas y que pongan en peligro su vida y la de los demás. |
| --- | --- |

4.2

| 4.3 | El CESE opina que, aunque se deben fomentar entre los conductores las tecnologías de interacción, así como los sistemas de transporte inteligente (STI), no podemos esperar que la movilidad del futuro, en especial los sistemas de transporte inteligente y la conducción completamente automatizada, responda en el corto y medio plazo a los desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad. |
| --- | --- |

4.3

| 4.4 | Según la Comisión, el marco revisado estará mejor adaptado para aumentar la seguridad de los usuarios vulnerables de la vía pública. El artículo 3, apartado 1, del Reglamento objeto de examen define al usuario vulnerable de la vía pública como «un usuario de la vía pública que conduce un vehículo de motor de dos ruedas o un usuario de la vía pública no motorizado, como un ciclista o un peatón». En opinión del CESE esta definición no abarca a todas las categorías de «alto riesgo», entre otras, a las personas que presentan una fragilidad intrínseca vinculada a la edad (niños, personas de edad avanzada) o a una discapacidad. |
| --- | --- |

4.4

| 4.5 | Es obvio que los riesgos a los que se exponen los usuarios de la vía pública se deben en su mayoría al comportamiento de los conductores (exceso de velocidad, abuso del alcohol o de los estupefacientes, utilización de dispositivos electrónicos portátiles durante la conducción de un vehículo, momentos de distracción, estado físico de los conductores, periodos de conducción demasiado largos, incumplimiento de los periodos de descanso) y a infraestructuras inadecuadas (falta de instalaciones reservadas a los peatones, falta de alumbrado adaptado a las circunstancias). |
| --- | --- |

4.5

| 4.6 | Así pues, el CESE aprueba que, a fin de evitar parte de esos peligros, la Comisión imponga la instalación sistemática de los siguientes elementos en los vehículos nuevos:






  — | un sistema de control adaptativo y asistente de velocidad inteligente que, además de contribuir a la seguridad, fomente una conducción que favorece el ahorro de combustible y que, de este modo, reduzca la contaminación; |
| --- | --- | --- |

4.6

—

un sistema de control adaptativo y asistente de velocidad inteligente que, además de contribuir a la seguridad, fomente una conducción que favorece el ahorro de combustible y que, de este modo, reduzca la contaminación;

| — | un sistema de control de la presión de los neumáticos; |
| --- | --- |

—

un sistema de control de la presión de los neumáticos;

| — | unos sistemas avanzados de monitorización de la somnolencia del conductor y de reconocimiento de distracciones. |
| --- | --- |

—

unos sistemas avanzados de monitorización de la somnolencia del conductor y de reconocimiento de distracciones.

| 4.7 | En cambio, se pregunta por qué motivo la propuesta de Reglamento no impone la instalación de alcoholímetros antiarranque y se limita a prever la interfaz para la instalación de este dispositivo. Según un estudio de «Verband der TÜV e.V» (4), el 11 % de los accidentes en 2016 fueron causados por conductores que se encontraban en estado de embriaguez. Conscientes de que la cantidad de casos de conducción en estado de embriaguez que no se detectan responde a una relación de 1 por cada 600, se calcula que la cantidad de accidentes derivados del abuso del alcohol supera el 25 %. El CESE considera que la colocación de un alcoholímetro no se debe limitar a los reincidentes a los que se ha retirado el permiso por orden de un tribunal por haber conducido en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes, sino que debería ser obligatoria de manera general. |
| --- | --- |

4.7

| 4.8 | El CESE recomienda que se incluyan registradores de eventos (accidentes) también en los camiones y autobuses, dado que, pese a que los tacógrafos de esos vehículos facilitan ya una serie de datos sobre la conducción, estos no memorizan datos esenciales durante un accidente ni después de que ocurra. |
| --- | --- |

4.8

| 4.9 | Según el estudio de impacto de la Comisión, anexo a la propuesta de Reglamento analizada, se prevé que, a lo largo de un período de dieciséis años, la introducción de las nuevas funciones de seguridad que se examinan contribuya a evitar 24 794 víctimas mortales y 140 740 heridos graves. El CESE se pregunta si estas estimaciones, con cifras tan detalladas, no entrañan el riesgo de considerarse poco fiables y de socavar el valor añadido del estudio de impacto. |
| --- | --- |

4.9

| 4.10 | Por último, el CESE pone el foco de atención en el hecho de que los fabricantes desarrollan, de manera voluntaria, vehículos con normas de seguridad más elevadas que las impuestas por la legislación europea. Por desgracia, estas mejoras se suelen limitar a los modelos de gama alta vendidos en los principales mercados de los Estados miembros, en detrimento de los modelos más baratos, que quedan desprovistos de medidas de seguridad avanzadas no obligatorias. De lo anterior se deduce que no todos los ciudadanos de la UE tienen acceso a automóviles con un nivel de seguridad equivalente. A fin de remediar esta situación, el CESE recomienda a la Comisión Europea que exija que se adapten las normas europeas a la evolución tecnológica en el menor plazo de tiempo posible.
  Lo anterior también se aplica a los vehículos pesados y los autobuses, en especial en lo que respecta al sistema de detección y advertencia de la presencia de usuarios que estén muy cerca de las partes delantera y lateral del vehículo (ángulo muerto), cuya instalación deberá tener carácter obligatorio en el menor plazo de tiempo posible. |
| --- | --- |

4.10

Lo anterior también se aplica a los vehículos pesados y los autobuses, en especial en lo que respecta al sistema de detección y advertencia de la presencia de usuarios que estén muy cerca de las partes delantera y lateral del vehículo (ángulo muerto), cuya instalación deberá tener carácter obligatorio en el menor plazo de tiempo posible.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

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(1)  Comunicado de prensa de la Comisión de 10 de abril de 2018 IP/18/2761.

1

(2)  Comunicado de prensa de la Comisión de 10 de abril de 2018 IP/18/2761.

2

(3)  Comunicado de prensa de la Comisión de 10 de abril de 2018 IP/18/2761.

3

(4)  https://etsc.eu/wp-content/uploads/5_VdTÜV_DeVol_Brussels.PPT_17.06.18.pdf.

4

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| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/95 |
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6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/95

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que complementa la legislación de la UE sobre homologación de tipo por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión»

[COM(2018) 397 final-2018/0220 (COD)]

(2018/C 440/15)

| Ponente: | Séamus BOLAND |
| --- | --- |

Ponente:

Séamus BOLAND

| Consulta | Parlamento Europeo, 2.7.2018
  Consejo, 3.7.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Sección de Mercado Único, Producción y Consumo |
| Aprobación en sección | 4.9.2018 |
| Aprobación en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 198/0/7 |

Consulta

Parlamento Europeo, 2.7.2018

Consejo, 3.7.2018

Fundamento jurídico

Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Sección de Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobación en sección

4.9.2018

Aprobación en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

198/0/7

1.   Conclusiones

| 1.1. | El CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea relativa al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que complementa la legislación de la UE sobre homologación de tipo por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El CESE considera que la propuesta se centra en las medidas prácticas necesarias para abordar las consecuencias reales para la industria de la fabricación y distribución de vehículos y sus consumidores como resultado de las modificaciones legales inevitables en la certificación de homologaciones de tipo por parte de las autoridades del Reino Unido con arreglo al Derecho de la UE. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | En ese contexto, el CESE considera que esta propuesta debería servir de modelo para otros muchos acuerdos similares que sean necesarios como consecuencia del Brexit. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | El CESE recomienda que el acuerdo sobre esta propuesta reconozca la necesidad de que haya un margen de tiempo previo a la aplicación completa del nuevo sistema. En general, la fecha límite del 29 de marzo es demasiado restrictiva y debería extenderse según lo acuerden el Reino Unido y la UE. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | El CESE entiende que, tras la retirada del Reino Unido, las agencias de homologación de tipo de este país no podrán certificar vehículos con arreglo a la legislación de la UE y que los fabricantes con base en él deberán solicitar la aprobación de una de las veintisiete agencias con base en la UE. Teniendo en cuenta que el gobierno del Reino Unido considera que su agencia debería ser reconocida como agencia de homologación de tipo a nivel internacional, el CESE recomienda que se esclarezca toda confusión relacionada con este tema. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | El CESE observa que esta propuesta se aplicará dentro de los parámetros establecidos en el acuerdo general de retirada del Reino Unido que se haya negociado. Por consiguiente, se recomienda no diluir esta propuesta de ningún modo. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | El CESE señala que las Directivas de la Unión podrían ser objeto de modificaciones y enmiendas en respuesta a nuevas tecnologías, nueva información, etc. Por lo tanto, recomienda que los acuerdos sean los suficientemente flexibles para que puedan llevarse a cabo las negociaciones adecuadas. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | El CESE recomienda que la totalidad de los acuerdos generales de comercio, así como el acuerdo de retirada del Reino Unido como miembro de la Unión, tengan en cuenta el gran mercado que constituyen ambos, y que todos los acuerdos velen por que el mercado no resulte afectado de forma negativa. |
| --- | --- |

1.8.

| 1.9. | El CESE recomienda encarecidamente que los sistemas de información, la formación y el asesoramiento necesarios cuenten con los recursos adecuados y estén a disposición de todos los sectores de la industria de forma transparente, incluidas las partes interesadas del ámbito medioambiental y de los consumidores. |
| --- | --- |

1.9.

| 1.10. | El CESE entiende que, aunque esta propuesta no afecte a los «derechos fundamentales», los derechos del consumidor siempre serán motivo de preocupación y, por lo tanto, recomienda que se tengan en cuenta durante la aplicación. |
| --- | --- |

1.10.

2.   Consideraciones generales

| 2.1. | El 23 de junio de 2016, en un referéndum sobre la pertenencia a la UE, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte decidió abandonarla. Esta decisión incluye a Gibraltar. |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó a la UE su intención de retirarse de la Unión, con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Tras conocer el resultado, se estableció un proceso de negociación de la retirada del Reino Unido con miras a gestionar correctamente los nuevos regímenes jurídicos complejos. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | Una vez acordado, está previsto que el 30 de marzo de 2019 el Reino Unido deje de ser miembro de la UE y pase a ser un tercer país, salvo que el acuerdo proponga una nueva fecha de inicio. |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | Se prevé que la retirada del Reino Unido como miembro de la Unión cree la necesidad de resolver numerosos asuntos prácticos relacionados con la regulación de bienes y servicios en toda la UE. En concreto, a partir la fecha de retirada, las agencias de homologación de tipo de Gran Bretaña ya no desempeñarán ningún papel como regulador de la UE. A su vez, esto tiene consecuencias para la regulación actual y futura de bienes, incluidos los bienes ya homologados. |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | No obstante, ha de tenerse en cuenta que la posición exacta del Reino Unido en relación con la agencia de homologación de tipo del Reino Unido se resolverá en el acuerdo general que aún está en curso de negociación. |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | Entre las numerosas consecuencias se cuenta la perturbación de las diferentes cadenas de suministro de productos, que están programadas al detalle para entregar bienes de forma rentable y puntual en todos los Estados miembros, incluido el Reino Unido. |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | La propuesta también tiene muy en cuenta la necesidad de mantener todas las normas de calidad, así como garantizar que no se diluyan las normas de protección del medio ambiente y los consumidores. |
| --- | --- |

2.7.

| 2.8. | La propuesta podría servir de modelo para otros acuerdos similares y, en este contexto, es esencial que tenga el apoyo de todas las partes interesadas, así como del gran público. |
| --- | --- |

2.8.

| 2.9. | La propuesta afirma que no habrá consecuencias para la protección de los derechos fundamentales. No obstante, el CESE señala que los cambios en las estructuras normativas que afecten a los bienes siempre tendrán consecuencias para los consumidores. |
| --- | --- |

2.9.

| 2.10. | El presente dictamen se centrará en la situación relativa a los sistemas de homologación de tipo aplicados a motores, vehículos empleados para el transporte de bienes y motores utilizados en maquinaria fija. |
| --- | --- |

2.10.

3.   Síntesis de la propuesta de la Comisión

| 3.1. | La propuesta de la Comisión pretende abordar el marco legislativo de la UE que regula el sistema de homologación de tipo según se aplica a varios productos, el cual ya no será válido en el Reino Unido a partir de su retirada de la Unión. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | En concreto, y en función de las disposiciones transitorias que puedan adoptarse en el acuerdo de retirada del Reino Unido, la propuesta de la Comisión apunta que se verán afectadas las normativas siguientes:






  — | la Directiva 2007/46/CE sobre homologación de tipo de vehículos de motor y sus remolques (que se sustituirá por un Reglamento aplicable a partir del 1 de septiembre de 2020); |
| --- | --- | --- |

3.2.

—

la Directiva 2007/46/CE sobre homologación de tipo de vehículos de motor y sus remolques (que se sustituirá por un Reglamento aplicable a partir del 1 de septiembre de 2020);

| — | el Reglamento (UE) n.o 168/2013 sobre homologación de tipo de los vehículos de dos y tres ruedas y cuatriciclos; |
| --- | --- |

—

el Reglamento (UE) n.o 168/2013 sobre homologación de tipo de los vehículos de dos y tres ruedas y cuatriciclos;

| — | el Reglamento (UE) n.o 167/2013 sobre homologación de tipo de los vehículos agrícolas y forestales, y |
| --- | --- |

—

el Reglamento (UE) n.o 167/2013 sobre homologación de tipo de los vehículos agrícolas y forestales, y

| — | el Reglamento (UE) n.o 2016/1628 sobre homologación de tipo de los motores para máquinas móviles no de carretera. |
| --- | --- |

—

el Reglamento (UE) n.o 2016/1628 sobre homologación de tipo de los motores para máquinas móviles no de carretera.

| 3.3. | La propuesta también clarifica que la actual autoridad de homologación de tipo del Reino Unido no podrá seguir siéndolo con arreglo a la legislación de la UE. Por tanto, a fin de lograr el cumplimiento continuo de la legislación de la UE y mantener el acceso a los mercados europeos, los fabricantes que obtuvieron homologaciones en el Reino Unido necesitarán homologaciones nuevas emitidas por cualquier autoridad de homologación de tipo de uno de los veintisiete Estados miembros. Esto incluye a los productos que ya estén en producción. |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Si bien la situación tendrá consecuencias considerables para el papel futuro de la autoridad de homologación de tipo del Reino Unido, también despierta serias preocupaciones por el futuro de la fabricación de vehículos en el Reino Unido y, por otro lado, dentro de la UE. Estas preocupaciones se centran principalmente en la inseguridad jurídica de las homologaciones de tipo del Reino Unido y la disolución de uno de los principios normativos fundamentales: el mantenimiento de la coherencia normativa en toda la Unión Europea. |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | La propuesta pretende abordar estos temas por medio de modificaciones temporales de las normas actuales, de modo que los fabricantes afectados puedan solicitar homologaciones a cualquiera de las veintisiete agencias de la UE con la mayor facilidad posible. Sus argumentos principales son que:






  — | permite explícitamente a los fabricantes afectados solicitar a las autoridades de homologación de tipo de los veintisiete Estados miembros nuevas homologaciones para tipos existentes; |
| --- | --- | --- |

3.5.

—

permite explícitamente a los fabricantes afectados solicitar a las autoridades de homologación de tipo de los veintisiete Estados miembros nuevas homologaciones para tipos existentes;

| — | autoriza a no repetir los ensayos en los que se basan las homologaciones de tipo del Reino Unido debido a que el servicio técnico no fuera designado y notificado previamente por la autoridad homologación de tipo de uno de los veintisiete Estados miembros; |
| --- | --- |

—

autoriza a no repetir los ensayos en los que se basan las homologaciones de tipo del Reino Unido debido a que el servicio técnico no fuera designado y notificado previamente por la autoridad homologación de tipo de uno de los veintisiete Estados miembros;

| — | establece que estas homologaciones solo se concederán si se cumplen los requisitos aplicables a nuevos vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes, y no los aplicables a nuevos tipos; |
| --- | --- |

—

establece que estas homologaciones solo se concederán si se cumplen los requisitos aplicables a nuevos vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes, y no los aplicables a nuevos tipos;

| — | propone ayudar a identificar nuevas autoridades de homologación de tipo de productos ya presentes en el mercado antes de la retirada para así evitar que no haya autoridad alguna responsable de efectuar controles de la conformidad en circulación o de expedir una posible orden de recuperación en el futuro. |
| --- | --- |

—

propone ayudar a identificar nuevas autoridades de homologación de tipo de productos ya presentes en el mercado antes de la retirada para así evitar que no haya autoridad alguna responsable de efectuar controles de la conformidad en circulación o de expedir una posible orden de recuperación en el futuro.

| 3.6. | La propuesta de la Comisión reconoce la necesidad de proteger a los consumidores en materia de seguridad de los vehículos y mantenimiento de las normas medioambientales. |
| --- | --- |

3.6.

| 3.7. | La propuesta clarifica que el trabajo de las autoridades de homologación de tipo no se limita a la producción o comercialización de un vehículo, sistema, componente o unidad técnica independiente, sino que se extiende a lo largo de varios años después de la puesta en venta de dichos productos. |
| --- | --- |

3.7.

4.   Observaciones

| 4.1. | Los fabricantes de vehículos necesitan nuevos certificados para los modelos nuevos, cuya comercialización tiene lugar aproximadamente cada siete años, pero también para los cambios significativos en los diseños y motores, que suceden con mayor frecuencia. Esto incrementa claramente la necesidad de garantizar que, tras el Brexit, tenga lugar un reajuste fluido de los mecanismos reguladores necesarios para su producción. |
| --- | --- |

4.1.

| 4.2. | Aproximadamente el 56 % de las exportaciones de vehículos del Reino Unido va destinado a Europa, mientras que solo alrededor del 7 % de las exportaciones de vehículos de Europa se destina al Reino Unido. No obstante, los datos de medición de las funciones del mercado relativos al suministro de recambios reflejan un conglomerado de acuerdos más complejo, que requeriría un régimen normativo fluido. |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | El CESE observa que, a pesar de la publicación de esta propuesta, no puede evaluarse su efecto debido a la gran incertidumbre que pesa sobre las negociaciones actuales entre la UE y el Reino Unido. |
| --- | --- |

4.3.

| 4.4. | El CESE considera que la propuesta se ajusta más al éxito de la negociación de un acuerdo entre Gran Bretaña y la UE, que entrañe un consenso suficiente para la aplicación de medidas que permitan que el comercio tenga lugar de una manera u otra en el marco de una unión aduanera o de un mercado único. |
| --- | --- |

4.4.

| 4.5. | El CESE está de acuerdo con el siguiente comunicado, publicado por la Cámara de los Comunes (quinto informe de la sesión 2017-2019, titulado «El impacto del Brexit en el sector automovilístico»): «Es difícil prever si basar la producción en el Reino Unido sería económicamente viable para los grandes fabricantes multinacionales, que constituyen el grueso del sector automovilístico del Reino Unido, en el caso de ausencia de acuerdo o de aplicación de los aranceles de la OMC». Por lo tanto, en el caso de que no haya un acuerdo, la propuesta deberá revisarse a fin de garantizar que es lo suficientemente firme como para estar preparada para tal caso. |
| --- | --- |

4.5.

| 4.6. | El Reino Unido y la Unión Europea aún no han acordado cuál será la situación exacta del organismo de homologación de tipo del Reino Unido y su papel futuro. El CESE considera que resolver este asunto es esencial para que el nuevo régimen normativo tenga éxito. |
| --- | --- |

4.6.

5.   Retos

| 5.1. | El CESE acoge con satisfacción los objetivos de la propuesta, en concreto la intención de reducir los costes en la industria en cuanto a los retrasos en las fronteras y los trámites innecesarios, mientras que se garantiza la aplicación de la norma de más alto nivel. No obstante, el CESE considera que el cumplimiento de estos objetivos supone un gran reto, teniendo en cuenta que ahora debe elaborarse un sistema normativo completamente nuevo. |
| --- | --- |

5.1.

| 5.2. | Sin embargo, el CESE también señala que dicho régimen contribuirá inevitablemente al incremento de los costes, principalmente debido a que Gran Bretaña dejará de ser miembro de la Unión y, al igual que otros no miembros, necesitará acuerdos diferentes. |
| --- | --- |

5.2.

| 5.3. | Los asuntos cubiertos por la reglamentación, como el medio ambiente, los derechos del consumidor y la calidad de los productos, entre otros, están a menudo sujetos a normativas internas y Directivas en vigor de la UE, nuevas o modificadas. El CESE considera que tanto la UE como el Reino Unido deberán velar por que el acuerdo de régimen normativo sea lo suficientemente flexible como para gestionar esto de tal modo que tenga el menor impacto negativo posible. |
| --- | --- |

5.3.

| 5.4. | En la UE, el proceso de fabricación y distribución de vehículos se ha desarrollado con un alto grado de integración. Hay numerosas cadenas de suministro complejas y eficientes en funcionamiento, las cuales, de acuerdo con todos los expertos y el CESE, cambiarán de manera significativa tras la retirada del Reino Unido como miembro de la Unión Europea. El CESE también cree que dicha perturbación reducirá la eficiencia de estos sistemas. |
| --- | --- |

5.4.

| 5.5. | Dado el gran número de vehículos fabricados en Gran Bretaña y exportados a la UE, el CESE se muestra particularmente preocupado por que cualquier exclusión del Reino Unido de este mercado afecte de forma negativa a la competitividad general, lo que a su vez incrementaría los costes en todos los sectores de la economía, así como para los consumidores. Por lo tanto, la propuesta de la Comisión, que defiende la protección de todos estos intereses, ha de garantizar el actual compromiso en este sentido y su consagración en futuros acuerdos. |
| --- | --- |

5.5.

| 5.6. | La complejidad de los cambios propuestos requerirá un sólido compromiso de ambas partes para proporcionar programas amplios de formación e información a la industria, así como a cada agencia de homologación de tipo. Esto supone un reto significativo en materia de recursos y requerirá un tiempo considerable. El requisito del tiempo será particularmente complicado, dado el calendario actual de la retirada del Reino Unido tal y como se estipula en el artículo 50. |
| --- | --- |

5.6.

| 5.7. | Debido al tiempo que está llevando la negociación del acuerdo y el tiempo que se necesita para ajustar varios sistemas, el CESE considera que el período de transición deberá ir más allá de la fecha de retirada de marzo de 2019. |
| --- | --- |

5.7.

| 5.8. | Ya que se considera como un resultado favorable la continuación del sistema actual, que rige el movimiento de vehículos y productos relacionados entre el Reino Unido y la UE, el CESE opina que los vehículos fabricados en el Reino Unido deberán ajustarse a la legislación de la UE. Por consiguiente observa que, salvo que el Reino Unido se beneficie de algún tipo de asociación con la unión aduanera, el mercado único o ambos, esta propuesta será extremadamente difícil de aplicar. |
| --- | --- |

5.8.

| 5.9. | El CESE considera que la nueva condición de no miembro del Reino Unido planteará retos de forma continua al régimen normativo de vehículos fijos y móviles. Por lo tanto, la incapacidad de solucionar estos problemas de forma rápida terminará obligando a los fabricantes a modificar las características de su cadena de suministro actual, lo que podría afectar a la continuidad de los productos disponibles y repercutir en el coste para los consumidores. |
| --- | --- |

5.9.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/100 |
| --- | --- | --- | --- |

6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/100

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 469/2009 relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos»

[COM(2018) 317 final — 2018/0161 (COD)]

(2018/C 440/16)

| Ponente único: | János WELTNER |
| --- | --- |

Ponente único:

János WELTNER

| Consulta | Consejo, 21/6/2018
  Parlamento Europeo, 2.7.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| | |
| Sección competente | Sección de Mercado Único, Producción y Consumo |
| Aprobación en sección | 4.9.2018 |
| Aprobación en el pleno | 20.9.2018 |
| Pleno n.o: | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 167/2/7 |

Consulta

Consejo, 21/6/2018

Parlamento Europeo, 2.7.2018

Fundamento jurídico

Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Sección de Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobación en sección

4.9.2018

Aprobación en el pleno

20.9.2018

Pleno n.o:

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

167/2/7

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El CESE toma nota de que la Comisión, en el correspondiente documento de trabajo de los servicios de dicha institución, ha analizado cuatro opciones para abordar los problemas que se derivan de la actual situación del certificado complementario de protección. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El CESE está de acuerdo con la conclusión de la Comisión Europea, que propone modificaciones en consonancia con la opción 4 (1), esto es, la legislación sobre exenciones de exportación y almacenamiento mediante la modificación del Reglamento (CE) n.o 469/2009. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | El CESE acoge con satisfacción el hecho de que esta propuesta no conlleve ningún cambio para la protección del certificado complementario de protección en lo relativo a la comercialización de productos en el mercado de la UE. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Asimismo, acoge con satisfacción la exclusividad de comercialización en los Estados miembros de los titulares de certificados complementarios de protección de la UE durante todo el período de protección de los certificados. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | El CESE considera fundamental que, en los mercados de terceros países en los que no exista protección o esta ya haya expirado, los fabricantes establecidos en la UE que introducen genéricos y biosimilares en estos mercados disfruten de una competencia leal. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | El CESE apoya firmemente las salvaguardias que garantizan la transparencia y protegen frente al posible desvío hacia el mercado de la Unión de genéricos y biosimilares cuyo producto original esté protegido por un certificado complementario de protección. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | El CESE respalda la postura de la Comisión en cuanto a las pymes, puesto que desempeñan un papel importante en la fabricación de genéricos y el desarrollo de biosimilares. Las pymes podrán planificar mejor sus actividades de mercado si el nuevo certificado complementario de protección entra en vigor. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | El CESE apoya el plan de la Comisión de realizar una evaluación de la legislación relativa a los medicamentos huérfanos y de uso pediátrico, con un nuevo análisis en 2018-2019. |
| --- | --- |

1.8.

| 1.9. | El CESE entiende la posición de la Comisión de que, aunque sería beneficioso, la Comisión no presentará por el momento ninguna propuesta de certificado complementario de protección unitario, ya que el paquete de patentes unitarias aún no ha entrado en vigor. |
| --- | --- |

1.9.

| 1.10. | El CESE apoya la modificación del Reglamento (CE) n.o 469/2009, tal como se contempla en el documento COM(2018)317. Al mismo tiempo, el CESE recomienda que la Comisión proponga la modificación de este Reglamento, como se contempla en el documento COM mencionado, a fin de garantizar la aplicación de una exención de fabricación al certificado complementario de protección. |
| --- | --- |

1.10.

2.   Antecedentes

| 2.1. | Un certificado complementario de protección ampliará el período de protección efectiva de las patentes de medicamentos nuevos, en caso de que se requiera una autorización para su comercialización. |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | El titular de una patente y de un certificado complementario de protección se beneficia de un máximo de quince años de protección desde el momento en que el producto en cuestión obtiene por primera vez la autorización de comercialización en la UE. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | Los beneficios de un certificado complementario de protección para su titular son considerables. Puesto que un certificado complementario de protección confiere los mismos derechos que una patente de base, el monopolio resultante de la patente de base (de referencia) se amplía y permite a su titular impedir que los competidores hagan uso de la invención (fabricar un medicamento, ponerlo a la venta, almacenarlo, etc.) en aquellos Estados miembros donde se ha concedido un certificado complementario de protección. |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | El certificado complementario de protección sirve para compensar la inversión destinada a la investigación. También debería compensar la investigación posterior, el seguimiento y el tiempo de espera transcurrido desde que se presenta la solicitud de patente y se obtiene la autorización de comercialización de dicho producto. |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | En la UE, la concesión de un certificado complementario de protección está sujeta a las siguientes condiciones: |
| --- | --- |

2.5.

| 2.5.1. | en la fecha de solicitud de protección complementaria el producto ya está protegido por una patente de base; |
| --- | --- |

2.5.1.

| 2.5.2. | el producto no ha sido ya objeto de un certificado; |
| --- | --- |

2.5.2.

| 2.5.3. | se ha concedido una primera autorización administrativa válida para comercializar el producto como medicamento. |
| --- | --- |

2.5.3.

| 2.6. | Las opiniones de los interesados (2) indican que los certificados complementarios de protección actuales colocan a los fabricantes de genéricos y biosimilares establecidos en la UE en desventaja frente a los fabricantes en condiciones de producir genéricos y biosimilares fuera de la UE. |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | En su forma actual, el certificado complementario de protección de la UE aumenta la dependencia de las importaciones de medicamentos y productos farmacéuticos de terceros países. |
| --- | --- |

2.7.

| 2.8. | El mercado global de los productos farmacéuticos ha cambiado. Las economías de rápido crecimiento («farmergentes») junto con el envejecimiento de la población en las regiones industrializadas tradicionales han impulsado una demanda masiva de medicamentos. El gasto total global en medicamentos aumentó de 950 000 millones EUR en 2012 a 1,1 billones EUR en 2017 (Estados Unidos 40 %, China 20 % y la UE menos del 15 %). Los biológicos representarán el 25 % del valor del mercado farmacéutico en 2022. Esto viene acompañado de un giro hacia una cuota de mercado cada vez mayor para los genéricos y biosimilares, que podrían representar un 80 % del volumen de medicamentos en 2020 y alrededor del 28 % de las ventas mundiales. |
| --- | --- |

2.8.

| 2.9. | Según Medicines for Europe, el 56 % del volumen de medicamentos suministrados hoy en día en la UE son genéricos/biosimilares. |
| --- | --- |

2.9.

| 2.10. | La exención Bolar (3) ha eliminado un efecto secundario involuntario de una fuerte protección de patentes, basándose en el argumento de que la libre competencia debería permitirse tan pronto como expire la protección. Constituye una dispensa de fabricación para fines de pruebas y ensayos clínicos, y su objetivo era garantizar que un genérico pudiera comercializarse lo antes posible una vez expirara la protección de la patente o del certificado complementario de protección. |
| --- | --- |

2.10.

| 2.11. | Respecto a la dispensa de fabricación para el certificado complementario de protección, las empresas de la UE se enfrentan a una situación similar a la situación previa a la exención Bolar. Si bien el propósito legítimo de un certificado complementario de protección es evitar la fabricación de productos competidores para los fines de comercialización en el mercado de la UE mientras el certificado complementario de protección está en vigor, este tiene dos consecuencias imprevistas e involuntarias, a saber: |
| --- | --- |

2.11.

| 2.11.1. | impide la fabricación de genéricos y biosimilares en la UE y su exportación a terceros países (donde no hay protección legal) durante el período de validez del certificado complementario de protección de la UE; e |
| --- | --- |

2.11.1.

| 2.11.2. | impide su fabricación en la UE (y su posterior almacenamiento) con la suficiente antelación para ser comercializados en la UE desde el primer día. |
| --- | --- |

2.11.2.

| 2.12. | Los fabricantes de genéricos y biosimilares (establecidos en un Estado miembro donde se ha presentado una solicitud de certificado complementario de protección para el medicamento de referencia) se enfrentan a los siguientes problemas: |
| --- | --- |

2.12.

| 2.12.1. | Durante el período de protección que abarca el certificado del medicamento de referencia en la UE, los fabricantes no pueden fabricar dicho medicamento para ningún fin, ni siquiera para su exportación fuera de la UE a países donde la protección del certificado complementario de protección del medicamento de referencia ha expirado o nunca haya existido, mientras que los fabricantes establecidos en estos terceros países sí pueden hacerlo. |
| --- | --- |

2.12.1.

| 2.12.2. | Inmediatamente después de la expiración del certificado: no están listos para entrar en el mercado de la UE desde el primer día, puesto que el sistema del certificado complementario de protección de la UE no permite la fabricación en la UE hasta entonces. Por el contrario, los fabricantes establecidos en terceros países donde la protección del certificado complementario de protección del medicamento de referencia ha expirado antes, o nunca ha existido, pueden estar listos para entrar en el mercado de la UE desde el primer día, a través de exportaciones, y obtener así una ventaja competitiva considerable. |
| --- | --- |

2.12.2.

| 2.13. | El sector de los genéricos/biosimilares da trabajo actualmente a 160 000 personas en la UE (Medicines for Europe). Debe evitarse la pérdida de puestos de trabajo, especialmente de aquellos altamente cualificados, la pérdida de conocimientos técnicos y la fuga de cerebros a países fuera del territorio de la UE, en particular Asia, con un cambio urgente en la regulación de los certificados complementarios de protección. |
| --- | --- |

2.13.

| 2.14. | La UE fue pionera en el desarrollo de procedimientos reglamentarios para la aprobación de biosimilares: la Agencia Europea de Medicamentos autorizó el primer biosimilar en 2006, mientras que la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) no lo hizo hasta 2015. Existen, no obstante, claros indicios de que Europa está perdiendo su ventaja competitiva y sus socios comerciales están recuperando terreno. Por lo tanto, es urgente que la UE recupere la competitividad de los fabricantes de genéricos y biosimilares establecidos en la UE. No hacer nada o posponer una iniciativa solo debilitaría aún más la industria de la UE y diluiría la ventaja competitiva obtenida por la UE, en particular en el sector de los biosimilares, por haber sido pionera en su momento. |
| --- | --- |

2.14.

| 2.15. | De acuerdo con la Estrategia para el Mercado Único, es necesario un reajuste selectivo de determinados aspectos de los certificados complementarios de protección, con el objetivo de hacer frente a los siguientes problemas: |
| --- | --- |

2.15.

| 2.15.1. | la pérdida de mercados de exportación en terceros países no protegidos; |
| --- | --- |

2.15.1.

| 2.15.2. | la entrada en los mercados de los Estados miembros desde el primer día para fabricantes de genéricos y biosimilares establecidos en la UE mediante la introducción de una «exención de fabricación al certificado complementario de protección» en la legislación en materia de certificados complementarios de protección de la UE por la que se permita la fabricación de genéricos y biosimilares dentro de la UE durante el período de validez del certificado complementario de protección; |
| --- | --- |

2.15.2.

| 2.15.3. | la fragmentación resultante de la aplicación desigual del régimen actual del certificado complementario de protección en los Estados miembros, que podría solucionarse en conexión con la futura patente unitaria y con la posible creación, en una fase ulterior, de un certificado complementario de protección unitario; |
| --- | --- |

2.15.3.

| 2.15.4. | una aplicación fragmentada de la exención de patente Bolar con fines de investigación. |
| --- | --- |

2.15.4.

3.   Observaciones generales

| 3.1. | ¿Qué cabe esperar del nuevo Reglamento? |
| --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | El refuerzo y el mantenimiento de la capacidad de fabricación y de los conocimientos técnicos en la UE, reduciendo así la deslocalización y la externalización innecesarias. |
| --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | El refuerzo del acceso de los pacientes de la UE a los medicamentos, al diversificarse las fuentes geográficas de suministro y favorecerse así la producción nacional. |
| --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | La eliminación de obstáculos a la creación de empresas de genéricos y biosimilares en la UE, en especial para las pymes, que experimentan más dificultades para superar trabas y pueden tener dificultades si han de hacer frente a la competencia de terceros países. |
| --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Puesto que la capacidad de fabricación establecida para fines de exportación puede utilizarse, antes de que expire el certificado, para proveer al mercado de la UE desde el primer día tras su expiración, también se espera que fomente en cierta medida el acceso a los medicamentos en la Unión, al permitir que los genéricos y biosimilares entren en el mercado con mayor rapidez tras el vencimiento de los certificados, lo que garantizaría la disponibilidad de una mayor variedad de medicamentos asequibles una vez finalizado el período de protección de la patente y del certificado complementario de protección. Esto debería repercutir de manera positiva en los presupuestos de sanidad nacionales. |
| --- | --- |

3.1.4.

| 3.1.5. | La propuesta aumentará en cierta medida la accesibilidad de los medicamentos para los pacientes de la UE, especialmente en aquellos Estados miembros en los que resulta difícil acceder a algunos medicamentos de referencia (por ejemplo, determinados biológicos), puesto que creará las condiciones necesarias para ayudar a que los genéricos y los biosimilares afines puedan entrar más rápidamente en el mercado de la Unión una vez que los certificados aplicables hayan vencido. Asimismo, permitirá diversificar el origen geográfico de los medicamentos disponibles en la UE, de modo que se reforzarán la cadena de suministro y la seguridad de suministro. |
| --- | --- |

3.1.5.

4.   Observaciones específicas

| 4.1. | La Comisión podría encontrar alguna vía para usar fondos de la UE con objeto de apoyar el desarrollo de la capacidad de fabricación en los Estados miembros con fines de exportación durante el período de validez del certificado complementario de protección. En el caso de determinados productos, esto podría permitir un aumento más rápido de la producción para entrar en el mercado de la UE desde el primer día. |
| --- | --- |

4.1.

| 4.2. | La Comisión podría apoyar las actividades de las ONG interesadas que vayan destinadas al desarrollo de indicadores para el seguimiento y la evaluación de los nuevos certificados complementarios de protección con vistas a la futura evolución de la cuota de mercado de la UE de genéricos y biosimilares fabricados en la UE. |
| --- | --- |

4.2.

Bruselas, 20 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  SWD(2018) 240 final, p. 29.

1

(2)  SWD(2018) 242 final.

2

(3)  Directivas 2001/83/CE y 2001/82/CE.

3

---

| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/104 |
| --- | --- | --- | --- |

6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/104

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica y se corrige el Reglamento (UE) n.o 167/2013, relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos

[COM(2018) 289 final — 2018/0142 (COD)]

(2018/C 440/17)

| Ponente: | Mindaugas MACIULEVIČIUS |
| --- | --- |

Ponente:

Mindaugas MACIULEVIČIUS

| Consulta | Parlamento Europeo, 28/05/2018
  Consejo, 1.6.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Mercado Único, Producción y Consumo |
| Aprobado en sección | 4.9.2018 |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 190/2/3 |

Consulta

Parlamento Europeo, 28/05/2018

Consejo, 1.6.2018

Fundamento jurídico

Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobado en sección

4.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

190/2/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El CESE acoge favorablemente esta propuesta de Reglamento por el que se modifica y se corrige el Reglamento (UE) n.o 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1). La propuesta se ha elaborado sobre la base de la información recibida por las partes interesadas y los Estados miembros durante el primer período de aplicación, por lo que debería aprobarse. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El CESE apoya la propuesta de prorrogar por otros cinco años más los poderes de la Comisión para adoptar los actos delegados necesarios, dada la necesidad de seguir actualizando diversos elementos del proceso de homologación de tipo. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | El CESE acoge con satisfacción el firme compromiso de la Comisión de consultar a las distintas partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales, sobre todas y cada una de las iniciativas en este ámbito. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | El CESE reconoce el trabajo realizado por la Comisión a nivel internacional. Las nuevas normas introducidas mediante actos delegados se definen en estrecha cooperación con órganos de trabajo internacionales como la CEPE y grupos de trabajo específicos de la OCDE. |
| --- | --- |

1.4.

2.   La propuesta de la Comisión

| 2.1. | La propuesta de la Comisión adapta al progreso técnico el Reglamento (UE) n.o 167/2013 actualizando determinados requisitos y corrigiendo errores de redacción en respuesta a las observaciones de las partes interesadas y los Estados miembros durante el primer período de ejecución. |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Más concretamente, el acto introduce aclaraciones en dos definiciones de categorías de tractores y corrige determinados términos importantes para una aplicación uniforme del Reglamento que no deje margen a interpretaciones, así como las referencias a un acto legislativo derogado. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | El Reglamento (UE) n.o 167/2013 otorga poderes a la Comisión para adoptar los requisitos técnicos detallados, procedimientos de ensayo y valores límite, cuando proceda, en cuatro actos delegados sobre: i) seguridad laboral (requisitos de fabricación de vehículos), ii) seguridad funcional, iii) dispositivos de frenado y iv) eficacia medioambiental y de funcionamiento de la propulsión. Estos poderes ya expiraron el 21 de marzo de 2018. |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | La propuesta analizada prorroga los poderes conferidos a la Comisión para adoptar actos delegados durante cinco años más y prevé su prórroga tácita a no ser que el Consejo o el Parlamento Europeo se opongan expresamente. |
| --- | --- |

2.4.

3.   Observaciones generales

| 3.1. | El CESE acoge favorablemente esta propuesta de Reglamento por el que se modifica y se corrige el Reglamento (UE) n.o 167/2013. Responde a las preocupaciones planteadas por las partes interesadas y los Estados miembros y, al mejorar determinados requisitos y corregir una serie de errores de redacción, mejora la aplicabilidad y la claridad del texto jurídico. Obviamente, esto redunda en beneficio de todas las partes implicadas. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Por lo que se refiere a la prórroga por cinco años más de la facultad conferida a la Comisión de adoptar actos delegados, el CESE suscribe en principio la propuesta y celebra que, como siempre había pedido, la Comisión haya considerado oportuno prorrogar la delegación durante un período determinado y prorrogable, salvo oposición del Consejo y el Parlamento (2). |
| --- | --- |

3.2.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  DO C 60 de 2.3.2013, p. 1; DO C 54 de 19.2.2011, p. 42.

1

(2)  DO C 345 de 13.10.2017, p. 67.

2

---

| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/106 |
| --- | --- | --- | --- |

6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/106

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad. El marco financiero plurianual para el período 2021-2027»

[COM(2018) 321 final]

«Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027»

[COM(2018) 322 final/2-2018/0166 (APP)]

«Propuesta de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea»

[COM(2018) 325 final-2018/0135 (CNS)]

«Propuesta de Reglamento del Consejo sobre los métodos y el procedimiento de puesta a disposición de los recursos propios basados en la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea y en los residuos de envases de plástico que no se reciclan, y sobre las medidas para hacer frente a las necesidades de tesorería»

[COM(2018) 326 final-2018/0131 (NLE)]

«Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas de ejecución del sistema de recursos propios de la Unión Europea»

[COM(2018) 327 final-2018/0132 (APP)]

y «Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1553/89 del Consejo, relativo al régimen uniforme definitivo de recaudación de los recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor añadido»

[COM(2018) 328 final-2018/0133 (NLE)]

(2018/C 440/18)

| Ponente: | Javier DOZ ORRIT |
| --- | --- |

Ponente:

Javier DOZ ORRIT

| Consulta | Comisión Europea, 18.6.2018
  Consejo de la Unión Europea, 25.7.2018 y 5.9.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| | |
| Sección competente | Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social |
| Aprobación en sección | 7.9.2018 |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 140/3/7 |

Consulta

Comisión Europea, 18.6.2018

Consejo de la Unión Europea, 25.7.2018 y 5.9.2018

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social

Aprobación en sección

7.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

140/3/7

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El CESE reconoce el elevado valor añadido europeo de los programas en los que la propuesta de la Comisión de marco financiero plurianual (MFP) para el período 2021-2027 concentra los principales aumentos de gasto. No obstante, el Comité cuestiona que estos aumentos se realicen a costa de importantes recortes en la política de cohesión (– 10 %) y la política agrícola común (PAC, — 15 %), debido al esfuerzo por reducir el presupuesto de la Unión, que pasa del 1,16 % de la renta nacional bruta (RNB) de la EU-27 en los presupuestos actuales a tan solo el 1,11 % en el MFP posterior a 2020. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | La UE se enfrenta a importantes retos, como la superación de las consecuencias sociales y políticas negativas de la crisis y los riesgos externos derivados de la inestabilidad geopolítica y el nacionalismo económico. Su objetivo debería ser desplegar su considerable potencial económico y político en la promoción de políticas sociales, económicas y de empleo avanzadas y orientadas al crecimiento que garanticen una distribución justa de sus beneficios, en la necesidad urgente de combatir el cambio climático y en la financiación de una transición hacia una Europa sostenible (en el contexto del artículo 3 del TUE), así como en el aprovechamiento de las oportunidades derivadas del auge de la inteligencia artificial, la digitalización y la Industria 4.0. Todo ello requiere un mayor esfuerzo presupuestario. El CESE, de conformidad con la posición del Parlamento Europeo (1), propone que la cifra de los gastos e ingresos ascienda al 1,3 % de la RNB. El nivel propuesto de compromisos del 1,11 % de la RNB de la UE es demasiado modesto para llevar a término de forma creíble la agenda política de la UE. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | En consonancia con su Dictamen sobre el «Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE» (2), el CESE reitera que los europeos necesitan más Europa (y una Europa mejor) para superar la crisis política en la UE. Las facultades y recursos financieros atribuidos actualmente a la UE son cada vez menos acordes con las preocupaciones y expectativas de los europeos. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | El CESE reconoce las mejoras que se introducen en la propuesta de la Comisión en lo que respecta a la estructura, la flexibilidad y la capacidad de promover sinergias, así como el aumento del porcentaje de ingresos procedentes de recursos propios de la UE. No obstante, este último es insuficiente. En la propuesta de la Comisión sobre el MFP posterior a 2020, los ingresos únicamente incluyen una parte de las propuestas del Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios» y del Parlamento Europeo, que abogaban por una gama más amplia de nuevas fuentes de recursos propios. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Aunque entiende los motivos de la propuesta de la Comisión, el CESE expresa, no obstante, su desacuerdo con la reducción, a precios constantes, del 12 % del importe asignado al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del 46 % del Fondo de Cohesión con respecto a los presupuestos actuales, que figura en la propuesta de MFP 2021-2027. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | El CESE manifiesta su desacuerdo con la reducción, en términos reales, de un 6 % del compromiso propuesto para el Fondo Social Europeo (FSE+), en especial habida cuenta de la reciente proclamación interinstitucional del pilar europeo de derechos sociales y el objetivo de crear empleos de calidad, en noviembre de 2017. Tal y como señaló en su reciente Dictamen sobre la «Financiación del pilar europeo de derechos sociales» (3), el CESE confiaba en que los principios de dicho pilar y la necesidad de su aplicación, en particular en lo referente al empleo, constituyeran uno de los hilos conductores de la asignación propuesta para los compromisos previstos en el próximo MFP. Debería establecerse un programa específico para ayudar a los Estados miembros a aplicar la Declaración de Gotemburgo sobre el pilar europeo de derechos sociales a fin de apoyarlos en sus esfuerzos por emprender reformas para impulsar la creación de empleos de calidad en el contexto del desarrollo sostenible. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | El CESE considera que la financiación de las políticas de cohesión (la suma del FEDER, el Fondo de Cohesión y el FSE) debería mantenerse en el MFP 2021-2027, al menos con los mismos recursos, a precios constantes, que en el actual marco financiero. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | El CESE acoge con satisfacción que la Comisión haga referencia a las inversiones estratégicas clave que son fundamentales para la prosperidad futura de Europa y su liderazgo en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) acordados a escala mundial. No obstante, el CESE está firmemente convencido de que los ODS y, en particular, la Agenda 2030, deberían haber recibido una mención más destacada, puesto que la Agenda 2030 será sin duda una estrategia principal para la UE durante los próximos años. |
| --- | --- |

1.8.

| 1.9. | El Comité reconoce los aumentos sustanciales de los compromisos para el Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (+ 46 %). No obstante, el Comité, que ya expresó su apoyo al programa de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para 2030 y a los objetivos de la UE de contribuir a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono para 2050, destaca también la falta de ambición en la cuota del presupuesto dedicada a la transición hacia el desarrollo sostenible y a la lucha contra el cambio climático. |
| --- | --- |

1.9.

| 1.10. | El CESE considera que, si bien establecer un mecanismo de estabilización de las inversiones para los miembros de la zona del euro afectados por perturbaciones nacionales específicas dentro del presupuesto de la UE es un paso en la dirección correcta, los compromisos previstos tanto en términos de garantías de préstamo como de subvenciones para el pago de los intereses de estos préstamos son demasiado reducidos para marcar la diferencia durante una crisis. Este programa único y limitado del posible presupuesto para la zona del euro no forma parte de ninguna de las estrategias de reforma de la UEM que se menciona en el MFP posterior a 2020. |
| --- | --- |

1.10.

| 1.11. | El CESE cuestiona los recortes propuestos (un - 15 % en términos reales en comparación con la EU-27, incluido el FED entre 2014-2020 y 2021-2027) en los compromisos previstos para la política agrícola común (PAC). Dichos recortes imposibilitarán la aplicación de un modelo de desarrollo rural sostenible —un objetivo global de la nueva reforma de la PAC— y de otros objetivos incluidos en la reciente Comunicación de la Comisión sobre el futuro de los alimentos y la agricultura. |
| --- | --- |

1.11.

| 1.12. | El CESE felicita a la Comisión Europea por la propuesta de una cesta de nuevos recursos propios. Sin embargo, también considera que es probable que las propuestas actuales no se traduzcan en unos recursos propios lo suficientemente autónomos, transparentes y equitativos. No obstante, el CESE se muestra a favor de aplicar rápidamente una reforma coherente del sistema, que permita aumentar el porcentaje de ingresos procedentes de los recursos propios y garantizar que los métodos para incrementar los ingresos complementen y refuercen los objetivos de las políticas de la UE. Esta reforma debe basarse en las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios» y del Parlamento Europeo. El Comité llama la atención de las instituciones europeas sobre la complejidad de que todos estos recursos propios estén operativos en el período 2021-2027. |
| --- | --- |

1.12.

| 1.13. | El CESE aplaude la supresión propuesta de las reducciones (o cheques) para los países que han hecho grandes contribuciones a la financiación del presupuesto de la UE. |
| --- | --- |

1.13.

| 1.14. | El CESE apoya la propuesta de que la recepción de fondos de la UE por parte de los Estados miembros esté supeditada al respeto del principio del Estado de Derecho, un pilar fundamental de los valores de la Unión consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), y considera que esta condicionalidad podría extenderse a los restantes principios vinculados al Estado de Derecho y sancionados en los Tratados de la UE. Pide, por tanto, a la Comisión y al PE que estudien esta posibilidad. |
| --- | --- |

1.14.

| 1.15. | El Comité acoge con satisfacción el apoyo a las inversiones proporcionado a través de la garantía InvestEU y la participación prevista de otros socios, como los bancos e instituciones nacionales de fomento o las instituciones financieras internacionales (por ejemplo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, BERD), pero lamenta que el nivel de recursos solo sea suficiente para garantizar una continuación de los niveles anteriores de préstamos del BEI (4), y no tenga en cuenta el gran déficit de inversión de la UE. El Comité pide asimismo la introducción de cambios en el funcionamiento de InvestEU para garantizar que se canalice una cantidad relativamente mayor de fondos hacia los países de renta más baja. Los programas de la UE deberían incluir la promoción de la convergencia, en vez de la divergencia, como un objetivo claro. |
| --- | --- |

1.15.

| 1.16. | El Comité expresa su preocupación por que una interpretación rígida de las condiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y otras condiciones macroeconómicas, así como de los requisitos de cofinanciación de los fondos destinados a la política de cohesión, dificulten que los Estados miembros de la UE que más lo necesitan accedan a esta financiación cuando sea preciso. |
| --- | --- |

1.16.

| 1.17. | El Comité acoge con satisfacción los grandes aumentos propuestos para los programas de investigación y desarrollo de la economía y la sociedad digitales, y subraya la necesidad de una estrategia bien definida para conectar la innovación con una política industrial europea sostenible basada en empleos de alta calidad, entre otras cosas, facilitando la colaboración entre la investigación académica, el sector industrial, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil. |
| --- | --- |

1.17.

| 1.18. | El CESE acoge con satisfacción los cambios que se proponen en relación con los importantes aumentos en términos reales de los programas correspondientes a los instrumentos de migración y gestión de las fronteras y de vecindad, así como de los instrumentos mundiales. La adopción de una política común de asilo, basada en el respeto del Derecho internacional y la solidaridad con los refugiados y entre los Estados, es imperativa, del mismo modo que es urgente también la creación de una política de migración de la UE. El CESE insiste en que se ha de otorgar una atención prioritaria a estos asuntos en la aplicación del MFP. |
| --- | --- |

1.18.

| 1.19. | El Comité reitera que el Semestre Europeo debería ocupar un lugar central en la ejecución de los presupuestos de la UE recurriendo, en la medida de lo posible, a la flexibilidad del nuevo MFP. La participación reforzada de los interlocutores sociales y de la sociedad civil en el Semestre Europeo será necesaria para lograr una aplicación más eficaz y democrática de las directrices del Semestre y para conectar las esferas nacional y europea. |
| --- | --- |

1.19.

| 1.20. | El Comité insta a las instituciones de la UE y a los gobiernos de los Estados miembros a que intensifiquen el trabajo en relación con el MFP posterior a 2020, de modo que pueda aprobarse, de acuerdo con el calendario previsto, antes de las próximas elecciones europeas. |
| --- | --- |

1.20.

2.   Propuesta de la Comisión Europea para el marco financiero plurianual 2021-2027

| 2.1. | El presente dictamen del CESE se centra en el paquete presentado por la Comisión Europea el 2 de mayo de 2018. Este incluye una Comunicación sobre el MFP (5), cuatro propuestas de Reglamento del Consejo (6) y una propuesta de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios (7). |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | El límite máximo propuesto para los créditos de compromiso se ha fijado en 1 135 millones de euros para 2021-2027 (en precios de 2018 e incluido el Fondo Europeo de Desarrollo (FED)) o 1,11 % de la RNB, frente a los 1 082 millones de euros (excluida la contribución del Reino Unido) o 1,16 % de la RNB (excluido el Reino Unido) para el período de 2014-2020. El límite máximo propuesto de los créditos de pago para el mismo período se ha fijado en 1 105 millones de euros (en precios de 2018 e incluido el FED) o 1,08 % de la RNB, frente a 1 045 millones de euros o 0,98 % de la RNB. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | Entre los cambios propuestos, habrá aumentos significativos en términos reales en comparación con el MFP 2014-2020 (EU-27 más FED) para los programas bajo las rúbricas «Mercado único, innovación y economía digital» (+ 43 % hasta 166 300 millones de euros y 14,7 % del presupuesto total, de los cuales 13 100 millones de euros van destinados al programa InvestEU), «Migración y gestión de las fronteras» (+ 210 % hasta 30 800 millones de euros y 2,72 % del presupuesto total) y «Vecindad y resto del mundo» (+ 14 % hasta 108 900 millones de euros y 9,6 % del presupuesto total). Sin embargo, habrá recortes reales considerables para los programas de «Cohesión y valores» (– 12 %, con 242 200 millones de euros para el grupo de programas relativo al desarrollo regional y la política de cohesión y — 10 %, con 330 600 millones de euros para la política de cohesión) y «Recursos naturales y medio ambiente» (– 16 %, con 336 600 millones de euros y 29,7 % del presupuesto total), pero sobre todo para la política de cohesión (– 10 %) y la PAC (– 15 %). |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | Por el lado de los ingresos, el paquete incluye propuestas de elementos adicionales que deben ser considerados dentro del sistema recursos propios de la Unión, mientras que la propuesta de Decisión del Consejo sugiere que, para las solicitudes anuales de recursos propios para pagos, el límite máximo aumentará a 1,29 % de la RNB y 1,35 % de la RNB en compromisos, a fin de satisfacer las mayores necesidades de financiación derivadas de la integración del Fondo Europeo de Desarrollo y de la financiación de nuevas prioridades, a la vez que se garantiza un margen de seguridad suficiente para cumplir las obligaciones financieras. |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | Además del aumento propuesto, la Comisión ha defendido cambios en la estructura de la financiación de la UE. La cuota de recursos propios tradicionales disminuirá ligeramente del 15,8 % al 15 %, y las contribuciones nacionales, del 83 % al 72 %, gracias a una reducción prevista de las contribuciones basadas en la renta nacional bruta del 71 % al 58 %. Una reforma en la utilización del recurso propio basado en el impuesto sobre el valor añadido se traducirá en un aumento de su cuota del 11,9 % al 14 %. Se introducirán nuevos recursos propios, incluidas las contribuciones del régimen de comercio de derechos de emisión, de la nueva base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades propuesta —una vez que pueda introducirse gradualmente—, y una contribución nacional calculada basándose en las cantidades no recicladas de residuos de envases de plástico. Estos nuevos recursos podrían contribuir el 12 % del presupuesto total de la UE. |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | La Comisión Europea propone que, para recibir fondos de las políticas de cohesión, los Estados miembros tengan que cumplir ciertas condiciones macroeconómicas, llevar a cabo reformas estructurales y acatar los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Haber cumplido estas condiciones durante los años anteriores será una condición para recibir ayuda del nuevo mecanismo de estabilización de las inversiones. Asimismo, a fin de mitigar los significativos recortes propuestos en los recursos de las políticas de cohesión y de la PAC, la Comisión propone que se aumente el porcentaje de cofinanciación de proyectos por parte de los Estados miembros. |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | La propuesta de Reglamento sobre la protección del presupuesto en caso de deficiencias generalizadas en el Estado de Derecho tiene como objetivo sancionar las acciones en un Estado miembro que afecten o amenacen con afectar los principios de una buena gestión financiera o la protección de los intereses financieros de la Unión, en particular las derivadas de ataques contra la independencia del poder judicial. Las sanciones pueden llevar a la reducción y la suspensión de los pagos y los compromisos financieros de la UE con el Estado miembro en cuestión. Las sanciones se adoptarán previa presentación de una propuesta por parte de la Comisión, que podrá ser rechazada por el Consejo por mayoría cualificada. |
| --- | --- |

2.7.

3.   Observaciones generales

Contexto político y objetivos generales

| 3.1. | Teniendo en cuenta los retos y los riesgos, internos y externos, que deberá afrontar la UE en la próxima década, la UE necesita una estrategia política clara y un presupuesto fuerte. En consonancia también con su Dictamen previo sobre el «Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE» (8) y la Resolución del Parlamento (9), el CESE propone, por consiguiente, que los compromisos para 2021-2027 alcancen el 1,3 % de la RNB. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | La crisis financiera y económica y su gestión por parte de los responsables políticos europeos han dejado su huella en muchos países europeos en términos de pérdida de competitividad, desaceleración económica, pobreza, desigualdad, ruptura de la cohesión social, así como divergencias entre países. |
| --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | La desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas nacionales y europeas está llevando al crecimiento de movimientos políticos que cuestionan los valores y principios democráticos y la UE misma. Algunos de estos movimientos políticos forman ahora parte de los gobiernos de ciertos Estados miembros de la UE (o es probable que formen parte en un futuro próximo) y han contribuido al resultado del referéndum del Brexit. |
| --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | La vecindad de la Unión Europea se ve gravemente afectada, entre otras cosas, por una creciente presencia de gobiernos antidemocráticos o autoritarios, la guerra en Siria y sus repercusiones a nivel regional y mundial, la grave inestabilidad política y los conflictos armados en Oriente Medio, el Norte de África y el Sahel, la presión demográfica africana y los movimientos migratorios hacia Europa que genera. |
| --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Una de las consecuencias de estos factores es el flujo de refugiados e inmigrantes hacia Europa, a través del Mediterráneo. La adopción de una política común de asilo, basada en el respeto del Derecho internacional y la solidaridad con los refugiados y entre los Estados, es imperativa. También es urgente el establecimiento de una política de migración de la UE. Estas cuestiones y el fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo, en particular con los países de África, requerirán una atención preferente del MFP 2021-2027. Esto se refleja en gran medida en la propuesta de la Comisión, aunque predominan los aspectos relacionados con la seguridad. |
| --- | --- |

3.1.4.

| 3.1.5. | Las decisiones y la ruptura unilateral de acuerdos internacionales muy importantes por el actual Gobierno de los Estados Unidos contribuyen a la inestabilidad geopolítica mundial y entran en conflicto con numerosas políticas europeas, entre ellas la política comercial, la política medioambiental y de lucha contra el cambio climático, la política de vecindad, la promoción de la paz y la prohibición de las armas nucleares, el multilateralismo en las relaciones exteriores y el apoyo al sistema de las Naciones Unidas. |
| --- | --- |

3.1.5.

| 3.1.6. | Europa debe afrontar estos riesgos aprovechando al máximo sus capacidades y desarrollando su potencial en ámbitos como la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico, su capital humano, la competitividad de sus empresas y su economía, y su capacidad de exportación. Debería asimismo maximizar y concretar, dentro de la UE y de cara al mundo, sus valores democráticos y el pleno respeto por el Estado de Derecho, los valores que caracterizan a las sociedades justas, igualitarias y basadas en la solidaridad, y la defensa de la paz y el multilateralismo en las relaciones internacionales. Para lograr todo esto, también es necesario que la UE cuente con un presupuesto sólido. |
| --- | --- |

3.1.6.

| 3.1.7. | La Comisión y el Parlamento Europeo han presentado propuestas de reforma de la UE y la UEM que, en mayor o menor medida, promueven una mayor integración. El final de este proceso es incierto. El mercado único aún no se ha completado y esto, unido a una ralentización de las innovaciones y a la inadecuación creciente de las cualificaciones, pone en riesgo la competitividad europea. El Consejo Europeo aprobó en Gotemburgo una Declaración sobre el pilar europeo de derechos sociales. Alcanzar todos estos objetivos requerirá un compromiso financiero significativo por parte de la UE y sus Estados miembros, y un compromiso político en términos de una inversión eficaz y eficiente de los fondos disponibles. El éxito depende de la participación activa de los interlocutores sociales y la sociedad civil organizada en el proceso decisorio. |
| --- | --- |

3.1.7.

| 3.1.8. | El principal riesgo económico para el futuro de Europa es el déficit de inversión y el hecho de quedarse rezagada respecto de los líderes mundiales en cuanto a innovaciones y su introducción en el mercado. El coeficiente de inversión, en relación con el PIB, está muy por debajo de su nivel anterior a la crisis. |
| --- | --- |

3.1.8.

| 3.1.9. | Promover la inversión para crear empleos sostenibles y de calidad, mejorar la productividad y modernizar la economía y las empresas, impulsar la industria y las innovaciones, fomentar la convergencia entre los Estados miembros, abordar las transiciones verdes y digitales, desarrollar el pilar social, reforzar la cohesión social y erradicar la pobreza, cumplir los objetivos y los compromisos del Acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: estos deben ser los objetivos principales para lograr un modelo europeo de desarrollo sostenible. Para ello, se necesita un presupuesto fuerte para 2021-2027 con programas adecuados que aporten el máximo valor añadido europeo. |
| --- | --- |

3.1.9.

| 3.1.10. | Teniendo en cuenta estos y otros aspectos, el CESE considera que la UE necesita unos presupuestos ambiciosos que sean instrumentos de políticas que desarrollen una estrategia clara para fortalecer a la Unión, con mayor integración, más democracia, un apoyo más firme a los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de la UE, mayor apoyo a las empresas para que hagan frente a los desafíos medioambientales y digitales, una dimensión social más fuerte y un mayor apoyo a la vida rural. Solo de esta manera la UE podrá contener y superar las fuerzas centrífugas internas y hacer frente a los riesgos geopolíticos externos. |
| --- | --- |

3.1.10.

Capítulo de gastos del nuevo MFP

| 3.2. | Sin embargo, la propuesta de la Comisión parece excesivamente orientada a preservar el statu quo, lo que representa un desajuste entre la naturaleza y la dimensión de los nuevos desafíos de la UE, y sus ambiciones y los recursos disponibles para alcanzarlas. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | El artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que la UE debe promover el crecimiento sostenible, respetando el medio ambiente. La emergencia climática se ha convertido ahora en una prioridad absoluta, también para el CESE, y constituye un marco de acción global no solo para las autoridades públicas, sino también para los agentes económicos, los trabajadores y los ciudadanos. En consecuencia, debe organizarse y, sobre todo, financiarse una amplia transición económica, social y medioambiental (10). |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | El CESE acoge con satisfacción los cambios en la estructura del presupuesto, con la reorganización de las rúbricas y la consolidación de programas, y la mejora de los mecanismos de flexibilidad que permitirán un MFP más ágil, a la vez que se mantiene la estabilidad que este ofrece. |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | Aunque entiende los motivos de la propuesta de la Comisión, el CESE expresa, no obstante, su desacuerdo con la reducción, a precios constantes, del 12 % del importe asignado al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del 46 % del Fondo de Cohesión con respecto a los presupuestos actuales, que figura en la propuesta de MFP 2021-2027. |
| --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Los datos sugieren que la crisis ha conducido al resurgimiento de divergencias en la renta per capita, especialmente entre el norte y el sur (11). A pesar de que la proporción de la población de la EU-27 que vive en regiones «menos desarrolladas» (con un PIB per capita menor al 75 % del promedio de la UE) ha ido disminuyendo desde 2010, la de la población de la EU-27 que vive en regiones en «transición» (con un PIB per capita entre 75 % y 90 % del promedio de la UE) ha ido en aumento. Sin embargo, esto es en parte porque la proporción de la población de la EU-27 que vive en regiones «desarrolladas» ha ido disminuyendo debido a los efectos de la crisis (12). Por tanto, la convergencia que se ha venido produciendo no es toda una convergencia al alza de las rentas. Se necesita más inversión pública en sanidad, educación e inclusión social, en particular en el nivel local y regional, y debería facilitarse mediante la aplicación de la regla de oro que el Comité ha recomendado en varios de sus dictámenes más recientes: los gastos de inversión, en particular los que promueven el crecimiento sostenible a largo plazo, no deben contabilizarse a efectos del cumplimiento de los objetivos de déficit del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que seguirá garantizando de este modo la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. |
| --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | En este contexto, el CESE observa que las condiciones económicas y sociales varían significativamente de unas regiones a otras, entre algunas de las cuales se han producido divergencias en los últimos años, incluso en los países relativamente más ricos. Esta situación debería reflejarse en la política de cohesión mediante la introducción de nuevos indicadores sociales alternativos, como la tasa de empleo, la tasa de actividad de grupos destinatarios, la pobreza y las medidas de inclusión social, además del PIB per capita relativo. |
| --- | --- |

3.5.2.

| 3.6. | El CESE manifiesta su desacuerdo con los recortes reales propuestos de los compromisos para el Fondo Social Europeo Plus (– 6 % en términos reales para el período de 2021-2027 en comparación con 2014-2020). El recorte real será mayor dado que la Garantía Juvenil será incluida en el FSE+. De hecho, este fondo debería permanecer al menos estable en términos reales con respecto a los valores de 2020, dado que proporciona los medios financieros básicos a través de los cuales la UE puede apoyar la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, un elemento clave para reforzar la dimensión social de la UE y fomentar la convergencia al alza de las normas sociales. Los porcentajes de cofinanciación nacionales mínimos no deberían aumentar puesto que impedirán que algunos Estados miembros inviertan en determinadas regiones, desaprovechando así las oportunidades de obtener valor añadido europeo. La aplicación del pilar europeo de derechos sociales también puede fomentar una mayor resiliencia entre los Estados miembros de la zona del euro y, por ende, mejorar el funcionamiento de la UEM. Las acciones conjuntas de los interlocutores sociales a nivel europeo, nacional y regional son una herramienta indispensable para lograr dicho objetivo. El CESE lamenta, así pues, que estas acciones, a diferencia de lo que ocurre en el actual período de programación, no se mencionen explícitamente en el proyecto de Reglamento e invita a la Comisión a que reintroduzca la disposición. |
| --- | --- |

3.6.

| 3.7. | El CESE considera que la financiación de las políticas de cohesión (la suma del FEDER, el Fondo de Cohesión y el FSE) debería mantenerse en el MFP 2021-2027, al menos con los mismos recursos, a precios constantes, que en el actual marco financiero. |
| --- | --- |

3.7.

| 3.8. | El CESE, tal y como afirma en su Dictamen «El futuro de los alimentos y de la agricultura» (13), considera necesario emprender una nueva reforma de la PAC que, a la vez que mantenga sus dos pilares, los reoriente canalizando la ayuda directa en mucha mayor medida hacia los agricultores y ganaderos, las pequeñas y medianas empresas y las granjas familiares, y estima que los fondos para el desarrollo rural deben utilizarse para promover un modelo sostenible que tenga en cuenta los compromisos adquiridos con el Acuerdo de París y los ODS de las Naciones Unidas. La financiación de la infraestructura social en las comunidades rurales a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural ha constituido un aspecto muy importante de las políticas activas de la UE contra la despoblación rural y ha ayudado a los habitantes de las zonas rurales, a los agricultores y a las pequeñas empresas y comunidades. Los recortes significativos que propone la Comisión para la PAC (– 15 %) dificultan el avance en esta dirección o la consecución de los objetivos formulados en la Comunicación de la Comisión sobre el futuro de los alimentos y de la agricultura. |
| --- | --- |

3.8.

| 3.9. | El CESE acoge con satisfacción la propuesta de crear un mecanismo de estabilización para la zona del euro en el presupuesto de la UE. Este mecanismo tendrá el objetivo de proteger el gasto en inversión de los Estados miembros de la zona del euro en caso de perturbaciones nacionales específicas que ejerzan presión sobre sus presupuestos públicos. Esta es una reforma necesaria para hacer que la UEM sea más resiliente y evitar que se pongan en marcha dinámicas de divergencia entre los Estados miembros. |
| --- | --- |

3.9.

| 3.9.1. | Sin embargo, el Comité cree que este mecanismo, tal como se propone, no proporcionará la estabilización suficiente en caso de crisis. Solo permitiría préstamos cruzados limitados para los Estados miembros afectados. El importe de 30 000 millones de euros es insuficiente para permitir préstamos a más de un país al mismo tiempo (14). De forma similar, la subvención de los pagos de intereses con un importe de hasta 600 millones de euros anuales correspondientes a estos préstamos a bajo interés ofrecería un alivio insignificante a los Estados miembros y, por tanto, una estabilización insuficiente en la zona del euro. Un margen más amplio para los compromisos de pago, que requeriría un límite máximo de contribuciones superior, sería un primer paso para permitir una mayor capacidad de estabilización. |
| --- | --- |

3.9.1.

| 3.9.2. | El CESE expresa su preocupación por el hecho de que las propuestas de la Comisión sobre el próximo MFP no contengan disposiciones relativas a la reforma de la UEM, su gobernanza y sus consecuencias presupuestarias, en particular con respecto a la creación del Fondo Monetario Europeo, o a los servicios o prestaciones que llegan a los ciudadanos, como un seguro de desempleo, complementario del de los Estados, en tiempos de crisis. |
| --- | --- |

3.9.2.

| 3.10. | El Fondo InvestEU se basa en el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) anterior, con la misma contribución anual y las mismas estimaciones en lo que se refiere a sus efectos sobre la inversión total. Sus cuatro áreas de inversión se centran en cuatro ámbitos de actuación (infraestructuras sostenibles; investigación, innovación y digitalización; pequeñas y medianas empresas, e inversiones sociales y cualificaciones) que van en la dirección correcta. El CESE acoge con especial satisfacción la cuarta, ya que puede facilitar la financiación de proyectos en sectores cruciales como las cualificaciones, la educación, la formación, la vivienda social, la innovación social y la integración de los inmigrantes, los refugiados y las personas vulnerables. Este compromiso de garantizar los créditos del BEI, y posiblemente de otras instituciones bancarias públicas, es positivo, pero solo bastará para permitir la continuación de los niveles de crédito anteriores, mientras que algunos Estados miembros con una renta per capita relativamente baja pueden seguir sin beneficiarse. Se necesitará un mayor esfuerzo para cerrar la brecha de inversión de la UE. |
| --- | --- |

3.10.

| 3.11. | El objetivo principal de las políticas de cohesión es promover la convergencia económica y social al alza entre los Estados miembros. El establecimiento de condiciones rígidas puede obstaculizar el acceso a los fondos de las políticas de cohesión a los Estados miembros y las regiones que más los necesitan, los de renta más baja o los más endeudados. Aún sigue siendo válido lo que el CESE expresó en su Dictamen sobre el MFP para el período 2014-2020 (15): «[...] el CESE se opone rotundamente a aplicar una condicionalidad macroeconómica al desembolso de los fondos destinados a la política de cohesión». Sin embargo, el CESE aboga por que la política de cohesión se aplique con arreglo a las directrices establecidas por el Semestre Europeo, en el que se otorga una participación reforzada de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como europeo. |
| --- | --- |

3.11.

| 3.12. | Los requisitos de cofinanciación del FEDER, el Fondo de Cohesión y el FSE, al aplicarse rígidamente, impidieron su uso en la época de políticas de austeridad extrema por parte de algunos de los países —cuando más necesitaban su financiación— fomentando así la divergencia. Hoy en día, en algunos países, siguen limitando el acceso a estos fondos y podrían continuar haciéndolo en mayor grado en el futuro si el MFP posterior a 2020 incrementa el porcentaje de cofinanciación de los Estados miembros. El CESE pide que los criterios de la cofinanciación sean más flexibles, de forma que se tenga en cuenta tanto la situación económica y financiera de cada Estado miembro como la propuesta formulada supra dentro del presente capítulo sobre los gastos de inversión en relación con los objetivos de déficit del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. |
| --- | --- |

3.12.

| 3.13. | Tras la experiencia de imponer o promover determinadas reformas estructurales durante el período de austeridad extrema, parece lógico desconfiar de que el acceso a los fondos de la política de cohesión esté supeditado a la aplicación de las reformas anteriormente aludidas de forma genérica. El CESE no se opone a las reformas, pero considera que es esencial especificar a qué tipo de reformas se está haciendo referencia. En varios dictámenes —el más reciente sobre la política económica de la zona del euro (2018) (16)—, el CESE defiende unas reformas estructurales que mejoren el crecimiento de la productividad, la seguridad del empleo y la protección social, al tiempo que favorezcan la inversión y refuercen la negociación colectiva, basada en la autonomía de los interlocutores sociales, y el diálogo social. |
| --- | --- |

3.13.

| 3.14. | El Comité acoge con satisfacción las propuestas de mayores aumentos en los programas para la investigación y la innovación y el desarrollo de la economía y la sociedad digitales, ya que estos pueden sentar las bases para que se produzcan mejoras sostenibles y sólidas de la productividad, los salarios y las condiciones de vida. Sería muy importante que hubiera una estrategia bien definida para conectar la innovación con una política industrial europea, de la que todos los Estados miembros puedan beneficiarse, en particular aquellos con menores niveles de desarrollo. La participación de los agentes sociales y de la sociedad civil es fundamental para la formulación y la aplicación de una política industrial eficaz que esté bien conectada con los sistemas de innovación. Además, el contexto actual también exige centrar la atención de forma sólida y firme en la investigación sobre las sociedades, la democracia, la cultura y la transformación social. |
| --- | --- |

3.14.

| 3.15. | Asimismo, es necesario hacer hincapié en el aumento del 92 % de la financiación (que pasa a 26 368 millones EUR para 2021-2027) de Erasmus+, uno de los programas que más ha contribuido a la identidad europea. |
| --- | --- |

3.15.

| 3.16. | El CESE acoge con satisfacción el aumento de los fondos para la cooperación internacional y la ayuda humanitaria, pero expresa su preocupación por la reorientación de la acción exterior hacia la seguridad y la presión migratoria —alejándose de un enfoque a más largo plazo, ascendente, impulsado por las necesidades y propio de los países—, y la definición de prioridades, lo que podría excluir a las regiones más vulnerables. El CESE pide un compromiso para respaldar los esfuerzos de los países socios por aplicar sus propios planes a fin de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). |
| --- | --- |

3.16.

Financiación y recursos propios en el nuevo MFP

| 3.17. | Con el nuevo MFP, la Comisión propone algunos cambios en la manera en que se financia el presupuesto de la UE, pero estos son modestos comparados con las propuestas del Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios» y del Parlamento Europeo y frente a la necesidad de financiar gastos necesarios. Con la nueva propuesta, se prevé un cambio gradual hacia la ruptura de la dependencia de la Unión de las contribuciones de los Estados miembros para avanzar muy paulatinamente hacia una autosuficiencia financiera. Para este fin, se propone un pequeño número de nuevas fuentes de ingresos. |
| --- | --- |

3.17.

| 3.18. | La propuesta de MFP es modesta y poco ambiciosa, cuando lo que se necesita es un esfuerzo decidido en torno a una agenda coherente. Este debería partir de las propuestas del Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios» y del Parlamento Europeo relativas a una amplia gama de fuentes adicionales de recursos propios, lo que daría lugar a un cambio significativo hacia la dependencia de los recursos propios en el período del próximo MFP. |
| --- | --- |

3.18.

| 3.19. | El CESE reitera lo manifestado en su dictamen relativo al «Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE» (17), en el que expresa su acuerdo con el análisis efectuado en el informe final «El futuro de las finanzas de la UE» del Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios» (18), presidido por Mario Monti. Es especialmente importante que en el MFP posterior a 2020 los nuevos ingresos consistan predominantemente en recursos propios autónomos, transparentes y equitativos. Dichos recursos llegarían de forma directa al presupuesto de la UE, sin pasar por los Estados miembros, pero sin aumentar la presión fiscal ni gravar más a los ciudadanos más desfavorecidos ni a las pequeñas y medianas empresas. |
| --- | --- |

3.19.

| 3.20. | Como señala en su dictamen relativo al «Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE»17, algunos de los nuevos recursos propuestos en dicho informe tendrían un valor añadido europeo por lo que respecta a los ingresos, al recaudarse en el nivel más adecuado tanto para determinar bases imponibles transnacionales como para contrarrestar los efectos globales sobre el medio ambiente: la imposición fiscal sobre las sociedades (BICCIS) (19) y, en particular, sobre las multinacionales, las transacciones financieras, los combustibles y las emisiones de dióxido de carbono. |
| --- | --- |

3.20.

| 3.21. | Tal y como sostiene el Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios», un recurso propio basado en el impuesto de sociedades tiene «la ventaja de mejorar el funcionamiento del mercado único». Al mismo tiempo, la base imponible consolidada común del impuesto de sociedades simplifica y armoniza las normas en toda la UE y limita el alcance de los elementos nocivos de la competencia fiscal. |
| --- | --- |

3.21.

| 3.22. | Un impuesto sobre los servicios digitales, concebido de forma adecuada, podría reflejar el valor añadido europeo, ya que la ubicación utilizada a efectos fiscales puede ser muy distinta de la ubicación de las transacciones, pero se trata de una solución provisional. |
| --- | --- |

3.22.

| 3.23. | El Comité llama la atención de las instituciones europeas sobre la complejidad de que todos estos recursos propios estén operativos en el período 2021-2027. |
| --- | --- |

3.23.

| 3.24. | Las contribuciones que están vinculadas a la mejora de las normas medioambientales y la lucha contra el cambio climático también prometen crear un valor añadido europeo y están estrechamente vinculadas al objetivo estratégico de la EU de establecer un modelo de desarrollo sostenible. Además, solo los impuestos comunes sobre la energía y los daños medioambientales pueden asegurar una competencia equitativa en el mercado único. En este contexto, la Comisión propone contribuciones calculadas basándose en las cantidades no recicladas de residuos de envases de plástico y al régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE UE). Deben buscarse nuevas fuentes de ingresos estableciendo gravámenes sobre otras áreas de contaminación medioambiental que generen costes más allá de un único Estado miembro. Algunos ejemplos son los impuestos sobre los combustibles del transporte por carretera y los billetes de avión sugeridos por el Parlamento Europeo y el Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios», así como la introducción de una tasa al carbono. Los avances hacia la toma de una decisión relativa a dichas fuentes de ingresos nuevas —todas ellas coherentes con la agenda política más extensa de la UE— y su aplicación deberían ponerse en marcha rápidamente. |
| --- | --- |

3.24.

| 3.25. | La Comisión también propone una simplificación del recurso propio basado en el impuesto sobre el valor añadido, que actualmente es complejo, ya que refleja las diferencias en los tipos de IVA entre los países. La simplificación en un único tipo impositivo en todos los Estados miembros se acogería favorablemente. La propuesta actual ofrece un pequeño aumento de los ingresos. No obstante, la contribución del IVA seguirá siendo básicamente similar a la vinculada a los niveles de RNB, dado que refleja la actividad económica general dentro de un Estado miembro más que los objetivos políticos específicos de la UE. |
| --- | --- |

3.25.

| 3.26. | La salida del Reino Unido de la UE brinda la oportunidad de eliminar gradualmente y por completo el sistema de descuentos que se generó también para reducir los pagos del Reino Unido y de otros Estados miembros. Esto es algo positivo, al igual que el retorno al presupuesto de la UE del 90 % de los ingresos aduaneros, en consonancia con la reducción de los costes de la recaudación aduanera en los Estados miembros. Un pequeño nuevo ingreso adicional podría provenir de los beneficios del BCE (monedaje). No obstante, en total, estas nuevas formas de recursos propios siguen siendo demasiado reducidas y demasiado inciertas para justificar la esperanza de que permitirán una reducción significativa de las contribuciones relacionadas con la RNB. |
| --- | --- |

3.26.

4.   Observaciones específicas

| 4.1. | El CESE apoya la propuesta de que la recepción de fondos de la UE por parte de los Estados miembros esté supeditada al respeto del principio del Estado de Derecho, un pilar fundamental de los valores de la Unión consagrados en el artículo 2 del Tratado, siempre que su aplicación no penalice a los ciudadanos ni a las empresas que actualmente se benefician de los fondos de la UE. Dado que el presupuesto es el instrumento principal para la aplicación de todas las políticas de la Unión, el Comité considera que esta condicionalidad podría extenderse a otros principios vinculados al Estado de Derecho y sancionados en los Tratados de la UE, y pide a la Comisión y al Parlamento que examinen esta posibilidad. |
| --- | --- |

4.1.

| 4.2. | La flexibilidad debe utilizarse al máximo para promover la interconexión de los programas de gasto para el beneficio mutuo de las políticas y los fondos. Por ejemplo: la PAC y Horizonte para la modernización tecnológica de la agricultura en zonas rurales vitales y la agricultura sostenible; investigación, desarrollo e innovación (I+D+i); universidades, Erasmus+ y otros programas para los jóvenes; políticas de inversión y cohesión, el Fondo Social Europeo y un nuevo programa de desarrollo del pilar europeo de derechos sociales —que el CESE propone en el presente dictamen— para promover la convergencia entre los Estados miembros; etc. El CESE lamenta, por tanto, la propuesta de cambiar la norma n+3 por la norma n+2 (20), e invita a la Comisión a que reconsidere este cambio. |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | Las evaluaciones actuales de la aplicación del Plan Juncker (Plan de Inversiones para Europa) generan dudas sobre las afirmaciones relativas a su impacto en el aumento de la inversión hasta los niveles inicialmente previstos, y mucho menos hasta los niveles necesarios para reducir significativamente el déficit de inversión en comparación con el período anterior a 2008. Varios de los Estados miembros con ingresos más bajos todavía no se benefician en grado suficiente del plan. Deben establecerse mecanismos adecuados para corregir esta tendencia, que acrecienta la divergencia entre Estados miembros. Debe impulsarse la posibilidad de combinar la financiación procedente de distintos fondos, por ejemplo el Fondo de Cohesión e InvestEU. |
| --- | --- |

4.3.

| 4.4. | Reforzar la cohesión social y restaurar la confianza de los ciudadanos europeos van de la mano. El desarrollo del pilar europeo de derechos sociales podría contribuir considerablemente a alcanzar ambos fines, entre otras cosas, apoyando y orientando a los Estados miembros para que emprendan reformas destinadas a crear empleos sostenibles, de alta calidad y con un elevado valor añadido. El CESE propone que se cree un programa específico del pilar europeo de derechos sociales dentro del MFP para 2021-2027 sobre la base de los compromisos de los Estados miembros que respaldaron la Declaración de Gotemburgo. El Fondo Social Europeo+ contribuiría a su financiación, según un sistema de indicadores que incluiría, entre otros, las tasas de desempleo y de actividad, la escolarización y el fracaso escolar, el PIB per capita, y los indicadores de pobreza e inclusión social, tanto los de carácter general, por ejemplo los indicadores regionales, como los relativos a determinados grupos sociales desfavorecidos. |
| --- | --- |

4.4.

| 4.5. | El Semestre Europeo debe desempeñar un papel de liderazgo en la aplicación de los presupuestos de la UE, aprovechando al máximo la flexibilidad del nuevo MFP; por ejemplo, para asegurar una estrecha relación entre la política de cohesión y otras políticas, como las de innovación, inversión y creación de empleo. Con este fin, los mecanismos para la participación de los interlocutores sociales y la sociedad civil en el Semestre Europeo deben aplicarse correctamente, de forma que sepan cómo conectar sus ámbitos nacionales con el europeo. Al apoyar la aplicación del Semestre Europeo, la Comisión y el Consejo se implicarían directamente en cuestiones políticas nacionales. Es preciso garantizar que ni los derechos sociales ni los derechos de los trabajadores o los de los consumidores se vean menoscabados por medidas financiadas con fondos de la UE. |
| --- | --- |

4.5.

| 4.6. | Debe darse prioridad a los esfuerzos que las instituciones europeas y los gobiernos nacionales, acompañados por las organizaciones de la sociedad civil, tienen que hacer para que el MFP posterior a 2020 cuente con más financiación y para reequilibrar sus prioridades de la manera en que el CESE propone en el presente dictamen. El CESE les insta a que intensifiquen sus esfuerzos para que el MFP pueda aprobarse, de acuerdo con el calendario previsto, antes de las próximas elecciones europeas. |
| --- | --- |

4.6.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2018«El próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 — (2017/2052(INI))», coponentes: Jan Olbrycht e Isabelle Thomas, punto 14.

1

(2)  DO C 81 de 2.3.2018, p. 131.

2

(3)  DO C 262 de 25.7.2018, p. 1.

3

(4)  Banco Europeo de Inversiones.

4

(5)  COM(2018) 321 final.

5

(6)  COM(2018) 322 final/2, COM(2018) 326 final, COM(2018) 327 final, COM(2018) 328 final.

6

(7)  COM(2018) 325 final.

7

(8)  DO C 81 de 2.3.2018, p. 131.

8

(9)  Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2018«El próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 — (2017/2052(INI))», coponentes: Jan Olbrycht e Isabelle Thomas, punto 14.

9

(10)  Véanse también los dictámenes del CESE NAT/735 «Pacto europeo para la financiación de la lucha contra el cambio climático», ponente: Rudy de Leeuw, y ECO/456 «Plan de acción sobre finanzas sostenibles», ponente: Carlos Trias Pintó. Pendiente de publicación.

10

(11)  ETUI/ETUC (2018), Benchmarking Working Europe, Brussels: ETUI.

11

(12)  Darvas, Z. y Moes, N. (2018), How large is the proposed decline in EU agricultural and cohesion spending? Publicación en el blog Bruegel, 4 de mayo de 2018.

12

(13)  DO C 283 de 10.8.2018, p. 69.

13

(14)  Véase Claeys, G. (2018), New EMU stabilisation tool within the MFF will have minimal impact without deeper EU budget reform, Bruegel Blog, 9 de mayo de 2018. Según este análisis, 30 000 millones de euros es aproximadamente un tercio del importe que se prestó a Irlanda durante la crisis.

14

(15)  DO C 229 de 31.7.2012, p. 32.

15

(16)  DO C 197 de 8.6.2018, p. 33.

16

(17)  DO C 81 de 2.3.2018, p. 131.

17

(18)  La futura financiación de la UE. Informe final y recomendaciones del Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios», diciembre de 2016.

18

(19)  Acogida favorablemente por el CESE ya en 2011, con el Dictamen sobre «Una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades» (DO C 24 de 28.1.2012, p. 63), y en 2017 en el Dictamen del CESE sobre «Una base imponible (consolidada) común del impuesto sobre sociedades» (DO C 434 de 15.12.2017, p. 58).

19

(20)  La Comisión libera automáticamente la parte del compromiso presupuestario que no se haya utilizado, o por la que no se haya presentado ninguna solicitud de pago admisible al término del segundo año siguiente al del compromiso presupuestario (n+2). Fuente: Comisión.

20

Fuente

---

| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/116 |
| --- | --- | --- | --- |

6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/116

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) financiado con ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y los instrumentos de financiación exterior»

[COM(2018) 374 final — 2018/0199 (COD)]

(2018/C 440/19)

| Ponente: | Henri MALOSSE |
| --- | --- |

Ponente:

Henri MALOSSE

| Consulta | Parlamento Europeo, 11.6.2018
  Consejo de la Unión Europea, 19.6.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículos 178 y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Sección de unión económica y monetaria y Cohesión Económica y Social |
| Aprobado en sección | 7.9.2018 |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 196/2/5 |

Consulta

Parlamento Europeo, 11.6.2018

Consejo de la Unión Europea, 19.6.2018

Fundamento jurídico

Artículos 178 y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Sección de unión económica y monetaria y Cohesión Económica y Social

Aprobado en sección

7.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

196/2/5

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | La cooperación territorial europea (CTE) es un instrumento único de la política de cohesión y constituye uno de los escasos marcos en que se fomenta sistemáticamente que los agentes nacionales, regionales y locales de distintos Estados miembros promuevan acciones comunes e intercambien prácticas y estrategias de intervención. Se puede decir que en ella encontramos un poco de la esencia del espíritu europeo. A pesar de los numerosos casos de valor añadido y de inversiones generadoras de crecimiento en los proyectos ejecutados hasta la fecha, los resultados de las evaluaciones ex post ponen de manifiesto, en efecto, varias deficiencias. La nueva propuesta de Reglamento debe tenerlas en cuenta en varios ámbitos de intervención: |
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1.1.

| 1.1.1. | Simplificación de los procedimientos — El CESE pide que se lleve a cabo un «plan de simplificación de choque» en relación con la dimensión de los proyectos. La cooperación abarca principalmente actividades locales. Así pues, es necesario que se introduzcan las simplificaciones necesarias en los formularios y los métodos de evaluación de los proyectos, así como que se apliquen los procedimientos a tanto alzado como elemento clave de la nueva programación. |
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1.1.1.

| 1.1.2. | Marco financiero — La política de cohesión constituye un elemento fundamental del apoyo a la Estrategia Europa 2021-2027 que debería recibir respaldo técnico y presupuestario de forma prioritaria. El CESE advierte de que una merma de su dotación financiera pondría en entredicho la eficacia, la visibilidad y la relevancia de este programa de acción. Por tanto, pide al Parlamento Europeo que proponga un aumento de los créditos destinados a la política de cohesión, principalmente a favor de la cooperación territorial europea. |
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1.1.2.

| 1.1.3. | Adicionalidad — El CESE muestra su inquietud por las nuevas normas que podrían hacer que el porcentaje máximo de financiación de la UE pasase del 85 al 70 %. Pide que se mantenga el porcentaje del 85 % para los pequeños proyectos, las regiones más vulnerables y las acciones de la sociedad civil. El CESE apoya, asimismo, una ampliación del recurso a la participación del sector privado y a la ingeniería financiera de InvestEUfund en lo que respecta a las acciones en favor del sector productivo. |
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1.1.3.

| 1.1.4. | Integración de los instrumentos de financiación –El CESE pide a la Comisión que aplique una verdadera estrategia de coordinación e integración de sus distintos instrumentos de financiación disponibles en el marco del MFP 2021-2027. Pide que la Comisión presente rápidamente una Comunicación a tal efecto. La cooperación territorial europea debe constituir un marco privilegiado para poner en práctica esta coordinación indispensable. |
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1.1.4.

| 1.1.5. | Por una auténtica asociación con la sociedad civil — La Comisión debe imponer la obligación de implicar a los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil, tanto en el proceso de consulta como en la ejecución de las acciones, puesto que los mejores resultados de los proyectos que se han analizado se obtienen cuando participa la sociedad civil. El CESE recomienda obligar a todas las autoridades operativas a presentar un plan de asociación para la inclusión de la sociedad civil con un mecanismo de alerta. |
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1.1.5.

| 1.1.6. | Mantenimiento y desarrollo de la concentración temática. El CESE valora positivamente la constatación de una evolución hacia una concentración temática de las prioridades de intervención y de inversión, aunque queda por precisar cómo:






  — | tener en consideración las particularidades de las zonas mencionadas en el artículo 174 del TFUE (islas, zonas montañosas, zonas rurales, aglomeraciones, etc.) sin perder de vista la necesidad de concentración, garantía de visibilidad y de eficacia para evitar la dispersión; |
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1.1.6.

—

tener en consideración las particularidades de las zonas mencionadas en el artículo 174 del TFUE (islas, zonas montañosas, zonas rurales, aglomeraciones, etc.) sin perder de vista la necesidad de concentración, garantía de visibilidad y de eficacia para evitar la dispersión;

| — | situar en el centro de todas las cuestiones el desarrollo sostenible y la acción por el clima; |
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—

situar en el centro de todas las cuestiones el desarrollo sostenible y la acción por el clima;

| — | acercar verdaderamente Europa a los ciudadanos actuando a una escala más local. |
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acercar verdaderamente Europa a los ciudadanos actuando a una escala más local.

| 1.1.7. | Ámbito marítimo y territorios insulares — Habida cuenta de que el ámbito marítimo es el único entorno de los territorios insulares, el CESE defiende que estos últimos puedan seguir presentando proyectos en el marco de la cooperación tanto fronteriza como territorial. Si fuera necesario, debería establecerse una nueva prioridad para los «territorios insulares» con un presupuesto determinado. |
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1.1.7.

| 1.1.8. | Estrategias macrorregionales — El CESE considera indispensable extender el desarrollo de las estrategias macrorregionales a nuevas zonas (el Mediterráneo, los Balcanes, los Cárpatos, etc.) y garantizar, para favorecerlas, una mayor integración de los nuevos instrumentos europeos de financiación. |
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1.1.8.

| 1.1.9. | Cooperación con los países vecinos — El CESE acoge con satisfacción el establecimiento de un marco único de aplicación con los países vecinos y terceros países. También subraya en este sentido el interés que presenta el enfoque que propugna la intervención, al mismo tiempo, de los créditos de la cooperación territorial europea y los de los fondos europeos externos. El CESE pide a la Comisión que vele por abrir, en este marco, los programas de cooperación territorial a las regiones de los países de la vecindad, incluso si no son fronterizas con la UE, con el fin de evitar que se creen brechas dentro de los países en cuestión. |
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1.1.9.

| 1.1.10. | Innovación — El CESE apoya la propuesta de un eje prioritario sobre la innovación con un presupuesto autónomo y con procedimientos que permitan el acceso directo a los agentes no estatales. Con todo, el CESE subraya que la innovación también debe entenderse en el plano social. |
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1.1.10.

| 1.1.11. | Componente digital de la cooperación territorial europea — Hoy en día, uno de los principales desafíos para los agentes de la cooperación territorial europea consiste en estar conectados. Es necesario prever los medios y las iniciativas necesarias para reducir la brecha digital entre los territorios, así como entre los componentes territoriales urbanos y rurales de las regiones: impulsar los intercambios de experiencias y reducir la brecha digital, por un lado, entre las regiones y, por otro, entre las zonas urbanas y rurales. |
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1.1.11.

| 1.1.11.1. | Por ello, el CESE recomienda que, para el período 2021-2027, la transformación digital y las exigencias de la adquisición de competencias se integren en la arquitectura del conjunto de programas de la cooperación territorial europea. |
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1.1.11.1.

| 1.1.12. | Consideración de la juventud — Es fundamental tener en cuenta a la juventud europea. El CESE sugiere utilizar los métodos de Erasmus+ de intercambio de jóvenes —estudiantes, aprendices, solicitantes de empleo, personas en dificultades— para que la cooperación territorial integre a la juventud mediante programas de movilidad específicos, la formación profesional y el aprendizaje de idiomas. El CESE propone incluir en los programas de cooperación transfronterizos y transnacionales ejes de propuestas e intervención específicos en favor de los jóvenes y llevados cabo por los jóvenes. |
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1.1.12.

| 1.1.13. | Acciones en favor de los grupos de población vulnerables y toma en consideración de criterios horizontales — El CESE subraya la importancia de establecer normas precisas sobre los niveles de obligación que deberán tenerse en cuenta, en el respeto de los principios horizontales comunitarios, y de fijar un umbral mínimo en este sentido (10 % de las ayudas de la acción). |
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1.1.13.

| 1.1.14. | La protección civil y la lucha contra los riesgos principales — El CESE invita a la Comisión a que contemple la integración de este componente como eje importante de la cooperación territorial y a articularlo con el nuevo Fondo europeo de defensa y protección civil propuesto por la Comisión para el MFP 2021-2027. |
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1.1.14.

| 1.1.15. | Publicidad — Habida cuenta de la importancia de los programas que apoya la cooperación territorial europea, el CESE respaldará toda iniciativa que permita ganar visibilidad para reforzar el espíritu de la ciudadanía europea y la concienciación sobre las acciones concretas realizadas con el apoyo de la UE. Recomienda especialmente el establecimiento de puntos de información en las regiones beneficiarias de los programas de cooperación, que estén integrados, preferentemente, en las organizaciones de la sociedad civil. |
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1.1.15.

2.   Introducción

2.1.   La cooperación territorial y fronteriza, la esencia del espíritu europeo

| 2.1.1. | En el núcleo de la construcción de un espacio europeo común, la cooperación territorial europea (CTE) (Interreg), con todos sus componentes transfronterizos, transnacionales, interregionales y de apertura a los países vecinos, constituye el pilar de la integración europea: contribuye a que las fronteras no se transformen en barreras, acerca a los europeos, ayuda a resolver problemas comunes, facilita la puesta en común de ideas y activos y fomenta iniciativas estratégicas en pos de objetivos comunes. |
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2.1.1.

| 2.1.2. | El marco jurídico para la aplicación de la política de cohesión económica, social y territorial, cuyo objetivo es la reducción de las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y, en consecuencia, la cooperación territorial europea, está constituido por el artículo 174 y el artículo 24 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). |
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2.1.2.

| 2.1.2.1. | El artículo 174 dispone que «[e]ntre las regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña». El CESE considera que este artículo justifica ampliamente que la CTE preste una atención especial a estas regiones y pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por ello. |
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2.1.2.1.

| 2.1.3. | La CTE (Interreg), objetivo prioritario de la política de cohesión, constituye el marco en el que los agentes, tanto públicos como privados, de alcance nacional, regional y local de los Estados miembros emprenden iniciativas colectivas, intercambian buenas prácticas y estructuran políticas de desarrollo dentro y fuera del territorio europeo. No obstante, a pesar de los numerosos casos y ejemplos de valor añadido y de inversiones generadoras de crecimiento en los proyectos ejecutados hasta la fecha, existen determinadas imperfecciones relacionadas con deficiencias en el marco de los distintos programas que han tenido consecuencias y merecen ser analizadas dentro de las nuevas perspectivas 2021-2027. |
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2.1.3.

| 2.1.4. | Los resultados de las evaluaciones ex post ponen de manifiesto claramente varios elementos:






  — | una insuficiencia en la definición funcional de las regiones respecto al artículo 174 del TFUE; |
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2.1.4.

—

una insuficiencia en la definición funcional de las regiones respecto al artículo 174 del TFUE;

| — | dificultades importantes para definir y aplicar una estrategia de intervención coherente por haber optado por un enfoque ascendente en la determinación de los proyectos que se apoyan; |
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—

dificultades importantes para definir y aplicar una estrategia de intervención coherente por haber optado por un enfoque ascendente en la determinación de los proyectos que se apoyan;

| — | una ausencia prácticamente total de sinergias entre los programas Interreg y otros programas comunitarios susceptibles de reforzar los efectos de desarrollo, como Erasmus+, Horizonte 2020, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), el Mecanismo «Conectar Europa», COSME, y, en general, un impacto muy reducido de estas acciones y de su visibilidad para la sociedad civil y para el conjunto de categorías de ciudadanos, en particular las mujeres, los jóvenes, las familias, las personas con discapacidad y las personas mayores. |
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—

una ausencia prácticamente total de sinergias entre los programas Interreg y otros programas comunitarios susceptibles de reforzar los efectos de desarrollo, como Erasmus+, Horizonte 2020, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), el Mecanismo «Conectar Europa», COSME, y, en general, un impacto muy reducido de estas acciones y de su visibilidad para la sociedad civil y para el conjunto de categorías de ciudadanos, en particular las mujeres, los jóvenes, las familias, las personas con discapacidad y las personas mayores.

| 2.1.5. | La nueva propuesta de Reglamento tiene en cuenta algunos de estos aspectos, puesto que refuerza los procedimientos que favorecen la reducción de las prioridades regionales en el conjunto de las regiones europeas, incluidas las más alejadas, desarrolla nuevas estrategias macrorregionales y concentraciones temáticas, impulsa las iniciativas que favorecen la innovación, así como otras iniciativas que, por consiguiente, son objeto de análisis y observaciones específicos. No obstante, la propuesta de la Comisión es susceptible de mejora y debe precisarse en varios aspectos importantes. |
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2.1.5.

3.   Temas prioritarios para las recomendaciones del CESE a la Comisión

| 3.1. | Simplificación de los procedimientos — Hacia un plan de simplificación de choque — La Comisión propone un conjunto importante de disposiciones específicas con el objetivo de simplificar las normas de presentación y de gestión de los programas para todos los niveles que intervienen: beneficiarios, Estados miembros, autoridades de gestión, terceros países participantes y Comisión, planteamiento que obviamente hace suyo el CESE. Sin embargo, se trata de una iniciativa que se presenta con cada nueva programación. La Comisión no ha ido suficientemente lejos en este procedimiento. |
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3.1.

| 3.1.1. | En materia de simplificación y procedimientos a tanto alzado, el Reglamento establece el tratamiento a tanto alzado de ciertos gastos como un elemento clave para el próximo período de programación y lleva más lejos ciertas variables como los gastos de personal (para cualquier proyecto inferior a 200 000 EUR: importe a tanto alzado, no será necesario presentar facturas). De este modo, la Comisión reconoce la necesidad de simplificación a nivel administrativo y subraya la necesidad de un acuerdo generalizado. |
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3.1.1.

| 3.1.2. | La cooperación abarca principalmente actividades locales. Por tanto, es necesario disponer de un programa mucho más abierto a la sociedad civil con una simplificación radical de los procedimientos y la creación de pequeñas unidades de información y asistencia. |
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3.1.2.

| 3.1.3. | El CESE desea que se busque una coherencia en relación con la dimensión de los proyectos a fin de introducir las simplificaciones necesarias en los formularios y métodos de evaluación de los proyectos y que se recurra a los procedimientos a tanto alzado al menos para las actividades administrativas y de gestión. El «plan de simplificación de choque» es indispensable para permitir a los promotores de proyectos concentrarse en los resultados de las acciones en lugar de en actividades administrativas que requieren mucho tiempo. |
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3.1.3.

| 3.1.4. | En efecto, y como desea la Comisión, es necesario llevar al límite la lógica de la evaluación de los proyectos por los «resultados» y eximir a los operadores de la obligación de aportar constantemente informes de actividades (en la actualidad cada seis meses). |
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3.1.4.

| 3.2. | Marco financiero — La Comisión considera que la política de cohesión y su corolario, la cooperación territorial europea, deben seguir siendo un elemento fundamental del paquete financiero. El CESE aprueba este punto de vista. Mermar su dotación financiera pondría en entredicho la eficacia, la visibilidad e, igualmente, la actual relevancia de este programa de acción. La opción elegida a día de hoy pasa por mantener un presupuesto estable con respecto al último período, y ello en el contexto de una restricción presupuestaria de aproximadamente el 10 % del presupuesto de la Unión Europea. Esta situación debería permitir mantener el mismo nivel de apoyo a los programas Interreg, lo que es un requisito mínimo, pero el CESE pide al Parlamento Europeo que proponga un aumento sustancial, puesto que el impacto político y sobre la población de estas acciones puede ser muy grande, siempre y cuando se les dote de medios considerables. |
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3.2.

| 3.2.1. | En el nuevo Reglamento sobre la cooperación territorial europea, el porcentaje de cofinanciación pasa a ser del 70 % (frente al 85 % actual). Según la Comisión, esta evolución debería dar lugar a un aumento de la intervención financiera de los Estados y favorecer mejores condiciones para la apropiación de los proyectos. El CESE teme que esta medida, llamada de adicionalidad, pueda desalentar la participación de los agentes privados y de las regiones menos favorecidas. Por ello, pide que se mantenga el porcentaje del 85 % para las regiones menos favorecidas en el sentido del artículo 174 del TFUE. Además, una concentración de las intervenciones europeas siempre garantiza una mayor flexibilidad. |
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3.2.1.

| 3.2.2. | Nuevas reglas para los «pequeños proyectos» — El nuevo Reglamento presenta una definición clara acompañada de nuevas medidas y reglas simplificadas: redefinición de la asistencia técnica, supresión de la obligación de presentar informes anuales, enfoque de importes a tanto alzado para muchas partidas de gastos y condiciones para una puesta en marcha más rápida en el próximo período. El CESE considera que estas iniciativas van en la dirección correcta. |
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3.2.2.

| 3.2.3. | En lo que respecta a las cargas administrativas para los «pequeños proyectos», el CESE también acoge muy positivamente la perspectiva de crear una institución transfronteriza que gestione toda la administración para un conjunto de «pequeños proyectos» como complemento a los importes a tanto alzado. |
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3.2.3.

| 3.2.4. | El CESE valora positivamente el compromiso de la Comisión de maximizar la participación privada en los programas de cooperación territorial. El CESE se suma a esta posición y sugiere definir un umbral mínimo de participación de los agentes no estatales (diferentes de las autoridades regionales) como, por ejemplo, las empresas privadas, los interlocutores sociales, el sector asociativo, las estructuras de la economía social y solidaria y las cámaras profesionales. |
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3.2.4.

| 3.3. | Asociación con la sociedad civil — El CESE recuerda que la asociación constituye el medio fundamental en el marco de la consideración de los principios horizontales. Conviene implementarla en todas partes con la sociedad civil, los interlocutores sociales, los entes locales y los organismos de inclusión social. En este contexto, el Reglamento prevé la inclusión de la sociedad civil en los comités de seguimiento. También se prevé que en los sitios que ofrecen información sobre la ejecución y los resultados de los programas se añada información sobre los fracasos y sobre los proyectos que no cumplen sus compromisos. |
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3.3.

| 3.3.1. | Cabe constatar que, una vez que los entes locales han sido designados, tienden a ignorar el resto. |
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3.3.1.

| 3.3.2. | La participación de los agentes de la sociedad civil no debe limitarse al proceso de consulta. Es fundamental que participen en la ejecución de las acciones y confiarles responsabilidades en este aspecto, incluso escogiendo a organizaciones de la sociedad civil como autoridades de gestión. |
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3.3.2.

| 3.3.3. | El CESE propone que, por cada programa de la cooperación territorial europea, la autoridad de gestión presente un plan de asociación que demuestre la participación de la sociedad civil en cada fase de preparación, ejecución y evaluación de las acciones. Este plan deberá incluir un mecanismo de alerta creado para permitir que los agentes de la sociedad civil puedan recurrir a la autoridad en cuestión en caso de que no se respete el principio de asociación. |
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3.3.3.

| 3.4. | Nuevo reparto de los concursos de cooperación territorial — El nuevo Reglamento CTE/Interreg describe el futuro programa de acción de acuerdo con cinco componentes de cooperación: transfronteriza, transnacional, interregional, marítima con la cooperación de las regiones ultraperiféricas, e inversiones interregionales en innovación. Este enfoque es coherente, incluso aunque el hecho de retirar de las cooperaciones transfronterizas aquellas que incluyen el ámbito marítimo plantea dudas y suscita una gran inquietud entre los operadores de las regiones en cuestión. La Comisión se justifica explicando que pueden producirse, en particular en el marco de la cooperación marítima, solapamientos entre varios programas transfronterizos y se compromete a definir un enfoque integral para los programas en las zonas marítimas, incluida la cooperación bilateral, que llevará aparejado un impacto más significativo. |
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3.4.

| 3.5. | La cuestión del ámbito marítimo y el caso de los territorios insulares — El CESE considera que esta orientación relativa a la dimensión marítima puede comprenderse cuando se trata de territorios continentales, pero no está justificada cuando se trata de territorios insulares para los cuales, por definición, solo existen fronteras marítimas. Además, el CESE ha pedido con frecuencia a la Comisión que preste una atención especial a la cuestión de las islas que padecen desventajas estructurales evidentes reconocidas por el artículo 174 del TFUE. Por tanto, el CESE propone reintegrar las acciones de cooperación europea entre islas en la cooperación transfronteriza o crear una sexta categoría dotada de un presupuesto específico, destinado en concreto a un conjunto de islas pertenecientes a una misma cuenca marítima, a fin de favorecer los intercambios de experiencias. |
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3.5.

| 3.6. | Una apertura específica a la innovación — Se propone una nueva línea específica que funcione mediante convocatorias de propuestas para el desarrollo de proyectos en la totalidad del territorio europeo, con el fin de ir más allá de la mera práctica del intercambio de buenas prácticas y evolucionar hacia dispositivos completos de investigación-acción (11 % del presupuesto Interreg). El CESE aprueba este enfoque con la condición de que también integre las innovaciones sociales en las que las cooperaciones entre territorios puedan tener un impacto muy grande sobre las poblaciones afectadas y permita la participación directa de los agentes no estatales (investigadores, empresas, sociedad civil). |
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3.6.

| 3.7. | Una apertura a las regiones ultraperiféricas (RUP) — La Comisión propone adoptar nuevas medidas para permitir cooperar a estas regiones, habida cuenta de su situación específica, remitiéndose a la Comunicación de la Comisión titulada «Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea» (1). Se tratará de un componente de cooperación para las RUP, entre ellas y sus vecinos (3,2 % del presupuesto Interreg). Esta disposición bien perfilada es interesante, pero también sería necesario que los medios de la UE en favor de terceros países vecinos de las RUP (fundamentalmente el Fondo Europeo de Desarrollo o FED) puedan movilizarse con mayor facilidad, lo que no ocurre en la actualidad. El CESE pide una interacción coordinada entre Interreg y el FED que se concrete y se programe. |
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3.7.

| 3.8. | Cooperación con terceros países — El CESE valora positivamente que, a partir de ahora y en un contexto internacional perturbado, se establezca un marco idéntico para las acciones que impliquen a países vecinos fuera de la Unión Europea. En lo que respecta a los países de la vecindad, la posibilidad que existe para que las regiones no fronterizas de estos países participen en las acciones de cooperación transnacionales debería aprovecharse mejor a fin de evitar que en estos países se acentúen las diferencias que favorecen a las regiones que tienen fronteras con la UE. |
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3.8.

4.   Nuevas preguntas para el debate

| 4.1. | Desarrollo de la concentración temática — El CESE recomienda orientar mejor los programas hacia las acciones articuladas con las prioridades de la Unión Europea, según se definen en el proyecto de MFP 2021-2027 (innovación, investigación, Europa más verde —energía, economía circular, etc.—, Europa conectada —transportes, agricultura, etc.—, Europa más social —FSE, FEDER, educación, sanidad, etc.—, Europa más local por medio de estrategias de desarrollo a escala local), sin olvidar los objetivos específicos enunciados en el Reglamento en materia social, educativa y de asistencia sanitaria. También debería prestarse una atención específica a las estrategias de desarrollo local que asocian a todos los agentes de la sociedad civil. |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | En el marco de la concentración temática, es fundamental que la cuestión del desarrollo sostenible y las acciones en favor del clima, la economía circular y las energías renovables se convierta en un elemento central de todos los asuntos y se tome en consideración de manera explícita. |
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4.1.1.

| 4.2. | Estrategias macrorregionales — Las estrategias macrorregionales (mar Báltico, Danubio, Alpes, mar Adriático y Jónico) generalmente son consideradas como éxitos. La cooperación territorial europea aporta un valor particular por su capacidad de crear las condiciones propicias para la aplicación de estrategias macrorregionales de desarrollo sustentadas en:






  — | la existencia de un alto grado de interacciones transfronterizas; |
| --- | --- | --- |

4.2.

—

la existencia de un alto grado de interacciones transfronterizas;

| — | la coherencia entre la financiación y las prioridades estratégicas de intervención. |
| --- | --- |

—

la coherencia entre la financiación y las prioridades estratégicas de intervención.

| 4.2.1. | Estos mecanismos permitirán reforzar los programas de cooperación, especialmente transnacional y marítima. Podría llevarse a cabo, con repercusiones beneficiosas, un experimento en el marco de una estrategia macrorregional para el Mediterráneo (occidental y oriental) en coordinación con las estrategias para las cuencas marítimas puestas en marcha en el marco de las acciones marítimas de la UE, así como una estrategia macrorregional que abarque las cordilleras montañosas del sudeste de Europa (Cárpatos y Balcanes), que se extienden, en ambos casos, a terceros países. |
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4.2.1.

| 4.3. | Componente digital de la cooperación territorial europea — Hoy en día, uno de los principales desafíos para la cooperación territorial europea consiste en estar conectada. Es necesario prever medios e iniciativas para reducir la brecha digital entre los territorios, así como entre las zonas urbanas y rurales de las regiones. El desarrollo digital implica dos retos: |
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4.3.

| 4.3.1. | Un reto técnico y económico para el desarrollo de los territorios. Las tecnologías digitales aportan grandes capacidades de desarrollo para los territorios en el marco de los nuevos avances industriales, una sociedad colaborativa, la aparición de nuevas formas de cooperación laboral y nuevos mecanismos de valorización de los recursos locales. |
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4.3.1.

| 4.3.2. | Un reto social de gran importancia que influye en el desarrollo de competencias de las poblaciones y de los territorios. Desarrollar la inversión en competencias y conocimientos de uso y no permitir que se agrave la brecha social digital: la evolución digital está creando un nuevo conjunto de discriminaciones, originadas principalmente por la menor capacidad de acceso de las poblaciones pobres a los equipos, por razones de nivel de vida, y por factores culturales en relación con el nivel educativo y la edad. |
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4.3.2.

| 4.3.3. | Cabe tener en cuenta que la «digitalización» es capaz tanto de facilitar el acceso a los derechos como, al contrario, de constituir un factor adicional de exclusión para determinadas categorías de público. Esta simple conclusión lleva al CESE a pedir a la Comisión que tenga en cuenta, en las acciones de la cooperación territorial europea, un enfoque pedagógico coordinado con los agentes territoriales. |
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4.3.3.

| 4.3.4. | Además, el CESE propone que una parte importante de las acciones innovadoras deba destinarse a la digitalización, con convocatorias de propuestas específicas que incluyan el intercambio de experiencias y la cooperación en los territorios, en estos ámbitos, priorizando la inclusión de las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables. Resulta fundamental para los territorios en el marco de los nuevos avances industriales, una sociedad colaborativa, la aparición de nuevas formas de cooperación laboral y nuevos mecanismos de valorización de los recursos locales. La Comisión ha presentado un proyecto de presupuesto para el período 2021-2027. ¿Integra este suficientemente dicho aspecto digital? Si no lo hace, entonces no resulta adecuado. |
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4.3.4.

| 4.3.5. | Digitalización e inteligencia artificial — Es necesario que la Comisión se dote de herramientas digitales y de inteligencia artificial para la ejecución y evaluación de los futuros programas (macrodatos, nuevas tecnologías e inversiones de los fondos). |
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4.3.5.

| 4.3.6. | Según la propia Comisión, la evaluación del impacto de las acciones y programas de la UE depende de un «estado de ánimo». En ocasiones, los resultados de un proyecto serían menos importantes que la forma de obtener esos resultados, y es difícil encontrar los indicadores para apreciarlo (no solo cuantitativos, sino también cualitativos). |
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4.3.6.

| 4.3.7. | El CESE anima enérgicamente a la Comisión a que siga buscando mejores indicadores de evaluación de los resultados inmediatos y del impacto de los programas y proyectos. |
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4.3.7.

| 4.4. | Consideración de la dimensión de la juventud — Es fundamental tener en cuenta a la juventud europea. El CESE sugiere utilizar los métodos de Erasmus+ de intercambio de jóvenes —alumnos, estudiantes, aprendices, solicitantes de empleo, personas en dificultades— para que la cooperación territorial integre a la juventud mediante programas de movilidad específicos, en particular a través de la formación profesional y el aprendizaje de idiomas. La reflexión del CESE aborda varias posibilidades que no se excluyen entre sí para que el territorio adquiera sentido con respecto a los jóvenes. |
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4.4.

| 4.4.1. | El CESE propone reservar un porcentaje de las dotaciones de la cooperación territorial europea a acciones apoyadas por los jóvenes y destinadas a los jóvenes. Paralelamente, en el marco del futuro Erasmus+ después de 2021, la Comisión podría optar por consagrar una parte de los programas Erasmus+ a iniciativas dirigidas a espacios territoriales delimitados. |
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4.4.1.

| 4.4.2. | Por otra parte, el 10 % de uno o varios componentes Interreg debería consagrarse a la movilidad de tipo Erasmus y un porcentaje idéntico a la dotación de proyectos gestionados en el marco de Erasmus+, que se organicen en espacios europeos. Podría reservarse una prioridad a las regiones que comienzan a tener una existencia real, una macrorregión MED, por ejemplo, o experimentalmente a regiones en proceso de constitución y desarrollo, una macrorregión Est MED, por ejemplo. |
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4.4.2.

| 4.4.3. | Por tanto, es necesario incluir en los programas de cooperación transfronterizos y transnacionales uno o varios ejes de propuesta e intervención específicos en favor de los jóvenes y llevados a cabo por ellos. Estos ejes deberían permitir y apoyar la transición desde simples intercambios culturales hasta la valorización de acciones que traten sobre categorías distintas de las tradicionalmente beneficiarias de Erasmus+: movimientos de jóvenes y creación de asociaciones de lucha contra la exclusión y la desigualdad social, integración de las personas más vulnerables (con discapacidad), acciones en materia de clima, iniciativas para contribuir a la acogida de refugiados migrantes, o cualquier otro tema en los ámbitos de la educación y la solidaridad. |
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4.4.3.

| 4.5. | Acciones en favor de los grupos de población vulnerables y toma en consideración de los criterios horizontales — En lo que respecta a la toma en consideración de los grupos de población vulnerables a todos los niveles de la concepción y la aplicación de programas de cooperación, entre ellos principalmente la selección de proyectos, la posición de la Comisión es clara sobre la obligación imperativa de respetar los principios horizontales comunitarios. |
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4.5.

| 4.5.1. | No obstante, se plantea la cuestión de la normativa sobre este tema, en el marco de la cooperación territorial europea, que no fija cuotas. El CESE propone que se fije un umbral mínimo en lo relativo a las cooperaciones fronterizas (10 %). |
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4.5.1.

| 4.6. | La protección civil y la lucha contra los riesgos principales. Este componente, que forma parte del nuevo Fondo europeo de defensa y protección civil, propuesto por la Comisión para el MFP 2021-2027, es un eje de gran importancia que repercute en la cooperación territorial. Pensamos, por ejemplo, en la prevención y lucha contra los incendios forestales en el Mediterráneo o las inundaciones en las regiones más septentrionales. Se trata de una cuestión en el marco de la cual la cooperación transfronteriza es una evidencia y que afecta directamente a la vida de los ciudadanos. |
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4.6.

| 4.6.1. | Por tanto, el CESE recomienda que se le preste una atención especial en la cooperación territorial europea con la posibilidad de coordinación entre varios fondos y que se dirijan recomendaciones concretas a las autoridades encargadas de los programas, a fin de sensibilizarlas sobre los retos y oportunidades de esta cuestión para sus territorios. Podrían ponerse en marcha convocatorias de propuestas de demostración sobre este asunto con el fin de impulsar la emulación entre las regiones. |
| --- | --- |

4.6.1.

| 4.7. | Integración de diferentes instrumentos europeos: el CESE considera que esta propuesta no integra suficientemente las oportunidades de sinergias entre la cooperación territorial europea y los otros instrumentos de financiación actuales o futuros de la UE, principalmente en términos de intercambio de jóvenes, de redes y agenda digital, de investigación y desarrollo, de inversiones, de protección civil y de lucha contra los riesgos principales. Pide a la Comisión que ponga remedio a esta carencia. |
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4.7.

| 4.7.1. | La cooperación territorial europea constituye un marco adecuado para garantizar una complementariedad de los diferentes instrumentos europeos a partir de las necesidades sobre el terreno:






  — | las inversiones de las pequeñas y medianas empresas si se logra combinar eficazmente las intervenciones de Interreg con las del nuevo InvestEUFund propuesto por la Comisión en el contexto del MFP 2021-2027; |
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4.7.1.

—

las inversiones de las pequeñas y medianas empresas si se logra combinar eficazmente las intervenciones de Interreg con las del nuevo InvestEUFund propuesto por la Comisión en el contexto del MFP 2021-2027;

| — | las redes (de infraestructuras, digitales, energéticas) con el Mecanismo «Conectar Europa»; |
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—

las redes (de infraestructuras, digitales, energéticas) con el Mecanismo «Conectar Europa»;

| — | las acciones exteriores (FED, política de vecindad); |
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—

las acciones exteriores (FED, política de vecindad);

| — | los fondos de protección civil; |
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—

los fondos de protección civil;

| — | Erasmus+; |
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—

Erasmus+;

| — | Horizonte Europa (actualmente Horizonte 2020); |
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—

Horizonte Europa (actualmente Horizonte 2020);

| — | LIFE (medio ambiente y acción por el clima); |
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—

LIFE (medio ambiente y acción por el clima);

| — | Fondo Social Europeo; |
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—

Fondo Social Europeo;

...

| 4.7.2. | Las propuestas de la Comisión sobre este asunto siguen siendo imprecisas. El CESE pide a la Comisión, en el marco de las propuestas sobre el MFP 2021-2027, que presente una Comunicación sobre la integración de sus instrumentos de financiación. |
| --- | --- |

4.7.2.

| 4.8. | Publicidad — Interreg constituye uno de los principales medios para reforzar el espíritu de ciudadanía europea. Conviene aumentar la visibilidad para dar a conocer las acciones de la UE. La Comisión debe anunciar y promover de forma simple la utilización y los logros del programa Interreg. Ello con el objetivo de que los ciudadanos se den cuenta de las acciones concretas llevadas a cabo y realizadas con el apoyo de la UE. Habida cuenta de la importancia de esta cuestión, el CESE propone que se establezcan puntos de información y de cooperación fronteriza o territorial con esta misión, que estén integrados, preferentemente, en las organizaciones de la sociedad civil. |
| --- | --- |

4.8.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

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(1)  COM(2017) 623 final.

1

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| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/124 |
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6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/124

---

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo»

[COM(2018) 373 final — 2018/0198 (COD)]

(2018/C 440/20)

| Ponente: | Etele BARÁTH |
| --- | --- |

Ponente:

Etele BARÁTH

| Consulta | Parlamento Europeo, 11.6.2018
  Consejo de la Unión Europea, 19.6.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículos 175 y 304 del TFUE |
| | |
| Sección competente | Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social |
| Aprobado en la sección | 7.9.2018 |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 195/1/3 |

Consulta

Parlamento Europeo, 11.6.2018

Consejo de la Unión Europea, 19.6.2018

Fundamento jurídico

Artículos 175 y 304 del TFUE

Sección competente

Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social

Aprobado en la sección

7.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

195/1/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El CESE acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión Europea, relativa a un mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo (en lo sucesivo, el «mecanismo»). En opinión del CESE, la propuesta refleja un nuevo enfoque y puede ofrecer nuevas posibilidades de cooperación basadas en la subsidiariedad entre los distintos Estados miembros y contribuir a un desarrollo socioeconómico sostenible y más equilibrado de las regiones fronterizas, así como al crecimiento del PIB en la Unión Europea. |
| --- | --- |

1.1.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión Europea, relativa a un mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo (en lo sucesivo, el «mecanismo»). En opinión del CESE, la propuesta refleja un nuevo enfoque y puede ofrecer nuevas posibilidades de cooperación basadas en la subsidiariedad entre los distintos Estados miembros y contribuir a un desarrollo socioeconómico sostenible y más equilibrado de las regiones fronterizas, así como al crecimiento del PIB en la Unión Europea.

| 1.2. | El CESE considera que la propuesta está suficientemente motivada, puesto que si bien existen varios instrumentos institucionales que apoyan a estas regiones (como Interreg y la AECT), estas no disponen de las competencias necesarias para adoptar las correspondientes medidas legales. |
| --- | --- |

1.2.

El CESE considera que la propuesta está suficientemente motivada, puesto que si bien existen varios instrumentos institucionales que apoyan a estas regiones (como Interreg y la AECT), estas no disponen de las competencias necesarias para adoptar las correspondientes medidas legales.

| 1.3. | El CESE considera que la puesta en práctica del proyecto de Reglamento puede contribuir a la eliminación de los obstáculos históricos, a la difusión de la práctica cotidiana de la europeidad y al fomento del sentimiento de ciudadanía europea. |
| --- | --- |

1.3.

El CESE considera que la puesta en práctica del proyecto de Reglamento puede contribuir a la eliminación de los obstáculos históricos, a la difusión de la práctica cotidiana de la europeidad y al fomento del sentimiento de ciudadanía europea.

| 1.4. | El CESE alienta a la Comisión Europea a aclarar todas estas cuestiones que suscitan inseguridad jurídica, para que el proceso, considerado complejo y dotado de excesivas garantías, no tenga un efecto disuasorio para los posibles usuarios de dicha legislación. Es indispensable determinar claramente la manera de animar a dos Estados miembros vecinos a cooperar aunque sus respectivos puntos de vista sobre el proyecto o sus enfoques generales sean divergentes. |
| --- | --- |

1.4.

El CESE alienta a la Comisión Europea a aclarar todas estas cuestiones que suscitan inseguridad jurídica, para que el proceso, considerado complejo y dotado de excesivas garantías, no tenga un efecto disuasorio para los posibles usuarios de dicha legislación. Es indispensable determinar claramente la manera de animar a dos Estados miembros vecinos a cooperar aunque sus respectivos puntos de vista sobre el proyecto o sus enfoques generales sean divergentes.

| 1.5. | El CESE hace hincapié en la necesidad de velar en todo momento por la correcta aplicación del Reglamento dado que este no regula las soluciones, sino el propio proceso, y puede brindar un marco para innumerables posibilidades de cooperación. |
| --- | --- |

1.5.

El CESE hace hincapié en la necesidad de velar en todo momento por la correcta aplicación del Reglamento dado que este no regula las soluciones, sino el propio proceso, y puede brindar un marco para innumerables posibilidades de cooperación.

| 1.6. | El proyecto de Reglamento presenta la ventaja de que armoniza en lugar de uniformizar y que, por consiguiente, la determinación de su ámbito de aplicación territorial constituye un factor importante de su aplicabilidad (véase el punto 2.7.4). |
| --- | --- |

1.6.

El proyecto de Reglamento presenta la ventaja de que armoniza en lugar de uniformizar y que, por consiguiente, la determinación de su ámbito de aplicación territorial constituye un factor importante de su aplicabilidad (véase el punto 2.7.4).

| 1.7. | Por otra parte, la propuesta de Reglamento parte del principio de que, para resolver un problema determinado, se podría aplicar la legislación en vigor al otro lado de la frontera. Sin embargo, este planteamiento no es viable en muchos casos: puede que a ninguno de los dos lados de la frontera haya una normativa en vigor que ayude a resolver un problema determinado, por lo que la solución puede basarse en el modelo ofrecido por un tercer país. Debería proponerse un mecanismo que tenga en cuenta este supuesto. |
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1.7.

Por otra parte, la propuesta de Reglamento parte del principio de que, para resolver un problema determinado, se podría aplicar la legislación en vigor al otro lado de la frontera. Sin embargo, este planteamiento no es viable en muchos casos: puede que a ninguno de los dos lados de la frontera haya una normativa en vigor que ayude a resolver un problema determinado, por lo que la solución puede basarse en el modelo ofrecido por un tercer país. Debería proponerse un mecanismo que tenga en cuenta este supuesto.

| 1.8. | El CESE se congratula del sistema de coordinación establecido por la Comisión Europea, y cuenta con los puntos de coordinación transfronteriza para difundir las antiguas «buenas prácticas» (programas transfronterizos, etc.) y territorializar las iniciativas (por ejemplo, la coherencia con las estrategias macrorregionales integradas de desarrollo urbano). A tal fin, el Comité recomienda aprovechar la experiencia y la capacidad de coordinación de las organizaciones de la sociedad civil (véase el punto 2.14.2). |
| --- | --- |

1.8.

El CESE se congratula del sistema de coordinación establecido por la Comisión Europea, y cuenta con los puntos de coordinación transfronteriza para difundir las antiguas «buenas prácticas» (programas transfronterizos, etc.) y territorializar las iniciativas (por ejemplo, la coherencia con las estrategias macrorregionales integradas de desarrollo urbano). A tal fin, el Comité recomienda aprovechar la experiencia y la capacidad de coordinación de las organizaciones de la sociedad civil (véase el punto 2.14.2).

| 1.9. | Aunque el proyecto de Reglamento puede contribuir a reforzar aún más una administración pública europea innovadora y responsable, el CESE considera necesario imponer a las partes interesadas una obligación de información para poner de relieve las posibilidades de cooperación transfronteriza, y propone facilitar la participación en los procesos a través de los medios que brinda la administración electrónica, así como hacer más atractiva esta participación. |
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1.9.

Aunque el proyecto de Reglamento puede contribuir a reforzar aún más una administración pública europea innovadora y responsable, el CESE considera necesario imponer a las partes interesadas una obligación de información para poner de relieve las posibilidades de cooperación transfronteriza, y propone facilitar la participación en los procesos a través de los medios que brinda la administración electrónica, así como hacer más atractiva esta participación.

| 1.10. | El CESE recomienda que se preste atención al importante desequilibrio que podría surgir entre los posibles iniciadores, que debería compensarse previendo un apoyo para facilitar la participación de los socios más desfavorecidos en un principio. |
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1.10.

El CESE recomienda que se preste atención al importante desequilibrio que podría surgir entre los posibles iniciadores, que debería compensarse previendo un apoyo para facilitar la participación de los socios más desfavorecidos en un principio.

| 1.11. | Por lo que se refiere a las iniciativas y prácticas jurídicas transfronterizas, es importante evitar cualquier posibilidad de regresión. Debe velarse muy especialmente por que ninguna de las partes sea penalizada ni sufra perjuicio alguno como resultado de la cooperación. |
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1.11.

Por lo que se refiere a las iniciativas y prácticas jurídicas transfronterizas, es importante evitar cualquier posibilidad de regresión. Debe velarse muy especialmente por que ninguna de las partes sea penalizada ni sufra perjuicio alguno como resultado de la cooperación.

2.   Observaciones generales

Observaciones generales

| 2.1. | El CESE acoge favorablemente las iniciativas destinadas a eliminar los obstáculos al mercado común y a contribuir a la realización de sus cuatro libertades fundamentales (1). El CESE considera que la propuesta de instauración de un mecanismo transfronterizo, fruto del trabajo eficaz de la Presidencia luxemburguesa, es un paso más en esta dirección. |
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2.1.

El CESE acoge favorablemente las iniciativas destinadas a eliminar los obstáculos al mercado común y a contribuir a la realización de sus cuatro libertades fundamentales (1

| 2.2. | En la Unión Europea hay cuarenta regiones fronterizas terrestres interiores, que representan el 40 % de su territorio y casi el 30 % de su población. A diario, 1,3 millones de personas cruzan una frontera para ir a trabajar (2). |
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2.2.

En la Unión Europea hay cuarenta regiones fronterizas terrestres interiores, que representan el 40 % de su territorio y casi el 30 % de su población. A diario, 1,3 millones de personas cruzan una frontera para ir a trabajar (2

| 2.3. | Estos cruces de fronteras pueden generar problemas relacionados con el empleo, la mejora de la asistencia sanitaria, la utilización de los servicios ofrecidos por las instituciones estatales o la prestación de servicios de emergencia. El no reconocimiento de los regímenes fiscales, las pensiones y otros derechos y normas, así como la falta de servicios de emergencia comunes, podrían plantear graves problemas. La mayor parte de los obstáculos restantes se derivan de actos legislativos nacionales divergentes a ambos lados de la frontera, de procedimientos administrativos incompatibles o simplemente de una falta de planificación territorial conjunta (3). |
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2.3.

Estos cruces de fronteras pueden generar problemas relacionados con el empleo, la mejora de la asistencia sanitaria, la utilización de los servicios ofrecidos por las instituciones estatales o la prestación de servicios de emergencia. El no reconocimiento de los regímenes fiscales, las pensiones y otros derechos y normas, así como la falta de servicios de emergencia comunes, podrían plantear graves problemas. La mayor parte de los obstáculos restantes se derivan de actos legislativos nacionales divergentes a ambos lados de la frontera, de procedimientos administrativos incompatibles o simplemente de una falta de planificación territorial conjunta (3

| 2.4. | No obstante, por lo general, las regiones fronterizas obtienen peores resultados económicos que otras regiones de un Estado miembro. El acceso a los servicios públicos, como los hospitales y las universidades, suele ser más difícil en las regiones fronterizas. Los particulares, las empresas y las autoridades públicas de las regiones fronterizas se enfrentan a dificultades concretas para abrirse camino entre dos sistemas administrativos y jurídicos diferentes. Investigadores de la Universidad Técnica de Milán han demostrado que la eliminación de los obstáculos administrativos actuales permitiría aumentar el PIB de la Unión en un 8 % aproximadamente (4). |
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2.4.

No obstante, por lo general, las regiones fronterizas obtienen peores resultados económicos que otras regiones de un Estado miembro. El acceso a los servicios públicos, como los hospitales y las universidades, suele ser más difícil en las regiones fronterizas. Los particulares, las empresas y las autoridades públicas de las regiones fronterizas se enfrentan a dificultades concretas para abrirse camino entre dos sistemas administrativos y jurídicos diferentes. Investigadores de la Universidad Técnica de Milán han demostrado que la eliminación de los obstáculos administrativos actuales permitiría aumentar el PIB de la Unión en un 8 % aproximadamente (4

| 2.5. | Habida cuenta de la dimensión social de este problema, el CESE considera especialmente importante establecer mecanismos que, mediante la eliminación de los obstáculos administrativos, permitan a los ciudadanos elegir libremente su empleo y apoyen el desarrollo de infraestructuras y servicios de interés general. |
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2.5.

Habida cuenta de la dimensión social de este problema, el CESE considera especialmente importante establecer mecanismos que, mediante la eliminación de los obstáculos administrativos, permitan a los ciudadanos elegir libremente su empleo y apoyen el desarrollo de infraestructuras y servicios de interés general.

| 2.6. | Asimismo, desde un punto de vista económico, se considera muy acertado el enfoque adoptado en la propuesta, que permitirá reducir aún más las cargas administrativas, en interés tanto de los empresarios como de los trabajadores. |
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2.6.

Asimismo, desde un punto de vista económico, se considera muy acertado el enfoque adoptado en la propuesta, que permitirá reducir aún más las cargas administrativas, en interés tanto de los empresarios como de los trabajadores.

| 2.7. | Debido a su situación periférica, las zonas fronterizas suelen ser menos favorecidas, en términos tanto económicos como sociales (5). Una iniciativa de este tipo podría contribuir de manera significativa al fortalecimiento de la cohesión territorial, cuyo objetivo consiste en garantizar el desarrollo armonioso de todas las regiones y permitir a sus habitantes aprovechar al máximo los activos regionales. Conforme a lo dispuesto en el Tratado de Lisboa (6), el CESE considera que esta diversidad puede convertirse en una ventaja que contribuya al desarrollo sostenible de la Unión en su conjunto. |
| --- | --- |

2.7.

Debido a su situación periférica, las zonas fronterizas suelen ser menos favorecidas, en términos tanto económicos como sociales (5

6

| 2.7.1. | El CESE lamenta que la Comisión no haya emprendido un proceso participativo con el fin de adoptar una estrategia global e integrada para una Europa sostenible hasta 2030 y más allá (7). Por lo tanto, habida cuenta de que reviste especial importancia la contextualización del nuevo mecanismo, el CESE considera que los nuevos puntos de coordinación transfronteriza no solo deben garantizar una armonización jurídica, sino también la integración de las iniciativas en los distintos procesos territoriales. |
| --- | --- |

2.7.1.

El CESE lamenta que la Comisión no haya emprendido un proceso participativo con el fin de adoptar una estrategia global e integrada para una Europa sostenible hasta 2030 y más allá (7

| 2.7.2. | Estos procesos territoriales incluyen, en particular, las estrategias territoriales de los diferentes niveles (por ejemplo, las estrategias macrorregionales o las estrategias integradas de desarrollo urbano), así como la integración de la experiencia relacionada con los programas europeos de cooperación territorial, especialmente en lo que se refiere a las experiencias y los resultados de los programas transfronterizos. |
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2.7.2.

Estos procesos territoriales incluyen, en particular, las estrategias territoriales de los diferentes niveles (por ejemplo, las estrategias macrorregionales o las estrategias integradas de desarrollo urbano), así como la integración de la experiencia relacionada con los programas europeos de cooperación territorial, especialmente en lo que se refiere a las experiencias y los resultados de los programas transfronterizos.

| 2.7.3. | La gran virtud del texto en su formulación actual, en comparación con las ideas planteadas anteriormente, es que no excluye la posibilidad de la cooperación marítima (que hace que el instrumento sea aplicable a una cooperación marítima dinámica como la establecida en la región del Gran Copenhague y entre Helsinki y Tallin, o las relaciones italo-croatas actualmente en pleno desarrollo). |
| --- | --- |

2.7.3.

La gran virtud del texto en su formulación actual, en comparación con las ideas planteadas anteriormente, es que no excluye la posibilidad de la cooperación marítima (que hace que el instrumento sea aplicable a una cooperación marítima dinámica como la establecida en la región del Gran Copenhague y entre Helsinki y Tallin, o las relaciones italo-croatas actualmente en pleno desarrollo).

| 2.7.4. | Aunque el ámbito territorial de aplicación se sitúa en el nivel NUTS 3, con arreglo a la interpretación de la propuesta legislativa, esta prevé la aplicación del mecanismo al territorio lo más pequeño posible y justificable, lo cual debe acogerse con satisfacción. No obstante, es importante que el Reglamento se adapte a los supuestos en los cuales el ámbito de aplicación territorial deba ampliarse más allá de los límites administrativos propuestos (por ejemplo, en su caso, la radiofrecuencia de las ambulancias debe funcionar en un territorio más amplio). |
| --- | --- |

2.7.4.

Aunque el ámbito territorial de aplicación se sitúa en el nivel NUTS 3, con arreglo a la interpretación de la propuesta legislativa, esta prevé la aplicación del mecanismo al territorio lo más pequeño posible y justificable, lo cual debe acogerse con satisfacción. No obstante, es importante que el Reglamento se adapte a los supuestos en los cuales el ámbito de aplicación territorial deba ampliarse más allá de los límites administrativos propuestos (por ejemplo, en su caso, la radiofrecuencia de las ambulancias debe funcionar en un territorio más amplio).

| 2.8. | Como también se desprende de la nueva propuesta de presupuesto de la UE, la protección del medio ambiente se ha convertido en una prioridad indiscutible: «La Comisión propone aumentar la financiación en apoyo del medio ambiente y la acción por el clima» (8). Es evidente que debe acogerse con satisfacción cualquier tentativa de enfoque coherente para el ecosistema europeo que permita proteger la naturaleza. |
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2.8.

Como también se desprende de la nueva propuesta de presupuesto de la UE, la protección del medio ambiente se ha convertido en una prioridad indiscutible: «La Comisión propone aumentar la financiación en apoyo del medio ambiente y la acción por el clima» (8

| 2.9. | Al igual que la Comisión Europea en su Comunicación «Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE» (9) (que, a través de diez propuestas, destaca cómo la Unión Europea y sus Estados miembros podrían reducir la complejidad, la duración y los costes de la interacción transfronteriza y promover la puesta en común de servicios a lo largo de las fronteras interiores), el CESE considera que la cooperación debe ir más allá de la armonización jurídica (apoyo al multilingüismo, etc.). |
| --- | --- |

2.9.

Al igual que la Comisión Europea en su Comunicación «Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE» (9

| 2.10. | No obstante, existe el riesgo de que la instauración del mecanismo de forma voluntaria dé lugar a una mayor fragmentación de la práctica jurídica y de la situación administrativa en Europa, y de que también puedan existir diferencias considerables entre las prácticas de los Estados más desarrollados y las de los menos desarrollados. Ciertamente, estos últimos no solo se enfrentan a obstáculos jurídicos diferentes, sino también a problemas más graves, por ejemplo desde el punto de vista económico. |
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2.10.

No obstante, existe el riesgo de que la instauración del mecanismo de forma voluntaria dé lugar a una mayor fragmentación de la práctica jurídica y de la situación administrativa en Europa, y de que también puedan existir diferencias considerables entre las prácticas de los Estados más desarrollados y las de los menos desarrollados. Ciertamente, estos últimos no solo se enfrentan a obstáculos jurídicos diferentes, sino también a problemas más graves, por ejemplo desde el punto de vista económico.

| 2.11. | El CESE es consciente de que la armonización jurídica es un proceso muy lento, pero anima a los Estados miembros a establecer una estructura lo más homogénea posible. En general, parece que la propuesta de Reglamento pretende acortar los plazos del procedimiento para proteger a los agentes locales. Sin embargo, dada la complejidad del mecanismo y la duración de los procedimientos burocráticos, será necesaria una firme voluntad de cooperación para que puedan respetarse los plazos establecidos. |
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2.11.

El CESE es consciente de que la armonización jurídica es un proceso muy lento, pero anima a los Estados miembros a establecer una estructura lo más homogénea posible. En general, parece que la propuesta de Reglamento pretende acortar los plazos del procedimiento para proteger a los agentes locales. Sin embargo, dada la complejidad del mecanismo y la duración de los procedimientos burocráticos, será necesaria una firme voluntad de cooperación para que puedan respetarse los plazos establecidos.

| 2.12. | La configuración del nuevo sistema institucional multinivel también plantea una serie de cuestiones. Es preciso determinar el marco de funcionamiento de estas instituciones de modo que los obstáculos que surjan no repercutan en las autoridades (capacidad insuficiente, etc.). |
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2.12.

La configuración del nuevo sistema institucional multinivel también plantea una serie de cuestiones. Es preciso determinar el marco de funcionamiento de estas instituciones de modo que los obstáculos que surjan no repercutan en las autoridades (capacidad insuficiente, etc.).

| 2.13. | A este respecto, el Comité valora positivamente el papel de coordinación de la Comisión Europea, posibilitado por la creación del punto de contacto fronterizo en septiembre de 2017 (10). |
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2.13.

A este respecto, el Comité valora positivamente el papel de coordinación de la Comisión Europea, posibilitado por la creación del punto de contacto fronterizo en septiembre de 2017 (10

| 2.13.1. | El CESE expresa, no obstante, su preocupación por la falta de financiación europea, que podría plantear problemas, sobre todo a los Estados miembros menos desarrollados. Por consiguiente, el CESE considera importante prever una posibilidad de interconexión entre los distintos fondos de financiación y el mecanismo. |
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2.13.1.

El CESE expresa, no obstante, su preocupación por la falta de financiación europea, que podría plantear problemas, sobre todo a los Estados miembros menos desarrollados. Por consiguiente, el CESE considera importante prever una posibilidad de interconexión entre los distintos fondos de financiación y el mecanismo.

| 2.14. | El CESE acoge con especial satisfacción el carácter ascendente de la iniciativa, ya que son los agentes locales —es decir, aquellos que realmente experimentan y abordan los obstáculos mencionados— quienes han impulsado el proceso de armonización. |
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2.14.

El CESE acoge con especial satisfacción el carácter ascendente de la iniciativa, ya que son los agentes locales —es decir, aquellos que realmente experimentan y abordan los obstáculos mencionados— quienes han impulsado el proceso de armonización.

| 2.14.1. | Las organizaciones de la sociedad civil cuentan con la colaboración de los agentes locales interesados, por lo que están especialmente capacitadas para comprender cuáles son los problemas locales y formular propuestas. Por consiguiente, el CESE considera que su participación reviste una importancia especial y recomienda aprovechar su experiencia y su capacidad de coordinación (por ejemplo, recurriendo a los indicadores interregionales de las cámaras de comercio o a la cooperación existente entre sindicatos u organizaciones con intereses específicos). El Comité también considera importante tener en cuenta el trabajo de los consejos económicos y sociales nacionales y regionales. |
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2.14.1.

Las organizaciones de la sociedad civil cuentan con la colaboración de los agentes locales interesados, por lo que están especialmente capacitadas para comprender cuáles son los problemas locales y formular propuestas. Por consiguiente, el CESE considera que su participación reviste una importancia especial y recomienda aprovechar su experiencia y su capacidad de coordinación (por ejemplo, recurriendo a los indicadores interregionales de las cámaras de comercio o a la cooperación existente entre sindicatos u organizaciones con intereses específicos). El Comité también considera importante tener en cuenta el trabajo de los consejos económicos y sociales nacionales y regionales.

| 2.14.2. | Además, es importante que los Estados miembros apoyen ampliamente a la sociedad civil para que los agentes que se encuentran en situación económica desfavorable también puedan estar al corriente de las oportunidades y beneficiarse de ellas. |
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2.14.2.

Además, es importante que los Estados miembros apoyen ampliamente a la sociedad civil para que los agentes que se encuentran en situación económica desfavorable también puedan estar al corriente de las oportunidades y beneficiarse de ellas.

| 2.14.3. | A este respecto, el CESE propone apoyar la labor de las organizaciones constituidas por regiones transfronterizas (por ejemplo, la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, la Misión Operativa Transfronteriza o el Servicio de Europa Central para Iniciativas Transfronterizas), con el fin de promover los intereses de las zonas fronterizas, el establecimiento de contactos y el intercambio de experiencias entre las distintas partes interesadas, así como las posibilidades de cooperación. |
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2.14.3.

A este respecto, el CESE propone apoyar la labor de las organizaciones constituidas por regiones transfronterizas (por ejemplo, la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, la Misión Operativa Transfronteriza o el Servicio de Europa Central para Iniciativas Transfronterizas), con el fin de promover los intereses de las zonas fronterizas, el establecimiento de contactos y el intercambio de experiencias entre las distintas partes interesadas, así como las posibilidades de cooperación.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

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(1)  DO C 125 de 21.4.2017, p. 1.

1

(2)  http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions

2

(3)  http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/cooperation/european-territorial/cross-border/review/

3

(4)  Camagni y otros, «Quantification of the effects of legal and administrative border obstacles in land border regions», Comisión Europea, Bruselas, 2017.

4

(5)  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr_es.pdf.

5

(6)  DO C 306 de 17.12.2007.

6

(7)  DO C 345 de 13.10.2017, p. 91.

7

(8)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4002_es.htm.

8

(9)  http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions

9

(10)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3270_es.htm

10

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| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/128 |
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6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/128

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Autoridad Laboral Europea»

[COM(2018) 131 final — 2018/0064 (COD)]

(2018/C 440/21)

| Ponente: | Carlos Manuel TRINDADE |
| --- | --- |

Ponente:

Carlos Manuel TRINDADE

| Consulta | Consejo, 6.4.2018
  Parlamento Europeo, 16.4.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículos 46, 91, apartado 1, y 304 del TFUE |
| Sección competente | Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía |
| Aprobado en sección | 19.7.2018 |
| Aprobado en el pleno | 20.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 189/16/29 |

Consulta

Consejo, 6.4.2018

Parlamento Europeo, 16.4.2018

Fundamento jurídico

Artículos 46, 91, apartado 1, y 304 del TFUE

Sección competente

Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Aprobado en sección

19.7.2018

Aprobado en el pleno

20.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

189/16/29

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | La situación del mercado laboral transfronterizo presenta problemas importantes para las empresas, los trabajadores y los Estados miembros, en concreto la competencia desleal, el dumping social e ilegalidades y fraudes diversos a nivel fiscal y de la seguridad social. Los problemas y conflictos existentes se ven agravados por la falta de información para las empresas y los trabajadores, la escasa cooperación entre los Estados miembros y la poca capacidad de la mayoría de inspecciones del trabajo. A pesar de que se han tomado algunas medidas, las instituciones de la UE, el presidente de la Comisión, el CESE, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado sobre la necesidad de hacer más y mejor para superar esta situación. |
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1.1.

| 1.2. | La propuesta de Reglamento de la Comisión por el que se crea la Autoridad Laboral Europea (ALE) representa, si se aplica adecuadamente, un paso importante en la dirección correcta para mejorar la movilidad transfronteriza, cumplir la legislación europea y nacional, fomentar la cooperación entre autoridades nacionales responsables del mercado de trabajo, mejorar el acceso a información adecuada y actualizada, combatir las ilegalidades y reforzar el mercado interior, si la ALE respeta las competencias nacionales y de la UE y si hay cooperación y apoyo por parte de los Estados miembros. |
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1.2.

| 1.3. | El CESE apoya esta iniciativa de la Comisión cuyo objetivo es contribuir a resolver los problemas de la movilidad transfronteriza. Toma nota de que la Comisión propone un Reglamento para la creación de una ALE y subraya que la cooperación estructurada entre Estados miembros presenta una base equilibrada para buscar soluciones innovadoras y con valor añadido para empresas, trabajadores, autoridades e inspecciones del trabajo nacionales, sin perjuicio del principio de subsidiariedad. |
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1.3.

| 1.4. | El CESE manifiesta su acuerdo general con los esfuerzos de la Comisión por mejorar la cooperación transfronteriza y evitar las prácticas ilegales. En particular, indica los puntos de acuerdo (véase 4.1), formula observaciones (véase 4.2) y presenta algunas propuestas pertinentes (véase 4.3), que espera se tengan en cuenta para mejorar la eficacia de la actuación de la ALE. |
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1.4.

| 1.5. | El CESE recomienda a la Comisión que actúe con suma prudencia cuando integre los diversos organismos en la ALE, de manera que se haga buen uso de la experiencia y los conocimientos especializados acumulados y se garantice que no haya solapamientos con otros instrumentos y estructuras, con vistas a garantizar, en última instancia, que la acción de la ALE sea más eficaz. La independencia de la ALE debe garantizarse mediante la asignación de recursos propios adecuados para el ejercicio de sus misiones. No obstante, el CESE advierte de la posible escasez de recursos de la ALE, lo que podría poner en peligro su eficacia. Por tanto, aunque toma nota de estas preocupaciones y de otras que se han expresado en cuanto a su rentabilidad, es importante garantizar que sus recursos se gestionen adecuadamente. |
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1.5.

| 1.6. | De las distintas propuestas presentadas, el CESE llama la atención en especial sobre la relativa a la participación de los interlocutores sociales (4.3.3). Las soluciones al problema de la movilidad transfronteriza se encontrarán más fácilmente en el marco de una participación activa de los interlocutores sociales a escala europea, nacional y sectorial, que es el objetivo de la presente propuesta del CESE. El CESE propone que se transforme el Grupo de partes interesadas adjunto a la ALE en un consejo consultivo de esta y que se refuerce la presencia de los interlocutores sociales en este organismo. |
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1.6.

2.   Contexto

| 2.1. | En los últimos años, se ha registrado un aumento muy significativo de la movilidad laboral: entre 2010 y 2017, el número de ciudadanos que vivían o trabajaban en un Estado miembro distinto de aquel en el que habían nacido pasó de ocho a diecisiete millones, y el número de trabajadores desplazados aumentó un 68 % desde 2010, y ascendía a 2,3 millones en 2016. Hay más de dos millones de trabajadores del sector del transporte por carretera que cruzan cada día fronteras interiores de la Unión para transportar mercancías o pasajeros (1). |
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2.1.

| 2.2. | Un aspecto importante de la realidad social europea tiene que ver con la repercusión de la pobreza, que no ha disminuido de forma significativa y afecta al 23,5 % de la población de la Unión Europea (2). Algunas de estas personas están inactivas y desanimadas, o son ciudadanos con discapacidad, inmigrantes de terceros países, gitanos y personas sin hogar, y algunas de ellas viven en un Estado miembro distinto del de origen; para estas personas resultaría más fácil encontrar soluciones si los mercados laborales transfronterizos funcionasen de manera más eficiente, ya que se abrirían más posibilidades de empleo. |
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2.2.

| 2.3. | En cuanto a la cuestión de la movilidad laboral, las instituciones europeas han expresado ya su opinión. La Comisión afirma que «siguen planteándose interrogantes con respecto al cumplimiento y la ejecución efectiva y eficiente de las normas de la UE, lo que puede poner en peligro la confianza en el mercado interior y su equidad. En particular, se han expresado inquietudes en relación con los trabajadores móviles, que son vulnerables a los abusos o ven negados sus derechos, así como con las empresas, que operan en un entorno empresarial incierto o poco claro y en condiciones de competencia desiguales» (3). El Parlamento Europeo ha subrayado «la necesidad de reforzar los controles y la coordinación por los Estados miembros y entre ellos, en particular a través del refuerzo de los intercambios de información entre las inspecciones de trabajo, y de apoyar activamente el ejercicio del derecho a la libre circulación» (4). El Consejo ha puesto de relieve «la necesidad de mejorar la cooperación administrativa y establecer mecanismos de asistencia y de intercambios de información en el contexto de la lucha contra el fraude relacionado con el desplazamiento de los trabajadores, haciendo al mismo tiempo hincapié en la importancia de una información clara y transparente para los prestadores de servicios y los trabajadores» (5). |
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2.3.

| 2.4. | El discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado el 13 de septiembre de 2017 por el presidente Jean-Claude Juncker sintetiza bien la posición de las instituciones europeas: «Debemos asegurarnos de que todas las normas de la UE sobre movilidad laboral se apliquen de forma equitativa, sencilla y eficaz mediante un nuevo organismo europeo de inspección y control del cumplimiento. Es absurdo tener una Autoridad Bancaria para vigilar las normas bancarias y, en cambio, no tener una autoridad laboral común para garantizar la equidad en nuestro mercado único» (6). |
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2.4.

| 2.5. | El propio CESE ha emitido varios dictámenes (7) sobre esta cuestión. |
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2.5.

| 2.6. | A pesar de la adopción en los últimos años de un conjunto de iniciativas y propuestas para promover una movilidad laboral equitativa, su aplicación y respectivo control todavía son insuficientes. |
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2.6.

| 2.7. | La situación actual, caracterizada por los abusos y las prácticas ilegales en algunos Estados miembros, guarda relación con el populismo y ha fomentado los sentimientos antieuropeos y el creciente proteccionismo que han ido surgiendo en los últimos años en muchos Estados miembros. |
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2.7.

| 2.8. | Estos hechos ponen de manifiesto que los derechos enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no se están respetando, en especial los recogidos en los artículos 15, 16, 21, 29, 31, 34, 35 y 45. |
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2.8.

| 2.9. | Además, el reconocimiento de esta realidad fue uno de los principales argumentos para la proclamación del pilar europeo de derechos sociales, que se propone garantizar «la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado laboral para los ciudadanos, así como condiciones de trabajo justas y la protección e inclusión social» (8). |
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2.9.

| 2.10. | Estas observaciones de las instituciones de la Unión están en consonancia con las alertas y denuncias que los interlocutores sociales europeos, sindicatos y empresas, y varias autoridades nacionales han venido lanzado a lo largo de los años, pidiendo políticas que solucionaran este fenómeno. |
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2.10.

| 2.11. | Son conocidas las significativas diferencias que existen entre Estados miembros en el nivel de competencias y recursos de las autoridades de inspección del trabajo, y en muchos casos la dotación de inspectores es inferior a la que recomienda la OIT (9). Por otro lado, la reducción de los recursos asignados a la inspección del trabajo, las dificultades lingüísticas y los distintos niveles de digitalización han puesto de manifiesto el escaso conocimiento de lo que sucede en la movilidad laboral transfronteriza y han hecho necesario realizar actividades a escala de la UE, apoyar a los Estados miembros para superar estas deficiencias y ser más proactivos y eficaces a la hora de cooperar y participar en iniciativas conjuntas. |
| --- | --- |

2.11.

| 2.12. | Los resultados de las consultas públicas en internet (10) y de las consultas internas han demostrado la existencia de una laguna, en especial por lo que respecta a la inadecuación del apoyo y la orientación para los trabajadores y las empresas en situaciones transfronterizas, así como el carácter incompleto y disperso de la información disponible para el público sobre sus derechos y obligaciones, el insuficiente grado de cooperación y coordinación entre las autoridades públicas nacionales y la ineficacia en la aplicación y el cumplimiento de las normas. Las consultas específicas dieron resultados variables. La mayoría de los encuestados apoyó la creación de una nueva Autoridad centrada en la mejora de la cooperación entre los Estados miembros, que facilite así el intercambio de información y buenas prácticas. Al mismo tiempo, los encuestados subrayaron que la nueva Autoridad debería respetar plenamente las competencias nacionales sancionadas en el Tratado, y que no debería imponer requisitos adicionales de presentación de informes. También hubo críticas respecto a las posibles duplicaciones de las estructuras administrativas existentes. |
| --- | --- |

2.12.

3.   Observaciones generales

| 3.1. | El CESE apoya los esfuerzos de la Comisión por combatir las ilegalidades y los fraudes en la movilidad transfronteriza. A tal fin, la creación de una Autoridad Laboral Europea sigue las orientaciones políticas de julio de 2014 para la construcción de una Europa más social. |
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3.1.

| 3.2. | El CESE apoya la opinión de la Comisión respecto a la necesidad de una cooperación eficaz entre las autoridades nacionales y de una acción administrativa concertada para gestionar un mercado laboral cada vez más europeo y responder, a través de la ALE, en caso de que se cree, con un mandato claro que respete los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y de una forma justa, sencilla y eficaz, a los importantes retos que se plantean respecto a la movilidad transfronteriza (11). |
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3.2.

| 3.3. | El CESE respalda la opinión de la Comisión de que «la movilidad laboral transfronteriza en la Unión beneficia a las personas, las economías y las sociedades en su conjunto» y que este beneficio «depende de unas normas claras, justas y aplicadas de manera efectiva sobre la movilidad laboral transfronteriza y la coordinación de los sistemas de la seguridad social» (12). |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | El CESE ha analizado la propuesta de la Comisión para comprobar si es conforme a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, al acuerdo entre el Parlamento y el Consejo sobre la racionalización de las agencias europeas descentralizadas y al principio de mejora de la legislación, así como la relación entre la iniciativa propuesta y la Plataforma sobre el trabajo no declarado, y considera que se ajusta a dichos requisitos. |
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3.4.

| 3.5. | El CESE estima que la decisión de la Comisión de optar, entre las distintas hipótesis consideradas (13), por la solución operativa de constituir una nueva agencia sobre la base de la cooperación entre los Estados miembros que aproveche las estructuras existentes es la adecuada y responde a las necesidades existentes en el momento actual, y comparte con la Comisión el punto de vista de que la forma de instituir la ALE —a través de un Reglamento, si se aprueba— aportaría más seguridad jurídica, por lo que es la más apropiada. |
| --- | --- |

3.5.

| 3.6. | El CESE considera que la creación de la ALE, si se cuenta con la cooperación y el apoyo de todos los Estados miembros, puede colmar las importantes lagunas mencionadas anteriormente. El CESE destaca que la ALE deberá centrarse en la mejora de la movilidad laboral, la aplicación de las normas, la lucha contra las desigualdades y el fortalecimiento del mercado interior mediante el refuerzo de la cooperación transfronteriza entre los Estados miembros. Cuanto más se centre la ALE en fijar su misión, sin apartarse de sus objetivos, mejor acallará posibles tergiversaciones o interpretaciones negativas de su importancia. |
| --- | --- |

3.6.

| 3.7. | El CESE apoya en general la propuesta de Reglamento de la Comisión, en particular los objetivos (artículo 2), las tareas (artículo 5), la información sobre la movilidad laboral transfronteriza (artículo 6), el acceso a servicios de movilidad laboral transfronteriza (artículo 7), la cooperación e intercambio de información entre los Estados miembros (artículo 8) y la cooperación en caso de perturbaciones del mercado laboral transfronterizo (artículo 14), porque definen tareas de la ALE que pueden contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos laborales y sociales en condiciones de igualdad en el país de acogida, la lucha contra el dumping social, la existencia de una competencia sana entre las empresas y la lucha contra el fraude en la movilidad transfronteriza, problemas que los Estados miembros por sí solos no pueden solucionar. |
| --- | --- |

3.7.

| 3.8. | El CESE entiende que estos objetivos y tareas aclaran las dudas legítimas respecto a las funciones efectivas y al papel de la ALE. |
| --- | --- |

3.8.

| 3.9. | El CESE considera que la acción de la ALE reúne todas las condiciones para ser positiva, ya que prestará a los Estados miembros y a los interlocutores sociales un apoyo operativo y técnico eficaz para combatir las ilegalidades, los abusos y los fraudes en la movilidad laboral. La aplicación de los derechos de los trabajadores y los ciudadanos a la igualdad de trato, al acceso a oportunidades de empleo y a la seguridad social se garantizará facilitando información y servicios pertinentes a los trabajadores y a los empleadores, y mediante la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades nacionales, la realización de inspecciones conjuntas y concertadas, y la colaboración en caso de litigios y perturbaciones del mercado laboral con repercusiones transfronterizas, como las reestructuraciones de empresas que afecten a varios Estados miembros. |
| --- | --- |

3.9.

| 3.10. | El CESE espera que la ALE aporte inspiración y estímulo para mejorar la capacidad de las autoridades nacionales, en especial en lo que se refiere a las inspecciones del trabajo y a su personal, así como a la prestación de información y asesoramiento para ayudar a las empresas y los trabajadores europeos a conocer qué normas se aplican en las situaciones transfronterizas. |
| --- | --- |

3.10.

| 3.11. | El CESE advierte de la importancia de las nuevas formas de trabajo resultantes de las innovaciones tecnológicas y digitales en las empresas y el mercado de trabajo, y que se reflejan naturalmente en las situaciones de movilidad transfronteriza, por lo que la ALE deberá tener en cuenta esta nueva realidad. |
| --- | --- |

3.11.

| 3.12. | El CESE confía en que las posibles sinergias resultantes de la concentración de experiencia, capacidades y tareas y de la cooperación prevista en el marco de la ALE se materialicen y permitan evitar duplicaciones y falta de claridad, ya que: |
| --- | --- |

3.12.

| 3.12.1. | integrará varias estructuras existentes, en particular, la red europea de servicios de empleo (EURES), el Comité Técnico sobre Libre Circulación de Trabajadores, el Comité de Expertos sobre Desplazamiento de Trabajadores, la Comisión Técnica, la Comisión de Cuentas y el Comité de Conciliación de la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social, y la Plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de lucha contra el trabajo no declarado; |
| --- | --- |

3.12.1.

| 3.12.2. | cooperará con las agencias europeas existentes en el ámbito laboral: el Cedefop (14), la ETF (15), EU-OSHA (16), Eurofound (17), la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social, el Comité Consultivo de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social y el Comité Consultivo sobre la Libre Circulación de Trabajadores. |
| --- | --- |

3.12.2.

| 3.12.3. | No obstante, el CESE desea y espera que esta integración y cooperación reforzadas representen un progreso efectivo en términos de eficacia, y que no se vayan en detrimento de las buenas prácticas y el trabajo realizado en estos distintos ámbitos. El CESE toma nota de los buenos ejemplos de los países del Benelux, la Plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de lucha contra el trabajo no declarado, y la creación del documento de identidad europeo en el sector de la construcción civil, que deberán protegerse y reproducirse en la medida de lo posible y confía en que, con estas capacidades, se lancen otras iniciativas innovadoras de la misma naturaleza. Un ejemplo de este tipo de iniciativas innovadoras es la creación del número europeo de la seguridad social, que se materializará tras la actualización en curso del Reglamento n.o 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (18) y la conclusión de las labores para el intercambio electrónico de información sobre seguridad social (EESSI). |
| --- | --- |

3.12.3.

| 3.13. | El CESE destaca la importancia de que se prevea la participación de los interlocutores sociales en el funcionamiento y la gobernanza de la ALE (artículo 24). No obstante, destaca que, tal como está prevista en la actualidad, es manifiestamente insuficiente. El CESE confía en que esta participación pueda reunir las condiciones efectivas para aportar un auténtico valor añadido para la solución de los problemas concretos de la movilidad laboral. |
| --- | --- |

3.13.

| 3.14. | Considera que la ALE debe respetar el principio de subsidiariedad y no puede interferir en el funcionamiento de los mercados laborales de los Estados miembros, en particular en sus sistemas de relaciones laborales y de negociación colectiva, a todos los niveles, en la autonomía de los interlocutores sociales ni en los servicios de inspección del trabajo. |
| --- | --- |

3.14.

4.   Observaciones específicas

| 4.1. | El CESE destaca y apoya: |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | El fomento de las inspecciones conjuntas y planeadas con las autoridades nacionales siempre que se produzcan casos de incumplimiento, fraude o abuso, pero de conformidad con la legislación de los Estados miembros afectados. Estas inspecciones deberán realizarse de forma voluntaria, a fin de respetar las competencias de los Estados miembros. Con todo, se llama la atención de que la posible falta de participación de un Estado miembro –que siempre deberá estar fundamentada– puede poner en entredicho la eficacia de la acción de la ALE. |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | La ALE no tiene poder de iniciativa para realizar inspecciones conjuntas y planeadas, lo cual es competencia de las autoridades nacionales, pero tiene la capacidad de sugerir a los Estados miembros que se lleven a cabo cuando detecte casos de incumplimiento legal, abusos o fraudes transfronterizos. |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.1.3. | La ALE asume la responsabilidad del portal europeo de la movilidad profesional, en interacción con el portal digital único, en el marco del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) y del Intercambio Electrónico de Información sobre Seguridad Social (EESSI). |
| --- | --- |

4.1.3.

| 4.1.4. | El reconocimiento y la valoración por parte de la ALE de la autonomía de los interlocutores sociales y de la negociación colectiva, en particular, la importancia de su participación activa en la consecución de sus propios objetivos. |
| --- | --- |

4.1.4.

| 4.1.5. | La importancia del apoyo de la ALE, en especial en materia de información y asesoramiento técnico a los sindicatos y empresas y también en caso de conflicto laboral transfronterizo, ya que se reconoce así el papel fundamental que desempeñan para el cumplimiento de la legislación. |
| --- | --- |

4.1.5.

| 4.1.6. | La mediación, por parte de la ALE, en conflictos entre las autoridades nacionales, en particular en el ámbito de los litigios relativos a la seguridad social, aunque este proceso aún debe aclararse. |
| --- | --- |

4.1.6.

| 4.1.7. | Que los funcionarios de enlace nacionales — en calidad de puntos de conexión con los Estados miembros— vayan a contribuir sin duda a incrementar la eficacia de la ALE. No obstante, deberán aclararse sus relaciones funcionales con los Estados miembros de origen, no solo con la administración, sino también con los interlocutores sociales nacionales. |
| --- | --- |

4.1.7.

| 4.1.8. | La independencia de la ALE debe garantizarse mediante la asignación de recursos propios adecuados para el ejercicio de sus misiones. No obstante, el CESE advierte de la posible escasez de recursos de la ALE, lo que podría poner en peligro su eficacia. También hay una serie de preocupaciones en cuanto a su rentabilidad y, por tanto, es importante garantizar que sus recursos se gestionen adecuadamente. |
| --- | --- |

4.1.8.

| 4.2. | Por lo que respecta a las funciones atribuidas a la ALE, el CESE considera que: |
| --- | --- |

4.2.

| 4.2.1. | Los litigios entre las administraciones nacionales, en el ámbito de la movilidad laboral y la coordinación de la seguridad social, pueden resolverse con la mediación de la ALE, a petición de las autoridades nacionales de los Estados miembros, y de conformidad con las mismas. |
| --- | --- |

4.2.1.

| 4.2.2. | La existencia de dicha mediación no debe poner en entredicho la posibilidad de recurso ante los tribunales de cualquiera de las partes interesadas. |
| --- | --- |

4.2.2.

| 4.2.3. | Es necesario aclarar las relaciones y la cooperación de la ALE con las agencias y otros organismos de la UE relacionados con las cuestiones del trabajo y con el cumplimiento y la aplicación de la legislación. |
| --- | --- |

4.2.3.

| 4.2.4. | La creación de la ALE no debe aumentar los costes administrativos adicionales para las empresas y los trabajadores. |
| --- | --- |

4.2.4.

| 4.3. | El CESE sugiere, dada la necesidad de concretar los objetivos subyacentes a la creación de la ALE, que en la propuesta de Reglamento de la Comisión Europea se incluya lo siguiente: |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | La obligación de los Estados miembros de cooperar con la ALE, proporcionando información y asistencia y brindando acceso a las bases de datos nacionales en los ámbitos de la legislación, la seguridad social y la fiscalidad, deberá aclararse en mayor medida. También deberá aclararse cómo se repartirán los costes entre los distintos Estados miembros, en particular por lo que respecta a las inspecciones conjuntas. |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | La asunción de que la ALE, con su acción y a través de una relación estrecha —cuando proceda— con Europol y Eurojust, deberá ayudar a combatir el fraude. |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | La modificación del artículo 24, del Reglamento sobre la participación de los interlocutores sociales, ya que es insuficiente y se propone:






  — | que se constituya un Consejo Consultivo de la ALE, en sustitución del denominado «Grupo de partes interesadas»; |
| --- | --- | --- |

4.3.3.

—

que se constituya un Consejo Consultivo de la ALE, en sustitución del denominado «Grupo de partes interesadas»;

| — | que, además de lo dispuesto en el citado artículo, dicho Consejo tenga la competencia de emitir su dictamen sobre el plan de actividades del mandato y anual, el informe de actividades y la propuesta del Consejo de Administración para el nombramiento del director ejecutivo; |
| --- | --- |

—

que, además de lo dispuesto en el citado artículo, dicho Consejo tenga la competencia de emitir su dictamen sobre el plan de actividades del mandato y anual, el informe de actividades y la propuesta del Consejo de Administración para el nombramiento del director ejecutivo;

| — | que dicho Consejo esté integrado por diecisiete miembros, doce de los interlocutores sociales europeos (incluidos los sectores relevantes de la construcción civil, la agricultura y el transporte), tres de la Comisión, el presidente del Consejo de Administración, que presidirá el Consejo Consultivo, y el director ejecutivo; |
| --- | --- |

—

que dicho Consejo esté integrado por diecisiete miembros, doce de los interlocutores sociales europeos (incluidos los sectores relevantes de la construcción civil, la agricultura y el transporte), tres de la Comisión, el presidente del Consejo de Administración, que presidirá el Consejo Consultivo, y el director ejecutivo;

| — | que dicho Consejo se reúna, como mínimo, tres veces al año. |
| --- | --- |

—

que dicho Consejo se reúna, como mínimo, tres veces al año.

| 4.3.4. | La creación por parte de la ALE de una base de datos con la información aportada por los Estados miembros, actualizada, que contenga una lista de las empresas que cometen ilegalidades respecto a la movilidad transfronteriza. |
| --- | --- |

4.3.4.

| 4.3.5. | La preocupación de la ALE por la creación del número europeo de seguridad social, a pesar de que la iniciativa sobre este asunto incumba a la Comisión. |
| --- | --- |

4.3.5.

| 4.3.6. | La ALE deberá elaborar cada año un informe sobre la movilidad transfronteriza con una evaluación de riesgos y potencialidades, en particular en las zonas geográficas o los sectores más vulnerables. |
| --- | --- |

4.3.6.

Bruselas, 20 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

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(1)  SWD(2018) 68 final, p. 7.

1

(2)  Población en riesgo de pobreza y de exclusión social, 2016 (Eurostat, 2018).

2

(3)  COM(2018) 131 final, p. 1.

3

(4)  COM(2018) 131 final, pp. 1-2, 2015/2255(INI), 2013/2112(INI), 2016/2095(INI).

4

(5)  COM(2018) 131 final, p. 2.

5

(6)  El discurso del Estado de la Unión de 2017 está disponible en: https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_es.

6

(7)  DO C 75 de 10.3.2017, p. 81; DO C 264 de 20.7.2016, p. 11; DO C 345 de 13.10.2017, p. 85; DO C 197 de 8.6.2018, p. 45.

7

(8)  COM(2017) 250, p. 4.

8

(9)  De acuerdo con el Convenio n.o 81 de la OIT, la dotación recomendada es de un inspector por cada 10 000 trabajadores en las economías de mercado industrializadas (OIT, 297.a reunión, noviembre de 2006).

9

o

a

(10)  COM(2018) 131 final.

10

(11)  La Comisión Europea enumera estos desafíos y los especifica como sigue: — la existencia de casos de dumping social, la no aplicación de la legislación en vigor y las prácticas fraudulentas en situaciones transfronterizas; — la información, el apoyo y la orientación inadecuados para los trabajadores y empleadores en situaciones transfronterizas respecto de cuáles son sus derechos y obligaciones; — el acceso y el intercambio de información insuficientes entre las autoridades nacionales responsables de diferentes ámbitos de la movilidad laboral y de la coordinación de la seguridad social; — la falta de capacidad de las autoridades nacionales para organizar la cooperación con las autoridades de otros Estados miembros; — la fragilidad y carencia de mecanismos de acción transfronteriza para imponer la aplicación y el cumplimiento de la legislación; — la falta de un mecanismo de mediación transfronteriza entre Estados miembros en todos los ámbitos de la movilidad laboral y de la coordinación de la seguridad social.

11

(12)  COM(2018) 131 final.

12

(13)  SWD(2018) 68 final y SWD (2018) 69 final, capítulo B.

13

(14)  Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.

14

(15)  Fundación Europea de Formación.

15

(16)  Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

16

(17)  Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo.

17

(18)  DO L 166 de 30.4.2004, p. 1; corrección de errores publicada en el DO L 200 de 7.6.2004, p. 1.

18

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ANEXO

Las enmiendas siguientes, que obtuvieron al menos una cuarta parte de los votos emitidos, fueron rechazadas en el transcurso de los debates (artículo 39.2 del Reglamento interno):

Punto 1.1

Modifíquese de la manera siguiente:

| 1.1. | La situación del mercado laboral transfronterizo presenta problemas importantes para las empresas, los trabajadores y los Estados miembros, en concreto la competencia desleal, el dumping social e ilegalidades y fraudes diversos a nivel fiscal y de la seguridad social. Los problemas y conflictos existentes se ven agravados por la falta de información para las empresas y los trabajadores, la escasa cooperación entre los Estados miembros y la poca capacidad de la mayoría de inspecciones del trabajo. A pesar de que se han tomado algunas medidas, las instituciones de la UE, el presidente de la Comisión, el CESE, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado sobre la necesidad de hacer más y mejor para superar esta situación. |
| --- | --- |

1.1.

Resultado de la votación:

| Votos a favor: | 93 |
| --- | --- |
| En contra: | 124 |
| Abstenciones: | 13 |

Votos a favor:

93

En contra:

124

Abstenciones:

13

Punto 3.7

Modifíquese de la manera siguiente:

| 3.7. | El CESE apoya en general la propuesta de Reglamento de la Comisión, en particular los objetivos (artículo 2), las tareas (artículo 5), la información sobre la movilidad laboral transfronteriza (artículo 6), el acceso a servicios de movilidad laboral transfronteriza (artículo 7), la cooperación e intercambio de información entre los Estados miembros (artículo 8) y la cooperación en caso de perturbaciones del mercado laboral transfronterizo (artículo 14), porque definen tareas de la ALE que pueden contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos laborales y sociales en condiciones de igualdad en el país de acogida, la lucha contra las prácticas ilegales
  el dumping social, la existencia de una competencia sana entre las empresas y la lucha contra el fraude en la movilidad transfronteriza, problemas que los Estados miembros por sí solos no pueden solucionar. |
| --- | --- |

3.7.

Resultado de la votación:

| Votos a favor: | 96 |
| --- | --- |
| En contra: | 121 |
| Abstenciones: | 11 |

Votos a favor:

96

En contra:

121

Abstenciones:

11

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| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/135 |
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6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/135

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Recomendación del Consejo relativa al acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia»

[COM(2018) 132 final]

(2018/C 440/22)

| Ponente: | Giulia BARBUCCI |
| --- | --- |

Ponente:

Giulia BARBUCCI

| Consulta | Comisión Europea, 14.5.2018 |
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| Fundamento jurídico | Artículo 292, en relación con el artículo 153, apartado 1, letra c), el artículo 153, apartado 2, tercer párrafo, y el artículo 352 del TFUE |
| Sección competente: | Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía |
| Aprobado en la sección | 19.7.2018 |
| Aprobado en el pleno | 20.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 148/39/32 |

Consulta

Comisión Europea, 14.5.2018

Fundamento jurídico

Artículo 292, en relación con el artículo 153, apartado 1, letra c), el artículo 153, apartado 2, tercer párrafo, y el artículo 352 del TFUE

Sección competente:

Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Aprobado en la sección

19.7.2018

Aprobado en el pleno

20.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

148/39/32

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El CESE, de conformidad con los instrumentos internacionales fundamentales, considera que toda persona debe tener derecho a una vida digna, a protección social y protección contra todos los riesgos importantes en el trabajo y a lo largo de la vida, incluida la atención sanitaria y el derecho a una jubilación digna durante la vejez. Una cobertura adecuada de los trabajadores que desempeñan empleos no convencionales y los trabajadores por cuenta propia contribuiría a este objetivo, que está en consonancia con los principios definidos por el pilar europeo de derechos sociales y ahora ha de hacerse realidad. Debe garantizarse su acceso y su contribución a la asistencia sanitaria y a las prestaciones de maternidad, paternidad, discapacidad y vejez. |
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1.1.

| 1.2. | El CESE recuerda que el acceso a los sistemas de protección social es un elemento clave para unas sociedades más justas y un componente fundamental de una mano de obra productiva, sana y activa. Restablecer la sostenibilidad social (1) como principio para la definición y aplicación de las políticas de la UE, con el objetivo general de crear una situación de igualdad en materia social que garantice que todas las personas a las que se aplican las mismas normas y condiciones comparables tengan acceso a la protección social, debería ser un objetivo común de las instituciones en todos los niveles, de la sociedad civil organizada y de los interlocutores sociales. |
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1.2.

| 1.3. | El CESE recomienda a los Estados miembros que apliquen la Recomendación en caso necesario y elaboren un informe, mediante planes de acción específicos, basados, entre otras cosas, en las lagunas señaladas por la evaluación de impacto de la Comisión Europea que acompaña la Recomendación, y con la plena participación de los interlocutores sociales y de la sociedad civil organizada. |
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1.3.

| 1.4. | El CESE celebra los efectos principales que se prevén como consecuencia de la aplicación de la Recomendación, ya que serán beneficiosos para los ciudadanos, los trabajadores y las empresas: incremento de la mutualización del riesgo, seguridad de los ingresos, dinamismo del mercado de trabajo, incremento de la productividad, mejor distribución de recursos y reducción de la inseguridad y la pobreza de las personas, entre otras cosas. |
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1.4.

| 1.5. | Por lo que respecta a los trabajadores que ejercen nuevas formas de trabajo, «el CESE considera que se podría dar una solución global a los problemas vinculados al reconocimiento de sus derechos en materia de seguridad social procediendo a una reforma general del modo de financiación del sistema. Solicita a los Estados miembros que busquen soluciones que permitan financiar los sistemas de seguridad social recurriendo a instrumentos que garanticen su sostenibilidad y respondan a la necesidad de ofrecer acceso a las personas que desempeñan su actividad según las nuevas formas de trabajo» (2). |
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1.5.

| 1.6. | El CESE recomienda que las iniciativas emprendidas en el marco de la Recomendación proporcionen prestaciones y disposiciones adecuadas, incluidas redes de seguridad para las personas que no pueden alcanzar los umbrales mínimos para adquirir derechos, en particular para los desempleados y sus familias. El CESE lamenta que se haya descartado la renta básica de la propuesta de Recomendación del Consejo, como se explica en el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión — Evaluación de impacto (3). Ya en 2013, el CESE había solicitado la elaboración de una Directiva con vistas a establecer un salario mínimo europeo, al considerar que contribuiría «a la cohesión económica, social y territorial, a la protección de los derechos humanos fundamentales, al equilibrio entre los objetivos económicos y sociales y al reparto equitativo de los recursos y la renta (4). |
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1.6.

| 1.7. | La edad y el sexo desempeñan un papel importante en la exclusión de las personas de los regímenes de protección social; estos factores deberían tenerse especialmente en cuenta a la hora de definir las medidas en el marco de la Recomendación. |
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1.7.

| 1.8. | El CESE señala que debe preverse y perseguirse la eficacia en la cobertura y el acceso a los sistemas, sobre todo cuando se definan y apliquen medidas a nivel nacional; debe tenerse en cuenta la transferibilidad de los derechos sociales cuando las personas transitan entre diferentes relaciones laborales en el mercado de trabajo y entre diferentes regímenes y sistemas de acumulación de derechos. |
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1.8.

| 1.9. | El CESE considera que deben abordarse la complejidad normativa y otros aspectos administrativos para garantizar la plena transparencia con el fin de aumentar la sensibilización y el conocimiento de las personas sobre sus derechos y obligaciones; esto también podría hacerse mejorando la calidad de los datos estadísticos (desglosados por tipo de relación laboral, edad, sexo, situación de discapacidad, nacionalidad, etc.). |
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1.9.

2.   Introducción

| 2.1. | La Recomendación relativa a la protección social es una de las iniciativas emprendidas por la Comisión en el marco del pilar europeo de derechos sociales. La Recomendación y sus principios fundamentales están en consonancia y son coherentes con varios de los veinte principios fundamentales del pilar europeo de derechos sociales y del correspondiente documento de trabajo de los servicios de la Comisión. En particular, el principio 12 señala que «con independencia del tipo y la duración de su relación laboral, los trabajadores por cuenta ajena y, en condiciones comparables, los trabajadores por cuenta propia, tienen derecho a una protección social adecuada» (5). |
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2.1.

| 2.2. | El principal objetivo de la iniciativa es conceder a todos los trabajadores, en especial a los que tienen empleos atípicos y a los trabajadores por cuenta propia, un acceso concreto y eficaz a las medidas de protección social. Otra de sus metas consiste en dar apoyo y complementar la labor de los Estados miembros en la eliminación de las diferencias y en garantizar que todas las personas empleadas, independientemente de su situación profesional, tengan un acceso justo y proporcionado a la protección social (6) |
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2.2.

| 2.3. | En primer lugar, la Recomendación tiene como objetivo «eliminar o reducir los obstáculos que impiden que los sistemas de protección social proporcionen una adecuada protección social a las personas, con independencia del tipo de relación laboral o de situación en el mercado laboral que tengan, respetando al mismo tiempo las competencias de los Estados miembros a la hora de diseñar sus sistemas de protección social» (7). |
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2.3.

| 2.4. | La Recomendación pretende asimismo garantizar que haya un nivel de protección social adecuado para todo los trabajadores: «los ingresos y los umbrales temporales (los períodos de carencia, los períodos de espera, los períodos mínimos de trabajo y la duración de las prestaciones) pueden constituir un obstáculo indebidamente elevado para que algunos grupos de trabajadores que desempeñan trabajos no convencionales y trabajadores por cuenta propia puedan acceder a la protección social» (8). |
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2.4.

| 2.5. | El CESE lamenta que se haya descartado la renta básica de la Recomendación del Consejo. Un estudio (9) reciente de la OCDE afirma que, vista la rápida transformación del mercado de trabajo, los actuales debates sobre la renta básica suponen indudablemente una contribución valiosa para entender el tipo de protección social que desea la sociedad. El CESE ya había defendido anteriormente (10) que «el establecimiento de una renta mínima europea contribuirá a la cohesión económica y territorial, a la protección de los derechos humanos fundamentales, al equilibrio entre los objetivos económicos y sociales y al reparto equitativo de los recursos y la renta» y había solicitado la adopción de una Directiva marco para estudiar «las posibilidades de financiación a efectos de un salario mínimo europeo». |
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2.5.

| 2.6. | Las medidas y principios descritos en la Recomendación buscarán, por un lado, garantizar el acceso a la protección social para todas las personas que tienen empleo (en especial para los trabajadores que desempeñan empleos no convencionales y los trabajadores por cuenta propia), y, por otro, velarán por que se garantice una protección social adecuada en cualquier circunstancia. |
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2.6.

| 2.7. | Los interlocutores sociales europeos y nacionales han abordado ampliamente la cuestión de garantizar el acceso a una protección social adecuada para todos los trabajadores en los anteriores acuerdos, declaraciones conjuntas y convenios colectivos nacionales. Por ejemplo, los preámbulos de los acuerdos con los interlocutores sociales europeos sobre los contratos de duración determinada y el trabajo a tiempo parcial señalan la necesidad de garantizar que las medidas de protección social estén adaptadas a la evolución de las formas flexibles de empleo. En su programa de trabajo 2015-2016 (11), los interlocutores sociales europeos señalaron la necesidad de garantizar la sostenibilidad y la accesibilidad de los sistemas de protección social para todos los ciudadanos. |
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2.7.

| 2.8. | Los interlocutores sociales europeos habían expresado su preocupación en su documento titulado «In-depth Employment Analysis» (Análisis en profundidad del empleo en la UE), negociado en 2015 (12), donde se recomienda que «los Estados miembros y la Comisión Europea deben colaborar mejor para hacer frente a la corrupción, el fraude fiscal y la evasión fiscal, que tienen un efecto perjudicial para los sistemas de protección social, las empresas y los ciudadanos responsables». Por otra parte, se recomendaba que los Estados miembros revisen si existen insuficiencias en la sostenibilidad y la adecuación de sus sistemas de protección social, en colaboración con los interlocutores sociales, y velen por que dichos sistemas sigan respondiendo a las necesidades de la población en el futuro, en particular de quienes sean más vulnerables y se encuentren en peligro de exclusión social (13). |
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2.8.

3.   Observaciones generales: contexto

| 3.1. | Un mundo laboral cambiante: la digitalización, el cambio demográfico, la transición energética, la globalización y las nuevas formas de empleo pueden constituir tanto una oportunidad como un desafío para los gobiernos, la sociedad civil organizada y los interlocutores sociales. |
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3.1.

| 3.2. | Mercados laborales cambiantes: las reformas estructurales del mercado laboral han diversificado los mercados laborales y ciertos acuerdos contractuales están actualmente excluidos de las medidas básicas de protección social en algunos Estados miembros. Se registra una creciente variedad de contratos y diferencias nacionales significativas en cuanto a los contextos y los sistemas: en 2016, el 14 % de trabajadores de la UE lo eran por cuenta propia, el 8 % eran trabajadores temporales a tiempo completo, el 4 % eran trabajadores temporales a tiempo parcial y el 13 % eran trabajadores fijos a tiempo parcial (14). |
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3.2.

| 3.3. | Aunque hay diferencias en los sistemas nacionales de protección social, se enfrentan a los mismos desafíos: la transformación del mercado laboral y los cambios en la legislación; el envejecimiento de la mano de obra y la tendencia al aumento de la edad legal de jubilación; la baja participación de los jóvenes y las mujeres en los mercados laborales en cuanto a calidad y cantidad, así como la digitalización y las nuevas formas de trabajo. Algunos sistemas de protección social están organizados de forma que las cotizaciones de protección social forman parte del salario del trabajador. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de abordar los nuevos desafíos señalados. |
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3.3.

| 3.4. | Es preciso evaluar el impacto de género sobre el acceso y la permanencia en el mercado laboral, y la inclusión/exclusión del acceso a la protección social. Al igual que los jóvenes y los migrantes, las mujeres están a menudo sobrerrepresentadas en las nuevas formas de trabajo (15), con los consiguientes efectos en cadena sobre los derechos de protección social. |
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3.4.

| 3.5. | La edad es también un factor importante en el acceso a la protección social: las generaciones más jóvenes tienden a estar más sujetas a formas de trabajo atípicas («[l]a proporción de trabajadores jóvenes de entre 20 y 30 años de edad con un contrato temporal o con “otro tipo de contrato o sin contrato” duplica a la de otros grupos de edad» (16)). La transición de la educación a formas convencionales de empleo se ha hecho más larga y puede tener efectos negativos duraderos, tanto en lo relativo al acceso a la protección social como a los futuros derechos de pensión, entre otros debido a la extrema fragmentación de la trayectoria profesional (17). |
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3.5.

| 3.6. | Las diferencias en el acceso a la protección social, debido a la situación en el mercado de trabajo y al tipo de relación laboral, pueden obstaculizar el aprovechamiento de oportunidades de pasar de una situación en el mercado laboral a otra, si ello supone perder una serie de derechos y, en última instancia, pueden tener como resultado un menor crecimiento de la productividad laboral. Por consiguiente, también pueden no apoyar el emprendimiento y dificultar la competitividad y el crecimiento sostenible. |
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3.6.

| 3.7. | Estas diferencias también pueden dar lugar a casos de abuso de la situación laboral y crear una competencia desleal entre las empresas que siguen cotizando a la protección social y las que no lo hacen. |
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3.7.

| 3.8. | A largo plazo, lo que está en juego es la sostenibilidad social y económica de los sistemas nacionales de protección social, en particular habida cuenta de las tendencias demográficas actuales. |
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3.8.

4.   Observaciones específicas: síntesis de la Recomendación

| 4.1. | El CESE señala que la legislación anterior a nivel europeo ha tratado de eliminar las diferencias entre los sistemas de protección social [entre otras, las Directivas 2010/41/UE, 2014/50/UE y (UE) 2016/2341], pero, como demuestran las observaciones preliminares (por ejemplo las relativas a la Directiva 2010/41/UE), en algunos casos dicha legislación no ha logrado garantizar el acceso eficaz a la protección social para los trabajadores por cuenta propia (18). |
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4.1.

| 4.2. | El CESE observa también que la Comisión Europea insiste en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC) de 2018 en que la sustitución de ingresos a través de la protección social resulta fundamental para eliminar las brechas de desigualdad, así como fomentar la cohesión social y el crecimiento inclusivo (19). |
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4.2.

| 4.3. | Globalmente, el número de trabajadores por cuenta propia en Europa ha disminuido ligeramente en los últimos años (20). Una de las razones que explican esta circunstancia es el insuficiente o nulo nivel de protección de estos trabajadores en caso de enfermedad y otros motivos relacionados con la vida familiar (permisos de maternidad, paternidad, cuidados familiares, etc.). Así pues, un nivel adecuado de protección podría conducir a un aumento y una optimización del trabajo por cuenta propia. No obstante, es absolutamente esencial que las instituciones, a todos los niveles, luchen contra todas las formas de falso trabajo por cuenta propia, en particular a escala transnacional. |
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4.3.

| 4.4. | El CESE acoge con satisfacción y apoya a este respecto la decisión que figura en la Recomendación de ir más allá de lo propuesto inicialmente en la evaluación de impacto, es decir, «ampliar la cobertura formal con carácter obligatorio a todos los trabajadores» y «garantizar que los trabajadores por cuenta propia tengan acceso a la protección social ampliando su cobertura formal [...] con carácter obligatorio para las prestaciones por enfermedad y de asistencia sanitaria, las prestaciones por maternidad/paternidad, las prestaciones de vejez e invalidez, así como las prestaciones relacionadas con los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales» y «con carácter voluntario para las prestaciones de desempleo». El CESE considera que las bajas tasas de afiliación a los regímenes voluntarios entre los trabajadores por cuenta propia (de menos del 1 % hasta el 20 %), en los casos en los que existen estos regímenes, justifican un esfuerzo mejorado por fomentar una cobertura y protección más amplias. |
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4.4.

| 4.5. | Por tanto, son bienvenidas las medidas destinadas a una cobertura completa de estos trabajadores. Esto incluye, cuando sea preciso, al cónyuge colaborador, es decir, el cónyuge o la pareja que trabaja como trabajador por cuenta propia, cuando contribuye de manera regular y activa a la actividad del trabajador por cuenta propia de una manera que puede considerarse como su principal actividad. |
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4.5.

| 4.6. | Todos los ciudadanos deben tener acceso a sistemas de protección social que puedan proporcionar las prestaciones adecuadas. Los sistemas pueden basarse en los impuestos o en los seguros, a los que las personas contribuyen de forma igualitaria y proporcional a su capacidad (excepto si están exentas de cotizar) y de los que se benefician en función de sus necesidades, al menos en lo que respecta a las prestaciones mínimas adecuadas y las redes de seguridad de último recurso. |
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4.6.

| 4.7. | Debe garantizarse la sostenibilidad y la financiación del acceso a una protección social adecuada que acompañe a los cambios en los mercados laborales (21), a fin de proporcionar inclusividad, adecuación, justicia e igualdad desde una perspectiva más amplia del crecimiento social y económico. |
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4.7.

| 4.8. | Las medidas a nivel nacional y de la UE deben diseñarse de antemano para lograr la igualdad de trato y de oportunidades: el gasto público social en Europa es una parte integrante del modelo social europeo; Europa siempre ha sido un continente sumamente atractivo gracias a su elevado nivel de seguridad social, en comparación con otras regiones del mundo. |
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4.8.

| 4.9. | Los regímenes de protección social deben basarse en la solidaridad y la igualdad, sin cabida para la discriminación por motivo de diferentes circunstancias o contextos personales o situaciones profesionales. |
| --- | --- |

4.9.

| 4.10. | La definición de las medidas de protección social para las personas con discapacidad debe basarse en un enfoque de derechos humanos, teniendo en cuenta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de las Naciones Unidas. Se debe proteger a las personas con discapacidad que no pueden trabajar y a sus familias frente al riesgo de pobreza, y se les deben garantizar unas condiciones de vida adecuadas (22). |
| --- | --- |

4.10.

| 4.11. | El CESE pide que los Estados miembros apliquen plenamente la Recomendación, de modo que los trabajadores que desempeñan trabajos no convencionales y los trabajadores por cuenta propia se beneficien de una mejor protección. Los sistemas de protección social deben ser (re)diseñados para hacerlos cada vez más inclusivos, en consonancia también con las recomendaciones del EPAC de 2018: «[l]a mayor complementariedad de los sistemas de integración en el mercado de trabajo y los de integración social ayudará a todos los grupos vulnerables, generará una mayor prosperidad para todos y creará una mayor cohesión social». |
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4.11.

| 4.12. | Combatir la competencia desleal en la Unión Europea y tomar medidas contra el trabajo no declarado (en consonancia también con las medidas tomadas por la Plataforma europea contra el trabajo no declarado) beneficiará a las empresas, ya que una mayor protección social y una disminución de la competencia desleal podrían aumentar la productividad. |
| --- | --- |

4.12.

| 4.13. | El acceso universal a la asistencia sanitaria es otro elemento fundamental de la Recomendación, en consonancia con el principio 16 del pilar europeo de derechos sociales (23). Como pone de relieve la evaluación de impacto de la Comisión en varios países, a raíz de los contratos o la regulación del mercado laboral, los trabajadores que desempeñan trabajos no convencionales y los trabajadores por cuenta propia pueden encontrarse con un acceso limitado a la asistencia sanitaria. El acceso a la asistencia sanitaria debe ser obligatorio para todos los trabajadores, tanto los que trabajan por cuenta ajena como los que lo hacen por cuenta propia. |
| --- | --- |

4.13.

| 4.14. | El CESE acoge también con satisfacción el anuncio de una mayor cooperación con Eurostat en lo relativo a la creación de indicadores adecuados para registrar el progreso hacia la cobertura formal y efectiva, la transparencia, etc., así como el trabajo que llevará a cabo la Comisión en el Comité de Protección Social para establecer un marco de evaluación comparativa para la protección social. Esto ayudará a superar la falta de una base de datos fiable y a efectuar una evaluación más precisa del impacto de las políticas aplicadas en relación con la Recomendación. |
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4.14.

Bruselas, 20 de septiembre de 2018

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  DO C 237 de 6.7.2018, p. 1.

1

(2)  DO C 129 de 11.4.2018, p. 7.

2

(3)  Documento de trabajo de los servicios de la Comisión — Evaluación de impacto que acompaña a la propuesta.

3

(4)  DO C 170 de 5.6.2014, p. 23.

4

(5)  DO C 125 de 21.4.2017, p. 10.

5

(6)  Véase también la Recomendación n.o 202 de la OIT, que ofrece orientaciones para el establecimiento y el mantenimiento de unos niveles mínimos de protección social como elemento central de sus sistemas nacionales de seguridad social.

6

o

(7)  Véase la Recomendación relativa a la protección social, página 9; página 16, apartado 10; página 18, considerando 4; página 27, apartados 8 y 10.

7

(8)  Véase la Recomendación relativa a la protección social, página 21, considerando 18.

8

(9)  Basic income as a policy option: Technical Background Note Illustrating costs and distributional implications for selected countries, OCDE, 2017.

9

Basic income as a policy option: Technical Background Note Illustrating costs and distributional implications for selected countries

(10)  DO C 170 de 5.6.2014, p. 23.

10

(11)  http://resourcecentre.etuc.org/EU-social-dialogue-5.html.

11

(12)  Documento de 2015 titulado «In-depth Employment Analysis» — CES, BusinessEurope, CEEP, UEAPME.

12

(13)  Véase la nota a pie de página n.o 12.

13

o

(14)  EUROSTAT, 2016.

14

(15)  OIT: INWORK núm. 9, mayo de 2017.

15

(16)  Véase la Recomendación relativa al acceso la protección social, pp. 2-3.

16

(17)  DO C 367 de 10.10.2018, p. 15.

17

(18)  Véase: Barnard C. and Blackham A. (2015), «The implementation of Directive 2010/41 on the application of the principle of equal treatment between men and women engaged in an activity in a self-employed capacity» (La puesta en práctica de la Directiva 2010/41 sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma), informe de la red europea de expertos jurídicos en el ámbito de la igualdad de género encargado por la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea; véase también la propuesta de Recomendación del Consejo relativa al acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia, p. 10.

18

(19)  Semestre Europeo 2018: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento.

19

(20)  Véase Eurofound: «The many faces of self-employment in Europe».

20

(21)  Véase el documento de posición de BusinessEurope sobre la Recomendación del Consejo relativa al acceso a la protección social, página 1, apartado 1 (19 de abril de 2018).

21

(22)  Véase: «Resolution to promote employment & social inclusion of persons with disabilities» (Resolución para fomentar el empleo y la inclusión social de las personas con discapacidad) del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), de 6 de noviembre de 2017: http://www.edf-feph.org/newsroom/news/social-pillar-edf-adopts-resolution-promote-employment-social-inclusion-persons.

22

(23)  Principio 16 del pilar europeo de derechos sociales: «[t]oda persona tiene derecho a un acceso oportuno a asistencia sanitaria asequible, de carácter preventivo y curativo y de buena calidad».

23

---

ANEXO

Las enmiendas siguientes a los puntos 1.6 y 2.5, que obtuvieron como mínimo un cuarto de los votos, fueron rechazadas en el transcurso de los debates:

Punto 1.6.

Modifíquese de la manera siguiente:

| 1.6. | El CESE recomienda que las iniciativas emprendidas en el marco de la Recomendación proporcionen

  prestaciones y disposiciones adecuadas

  , incluidas redes de seguridad para las personas que no pueden alcanzar los umbrales mínimos para adquirir derechos, en particular para los desempleados y sus familias. El CESE lamenta
  observa que se ha
  haya descartado la renta básica de la propuesta de Recomendación del Consejo, como se explica en el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión — Evaluación de impacto (1)

  , por una serie de razones, como los criterios de cobertura y la preferencia por afrontar los problemas en el marco de los actuales sistemas de seguridad social de los Estados miembros. No obstante, el CESE acoge con satisfacción el actual debate que se ha entablado en los Estados miembros sobre la renta básica y otras redes de seguridad destinadas a impulsar la inclusión activa en el mercado laboral y la sociedad en general. Ya en 2013, el CESE había solicitado la elaboración de una Directiva con vistas a establecer un salario mínimo europeo, al considerar que contribuiría «a la cohesión económica, social y territorial, a la protección de los derechos humanos fundamentales, al equilibrio entre los objetivos económicos y sociales y al reparto equitativo de los recursos y la renta (2). |
| --- | --- |

1.6.

Exposición de motivos

Se presentará oralmente.

Resultado de la votación

| A favor | 91 |
| --- | --- |
| En contra | 112 |
| Abstenciones | 10 |

A favor

91

En contra

112

Abstenciones

10

Punto 2.5.

Modifíquese de la manera siguiente:

| 2.5. | El CESE observa que se ha descartado la renta básica de la Recomendación del Consejo, como se explica en el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión — Evaluación de impacto, por una serie de razones, como los criterios de cobertura y la preferencia por afrontar los problemas en el marco de los actuales sistemas de seguridad social de los Estados miembros.
  El CESE lamenta que se haya descartado la renta básica de la Recomendación del Consejo. Un estudio reciente de la OCDE afirma que, vista la rápida transformación del mercado de trabajo, los actuales debates sobre la renta básica suponen indudablemente una contribución valiosa para entender el tipo de protección social que desea la sociedad. El CESE ya había defendido anteriormente que «el establecimiento de una renta mínima europea contribuirá a la cohesión económica y territorial, a la protección de los derechos humanos fundamentales, al equilibrio entre los objetivos económicos y sociales y al reparto equitativo de los recursos y la renta» y había solicitado la adopción de una Directiva marco para estudiar «las posibilidades de financiación a efectos de un salario mínimo europeo». |
| --- | --- |

2.5.

Exposición de motivos

El ámbito de aplicación de la Recomendación no cubre la renta mínima de subsistencia. El objetivo principal es facilitar el acceso a la seguridad social a los grupos de trabajadores que probablemente no estén cubiertos por los sistemas de seguridad social de los Estados miembros. Por consiguiente, no es necesario lamentar que la noción de renta básica se haya descartado de la propuesta de la Comisión. No obstante, el CESE podría tomar nota del actual debate que se ha entablado en los Estados miembros y otros foros, como la OCDE. Por lo que se refiere al anterior dictamen del CESE sobre la renta mínima, también debería hacerse referencia a la declaración del Grupo de Empresarios, a fin de que conste claramente la divergencia de puntos de vista en torno a esta cuestión. La referencia a la declaración del Grupo de Empresarios ya se ha incluido en dictámenes anteriores del CESE, como SOC/542 (Pilar europeo de derechos sociales) y SOC/564 (Impacto de la dimensión social y el pilar europeo de derechos sociales en el futuro de la UE).

Resultado de la votación

| A favor | 92 |
| --- | --- |
| En contra | 113 |
| Abstenciones | 13 |

A favor

92

En contra

113

Abstenciones

13

---

(1)  Documento de trabajo de los servicios de la Comisión — Evaluación de impacto que acompaña a la propuesta

(2)  DO C 170 de 5.6.2014, p. 23.

---

| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/142 |
| --- | --- | --- | --- |

6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/142

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Adaptación de la política común de visados a los nuevos retos»

[COM(2018) 251 final]

y sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 810/2009 por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados)

[COM(2018) 252 final — 2018/0061 (COD)]

(2018/C 440/23)

| Ponente: | Ionuț SIBIAN |
| --- | --- |

Ponente:

Ionuț SIBIAN

| Consulta | Parlamento Europeo, 16.4.2018
  Consejo, 2.5.2018
  Comisión, 18.6.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 304 del TFUE |
| | |
| Sección competente | Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía |
| Aprobado en la sección | 19.7.2018 |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 168/0/1 |

Consulta

Parlamento Europeo, 16.4.2018

Consejo, 2.5.2018

Comisión, 18.6.2018

Fundamento jurídico

Artículo 304 del TFUE

Sección competente

Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Aprobado en la sección

19.7.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

168/0/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1 | El CESE reconoce que el Código de visados es un elemento fundamental de la política común en materia de visados, ya que establece un conjunto común de disposiciones legales e instrucciones operativas. |
| --- | --- |

1.1

| 1.2 | El CESE apoya las condiciones y procedimientos armonizados propuestos en el Código de visados, que permitirán evitar situaciones en las que casos similares son tratados de forma diferente por los distintos Estados miembros de la UE, al mismo tiempo que hacen posible un trato diferenciado basado en el «historial de visados». Asimismo, el CESE considera que deberían realizarse esfuerzos para armonizar los procedimientos de recurso en caso de denegación de visado. |
| --- | --- |

1.2

| 1.3 | El CESE acoge con satisfacción el enfoque armonizado de los visados para entradas múltiples, que permiten a sus titulares viajar repetidamente a la UE durante su período de validez, ya que ello podría contribuir al crecimiento económico, el desarrollo y los intercambios culturales y sociales y la mejora de la ayuda y el entendimiento interpersonales. |
| --- | --- |

1.3

| 1.4 | Los visados de entrada única que se expedirán en las fronteras exteriores, introducidos en el Código de visados con el fin de promover el turismo de corta duración, ponen de manifiesto la flexibilidad y el enfoque pragmático adoptado por los Estados miembros, y el CESE anima a adoptar este planteamiento en relación con otros varios aspectos que tienen que ver con la expedición de visados, a fin de garantizar que se ofrezcan servicios de ventanilla única. |
| --- | --- |

1.4

| 1.5 | Habida cuenta de que la Unión Europea deberá seguir manteniendo de manera proactiva la plena reciprocidad de visados en sus relaciones con terceros países, el CESE insta a la Comisión a que realice una consulta rápida y proponga un conjunto de propuestas claras que aborden tanto la tramitación como la seguridad. |
| --- | --- |

1.5

| 1.6 | No obstante, el CESE apoya plenamente la propuesta de que, antes de adoptar cualquier decisión de suspensión temporal de la exención de visado para nacionales de un tercer país, la Comisión deberá tener en cuenta la situación de los derechos humanos en dicho país y las consecuencias que podría tener la suspensión de la exención de visado en esas circunstancias. |
| --- | --- |

1.6

| 1.7 | Al mismo tiempo, el CESE recomienda que se hagan todos los esfuerzos posibles para recopilar datos fiables, pertinentes y uniformes o comparables (en la medida de lo posible) sobre los terceros países y en relación con situaciones que permitan a los Estados miembros decidir la suspensión temporal de la exención de la exigencia de visado para los nacionales de un tercer país incluido en el anexo II del Reglamento, en el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación. |
| --- | --- |

1.7

| 1.8 | El CESE recomienda prudencia a la hora de decidir sobre la propuesta de revisar al alza regularmente (cada dos años) las tasas de visado. Esta revisión no debería ser automática, teniendo en cuenta que el coste propuesto es ya elevado en comparación con el nivel de crecimiento o desarrollo de algunos de los terceros países afectados. |
| --- | --- |

1.8

| 1.9 | El CESE se declara favorable a los cambios en el Código de visados que se refieren a la posibilidad adicional de cumplimentar y firmar el impreso de solicitud por vía electrónica a fin de adaptarse al desarrollo tecnológico. Al mismo tiempo, el CESE pide a todos los Estados miembros que apoyen la presentación en línea de las solicitudes de visado y que efectúen los cambios, o introduzcan los avances necesarios, para permitir este procedimiento en línea, y reclama a la Comisión que incluya o presente un plazo realista para la adopción generalizada de la presentación de visados en línea por parte de los Estados miembros. |
| --- | --- |

1.9

| 1.10 | El CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de suprimir el principio de la «presentación en persona», y respalda y solicita normas y reglamentos que permitan la presentación en línea de las solicitudes de visado. El CESE considera que la presentación de las solicitudes de visado debería poder realizarse del modo más conveniente y rápido desde el lugar de residencia del solicitante de visado, recurriendo en mayor medida a proveedores de servicios externos, en caso necesario, y a mejores servicios de representación, así como aumentando la cooperación entre las misiones diplomáticas de los Estados miembros de la UE. |
| --- | --- |

1.10

| 1.11 | El CESE recomienda que la Comisión revise las actuales categorías de solicitantes de visados que se benefician de las exenciones de visado y las defina de manera más clara. Asimismo, el CESE recomienda que se estudie ofrecer exenciones de las tasas de visado a las personas mayores y a los representantes de organizaciones sin ánimo de lucro que participen en seminarios, conferencias o actos deportivos, culturales o educativos, organizados por entidades sin ánimo de lucro, independientemente de su edad o, al menos, que se estudie la posibilidad de aumentar el límite de edad. |
| --- | --- |

1.11

| 1.12 | Dado que «lo dispuesto en el [...] Reglamento se aplicará a los nacionales de terceros países sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros [...], sin perjuicio de: los derechos de libre circulación de los nacionales de terceros países que sean familiares de ciudadanos de la Unión», el CESE, teniendo en cuenta la evolución reciente en los Estados miembros de la UE en lo que respecta a la definición de familia, quisiera subrayar la importancia de establecer una práctica común para evitar cualquier discriminación derivada de la definición de «vínculos familiares». |
| --- | --- |

1.12

2.   Observaciones generales

| 2.1 | El CESE toma nota de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la necesidad de adaptar la política común de visados a los nuevos retos y, por consiguiente, apoya las dos propuestas de Reglamento relativas al Código comunitario sobre visados y la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación. |
| --- | --- |

2.1

| 2.2 | Por lo tanto, el CESE reconoce que el Código de visados tiene efectos que van más allá del objetivo de establecer disposiciones jurídicas y procedimientos de solicitud comunes y que, además de facilitar los viajes legítimos y la lucha contra la inmigración irregular, tiene repercusiones para el crecimiento económico y la creación de empleo, aunque en un principio no fuera este un objetivo asignado al Código de visados. En 2017 se presentaron 16,1 millones de solicitudes de visados uniformes en los consulados de los Estados Schengen, y la tendencia va en aumento. De este número total de solicitudes, en más del 50 % de los casos se expidieron visados de entrada múltiple, mientras que el número de visados no expedidos se elevó a 1,3 millones, lo que representa un 8 % del total de solicitudes (1). |
| --- | --- |

2.2

| 2.3 | El CESE valora positivamente los cambios propuestos para facilitar el proceso de tramitación de visados, tanto para los solicitantes como para los consulados, a saber: la posibilidad de presentar la solicitud seis meses antes del viaje previsto (nueve meses en el caso de los marinos), las aclaraciones y la ampliación de las categorías de personas que pueden presentar una solicitud en nombre del solicitante y la armonización de los documentos justificativos. Por lo demás, se congratula de la observancia del principio de que el solicitante solo tenga que ir a un lugar para presentar una solicitud. |
| --- | --- |

2.3

| 2.4 | Sin embargo, el CESE reconoce asimismo que el acceso a los consulados sigue planteando problemas, sobre todo en los terceros países en los que la mayoría de los Estados miembros solo están presentes en la capital y, por lo tanto, los solicitantes tienen que soportar los costes (en términos tanto de tiempo como de dinero) de recorrer largas distancias para llegar al consulado de que se trate. Por ello, el CESE acoge con satisfacción la propuesta de suprimir el principio de la «presentación en persona» y pide a los Estados miembros que introduzcan los ajustes necesarios para la presentación en línea de las solicitudes de visado. Además, el CESE también acoge con satisfacción cualquier tipo de medida que permita la presentación de las solicitudes de visado del modo más conveniente y rápido desde el lugar de residencia del solicitante de visado, entre otras un mayor recurso a proveedores de servicios externos, en caso necesario, y a mejores servicios de representación, así como una mayor cooperación entre las misiones diplomáticas de los Estados miembros de la UE. |
| --- | --- |

2.4

| 2.5 | Teniendo presente la reciente entrada en vigor de las nuevas normas en materia de protección de datos y de la intimidad (Reglamento general de protección de datos), el CESE reitera la necesidad de que los proveedores de servicios externos tengan la capacidad de respetar y garantizar la seguridad de los datos personales recabados. Los Estados miembros deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las empresas que ofrecen servicios de visados (a los nacionales europeos o a los nacionales no europeos para visados europeos) introduzcan cambios en sus políticas de protección de datos para ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento. |
| --- | --- |

2.5

| 2.6 | El CESE considera positivas las medidas encaminadas a acortar de nuevo los plazos de presentación de solicitudes y de decisión para aceptar solicitudes y a armonizar la posibilidad de expedir visados uniformes (en especial en lo tocante a la decisión de expedir visados para entradas múltiples), así como el nuevo artículo 25 bis sobre cooperación en materia de readmisión, pensado para reforzar la cooperación con terceros países en materia de readmisión de migrantes irregulares mediante la inclusión de la posibilidad de introducir una aplicación restrictiva y temporal de algunas disposiciones especificadas claramente. Hay que adoptar un enfoque armonizado sobre cómo facilitar el procedimiento de solicitud de visado a aquellos solicitantes que hayan viajado antes a la UE. |
| --- | --- |

2.6

| 2.7 | El CESE reconoce que debe garantizarse y ser viable la coherencia entre la política de visados y los compromisos asumidos en otros ámbitos políticos (por ejemplo, los acuerdos comerciales). Deberá adoptarse la solución generalmente aceptada en el caso de los acuerdos de exención de visados celebrados por los Estados miembros con determinados terceros países. La Unión Europea deberá seguir manteniendo de manera proactiva la plena reciprocidad de visados en sus relaciones con terceros países. |
| --- | --- |

2.7

| 2.8 | Aunque entiende la motivación de la propuesta de revisión del artículo 16 del Código de visados y, en particular, el incremento de las tasas de visado en un tercio, el CESE expresa su preocupación por los posibles impedimentos que esta subida plantearía a los nacionales de aquellos terceros países cuyo desarrollo y nivel de riqueza es considerablemente inferior al de los Estados miembros de la UE. La comparación del nivel de las tasas de visado con el gasto del viaje y otros costes que los solicitantes de visado tienen que cubrir no es favorable, ya que hoy en día la generalización de los viajes y el alojamiento de bajo coste podría dar lugar a una situación en la que el coste de todo el viaje sea igual o inferior a la tasa de visado. |
| --- | --- |

2.8

| 2.9 | El CESE considera que la propuesta de revisar el importe de las tasas de visado cada dos años debería tener en cuenta la posibilidad de reducir esta tasa, sobre la base de la posible aplicación de procedimientos de solicitud de visados electrónicos (que podrían entrañar un menor gasto de personal y una reducción de los costes administrativos para los Estados miembros). Según la Comunicación de la Comisión «Adaptación de la política común de visados a los nuevos retos», la mayoría de los Estados miembros tienen en cuenta las ventajas de utilizar visados digitales (entre otras, la reducción de costes para los consulados, junto con un proceso de solicitud más eficiente y adaptado a las necesidades de los solicitantes, en comparación con el sistema de solicitud en papel). |
| --- | --- |

2.9

| 2.10 | Dado el importe actual de la tasa de visado, junto con el nivel propuesto, el CESE considera que debería sopesarse la posibilidad de ofrecer exenciones de tasas a los representantes de organizaciones sin ánimo de lucro que participen en seminarios, conferencias o actos deportivos, culturales o educativos organizados por entidades sin ánimo de lucro, independientemente de su edad o, cuando menos, teniendo en cuenta la posibilidad de aumentar el límite de edad (la legislación actual establece una edad máxima de 25 años). Estas exenciones deberán también ofrecerse a las personas mayores, a fin de apoyar su integración activa en la sociedad y contribuir a mejorar su calidad de vida. |
| --- | --- |

2.10

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

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(1)  Estadísticas de visados por consulado, 2017 (https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy#stats).

1

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| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/145 |
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6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/145

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo

[COM(2018) 171 final — 2018/0081 (COD)]

(2018/C 440/24)

| Ponente: | János WELTNER |
| --- | --- |

Ponente:

János WELTNER

| Consulta | Parlamento Europeo, 16.4.2018
  Consejo, 23.4.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 153, apartados 1 y 2, y artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Decisión de la Mesa | 17/04/2018 |
| Sección competente | Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía |
| Aprobado en sección | 19.7.2018 |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 191/4/11 |

Consulta

Parlamento Europeo, 16.4.2018

Consejo, 23.4.2018

Fundamento jurídico

Artículo 153, apartados 1 y 2, y artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Decisión de la Mesa

17/04/2018

Sección competente

Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Aprobado en sección

19.7.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

191/4/11

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El CESE acoge con satisfacción la modificación propuesta de la Directiva relativa a los agentes carcinógenos o mutágenos (CMD), ya que presenta datos objetivos en aras de unas condiciones laborales más seguras. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | Como en su dictamen anterior (1), el CESE insta a la Comisión a que lleve a cabo una evaluación de impacto sobre una posible ampliación de la Directiva CMD para incluir las sustancias perjudiciales para la reproducción. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Debido a los efectos reprotóxicos de muchos agentes carcinógenos y mutágenos, el CESE considera importante que las revisiones y modificaciones de la Directiva CMD en el futuro próximo presten más atención a las repercusiones sobre el sistema reproductivo de mujeres y hombres de su exposición profesional a estos agentes, especialmente –en el caso de las mujeres– durante el primer trimestre del embarazo. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | El CESE acoge con satisfacción que, en esta modificación, los valores límite vinculantes de exposición profesional hayan sido definidos sobre la base de pruebas científicas y estadísticas. Un enfoque basado en el riesgo, tal como se observa en los documentos de referencia, resulta fácilmente comprensible para las partes interesadas y, por lo tanto, constituye una buena base para un compromiso social. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | El CESE se felicita por el procedimiento basado en pruebas, en virtud del cual la Comisión pidió asesoramiento al Comité Científico para los Límites de Exposición Profesional a Agentes Químicos (SCOEL) (2) y al Comité de Evaluación del Riesgo (RAC) (3) de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) (4). |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | El CESE considera necesario establecer programas piloto de investigación y, en una segunda fase, programas a nivel de toda la UE para desarrollar medidas de vigilancia permanente de la salud en el marco de los regímenes de seguridad social y los sistemas de salud pública nacionales para todos aquellos que han estado expuestos a compuestos carcinógenos, mutágenos y reprotóxicos. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento general de protección de datos (5), esta vigilancia debe llevarse a cabo de forma anónima. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | El CESE hace hincapié en que, para mejorar la protección de los trabajadores frente a los agentes carcinógenos y mutágenos y las sustancias reprotóxicas en el lugar de trabajo, los Estados miembros deben velar por que los servicios de inspección del trabajo dispongan de suficientes recursos humanos y financieros para llevar a cabo sus tareas. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | El CESE recomienda que todos los compuestos de los que se sospeche que son carcinógenos, mutágenos o reprotóxicos se sometan a un análisis científico en este sentido y que se incluyan en la Directiva CMD si procede. |
| --- | --- |

1.8.

2.   Antecedentes

| 2.1. | El presente dictamen está relacionado con el dictamen del CESE sobre «La protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo» (6), que fue elaborado con ocasión de la modificación de la Directiva CMD en 2017 (7). Todas las recomendaciones del CESE, excepto aquellas que se han incluido en la presente modificación, aún son de actualidad (8). |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Los objetivos de la propuesta son coherentes con el artículo 2 (Derecho a la vida) y el artículo 31 (Condiciones de trabajo justas y equitativas) de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | Garantizar un entorno laboral seguro y saludable es un objetivo estratégico de la Comisión Europea tal como se menciona en el «Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020» (9). |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | El cáncer es el principal problema de salud profesional en la Europa de los Veintiocho, que ocasiona casi tanto daño a la salud y a las vidas de los trabajadores como los dos siguientes grupos de enfermedades juntos (trastornos musculoesqueléticos y enfermedades circulatorias). Su impacto negativo también es mucho mayor que el de los accidentes laborales (10). Esto trae consigo sufrimiento para los trabajadores, sus familiares y amigos, empeora su calidad de vida y su bienestar y, en los peores casos, provoca la muerte (11). |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | La Comisión ha iniciado un proceso continuo de actualización de la Directiva CMD (12) para mantenerse al día de los nuevos avances científicos y técnicos. Este proceso es acorde con la Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible, que incluye el objetivo de garantizar que, para 2020, las sustancias químicas se produzcan, manejen y utilicen de tal forma que no comporten riesgos significativos para la salud humana y el medio ambiente. El objetivo es sustituir con el tiempo las sustancias altamente preocupantes mediante sustancias o tecnologías alternativas adecuadas (13). |
| --- | --- |

2.5.

3.   Propuesta de la Comisión Europea

| 3.1. | En consonancia con este proceso y sobre la base del SWD(2018) 87 y 88, la Comisión Europea ha presentado su propuesta para la próxima modificación de la «Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición y agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo» en su documento COM(2018) 171 (14). A principios de 2017, el CESE apoyó la modificación de dicha Directiva; cinco sustancias están incluidas en la modificación actual (15): |
| --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Cadmio y sus compuestos inorgánicos en el ámbito de la Directiva CMD: los empleos en los que se producen exposiciones incluyen la producción y el refinado de cadmio, la fabricación de pilas de níquel-cadmio, la fabricación y formulación de pigmentos de cadmio, la producción de aleaciones de cadmio, la galvanoplastia mecánica, la fundición de zinc y cobre, la extracción de minerales metálicos no ferrosos, la soldadura con una suelda de aleación de plata-cadmio-plata, la composición de cloruro de polivinilo y el reciclaje de chatarra y pilas Ni-Cd. La Comisión estima que hay en torno a 10 000 trabajadores en situación de riesgo. |
| --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Berilio y compuestos inorgánicos del berilio en el ámbito de la Directiva CMD: se detectaron diez sectores industriales, tales como fundiciones, vidrio y laboratorios, en los que los trabajadores corren riesgo de exposición al berilio. El cobre, el aluminio, el magnesio y el níquel se alean extensamente con berilio. Aproximadamente el 80 % de todo el berilio se utiliza en aleaciones de cobre. La exposición al berilio provoca cáncer de pulmón y beriliosis crónica e incurable. La Comisión estima que hay 54 000 trabajadores en situación de riesgo. |
| --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Ácido arsénico y sus sales, así como compuestos inorgánicos del arsénico en el ámbito de aplicación de la Directiva CMD: la exposición a compuestos del arsénico se da, por ejemplo, en la producción de cobre y zinc, así como en los sectores del vidrio, la electrónica y el químico. La Comisión estima que hay entre 7 900 y 15 300 en situación de riesgo. |
| --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Formaldehído: se da en la fabricación de formaldehído, y en una gran variedad de productos (adhesivos y sellantes, productos de recubrimiento, polímeros, biocidas y sustancias químicas de laboratorio); la exposición también puede ocurrir durante actividades como el trabajo de construcción, y en la fabricación de cuero y piel, pulpa, papel y artículos de papelería, textiles, madera y productos de madera. El formaldehído también se utiliza para la conservación de tejidos y como desinfectante en los departamentos de patología y en salas de autopsia. La Comisión estima que hay alrededor de un millón de trabajadores en situación de riesgo. |
| --- | --- |

3.1.4.

| 3.1.5. | 4,4’-metilenbis(2-cloroanilina) («MOCA»): los trabajadores expuestos trabajan en el sector plástico, en el que el MOCA se utiliza en el moldeado de partes de elastómero de poliuretano en 89 plantas en toda la UE. La Comisión estima que hay 350 trabajadores en situación de riesgo. |
| --- | --- |

3.1.5.

| 3.2. | Los Estados miembros siguen enfoques distintos. Algunos de ellos han definido valores límite de exposición profesional vinculantes para un gran número de sustancias químicas carcinógenas, mutágenas y reprotóxicas (CMR); otros únicamente para algunos. En la presente propuesta se mencionan cinco sustancias; no existe un valor límite de exposición profesional (OEL) de la UE para ninguna de ellas. Doce de los Estados miembros (BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, HU, LT, LV, NL, SE) no tienen OEL para una de las cinco sustancias. Tres Estados miembros no tienen OEL para ninguna de las cinco (IT, LU, MT). El nivel de estos valores límite de exposición vinculantes puede diferir de un país a otro. Por consiguiente, el CESE acoge con satisfacción la propuesta de modificación de la Directiva 2004/37/CE, que establece valores límite de exposición profesional vinculantes a nivel europeo y que, cuando entre en vigor, garantizará la igualdad de condiciones de trabajo para todos los trabajadores que estén expuestos a estas sustancias nocivas en cualquiera de los Estados miembros. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Cálculos basados en un estudio (16) de Risk & Policy Analysts Limited (RPA 2018) demuestran que esta propuesta, en caso de ser aprobada, mejoraría a largo plazo las condiciones laborales de más de un millón de trabajadores de la UE y prevendría más de 22 000 casos de problemas de salud relacionados con el trabajo. La carga de morbilidad actual, calculada a lo largo de los últimos 40 años, incluye 24 770 casos de problemas de salud relacionados con el trabajo. Si no se toman medidas, la futura carga de morbilidad será de 24 689 nuevos casos a lo largo de los próximos 60 años. |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Por consiguiente, de acuerdo con el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, conviene considerar la actualización de la Directiva CMD sobre la base de la información anterior. Los principios son los mismos que en la Directiva CMD y en la modificación anterior. La presente modificación amplía la lista anterior encontrada en el anexo de la Directiva CMD con los cinco compuestos antes mencionados. |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | SCOEL ha proporcionado asesoramiento científico para el cadmio, el berilio y el formaldehído, y el RAC para el ácido arsénico y el MOCA. El Comité Consultivo tripartito para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (CCSST) ha aprobado dictámenes relativos a los cinco compuestos. |
| --- | --- |

3.5.

| 3.6. | Los OEL para estos cinco agentes carcinógenos y mutágenos se definen sobre la base de datos científicos y en referencia a las futuras consecuencias sanitarias. Asimismo, se tienen en cuenta las diferentes consecuencias económicas. |
| --- | --- |

3.6.

4.   Observaciones generales

| 4.1. | El principal objetivo y el ámbito de la presente modificación es ampliar la lista de la Directiva CMD, que actualmente se limita a agentes carcinógenos y mutágenos. Posteriormente, deberá considerarse una posible ampliación para abarcar sustancias que son tóxicas para la reproducción u otras funciones corporales, tal como se señala en el Dictamen del CESE (17). |
| --- | --- |

4.1.

| 4.2. | El presente dictamen cuenta con el respaldo del «Informe de seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE 2017» (18) de Eurostat: «En 2015, se consumieron en la UE 350 millones de toneladas de sustancias químicas. De estas, 127 millones de toneladas fueron clasificadas como peligrosas para el medio ambiente, y 221 millones de toneladas como sustancias potencialmente nocivas para la salud humana. Si bien el consumo de sustancias químicas tóxicas disminuyó a corto y largo plazo, la cuota de consumo de sustancias químicas más tóxicas con respecto al total de sustancias químicas permaneció prácticamente inalterada». (Cuota de consumo de sustancias «cancerígenas, mutagénicas y reprotóxicas» (CMR) con respecto al consumo total de sustancias químicas en la UE: 10,7 % en 2004, 10,3 % en 2015). |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | La estrategia de la UE contra el cáncer relacionado con el trabajo debería prestar más atención a las mujeres. |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Los patrones de exposición y de localización del cáncer pueden variar según afecten a hombres y mujeres. El cáncer de mama, por ejemplo, es una enfermedad muy rara entre los hombres, mientras que es el cáncer más común entre las mujeres. Una serie de exposiciones profesionales pueden contribuir al cáncer de mama. A fin de obtener datos pertinentes con vistas a la toma de decisiones, la incidencia de cánceres que varían en su mayor parte con la condición de género debe analizarse por separado para mujeres y hombres, y no en la población total de empleados. |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | El Comité insta a la Comisión a prestar una atención más sistemática a las exposiciones carcinógenas profesionales que afectan a las mujeres en ulteriores revisiones de la Directiva. Muchos tipos de trabajos en los que la concentración de mujeres es más alta (salud, limpieza, peluquería, etc.) entrañan una exposición a sustancias carcinógenas. Deben presentarse medidas preventivas vinculantes al respecto (por ejemplo, cabinas de presión negativa para la preparación de productos citostáticos para inyecciones por parte del personal de las instituciones sanitarias). |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.4. | En relación con el mercado único, el CESE considera importante que la Comisión defina una metodología para la adopción de valores límite de exposición profesional vinculantes en la Directiva CMD. Este proceso debería incluir una amplia consulta con los interlocutores sociales, los Estados miembros y otras partes interesadas, incluidas las ONG. Desde el punto de vista del CESE, dos elementos requieren especial atención: primero, la coherencia de los valores límite de exposición profesional vinculantes en relación con el nivel de riesgo de los diferentes compuestos; segundo, la necesidad de definir dichos valores a partir de pruebas científicas, incluido el seguimiento de cambios en la incidencia de enfermedades laborales. Deben tenerse en cuenta distintos factores, como la viabilidad y la posibilidad de medir los niveles de exposición. Para ayudar a los empresarios a determinar la prioridad de sus medidas de prevención, deben remitirse explícitamente al nivel de riesgo asociado al nivel de exposición. |
| --- | --- |

4.4.

| 4.5. | Para la mayoría de los compuestos, hay un largo período de latencia entre la primera exposición y la aparición del cáncer. El CESE considera necesario proteger a los trabajadores ofreciendo controles sanitarios de por vida en el marco de los regímenes de seguridad social y los sistemas de salud nacionales para todos los trabajadores que corran el riesgo de exposición. Esta información puede proporcionarla Eurostat para ayudar a ajustar la Estrategia de Desarrollo Sostenible. |
| --- | --- |

4.5.

| 4.6. | La gobernanza de la salud pública debe basarse exclusivamente en normas empíricamente contrastadas, a partir de análisis científicos que se apoyen en datos de buena calidad y estadísticamente evaluables. Este requisito se ve corroborado por el artículo 9 del Reglamento general de protección de datos (19), que se refiere al tratamiento de categorías especiales de datos personales (20). Deben tenerse en cuenta también otros aspectos jurídicos, de conformidad con la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (21). |
| --- | --- |

4.6.

| 4.7. | El CESE recomienda de nuevo que se hagan más esfuerzos centrados en los estudios científicos y estadísticos. El cáncer profesional puede tener un origen multicausal. Debe prestarse más atención y deben dedicarse más fondos a la investigación de las consecuencias y de las posibles interacciones en la exposición combinada a diversos factores. |
| --- | --- |

4.7.

| 4.8. | El CESE destaca que una de las principales tareas pendientes en el ámbito de la protección de los trabajadores contra las sustancias carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción durante el trabajo es reforzar el control de la aplicación de la Directiva CMD. Los Estados miembros deben velar por que las inspecciones del trabajo cuenten con suficientes recursos financieros y humanos para desempeñar sus funciones, ayudando a las empresas, y en particular a las pymes, a cumplir estas disposiciones. Deben reforzar su cooperación con la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. El uso generalizado de la plataforma web OiRA (herramienta interactiva en línea de evaluación de riesgos) puede ayudar en la evaluación de riesgos en este ámbito. |
| --- | --- |

4.8.

5.   Observaciones específicas

| 5.1. | Como complemento del imperativo de prevención y protección de la salud en el trabajo y de la necesidad de adaptar el trabajo a la persona, consagrados en la legislación de la Unión Europea, el CESE llama la atención sobre el peligro de que la prevención ineficaz de la exposición a agentes carcinógenos, mutágenos y reprotóxicos tenga consecuencias negativas para las empresas, tales como mayores costes y productividad reducida debido al absentismo, costes de compensación para demandantes, pérdida de competencias y competencia desleal; así como para los Estados miembros, debido a mayores costes de seguridad social y pérdida de ingresos fiscales. |
| --- | --- |

5.1.

| 5.2. | Las autoridades de los Estados miembros y los organismos representativos de los empresarios y los trabajadores dentro del marco del CCSST tripartito acogerían con gran satisfacción la claridad jurídica y la mayor protección como resultado de OEL más bajos para estas sustancias. |
| --- | --- |

5.2.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

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(1)  DO C 288 de 31.8.2017, p. 56.

1

(2)  Salud y seguridad en el trabajo, SCOEL, Comisión Europea, 30.6.2018.

2

(3)  Comité de Evaluación del Riesgo (CER), 30.6.2018.

3

(4)  Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA).

4

(5)  DO L 119 de 4.5.2016, p. 33, artículo 4, y véanse también apartados 35, 45, 52, 53 y 155.

5

(6)  DO C 288 de 31.8.2017, p. 56.

6

(7)  COM(2017) 11 final.

7

(8)  DO C 288 de 31.8.2017, p. 56.

8

(9)  COM(2014) 332 final..

9

(10)  EU-OSHA (2017).

10

(11)  SWD(2018) 88, COM(2017) 11 final.

11

(12)  Directiva 2004/37/CE.

12

(13)  Eurostat «Desarrollo sostenible en la UE», p.189 (en inglés).

13

(14)  Procedimiento 2018/0081 (COD).

14

(15)  DO C 288 de 31.8.2017, p. 56.

15

(16)  Tercera modificación de la Directiva relativa a los agentes carcinógenos o mutágenos (CMD).

16

(17)  DO C 288 de 31.8.2017, p. 56.

17

(18)  Eurostat 2017: «Desarrollo sostenible en la Unión Europea — Informe de seguimiento de los avances hacia los ODS en la UE», p. 246.

18

(19)  DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.

19

(20)  DO L 119 de 4.5.2016, artículo 9, apartado 2, letra h): «el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, [...], sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o [...];»

20

(21)  DO L 88 de 4.4.2011, p. 45. Véase, asimismo, DO L 354 de 31.12.2008, p. 70.

21

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| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/150 |
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6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/150

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Recomendación del Consejo sobre la intensificación de la cooperación contra las enfermedades evitables por vacunación»

[COM(2018) 244 final — SWD(2018) 149 final]

(2018/C 440/25)

| Ponente: | Renate HEINISCH |
| --- | --- |

Ponente:

Renate HEINISCH

| Consulta | Comisión Europea, 17.4.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 29 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Decisión del Pleno | 17.4.2018 |
| Sección competente | Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía |
| Aprobado en sección | 19.7.2018 |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 136/1/3 |

Consulta

Comisión Europea, 17.4.2018

Fundamento jurídico

Artículo 29 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Decisión del Pleno

17.4.2018

Sección competente

Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Aprobado en sección

19.7.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

136/1/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.   A nivel europeo

| 1.1.1. | La cooperación entre Estados miembros en materia de vacunación debe tener en cuenta el papel de la vacunación a lo largo de toda la vida y debe abordar de manera explícita la vacunación de niños, adolescentes, adultos y personas mayores en los distintos países. Los datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) demuestran que enfermedades como el sarampión, que antes eran enfermedades infantiles, afectan actualmente a adolescentes y adultos jóvenes como resultado de una pérdida de inmunidad. Esta circunstancia, junto con los flujos migratorios transfronterizos y la disponibilidad de nuevas vacunas para grupos de edad específicos (por ejemplo, las vacunas contra el VPH, las infecciones meningocócicas o el herpes zóster), requiere la adopción de un enfoque de ciclo de vida en materia de vacunación. |
| --- | --- |

1.1.1.

| 1.1.2. | La desconfianza de los padres respecto de la vacunación representa hoy día una de las principales amenazas para el bienestar de los niños: se cuestionan los resultados de pruebas científicas establecidas desde hace tiempo con el fin de hacer campaña contra la vacunación. Es necesario luchar contra esta tendencia más amplia de desconfianza de los expertos y del consenso científico mediante actividades de comunicación basadas en pruebas, una mayor transparencia y campañas de sensibilización si queremos evitar las epidemias de sarampión que avanzan en la UE y los recientes casos mortales de difteria. La participación pública en programas de investigación e innovación, como el programa «Science with and for Society» (Ciencia con y para la sociedad) constituye una de las herramientas que debería utilizar la Comisión para educar sobre los beneficios de la vacunación. |
| --- | --- |

1.1.2.

| 1.1.3. | El CESE pide a la Comisión que sensibilice sobre la importancia del papel que desempeñan las vacunas en la protección de las personas contra enfermedades debilitantes mediante la participación en el Día Europeo de la Inmunización. Un foro de estas características debería basarse en actividades de comunicación específicas para informar a los europeos, en particular, los padres, los niños, los profesionales sanitarios, los migrantes, los grupos minoritarios y los grupos de población expuestos a un mayor riesgo de sufrir consecuencias graves derivadas de las enfermedades evitables por vacunación. Deberían utilizarse todos los cauces de comunicación, incluidos los principales medios de comunicación y los medios sociales, para facilitar a los ciudadanos y las organizaciones una información con base científica y accesible. La adopción de un enfoque educativo intergeneracional para las actividades de comunicación en materia de vacunación ayudaría, asimismo, a fomentar la vacunación en todas generaciones y luchar contra la desconfianza. |
| --- | --- |

1.1.3.

| 1.1.4. | En una época de creciente digitalización de la información y la comunicación, en la que las nuevas tecnologías ofrecen numerosas oportunidades para mejorar el acceso a la vacunación y su aceptación, la Unión debe esforzarse por mejorar los conocimientos de los europeos en materia de vacunación para luchar contra la reticencia a su uso. Además, es necesario mejorar el dominio de las herramientas digitales en el ámbito de la salud para permitir el acceso a la información digital sobre la vacunación y su tratamiento. |
| --- | --- |

1.1.4.

| 1.1.5. | No hay que olvidar que la salud humana y la salud animal están estrechamente vinculadas. Según las estimaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el 75 % (1) de las enfermedades infecciosas que afectan a las personas son de origen animal. La siempre creciente amenaza de la resistencia a los antimicrobianos también establece un vínculo entre la salud humana y la salud animal. En este contexto, la vacunación no solo previene enfermedades, sino que contribuye a la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos reduciendo el uso innecesario de los mismos. No obstante, este valor para la sociedad no se ve reflejado en los mecanismos de apoyo de la UE y hace falta un incentivo de mercado que anime a los agricultores a utilizar vacunas en lugar de productos más baratos que agudizan la resistencia a los antimicrobianos. El CESE recomienda que, en la próxima revisión de la PAC, la Comisión incluya subvenciones para aquellas explotaciones que demuestren el elevado índice de vacunación necesario para atenuar los riesgos económicos y sanitarios que plantea la resistencia a los antimicrobianos. |
| --- | --- |

1.1.5.

1.2.   A nivel nacional

| 1.2.1. | Debemos garantizar que en el futuro no vuelvan a aparecer enfermedades evitables de nuestro pasado distante o que pueden evitarse mediante nuevas generaciones de vacunas. Los profesionales sanitarios, incluidos los farmacéuticos, los enfermeros y los médicos, así como los servicios médicos de los centros escolares y de trabajo, constituyen un pilar fundamental para la lucha contra la reticencia a la vacunación, puesto que desempeñan un papel fundamental en la orientación y asesoramiento de los pacientes. El CESE insta a los Estados miembros a invertir en recursos de formación continua con el fin de permitir que los profesionales sanitarios, y los farmacéuticos en particular, se conviertan en embajadores de la vacunación y en un baluarte frente a las terribles consecuencias para la salud pública del movimiento en contra de la vacunación. La vacunación también podría ser llevada a cabo por médicos con el fin de garantizar un control seguro de cualquier posible reacción aguda o choque anafiláctico. |
| --- | --- |

1.2.1.

| 1.2.2. | Los profesionales sanitarios también están expuestos a una amplia variedad de enfermedades. El CESE, como órgano consultivo que representa a empresarios, trabajadores y otros grupos de interés, pide a los Estados miembros que garanticen la aplicación plena y efectiva de la Directiva 2000/54/CE que dispone que, cuando exista riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores por su exposición a agentes biológicos contra los que existan vacunas eficaces, su empresario debería ofrecerles la vacunación. |
| --- | --- |

1.2.2.

| 1.2.3. | Más allá de los profesionales sanitarios, los Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos con el fin de llegar a los grupos de población expuestos a un mayor riesgo de sufrir consecuencias graves derivadas de enfermedades específicas evitables por vacunación, como los niños, las mujeres embarazadas, las personas de edad avanzada, los grupos minoritarios y las personas con afecciones subyacentes específicas o expuestas a enfermedades de transmisión sexual como el virus del papiloma humano (VPH) y la hepatitis A y B. La combinación de exámenes médicos rutinarios, como los controles pediátricos o de salud en el lugar de trabajo, y los programas de inmunización, podría ayudar a hacer frente a los índices insuficientes de vacunación. |
| --- | --- |

1.2.3.

| 1.2.4. | Europa se enfrenta actualmente a una situación histórica y difícil ya que ha empezado a invertirse la estructura de edad de su población. Las medidas preventivas como la vacunación de adultos deben considerarse como una herramienta que permitiría afrontar este desafío, contribuyendo al mismo tiempo a alcanzar el objetivo europeo de un envejecimiento activo y saludable. |
| --- | --- |

1.2.4.

| 1.2.5. | Sin embargo, el CESE observa con preocupación que solo un Estado miembro ha alcanzado el objetivo, establecido por el Consejo en 2009, de lograr un índice de vacunación contra la gripe del 75 % para las personas mayores. Dado que el efecto de la gripe en las personas mayores es debilitante, en el mejor de los casos, y mortal, en el peor de los casos, los Estados miembros deberían redoblar sus esfuerzos para alcanzar este objetivo. |
| --- | --- |

1.2.5.

| 1.2.6. | Los retos que afrontan actualmente los Estados miembros van desde la reticencia a la vacunación hasta los cambios demográficos relacionados con el envejecimiento de la población y un mayor desplazamiento de personas, lo cual incide en los riesgos de exposición a agentes patógenos en toda la Unión. El CESE pide a los Estados miembros que intercambien buenas prácticas y conocimientos para hacer frente a estos desafíos. |
| --- | --- |

1.2.6.

2.   Observaciones generales

| 2.1. | El CESE apoya el enfoque de la Comisión basado en tres pilares, que tiene por objeto reforzar la cooperación contra las enfermedades evitables por vacunación como una respuesta oportuna a las amenazas acuciantes contra la salud a las que se enfrenta actualmente la UE, concretamente la reticencia a la vacunación, la reducción de la cobertura de enfermedades específicas, los brotes de enfermedades evitables por vacunación sin precedentes, las discrepancias entre los programas nacionales de vacunación y la escasez de vacunas. |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | El CESE valora positivamente las actividades propuestas para aumentar las sinergias entre la vacunación y las políticas conexas, incluidas las relacionadas con la preparación frente a situaciones de crisis, la salud electrónica, la evaluación de las tecnologías sanitarias, la I+D y la industria farmacéutica, a nivel nacional, europeo e internacional. Resulta fundamental un esfuerzo concertado para afrontar los desafíos que actualmente limitan la eficacia de los programas de vacunación en toda la Unión. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | La vacunación, que es la principal herramienta de prevención primaria, ha conseguido que Europa sea una región libre de poliomelitis y ha erradicado otras enfermedades como la viruela mediante la prevención de las enfermedades a nivel individual, impidiendo al mismo tiempo la propagación de los virus. Fuera de Europa, la globalización ha dado lugar a un aumento de los flujos transfronterizos no solo de personas, sino de diferentes virus, agentes patógenos y enfermedades. Los flujos migratorios recientes han acelerado esta tendencia. La vacunación contribuye de manera significativa a la salud mundial, ya que las enfermedades no se detienen en las fronteras nacionales o regionales. |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | En la Unión Europea, los programas de vacunación son competencia de los Estados miembros, razón por la cual coexisten diferentes estrategias de inmunización dentro de la UE, donde algunos Estados miembros han aplicado programas avanzados que tienen por objetivo enfermedades específicas a lo largo del ciclo de vida o que abordan especificidades geográficas. Habida cuenta de que la propagación de enfermedades no conoce fronteras, el CESE apoya la propuesta de la Comisión de elaborar directrices para un calendario común de vacunación en la UE, a fin de facilitar la compatibilidad de los calendarios nacionales. |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | La falta de armonización de los calendarios de vacunación dentro de la Unión también constituye un obstáculo a la libertad de residencia y de circulación, que es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos y de sus familiares. Ciertamente, como se señala en la Comunicación de la Comisión, puede resultar difícil para los ciudadanos, en particular los niños, completar el calendario de vacunación cuando se desplazan de un Estado miembro a otro. Sin embargo, esta armonización no debe dar lugar a una reducción de la gama de vacunas disponibles. |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | En sus Conclusiones de diciembre de 2014 (2), el Consejo reconoció que, si bien la vacunación es una herramienta eficaz para la salud pública, las enfermedades transmisibles resurgentes como la tuberculosis, el sarampión, la tos ferina y la rubéola, que pueden causar una morbilidad y mortalidad elevadas, siguen constituyendo un problema sanitario. Estos últimos acontecimientos hacen que resulte aún más apremiante la cooperación entre Estados miembros contra las enfermedades evitables por vacunación. |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | A la luz de lo anterior, la Recomendación del Consejo sobre la intensificación de la cooperación entre los Estados miembros, la industria y las partes interesadas a nivel de la UE representa un paso en la dirección correcta. El CESE apoya plenamente una intensificación de la acción en el ámbito de la vacunación. |
| --- | --- |

2.7.

3.   Observaciones específicas

| 3.1. | El CESE respalda la posición de la Comisión de que las herramientas digitales como una tarjeta de vacunación común para los ciudadanos de la UE, compatible con los sistemas electrónicos de información sobre vacunación y un portal web para sensibilizar sobre los beneficios y la seguridad de las vacunas, podrían contribuir a la consecución de los objetivos esbozados en la Comunicación. A este respecto, la Comisión debería colaborar con los Estados miembros para que los europeos tengan un mayor dominio de las herramientas digitales en el ámbito de la salud, con el fin de maximizar los beneficios de estas herramientas digitales. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Habida cuenta de que las enfermedades tradicionalmente pediátricas pasan a contraerse en etapas posteriores de la vida, así como de la disponibilidad de nuevas vacunas que pueden prevenir enfermedades en adultos y en grupos de mayor edad, se anima a los Estados miembros a que estudien la posibilidad de aplicar programas de vacunación a lo largo de todo el ciclo de vida, teniendo en cuenta las estrategias de vacunación más rentables para prevenir enfermedades en función de las necesidades de los diferentes grupos de edad (por ejemplo, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, grupos minoritarios y grupos de mayor edad). |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Como señaló el presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la Unión de 2017, todavía hay niños que mueren de enfermedades evitables por vacunación como el sarampión. El riesgo que representan para los niños los compañeros de clase no vacunados constituye una amenaza significativa. A fin de garantizar un elevado índice de vacunación, puede que sea necesario supeditar la admisión a la escuela a la presentación de una prueba de vacunación. A este respecto, es necesario informar mejor a las escuelas y los educadores sobre la función de las vacunas para poder comunicar con los padres y los niños sobre la vacunación. Este aspecto educativo es un factor fundamental habida cuenta de que las escuelas desempeñan un papel determinante en la toma de decisiones por parte de los progenitores. |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Actualmente, los cánceres evitables por vacunación amenazan con afectar a los adolescentes en forma de cánceres mortales cuando se vayan haciendo mayores. Habida cuenta de una creciente prevalencia del cáncer, los Estados miembros de la UE han inscrito la lucha contra esta enfermedad entre sus principales prioridades políticas. La experiencia demuestra que unas políticas de vacunación debidamente aplicadas pueden erradicar casi por completo enfermedades como las infecciones relacionadas con el virus del papiloma humano (VPH). El suministro de vacunas contra el VPH a adolescentes debe considerarse un aspecto fundamental de los programas de control del cáncer, puesto que constituyen una categoría única de cánceres evitables por vacunación. |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | La vacunación de adultos es, en ocasiones, la única solución de prevención disponible para hacer frente a una enfermedad específica, como la gripe o el herpes zóster, con el fin de evitarla completamente o de reducir su gravedad. En la Unión Europea, una de cada cuatro personas padecerá herpes zóster a lo largo de su vida, mientras que aproximadamente 40 000 personas mueren prematuramente cada año debido a causas asociadas a la gripe. Estas cifras solo pueden reducirse mediante la vacunación. |
| --- | --- |

3.5.

| 3.6. | Habida cuenta de la reticencia observada entre los propios profesionales sanitarios, así como los casos y brotes de enfermedades evitables por vacunación transmitidas por el personal sanitario, la aplicación y el cumplimiento de los programas de vacunación para los profesionales sanitarios deben supervisarse cuidadosamente y respaldarse con una formación adecuada, en interés de la seguridad del paciente y para proteger a los propios profesionales sanitarios de acuerdo con la Directiva 2000/54/CE. |
| --- | --- |

3.6.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, «How do animal diseases affect humans?».

1

«How do animal diseases affect humans?

(2)  Conclusiones del Consejo sobre la vacunación como instrumento sanitario eficaz, de 1 de diciembre de 2014.

2

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| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/154 |
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6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/154

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 767/2008, el Reglamento (CE) n.o 810/2009, el Reglamento (UE) 2017/2226, el Reglamento (UE) 2016/399, el Reglamento (UE) 2018/... [Reglamento sobre interoperabilidad] y la Decisión 2004/512/CE, y se deroga la Decisión 2008/633/JAI del Consejo»

[COM(2018) 302 final]

(2018/C 440/26)

| Ponente general: | Ionuţ SIBIAN |
| --- | --- |

Ponente general:

Ionuţ SIBIAN

| Consulta | Parlamento Europeo, 2.7.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía |
| Decisión de la Mesa | 10.7.2018 |
| Aprobación en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 97/3/0 |

Consulta

Parlamento Europeo, 2.7.2018

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Decisión de la Mesa

10.7.2018

Aprobación en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

97/3/0

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El Comité Económico y Social Europeo apoya una política de visados que es, y debe seguir siendo, un instrumento para facilitar el turismo y la actividad económica, evitando los riesgos de seguridad y de migración irregular a la UE. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El CESE respalda el desarrollo futuro del Sistema de Información de Visados (VIS) como la mejor solución tecnológica para facilitar el procedimiento de expedición de visados de corta duración y ayudar a las autoridades de migración, asilo, fronteras y visados a comprobar rápida y eficazmente la información necesaria sobre los nacionales de terceros países que necesitan un visado para entrar en la UE. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | El CESE considera que uno de los principales objetivos de actuación en este ámbito debería ser armonizar los procedimientos, las prácticas y los resultados de los Estados miembros de la UE respecto de la política de visados. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Por lo que se refiere a la elaboración de indicadores de riesgo específicos para la tramitación de visados, el CESE considera que ello podría limitar los derechos de los solicitantes. Por lo tanto, insta a las instituciones de la UE y las autoridades de los Estados miembros a informar y formar adecuadamente al personal, tanto de primera línea como de gestión, para evitar la elaboración de perfiles basados en la raza, el sexo, la etnia, la religión, la orientación sexual y demás características personales. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | El CESE apoya el objetivo de facilitar la identificación de personas desaparecidas. No obstante, reducir de doce a seis años la edad para la toma de impresiones dactilares de los menores solicitantes de visado puede ser problemático. La propuesta no ha incluido contribuciones ni opiniones de las agencias y organizaciones de protección de la infancia, lo que impide al CESE evaluar plenamente la incidencia de la propuesta sobre los niños y su protección. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | En relación con este mismo objetivo, mientras que almacenar una copia de la página de datos personales del documento de viaje del solicitante en el VIS es aceptable y necesario, construir esta nueva herramienta de datos para respaldar los procedimientos de retorno, como se indica en la propuesta, es cuestionable. El CESE no considera que las modificaciones propuestas lleven necesariamente al retorno de los nacionales de terceros países. En lugar de ello, debería ser una herramienta que animara a los Estados miembros a actuar teniendo debidamente en cuenta la legalidad de la estancia y el interés y el bienestar de las personas afectadas. Las autoridades deben alentar y asistir a los nacionales de terceros países para regularizar su estancia y considerar la posibilidad de regresar a su lugar de origen. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | Respecto del objetivo accesorio de esta propuesta de permitir, bajo estrictas condiciones, a las autoridades policiales nacionales y a Europol el acceso a los datos del VIS con fines coercitivos, el CESE destaca la importancia de unas estrictas condiciones de acceso. Este acceso, idealmente, debería basarse en decisiones judiciales que garantizaran que dicho acceso representa una limitación necesaria del principio de protección de los datos personales. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | El CESE celebra el alcance de las consultas organizadas sobre esta propuesta. Al mismo tiempo, el Comité, las demás instituciones y el público en general habrían resultado muy beneficiados si se hubieran incluido más aportaciones y puntos de vista de las partes consultadas en la propuesta. No queda claro qué tipo de aportación se ofreció y en qué medida esta influyó en la forma definitiva de la propuesta. |
| --- | --- |

1.8.

| 1.9. | Respecto de la protección de los derechos fundamentales, el CESE acoge con satisfacción que la Comisión Europea se centre en este punto. El Comité recomienda que se preste más atención a la manera en que los Estados miembros utilizan los datos personales de los solicitantes de visado. Como ya se ha señalado, son necesarias nuevas salvaguardias frente a las prácticas que den lugar a discriminaciones contra los nacionales de terceros países que soliciten visados de corta o larga duración y permisos de residencia. |
| --- | --- |

1.9.

| 1.10. | Habría sido muy útil para la propuesta contar con datos más detallados y específicos sobre visados de corta y larga duración y permisos de residencia, país por país, de los Estados miembros de la UE y de terceros países. También habría sido de gran utilidad disponer de más información sobre las estancias que rebasan la duración autorizada para luchar contra la trata de menores. Los datos son indispensables para evaluar la naturaleza y la estructura de la movilidad y la idoneidad de los instrumentos utilizados. |
| --- | --- |

1.10.

| 1.11. | Asimismo, el CESE recomienda un compromiso más sólido para trabajar con los gobiernos y la sociedad civil de los terceros países, a fin de informar, preparar y ayudar a sus nacionales durante todo el procedimiento de solicitud de visado. |
| --- | --- |

1.11.

2.   Observaciones generales

| 2.1. | El CESE apoya una política de visados que es, y debe seguir siendo, un instrumento para facilitar el turismo y la actividad económica, evitando los riesgos de seguridad y de migración irregular a la UE. |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | El CESE, aunque reconoce los retos en materia de migración y seguridad de los últimos años, anima a los Estados miembros y a las instituciones de la UE a adoptar un enfoque proporcionado, equilibrado y consensuado, con el objetivo de que la UE siga siendo tan abierta, responsable, atractiva e innovadora como sea posible. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | El CESE respalda el desarrollo futuro del Sistema de Información de Visados (VIS) como la mejor solución tecnológica para facilitar el procedimiento de expedición de visados de corta duración y ayudar a las autoridades de migración, asilo, fronteras y visados a comprobar rápida y eficazmente la información necesaria sobre los nacionales de terceros países que necesitan un visado para entrar en la UE. |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | El CESE respalda los objetivos generales de esta iniciativa: mejorar la seguridad dentro de la UE y en sus fronteras; facilitar el ejercicio del derecho de los viajeros legítimos a cruzar la frontera exterior, circular libremente y residir dentro del espacio sin controles en las fronteras interiores, y facilitar la gestión de las fronteras exteriores del espacio Schengen. |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | El CESE también apoya los objetivos específicos de esta iniciativa: facilitar el procedimiento de solicitud de visado; facilitar y reforzar los controles en los pasos fronterizos exteriores y en el territorio de los Estados miembros, e incrementar la seguridad interior del espacio Schengen, facilitando el intercambio de información entre los Estados miembros sobre los nacionales de terceros países titulares de visados de larga duración y de permisos de residencia. |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | El CESE también apoya colmar las lagunas de información restantes en el ámbito de las fronteras y la seguridad: la inclusión de los visados de larga duración y los permisos de residencia en el VIS. |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | En cuanto a mejorar los controles de la tramitación de visados por medio de la interoperabilidad, la verificación y la evaluación de la información presentada por los solicitantes y la consulta automática del VIS para cada solicitud en cada uno de los sistemas disponibles, el CESE considera que se trata de un avance tecnológico y de procedimiento muy positivo. |
| --- | --- |

2.7.

| 2.8. | Por lo que se refiere a la elaboración de indicadores de riesgo específicos para la tramitación de visados, el CESE considera que ello podría limitar los derechos de los solicitantes. Aunque los indicadores de riesgo no incluirían datos personales, se basarían en las estadísticas y en las informaciones proporcionadas por los Estados miembros sobre las amenazas y las tasas anormales de denegaciones de visados o de estancias superiores al plazo fijado de determinadas categorías de nacionales de terceros países, así como los riesgos para la salud pública. Existe un riesgo importante de que las autoridades responsables de la tramitación de visados utilicen esos datos e indicadores para desestimar las solicitudes de visado sobre la base de perfiles incorporados al sistema y no de las circunstancias individuales del solicitante. El CESE insta a las instituciones de la UE y las autoridades de los Estados miembros a informar y formar adecuadamente al personal, tanto de primera línea como de gestión, para evitar la elaboración de perfiles basados en la raza, el sexo, la etnia, la religión, la orientación sexual y demás características personales. |
| --- | --- |

2.8.

| 2.9. | El CESE apoya el objetivo de facilitar la identificación de personas desaparecidas. No obstante, reducir de doce a seis años la edad para la toma de impresiones dactilares de los menores solicitantes de visado puede ser problemático. La propuesta no ha incluido contribuciones ni opiniones de las agencias y organizaciones de protección de la infancia, lo que impide al CESE evaluar plenamente la incidencia de la propuesta sobre los niños y su protección. |
| --- | --- |

2.9.

| 2.10. | En relación con este mismo objetivo, mientras que almacenar una copia de la página de datos personales del documento de viaje del solicitante en el VIS es aceptable y necesario, construir esta nueva herramienta de datos para respaldar los procedimientos de retorno, como se indica en la propuesta, es cuestionable. El CESE no considera que las modificaciones propuestas lleven necesariamente al retorno de los nacionales de terceros países. En lugar de ello, debería ser una herramienta que animara a los Estados miembros a actuar teniendo debidamente en cuenta la legalidad de la estancia y el interés y el bienestar de las personas afectadas. Las autoridades deben alentar y asistir a los nacionales de terceros países para regularizar su estancia y considerar la posibilidad de regresar a su lugar de origen. |
| --- | --- |

2.10.

| 2.11. | Respecto del objetivo accesorio de esta propuesta de permitir, bajo estrictas condiciones, a las autoridades policiales nacionales y a Europol el acceso a los datos del VIS con fines coercitivos, el CESE destaca la importancia de unas estrictas condiciones de acceso. Este acceso, idealmente, debería basarse en decisiones judiciales que garantizaran que dicho acceso representa una limitación necesaria del principio de protección de los datos personales. |
| --- | --- |

2.11.

| 2.12. | El CESE acoge favorablemente los esfuerzos de la Comisión para encargar tres estudios independientes: uno sobre la viabilidad, necesidad y proporcionalidad de reducir la edad para la toma de las impresiones dactilares de los menores en el procedimiento de expedición de visados y sobre el almacenamiento de una copia de los documentos de viaje de los solicitantes de visado en el VIS, y dos estudios sobre la viabilidad, necesidad y proporcionalidad de ampliar el VIS para incluir los datos sobre los visados de larga duración y los documentos de residencia. |
| --- | --- |

2.12.

| 2.13. | El CESE alaba el alcance de estas consultas, que englobaron a todas las partes interesadas, incluidas las autoridades nacionales que tienen acceso al sistema para introducir, modificar, suprimir o consultar datos en el VIS; las autoridades nacionales responsables de la inmigración, retorno y la protección de menores; las autoridades policiales y las autoridades responsables de la trata de seres humanos; las autoridades consulares y las autoridades nacionales responsables de los controles en los pasos fronterizos exteriores. También fueron consultadas diversas autoridades no pertenecientes a la UE y las organizaciones no gubernamentales relacionadas con los derechos de la infancia. Al mismo tiempo, el Comité, las demás instituciones y el público en general habrían resultado muy beneficiados si se hubieran incluido más aportaciones y puntos de vista de las partes consultadas en la propuesta. No queda claro qué tipo de aportación se ofreció y en qué medida esta influyó en la forma definitiva de la propuesta. |
| --- | --- |

2.13.

| 2.14. | Respecto de la protección de los derechos fundamentales, el CESE acoge con satisfacción que la Comisión Europea se centre en este punto. El Comité acoge con satisfacción las garantías adicionales establecidas en esta propuesta para cubrir las necesidades específicas de las nuevas categorías de datos, tratamiento de datos y campos de datos regulados en el VIS, como parte de un esfuerzo más amplio por proteger los derechos de acceso, rectificación, supresión y recurso respecto de los datos personales. El Comité recomienda que se preste más atención a la manera en que los Estados miembros utilizan los datos personales de los solicitantes de visado. Como ya se ha señalado, son necesarias nuevas salvaguardias frente a las prácticas que den lugar a discriminaciones contra los nacionales de terceros países que soliciten visados de corta o larga duración y permisos de residencia. |
| --- | --- |

2.14.

| 2.15. | Habría sido muy útil para la propuesta contar con datos más detallados y específicos sobre visados de corta y larga duración y permisos de residencia, país por país, de los Estados miembros de la UE y de terceros países. También habría sido de gran utilidad disponer de más información sobre las estancias que rebasan la duración autorizada para luchar contra la trata de menores. Los datos son indispensables para evaluar la naturaleza y la estructura de la movilidad y la idoneidad de los instrumentos utilizados. |
| --- | --- |

2.15.

| 2.16. | El CESE también recomienda un compromiso más sólido para trabajar con los gobiernos y la sociedad civil de los terceros países, a fin de informar, preparar y ayudar a sus nacionales en el procedimiento de solicitud de visado. |
| --- | --- |

2.16.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/158 |
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6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/158

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la transparencia y la sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la UE, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.o 178/2002 (legislación alimentaria general), la Directiva 2001/18/CE (liberación intencional en el medio ambiente de OMG), el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 (alimentos y piensos modificados genéticamente), el Reglamento (CE) n.o 1831/2003 (aditivos en los piensos), el Reglamento (CE) n.o 2065/2003 (aromas de humo), el Reglamento (CE) n.o 1935/2004 (materiales en contacto con alimentos), el Reglamento (CE) n.o 1331/2008 (procedimiento de autorización común para aditivos, enzimas y aromas alimentarios), el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 (productos fitosanitarios) y el Reglamento (UE) 2015/2283 (nuevos alimentos)

[COM(2018) 179 final-2018/0088 (COD)]

(2018/C 440/27)

| Ponente: | Antonello PEZZINI |
| --- | --- |
| Coponente: | Ester VITALE |

Ponente:

Antonello PEZZINI

Coponente:

Ester VITALE

| Consulta | Consejo, 22.5.2018
  Parlamento Europeo, 28.5.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 43, artículo 114, artículo 168, apartado 4, letra b), y artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Decisión de la Mesa | 13/02/2018 |
| Sección competente | Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente |
| Aprobación en sección | 5.9.2018 |
| Aprobación en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 176/2/2 |

Consulta

Consejo, 22.5.2018

Parlamento Europeo, 28.5.2018

Fundamento jurídico

Artículo 43, artículo 114, artículo 168, apartado 4, letra b), y artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Decisión de la Mesa

13/02/2018

Sección competente

Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Aprobación en sección

5.9.2018

Aprobación en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

176/2/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El CESE ha defendido siempre una política de la UE de salvaguardia de la salud en toda la cadena alimentaria, en todas las fases del proceso productivo: del agricultor al consumidor, evitando contaminaciones y riesgos alimentarios, a fin de promover la seguridad y la higiene, así como una información clara, transparente y segura sobre los productos. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El CESE apoya las iniciativas de la Comisión destinadas a afrontar los retos de la transparencia, la sostenibilidad y la eficacia de todo el sistema de control de la cadena alimentaria, para permitir que los ciudadanos, los medios de comunicación y toda la sociedad civil tengan una mejor percepción de su fiabilidad y seguridad. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | El CESE apoya firmemente la necesidad de reforzar la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), con el fin de garantizar que se ofrece el mejor asesoramiento científico posible a los gestores del riesgo, por medio de informes claros y transparentes, y una mayor cooperación con los Estados miembros y otros organismos que operan en el ámbito social, para garantizar un sistema de seguridad alimentaria coherente, seguro y fiable. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | El CESE ha tenido ocasión de indicar «que la EFSA ha demostrado en el curso de su existencia su competencia, ya que incontestablemente ha desempeñado un papel muy importante en la prevención de riesgos para la salud en Europa» (1). |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | El Comité considera indispensable garantizar un alto nivel de independencia de los condicionamientos externos y la máxima competencia científica de la EFSA, potenciando la capacidad de determinación del riesgo, a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema de evaluación de la Unión, que se sitúa entre los mejores del mundo. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | El CESE considera que la EFSA y los Estados miembros deben poder desarrollar, de la mejor manera posible, una adecuada comunicación del riesgo —de manera independiente, pero coherente entre sí y coordinada entre evaluadores y gestores del riesgo—, de manera que los usuarios puedan entender los resultados y conclusiones de manera clara e interactiva, garantizando al mismo tiempo unos niveles adecuados de confidencialidad y protección de los derechos de propiedad intelectual. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | El CESE defiende de manera decidida que se cree un registro de los estudios, de fácil acceso en línea, que englobe la identificación de los expertos y los laboratorios certificados, las declaraciones juradas de ausencia de conflicto de intereses, la descripción de los objetivos, los recursos técnicos y financieros utilizados y las fuentes. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | A juicio del CESE, hay que mejorar sustancialmente la percepción que los consumidores tienen del riesgo que soportan en la relación con los alimentos, mediante una cultura alimentaria y nutricional específica y una capacidad de análisis selectiva en relación con el riesgo. |
| --- | --- |

1.8.

| 1.9. | El CESE considera que el futuro plan estratégico general europeo para la comunicación del riesgo —si se elabora en plena sintonía con la EFSA y respetando su independencia— constituye el elemento clave sobre el que deben organizarse las capacidades de los agentes responsables de dar respuestas eficaces, unívocas, oportunas, interactivas y adecuadas a las expectativas de los ciudadanos, en cuanto a seguridad, transparencia y fiabilidad de la cadena alimentaria. |
| --- | --- |

1.9.

| 1.10. | El CESE aboga por reforzar un diálogo sistemático y estructurado con la sociedad civil, en el que el CESE, con sus estructuras especializadas en Sistemas Alimentarios Sostenibles, podría aportar una contribución útil y concreta. |
| --- | --- |

1.10.

| 1.11. | Respecto de la gobernanza de la EFSA, el CESE apoya decididamente la propuesta de una mayor implicación de los Estados miembros y la sociedad civil en la estructura de gestión y en las comisiones técnicas científicas, adecuando la composición de la Junta Directiva a las normas establecidas en el planteamiento común sobre las agencias descentralizadas. |
| --- | --- |

1.11.

| 1.12. | El CESE considera necesario dar continuidad al acuerdo entre la EFSA y el Centro Común de Investigación, especialmente por lo que respecta a las actividades conjuntas en materia de alimentos y piensos, así como para desarrollar una metodología científica armonizada de análisis de calidad, que garantice la transparencia, la comparabilidad, la inclusividad y la equidad respecto de todas las partes interesadas. |
| --- | --- |

1.12.

2.   Introducción

| 2.1. | La legislación alimentaria general (la normativa de la UE relativa a la seguridad de los alimentos y los piensos a lo largo de la cadena de producción) es la piedra angular del marco normativo de la Unión aplicable a toda la cadena alimentaria: «del producto al consumidor». |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | La legislación establece que las normas sobre los piensos y los alimentos han de tener un fundamento científico. Ello se conoce como principio de análisis del riesgo, que consta de tres componentes distintos pero interrelacionados: evaluación, gestión y comunicación del riesgo. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | El Reglamento (CE) n.o 178/2002 estableció la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), una agencia científica independiente encargada de proporcionar los dictámenes científicos que constituyen la base de las medidas que adopta la UE en la cadena alimentaria. |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | El 6 de octubre de 2017 se transmitió oficialmente a la CE una iniciativa ciudadana europea que había recogido un total de 1 070 865 declaraciones de apoyo procedentes de veintidós Estados miembros. La iniciativa «Prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos» (2) pedía a la CE que propusiera a los Estados miembros de la UE varias medidas. Entre otras: «garantizar que la evaluación científica de los pesticidas sometidos a aprobación reglamentaria en la UE se base exclusivamente en estudios publicados y encargados por las autoridades públicas competentes, y no por la industria de los pesticidas». La Comisión Europea se comprometió a presentar una propuesta legislativa antes de mayo de 2018 para aumentar la transparencia de las evaluaciones científicas y la calidad y la independencia de los estudios científicos. |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | El control de la adecuación del Reglamento sobre la legislación alimentaria general (LAG) [Reglamento (CE) n.o 178/2002 (3)] concluyó el 15 de enero de 2018. |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | La evaluación indica que el Reglamento LAG sigue siendo decisivo y adecuado para afrontar la mayoría de las tendencias actuales. |
| --- | --- |

2.6.

| 2.6.1. | En conjunto, se han alcanzado los objetivos principales de la LAG, es decir, un alto nivel de protección de la salud humana y los intereses de los consumidores en materia de alimentos y un funcionamiento eficaz del mercado interior. |
| --- | --- |

2.6.1.

| 2.6.2. | La creación de la EFSA ha mejorado el fundamento científico de las medidas de la UE. Se han aportado importantes mejoras en cuanto a capacidad científica de la EFSA, calidad de sus resultados científicos, recogida de datos científicos y desarrollo y armonización de los métodos de evaluación del riesgo. |
| --- | --- |

2.6.2.

| 2.6.3. | La EFSA ha reforzado la cooperación con organismos científicos nacionales e internacionales, así como el intercambio de información entre los Estados miembros, la Comisión y la propia EFSA. |
| --- | --- |

2.6.3.

| 2.6.4. | No se ha identificado en la UE ninguna incoherencia sistemática en la aplicación del principio de análisis del riesgo. |
| --- | --- |

2.6.4.

| 2.6.5. | Las rigurosas políticas de la EFSA en materia de independencia y transparencia han sido regularmente afinadas y reforzadas. No obstante, dado que no todos los Estados miembros están representados en el Consejo de Administración de la EFSA, la gobernanza de la Agencia no parece acorde con el planteamiento común sobre las agencias descentralizadas de la Unión. |
| --- | --- |

2.6.5.

| 2.6.6. | En algunos casos, el marco relativo a la seguridad alimentaria creado por el Reglamento LAG ha servido también como fuente de inspiración para países no pertenecientes a la UE en el desarrollo de su legislación nacional. |
| --- | --- |

2.6.6.

| 2.6.7. | Por lo que respecta a la evaluación del riesgo en el contexto de los expedientes de autorización, la EFSA debe obedecer normas de confidencialidad y procedimientos de análisis que sugieren que se tengan en cuenta todos los estudios o las pruebas disponibles. Por consiguiente, en sus dictámenes la EFSA no solo tiene en cuenta los estudios de la industria, sino que basa sus propias conclusiones científicas en un examen lo más exhaustivo posible de la bibliografía. Por su parte, la industria tiene la obligación de entregar sus estudios, como parte del expediente, cuando solicita una autorización. |
| --- | --- |

2.6.7.

| 2.6.8. | De acuerdo con evaluaciones recientes (4), existirían ciertas limitaciones en el actual sistema de la EFSA:






  — | dificultades para atraer nuevos miembros que formen parte del panel; |
| --- | --- | --- |

2.6.8.

—

dificultades para atraer nuevos miembros que formen parte del panel;

| — | competencias científicas procedentes de unos pocos Estados miembros; |
| --- | --- |

—

competencias científicas procedentes de unos pocos Estados miembros;

| — | tendencia actual a la disminución del presupuesto de la administración pública; |
| --- | --- |

—

tendencia actual a la disminución del presupuesto de la administración pública;

| — | escasa financiación consagrada a la externalización de las tareas de la EFSA. |
| --- | --- |

—

escasa financiación consagrada a la externalización de las tareas de la EFSA.

| 2.6.9. | Además, los largos procedimientos de autorización, en algunos sectores, ralentizan el proceso de entrada de nuevos productos en el mercado. A pesar de ello, el sistema centralizado de autorizaciones sigue presentando ventajas en términos de eficiencia con respecto al recurso a varios sistemas nacionales de autorización de los alimentos. |
| --- | --- |

2.6.9.

| 2.7. | El CESE ha tenido ocasión de indicar «que la EFSA ha demostrado en el curso de su existencia su competencia, ya que incontestablemente ha desempeñado un papel muy importante en la prevención de riesgos para la salud en Europa» (5). |
| --- | --- |

2.7.

| 2.8. | En un dictamen anterior, el CESE, teniendo en cuenta la influencia de los dictámenes científicos, que no siempre son coherentes e inequívocos, recomendó a la EFSA «que preste una atención especial a este fenómeno, ya que la bibliografía científica es una referencia importante en el procedimiento de evaluación» (6) y pidió a la CE que publique sistemáticamente en la página web de la Agencia los estudios obligatorios utilizados y los correspondientes datos brutos que han conducido a las conclusiones adoptadas. |
| --- | --- |

2.8.

| 2.9. | El CESE señaló (7) asimismo que la evaluación de la EFSA se basa en un estudio científico que debería demostrar la inocuidad de un determinado producto. Según la legislación actual, dicho estudio de referencia debe ser presentado por la empresa que quiere introducir el producto en el mercado. Este es el aspecto más delicado, pues los resultados de los estudios científicos pueden diferir dependiendo de la fuente de financiación y de la metodología utilizada. |
| --- | --- |

2.9.

| 2.10. | En un plano más general, el CESE ha pedido recientemente una política alimentaria adaptada al siglo XXI, que cumpla múltiples criterios: calidad de los alimentos; salud; medio ambiente, valores sociales y culturales; economía sólida, trabajo decente, costes plenamente internalizados y buena gobernanza (8). |
| --- | --- |

2.10.

| 2.11. | El Defensor del Pueblo Europeo llevó a cabo investigaciones y actividades sobre el modelo de la UE de evaluación del riesgo en la cadena alimentaria y puso de manifiesto, en una carta a la Comisión de 15 de marzo de 2018, algunos principios orientadores para mejorar dicho modelo, a saber:






  — | independencia y transparencia; |
| --- | --- | --- |

2.11.

—

independencia y transparencia;

| — | compromiso de publicar los «estudios orientativos» al realizar sus evaluaciones científicas; |
| --- | --- |

—

compromiso de publicar los «estudios orientativos» al realizar sus evaluaciones científicas;

| — | un mayor control público de sus funciones de evaluación del riesgo, en una fase precoz del proceso; |
| --- | --- |

—

un mayor control público de sus funciones de evaluación del riesgo, en una fase precoz del proceso;

| — | capacidad para propiciar la participación del público y las partes interesadas en el proceso de evaluación del riesgo (9); |
| --- | --- |

—

capacidad para propiciar la participación del público y las partes interesadas en el proceso de evaluación del riesgo (9);

| — | posibilidad de que las partes interesadas intervengan en las reuniones, y no solo, como sucede en la actualidad, en los «plenos abiertos», respetando obviamente la confidencialidad. |
| --- | --- |

—

posibilidad de que las partes interesadas intervengan en las reuniones, y no solo, como sucede en la actualidad, en los «plenos abiertos», respetando obviamente la confidencialidad.

| 2.12. | El Defensor del Pueblo Europeo resaltó además que los instrumentos de información pública que utiliza la EFSA para sensibilizar sobre los riesgos asociados a determinadas sustancias o productos deberían estar disponibles en las 24 lenguas oficiales de la UE, y que se deben respetar los derechos de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta sus exigencias en la comunicación del riesgo (10). |
| --- | --- |

2.12.

3.   Propuestas de la Comisión

| 3.1. | La Comisión propone una revisión del Reglamento sobre la legislación alimentaria general y la revisión de ocho normas legislativas sectoriales a fin de hacerlas compatibles con las normas generales, mejorar la transparencia e incrementar las garantías de fiabilidad, objetividad e independencia de los estudios. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Para garantizar una mejor gobernanza, se propone aumentar la implicación de los Estados miembros y la sociedad civil en la estructura de gestión y en las comisiones técnicas científicas de la EFSA, así como una mayor contribución de los organismos científicos nacionales a la hora de suministrar datos y estudios científicos. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Por último, mediante la aplicación de un plan general de comunicación, se aspirar a lograr una mejor y mayor comunicación del riesgo a los ciudadanos, con acciones comunes para aumentar la confianza de los consumidores y favorecer una mayor concienciación y comprensión del público. |
| --- | --- |

3.3.

4.   Observaciones generales

| 4.1. | El CESE ha defendido siempre una política de la UE de salvaguardia de la salud en toda la cadena alimentaria, en todas las fases del proceso productivo, evitando contaminaciones y riesgos alimentarios, a fin de promover la seguridad y la higiene alimentarias, una información transparente y veraz sobre los productos, la sanidad vegetal y la salud y el bienestar de los animales. |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | El CESE defiende enérgicamente la exigencia de que la UE garantice la máxima seguridad en la cadena alimentaria europea proporcionando, a través de la EFSA, el mejor asesoramiento científico posible a los responsables de la gestión del riesgo, comunicando los riesgos al público de forma clara y transparente y cooperando con los Estados miembros y otros entes para garantizar un sistema de seguridad alimentaria coherente y fiable. Sería útil:






  — | volver a examinar las modalidades de los procedimientos de autorización para mejorar su coherencia y eficiencia y acelerar el acceso al mercado; |
| --- | --- | --- |

4.1.1.

—

volver a examinar las modalidades de los procedimientos de autorización para mejorar su coherencia y eficiencia y acelerar el acceso al mercado;

| — | volver a examinar las exenciones y las normas simplificadas para las microempresas, en consonancia con un elevado nivel de protección de la salud pública; |
| --- | --- |

—

volver a examinar las exenciones y las normas simplificadas para las microempresas, en consonancia con un elevado nivel de protección de la salud pública;

| — | reevaluar el impacto de las autorizaciones existentes, que agravan la carga de trabajo de la EFSA; |
| --- | --- |

—

reevaluar el impacto de las autorizaciones existentes, que agravan la carga de trabajo de la EFSA;

| — | simplificar los procedimientos para garantizar una mayor transparencia. |
| --- | --- |

—

simplificar los procedimientos para garantizar una mayor transparencia.

| 4.2. | El CESE considera indispensable garantizar un alto nivel de independencia de los condicionamientos externos y la máxima competencia científica de la EFSA, maximizando su capacidad de evaluación del riesgo, a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema de evaluación de la UE. |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | El CESE recuerda que, gracias a la normativa de la UE, los ciudadanos europeos disfrutan de uno de los niveles de seguridad alimentaria más altos del mundo. Por lo tanto, el CESE considera que es absolutamente indispensable no solo garantizar altos niveles de análisis científicos fiables e independientes, la plena transparencia y una comunicación interactiva durante todo el proceso de evaluación del riesgo con total participación y responsabilidad compartida de todos los Estados miembros, sino también y ante todo actuar de forma segura y decidida sobre los mecanismos de la percepción del riesgo por parte de la sociedad civil. |
| --- | --- |

4.3.

| 4.4. | En opinión del CESE, es fundamental ofrecer alimentos seguros a los consumidores y conservar su confianza, para garantizar que se mantiene con ellos una relación positiva y de fiabilidad, junto con repercusiones favorables en el mercado agroalimentario. |
| --- | --- |

4.4.

| 4.5. | La comunidad científica debe tener plena confianza en el papel de la EFSA en el ámbito de la seguridad alimentaria y los dictámenes deben representar referencias clave, con el fin de garantizar que todos los alimentos comercializados en la UE son seguros. |
| --- | --- |

4.5.

| 4.6. | El CESE considera que la EFSA ocupa una posición inmejorable para desarrollar una comunicación adecuada del riesgo mediante mensajes de fácil comprensión, de forma que los usuarios puedan entender los resultados y las conclusiones de forma clara y transparente, garantizando al mismo tiempo unos niveles adecuados de confidencialidad y protección de los derechos de propiedad intelectual que no bloqueen la innovación y la competitividad. |
| --- | --- |

4.6.

| 4.7. | Con el fin de garantizar que la comunicación sobre el riesgo de alimentos concretos sea comprensible, adecuada, oportuna y coherente para los distintos destinatarios, es condición necesaria pero no suficiente reforzar la coordinación entre el evaluador del riesgo, el gestor del riesgo, los Estados miembros y las partes interesadas sobre la base de principios de comunicación acordados. |
| --- | --- |

4.7.

| 4.7.1. | A juicio del CESE, hay que mejorar sustancialmente la percepción que los consumidores tienen del riesgo que soportan al consumir un producto alimenticio, desde el punto de vista de la nocividad difundida, las orientaciones culturales de la alimentación y las pautas de consumo alimentario. |
| --- | --- |

4.7.1.

| 4.7.2. | El CESE considera que el futuro plan estratégico general europeo para la comunicación del riesgo —si va acompañado de un abanico de medidas operativas adecuadas a situaciones concretas— constituye el elemento clave sobre el que debe evaluarse la capacidad de todos los agentes responsables en los distintos niveles para dar respuestas eficaces, oportunas y adecuadas a las expectativas de los ciudadanos, en cuanto a seguridad, transparencia y fiabilidad de la cadena alimentaria. |
| --- | --- |

4.7.2.

| 4.7.3. | Deben reconocerse y describirse las incertidumbres existentes, indicando posibles lagunas en los datos o en las cuestiones vinculadas a las metodologías de análisis no armonizadas. A este respecto, es esencial que los comunicadores transmitan mensajes coherentes entre sí que los canales de comunicación sean interactivos y verificables con una supervisión continua de su eficacia. |
| --- | --- |

4.7.3.

| 4.7.4. | El Comité también considera indispensable que las medias de comunicación vayan acompañados de campañas para luchar contra la desinformación y las falsas creencias, con el fin de evitar que los análisis del riesgos correctos se utilicen de forma torticera para bloquear las innovaciones, especialmente de las pymes. |
| --- | --- |

4.7.4.

| 4.7.5. | Es importante reforzar la coordinación con las autoridades y las agencias nacionales para contar con un sistema de alerta eficaz, garantizar una comunicación coherente y establecer un diálogo estructurado y sistemático con la sociedad civil, ámbito en el que el CESE, con sus estructuras especializadas en Sistemas Alimentarios Sostenibles, podría aportar una contribución útil y concreta. |
| --- | --- |

4.7.5.

| 4.7.6. | Por último, debe potenciarse la coordinación y la cooperación a nivel internacional con nuestros principales socios comerciales, especialmente en el marco de los acuerdo de libre comercio, a fin de garantizar orientaciones comunes de evaluación del riesgo y desarrollar criterios metodológicos armonizados de evaluación, en consonancia con la cobertura de los riesgos globales por el Codex Alimentarius. |
| --- | --- |

4.7.6.

| 4.8. | Del mismo modo, es necesario que la EFSA se ocupe de facilitar indicaciones e información claras a las empresas que presentan las solicitudes para orientarlas con certidumbre y previsibilidad. |
| --- | --- |

4.8.

| 4.9. | A tal fin, y para disponer de todos los elementos clave sobre un expediente concreto, la EFSA debería abrirse más al diálogo con las empresas al analizar un expediente concreto, proporcionando los datos de partida a su disposición y completándolos con las indicaciones de las empresas afectadas. |
| --- | --- |

4.9.

| 4.10. | El CESE considera necesario reforzar la independencia de las entidades reguladoras, que respaldan la actuación de la EFSA, para recordar a los responsables políticos y al público la importancia de unos datos de buena calidad, independientemente de la fuente. Un mayor control público de las funciones de evaluación del riesgo de la EFSA, en una fase precoz del proceso, como es el caso mediante el enfoque de compromiso con las partes interesadas, garantiza actualmente una mejor relación con todas las partes interesadas. |
| --- | --- |

4.10.

| 4.11. | El Comité solicita que los procedimientos sean cada vez más rápidos y transparentes, garantizando al mismo tiempo un justo equilibrio con los retos que deben afrontarse en términos de derechos de propiedad intelectual de los propietarios de los datos. |
| --- | --- |

4.11.

| 4.12. | El CESE apoya la reciente petición del Foro Consultivo de la EFSA de que se destinen más inversiones públicas a la investigación sobre seguridad alimentaria, para evitar que la investigación patrocinada por la industria pueda favorecer intereses distintos de los de la opinión pública, y garantizar la plena confianza de los consumidores en la evaluación del riesgo alimentario dentro de la UE. |
| --- | --- |

4.12.

| 4.13. | Respecto de la gobernanza de la EFSA, el CESE respalda la propuesta destinada a lograr una mayor implicación de los Estados miembros en la estructura de gestión y en las comisiones técnicas científicas, adecuando la composición de su Junta Directiva a las normas establecidas en el planteamiento común sobre las agencias descentralizadas, a la vez que se refuerza el diálogo estructurado con la sociedad civil. |
| --- | --- |

4.13.

5.   Observaciones específicas

| 5.1. | El CESE acoge favorablemente la propuesta de un registro de estudios siempre que sea fácilmente accesible en línea y englobe la identificación de los expertos y los laboratorios certificados competentes, las declaraciones juradas de ausencia de conflicto de intereses, la descripción de los objetivos y la complejidad del estudio, los recursos técnicos y financieros y sus fuentes, los plazos y procedimientos para la comunicación interactiva adoptados, así como los eventuales estudios de verificación solicitados. |
| --- | --- |

5.1.

| 5.2. | La normativa de referencia para las normas de laboratorio es la Directiva 2004/10/CE, sobre los principios de buenas prácticas de laboratorio (BPL) elaborados por la OCDE (11). La normativa y el funcionamiento de los laboratorios de seguridad alimentaria (12) deben ir acompañados de sistemas de auditoría sobre el tratamiento de datos, a fin de garantizar que los estudios se atienen a la situación real. |
| --- | --- |

5.2.

| 5.3. | El CESE considera necesario dar continuidad al acuerdo entre la EFSA y el Centro Común de Investigación, especialmente por lo que respecta a las actividades conjuntas en materia de alimentos y piensos, métodos alternativos para proteger a los animales, exposición combinada a sustancias y mezclas químicas y recogida de datos de base para evaluar el riesgo. En concreto, la EFSA y el CCI deberían desarrollar métodos científicos armonizados de análisis que garanticen la calidad, la transparencia, la comparabilidad, la inclusividad y la equidad respecto de todas las partes interesadas. |
| --- | --- |

5.3.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  DO C 268 de 14.8.2015, p. 1.

1

(2)  Véase http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002?lg=es.

2

(3)  Véase Executive summary of the REFIT evaluation of the General Food Law (Regulation (EC) No 178/2002){SWD(2018) 38 final}.

3

(4)  Véase SWD(2018) 37 final de 15 de enero de 2018.

4

(5)  DO C 268 de 14.8.2015, p. 1.

5

(6)  DO C 268 de 14.8.2015, p. 1.

6

(7)  Ibídem.

7

(8)  DO C 129 de 11.4.2018, p. 18.

8

(9)  Carta del Defensor del Pueblo Europeo.

9

(10)  Ibídem.

10

Ibídem.

(11)  OECD Principles of Good Laboratory Practice.

11

(12)  Véase el Reglamento CE n.o 882/2004.

12

o

---

| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/165 |
| --- | --- | --- | --- |

6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/165

---

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro alimentario

[COM(2018) 173 final]

(2018/C 440/28)

| Ponente: | Peter SCHMIDT |
| --- | --- |

Ponente:

Peter SCHMIDT

| Consulta | Consejo de la Unión Europea, 30.4.18
  Parlamento Europeo, 2.5.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 43, apartado 2, y artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Decisión de la Mesa | 22/05/2018 |
| Sección competente | Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente |
| Aprobado en sección | 5.9.2018 |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 172/1/3 |

Consulta

Consejo de la Unión Europea, 30.4.18

Parlamento Europeo, 2.5.2018

Fundamento jurídico

Artículo 43, apartado 2, y artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Decisión de la Mesa

22/05/2018

Sección competente

Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Aprobado en sección

5.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

172/1/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | Las prácticas comerciales desleales (en lo sucesivo, «PCD») en la cadena alimentaria se originan por los desequilibrios de fuerzas entre los operadores a lo largo de la cadena y tienen repercusiones negativas de carácter económico, social y medioambiental. El CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de reducir la incidencia de las PCD como primer paso necesario para proteger a los operadores más débiles, sobre todo los agricultores, los trabajadores y algunos operadores, así como para mejorar la gobernanza de la cadena alimentaria. Adoptar un enfoque regulador y un marco legislativo con mecanismos de control del cumplimiento eficaces y contundentes es la forma de abordar de manera efectiva las PCD a escala de la UE. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El CESE lamenta, no obstante, que la Comisión solo haya introducido un nivel mínimo común de protección en toda la UE, que consiste en el establecimiento de una corta lista de PCD específicamente prohibidas. Hay que prohibir todas las prácticas abusivas. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | En cuanto a que la protección contra las PCD se circunscriba a las pymes proveedoras en lo que respecta a sus ventas a compradores que no son pymes, el CESE considera insuficiente esta medida para abordar de manera eficaz el problema de los desequilibrios de fuerzas y que carecerá de impacto significativo. La protección debería ampliarse a todos los operadores ya sean grandes o pequeños, tanto dentro como fuera de la UE. Incluso cuando grandes operadores son víctimas de las PCD, los efectos económicos repercuten frecuentemente en los operadores más débiles de la cadena. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | En cuanto al control del cumplimiento, el CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de crear una red armonizada de organismos de control del cumplimiento a escala de la UE. Sin embargo, deberían fortalecerse también los mecanismos de control del cumplimiento; por ejemplo, mediante un procedimiento específico ante el Defensor del Pueblo, demandas colectivas y un control del cumplimiento ejercitado por las autoridades, con objeto de proteger el anonimato del denunciante. Estos mecanismos también deberían acompañarse de la posibilidad de introducir sanciones. Para facilitar la instrucción de las denuncias, los contratos escritos deberían ser obligatorios, aportando así más equidad a las negociaciones. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Además de combatir las PCD, el CESE recomienda que la Comisión fomente y apoye modelos empresariales que contribuyan a la sostenibilidad de la cadena de suministro (por ejemplo, acortándola, mejorando la transparencia, etc.), la reequilibren y mejoren la eficiencia, para contribuir a reajustar la relación de fuerzas. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Por último, pero no por ello menos importante, el CESE insiste en que la promoción de prácticas comerciales más equitativas debería formar parte de una política alimentaria integral de la UE, que garantice una mayor sostenibilidad de la cadena alimentaria desde el punto de vista económico, social y medioambiental, con miras a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. |
| --- | --- |

1.6.

2.   Introducción

| 2.1. | «Las prácticas comerciales desleales [PCD] se definen como prácticas que se apartan manifiestamente de la buena conducta comercial, que son contrarias a los principios de buena fe y comercio justo y que son impuestas de manera unilateral» por uno de los socios comerciales al otro (1). La cadena alimentaria es especialmente vulnerable a las PCD debido a los grandes desequilibrios de fuerzas entre los pequeños y grandes operadores. Las PCD pueden producirse en cualquier eslabón de la cadena alimentaria, de manera que aquellas que se originan en un tramo de la cadena pueden afectar a otros en función del poder de mercado que tengan los operadores en cuestión (2). |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Tal como se describe detalladamente en el Dictamen del CESE «Promover cadenas de suministro agroalimentario más justas», aprobado en octubre de 2016 (3), la concentración de la capacidad de negociación ha dado lugar a un abuso de posición dominante y ha provocado que los operadores débiles sean cada vez más vulnerables a las PCD. Esto transfiere el riesgo económico desde el mercado a los eslabones precedentes de la cadena de suministro y tiene un impacto especialmente negativo para los consumidores y algunos operadores, como los agricultores, los trabajadores y las pymes. Todas las partes interesadas de la cadena alimentaria han reconocido el problema que plantean las PCD y se constata que la mayoría de los operadores han sufrido PCD (4). |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | En particular, cabe destacar la repercusión para los consumidores. La presión sobre los precios obliga a las empresas elaboradoras de productos alimenticios a producir de la forma más barata posible, lo que puede afectar a la calidad y la seguridad de los alimentos disponibles para los consumidores. Para reducir costes, en algunos casos las empresas utilizan materias primas más baratas lo cual afecta a la calidad y al valor de los productos alimentarios. Por ejemplo, en muchos productos las grasas trans sustituyen a los aceites y grasas más saludables originarios de Europa (5). |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | Los operadores más débiles de la cadena alimentaria sufren cada vez más presión. Según los últimos datos de Eurostat, la cuota de los minoristas en el valor añadido bruto sigue aumentando. Ello se deriva de la alta concentración de los sectores minorista y de la transformación en la cadena de suministro alimentario, debido a una interpretación errónea de la legislación sobre prácticas colusorias. Por tanto, es preciso mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria para garantizar un reparto equitativo de los ingresos a lo largo de la cadena. No obstante, no se debe subestimar el valor de los minoristas no se puede, ya que desempeñan un importante papel en el suministro de productos de consumo diario. |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | La lucha contra las PCD figura entre los aspectos esenciales para garantizar un mejor funcionamiento de la cadena alimentaria, junto con la reducción de la volatilidad de los precios de mercado y el fortalecimiento del papel de las organizaciones de productores. En una Resolución de junio de 2016 (6), el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que propusiera un marco jurídico sobre las PCD, de lo cual se hicieron eco el CESE, en octubre de 2016, y el Grupo de trabajo sobre mercados agrícolas, en noviembre de 2016. |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | Veinte Estados miembros han emprendido ya iniciativas legislativas para abordar las PCD. Junto con la Iniciativa de la Cadena de Suministro (ICS) ya existente, han alertado sobre los desequilibrios de fuerzas en la cadena alimentaria. Sin embargo, muy pocos son los enfoques nacionales o voluntarios existentes que han logrado solventar hasta el momento la cuestión de las PCD. En abril de 2018, la Comisión presentó una propuesta legislativa específica, en la que reconoce que la falta de uniformidad de las normas sobre PCD de los Estados miembros, o la ausencia de tales normas, puede menoscabar el objetivo del Tratado de garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola (7). |
| --- | --- |

2.6.

3.   Propuesta de la Comisión

| 3.1. | Mediante su propuesta de Directiva, la Comisión aspira a reducir la incidencia de las PCD en la cadena de suministro alimentario mediante la introducción de un nivel mínimo común de protección en toda la UE, que consiste en el establecimiento de una lista de PCD específicamente prohibidas, a saber: la morosidad en el pago de productos alimenticios perecederos, la cancelación con escasa antelación de pedidos, los cambios unilaterales o retroactivos en los contratos y la facturación a los proveedores de productos echados a perder. Otras prácticas solo se aceptarán si las partes las acuerdan previamente en términos claros e inequívocos: la devolución al proveedor de productos que un comprador no haya vendido; un comprador impone al proveedor un pago por garantizar o mantener un acuerdo de suministro de productos alimenticios; un proveedor paga por la promoción o la comercialización de productos alimenticios vendidos por el comprador. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | La protección contra las PCD solo se aplica a las ventas de productos alimenticios por parte de un proveedor que es una pequeña y mediana empresa (en lo sucesivo, «pyme») a un comprador que no es una pyme (8). |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Además, mediante su propuesta la Comisión exige a los Estados miembros que designen una autoridad pública encargada de supervisar el cumplimiento de las nuevas normas. En caso de infracción demostrada, el organismo responsable estará facultado para imponer una sanción proporcionada y disuasoria. Los organismos de control del cumplimiento podrán emprender una investigación por iniciativa propia o previa denuncia. En tal caso, los denunciantes podrán solicitar el respeto de la confidencialidad y el anonimato para proteger su posición frente a sus socios comerciales. Asimismo, la Comisión creará e impulsará un mecanismo de coordinación entre los organismos de control del cumplimiento para permitir el intercambio de las mejores prácticas. |
| --- | --- |

3.3.

4.   Observaciones generales

| 4.1. | El CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión como primer paso esencial para emprender un proceso legislativo que regule las PCD en toda la UE, como recomendaba encarecidamente en su Dictamen de 2016. Este avance es necesario para proteger a los operadores más débiles de la cadena alimentaria, sobre todo a los agricultores y los trabajadores, y para conseguir que sus ingresos sean menos volátiles y más estables. En particular, la propuesta contribuye a abordar su falta de capacidad de negociación y a mejorar la gobernanza de la cadena alimentaria. |
| --- | --- |

4.1.

| 4.2. | La Comisión reconoce en su documento que es poco probable que la Iniciativa de la Cadena de Suministro (en lo sucesivo, «ICS») a escala de la Unión evolucione hasta convertirse en un marco de gobernanza integral que convierta en superfluas las medidas legislativas, incluido el control del cumplimiento (9). En este contexto, el CESE reitera que la ICS y otros sistemas nacionales voluntarios pueden realmente ser de utilidad, pero únicamente como complemento –no sustituto– de mecanismos de control del cumplimiento de la legislación eficaces y sólidos en los Estados miembros (10). |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | El CESE acoge también con satisfacción la promoción de una red armonizada de organismos de control del cumplimiento a escala de la UE, tal como recomendaba en su anterior Dictamen. Garantizar una cooperación eficaz entre los organismos de control del cumplimiento es esencial para combatir las PCD de carácter transnacional que, de lo contrario, podrían resultar impunes. |
| --- | --- |

4.3.

| 4.4. | No obstante, el CESE lamenta que la Comisión haya adoptado un enfoque de armonización mínima, insuficiente para abordar todas las prácticas abusivas que se producen en la cadena alimentaria. En particular, el Comité lamenta profundamente que los compradores sean los únicos que puedan cometer prácticas abusivas y que solo se prohíba un número limitado de PCD, tal como se explica más detalladamente en el punto 5. |
| --- | --- |

4.4.

| 4.5. | El CESE también cuestiona la propuesta de la Comisión de circunscribir la protección contra las PCD únicamente a las pymes proveedoras en lo que respecta a sus ventas a compradores que no son pymes. Para que la protección contra las PCD sea efectiva y acertada, debería aplicarse a todos los operadores de la cadena alimentaria, independientemente de cuál sea su tamaño, para repercuta en todas las relaciones comerciales. Sin embargo, el CESE reconoce la vulnerabilidad de las pymes. La propuesta tampoco aborda la cuestión de la desigualdad en la capacidad de negociación y la dependencia económica, que no coincide necesariamente con la dimensión económica de los operadores. |
| --- | --- |

4.5.

| 4.6. | El ámbito de la propuesta no es lo bastante amplio, ya que también debería abarcar los productos agrarios no alimenticios –como los hortícolas– así como los piensos. |
| --- | --- |

4.6.

| 4.7. | Combatir las PCD es un aspecto esencial —junto con la reducción de la volatilidad del mercado y el fortalecimiento del papel de las organizaciones de productores— para reforzar la sostenibilidad de la cadena alimentaria desde el punto de vista económico, social y medioambiental. El CESE insiste en que la promoción de prácticas comerciales más equitativas debe formar parte de una política alimentaria integral de la UE con miras a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. En particular, esta política integral debería garantizar precios justos a los productores para que la agricultura siga siendo una actividad viable (11). |
| --- | --- |

4.7.

| 4.8. | Pese a que ello rebasa el alcance de la propuesta de la Comisión, el CESE subraya de nuevo la necesidad de promover que la sociedad en su conjunto valore más los alimentos, y está dispuesto a lanzar una campaña de información y sensibilización a escala europea sobre «el valor de los alimentos» (12) y la reducción de su desperdicio, en colaboración con las organizaciones interesadas. |
| --- | --- |

4.8.

5.   Observaciones específicas

Lista de prácticas comerciales desleales prohibidas

| 5.1. | Las PCD se pueden definir de forma general como aquellas que se apartan manifiestamente de una buena conducta comercial y que son contrarias a los principios de buena fe y comercio justo (13), lo cual incluye todas las prácticas que desembocan en una transferencia de riesgos indebida o desproporcionada a una parte contratante. |
| --- | --- |

5.1.

| 5.2. | La Comisión solo ha prohibido un número limitado de PCD. Como recomendó en su anterior Dictamen, el CESE insiste en la necesidad de prohibir todas las prácticas desleales, por ejemplo —aunque no exclusivamente— las siguientes:






  — | transferencia desleal del riesgo comercial; |
| --- | --- | --- |

5.2.

—

transferencia desleal del riesgo comercial;

| — | cláusulas contractuales confusas o sin especificar; |
| --- | --- |

—

cláusulas contractuales confusas o sin especificar;

| — | cambios unilaterales y retroactivos en los contratos, incluido el precio; |
| --- | --- |

—

cambios unilaterales y retroactivos en los contratos, incluido el precio;

| — | calidad inferior de los productos o de la información al consumidor sin comunicación, consulta o acuerdo con los compradores; |
| --- | --- |

—

calidad inferior de los productos o de la información al consumidor sin comunicación, consulta o acuerdo con los compradores;

| — | contribuciones a los costes promocionales o de comercialización; |
| --- | --- |

—

contribuciones a los costes promocionales o de comercialización;

| — | retrasos en los pagos; |
| --- | --- |

—

retrasos en los pagos;

| — | cánones de referenciación o lealtad; |
| --- | --- |

—

cánones de referenciación o lealtad;

| — | cargos por la colocación del producto en los estantes; |
| --- | --- |

—

cargos por la colocación del producto en los estantes;

| — | reclamaciones por los productos perdidos o no vendidos; |
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—

reclamaciones por los productos perdidos o no vendidos;

| — | uso de especificaciones sobre el aspecto para rechazar partidas de alimentos o reducir el precio pagado; |
| --- | --- |

—

uso de especificaciones sobre el aspecto para rechazar partidas de alimentos o reducir el precio pagado;

| — | presión para recortar los precios; |
| --- | --- |

—

presión para recortar los precios;

| — | cargos por servicios ficticios; |
| --- | --- |

—

cargos por servicios ficticios;

| — | cancelaciones de pedidos de última hora y deducciones del volumen previsto; |
| --- | --- |

—

cancelaciones de pedidos de última hora y deducciones del volumen previsto;

| — | amenazas de supresión de la referenciación; |
| --- | --- |

—

amenazas de supresión de la referenciación;

| — | tasas fijas que aplican las empresas a los proveedores como requisito para formar parte de una lista de proveedores («pagar para estar»). |
| --- | --- |

—

tasas fijas que aplican las empresas a los proveedores como requisito para formar parte de una lista de proveedores («pagar para estar»).

Los Estados miembros deben poder ampliar esta lista con arreglo a su situación específica.

| 5.3. | El CESE aboga por una prohibición eficaz de la venta con pérdidas por parte del sector minorista de la alimentación (14). En particular, el CESE recomienda que los proveedores –por ejemplo, los agricultores– reciban un precio equitativo y justo que permita a los proveedores percibir ingresos suficientes para invertir, innovar y desarrollar una producción sostenible. |
| --- | --- |

5.3.

| 5.4. | Todas las PCD explícitamente prohibidas por la Comisión en su propuesta están relacionadas con situaciones en las que se cuenta con un contrato preexistente. Sin embargo, es mucho más frecuente que se den estas prácticas, como presionar a los operadores, antes de que se haya celebrado un contrato. Por consiguiente, deberían diversificarse los ejemplos para incluir el caso de una empresa (con poder de mercado) que exija a otra empresa que le conceda ventajas sin ninguna razón objetivamente justificada [véase también el artículo 19, apartado 2, punto 5, de la Ley alemana de defensa de la competencia (GWB)]. Esta disposición de la legislación antimonopolio alemana ha demostrado ser adecuada para luchar contra los abusos de poder adquisitivo. La sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia de Alemania en el asunto «Hochzeitsrabatte» (descuentos por fusión) ilustra muy bien esta situación en el contexto de las relaciones entre un minorista líder alemán del sector de la alimentación y sus proveedores (15). |
| --- | --- |

5.4.

Definición del concepto de pyme

| 5.5. | La protección contra las PCD limitada únicamente a las pymes proveedoras es insuficiente para abordar de manera eficaz el problema de los desequilibrios a lo largo de la cadena alimentaria. El CESE señala el «efecto dominó» que puede producirse cuando los grandes operadores son víctimas de PCD. Las PCD tienen un claro efecto negativo, con independencia de quién sea responsable. Inevitablemente, los efectos económicos repercuten en los operadores más débiles de la cadena alimentaria, por ejemplo, los agricultores, los trabajadores, algunos operadores y también los consumidores. |
| --- | --- |

5.5.

| 5.6. | Otro argumento a favor de ampliar la protección es que los grandes operadores pueden discriminar en particular a las pymes y excluirlas de su cadena de suministro, por temor a ser denunciados. En este contexto, el CESE reconoce de nuevo la vulnerabilidad de las pymes. |
| --- | --- |

5.6.

Control del cumplimiento

| 5.7. | Para lograr un control del cumplimiento de la legislación eficaz, es preciso distinguir entre los mecanismos de control del cumplimiento de Derecho privado (que la Comisión no contempla todavía en su propuesta) y el control del cumplimiento ejercido por las autoridades competentes. Cabe señalar de entrada la necesidad de tomar suficientemente en cuenta el derecho al anonimato de la parte afectada, ya que muchas empresas dudarían en adoptar medidas contra los abusos por miedo a las represalias, como la supresión de la lista (el denominado «factor miedo»). |
| --- | --- |

5.7.

| 5.7.1. | Control del cumplimiento de Derecho privado
  En relación con el control del cumplimiento de Derecho privado, la parte afectada debe tener acceso a las acciones de cesación y reparación así como a reclamaciones por daños y perjuicios. No obstante, debido al «factor miedo», estas medidas correctivas son bastante marginales. Es más, todas las asociaciones afectadas deberían poder presentar acciones de cesación y reparación. Esto garantizaría una protección especial del anonimato de la parte afectada, en caso de que la práctica comercial desleal perjudique a varias empresas (por ejemplo, un operador del sector de la alimentación que exija a todos sus proveedores o compradores que contribuyan a cualquier coste adicional).
  La parte o la asociación afectada debe poder someter estas pretensiones a un tribunal o al Defensor del Pueblo. El procedimiento ante el Defensor del Pueblo presentaría la ventaja de no dirimirse el conflicto en público. Debería establecerse un procedimiento específico ante el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo también debería disponer de competencias decisorias específicas. En muchos casos, los procedimientos voluntarios no serían eficaces ni aportarían auténticas soluciones.
  Además, el CESE anima a los operadores a desarrollar iniciativas a fin de promover un cambio cultural y mejorar la equidad en la cadena de suministro. |
| --- | --- |

5.7.1.

En relación con el control del cumplimiento de Derecho privado, la parte afectada debe tener acceso a las acciones de cesación y reparación así como a reclamaciones por daños y perjuicios. No obstante, debido al «factor miedo», estas medidas correctivas son bastante marginales. Es más, todas las asociaciones afectadas deberían poder presentar acciones de cesación y reparación. Esto garantizaría una protección especial del anonimato de la parte afectada, en caso de que la práctica comercial desleal perjudique a varias empresas (por ejemplo, un operador del sector de la alimentación que exija a todos sus proveedores o compradores que contribuyan a cualquier coste adicional).

La parte o la asociación afectada debe poder someter estas pretensiones a un tribunal o al Defensor del Pueblo. El procedimiento ante el Defensor del Pueblo presentaría la ventaja de no dirimirse el conflicto en público. Debería establecerse un procedimiento específico ante el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo también debería disponer de competencias decisorias específicas. En muchos casos, los procedimientos voluntarios no serían eficaces ni aportarían auténticas soluciones.

Además, el CESE anima a los operadores a desarrollar iniciativas a fin de promover un cambio cultural y mejorar la equidad en la cadena de suministro.

| 5.7.2. | Control del cumplimiento de la legislación por parte de las autoridades competentes
  Debido al «factor miedo», el control del cumplimiento por parte de las autoridades competentes reviste especial importancia en este ámbito, por lo que debe regularse. Por tanto, instituciones como la Comisión y las autoridades nacionales de competencia deben disponer de facultades más amplias de investigación y control del cumplimiento. Las normas sobre competencia establecidas en el Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 (actualmente 101) y 82 (actualmente 102) del Tratado podrían servir de ejemplo. (En comparación, el artículo 6 de la propuesta de Directiva resulta mucho menos contundente). El artículo 17 del Reglamento regula en particular las investigaciones por sectores económicos y por tipo de acuerdo. Si las autoridades fueran competentes para aplicar exacciones a los resultados, ello tendría mayor efecto disuasorio. |
| --- | --- |

5.7.2.

Debido al «factor miedo», el control del cumplimiento por parte de las autoridades competentes reviste especial importancia en este ámbito, por lo que debe regularse. Por tanto, instituciones como la Comisión y las autoridades nacionales de competencia deben disponer de facultades más amplias de investigación y control del cumplimiento. Las normas sobre competencia establecidas en el Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 (actualmente 101) y 82 (actualmente 102) del Tratado podrían servir de ejemplo. (En comparación, el artículo 6 de la propuesta de Directiva resulta mucho menos contundente). El artículo 17 del Reglamento regula en particular las investigaciones por sectores económicos y por tipo de acuerdo. Si las autoridades fueran competentes para aplicar exacciones a los resultados, ello tendría mayor efecto disuasorio.

Cadenas alimentarias alternativas

| 5.8. | El CESE reitera que deberían fomentarse y apoyarse modelos empresariales alternativos que contribuyen a acortar la cadena de suministro entre los productores de alimentos y los consumidores finales, incluidas las plataformas digitales, y que deberían reforzarse el papel y la posición de las cooperativas y organizaciones de productores a fin de equilibrar la relación de fuerzas (16). El CESE debería pronunciarse sobre ello en un futuro dictamen. |
| --- | --- |

5.8.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  Comisión Europea, 2014.

1

(2)  Informe del Grupo de trabajo sobre mercados agrícolas, noviembre de 2016: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/agri-markets-task-force/improving-markets-outcomes_en.pdf.

2

(3)  DO C 34 de 2.2.2017, p. 130.

3

(4)  Comunicación de la Comisión Europea, de 15 de julio de 2014, «Hacer frente a las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario entre empresas».

4

(5)  DO C 34 de 2.2.2017, p. 130.

5

(6)  Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2016, sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario [2015/2065(INI)].

6

(7)  COM(2018) 173 final.

7

(8)  Definición del concepto de pyme con arreglo al Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

8

o

(9)  COM(2018) 173 final.

9

(10)  DO C 34 de 2.2.2017, p. 130.

10

(11)  DO C 129 de 11.4.2018, p. 18.

11

(12)  DO C 34 de 2.2.2017, p. 130.

12

(13)  COM(2014) 472 final.

13

(14)  DO C 34 de 2.2.2017, p. 130.

14

(15)  Véase: Bundesgerichtshof (BGH), 23.1.2018, KVR 3/17, Wirtschaft und Wettbewerb (WuW) 2018, 209 — Hochzeitsrabatte.

15

(16)  DO C 34 de 2.2.2017, p. 130.

16

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| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/171 |
| --- | --- | --- | --- |

6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/171

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas adyacentes, así como para las pesquerías que explotan estas poblaciones, se modifica el Reglamento (UE) 2016/1139 por el que se establece un plan plurianual para el mar Báltico y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 811/2004, (CE) n.o 2166/2005, (CE) n.o 388/2006, (CE) n.o 509/2007 y (CE) n.o 1300/2008

[COM(2018) 149 final — 2018/0074 (COD)]

(2018/C 440/29)

| Ponente único: | Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE |
| --- | --- |

Ponente único:

Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

| Consulta del Consejo | 12.4.2018 |
| --- | --- |
| Consulta del Parlamento Europeo | 16.4.2018 |
| Fundamento jurídico | Artículos 43, apartado 2, y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Decisión de la Mesa del Comité | 17/04/2018 |
| Sección competente | Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente |
| Aprobado en sección | 5.9.2018 |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 182/1/2 |

Consulta del Consejo

12.4.2018

Consulta del Parlamento Europeo

16.4.2018

Fundamento jurídico

Artículos 43, apartado 2, y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Decisión de la Mesa del Comité

17/04/2018

Sección competente

Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Aprobado en sección

5.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

182/1/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El CESE considera que el establecimiento de un plan plurianual es una medida adecuada para la gestión de las aguas occidentales, si bien deberían tenerse en cuenta las especificidades de las pesquerías que tienen lugar en la aguas noroccidentales y sudoccidentales. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El Comité cree que este Reglamento debe alinearse con los objetivos de la Política Pesquera Común (PPC), por lo que debe hacer mención a la importancia del componente socioeconómico a la hora de asignar las posibilidades de pesca. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | El CESE solicita que, a través de la regionalización, puedan actualizarse los listados de especies afectadas por este Reglamento, ya que algunas de ellas dificultan la gestión de las pesquerías mixtas por su escasa captura, su consideración de pesca accesoria o incluso por la ausencia de cuota en algunos Estados miembros, máxime ante la inminente entrada en vigor de la obligación de desembarque y la aparición del fenómeno de «especies de estrangulamiento» (choke species), que podría conllevar en algunos casos la paralización de las pesquerías. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | El Comité insiste en la necesidad de incrementar, a través del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP), los esfuerzos dirigidos a la investigación científica para avanzar en el conocimiento de la situación real de las poblaciones de peces, evitando así, en la medida de lo posible, la aplicación del criterio de precaución y logrando una explotación sostenible de estos recursos en el tiempo. |
| --- | --- |

1.4.

2.   Síntesis de la propuesta de la Comisión

| 2.1. | La propuesta de Reglamento objeto de este dictamen tiene como objetivo establecer un plan de gestión único para las poblaciones de peces demersales, incluidas las de aguas profundas, cuyas pesquerías se desarrollan en las aguas occidentales. |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Dicho plan garantizará que estas poblaciones se explotan con arreglo a los principios del rendimiento máximo sostenible (RMS), aplicando un enfoque ecosistémico y de conformidad con el criterio de precaución. Con ello se pretende ofrecer unas posibilidades de pesca estables basadas en la información científica más reciente y facilitar la introducción de la obligación de desembarque. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | Las poblaciones deberán gestionarse de acuerdo con intervalos FRMS (donde F significa mortalidad por pesca) recomendados por el Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM), de manera que las posibilidades de pesca para una determinada especie se fijarán dentro del intervalo FRMS más bajo disponible, si bien podrán establecerse también posibilidades de pesca en niveles inferiores a dichos intervalos o, bajo determinadas condiciones y siempre que la población en cuestión se encuentre por encima del RMS Btrigger (punto de referencia de la biomasa de población reproductora), de conformidad con el FRMS más alto disponible en ese momento. |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | Las posibilidades de pesca se fijarán, en todo caso, garantizando que existe menos de un 5 % de probabilidad de que la biomasa reproductora caiga por debajo del punto de referencia Blim (biomasa límite). |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | A la hora de asignar estas posibilidades de pesca, los Estados miembros tendrán en cuenta la composición probable de las capturas de los buques que participan en las pesquerías. |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | Se otorga a la Comisión potestad para adoptar mediante actos delegados medidas técnicas relacionadas con las características o limitaciones de los artes de pesca, con el fin de mejorar su selectividad, reducir las capturas no deseadas o reducir su impacto sobre el ecosistema, y con el establecimiento de tallas mínimas a efectos de conservación, así como las relativas a la obligación de desembarque. |
| --- | --- |

2.6.

3.   Observaciones generales

| 3.1. | El CESE considera que el establecimiento de un plan plurianual es una medida adecuada para garantizar la explotación de los recursos pesqueros a medio y largo plazo en las aguas occidentales. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | No obstante, el Comité cree que deberían tenerse en cuenta, en la tramitación del plan, las especificidades y diferencias entre las zonas de pesca en aguas noroccidentales y sudoccidentales, de acuerdo con las distintas características de las flotas, su actividad pesquera (modalidades) y la duración de las mareas. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | El CESE debe insistir en que el plan ha de contribuir a alcanzar todos los objetivos de la PPC, de forma que deben considerarse también para la fijación de las posibilidades de pesca los estudios de impacto socioeconómico y el umbral de viabilidad económica para cada una de las modalidades objeto de regulación, ausente este componente en el articulado de la propuesta de Reglamento. |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | El Comité muestra su preocupación por las consecuencias de la aplicación del criterio de precaución en los casos de falta de datos científicos sobre algunas pesquerías y su repercusión en una reducción directa de las posibilidades de pesca. Por ello, el CESE solicita a los Estados miembros y a la Comisión Europea que incrementen sus esfuerzos en la investigación con el fin de aumentar el conocimiento sobre dichas poblaciones. Así mismo, considera que, en el caso de que las evaluaciones científicas para las poblaciones pesqueras no sean analíticas, no se deberían disminuir los TAC de manera significativa hasta que las evaluaciones se mejoren. |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | En los casos de pesquerías mixtas donde se identifican problemas de especies de estrangulamiento incluidas en el plan que puedan paralizar la pesca de las especies objetivo principales, el CESE considera que sería necesario analizar la posibilidad de excluir aquellas del sistema de total admisible de capturas (TAC), proponiendo a través de la regionalización medidas alternativas de gestión que garanticen el buen estado de sus poblaciones. |
| --- | --- |

3.5.

| 3.6. | Las especificidades asociadas a ciertas especies y zonas requieren de una gestión pesquera que, para que sea eficaz, debe facilitar la creación de subzonas de gestión dentro de una misma división CIEM. El Comité insta a la Comisión a que incluya esta posibilidad dentro del Reglamento. |
| --- | --- |

3.6.

4.   Observaciones particulares

| 4.1. | El artículo 1 establece un listado de especies que dificulta la gestión de las pesquerías mixtas, entre las que figuran especies de aguas profundas, que tienen su propio reglamento de TAC y cuotas diferenciado y que, además, es bianual, por lo que el Comité considera que su inclusión genera confusión. Estas especies tienen una escasa captura o ausencia de captura en algunos Estados miembros, teniendo consideración de accesorias, como es el caso de los alfonsinos (Beryx spp.). Además, el besugo (Pagellus bogaraveo) de la zona IXa cuenta con una serie de particularidades relacionada con las zonas de pesca (vertientes atlántica y mediterránea donde no hay TAC y cuotas) y con la participación en la pesquería de flota de terceros países, por lo que el CESE estima que no tiene sentido incluirlo en la lista cuando no se sabe en qué medida esos países están dispuestos a alinear su gestión con los principios e intereses de la UE. |
| --- | --- |

4.1.

| 4.2. | También existen especies como la lubina (Dicentrarchus labrax) y el merlán (Merlangus merlangus) de la zona IXa, que no están sometidos a un régimen de TAC y cuotas, por lo que el Comité considera que debe eliminarse su referencia. Otras especies como el bacalao (Gadus morhua), el merlán (Merlangus merlangus) de la zona VII o el eglefino (Melanogrammus aeglefinus) disponen de muy poca cuota para algunos Estados miembros, por lo que pueden ser claramente limitantes para determinadas flotas por ser consideradas como especies de estrangulamiento. El Comité también considera necesaria su eliminación del listado. |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | Se observa también una serie de errores en la definición y alcance de las unidades funcionales de la cigala (Nephrops norvegicus), por lo que el CESE ve necesaria su revisión. |
| --- | --- |

4.3.

| 4.4. | El Comité considera que la estimación de las posibilidades de pesca conforme al RMS, tal y como se estipula en los artículos 3, 4 y 5, supone considerar únicamente variables asociadas a la conservación de las poblaciones. El plan ha de contribuir a alcanzar todos los objetivos de la PPC, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento (UE) n.o 1380/2013, sin enfocarse únicamente en las variables ambientales y considerando las sociales y económicas, de forma que se eviten variaciones bruscas en las posibilidades de pesca entre años consecutivos. |
| --- | --- |

4.4.

| 4.5. | Con el fin de evitar que la gestión anual de las oportunidades de pesca entorpezca la puesta en marcha de una gestión plurianual y de favorecer la participación de las partes interesadas en la toma de decisiones, los colegisladores deberían modificar el artículo 4 de la propuesta de plan de gestión para incluir una base legal para la aprobación de reglas de explotación acordes a los principios de la PPC, mediante la regionalización. |
| --- | --- |

4.5.

| 4.6. | El artículo 5 establece en el apartado 2 que se aplicará el criterio de precaución de la gestión de la pesca en aquellos casos en los que no se disponga de información científica suficiente. El CESE sugiere que se establezcan mecanismos efectivos en el marco del plan, a través del FEMP, que puedan incrementar la obtención de información científica en el plazo y con la periodicidad necesaria para evitar el cierre de pesquerías. |
| --- | --- |

4.6.

| 4.7. | El artículo 9 establece que, para la asignación de las posibilidades de pesca, los Estados miembros tendrán en cuenta la composición probable de las capturas de los buques que participen en pesquerías mixtas. El Comité considera que este principio va mucho más allá de lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) n.o 1380/2013 sobre los criterios de asignación de las posibilidades de pesca para los Estados miembros. |
| --- | --- |

4.7.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/174 |
| --- | --- | --- | --- |

6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/174

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un plan de recuperación plurianual para el pez espada del Mediterráneo y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1967/2006 y (UE) 2017/2107»

[COM(2018) 229 final — 2018/0109 (COD)]

(2018/C 440/30)

| Ponente único: | Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE |
| --- | --- |

Ponente único:

Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

| Consulta Parlamento Europeo | 2.5.2018 |
| --- | --- |
| Consulta Consejo | 14.5.2018 |
| Fundamento jurídico | Artículos 43 (2) y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Decisión del Pleno | 22.5.2018 |
| Sección competente | Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente |
| Aprobado en sección | 5.9.2018 |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 181/1/3 |

Consulta Parlamento Europeo

2.5.2018

Consulta Consejo

14.5.2018

Fundamento jurídico

Artículos 43 (2) y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Decisión del Pleno

22.5.2018

Sección competente

Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Aprobado en sección

5.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

181/1/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El CESE apoya, en líneas generales, la propuesta de la Comisión Europea, que pretende transponer al ordenamiento jurídico de la Unión la Recomendación 16-05 de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA), que establece un plan de recuperación plurianual del pez espada del Mediterráneo y cuyo objetivo es alcanzar una biomasa de dicha población correspondiente al rendimiento máximo sostenible (RMS) en 2031 a más tardar, con una probabilidad de consecución de dicho objetivo de al menos el 60 %. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El Comité ha podido comprobar que la Comisión Europea no se ha limitado a transponer la citada recomendación de la CICAA, sino que ha introducido en su propuesta una serie de puntos que no están reflejados en la misma y que pueden poner a la flota europea en una situación de desventaja competitiva con las flotas de terceros países ribereños como Marruecos, Argelia, Túnez y Turquía, que también se dedican a esta pesquería. Por tanto, y con el fin de evitar consecuencias socioeconómicas para los empresarios y trabajadores europeos más graves que las de los demás países, el CESE insta a los colegisladores a que tengan en cuenta las observaciones particulares abajo mencionadas. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | El CESE urge a la Comisión, a los Estados miembros y a los países ribereños del Mediterráneo a que pongan todos los medios necesarios para conseguir la total erradicación de las redes de enmalle a la deriva, cuyo uso está prohibido desde 1998, con el fin de evitar la captura y venta ilegal de pez espada del Mediterráneo, su impacto sobre el mercado y la competencia desleal que supone para la flota cumplidora de las normas. |
| --- | --- |

1.3.

2.   Síntesis de la propuesta de la Comisión

| 2.1. | Dada la alarmante situación del pez espada del Mediterráneo (Xiphias gladius), la CICAA adoptó, en su reunión anual de 2016, la Recomendación 16-05, por la que se establece un plan de recuperación de quince años para dicha especie. La recomendación fija las normas para la conservación, la gestión y el control de la población mediterránea de pez espada con el fin de alcanzar una biomasa correspondiente al RMS en 2031 a más tardar, con una probabilidad de consecución de dicho objetivo de al menos el 60 %. |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | La propuesta de Reglamento objeto de este dictamen transpone al ordenamiento jurídico de la Unión la mencionada recomendación, la cual es directamente aplicable desde 2017, a fin de que la UE pueda cumplir sus obligaciones internacionales y proporcionar seguridad jurídica a los operadores respecto de las normas y obligaciones a las que están sujetos. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | Los principales elementos del plan de recuperación son: el establecimiento de un total admisible de capturas (TAC) de 10 500 toneladas, que se reducirá progresivamente; el establecimiento de una talla mínima de referencia a efectos de conservación de 100 cm de longitud desde la mandíbula inferior a la horquilla, o de un peso entero de 11,4 kg o eviscerado y sin agallas de 10,2 kg; el establecimiento de un número máximo de 2 500 anzuelos que pueden calarse o llevarse a bordo; una temporada de veda de tres meses que va del 1 de enero al 31 de marzo de cada año; la limitación del número de buques autorizados, y medidas de control análogas a las existentes para el atún rojo. |
| --- | --- |

2.3.

3.   Observaciones generales

| 3.1. | El CESE está de acuerdo en la necesidad de transponer al ordenamiento jurídico de la Unión la Recomendación 16-05 de la CICAA y, por tanto, apoya la iniciativa de la Comisión Europea. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | No obstante, el Comité ha observado que la propuesta de la Comisión Europea va más allá de la propia recomendación de la CICAA e introduce nuevos requisitos que no están incluidos en la misma. Teniendo en cuenta que la población en cuestión no solo la explota la flota de la UE, sino que también participan todos los demás países ribereños del Mediterráneo, ya sea con pesquerías dirigidas a ella, como Marruecos, Argelia, Túnez y Turquía, o a través de capturas accidentales, el Comité no considera conveniente introducir unilateralmente dichas medidas adicionales, puesto que podrían crear situaciones de discriminación hacia la flota de la UE y provocar consecuencias socioeconómicas a los operadores de la Unión diferentes a las de otros países que participan en la pesquería. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | De cara a futuras negociaciones, el Comité insta a la Comisión Europea a trabajar más intensamente con los terceros países en el seno de la CICAA hasta alcanzar acuerdos que, sin falsear la competencia entre pescadores, aceleren la recuperación de la biomasa y su transición hacia el nivel de RMS. |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.3. | El Comité recuerda a la Comisión que la utilización de redes de enmalle a la deriva para la captura de pez espada en el Mediterráneo está prohibida desde 1998. Teniendo en cuenta el impacto en el estado de la población del pez espada del Mediterráneo que tiene la utilización ilegal, por parte de algunos operadores, de este arte prohibido y la competencia desleal que supone para los operadores que cumplen con las normas, el CESE solicita a la Comisión, a los Estados miembros y a los países ribereños que pongan todos los medios necesarios para su total erradicación. |
| --- | --- |

3.3.

4.   Observaciones particulares

| 4.1. | El artículo 8, que establece una limitación de la capacidad por tipo de arte, no se limita a transponer lo mencionado en el apartado 6 de la recomendación de CICAA, que establece que «se aplicará una limitación a la capacidad durante el tiempo que dure el plan de recuperación. En 2017, las CPC (1) limitarán el número de sus buques pesqueros autorizados a pescar pez espada del Mediterráneo al número medio anual de sus buques que pescaron, retuvieron a bordo, transbordaron, transportaron o desembarcaron pez espada del Mediterráneo en el período 2013-2016. Sin embargo, las CPC podrían decidir utilizar el número de sus buques que pescaron, retuvieron a bordo, transbordaron, transportaron o desembarcaron pez espada del Mediterráneo en 2016, si dicho número es inferior al número medio anual de buques del período 2013-2016. Este límite se aplicará por tipo de arte para los buques de captura», sino que lo limita a la opción que arroje un número inferior de buques. Por ello, el Comité recomienda utilizar la redacción literal del apartado 6 de la Recomendación 2016-05 de la CICAA. |
| --- | --- |

4.1.

| 4.2. | El CESE estima que la redacción del artículo 10.2 puede generar confusión, pudiendo interpretarse que se está proponiendo una veda completa al arte de palangre, cuando en realidad lo que pretende la recomendación de la CICAA es evitar la captura de juveniles de pez espada que se capturarían con el anzuelo pequeño que utilizan los buques que capturan atún blanco del Mediterráneo. Por ello, el Comité sugiere la siguiente redacción: «Con objeto de proteger el pez espada del Mediterráneo, se aplicará un período de veda a la pesca dirigida a atún blanco en el Mediterráneo (Thunnus alalunga) desde el 1 de octubre al 30 de noviembre de cada año». |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | El artículo 14.2 es uno de los artículos en los que la Comisión es más restrictiva que la propia recomendación de la CICAA, puesto que establece que «se permitirá la presencia de 2.500 anzuelos adicionales de recambio, sin montar, a bordo de los buques pesqueros para mareas superiores a dos días de duración». En cambio, la recomendación, en su punto 18, sí que permite que estén montados. La propuesta de la Comisión generaría un problema operativo a los tripulantes de los buques, los cuales cada vez tienen más obligaciones que cumplir. Por ello, el CESE recomienda que se elimine la expresión «sin montar» de dicho artículo y que se utilice lo establecido en la propia recomendación: «Para mareas de más de dos días se puede permitir llevar a bordo un segundo conjunto de anzuelos montados siempre que esté debidamente amarrado y estibado en las cubiertas inferiores para que no pueda ser utilizado fácilmente». |
| --- | --- |

4.3.

| 4.4. | El artículo 18.2 establece que «para fines de control, la transmisión de los datos SLB (2) de los buques de captura autorizados para pescar activamente pez espada del Mediterráneo no se interrumpirá cuando los buques estén en puerto». El Comité estima que esta propuesta puede generar unos costes adicionales innecesarios a los pescadores y, por ello, propone que, en base al artículo 18.2 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 404/2011 de la Comisión, de 8 de abril de 2011, que establece las normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Consejo por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se permita el apagado del SLB en puerto, siempre y cuando se garantice que el apagado y el encendido de este se producen con el buque en la misma posición. |
| --- | --- |

4.4.

| 4.5. | En el artículo 20.2, la Comisión vuelve a ir más allá de lo establecido por la Recomendación 2016-05 de la CICAA. En efecto, la Comisión propone que haya, como mínimo, observadores científicos en el 20 % de los buques palangreros pelágicos cuyo objetivo es la captura de pez espada del Mediterráneo. En cambio, la recomendación de la CICAA establece en su apartado 44 lo siguiente: «Cada CPC se asegurará de que se embarcan observadores científicos nacionales en al menos el 5 % de sus palangreros pelágicos de más de 15 m de eslora total que se dirigen al pez espada del Mediterráneo». El CESE considera injustificado y desproporcionado el aumento de cobertura hasta el 20 %, al tratarse de buques de pequeñas dimensiones, con problemas de espacio y de costes, que tendrían serias complicaciones para poder cumplir con el requisito. Además, las flotas de terceros países seguirían pudiendo llevar solo un 5 %. Por ello, el Comité recomienda mantener el 5 % obligatorio exigido por la CICAA. |
| --- | --- |

4.5.

| 4.6. | El artículo 24.2 establece que los capitanes de los buques pesqueros de la Unión de menos de 12 metros de eslora total deberán, al menos cuatro horas antes de la hora estimada de llegada al puerto, notificar a la autoridad competente del Estado miembro una serie de informaciones. En vista a los problemas que este requisito puede provocar a la flota de pequeña escala en momentos puntuales, el CESE propone añadir una frase que permita al Estado miembro modificar el preaviso de cuatro horas en casos excepcionales. Por ejemplo, se podría aplicar una redacción similar a la contenida en el artículo 31.3 del Reglamento (UE) 2016/1627 del plan de recuperación del atún rojo: «Cuando los Estados miembros estén autorizados en virtud de la legislación de la Unión aplicable a reducir el plazo de la notificación prevista en los apartados 1 y 2, podrán notificarse las cantidades estimadas de atún rojo retenidas a bordo en el plazo de notificación previa a la llegada así aplicable. Si los caladeros están a menos de cuatro horas del puerto, la estimación de las cantidades de atún rojo retenidas a bordo podrá modificarse en cualquier momento antes de la llegada.» |
| --- | --- |

4.6.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

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(1)  Partes contratantes de la Convención CICAA.

1

(2)  Sistema de localización de buques.

2

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| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/177 |
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6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/177

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea»

[COM(2018) 238 final — 2018/0112 (COD)]

(2018/C 440/31)

| Ponente: | Marco VEZZANI |
| --- | --- |

Ponente:

Marco VEZZANI

| Consulta | Parlamento Europeo, 28.5.2018
  Consejo de la Unión Europea, 22.5.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículos 114 y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información |
| Aprobado en sección | 6.9.2018 |
| Aprobación en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 190/0/3 |

Consulta

Parlamento Europeo, 28.5.2018

Consejo de la Unión Europea, 22.5.2018

Fundamento jurídico

Artículos 114 y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información

Aprobado en sección

6.9.2018

Aprobación en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

190/0/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge positivamente la propuesta de Reglamento de la Comisión y considera que constituye un primer paso importante para fomentar la equidad y la transparencia en las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea. El CESE considera, en particular, que es una propuesta muy importante, ya que por primera vez se regulan las relaciones entre empresas (B2B) del comercio electrónico, y recomienda su rápida aprobación a fin de cubrir un evidente vacío normativo. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | No obstante, estima que este Reglamento no resuelve por sí solo todos los problemas del mercado único digital «ni cierra el círculo». En efecto, el eje principal del Reglamento es la «transparencia», pero esta no basta por sí sola para regular un mercado extremadamente dinámico y complejo como es el digital, en el que la desproporción de fuerzas entre operadores mundiales y empresas usuarias (sobre todo pymes) solo se puede colmar estableciendo límites y relaciones más claras entre las partes y combatiendo los abusos de posición dominante. El CESE recomienda asimismo que se aborde cuanto antes el tema de la dimensión social de la digitalización, activando los procesos de diálogo social. Idéntica atención merecen las cuestiones relacionadas con el dumping fiscal, la economía y la propiedad de los datos en el marco de una visión de conjunto, una atención que la Comisión ya está dedicando en otros ámbitos. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | El CESE recomienda introducir en el Reglamento la prohibición de las cláusulas de paridad de precios, que obstaculizan la competencia, perjudican a empresas y consumidores y pueden alimentar posiciones de oligopolio o monopolio de las grandes plataformas electrónicas. En efecto, es fundamental que los consumidores puedan adquirir bienes y servicios a precios más bajos, que las empresas puedan desarrollar con eficacia su negocio a través de su página web y que las nuevas plataformas electrónicas puedan crecer y entablar una competencia leal con las existentes. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | El CESE considera necesario no solo que se expongan a las empresas usuarias los posibles tratos diferenciados (por ejemplo, clasificación) en favor de determinadas empresas (en especial, mediante pago) en el contrato, sino que también sean claramente reconocibles por los consumidores en el momento de la búsqueda de productos o servicios en línea con la mención «anuncio patrocinado», «anuncio de pago» o similares. Es igualmente esencial informar a las empresas y los consumidores de los principales parámetros que, a la hora de elaborar las clasificaciones, determinan la posición de las empresas. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | El Comité apoya la introducción de mecanismos de resolución extrajudicial de litigios, y recomienda que se establezcan unos criterios armonizados que garanticen la independencia de los mediadores. El CESE considera que las Cámaras de Comercio, que ya desempeñan eficazmente esta actividad a escala nacional, pueden representar una opción válida. Asimismo, es importante que los mecanismos para aplicar las acciones de naturaleza cautelar a fin de prevenir o impedir la comisión de actos en perjuicio de las empresas usuarias sean simples, claros y poco costosos. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | El CESE considera que el Observatorio de la Economía de las Plataformas Electrónicas de la Unión desempeñará un papel crucial en la aplicación tanto del Reglamento en examen como de todas las demás iniciativas legislativas vinculadas al mismo, lo que confiere a dicho organismo un valor, no solo técnico sino también político, de alto perfil. El Comité, respaldándose en una reflexión acumulada en numerosos dictámenes sobre esta materia, se ofrece para apoyar los trabajos del grupo de expertos aportando un delegado propio que, en calidad de observador, refleje la visión de la sociedad civil organizada. |
| --- | --- |

1.6.

2.   Introducción

| 2.1. | Las plataformas electrónicas y los motores de búsqueda son un elemento fundamental del ecosistema digital, en cuya organización y funcionamiento influyen de forma significativa. En los últimos años, dichas plataformas han adquirido un papel central en el desarrollo de internet proponiendo nuevos «modelos sociales y económicos» con los que orientan las elecciones y acciones de ciudadanos y empresas. |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | El comercio electrónico registra un crecimiento exponencial en Europa. Se estima que el volumen de negocios de la venta al por menor en 2017 se situó en 602 000 millones EUR (+ 14 % respecto de 2016). Este dato es totalmente acorde con las tendencias de crecimiento del año anterior, con ventas por valor de 530 000 millones EUR (+ 15 % que en 2015) (1). |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | Según Eurostat (2), en 2016, el 20 % de las empresas de la EU-28 mantenían una actividad de comercio electrónico. Este dato esconde grandes diferencias en función de las dimensiones de la empresa. Así, comercian en línea el 44 % de las empresas de grandes dimensiones, el 29 % de las medianas y solo el 18 % de las pequeñas. |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | Si bien el 85 % de las empresas activas en el comercio electrónico utiliza su propia página web, el uso de plataformas electrónicas registra un crecimiento constante (las utiliza el 39 % de las empresas) (3). Esto se debe a dos factores: el creciente interés de las pymes por el comercio electrónico, que ven en las plataformas electrónicas un instrumento estratégico para la penetración en el mercado digital, y el crecimiento exponencial de las plataformas colaborativas (social network), que articulan el tiempo consagrado a la vida real y virtual de los usuarios. |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | Si bien más de un millón de pymes europeas recurren a servicios de intermediación en línea, las plataformas que proporcionan tales servicios son relativamente escasas. Por un lado, esta situación conduce a que las pymes sean completamente dependientes de las plataformas electrónicas y los motores de búsqueda y, por el otro, confiere a estos últimos el poder de realizar acciones unilaterales que perjudican los intereses legítimos de empresas y consumidores. |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | Según otro estudio de la Comisión, casi el 50 % de las empresas europeas que trabajan en plataformas electrónicas encuentran problemas. Además, en el 38 % de los casos, los problemas vinculados a las relaciones contractuales no se llegan a resolver, mientras que en el 26 % de los casos los problemas se solucionan, aunque con dificultades (4). |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | Los consumidores, en particular, padecen de forma indirecta los efectos de la limitación de una competencia plena y leal. Esta limitación se manifiesta en múltiples situaciones: desde la clasificación no transparente de bienes y servicios hasta la falta de elección debida a la escasa confianza de las empresas en el mercado digital. |
| --- | --- |

2.7.

| 2.8. | Los mecanismos de recurso para las empresas son limitados, poco accesibles y con frecuencia ineficaces. No por casualidad, la gran mayoría de las empresas se centran en la venta en línea de sus productos en el territorio nacional (93 %), debido sobre todo a la fragmentación legislativa, que dificulta y demora la resolución de los litigios transfronterizos (5). |
| --- | --- |

2.8.

| 2.9. | Hasta ahora, la legislación europea se ha centrado en definir la relación entre empresas y consumidores en el comercio en línea (B2C), pero nunca había abordado con resolución la relación entre empresas y plataformas electrónicas (B2B). |
| --- | --- |

2.9.

| 2.10. | Por esta razón, la Comisión ha incluido en la propuesta de revisión de la estrategia para el mercado único digital (6) la iniciativa de completar este aspecto de la legislación europea con vistas a garantizar equidad y transparencia, evitando los abusos derivados del vacío normativo o la fragmentación generada por las distintas legislaciones nacionales. |
| --- | --- |

2.10.

3.   Síntesis de la propuesta

| 3.1. | La propuesta tiene por objetivo regular los servicios de intermediación ofrecidos por las plataformas en línea y los motores de búsqueda a las empresas. Se incluyen aquí también los servicios de aplicaciones informáticas en línea (app store) y los servicios de las plataformas colaborativas (redes sociales). |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | El Reglamento se aplica a todos los proveedores de servicios de intermediación en línea (con sede dentro o fuera de la UE) siempre que las empresas o los usuarios de los sitios web corporativos estén establecidos en la UE y ofrezcan sus bienes o servicios a clientes situados en la Unión, al menos, durante parte de la transacción. En particular, los consumidores deben encontrarse en la UE, pero no es necesario que residan en Europa o tengan ciudadanía europea. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | A fin de garantizar la equidad y la transparencia, las plataformas deben informar a las empresas de forma sencilla y clara de las condiciones del contrato. Las posibles modificaciones deberán comunicarse con una antelación mínima de quince días. En particular, deberán comunicarse las modalidades de publicación de los anuncios y los criterios previstos para la suspensión y terminación del servicio. |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | La propuesta prevé asimismo que los parámetros que determinan la clasificación de los anuncios o de los sitios web se den a conocer a las empresas, aun cuando sean de pago. Cualquier trato diferenciado en favor de productos o servicios ofrecidos a los consumidores por el propio proveedor de servicios o por empresas controladas por este deberá explicarse en las condiciones del contrato. |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | Para proteger mejor los derechos de las pequeñas empresas, la Comisión prevé la creación por parte del proveedor de servicios en línea de un sistema interno de tramitación de reclamaciones. Las reclamaciones deberán tramitarse con rapidez y comunicarse sin ambigüedades a los usuarios. Además, los proveedores estarán obligados a publicar informes periódicos sobre el número, objeto y plazos de las reclamaciones, así como sobre las decisiones adoptadas. |
| --- | --- |

3.5.

| 3.6. | Se prevé asimismo un sistema de resolución extrajudicial de litigios. Así, una empresa podrá recurrir a un mediador indicado previamente por el proveedor de servicios en las condiciones contractuales. |
| --- | --- |

3.6.

| 3.7. | Los mediadores deberán ser imparciales e independientes. Se alienta a los proveedores a que fomenten la asociación de mediadores, sobre todo para resolver litigios de naturaleza transfronteriza. |
| --- | --- |

3.7.

| 3.8. | Los costes del cumplimiento recaerán principalmente en los proveedores de servicios, mientras que las pymes quedarán excluidas (7). Las medidas indicadas no impiden el recurso a la vía judicial, pero se proponen afrontar y resolver los litigios de forma eficaz y en plazos prefijados. |
| --- | --- |

3.8.

| 3.9. | El nuevo marco normativo será objeto de seguimiento. A tal fin, se prevé la creación de un Observatorio de la Economía de las Plataformas Electrónicas de la Unión (8), que prestará apoyo a la Comisión tanto para analizar la evolución del mercado digital, como para evaluar el estado de aplicación del Reglamento y su impacto. Los resultados que se extraigan contribuirán a la revisión del Reglamento cada tres años. |
| --- | --- |

3.9.

| 3.10. | La propuesta dispone el derecho de las organizaciones y asociaciones representativas y de los organismos públicos a incoar una acción cautelar a fin de impedir o prohibir el incumplimiento de los requisitos contenidos en el Reglamento por parte de los proveedores de servicios de intermediación en línea. |
| --- | --- |

3.10.

| 3.11. | La Comisión pide a los proveedores de servicios en línea y a las organizaciones que los representan que redacten códigos de conducta para contribuir a la correcta aplicación del Reglamento, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de las pymes. |
| --- | --- |

3.11.

4.   Observaciones generales

| 4.1. | El CESE ha sido uno de los primeros defensores del desarrollo digital y de los procesos económicos y sociales vinculados a él. En particular, el Comité, consciente de los riesgos y las oportunidades asociados a la digitalización, siempre ha alentado a la Comisión a definir un marco seguro, claro, transparente y equitativo del mercado único digital. |
| --- | --- |

4.1.

| 4.2. | El CESE, en consonancia con sus dictámenes previos (9), acoge favorablemente la propuesta de la Comisión para promover la equidad y la transparencia de los servicios de intermediación en línea. En particular, valora positivamente el enfoque flexible de la propuesta, ya que debe establecer un marco de referencia claro para un sector en constante evolución y garantizar al mismo tiempo una competencia leal. |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | El Comité considera que esta iniciativa es fundamental para proteger las pymes, como primeras usuarias de dichos servicios (10), y crear un marco legislativo que garantice una competencia efectiva y leal. Es fundamental asimismo que las pymes puedan maximizar sus oportunidades de crecimiento en el mercado único digital, ya sea a través de su sitio web o de plataformas electrónicas. |
| --- | --- |

4.3.

| 4.4. | A este respecto, es importante tener presente que el acceso al mercado digital representa un reto enormemente complejo para las pymes. En efecto, estas necesitan modificar su sistema de producción y distribución, adquirir nuevas capacidades profesionales y competencias especializadas y efectuar las inversiones adecuadas, sin las cuales se verían expulsadas automáticamente de dicho mercado, con consecuencias negativas también en términos de imagen. Por esta razón, es necesario crear nuevos instrumentos, también financieros, para acompañar esta transición. |
| --- | --- |

4.4.

| 4.5. | El CESE considera que las «cláusulas de paridad de precio» (también denominadas «cláusulas de cliente favorito») representan en la actualidad un serio obstáculo al desarrollo de una competencia leal y abierta en el mercado único digital. En efecto, dichas cláusulas obligan a una empresa usuaria a ofrecer en una determinada plataforma en línea su tarifa más baja, ya sea con respecto a las demás plataformas electrónicas o con respecto a su propia página web. Esta imposición genera una seria distorsión del mercado, ya que contribuye a reforzar las pocas plataformas electrónicas existentes (impidiendo el desarrollo de otras nuevas), limita las oportunidades de los consumidores de acceder a precios más bajos y vincula la empresa a la plataforma sin permitirle desarrollar una red de distribución directa con los consumidores. Esta práctica se ha prohibido ya en numerosos países de la UE (11) por iniciativa de las autoridades de la competencia, con resultados positivos para el funcionamiento del mercado, en beneficio de empresas y consumidores. Por estas razones, el CESE espera una pronta prohibición de tales cláusulas en toda la UE, a ser posible en el marco del Reglamento en examen. |
| --- | --- |

4.5.

| 4.6. | El CESE desea poner de relieve que, en la actualidad, gran parte del mercado de servicios de intermediación en línea está en manos de unos pocos grandes operadores, muchos de ellos de fuera de la UE. Es importante, por consiguiente, que, en la fase de aplicación normativa se supervise y garantice también la competencia leal entre plataformas electrónicas, así como la posibilidad de que las nuevas plataformas, en especial las europeas, pueden encontrar su espacio en el mercado. |
| --- | --- |

4.6.

| 4.7. | El CESE se congratula de que se hayan incluido en el Reglamento numerosas peticiones y recomendaciones formuladas en dictámenes anteriores. En particular, el Comité observa importantes analogías y continuidad en lo que atañe a la transparencia y la claridad de las condiciones contractuales, la exposición de los parámetros de clasificación y los posibles tratos diferenciados, la definición de mecanismos seguros de reclamación y resolución extrajudicial de litigios, la responsabilización de las plataformas electrónicas (códigos de conducta) y el seguimiento de los procesos (12). En especial, se deja claro que los tratos diferenciados que aporten una ventaja a determinados productos o servicios (a menudo mediante pago) deberán comunicarse a los consumidores de forma clara y reconocible. |
| --- | --- |

4.7.

| 4.8. | El Comité considera que la propuesta se inscribe correctamente en el marco legislativo más amplio del mercado único digital, que no obstante dista de haberse completado. En efecto, la Unión Europea registra niveles de rendimiento inferiores a los de sus principales competidores mundiales en términos de número de usuarios, empresas y transacciones en línea. Por tanto, el CESE pide a la Comisión y a los Estados miembros que se esfuercen más por completar la regulación de todo el sector del comercio electrónico y, en sentido amplio, de la democracia electrónica, a fin de hacer de internet y el mercado digital un lugar seguro y generador de oportunidades para todos. |
| --- | --- |

4.8.

| 4.9. | La economía de los datos es un elemento crucial del mercado digital. El CESE considera, en particular, que la propiedad de los datos no puede relegarse únicamente a un acuerdo contractual entre dos sujetos. Además, la transparencia informativa prevista por la propuesta en examen no resuelve la cuestión crucial del uso que se puede hacer de dichos datos una vez que obren en poder de una entidad privada. Por estas razones, el CESE recomienda a la Comisión que aborde urgentemente este tema y lo regule, en el interés principal de los usuarios y del concepto mismo de economía de los datos (13). |
| --- | --- |

4.9.

| 4.10. | El CESE considera que el mercado único digital debe garantizar la igualdad de condiciones a todos los agentes económicos, ya sean europeos o no. Por esta razón, recomienda a la Comisión que combata todas las prácticas comerciales desleales, como el dumping fiscal digital, estableciendo que el impuesto sobre la renta se pague en el lugar en el que se desarrolle la actividad económica (14) y sea acorde con el volumen efectivo de actividad (15). Piénsese, por ejemplo, que en 2015 la plataforma Airbnb solo pagó en Francia 69 000 EUR de impuestos, frente a los casi 5 000 millones EUR del sector hotelero en su conjunto (16). |
| --- | --- |

4.10.

| 4.11. | El Comité considera imprescindible completar cuanto antes el marco legislativo de todo el sector del comercio electrónico, a fin de crear garantías y protecciones adecuadas para todas las partes implicadas en el mercado único digital (17). El CESE considera esencial, en particular, abordar los aspectos más controvertidos de la dimensión social de la digitalización como, entre otros, los salarios, contratos, condiciones laborales y horarios de trabajo de los empleados en las plataformas digitales (18) o en la prestación de servicios relacionados con estas (19). A tal fin, se recomienda la pronta activación de los procesos de diálogo social europeo (20). Además, dado el creciente volumen de actos legislativos tendentes a regular el sector, se recomienda la redacción de un «código de los derechos electrónicos de los ciudadanos» (21). |
| --- | --- |

4.11.

5.   Observaciones específicas

| 5.1. | El CESE es favorable a una definición amplia del concepto de proveedores de servicios de intermediación en línea, debido a la rápida e imprevisible evolución de internet y del comercio electrónico. Por esta razón, considera fundamental regular las modalidades y plazos de gestión de dichos servicios, más que a los sujetos digitales que los prestan, ya que estos podrían modificar pronto su naturaleza o funciones por el rápido e imprevisible desarrollo de la red (22). |
| --- | --- |

5.1.

| 5.2. | El Comité considera que la propuesta en examen colma un importante vacío legislativo y es fundamental para superar la fragmentación generada por las legislaciones nacionales, que representa a día de hoy una de las primeras fuentes de problemas en los litigios transfronterizos. Además, considera que la propuesta se inscribe correctamente en el marco normativo existente del mercado único digital y las pocas normativas que regulan en la actualidad, de forma más o menos directa, la relación B2B. El amplio marco jurídico, basado en los valores fundacionales de la UE, parece apropiado para asegurar un amplio margen de maniobra a las instituciones llamadas a supervisar el respeto de las normas garantizándoles una capacidad de actuación efectiva. |
| --- | --- |

5.2.

| 5.3. | El CESE es favorable a la publicación por los proveedores de servicios en línea de los principales parámetros para la clasificación de anuncios y sitios web. No obstante, señala que esta iniciativa debe gestionarse con cautela, ya que podría favorecer fraudes por parte de los usuarios comerciales en perjuicio de otras empresas o consumidores, y generar distorsiones del mercado. |
| --- | --- |

5.3.

| 5.4. | Los mediadores desempeñarán un papel clave en la resolución de los litigios extrajudiciales. El CESE considera que no están del todo claras las características de los mediadores ni las modalidades de contratación de estos, lo que evidencia las diferencias existentes entre los distintos Estados miembros, y recomienda la definición de criterios armonizados para garantizar su independencia. El Comité propone que se valore la posibilidad de crear un registro profesional europeo para reforzar la confianza de las empresas. Al mismo tiempo, se propone hacer uso de la capacidad profesional de las Cámaras de Comercio y la actividad que desempeñan con éxito a escala nacional. |
| --- | --- |

5.4.

| 5.5. | El CESE acoge favorablemente la introducción de acciones de carácter cautelar para proteger a las empresas. Este instrumento tiene un valor crucial para superar el «factor miedo», que a menudo supone un freno para las pequeñas empresas ante las grandes multinacionales del sector. El Comité considera, en particular, que los mecanismos establecidos para poner en marcha tales acciones son claros, simples y poco costosos. |
| --- | --- |

5.5.

| 5.6. | El Observatorio será fundamental para seguir la evolución del mercado digital y la correcta y plena aplicación del propio Reglamento. El CESE estima que los expertos deben seleccionarse con la mayor atención a fin de garantizar su independencia e imparcialidad. Además, el Comité brinda su disponibilidad para apoyar los trabajos del grupo de expertos con un delegado propio que, en calidad de observador refleje la visión de la sociedad civil organizada (23). |
| --- | --- |

5.6.

| 5.7. | Si bien considera que, acompañado de un sistema armonizado de sanciones, el instrumento del Reglamento es el más adecuado, el CESE acoge favorablemente la invitación a los proveedores de servicios en línea para que elaboren códigos de conducta a fin de garantizar la plena y correcta aplicación de la normativa. |
| --- | --- |

5.7.

| 5.8. | El Comité señala que, en la actualidad, las grandes plataformas aplican, principalmente en los Estados Unidos, prácticas comerciales dirigidas a expulsar del mercado a otros agentes, como sucede con los envíos gratuitos en perjuicio de las empresas de paquetería. Aspectos como este podrían generar, a medio plazo, situaciones de oligopolio perjudiciales para las empresas y los consumidores. Por esta razón, el CESE pide a la Comisión que vigile atentamente esos procesos. |
| --- | --- |

5.8.

| 5.9. | El CESE considera que esta propuesta tendrá efectos indirectos muy importantes tanto para los consumidores, al ofrecerles una mayor gama de productos y aumentar la competencia entre las empresas, como para el empleo, como consecuencia del mayor número de empresas activas en el mercado digital. A tal fin, es importante que también las pequeñas plataformas digitales (por ejemplo, las plataformas de cooperativas) puedan encontrar su propio nicho en el mercado en línea. |
| --- | --- |

5.9.

| 5.10. | El CESE reitera la petición a la Comisión y a los Estados miembros de que apoyen los procesos de innovación digital con estrategias adecuadas de alfabetización digital, acompañadas de itinerarios específicos de educación y formación, prestando especial atención a los menores y las personas más vulnerables (24). Además, para reforzar la concienciación de las empresas, considera fundamental propiciar la participación de las organizaciones profesionales para sensibilizar y apoyar las actividades de formación específicas, con especial atención a las pymes, para aprovechar plenamente las oportunidades que brinda el mercado único digital. |
| --- | --- |

5.10.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

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(1)  European E-commerce Report 2017.

1

European E-commerce Report

(2)  Eurostat, Digital Economy and Society Statistics — Enterprises, 2018.

2

Digital Economy and Society Statistics — Enterprises

(3)  Eurostat, Web Sales of EU Enterprises, 2018.

3

Web Sales of EU Enterprises

(4)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3372_es.htm

4

(5)  Eurostat, E-commerce Statistics, 2017.

5

E-commerce Statistics

(6)  COM(2017) 228 final.

6

(7)  Recomendación 2003/361/CE.

7

(8)  El Observatorio se constituirá con arreglo a la Decisión C(2018) 2393 de la Comisión. Estará integrado por un mínimo de diez y un máximo de quince expertos independientes seleccionados mediante concurso público. Los expertos permanecerán dos años en el cargo y lo desempeñarán de forma gratuita.

8

(9)  DO C 75 de 10.3.2017, p. 119; DO C 81 de 2.3.2018, p. 102; DO C 12 de 15.1.2015, p. 1; y DO C 271 de 19.9.2013, p. 61.

9

(10)  DO C 389 de 21.10.2006, p. 50.

10

(11)  Alemania, Francia, Italia, Suiza, Bélgica y Austria.

11

(12)  DO C 75 de 10.3.2017, p. 119; DO C 81 de 2.3.2018, p. 102.

12

(13)  DO C 345 de 13.10.2017, p. 130; DO C 345 de 13.10.2017, p. 138.

13

(14)  DO C 75 de 10.3.2017, p. 119.

14

(15)  DO C 367 de 10.10.2018, p. 73.

15

(16)  http://www.lastampa.it/2016/08/11/esteri/airbnb-in-francia-riscoppia-il-caso-tasse-KfgawDjefZxFdSNydZs8XP/pagina.html

16

(17)  INT/845, Inteligencia artificial/impacto en el trabajo, Salis Madinier y Samm, 2018 (véase la página 1 del presente Diario Oficial).

17

(18)  DO C 125 de 21.4.2017, p. 10.

18

(19)  DO C 75 de 10.3.2017, p. 119.

19

(20)  DO C 434 de 15.12.2017, p. 30.

20

(21)  DO C 271 de 19.9.2013, p. 127.

21

(22)  DO C 75 de 10.3.2017, p. 119.

22

(23)  Decisión C(2018) 2393 de la Comisión, artículo 10.

23

(24)  DO C 173 de 31.5.2017, p. 45; DO C 173 de 31.5.2017, p. 1.

24

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| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/183 |
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6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/183

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — La lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo»

[COM(2018) 236 final]

(2018/C 440/32)

| Ponente: | Martin SIECKER |
| --- | --- |

Ponente:

Martin SIECKER

| Consulta | Comisión Europea, 18.6.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 304 del TFUE |
| Sección competente | Sección de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información |
| Aprobado en sección | 6.9.2018 |
| Aprobación en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 121/16/34 |

Consulta

Comisión Europea, 18.6.2018

Fundamento jurídico

Artículo 304 del TFUE

Sección competente

Sección de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información

Aprobado en sección

6.9.2018

Aprobación en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

121/16/34

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | La libertad de información y expresión es inviolable en la UE. Sin embargo, esta libertad puede utilizarse para invalidar los principios de la Unión de modo que el debate y el pensamiento crítico se vuelvan imposibles, y puede servir como arma en vez de como herramienta para informar y persuadir. La desinformación se emplea como una forma extrema de abuso de los medios, cuyo objetivo consiste en influir en los procesos sociales y políticos, y tiene una fuerza especial cuando está financiada por los Gobiernos y se utiliza en las relaciones internacionales. Casos graves y de máxima actualidad son, entre muchos otros, la desinformación financiada por el Estado ruso, la campaña del Brexit, que solo puede calificarse como un ataque frontal contra la UE, y la injerencia en las elecciones de Estados Unidos. Todas estas acciones de desestabilización suscitan una gran preocupación en el seno de la sociedad civil europea. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | En la actualidad se están utilizando una serie de instrumentos y métodos para socavar los valores europeos y las acciones exteriores de la UE, así como para promover e incitar actitudes nacionalistas y separatistas, manipular al público e intervenir directamente en la política interna de países soberanos y de la UE en su conjunto. También se observa una creciente influencia de las cibercapacidades de ofensiva y una mayor militarización de las tecnologías para lograr objetivos políticos. A menudo se infravalora el impacto de estas acciones (1). |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | El CESE se muestra de acuerdo con el llamamiento hecho por la Comisión a favor de que las plataformas de redes sociales asuman una mayor responsabilidad. Sin embargo, a pesar de la existencia de varios estudios y documentos de orientación elaborados por especialistas europeos en los últimos años, la Comunicación no incluye ninguna medida práctica obligatoria para garantizar esto. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Sobre la base de la investigación disponible, la UE debería garantizar y mantener la investigación sobre el impacto de la desinformación en Europa, entre otras medidas incorporando el seguimiento de la resiliencia de los europeos frente a la desinformación en las futuras encuestas del Eurobarómetro. Estas encuestas deberían incluir no solo cuestiones genéricas sobre las noticias falsas, sino también aquellas que ayuden a determinar la situación real de inmunidad de los ciudadanos europeos frente a la desinformación. La falta de sentido de urgencia y de ambición de la Comisión impide que se aborden una serie de cuestiones fundamentales para evitar la corrupción gradual de la sociedad, como crear programas de apoyo a los medios tradicionales para garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a una información de calidad y fiable, investigar la viabilidad de establecer asociaciones público-privadas para crear plataformas en línea de pago que ofrezcan servicios en línea seguros y asequibles, estudiar las opciones para generar una mayor transparencia y establecer una mayor supervisión en relación con los algoritmos subyacentes de estos sistemas en línea y examinar la posibilidad de desmantelar los monopolios al objeto de restaurar unas condiciones equitativas para una competencia leal. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | El CESE lamenta que ni la Comunicación ni el informe del grupo de expertos de alto nivel mencionen a Rusia como la principal fuente de desinformación hostil contra la UE. No obstante, el primer paso para solucionar un problema es reconocer que existe. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Tomando como base la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2017, sobre las plataformas en línea y el mercado único digital (2), la Comisión alude a los llamamientos hechos por el CESE a favor de una ejecución diligente de las normas jurídicas en vigor relacionadas con las plataformas en línea. Además, el CESE invita a la Comisión a concluir el debate sobre el régimen jurídico de responsabilidad aplicable a las plataformas en línea y a aplicar una normativa específica para las plataformas en línea por lo que respecta a su definición y naturaleza. Las plataformas en línea y las redes sociales deberían comprometerse a tomar medidas para garantizar la transparencia tales como explicar cómo los algoritmos seleccionan las noticias que presentan; se les debe incitar, asimismo, a tomar medidas eficaces para mejorar la visibilidad de las noticias fiables y fidedignas, y a facilitar el acceso de los usuarios a las mismas. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | Uno de los problemas de la desinformación es que resulta imposible comprobar la identidad de las fuentes que difunden dicha desinformación a través de internet. En el ciberespacio, es demasiado fácil actuar bajo una identidad falsa, y en general eso es precisamente lo que hacen las personas malintencionadas activas en línea. La Comisión presenta varias propuestas, que se exponen en la Comunicación conjunta sobre ciberseguridad, publicada en septiembre de 2017. El problema reside en que dichas propuestas no son obligatorias. Si realmente queremos un cambio cualitativo en la lucha contra la desinformación, es posible que necesitemos medidas más estrictas en lo que se refiere a la identificación de las personas que operan proactivamente en internet. Después de todo, es así como operan los medios informativos de calidad, en cumplimiento del Código de Burdeos de 1954, que fue redactado por la Federación Internacional de Periodistas y establece principios muy claros y estrictos sobre cómo trabajar con las fuentes. El equipo editorial tiene que conocer siempre el nombre y la dirección de las fuentes. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | El CESE concuerda con la Comisión en que la comunidad de verificación de datos debe colaborar de forma estrecha. Ya existen redes similares, incluida una dentro del Grupo de trabajo East StratCom. El problema es que necesitan financiación suficiente, elemento del que se adolece a día de hoy. El CESE pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen plenamente los esfuerzos del Grupo de trabajo East StratCom. Este apoyo debe comprender no solo un presupuesto apropiado, sino también la participación activa de todos los Estados miembros en su labor, basada en el envío de expertos en comisión de servicio al Grupo de trabajo East StratCom y en la creación de puntos de contacto. Debe promocionarse más activamente el sitio web donde se presentan los resultados obtenidos por este grupo de trabajo (3) para sensibilizar al público de la UE acerca de las amenazas existentes. |
| --- | --- |

1.8.

2.   Síntesis de la Comunicación de la Comisión

| 2.1. | Un ecosistema de información que funcione bien y sea gratuito y pluralista, basado en unas estrictas normas profesionales, es imprescindible para un debate democrático saludable. La Comisión está pendiente de las amenazas que plantea la desinformación a nuestras sociedades abiertas y democráticas. |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Además, pretende presentar un enfoque integral cuyo objetivo es responder a estas amenazas fomentando ecosistemas (4) digitales basados en la transparencia, favoreciendo la información de alta calidad, empoderando a los ciudadanos contra la desinformación y protegiendo nuestras democracias y procesos de formulación de políticas. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | La Comisión hace un llamamiento a todos los agentes pertinentes a intensificar de forma significativa todos sus esfuerzos para abordar el problema de la desinformación de una manera adecuada. Considera que, si se aplican de manera eficaz, las acciones propuestas contribuirán sustancialmente a contrarrestar la desinformación en línea. |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | La Comisión detecta tres causas principales del problema (creación de la desinformación, amplificación a través de las redes sociales y otros medios de comunicación en línea y difusión por los usuarios de plataformas en línea) y presenta una serie de propuestas para abordarlo, divididas en cinco ámbitos políticos:






  — | la creación de un ecosistema en línea más transparente, fiable y responsable; |
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2.4.

—

la creación de un ecosistema en línea más transparente, fiable y responsable;

| — | unos procedimientos electorales sólidos y fiables; |
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—

unos procedimientos electorales sólidos y fiables;

| — | el fomento de la educación y de la alfabetización mediática; |
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—

el fomento de la educación y de la alfabetización mediática;

| — | el apoyo a un periodismo de calidad como elemento fundamental de una sociedad democrática; |
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—

el apoyo a un periodismo de calidad como elemento fundamental de una sociedad democrática;

| — | la lucha contra las amenazas de desinformación internas y externas mediante la comunicación estratégica. |
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—

la lucha contra las amenazas de desinformación internas y externas mediante la comunicación estratégica.

3.   Observaciones generales

| 3.1. | El crecimiento de la desinformación organizada producida por varios agentes estatales y no estatales supone una amenaza real para la democracia. Entre estas fuerzas desestabilizadoras se encuentran gobiernos de naciones mayores que cualquier Estado miembro de la UE. La UE es el socio apropiado de un Estado miembro que quiera luchar contra esta amenaza dado que, al contrario que este, cuenta con una masa crítica y recursos que la colocan en una posición privilegiada para desarrollar y aplicar estrategias y políticas que aborden este complejo asunto. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | El correcto funcionamiento de la democracia depende de que ciudadanos bien informados puedan tomar decisiones fundamentadas sobre la base de datos fehacientes y opiniones fiables. A tal efecto, resulta vital la existencia de un sistema de empresas de comunicación independientes, fiables y transparentes, con una posición privilegiada para los entes públicos de radiodifusión, que destinen un número considerable de profesionales a recopilar, comprobar, evaluar, analizar e interpretar las fuentes de información, con el fin de garantizar cierto nivel de calidad y congruencia de las noticias publicadas. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Existe una diferencia entre las noticias falsas y la desinformación. Las noticias falsas han existido siempre a lo largo de la historia: es un término que sirve como cajón de sastre y en el que se incluyen los rumores, la propaganda de guerra, la incitación al odio, el sensacionalismo, las mentiras, la utilización selectiva de datos, etc. La invención de la imprenta en el siglo XV permitió la difusión de noticias (también las falsas) a mayor escala, y su alcance geográfico aumentó todavía más tras la introducción del sello de correos en 1840. La tecnología digital e internet han derribado las últimas barreras para la difusión sin límites. |
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3.3.

| 3.4. | La desinformación se define como información falsa o engañosa verificable que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio a los procesos democráticos e influir en las elecciones, y supone una grave amenaza para la sociedad (5). |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | Existen múltiples grupos en la cadena de desinformación: quienes la crean, quienes la consumen y las plataformas en línea que, facilitando su distribución, desempeñan una función global en todo el proceso.
  Quienes la crean (gobiernos, instituciones religiosas, conglomerados de empresas, partidos políticos u organizaciones ideológicas, entre otros), lo hacen por diversos motivos (influir en la opinión pública y manipularla, confirmar su supuesta superioridad, obtener beneficios económicos o incrementarlos, llegar al poder, sembrar el odio, justificar la exclusión, etc.).
  Quienes la distribuyen (en especial las plataformas en línea, pero también los medios tradicionales) tienen motivos diferentes, entre los que se incluyen la obtención de beneficios económicos o la manipulación deliberada.
  Quienes la consumen (usuarios de internet) no suelen ser lo suficientemente críticos como consumidores y, en consecuencia, las plataformas en línea los manipulan de forma deliberada. Las empresas tecnológicas intermediarias, como Twitter, Google y Facebook (por mencionar solo algunas), fomentan el intercambio ilimitado e incontrolado de contenidos en plataformas en línea a cambio de recopilar datos privados que permiten a estas plataformas generar enormes beneficios a través de la publicidad microdirigida, que ofrece mensajes comerciales a medida a grupos de destinatarios estrictamente definidos. La ignorancia de los consumidores sobre la autoprotección digital contribuye a agravar el problema. |
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3.5.

Quienes la crean (gobiernos, instituciones religiosas, conglomerados de empresas, partidos políticos u organizaciones ideológicas, entre otros), lo hacen por diversos motivos (influir en la opinión pública y manipularla, confirmar su supuesta superioridad, obtener beneficios económicos o incrementarlos, llegar al poder, sembrar el odio, justificar la exclusión, etc.).

Quienes la distribuyen (en especial las plataformas en línea, pero también los medios tradicionales) tienen motivos diferentes, entre los que se incluyen la obtención de beneficios económicos o la manipulación deliberada.

Quienes la consumen (usuarios de internet) no suelen ser lo suficientemente críticos como consumidores y, en consecuencia, las plataformas en línea los manipulan de forma deliberada. Las empresas tecnológicas intermediarias, como Twitter, Google y Facebook (por mencionar solo algunas), fomentan el intercambio ilimitado e incontrolado de contenidos en plataformas en línea a cambio de recopilar datos privados que permiten a estas plataformas generar enormes beneficios a través de la publicidad microdirigida, que ofrece mensajes comerciales a medida a grupos de destinatarios estrictamente definidos. La ignorancia de los consumidores sobre la autoprotección digital contribuye a agravar el problema.

| 3.6. | Las empresas tecnológicas en cuestión tienen una parte de la responsabilidad, ya que desempeñan una función global en el proceso. No se identifican como editoriales sino como «meras» plataformas en línea, que distribuyen información y otros contenidos creados por los medios tradicionales, pero sin tener que sufragar los costes de mantener un equipo editorial que se encargue de la creación de contenido. Se distribuye contenido de otras fuentes sin verificar, evaluar, analizar o interpretar el material que publican. «Google no es “solo” una plataforma. Condiciona, transforma y distorsiona la manera en que vemos el mundo», fue una de las conclusiones de un artículo titulado «The great Brexit robbery: how our democracy was hijacked» (La gran estafa del Brexit: cómo se secuestró nuestra democracia), publicado en The Guardian, y en el que se analizaba cómo una «operación mundial encubierta [...] llevada a cabo por las diversas fuerzas de la campaña a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea influyó sobre el resultado del referéndum de la UE». Dado que la desinformación y las noticias fiables se presentan sin distinción, a los usuarios les resulta difícil distinguir una de la otra. Por tanto, las empresas tecnológicas deben dar prioridad a la transparencia sobre las normas y los datos. Especial importancia reviste el grado de transparencia de la relación entre las políticas de ingresos publicitarios de las plataformas y la difusión de desinformación. (A este respecto, deben seguirse de cerca las negociaciones en marcha sobre el código de buenas prácticas sobre la desinformación que debería haberse publicado a finales de julio de 2018). |
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3.6.

4.   Observaciones específicas

| 4.1. | A pesar de la diversidad de mensajes, canales, instrumentos, niveles, ambiciones y objetivos tácticos, y de su capacidad para adaptarse rápidamente, el objetivo estratégico de las campañas de desinformación es socavar la democracia liberal, sembrar y aumentar la desconfianza en fuentes creíbles de información, en la dirección geopolítica de un país y en el trabajo de las organizaciones intergubernamentales. Se utiliza la desinformación para explotar y hacer proliferar las divisiones entre distintos grupos socioeconómicos sobre la base de su nación, raza, renta, edad, educación y actividad profesional. Más allá de modalidades bien conocidas como canales de noticias, uso de plataformas en línea, envío masivo de correos electrónicos, etc., se utilizan otras vías como agencias de relaciones públicas, grupos de interés, grupos de reflexión, organizaciones no gubernamentales, personas que influyen en las élites, partidismo político, comunidades de expertos, actividades culturales y movimientos de extrema derecha y de extrema izquierda. Todos los implicados, a cambio, reciben pagos a través de diversos fondos públicos «independientes», cuentas en el extranjero, etc. |
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4.1.

| 4.2. | El Gobierno ruso está utilizando una amplia gama de herramientas e instrumentos en sus campañas de desinformación, tal y como han demostrado el Parlamento Europeo (6), la Comisión Europea (7) y el Consejo Europeo (8). Dichas campañas de desinformación deberían tomarse con la mayor seriedad. Forman parte de la doctrina militar rusa, aceptada por las altas jerarquías de los más importantes medios de comunicación propiedad del Estado ruso. El objetivo directo de estas campañas es atentar contra la democracia liberal, el Estado de Derecho y los derechos humanos, y silenciar a aquellas instituciones, organizaciones intergubernamentales, políticos y personas que los defienden (9). |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | Vivimos en una época caracterizada por relaciones políticas y democráticas sumamente polarizadas. Según algunos think tanks, como Freedom House, Economist Intelligence Unit y otros, la democracia se ha visto sometida a una presión creciente desde la crisis económica mundial de 2008. Una de las consecuencias de esta situación es un nuevo tipo de liderazgo político con un perfil que representa una ruptura con la tradición democrática que hemos construido en Europa en los últimos setenta años. En lugar de un liderazgo liberal elegido de forma democrática, cada vez nos encontramos con más «hombres fuertes» cuya elección se rodea de preguntas incisivas sobre la integridad de los procesos mediante los cuales fueron elegidos. Estábamos familiarizados con ese tipo de liderazgo fuera del ámbito de influencia de la UE, por ejemplo, en Rusia y China. Sin embargo, con representantes como Trump, Erdogan y los «demócratas iliberales» en Estados miembros de la UE —que se han hecho famosos por su preferencia por la desinformación, su desprecio por la democracia y una relación desquiciada con el Estado de Derecho— el fenómeno se está volviendo extremadamente potente e increíblemente cercano. |
| --- | --- |

4.3.

| 4.4. | El funcionamiento adecuado de la democracia depende de que ciudadanos bien informados tomen decisiones fundamentadas sobre la base de hechos fehacientes y opiniones fiables, pero hoy en día la «fiabilidad» y la «confianza» han dejado de ser conceptos obvios en nuestra sociedad. En este tipo de clima social extremadamente polarizado, al que se suma un exceso de información, la población es muy vulnerable a la desinformación, lo que hace que sea relativamente sencillo manipular su comportamiento. Hemos asistido a operaciones desestabilizadoras de este tipo, que han tenido mucho éxito, en las elecciones generales de varios Estados miembros y durante otros acontecimientos, como la campaña del Brexit, las campañas de desinformación relacionadas con las ofensivas a Crimea y Ucrania, y el ataque de 2014 con un misil militar ruso BUK contra el vuelo MH 17 de Malaysian Airlines, en el que los 298 ocupantes fueron masacrados. Se anima a la Comisión a explorar modos más proactivos de educar a la ciudadanía sobre las amenazas a las que se enfrenta con las campañas de desinformación y los ciberataques, así como sobre el impacto global de la influencia extranjera en la sociedad. Por ejemplo, mediante el seguimiento de acontecimientos recientes en otros países, a fin de proporcionar información accesible y de interés a los ciudadanos sobre cuestiones urgentes en materia de ciberseguridad que incluyan consejos y buenas prácticas sobre la mejor manera de protegerse diariamente en el entorno digital. |
| --- | --- |

4.4.

| 4.5. | El CESE concuerda con la Comisión en que, dada la complejidad del asunto y el rápido progreso del entorno digital, cualquier respuesta política tiene que ser exhaustiva y debe evaluar continuamente el fenómeno de la desinformación y ajustar los objetivos estratégicos en función de su evolución. No existe ninguna solución única que aborde todos los desafíos, pero no hacer nada no es una opción. Las propuestas de la Comisión constituyen un paso en la dirección correcta, pero debemos hacer más y mejor. Las medidas para hacer frente a la desinformación deben regirse por la transparencia, diversidad, credibilidad e inclusividad, protegiendo al mismo tiempo la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. |
| --- | --- |

4.5.

| 4.6. | Rusia parece ser particularmente activa en el ámbito de la desinformación y de la guerra híbrida contra Occidente, y tiene su centro de interés en la UE. Para contrarrestar estas actuaciones, necesitamos urgentemente un ecosistema en línea más transparente, fiable y responsable. El CESE recomendaría el uso del Manual de Praga, un estudio financiado por el Ministerio de Exteriores de los Países Bajos y el Fondo Internacional Visegrad, que ofrece una visión clara de la subversión hostil que los rusos atizan en la UE y de la amenaza que representa para la democracia. A pesar de que hay Estados miembros que todavía dudan de la existencia de dichas amenazas o incluso contribuyen a su difusión, las conclusiones del estudio son muy claras, y es absolutamente necesario que la UE tome medidas al respecto. El estudio plantea propuestas concretas sobre cómo diseñar y aplicar estrategias contra las influencias hostiles y subversivas. |
| --- | --- |

4.6.

| 4.7. | El papel de las plataformas en línea con respecto a la desinformación ha sido moralmente censurable. En un espacio de tiempo relativamente breve, dichas plataformas han asumido esencialmente una especie de función de utilidad pública similar a la de las empresas de telefonía, las emisoras y los periódicos en el pasado. Para ofrecer el uso «gratuito» de los servicios de las plataformas en línea, los usuarios deben pagar con datos personales que permiten a estas plataformas vender una cantidad ingente de publicidad microdirigida, tal y como ilustra el caso de Cambridge Analytica. Este retorcido (por lo que se refiere a la privacidad) modelo de ingresos es demasiado lucrativo para que estas plataformas lo abandonen de forma voluntaria. Algunas voces han sugerido que las plataformas como Facebook también deberían ofrecer un servicio similar, creíble y que funcione correctamente, por el que los usuarios tengan que pagar una cantidad asequible de dinero a cambio de la garantía de que se respete su privacidad. Se plantea la cuestión de si los potenciales usuarios siguen teniendo suficiente fe y confianza en la credibilidad e integridad de portales como Facebook después del modo en que la empresa responsable rindió cuentas por su comportamiento ante el Senado de los Estados Unidos. A fin de incrementar la confianza del público en las plataformas en línea y de proteger a los ciudadanos contra este tipo de abuso, incluido el trato indebido de los datos personales y su intercambio, estas plataformas deben regularse tal y como se ha mencionado mediante el código de conducta para combatir el delito de incitación al odio en internet de 2016, el Reglamento general de protección de datos o la Directiva SRI. Sin embargo, la autorregulación, tal y como propone la Comisión, es solo un primer paso en este sentido y debe acompañarse de más medidas adoptadas por la Comisión. |
| --- | --- |

4.7.

| 4.8. | Andrew Keen, un emprendedor y escritor británico conocido como el anticristo de internet, publicó cuatro libros muy críticos sobre el desarrollo de internet. Keen no está en contra de internet o de los medios sociales, pero considera que las actividades de las grandes empresas tecnológicas, destinadas a recopilar información sensible de las personas, son el núcleo del problema. La privacidad es un bien precioso: define quiénes somos. El llamado «modelo de negocio gratuito», en el que no pagamos con dinero, sino renunciando a nuestra privacidad, destruirá nuestra privacidad. Keen establece paralelismos con el siglo XIX, cuando la Revolución Industrial generó cambios a una escala comparable a la de los que la Revolución Digital está produciendo en la actualidad. Cuando el cambio viene definido por una revolución, suele conllevar problemas inmensos. En el siglo XIX conseguimos solventar esos problemas con herramientas como la innovación, la regulación, la libertad de elección del consumidor, la acción civil y la educación. Keen nos transmite que la inteligencia humana puede volver a hacerlo — no la inteligencia artificial — y que hemos de emplear todos los recursos que usamos para poner límites a la anterior revolución con el fin de garantizar el control de la Revolución Digital y evitar que nos domine. |
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4.8.

| 4.9. | Sobre la base de la investigación disponible, la UE debería garantizar y mantener la investigación sobre el impacto de la desinformación en Europa, entre otras medidas incorporando el seguimiento de la resiliencia de los europeos frente a la desinformación en las futuras encuestas del Eurobarómetro. Estas encuestas deberían incluir no solo cuestiones genéricas sobre las noticias falsas, sino también aquellas que ayuden a determinar la situación real de inmunidad de los ciudadanos europeos frente a la desinformación. La falta de sentido de urgencia y de ambición de la Comisión impide que se aborden una serie de cuestiones fundamentales para evitar la corrupción gradual de la sociedad, como crear programas de apoyo a los medios tradicionales para garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a una información de calidad y fiable, investigar la viabilidad de establecer asociaciones público-privadas para crear plataformas en línea de pago que ofrezcan servicios en línea seguros y asequibles, estudiar las opciones para generar una mayor transparencia y establecer una mayor supervisión en relación con los algoritmos subyacentes de estos sistemas en línea y examinar la posibilidad de desmantelar los monopolios al objeto de restaurar unas condiciones equitativas para una competencia leal. |
| --- | --- |

4.9.

| 4.10. | Por ejemplo, podría ser beneficioso estudiar la posibilidad de crear una plataforma en línea basada en una asociación público-privada que garantice la privacidad de sus usuarios. Una plataforma europea de este tipo con la Comisión como socio público que colabore en la financiación podría ser una propuesta muy atractiva y prometedora como alternativa a la «máquina de manipulación» de Mark Zuckerberg y otros grandes monopolios privados y comerciales de los Estados Unidos y China. Una plataforma de este tipo debería garantizar el respeto de la privacidad de sus usuarios. |
| --- | --- |

4.10.

| 4.11. | No hay nada gratis en una economía de mercado, pero con esta alternativa la moneda de cambio sería el dinero en lugar de la privacidad. El grueso del presupuesto requerido para este servicio semipúblico se podría financiar con impuestos, al igual que todos los servicios públicos. Por lo que respecta al resto del presupuesto, los usuarios tendrían que abonar un importe relativamente reducido para proteger su privacidad frente a la insaciable hambre de datos privados de las actuales plataformas «sociales». Si la UE y los gobiernos de los Estados miembros declarasen oficialmente esta plataforma como socio privilegiado y la utilizasen como alternativa a los actuales depredadores de datos, contaría con la dimensión necesaria para competir con los actuales operadores del mercado. La UE podría utilizar también como socios privilegiados motores de búsqueda existentes que garantizan la absoluta privacidad, instalarlos como aplicaciones por defecto en todos los ordenadores utilizados en las instituciones de la UE y recomendarlos como aplicaciones por defecto en las instituciones públicas de los Estados miembros. La Comisión también podría desempeñar un papel más proactivo y analizar posibilidades de regulación relacionadas con los algoritmos y con el desmantelamiento de los monopolios. |
| --- | --- |

4.11.

| 4.12. | Aunque no es la solución del problema, la verificación de datos reviste gran importancia. Sirve como primer paso hacia la comprensión, la exposición y el análisis de la desinformación, que son necesarios antes de que puedan concebirse nuevas contramedidas. Además, atraer la atención de audiencias más amplias precisa de un enorme esfuerzo, ya que no todo el mundo utiliza redes sociales o incluso internet. Podría ser especialmente difícil llegar a los habitantes de regiones remotas. La visibilidad en los medios de comunicación es importante. La televisión sigue siendo la fuente de información más común para la población: la emisión regular de programas sobre los casos de desinformación en las lenguas nacionales puede contribuir de forma significativa a sensibilizar al público en relación con el problema. Es importante que sean profesionales quienes lleven a cabo la verificación de datos, a fin de evitar los errores cometidos recientemente en el primer intento de la Comisión. La cooperación con las editoriales y las organizaciones de medios de comunicación cuyos periodistas se dedican a la verificación de datos puede evitar dichos problemas. |
| --- | --- |

4.12.

| 4.13. | Uno de los problemas de la desinformación es que resulta imposible comprobar la identidad de las fuentes que difunden dicha desinformación a través de internet. En el ciberespacio, es demasiado fácil actuar bajo una identidad falsa, y en general eso es precisamente lo que hacen las personas malintencionadas activas en línea. La Comisión presenta varias propuestas, que se exponen en la Comunicación conjunta sobre ciberseguridad, publicada en septiembre de 2017. El problema es que dichas propuestas no son obligatorias: los usuarios podrían elegir participar en plataformas en línea únicamente con otros usuarios que se hayan identificado; la Comisión promoverá el uso de sistemas voluntarios en línea que permitan la identificación de los proveedores de información, etc. Por supuesto, existe un posible conflicto de intereses entre la privacidad y el pleno control, y debería ser posible preservar el anonimato al navegar por internet de forma pasiva. Sin embargo, si realmente queremos un cambio cualitativo en la lucha contra la desinformación, es posible que necesitemos medidas más estrictas en lo que se refiere a la identificación de las personas que operan proactivamente en internet. Después de todo, es así como operan los medios informativos de calidad, en cumplimiento del Código de Burdeos de 1954, que fue redactado por la Federación Internacional de Periodistas y establece principios muy claros y estrictos sobre cómo trabajar con las fuentes. En ocasiones existen razones válidas por las que los medios de comunicación prestigiosos tradicionales publican historias de fuentes anónimas, que siempre incluyen la indicación de que el equipo editorial conoce el nombre y la dirección de la fuente. |
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4.13.

| 4.14. | Las tecnologías no son «buenas» ni «malas», son neutrales. Pueden utilizarse de una forma buena o mala, pero eso depende de las decisiones tomadas por las personas que las utilizan. Las nuevas tecnologías emergentes, como las que se usan hoy en el arte de la desinformación, también tienen potencial para desempeñar un papel esencial en la lucha contra la desinformación. Por lo tanto, el CESE acoge favorablemente la intención de la Comisión de hacer pleno uso del programa de trabajo Horizonte 2020 y su sucesor, Horizonte Europa, para movilizar la investigación y tecnologías como la inteligencia artificial, las cadenas de bloques y los algoritmos para identificar mejor las fuentes, validar la fiabilidad de la información y evaluar la calidad y precisión de fuentes de datos en el futuro. No obstante, un detallado análisis de otras posibilidades de financiación para la lucha contra la desinformación es fundamental, ya que la mayoría de las iniciativas no son aplicables a los programas Horizonte. |
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4.14.

| 4.15. | La seguridad y fiabilidad de los procesos electorales constituyen la base de la democracia en la UE, pero la seguridad y la resiliencia de esos procesos ya no están garantizadas. En los últimos años se han detectado tácticas en línea de manipulación y desinformación en, al menos, dieciocho países y las tácticas de desinformación han contribuido a que la libertad en internet haya sufrido un descenso general durante siete años consecutivos. El CESE acoge favorablemente las iniciativas tomadas por la Comisión para determinar las mejores prácticas a fin de identificar, mitigar y gestionar los riesgos que los ciberataques y la desinformación, conllevan para los procesos electorales con vistas a las elecciones al Parlamento Europeo de 2019. |
| --- | --- |

4.15.

| 4.16. | Las capacidades mediáticas y digitales, así como la educación cívica, son componentes fundamentales para aumentar la resiliencia de la sociedad, sobre todo porque las personas jóvenes, que cuentan con una importante presencia en las plataformas en línea, son muy receptivas a la desinformación. La política educativa es una responsabilidad pública y, por lo tanto, organizar la alfabetización mediática a todos los niveles educativos nacionales y la formación de profesores en este tema es tarea que incumbe a los gobiernos nacionales. Desafortunadamente, a menudo las prioridades políticas de los gobiernos no sitúan la alfabetización mediática y en materia de información en una posición destacada en sus sistemas de educación nacionales. Se debe empezar por mejorar esta situación, pero la alfabetización mediática y en materia de información también va más allá de los sistemas de educación. Debe fomentarse y mejorarse en todos los grupos sociales, independientemente de la edad. Las organizaciones no gubernamentales deben estar presentes en estos ámbitos. Ya hay un gran número de organizaciones activas en toda Europa, aunque la mayoría de ellas operan a pequeña escala y no tienen la proyección necesaria. Esta laguna podría colmarse con iniciativas de cooperación nacional entre las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos nacionales. |
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4.16.

| 4.17. | Los medios informativos de calidad y el periodismo fiable desempeñan un papel esencial en el suministro de información sólida y diversa a la población. Estos medios tradicionales están sufriendo problemas financieros, pues las plataformas están distribuyendo contenido producido por ellos sin compensarles por los costes en los que han incurrido, así como captando después sus beneficios mediante la venta de publicidad. Para mejorar la situación de las editoriales y garantizar que los titulares de los derechos reciban la compensación correspondiente a su trabajo cuando otros usen el fruto de su esfuerzo con fines comerciales, se acogería favorablemente la rápida celebración de un acuerdo sobre la reforma de los derechos de autor en la UE. Además, se recomienda buscar soluciones para ampliar la iniciativa anunciada por el Parlamento Europeo en septiembre de 2018 sobre la financiación europea específica para el apoyo al periodismo de investigación en la UE. Una prensa sólida y fiable conduce a una democracia sólida, donde persisten los valores de la verdad y la responsabilidad. La financiación es especialmente importante para los medios de comunicación más modestos, que a menudo se enfrentan a pleitos y demandas abusivas destinados a provocar su cierre. |
| --- | --- |

4.17.

| 4.18. | Para luchar contra las amenazas de desinformación internas y externas, la Comisión creó en 2015 el Grupo de trabajo East StratCom, centrado en la comunicación estratégica proactiva sobre políticas de la UE con el fin de combatir los intentos desestabilizadores de Rusia. El CESE acogería favorablemente que la Comisión fuese más proactiva a la hora de divulgar el trabajo de East StratCom entre el público, remitiendo a la población a la información presente en el sitio web del grupo de trabajo con el fin de aumentar la conciencia de las amenazas a nuestra democracia y la resistencia frente a ellas. Asimismo, es preciso incrementar el presupuesto del grupo de trabajo. El Parlamento Europeo acordó en octubre de 2017 que el presupuesto ascendiese a 1 000 000 EUR. Este presupuesto es apenas comparable con los recursos financieros que han invertido otros agentes como la Federación de Rusia. (El Departamento de Estado de los Estados Unidos calcula que la sofisticada campaña de influencia del Kremlin cuenta con un mecanismo de propaganda interna y externa por valor de 1 400 millones USD anuales, que, según afirma, llegaría a unos seiscientos millones de personas en ciento treinta países y en treinta lenguas). |
| --- | --- |

4.18.

| 4.19. | Además de otras acciones, se anima a la Comisión a centrar su atención en el hecho de que las instituciones y normativas nacionales de los Estados miembros en materia de seguridad de la información están a menudo poco desarrolladas. El marco normativo se encuentra obsoleto, con lo que se evita que las agencias reguladoras pertinentes controlen debidamente si los canales de desinformación respetan la normativa legal. La cooperación interinstitucional es insuficiente, y existe una deficiencia clara de estrategias nacionales a largo plazo para luchar contra las campañas de desinformación y elaborar discursos coherentes para grupos vulnerables de la población. También es esencial llevar a cabo una revisión exhaustiva de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, que actualmente permite a un medio de comunicación registrarse en cualquier Estado miembro de la UE siempre que uno de los miembros del consejo de administración de la empresa propietaria resida en dicho país, ya que permite llegar a públicos en los países europeos al tiempo que se explotan lagunas en la normativa de la UE. |
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4.19.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  Documento informativo REX/432 «La forma en que los medios de comunicación se utilizan para influir en los procesos sociales y políticos en la UE y los países de la Asociación Oriental».

1

(2)  2016/2276 (INI).

2

(3)  https://euvsdisinfo.eu.

3

(4)  En el documento de la Comisión se utiliza el término «ecosistema». El término «infraestructura» podría ser más apropiado en este contexto.

4

(5)  Comunicación de la Comisión COM(2018) 236 final.

5

(6)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0272+0+DOC+PDF+V0//ES

6

(7)  http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50271http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50271

7

(8)  http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/03/19-20/; http://www.consilium.europa.eu/media/33478/22-euco-final-conclusions-es.pdf; http://www.consilium.europa.eu/media/35940/28-euco-final-conclusions-es.pdf

8

(9)  «La estrategia y táctica de la campaña de desinformación pro-Kremlin», SEAE.

9

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ANEXO

La enmienda siguiente, que obtuvo como mínimo un cuarto de los votos, fue rechazada en el transcurso de los debates:

Punto 4.3

| 4.3. | Vivimos en una época caracterizada por relaciones políticas y democráticas sumamente polarizadas. Según algunos think tanks, como Freedom House, Economist Intelligence Unit y otros, la democracia se ha visto sometida a una presión creciente desde la crisis económica mundial de 2008. Una de las consecuencias de esta situación es un nuevo tipo de liderazgo político con un perfil que representa una ruptura con la tradición democrática que hemos construido en Europa en los últimos setenta años. En lugar de un liderazgo liberal elegido de forma democrática, cada vez nos encontramos con más «hombres fuertes» cuya elección se rodea de preguntas incisivas sobre la integridad de los procesos mediante los cuales fueron elegidos. Estábamos familiarizados con ese tipo de liderazgo fuera del ámbito de influencia de la UE, por ejemplo, en Rusia y China. Sin embargo, con representantes como Trump, Erdogan y los «demócratas iliberales» en Estados miembros de la UE —que se han hecho famosos por su preferencia por la desinformación, su desprecio por la democracia y una relación desquiciada con el Estado de Derecho— el fenómeno se está volviendo extremadamente potente e increíblemente cercano. |
| --- | --- |

4.3.

Resultado de la votación

| Votos a favor: | 68 |
| --- | --- |
| Votos en contra: | 82 |
| Abstenciones: | 24 |

Votos a favor:

68

Votos en contra:

82

Abstenciones:

24

---

| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/191 |
| --- | --- | --- | --- |

6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/191

---

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa» y se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1316/2013 y (UE) n.o 283/2014

[COM(2018) 438 final — 2018/0228 (COD)]

(2018/C 440/33)

| Ponente: | Aurel Laurenţiu PLOSCEANU |
| --- | --- |
| Coponente: | Graham WATSON |

Ponente:

Aurel Laurenţiu PLOSCEANU

Coponente:

Graham WATSON

| Consultas | Parlamento Europeo, 14.6.2018
  Consejo de la Unión Europea, .3.7.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículos 172, 194 y 304 del TFUE |
| Sección competente | Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información |
| Aprobado en sección | 6.9.2018 |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 144/0/1 |

Consultas

Parlamento Europeo, 14.6.2018

Consejo de la Unión Europea, .3.7.2018

Fundamento jurídico

Artículos 172, 194 y 304 del TFUE

Sección competente

Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información

Aprobado en sección

6.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

144/0/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El Comité Económico y Social Europeo (CESE) aboga por un presupuesto más sólido para el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) después de 2020, en el que las subvenciones sigan siendo el componente principal. Hay una serie de proyectos de infraestructuras de transporte, energéticas y digitales que son vitales para la competitividad de la UE, pero que no generan el rendimiento de la inversión necesario para atraer a los inversores privados. Es necesario un compromiso firme de la UE y de las autoridades públicas nacionales a este respecto. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El CESE recomienda a la Comisión Europea y a los Estados miembros que sigan fomentando las sinergias a nivel de proyectos entre los tres sectores, que actualmente son limitadas debido a la rigidez del marco presupuestario respecto de la subvencionabilidad de los proyectos y de los costes. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | El CESE recomienda a la Comisión que siga proporcionando el apoyo técnico (Acción de apoyo al programa MCE) para promover la subvencionabilidad de los proyectos maduros y de alta calidad, y apoyar la continuidad de la prestación de este tipo de asistencia, junto con una actualización de los criterios de evaluación para facilitar la identificación del valor añadido de los proyectos. Deberían adoptarse nuevas medidas para simplificar los requisitos administrativos, no solo para las pequeñas subvenciones. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | El CESE insta a los colegisladores a que mantengan el compromiso asumido en el anterior Reglamento del MCE de destinar «la mayor parte» del presupuesto de energía a proyectos de electricidad. Esto es esencial para garantizar que el MCE se ajuste a la política climática y energética de la UE y evitar que el MCE se convierta en una fuente importante de financiación de proyectos de energía fósil dentro del marco financiero plurianual (MFP). Es importante que este compromiso se refuerce y no se debilite en el MCE 2021-2027. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | El CESE considera que los criterios de adjudicación para los proyectos enumerados en el artículo 13 deberían ampliarse para incluir la seguridad del suministro de todos los tipos de energía (electricidad, gas, calor, etc.) y las reducciones específicas de las emisiones de carbono de cada proyecto. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | El CESE subraya que el MCE debe centrarse en proyectos energéticos capaces de garantizar una mayor seguridad e independencia energética para la UE. También hay que crear nuevas instalaciones de almacenamiento de electricidad con el apoyo del MCE. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | El CESE recomienda que se incremente la capacidad financiera del programa del MCE en el marco del próximo MFP. Por lo que respecta a la distribución de ayudas entre los tres sectores, el CESE recomienda que se tengan en cuenta los requisitos financieros —como la intensidad de capital y el rendimiento de la inversión— de cada uno de ellos, otorgándose prioridad a aquellas inversiones que no puedan financiarse en el mercado a fin de mantener un alto nivel de credibilidad y atractivo para los inversores |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | Por consiguiente, el CESE recomienda que se incremente la dotación presupuestaria total del MCE, habida cuenta del carácter crítico de estos sectores para el mercado interior. |
| --- | --- |

1.8.

| 1.9. | El CESE subraya que tanto la Comisión como los Estados miembros deben mantener su compromiso con los principales objetivos de la política de transportes del MCE: la conclusión de la red básica de la red transeuropea de transporte (RTE-T) para 2030 y la transición hacia una movilidad limpia, competitiva, innovadora y conectada, que incluya un pilar europeo de infraestructura de recarga de combustibles alternativos para 2025. Las conexiones multimodales y transfronterizas son extremadamente importantes a este respecto. |
| --- | --- |

1.9.

| 1.10. | El CESE insta a los colegisladores a que garanticen una competencia amplia y leal para los proyectos que se benefician de los fondos del MCE, respetando en la práctica la reciprocidad y recurriendo a condiciones contractuales que combinen la eficiencia y una asignación equitativa de los riesgos. |
| --- | --- |

1.10.

| 1.11. | El CESE recomienda a los colegisladores que velen por que la participación en los correspondientes procedimientos de licitación esté abierta únicamente a las empresas de los países en los que los mercados correspondientes estén abiertos, respetando la reciprocidad real, y por que el modelo de contrato estándar utilizado sea adecuado a los objetivos y las circunstancias del proyecto. Las condiciones del contrato deben estar redactadas de tal modo que se asignen de manera equitativa los riesgos vinculados al contrato, con el objetivo principal de lograr el precio más económico y una ejecución eficiente del contrato. Este principio debe aplicarse con independencia de que se utilicen modelos de contrato estándar nacionales o internacionales (basados en el artículo 3.21 de las políticas y las normas de contratación del BERD de 1 de noviembre de 2017). |
| --- | --- |

1.11.

| 1.12. | El CESE apoya firmemente la propuesta de incluir en el MCE 2021-2027 la cooperación transfronteriza en materia de generación de energía renovable. El CESE sugiere que la estrategia general de las acciones en materia de energías renovables en el marco del MCE sea crear una red europea de electricidad renovable que permita una integración más eficaz de las tecnologías de energías renovables y refleje mejor el potencial disponible de las tecnologías en todo el continente. |
| --- | --- |

1.12.

| 1.13. | El CESE acoge favorablemente la inclusión de las instalaciones de energías renovables entre los proyectos subvencionables en la parte energética del MCE y recomienda que se modifique para incluir tanto los proyectos de gran envergadura como las carteras de proyectos de pequeña envergadura, a fin de que todas las tecnologías puedan competir equitativamente por los fondos. |
| --- | --- |

1.13.

| 1.14. | El CESE recomienda que los objetivos del MCE enumerados en el artículo 3 se amplíen para incluir no solo la facilitación de la cooperación transfronteriza en el ámbito de las energías renovables, sino también la mención explícita al despliegue de las energías renovables. |
| --- | --- |

1.14.

| 1.15. | El CESE señala que la adquisición de terrenos está excluida de los costes subvencionables a que se refiere el artículo 15, letra c), e insta a los colegisladores a que estudien si ello podría beneficiar o perjudicar a determinados proyectos y tecnologías. Para sectores como el transporte y las energías renovables, la adquisición de terrenos es una parte importante de la inversión. |
| --- | --- |

1.15.

| 1.16. | El CESE recuerda a la Comisión que los interconectores energéticos transfronterizos son factores clave en la integración de las energías renovables, no solo porque permiten la transmisión a larga distancia de electricidad renovable, fomentando el uso de fuentes de electricidad más limpias y baratas en toda Europa, sino también porque actúan como fuente de flexibilidad esencial del sistema. |
| --- | --- |

1.16.

| 1.17. | El CESE recomienda que se aprovechen plenamente las oportunidades que ofrece la digitalización de las redes energéticas y la creación de redes inteligentes para integrar las energías renovables, y recomienda a la Comisión que estudie la manera de sacar provecho de las sinergias entre los sectores digital y energético del MCE en este punto. El CESE señala la falta de proyectos de redes inteligentes en el marco del MCE 2014-2020, debido en parte a los obstáculos a la financiación de proyectos de redes de distribución más bajas, a diferencia de los proyectos de redes de transporte de alta tensión. |
| --- | --- |

1.17.

| 1.18. | El CESE recomienda que el MCE garantice también la existencia de mecanismos para certificar en qué casos se utiliza la electricidad renovable en las aplicaciones de transporte, por ejemplo, mediante el uso de certificados de garantía de origen renovable. |
| --- | --- |

1.18.

| 1.19. | El CESE subraya la necesidad de dar prioridad a los proyectos a gran escala a nivel de la UE para digitalizar el transporte, como el ERTMS (Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario), SESAR (Investigación sobre la gestión del tráfico aéreo en el contexto del Cielo Único Europeo) y la conducción autónoma. Para equipar la red básica con el ERTMS de aquí a 2030 se precisa invertir 15 000 millones EUR. Deberá financiarse un proyecto a gran escala en toda la UE mediante subvenciones procedentes de diferentes clústeres del MCE, fondos privados y una combinación de componentes de InvestEU. |
| --- | --- |

1.19.

| 1.20. | El CESE pide que se garantice la cobertura 5G de la red RTE-T, que es fundamental. |
| --- | --- |

1.20.

| 1.21. | El CESE pide que se tomen medidas tales como controles eficaces, alojamiento moderno para pernoctar y plazas de aparcamiento suficientes con los equipos adecuados. |
| --- | --- |

1.21.

| 1.22. | Asimismo, el CESE considera que debería estudiarse la posibilidad de mejorar los métodos de comunicación en relación con los logros del MCE. Un presupuesto de comunicación puede ser una herramienta útil en este sentido. También debe tenerse en cuenta una mayor previsibilidad. |
| --- | --- |

1.22.

| 1.23. | El CESE recomienda que se consideren acciones adicionales para liberar todo el potencial del programa, teniendo en cuenta que la intervención del MCE fue decisiva para poner en marcha la mayoría de los proyectos y ha demostrado ser un catalizador importante tanto para la inversión pública como para la privada. Debe reforzarse un vínculo complementario mejorado entre el MCE y otros programas (como Horizonte Europa, InvestEU y el Fondo de Cohesión) para evitar solapamientos y optimizar los recursos presupuestarios. |
| --- | --- |

1.23.

| 1.24. | El CESE considera que la dotación de cohesión es clave para la realización de las partes de las redes básicas en los Estados miembros de la cohesión y recomienda a la Comisión Europea y a los Estados miembros que mantengan la parte del Fondo de Cohesión bajo la gestión directa del MCE en el próximo MFP. Las prioridades de transporte del MCE deben contar con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En cualquier caso, los fondos se mantendrán en el Estado miembro subvencionable. |
| --- | --- |

1.24.

| 1.25. | El CESE sugiere que se ajuste la metodología de evaluación, ya que el éxito del MCE no está garantizado únicamente por la cantidad de dinero asignada y el número de proyectos apoyados.
  El CESE propone mejoras de la metodología de evaluación del MCE. Al final del período 2014-2020 se debería realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa real de los proyectos finalizados y de los que se encuentran en un nivel avanzado de construcción. El CESE pide que se revisen, en particular, los avances en el desarrollo de la RTE-T, así como los cambios en los flujos de transporte de pasajeros y mercancías. Pide asimismo que se lleve a cabo un análisis socioeconómico de los costes y beneficios de los proyectos de la RTE-T, que tenga en cuenta los costes y beneficios sociales, económicos, relacionados con el clima y medioambientales pertinentes. |
| --- | --- |

1.25.

El CESE propone mejoras de la metodología de evaluación del MCE. Al final del período 2014-2020 se debería realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa real de los proyectos finalizados y de los que se encuentran en un nivel avanzado de construcción. El CESE pide que se revisen, en particular, los avances en el desarrollo de la RTE-T, así como los cambios en los flujos de transporte de pasajeros y mercancías. Pide asimismo que se lleve a cabo un análisis socioeconómico de los costes y beneficios de los proyectos de la RTE-T, que tenga en cuenta los costes y beneficios sociales, económicos, relacionados con el clima y medioambientales pertinentes.

| 1.26. | El CESE pide que se acuerden medidas específicas sobre los objetivos generales de protección del clima. |
| --- | --- |

1.26.

| 1.27. | El CESE pide que las metrópolis se tengan en cuenta en los principales proyectos de infraestructuras, con independencia de que puedan o no recibir financiación del Fondo de Cohesión. |
| --- | --- |

1.27.

| 1.28. | El CESE recomienda que se adopten medidas concretas para garantizar el atractivo de la readaptación, repotenciación o mejora de la infraestructura existente, que sigue siendo el pilar de la red existente y de la capacidad instalada. |
| --- | --- |

1.28.

| 1.29. | El CESE apoya el desarrollo de infraestructuras de doble uso, civil y de defensa —infraestructuras tanto físicas como tecnológicas (por ejemplo, ERTMS y SESAR)—, en el marco del MCE y recomienda un enfoque abierto y proactivo en el nuevo contexto geopolítico internacional (Iniciativa Tres Mares, etc.). |
| --- | --- |

1.29.

| 1.30. | El CESE recomienda que el Mecanismo «Conectar Europa» dé prioridad a las inversiones en las infraestructuras transfronterizas de la RTE-T para obtener una capacidad coherente y evitar los cuellos de botella en todos los modos de transporte, a fin de lograr una red de transporte plenamente integrada. |
| --- | --- |

1.30.

2.   Presentación de la propuesta de la Comisión

| 2.1. | La propuesta tiene por objeto establecer la base jurídica del MCE para el período posterior a 2020 y se presenta para una Unión de veintisiete Estados miembros. |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | La propuesta de la Comisión (1) de 2 de mayo de 2018 para el MFP posterior a 2020 incluye un importe de 42 265 millones EUR para el MCE, según se enumera a continuación:







  MCE 2021-2027 | Cifras a precios corrientes — EUR |
| --- | --- | --- |
| Transportes
  En particular: | 30 615 493 000 |
| — | Dotación general: |

2.2.

MCE 2021-2027

Cifras a precios corrientes — EUR

Transportes

En particular:

30 615 493 000

—

Dotación general:

| — | Contribución del Fondo de Cohesión |
| --- | --- |

—

Contribución del Fondo de Cohesión

| — | Ayuda para movilidad militar |
| --- | --- |

—

Ayuda para movilidad militar

12 830 000 000

11 285 493 000

6 500 000 000

Energía

8 650 000 000

Digital

3 000 000 000

TOTAL

42 265 493 000

| 2.3. | El objetivo es que Europa avance hacia una movilidad sin víctimas, sin emisiones y sin papel, que se convierta en líder mundial de las energías renovables y pionera de la economía digital. |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | El MCE apoya la inversión en infraestructura de transporte, energética y digital a través del desarrollo de las redes transeuropeas (RTE) y también promueve la cooperación transfronteriza en la generación de energía renovable. Estas redes y la cooperación transfronteriza son cruciales para el funcionamiento del mercado único y también estratégicas para implementar la Unión de la Energía, el mercado único digital y el desarrollo de modos de transporte sostenibles. |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | El MFP 2021-2027 fija una meta más ambiciosa que integre el clima en todos los programas de la UE con el objetivo de que el 25 % del gasto de la UE contribuya a los objetivos climáticos. Se espera que el MCE contribuya de manera considerable a este objetivo, destinando un 60 % de su dotación a objetivos climáticos. |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | Las necesidades futuras para la descarbonización y digitalización exigirán una convergencia creciente de los sectores digital, del transporte y de la energía. Así pues, conviene aprovechar plenamente las sinergias entre los tres sectores y maximizar la eficacia y la eficiencia de la ayuda de la UE. Para incentivar y dar prioridad a las propuestas intersectoriales, la posibilidad de sinergia de una acción propuesta se evaluará con arreglo a los criterios de adjudicación. |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | El objetivo del MCE es que el transporte contribuya a la conclusión de las dos capas de la RTE-T (la red básica para 2030 y la capa más extensa para 2050). Se calcula que la conclusión de la red básica de la RTE-T creará 7,5 millones de puestos de trabajo entre 2017 y 2030 con un aumento adicional del PIB del 1,6 % en 2030. |
| --- | --- |

2.7.

| 2.8. | Por primera vez, la financiación de la Unión para la ejecución de los proyectos de transporte de doble uso, civil y militar, debería ser implementada por el MCE. |
| --- | --- |

2.8.

| 2.9. | En el sector de la energía se aspira a la conclusión de las redes transeuropeas de energía creando proyectos de interés común que supongan una mayor integración del mercado interior de la energía y la interoperabilidad de las redes a través de las fronteras y los sectores; a un desarrollo sostenible propiciando la descarbonización, en particular mediante la integración de fuentes de energía renovables, y a la seguridad del suministro, entre otras cosas gracias a unas infraestructuras inteligentes y digitalizadas. |
| --- | --- |

2.9.

| 2.10. | En lo tocante al sector digital, el MCE maximiza los beneficios que todos los ciudadanos, empresas y administraciones públicas pueden obtener del mercado único digital. |
| --- | --- |

2.10.

| 2.11. | Las infraestructuras de transporte, energéticas y digitales contarán con el apoyo variable de diversos programas e instrumentos financieros de la UE, entre los cuales están el MCE, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión, Horizonte Europa, el Fondo InvestEU y LIFE. |
| --- | --- |

2.11.

| 2.12. | Las acciones del Programa deben utilizarse para corregir de forma proporcionada deficiencias del mercado o situaciones de inversión inferiores a las óptimas, sin duplicar ni desplazar la financiación privada, y deben poseer un claro valor añadido europeo. |
| --- | --- |

2.12.

| 2.13. | La Comisión Europea adoptó el 13 de febrero de 2018 (2) los resultados de las evaluaciones ex post con arreglo a cinco criterios: eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y valor añadido europeo. A continuación se presentan algunos extractos:






  — | el MCE es un instrumento eficaz y preciso para invertir en los sectores de la RTE, del transporte, de la energía y digital. Desde 2014 ha invertido 25 000 millones EUR, lo que ha generado aproximadamente 50 000 millones EUR de inversiones en infraestructura en la UE; |
| --- | --- | --- |

2.13.

—

el MCE es un instrumento eficaz y preciso para invertir en los sectores de la RTE, del transporte, de la energía y digital. Desde 2014 ha invertido 25 000 millones EUR, lo que ha generado aproximadamente 50 000 millones EUR de inversiones en infraestructura en la UE;

| — | el MCE ofrece un elevado valor añadido europeo para todos los Estados miembros al respaldar proyectos de conectividad de dimensión transfronteriza; |
| --- | --- |

—

el MCE ofrece un elevado valor añadido europeo para todos los Estados miembros al respaldar proyectos de conectividad de dimensión transfronteriza;

| — | es la primera vez que se ejecuta un porcentaje del presupuesto de cohesión (11 300 millones EUR para transporte) en un régimen de gestión directa en el marco del MCE; |
| --- | --- |

—

es la primera vez que se ejecuta un porcentaje del presupuesto de cohesión (11 300 millones EUR para transporte) en un régimen de gestión directa en el marco del MCE;

| — | el MCE ha seguido utilizando y desarrollando instrumentos financieros innovadores. Sin embargo, su despliegue ha sido limitado debido a las nuevas posibilidades que ofrece el FEIE; |
| --- | --- |

—

el MCE ha seguido utilizando y desarrollando instrumentos financieros innovadores. Sin embargo, su despliegue ha sido limitado debido a las nuevas posibilidades que ofrece el FEIE;

| — | asimismo, el MCE ha puesto a prueba sinergias transfronterizas, pero de una manera limitada debido al marco jurídico/presupuestario actual. Debería aumentarse la flexibilidad de las orientaciones normativas sectoriales y del instrumento del MCE con miras a facilitar las sinergias y aumentar la receptividad a nuevos avances tecnológicos y nuevas prioridades, como la digitalización, y, al mismo tiempo, acelerar la descarbonización y hacer frente a retos sociales comunes como la ciberseguridad. |
| --- | --- |

—

asimismo, el MCE ha puesto a prueba sinergias transfronterizas, pero de una manera limitada debido al marco jurídico/presupuestario actual. Debería aumentarse la flexibilidad de las orientaciones normativas sectoriales y del instrumento del MCE con miras a facilitar las sinergias y aumentar la receptividad a nuevos avances tecnológicos y nuevas prioridades, como la digitalización, y, al mismo tiempo, acelerar la descarbonización y hacer frente a retos sociales comunes como la ciberseguridad.

| 2.14. | La Comisión propone continuar la aplicación del nuevo programa, en los tres sectores del MCE, con gestión directa por la Comisión Europea y su Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA). |
| --- | --- |

2.14.

| 2.15. | El presupuesto propuesto cubrirá todos los gastos operativos necesarios para la ejecución del Programa, así como los gastos en recursos humanos y otros gastos administrativos vinculados a su gestión. |
| --- | --- |

2.15.

| 2.16. | En comparación con el MCE 2014-2020, se implantará un marco de rendimiento más sencillo pero también más sólido para supervisar la consecución de los objetivos y su contribución a los objetivos de actuación de la UE. Los indicadores para supervisar la ejecución y los avances estarán vinculados a lo siguiente:






  — | unas redes e infraestructuras eficientes e interconectadas para lograr una movilidad inteligente, sostenible, integradora y segura desde el punto de vista operativo y físico, así como la adaptación a las necesidades de la movilidad militar; |
| --- | --- | --- |

2.16.

—

unas redes e infraestructuras eficientes e interconectadas para lograr una movilidad inteligente, sostenible, integradora y segura desde el punto de vista operativo y físico, así como la adaptación a las necesidades de la movilidad militar;

| — | la contribución a la interconectividad y la integración de los mercados, la seguridad del abastecimiento energético y el desarrollo sostenible propiciando la descarbonización; la contribución a la cooperación transfronteriza en el ámbito de las energías renovables; |
| --- | --- |

—

la contribución a la interconectividad y la integración de los mercados, la seguridad del abastecimiento energético y el desarrollo sostenible propiciando la descarbonización; la contribución a la cooperación transfronteriza en el ámbito de las energías renovables;

| — | la contribución a la instalación de la infraestructura de conectividad digital en toda la UE. |
| --- | --- |

—

la contribución a la instalación de la infraestructura de conectividad digital en toda la UE.

3.   Observaciones generales y específicas

| 3.1. | El CESE subraya la importancia estratégica del programa MCE desde el punto de vista de la integración del mercado interior, la movilidad inteligente y la oportunidad de aportar un valor añadido tangible para los ciudadanos, la cohesión social y las empresas a través de este programa, así como la prosperidad y el valor añadido para el conjunto de la UE.
  A finales de 2017, el MCE-Transporte ya había asignado 21 300 millones EUR en subvenciones a proyectos de la RTE-T, lo que generó una inversión total por un valor de 41 600 millones EUR. |
| --- | --- |

3.1.

A finales de 2017, el MCE-Transporte ya había asignado 21 300 millones EUR en subvenciones a proyectos de la RTE-T, lo que generó una inversión total por un valor de 41 600 millones EUR.

| 3.2. | Durante 2018 se firmarán nuevos acuerdos de subvención para una convocatoria de financiación combinada consistente en subvenciones del MCE y financiación privada con cargo, entre otros, al FEIE (Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas). Se calcula que por cada mil millones EUR invertidos en la red básica de la RTE-T se crearán hasta 20 000 puestos de trabajo. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | El CESE acoge favorablemente en líneas generales la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa» y se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1316/2013 y (UE) n.o 283/2014 para el período 2021-2027. |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | El CESE reconoce que el MCE es uno de los programas más exitosos de la UE y subraya la importancia estratégica del MCE en lo que respecta a la integración del mercado interior, la conclusión de la Unión de la Energía, la movilidad inteligente y la oportunidad de que la UE aporte un valor añadido tangible a los ciudadanos, la cohesión social y las empresas. |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | El CESE considera que la capacidad financiera del programa del MCE en el marco del próximo MFP debería incrementarse y equilibrarse mejor a fin de mantener un alto nivel de credibilidad y atractivo para los inversores. Un presupuesto insuficiente pondría en peligro la conclusión de las redes RTE-T y RTE-E, lo que, de hecho, depreciaría las inversiones ya realizadas con fondos públicos. |
| --- | --- |

3.5.

| 3.6. | El CESE hace hincapié en que las inversiones en proyectos de transporte digital, innovador y sostenible deben acelerarse para avanzar hacia un sistema de transporte eficiente, más seguro, accesible a todos, moderno, plenamente integrado y más ecológico. La cohesión social a escala de la UE debe reforzarse mediante el aumento de las inversiones públicas en proyectos de la UE y de valor añadido regional. |
| --- | --- |

3.6.

| 3.7. | El CESE considera que las sinergias a nivel de proyectos entre los tres sectores actualmente son limitadas debido a la rigidez del marco presupuestario respecto de la subvencionabilidad de los proyectos y de los costes. |
| --- | --- |

3.7.

| 3.8. | El CESE acoge con satisfacción el apoyo técnico prestado para promover la subvencionabilidad de los proyectos maduros y de alta calidad y apoya la continuidad en la prestación de este tipo de asistencia, junto con una actualización de los criterios de evaluación para identificar más fácilmente el valor añadido de los proyectos. Deben adoptarse nuevas medidas para simplificar los requisitos administrativos, no solo para las pequeñas subvenciones. |
| --- | --- |

3.8.

| 3.9. | El CESE subraya que tanto la Comisión como los Estados miembros deben mantener su compromiso con los principales objetivos políticos del MCE: la conclusión de la red básica de la RTE-T para 2030 y la transición hacia una movilidad limpia, competitiva, innovadora y conectada, que incluya un pilar europeo de infraestructura de recarga de combustibles alternativos en la UE para 2025. Las conexiones multimodales y transfronterizas son extremadamente importantes a este respecto. |
| --- | --- |

3.9.

| 3.10. | El MCE debe centrarse en proyectos energéticos capaces de garantizar una mayor seguridad e independencia energética para la UE. También hay que crear instalaciones de almacenamiento de electricidad con el apoyo del MCE. |
| --- | --- |

3.10.

| 3.11. | El CESE considera que los interconectores energéticos transfronterizos son factores clave en la integración de las energías renovables, no solo porque permiten la transmisión a larga distancia de electricidad renovable, sino también porque actúan como fuente de flexibilidad esencial del sistema. |
| --- | --- |

3.11.

| 3.12. | Debe reforzarse el papel de los coordinadores europeos para generar una evaluación exhaustiva de los proyectos finalizados o en fase avanzada de construcción, de los logros reales y de los cuellos de botella restantes. La Comisión debe velar por que la prioridad de las convocatorias refleje su evaluación. |
| --- | --- |

3.12.

| 3.13. | El CESE opina que el sector del transporte debe aprovechar plenamente las ventajas que ofrecen las tecnologías digitales e innovadoras, y reconoce que las infraestructuras de transporte nuevas e innovadoras son más atractivas para la inversión, especialmente la del sector privado. |
| --- | --- |

3.13.

| 3.14. | El CESE considera que la inversión en el transporte, y en particular en la red transeuropea de transporte (RTE-T), es crucial para el crecimiento y el empleo en Europa. Por ello, aboga por un presupuesto más sólido para el Mecanismo «Conectar Europa» después de 2020, en el que las subvenciones sigan siendo el componente principal. De hecho, hay una serie de proyectos de infraestructuras de transporte que son vitales para la competitividad de la UE, pero que no generan el rendimiento de la inversión necesario para atraer a los inversores privados. Por tanto, requieren un compromiso firme de la UE y de las autoridades públicas nacionales a este respecto. |
| --- | --- |

3.14.

| 3.15. | La Comisión Europea debería preservar la integridad de la capacidad financiera del MCE y no recortar más en favor de otros programas (FEIE, Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa). |
| --- | --- |

3.15.

| 3.16. | El CESE subraya la necesidad de dar prioridad a los proyectos a gran escala a nivel de la UE para digitalizar el transporte, como el ERTMS, SESAR y la conducción autónoma. Para la realización de estos proyectos se necesita una combinación de recursos: fondos públicos del MCE y fondos privados garantizados por InvestEU. La cobertura 5G de la RTE-T sería igualmente fundamental. Solo el 8 % de los 51 000 km de corredores de la red básica fue equipado con el sistema ERTMS entre 1995 y 2016; al ritmo actual, se necesitarán más de doscientos años para equipar toda la red básica. Este proyecto, cuya realización antes de 2030 requerirá una inversión de 15 000 millones EUR y acelerar considerablemente el programa, dará paso a un tráfico ferroviario fluido en Europa, con mayor capacidad, seguridad y puntualidad. |
| --- | --- |

3.16.

| 3.17. | La movilidad eléctrica es una parte esencial de la transición hacia el transporte sostenible y también ofrece la posibilidad de intercambios vehículo-red en los que la capacidad de almacenamiento de baterías de los vehículos eléctricos se utiliza como fuente de flexibilidad para la red. La interoperabilidad de las interfaces de vehículo-red debería ser una prioridad clave en toda la UE. El MCE debería garantizar también la existencia de mecanismos para certificar en qué casos se utiliza la electricidad renovable en las aplicaciones de transporte, por ejemplo, mediante el uso de certificados de garantía de origen renovable. |
| --- | --- |

3.17.

| 3.18. | Las sinergias son fundamentales para el éxito de la aplicación del MCE. Algunos ejemplos de estas sinergias son los puntos de recarga de vehículos eléctricos alimentados por electricidad renovable, los «puertos para automóviles» solares fotovoltaicos y el desarrollo de la tecnología de interfaz vehículo-red. |
| --- | --- |

3.18.

| 3.19. | También debería considerarse la electrificación del transporte por carretera. En el caso de los camiones y autobuses, se necesitarían 10 000 millones EUR para electrificar unos 7 000 km de carreteras en el período de referencia. |
| --- | --- |

3.19.

| 3.20. | El desarrollo y la rehabilitación de las infraestructuras de transporte en la UE siguen estando bastante fragmentados y representan un reto importante en términos de capacidad y financiación. Es de importancia estratégica para garantizar tanto el crecimiento sostenible, el empleo y la competitividad como la cohesión social y territorial en la UE. |
| --- | --- |

3.20.

| 3.21. | El sector de las infraestructuras de transporte da trabajo a 11,2 millones de personas. En general, las necesidades y las condiciones de trabajo también deben tenerse en cuenta en el marco del MCE. El CESE pide que se tomen medidas tales como controles eficaces, alojamiento moderno para pernoctar y plazas de aparcamiento suficientes con los equipos adecuados. |
| --- | --- |

3.21.

| 3.22. | El CESE observa que, en su versión actual, la propuesta de la Comisión representa un debilitamiento del compromiso anterior de destinar la «mayor parte» del sector energético a proyectos eléctricos. El CESE acoge con satisfacción la expectativa de la Comisión de que esto se cumpla en el MCE actual antes de que finalice el período de programación. El cumplimiento de este compromiso es esencial para garantizar que el MCE se ajuste a la política climática y energética de la UE. |
| --- | --- |

3.22.

| 3.23. | En relación con la inclusión de las instalaciones de energías renovables entre los proyectos subvencionables en la parte energética del MCE, esto ha de modificarse para incluir tanto los proyectos de gran envergadura como las carteras de proyectos de pequeña envergadura. Esto constituye un elemento clave para hacer un mejor uso de los fondos de la UE para las energías renovables, tal como se describe en la refundición de la Directiva sobre energías renovables. |
| --- | --- |

3.23.

| 3.24. | Reconocemos que, a precios constantes, la asignación de 2021-2027 al MCE y la contribución del Fondo de Cohesión representan recortes del 12-13 %. Es necesario revisar este aspecto. Asimismo, es importante cumplir las prioridades de transporte del MCE. El porcentaje del Fondo Europeo de Desarrollo Regional no comprometido por los Estados miembros beneficiarios en los tres primeros años se asignará en el mismo país de acuerdo con estas prioridades. |
| --- | --- |

3.24.

| 3.25. | La evaluación intermedia del MCE se centró principalmente en los aspectos cuantitativos, a pesar del carácter muy tangible de la mayoría de los proyectos. |
| --- | --- |

3.25.

| 3.26. | Al final del período 2014-2020 se debería realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa real de los proyectos finalizados y de los que se encuentran en un nivel avanzado de construcción. |
| --- | --- |

3.26.

| 3.27. | El proyecto no incluye una evaluación de la eficacia de los proyectos, tal como criticó el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) en su informe de 2018. Por tanto, el CESE pide que se revisen, en particular, los avances en el desarrollo de la RTE-T, así como los cambios en los flujos de transporte de pasajeros y mercancías. Pide asimismo que se lleve a cabo un análisis socioeconómico de los costes y beneficios de los proyectos de la RTE-T, que tenga en cuenta los costes y beneficios sociales, económicos, relacionados con el clima y medioambientales pertinentes. |
| --- | --- |

3.27.

| 3.28. | El CESE señala que el éxito del MCE no depende únicamente de la cantidad de dinero asignada y el número de proyectos apoyados. Ha de ajustarse la metodología de evaluación. |
| --- | --- |

3.28.

| 3.29. | Asimismo, el CESE considera que debería estudiarse la posibilidad de mejorar los métodos de comunicación en relación con los logros del MCE. También se necesita una mayor previsibilidad. |
| --- | --- |

3.29.

| 3.30. | Las metrópolis europeas son las regiones de la UE con más tráfico: casi todo el transporte tiene su origen o destino en una metrópolis. El CESE pide que las aglomeraciones se tengan en cuenta en los principales proyectos de infraestructuras, con independencia de que puedan o no recibir financiación del Fondo de Cohesión. |
| --- | --- |

3.30.

| 3.31. | El CESE acoge con satisfacción el hecho de que, por primera vez en la historia, el MCE apoye infraestructuras de transporte de doble uso, civil y militar, con 6 500 millones EUR, con el fin de mejorar la movilidad militar en la UE, de conformidad con la Comunicación conjunta de noviembre de 2017 (3) y el Plan de acción de marzo de 2018 (4). |
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3.31.

| 3.32. | El CESE acoge favorablemente los objetivos establecidos en el documento «Plan de acción sobre movilidad militar» y apoya la creación de una Unión de Defensa, tanto en lo que se refiere a la mejora de las infraestructuras como a la creación de sinergias. La infraestructura de doble uso, civil y defensivo, se desarrollará a lo largo de la red RTE-T y también en las regiones más expuestas a riesgos militares. |
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3.32.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

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(1)  COM(2018) 321 final.

1

(2)  COM(2018) 066 final.

2

(3)  Bruselas, 10.11.2017 JOIN(2017) 41 final COMUNICACIÓN CONJUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO, «Mejora de la movilidad militar en la Unión Europea».

3

(4)  Bruselas, 28.3.2018 JOIN(2018) 5 final COMUNICACIÓN CONJUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO relativa al plan de acción sobre movilidad militar.

4

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| 6.12.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 440/199 |
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6.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/199

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda para el período 2021-2027 («Programa Pericles IV»)

[COM(2018) 369 final — 2018/0194 (CNS)]

(2018/C 440/34)

| Consulta | Comisión Europea, 18.6.2018 |
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| Fundamento jurídico | Artículos 133 y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social |
| Aprobado en el pleno | 19.9.2018 |
| Pleno n.o | 537 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 207/0/1 |

Consulta

Comisión Europea, 18.6.2018

Fundamento jurídico

Artículos 133 y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

207/0/1

Considerando que el contenido de la propuesta es satisfactorio y no es objeto de ninguna observación por su parte, el Comité, en su 537.o pleno, celebrado los días 19 y 20 de septiembre de 2018 (sesión del 19 de septiembre de 2018), decidió por 207 votos a favor y 1 abstención emitir un dictamen favorable sobre la propuesta.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

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