Número Identificador

 RES2024__________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

FIRSTBANK PUERTO RICO

Recurrido

v.

CARMEN ROJAS COSME

Peticionaria

KLAN202400573

Apelación

Acogido como

Certiorari

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de

Carolina

Caso Núm.

F CD2006-2275

Sobre:

Cobro de Dinero

Ejecución de 

Hipoteca

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2024.

I.

El 19 de diciembre de 2014, notificada el 7 de enero de 2015, 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, dictó Sentencia

mediante la cual declaró HA LUGAR Demanda sobre ejecución de 

hipoteca1 instada por First Bank Puerto Rico contra la Sra. Carmen

Rojas Cosme. Aproximadamente diez (10) años después, el 8 de 

mayo de 2024, la señora Rojas Cosme, mediante Moción de sentencia 

sumaria presentada por derecho propio, alegó que el foro primario 

no le notificó sobre la Moción de sentencia sumaria de demandante 

First Bank Puerto Rico y que, además existió fraude. Arguyó, que no 

existe causa en la obligación contractual dado que realizó una 

segunda hipoteca sobre su hogar sin que se le entregase dinero 

alguno.

El 13 de mayo de 2024, notificada el 15, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró NO HA LUGAR a la Moción de sentencia 

1 La Sentencia forma parte del Recurso de Apelación, FirstBank Puerto Rico v. 

Carmen Rojas Cosme, Caso Núm. FCD2006-2275.
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sumaria instada por la señora Rojas Cosme, y expresó que en el 

presente caso existe Sentencia final y firme. Aun inconforme, el 10 

de junio de 2024, la señora Rojas Cosme, acudió ante nuestra 

consideración mediante Apelación. Plantea:

PRIMER ERROR:

EL DEBIDO PROCESO DE LEY REQUERÍA QUE 

SE NOS NOTIFICARA LA MOCIÓN DE 

SENTENCIA SUMARIA DE LA APELADA.

SEGUNDO ERROR:

LA APELADA NO CONTESTÓ NUESTRA MOCIÓN 

DE SENTENCIA DEL CÓDIGO CIVIL.

TERCER ERROR:

HAY UNA PRESUNCIÓN DE FRAUDE JURE ET DE 

JURIS SEGÚN EL ART.1249 DEL CÓDIGO CIVIL, 

QUE NO ADMITE PRUEBA EN CONTRARIO.

CUARTO ERROR:

EL ART.1227 ESTABLECE QUE LOS 

CONTRATOS SIN CAUSA NO PRODUCEN 

EFECTO ALGUNO.

Examinado su recurso, el 12 de junio de 2024, emitimos 

Resolución concediéndole el término de cinco (5) días para acreditar 

cumplimiento con la Regla 13(B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, y demás exigencias reglamentarias.

2

El 13 de junio de 2024, la señora Rojas Cosme presentó 

Moción sometiendo documentos sobre la acreditación de notificación 

al Tribunal de Primera Instancia. Posteriormente, el 20 de junio de 

2024, presentó Moción cumpliendo resolución pertinente a la 

acreditación de notificación a la parte apelada. Sostiene que cumplió 

con el requisito de notificación a la parte apelada por medio de 

correo postal.

El 28 de junio de 2024 concedimos a la parte apelada treinta 

(30) días para presentar su alegato en oposición. Oportunamente 

compareció First Bank Puerto Rico, el 22 de julio de 2024. En 

síntesis, solicita la desestimación del recurso o en la alternativa 

acogerlo como un recurso de Certiorari y denegar su expedición.

2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13(B).
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II.

Sabemos que los tribunales debemos ser celosos guardianes 

de nuestra jurisdicción.3 Las cuestiones relativas a la jurisdicción, 

por ser privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia a 

cualesquiera otras.4 Por lo que, los tribunales tienen el deber 

indelegable de verificar su propia jurisdicción a los fines de poder 

atender los recursos presentados ante éstos.5 Los tribunales no 

pueden atribuirse jurisdicción si no la tienen, ni las partes en litigio 

pueden otorgársela.6

Así, cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad 

para atender un recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el 

caso.7 La ausencia de jurisdicción es insubsanable,8 por lo que, 

determinada la misma, sólo así puede declararse y desestimar el 

caso.9 Conforme lo anterior, la Regla 83 de nuestro Reglamento10

sobre desistimiento y desestimación, nos concede facultad para 

desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación o denegar 

la expedición de un auto discrecional, entre otras razones, por falta 

de jurisdicción.11 La aludida regla en lo aquí estrictamente 

pertinente, dispone:

Regla 83 — Desistimiento y desestimación

. . . . 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes: 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción;

. . . .

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

3 Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991); Martínez v. Junta de Planificación, 

109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976).

4 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. Martí, 

165 DPR 356, 364 (2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002).

5 Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674-677 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 

513, 537 (1991). 

6 Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); Vázquez v. 128 DPR, 

a la pág. 537. 

7 Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 DPR 345, 356 (2003); Vega et al. v. 

156 DPR, a la pág. 595. 

8 Maldonado v. 171 DPR, a la pág. 55; Souffront v. 164 DPR, a la pág. 674; Vázquez 

v. 128 DPR. a la pág. 537.

9 Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 DPR 345, 356 (2003); Vega et al. v. 

156 DPR, a la pág. 595. 

10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.

11 Íd.
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discrecional por cualquiera de los motivos consignados 

en el inciso (B) precedente.12

Por otro lado, la Regla 13 (B) del Reglamento de este Tribunal 

de Apelaciones13 exige que, una vez interpuesto el recurso de 

Apelación, el mismo debe ser notificado a todas las partes dentro del 

término dispuesto. Para que un recurso apelativo quede 

perfeccionado se debe, no tan solo presentar el mismo 

oportunamente en la secretaría del Tribunal de Apelaciones, sino 

que también es necesaria la notificación dentro del término a todas 

las partes.14

Independientemente del método de notificación seleccionado 

por la parte apelante, el escrito inicial debe ser notificado a todas las 

partes y debe ser copia fiel y exacta del presentado incluyendo todos 

los apéndices. En Montañez Leduc v. Robinson Santana,

15 el 

Tribunal Supremo reiteró que “[l]o importante es que el escrito sea 

notificado con copia a la otra parte, dentro del plazo dispuesto por 

ley, independientemente del método que se utilice para ello”.16 Al 

solicitar la revisión de las decisiones de los foros primarios, la parte 

promovente es responsable del cumplimiento fiel y exacto de las 

12 Íd. (Énfasis nuestro).

13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13.

14 Íd. La regla dispone específicamente lo siguiente: “(B) Notificación a las partes 

(1) Cuándo se hará. La parte apelante notificará el recurso apelativo y los 

Apéndices dentro del término dispuesto para la presentación del recurso, siendo 

éste un término de estricto cumplimiento. La parte apelante deberá certificar 

con su firma en el recurso, por sí o por conducto de su representación legal, la 

fecha en que se efectuó la notificación. Esta norma es aplicable a todos los 

recursos. (2) Cómo se hará La parte apelante notificará el recurso de apelación 

debidamente sellado con la fecha y hora de su presentación mediante correo 

certificado o servicio de entrega por empresa privada con acuse de recibo. Podrá, 

además, utilizar los siguientes métodos sujeto a lo dispuesto en estas reglas: 

correo ordinario, entrega personal, telefax o correo electrónico, siempre que el 

documento notificado sea copia fiel y exacta del documento original. La 

notificación por correo se remitirá a los abogados o abogadas de las partes, 

o a las partes cuando no estuvieren representadas por abogado o abogada, a 

la dirección postal que surja del último escrito que conste en el expediente 

del caso. Cuando del expediente no surja una dirección y la parte estuviere 

representada por abogado o abogada, la notificación se hará a la dirección que de 

éste o ésta surja del registro que a esos efectos lleve el Secretario o Secretaria del 

Tribunal Supremo”. (Énfasis nuestro). 

15 Montañez Leduc v. Alexander Robinson Santana, 198 DPR 543, 553 (2017).

16 Íd.
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disposiciones reglamentarias del Tribunal Supremo y de este foro, 

según aplique.17

Esta exigencia reglamentaria, como cualquier otra sobre la 

presentación de los recursos, incluyendo los incoados ante este Foro 

Intermedio de Apelaciones, debe ser observada rigurosamente.18 En 

tal sentido, no debemos olvidar, que, “[l]os requisitos de notificación 

no constituyen una mera formalidad procesal, sino que son parte 

integral del debido proceso de ley”.19 En González Pagán v. Moret 

Guevara,

20 el Tribunal Supremo precisó que, la falta de oportuna 

notificación a todas las partes en el litigio conlleva la desestimación 

del recurso de apelación. 

Existe una diferencia entre un requisito de cumplimiento 

estricto y un requisito jurisdiccional. Los Tribunales pueden 

extender discrecionalmente un término de cumplimiento estricto o 

permitir su cumplimiento tardío solo cuando la parte que lo solicita 

demuestre justa causa para la tardanza.21 Por consiguiente, “[l]os 

foros adjudicativos pueden eximir a una parte del requisito de 

observar fielmente un término de cumplimiento estricto si: 1) en 

efecto existe justa causa para la dilación y, 2) si la parte le 

demuestra detalladamente al tribunal las bases razonables que 

tiene para la dilación”.22

En ausencia de justa causa, el tribunal no tiene discreción 

para prorrogar el término y, en consecuencia, expedir el recurso. 

Nuestro más alto Foro ha reiterado que no es con vaguedades, 

excusas o planteamientos estereotipados que se cumple con el 

requisito de justa causa, sino con explicaciones concretas y 

17 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).

18 Íd. a la pág. 549; Soto Pino v. 189 DPR, a la pág. 90; Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 

122, 129-130 (1998); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 (1987); 

Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 125 (1975).

19 Montañez Leduc v. 198 DPR, a la pág. 551.

20 González Pagán v. Moret Guevara, 202 DPR 1062, 1071 (2019).

21 S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007) (citando a 

Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 131 (1998); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 657 (1997)).

22 Íd.
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particulares, debidamente evidenciadas, que le permitan al tribunal 

concluir que la tardanza o demora ocurrió razonablemente, por 

circunstancias especiales.23

III.

En el presente caso, considerando los señalamientos de error 

imputados, estos van dirigidos a impugnar un dictamen final y firme 

emitido el 19 de diciembre de 2014. Ello plantea que el recurso ha 

sido instado tardíamente, lo que nos priva de jurisdicción para 

atenderlo en sus méritos.

Ahora bien, si acogemos el recurso como una revisión del 

dictamen emitido el pasado 13 de mayo de 2024, notificada el 15, 

mediante el cual el Tribunal de Primera Instancia declaró NO HA 

LUGAR a la Moción de sentencia sumaria instada por la señora Rojas 

Cosme, estaríamos ante una petición de certiorari, por recurrirse de 

un dictamen post sentencia. Así acogido, procede denegar su 

expedición, por ser un dictamen sustancialmente correcto en 

derecho.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, acogemos el recurso de 

Apelación como un auto de Certiorari y así acogido, denegamos su 

expedición. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

23 Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003).